La promesa de “orden” y represión de los cortes de calle y rutas cobró protagonismo de entrada en la campaña presidencial. Asoman asimismo ideas contra los derechos de los inmigrantes y derechos feministas y lgtbiq+, y, en el partido de Javier Milei, un cierto negacionismo de los crímenes de la dictadura militar.

De cara a una posible victoria de la derecha, Belski advierte una ofensiva de desprestigio contra las organizaciones de derechos humanos con el fin de desacreditar futuras denuncias. Precisamente, Amnistía (AI), otras ONG internacionales y nacionales, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron acusadas de parcialidad desde la cúpula de Juntos por el Cambio y medios de comunicación afines, después de que denunciaran abusos en unas recientes protestas en la provincia de Jujuy, que terminaron con decenas de detenciones, heridos e imputaciones por graves delitos.

La directora de AI afirma que van a seguir denunciando la violencia institucional y la represión que tenga lugar antes o después de la cita con las urnas, y que su estrategia pasa precisamente por la “internacionalización” del reclamo.

¿La retórica agresiva de algunos candidatos representa una amenaza real para los derechos humanos en Argentina?

Patricia Bullrich, que es señalada como una líder con grandes posibilidades de ganar las elecciones, expresa con contundencia propuestas para terminar con los cortes de calles de quienes protestan por planes sociales, la limitación del derecho a huelga y el retroceso en la agenda migratoria. Rodríguez Larreta lo hace de manera más tibia, un día sí y otro no, algo también presente en sus listas para el Congreso con candidatos liberales y otros muy agresivos, que hablan de 'sacar del mundo' a determinados adversarios.

Bullrich promete 'ordenar' un gran problema en el que incluye a sindicalistas, piqueteros, migrantes y narcotráfico. Parece interesarle más el orden que terminar cuatro años de Gobierno. El problema es que esa agenda genera conflictividad social y el derecho a la protesta está garantizado en la Constitución. Si la gente no tiene un canal de diálogo, entonces va a protestar.

Bullrich no parece tener ninguna propuesta dialogante sino represiva. Me pregunto si Argentina es un país que acepta esto, si acepta una respuesta represiva que puede tener consecuencias no deseables, como muertos. ¿Qué pasa si hay muertos? En sus declaraciones, no pareciera preocuparles mucho las consecuencias.

¿Qué actuaciones prevé Amnistía Internacional si gana alguno de los candidatos de derecha?

No somos una organización que se proponga confrontar a Gobiernos. Tenemos un estilo de relevamiento, denuncia, propuestas y diálogo con las autoridades. Desconozco si nos recibirán o no. Hay países con Gobiernos muy de derecha con los que tenemos diálogo. Claro que nuestra estrategia incluye la internacionalización de la denuncia.

En Argentina es inviable que pasen cosas como en Hong Kong o en India, donde algunas organizaciones fueron expulsadas. Hay dos cosas que vamos a hacer: muchos de los que protestan en piquetes son de familias migrantes y vamos a estar pendientes de su defensa en el marco regulatorio que tenemos en nuestro país.

Argentina tiene la ley migratoria más progresista del mundo, que muchos imitan y están mirando. Y lo mismo haremos en cuanto a los contextos de represión y la denuncia de violencia institucional.

¿En qué sentido la ley migratoria es una de las más progresistas?

Argentina es un país que recibe migrantes a quienes reconoce muchos derechos y servicios. Cuando llegan, después de un trámite básico, pueden sacar su residencia, ir a la escuela y al hospital. Somos un país de migrantes desde siempre, pero hay un creciente uso político que apunta contra la migración marrón.

Pese a que en general los migrantes se insertan muy bien en la sociedad, asoma un problema de racismo institucional. Hay una intención de castigo al migrante marrón de países limítrofes, que se identifica como potencial asesino, criminal, vinculado a la droga.

Cobró fuerza en las propuestas electorales la teoría de los “dos demonios” o negacionismo del terrorismo de Estado de la dictadura (1976-1983). ¿Ve riesgos de retroceso en ese sentido?

Bullrich tiene un discurso muy fuerte, pero no parece una amenaza directa al proceso de memoria, verdad y justicia. Milei viene con una agenda que cuestiona un abanico de derechos enorme y lleva en sus listas a candidatos al Congreso que sostienen posturas negacionistas, pero las posibilidades de que La Libertad Avanza [partido de Milei] gane la presidencia son aparentemente muy bajas.

