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Revés para la desregulación

La Corte frenó los aumentos libres de las prepagas y declaró inconstitucionales dos artículos del DNU de Milei

Revés para las prepagas

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La Corte Suprema de Justicia declaró este jueves la inconstitucionalidad de dos artículos del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, impulsado por el presidente Javier Milei, que habían eliminado los controles estatales sobre las cuotas de las empresas de medicina prepaga. Con esta decisión, las compañías ya no podrán aplicar aumentos libremente y deberán someterlos a la autorización de la Superintendencia de Servicios de Salud.

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, representa un revés para uno de los aspectos centrales de la política de desregulación económica del Gobierno y restablece las atribuciones del Estado para fiscalizar los incrementos en los planes privados de salud.

La resolución alcanza específicamente a los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, que habían modificado la ley 26.682, regulatoria de la medicina prepaga, y eliminado las facultades de intervención estatal sobre los precios del sector.

A partir de la decisión judicial, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá volver a examinar las modificaciones de las cuotas, controlar su razonabilidad y autorizar los aumentos que estén debidamente justificados por variaciones en la estructura de costos y cálculos actuariales de riesgos.

Sin embargo, la Corte no estableció un límite automático vinculado con la inflación. Por el contrario, dejó sin efecto la parte de una sentencia anterior que había dispuesto que los incrementos no podían superar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De esta manera, las empresas podrán solicitar actualizaciones tarifarias, pero deberán justificar sus pedidos ante el organismo regulador, que tendrá la responsabilidad de evaluar si los aumentos resultan razonables.

Una afiliada denunció un aumento del 110%

La decisión del máximo tribunal se originó en una demanda presentada por María del Carmen Bobbio contra Swiss Medical, después de que la empresa incrementara un 110% el valor de su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, tras la entrada en vigencia del decreto de desregulación.

La afiliada cuestionó la magnitud de la suba y sostuvo que, si se hubiera mantenido el sistema de regulación anterior, el incremento correspondiente a enero de 2024 habría sido del 6,26%, de acuerdo con la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud.

En primera instancia, la Justicia rechazó el amparo. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró inconstitucionales los artículos cuestionados y ordenó que el Estado retomara sus funciones de control sobre los valores de los planes.

La Cámara también había establecido que las cuotas debían ajustarse según la evolución de la inflación, una disposición que finalmente fue revocada por la Corte Suprema.

Tanto Swiss Medical como el Estado nacional presentaron recursos contra aquella sentencia, lo que llevó el expediente hasta el máximo tribunal.

La Corte cuestionó los argumentos del Gobierno

En sus fundamentos, los jueces señalaron que el Poder Ejecutivo no había justificado adecuadamente la necesidad de eliminar los controles estatales mediante un decreto de necesidad y urgencia.

El tribunal recordó que la Constitución Nacional solo permite al Ejecutivo ejercer facultades legislativas en circunstancias excepcionales, cuando resulta imposible seguir el procedimiento ordinario de sanción de leyes o existe una urgencia incompatible con los tiempos del Congreso.

En ese sentido, consideró insuficiente que el Gobierno hubiera invocado una crisis del sistema de salud y la necesidad de aumentar la competitividad para justificar la liberación de los precios de la medicina privada.

Para los magistrados, los argumentos incluidos en el DNU no demostraron la existencia de una situación excepcional que exigiera modificar inmediatamente el régimen de fiscalización de las prepagas.

Tampoco encontraron acreditada una relación concreta entre la emergencia económica y social planteada por el Poder Ejecutivo y la decisión de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación.

La Corte remarcó, además, que las razones de conveniencia política o económica no habilitan al Gobierno a reemplazar el procedimiento legislativo ordinario por un decreto de necesidad y urgencia.

Qué cambia para los afiliados

La sentencia modifica el esquema bajo el cual las empresas de medicina prepaga venían actualizando sus cuotas desde la entrada en vigencia del DNU 70/2023.

Con la restitución de las facultades de la Superintendencia de Servicios de Salud, los incrementos deberán volver a estar sujetos a una evaluación estatal previa, en lugar de quedar librados exclusivamente a las decisiones comerciales de las compañías.

Esto no significa que las cuotas vayan a reducirse automáticamente ni que los futuros aumentos deban coincidir necesariamente con la inflación. El organismo regulador tendrá que analizar las solicitudes de las empresas de acuerdo con los criterios establecidos por la legislación.

La decisión también podría tener consecuencias sobre otros reclamos judiciales iniciados por afiliados que cuestionaron los incrementos aplicados desde fines de 2023, aunque sus efectos concretos deberán determinarse en cada expediente.

Se trata del primer pronunciamiento de la Corte Suprema que declara inconstitucionales disposiciones del DNU 70/2023. De todos modos, los magistrados aclararon que la sentencia se limita a los artículos 267 y 269 y no implica una evaluación sobre la validez constitucional de las restantes medidas incluidas en el decreto.

CRM

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