La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por la represión en Jujuy

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este martes su preocupación sobre “las acciones que se llevan a cabo para disolver las protestas” en la provincia de Jujuy, en rechazo de la reforma de la Constitución, y apuntó a que es “una de las provincias con mayor población indígena auto reconocida”.

“La CIDH llama al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respeten los derechos sindicales y de los pueblos originarios”, indicó el organismo en un comunicado de prensa.

Según recuerda la CIDH, el sábado 17 “en medio a manifestaciones de pueblos indígenas y sindicatos llevadas a cabo en contra de la reforma constitucional provincial y en reclamo de aumentos salariales para docentes, fuerzas de seguridad locales habrían utilizado del uso excesivo de la fuerza, gases lacrimógenos y balas de goma, para disolver cortes de rutas no violentos y que respetaban el derecho de paso en autopistas federales”.

“La CIDH expresa preocupación ante una posible escala de la respuesta de las fuerzas de seguridad provincial en el contexto de las manifestaciones”, advirtió el organismo de derechos humanos.

Según la información proporcionada por el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura, hubo 25 personas detenidas. Entre ellas habría un adolescente de 17 años, según los registros de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y al menos dos periodistas; y según la información proporcionada por el Estado, todas las personas detenidas hasta el 19 de junio fueron puestas en libertad.

En el comunicado, la CIDH señala que las protestas “se llevan a cabo en el marco del proceso de modificación parcial de la constitución provincial por parte de la Asamblea Constituyente”, y enumera que “entre los cambios propuestos, se destacan las reformas al sistema electoral local, así como la criminalización total de los cortes de ruta”.

“Según la información recibida, se plantea que esta reforma no habría cumplido con la debida consulta a los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales”, advierte el organismo.

La CIDH señaló en ese sentido que “el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado es un principio fundamental que busca garantizar la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus derechos, territorios y recursos naturales” y afirma que “la consulta debe darse por medio de un proceso inclusivo, equitativo y de buena fe. Adicionalmente, debe ser realizada de manera oportuna, de forma libre, informada y de acuerdo con las costumbres y prácticas propias de cada pueblo indígena”.

En cuanto a las fuerzas de seguridad del Estado, el organismo advierte que “tienen un rol fundamental en garantizar la seguridad de quienes se manifiestan sin ningún tipo de represión directa o detención arbitraria, así como brindar seguridad general a la sociedad en su conjunto”.

“El Estado debe esclarecer posibles excesos en el uso excesivo de la fuerza con la debida diligencia. Igualmente, debe asegurar que los agentes de la fuerza pública mantengan información que permita identificar la cadena y ejecución de órdenes”, advierte.

En cuanto a los cortes de ruta, recordaron al Estado que “son modalidades legítimas y protegidas por el derecho a la protesta”, y apuntaron que “es necesario que se tolere que las manifestaciones puedan generar cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica”.

La comisión además reconoce “la sólida tradición de participación ciudadana en Argentina, que ha contribuido para el desarrollo de una pungente democracia participativa” y asimismo “se urge al Estado a respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social”.

El comunicado concluye diciendo que la CIDH “seguirá monitoreando de cerca el uso de la fuerza en el contexto de las manifestaciones que puedan surgir”.

MB con información de agencias