¿La derecha podría dar marcha atrás en las políticas educativas, de memoria o apoyo presupuestario a los programas para recuperar identidad de niños robados?

No avizoramos una política proactiva de memoria, con dinero y actos públicos, por parte de estos eventuales gobiernos, pero tampoco me atrevo a decir que van a recortar la agenda. Si nos remitimos a lo que pasó con el Gobierno de [Mauricio] Macri, van a aparecer algunas voces negacionistas, pero la agenda [de memoria] no se va a parar.

Es cierto que con Alberto Fernández se reactivaron las políticas de [la actual vicepresidenta] Cristina Fernández de Kirchner y, por la necesidad de diferenciarse de esos Gobiernos, que han hecho mucho en la materia, así como en migraciones, aborto, diversidad, matrimonio igualitario, quizás haya menos visibilidad. Algo parecido puede ocurrir con los derechos de las mujeres y LGTBIQ+.

Se ve en las encuestas que la agenda [de derechos] no avanzará, pero va a generar mucha resistencia un retroceso sobre derechos adquiridos.

Después de las protestas en la provincia de Jujuy, ¿cómo responde al cuestionamiento de la cúpula de Juntos por el Cambio de que las organizaciones de derechos humanos están politizadas o se dejan influir por la izquierda o el peronismo?

Ya pasó cuando Mauricio Macri era presidente y Bullrich ministra de Seguridad (2015-2019). En países con el grado de polarización, como Argentina, España o Estados Unidos, la denuncia de la politización existe más allá de las pruebas. Somos realmente apartidarios, aunque en Argentina algunos se hayan ocupado de ponernos el mote de 'kirchneristas'.

De ninguna manera yo tendría posibilidades de hacer un uso partidista [de mi puesto] porque AI no lo toleraría y perdería mi trabajo. Todas las organizaciones internacionales hacemos nuestro trabajo con rigurosidad y con los mismos estándares para todo el mundo. En AI somos críticos con lo que pasa en Venezuela, Nicaragua, Cuba, Israel, Palestina, o con el Gobierno de Donald Trump. El comunicado de la CIDH sobre Jujuy es uno de los tantos que ha sacado sobre muchos países, por ejemplo, Nicaragua y Venezuela.

Hay una estrategia detrás de esto: el desprestigio de organismos como la CIDH y organizaciones como Human Rights Watch y AI para que nuestra palabra no tenga valor en el momento en que denunciemos la represión. La represión ocurrida en Jujuy pareció una estrategia de campaña en la semana en que Rodríguez Larreta oficializó que Morales, el gobernador de esa provincia, sería su candidato a vicepresidente.

¿Hasta qué punto el endurecimiento de la postura de Juntos por el Cambio y el surgimiento de Milei responde a un reclamo social real para que se repriman protestas que obstaculizan traslados al trabajo y la vida cotidiana?

Hay que verlo en profundidad. Las encuestas no dicen que hay un 90% de personas que están a favor de la represión en las protestas. Hay una parte de la sociedad que probablemente no vote a estas derechas y está cansada de los piquetes, porque le dificulta el tránsito, su trabajo.

Ahora, las encuestas no miden la profundidad de la queja y las formas de administrar ese fastidio pueden variar. En el cómo terminar con los piquetes hay diferencias importantes.

Más allá de quien gobierne, ¿los abusos policiales son un problema en general en Argentina?

Se da en todas las provincias, porque el manejo de los [cuerpos] de Policía es local, no federal, y no hay diferencias entre los partidos políticos. Está claro que no hay ningún incentivo para los gobernadores para cambiar el comportamiento de las fuerzas de seguridad. Falta interés y una demanda social porque las víctimas son en general chicos de clase baja, vulnerables, de barrios muy humildes.

Lamentablemente prevalece una mirada racista y la sociedad mira poco este tema. Desde 2019, registramos 34 casos que podrían ser de policías asesinando a jóvenes marrones en diferentes provincias del país, gobernadas por kirchneristas, peronistas y Juntos por el Cambio.  

Los derechos de los migrantes, de las mujeres, de la comunidad LGTBIQ+ tienen a mucha gente que los quiere defender y eso va a limitar cualquier retroceso

Mariela Belski

¿Le otorga validez a la crítica de que organizaciones feministas o de derechos humanos se tornaron acusatorias hacia el resto de la sociedad y se desentendieron de la complejidad de las demandas?

Sí, pero no es sólo un fenómeno argentino sino de los movimientos de derechos humanos en general. Hay un cambio en la forma en que trabajamos las organizaciones. Existía un mecanismo de señalamiento y responsabilización centrado en gobiernos exclusivamente. Las redes sociales empezaron a tener un papel importancia en la defensa de derechos en general. Hay nuevos actores, cambió la geopolítica y eso nos lleva a preguntarnos sobre nuestro lugar.

De todas formas, los derechos de los migrantes, de las mujeres, de la comunidad LGTBIQ+ tienen a mucha gente que los defiende y eso va a limitar cualquier retroceso. Hay una constitución, mecanismos de diálogo en el Poder Legislativo. Se deben construir mayorías. Hay herramientas (...) y hay también una gran confusión.

A la ciudadanía le cuesta entender qué es un derecho humano. Está el discurso de que son un “curro” (robo), que las instituciones están asociadas al kirchnerismo, y eso ha permeado. A la gente le cuesta entender que el acceso al agua, a la salud, al trabajo, a la jubilación digna son también derechos humanos.

Más allá de las fundamentadas denuncias por la violación de derechos humanos en Venezuela, la relación con ese país suele ocupar un lugar en la política del resto de América Latina, con la denuncia de la “chavización” sostenida en general por la derecha. Amnistía recientemente envío una carta exigiéndole al presidente Alberto Fernández una condena “contundente” al Gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué exigen pronunciamientos públicos a terceros países sobre Venezuela y no lo hicieron en su momento sobre Colombia, donde las masacres de miles de personas a manos del Ejército y paramilitares fueron mucho más graves?

La Oficina Regional de Amnistía tiene a Venezuela como la prioridad en la región y ella maneja su agenda. Argentina es considerada por Amnistía el país más importante en términos de incidencia sobre Venezuela. Lo que diga o no diga un presidente argentino tiene peso. Para cada país, en Amnistía tenemos una estrategia.

El Banco de Inglaterra priva hasta el día de hoy al Gobierno de Maduro de acceder a las reservas soberanas, porque reconoce a Juan Guaidó como mandatario. Es una situación muy irregular, máxime cuando ese reconocimiento ya fue revertido por casi todos los países y Maduro participa de las cumbres internacionales. ¿Se pronunció Amnistía al respecto?

Excede el campo de acción de la oficina argentina, pero Amnistía alertó, en 2019, sobre el incremento de sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, porque perjudicaban a la población más vulnerable. Está en los registros.

¿Que el bloqueo continúe y Venezuela no pueda acceder a sus reservas de oro no mereció otra acción?

No he visto una declaración al respecto. 

SL

La entrevista fue publicada originalmente en elDiario.es

El funeral de Tyre Nichols, el joven afroamericano de 29 años muerto a principios de mes como consecuencia de la brutalidad policial, ha querido ser una celebración de su vida, más que una lamentación de su muerte. Pero eso no ha implicado que la familia haya desaprovechado la ocasión, retransmitida por los principales medios de comunicación del país, para reclamar una reforma de la ley federal que rige las conductas permitidas a la policía de Estados Unidos, cuya cultura del exceso ha ocasionado el enésimo caso mediático de crueldad ante el indefenso.

“Tenemos que conseguir que se apruebe ese proyecto de ley, porque si no, la sangre del próximo niño que muera va a estar en sus manos”, ha proferido entre lágrimas RowVaughn Wells, la madre de Nichols. Durante el primer año de presidencia de Biden, pocos meses después del asesinato de George Floyd, el mandatario intentó aprobar la mencionada ley, pero se estancó en el Senado por el bloqueo republicano, después de ser aprobada en la Cámara de Representantes. Al año siguiente, el proyecto de ley se volvió a estampar contra un muro legislativo. Ahora, después de un caso particularmente gráfico de excesos policiales, la reforma policial ha vuelto a ganar momentum.

Entre los asistentes al funeral de este miércoles, había familiares de otros afroamericanos muertos a manos de agentes de policía, que han reverberado en EE. UU. durante los últimos tres años. Como Tamika Palmer, la madre de Breonna Taylor, quien recibió un disparo mortal en su casa de Kentucky el marzo del 2020, durante una redada policial. O Philonise Floyd, hermano menor de George Floyd, la muerte del cual, ahogado con la rodilla de un policía durante nueve minutos, provocó protestas masivas por todo el país a partir de mayo del 2020. 

“Continuaremos luchando hasta que haya rendición de cuentas para todos los policías”, ha dicho el cura Al Sharpton, que se ha encargado de leer el elogio a Tyre Nichols, como él mismo ya hizo hace dos años en el funeral de George Floyd. “Si se hubiera tratado de un hombre blanco, no lo habrían golpeado así”, ha asegurado, enmarcando el caso en el racismo institucional que impera en muchos cuerpos policiales norteamericanos, más allá del hecho que cinco de los siete agentes implicados fueran negros.

Kamala Harris urge al Congreso a que actúe

También ha acudido a la ceremonia -celebrada en la iglesia cristiana Mississippi Boulevard, en Memphis- la primera vicepresidenta afroamericana en la historia del país, Kamala Harris, así como otros altos cargos de la administración Biden, quienes han querido lanzar el mensaje de que este es un asunto que preocupa al gobierno federal, a diferencia de a su predecesor. “La gente de nuestro país llora por vosotros”, ha dicho Harris a la familia de Nichols. “Perdisteis a vuestro hijo y a vuestro hermano por un acto de violencia a manos de aquellos a quienes se les había encargado mantenerlo a salvo”. 

Durante su discurso, Harris ha pedido al Congreso que se ponga las pilas y apruebe la ley de la reforma de la policía, que hace años reclaman activistas de todo el país: “Como vicepresidenta, exijo que el Congreso apruebe la Ley de Justicia y Vigilancia de George Floyd. No podemos admitir más retrasos. No es negociable”, ha dicho. La norma busca crear un registro nacional de las malas conductas de los agentes policiales, así como homogeneizar las reglas establecidas por los casi 20.000 departamentos judiciales que hay en todo el país. Por ejemplo, la propuesta de ley, que lleva el nombre de George Floyd, prohibiría el estrangulamiento como práctica para inmovilizar a un detenido.

En las dos ocasiones en que ha sido presentada esta iniciativa legislativa, los demócratas tenían mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero no lograron aprobarla. Después de las elecciones de medio mandato del pasado noviembre, que devolvieron la mayoría de la Cámara de Representantes al Partido Republicano, lo tendrán más complicado todavía. Los conservadores presentaron durante la campaña electoral esta ley como un intento demócrata para retirar la financiación a la policía, una percepción que fue reiterada por Donald Trump durante el primer acto de campaña para las primarias, el pasado sábado.

Tras la condena casi unánime -incluido Trump- de lo acontecido con Nichols, con el clima de opinión favorable, ahora el gobierno de Biden podría encontrar una rendija de esperanza para un acuerdo bipartito que, si bien con alguna concesión, limitara el poder de la policía de golpear a discreción contra el indefenso. De hecho, se espera que el próximo 7 de febrero, durante su segundo discurso del Estado de la Unión, Biden centre su intervención en la necesidad de tirar adelante esta demanda.

El legado de Nichols

Desde que salió publicado el video hace menos de una semana, las investigaciones en curso han podido confirmar la implicación dos agentes más, que han sido destituidos del cargo, junto con los cinco identificados inicialmente, y están siendo juzgados por asesinato de segundo grado. Además, tres bomberos que se habrían saltado los protocolos también han sido destituidos. En estos días, la unidad especial de policía Scorpion, a la que pertenecían algunos de los agentes agresores, ha sido desmantelada por la policía de Memphis.

Esta rápida respuesta ha sido del agrado del abogado de la familia, Ben Crump, quien ha dicho este miércoles que el caso debería servir como precedente de cara al futuro. “Ya no pueden decirnos, cuando tenemos pruebas en vídeo de que nos han maltratado, que van a tardar seis años, o tres años, como ocurrió con Laquan McDonald. No, no, no. Veinte días (pasaron hasta la destitución de los agentes). Vamos a empezar a contar. Podemos contar hasta veinte y cada vez que maten a uno de nosotros en vídeo, vamos a recordar que el legado de Tyre Nichols fue que tuviéramos una justicia igualitaria y rápida”.