Vialidad en la era Milei: empleados advierten sobre presunto fraude en el bacheo de rutas
En junio de 2025, la Corte Suprema confirmó la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa Vialidad, la que investigó los contratos de obras viales en Santa Cruz. Al mes siguiente, casi un año antes de renunciar a la Jefatura de Gabinete en medio de sospechas de enriquecimiento ilícito, el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el decreto de disolución de Vialidad Nacional por considerarla “durante décadas sinónimo de corrupción”. Pero a los pocos días una jueza lo suspendió, y en agosto de 2025 el Congreso lo derogó. Entre ese mes y diciembre del año pasado se puso en marcha el bacheo de una de las principales vías por las que los camiones llevan los granos de la zona núcleo desde el sur santafesino, desde Rufino o Venado Tuerto, hasta los puertos del Gran Rosario.
Empleados de Vialidad, que pidieron el anonimato para evitar represalias internas, enviaron ahora a elDiarioAR un “informe confidencial” titulado “Fraude detectado en la certificación del servicio de bacheo – Ruta Nacional N°33 (Santa Fe)”. El documento tiene 22 páginas y suma 134 con sus anexos. Se trata de la obra de mantenimiento de emergencia de la ruta desde el kilómetro 512, en el límite con la provincia de Buenos Aires, cerca de Rufino, hasta el 791, en Rosario. Se licitó en junio de 2025, justo cuando la Corte confirmaba la condena de Cristina Kirchner.
Quien ganara la licitación debía proveer y colocar mezcla asfáltica en caliente sobre esa ruta, muy deteriorada. La ganó Rovial, constructora de Pablo Nazar, expresidente de la delegación Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción. El propio Nazar descartó de plano cualquier irregularidad cuando fue consultado por este cronista. El mes pasado, la ruta 33 pasó a manos de Arco Portuario, sociedad de CPC, la constructora de Cristóbal López. López, otrora considerado empresario K y dueño de C5N, consiguió bajo el gobierno libertario esta concesión con peajes por 20 años, que abarca la ruta 33 desde Rosario hasta Trenque Lauquen.
“Del análisis del expediente y de la totalidad de las planillas de medición y remitos de pesaje de los Certificados 1 a 4 (agosto a diciembre de 2025) surge un esquema de fraude por sobrecertificación de cantidades”, denunciaron los empleados sobre el bacheo de la ruta 33, hecho diez meses antes de su concesión. “El esquema se apoya en un cómputo inflado de la necesidad, en una figura de contratación sin controles de obra, en remitos de pesaje irregulares y en una planilla de medición construida para cerrar con esos remitos y no con lo ejecutado en la calzada. Hay indicadores concordantes en cada etapa del circuito, desde el cómputo inicial hasta el pago”, añaden. En concreto, denuncian que el presupuesto excedió las necesidades reales, que se asfaltó menos de lo contratado y que el Estado no lo controló.
Consultada por elDiarioAR, la Subgerencia de Gestión Documental, Despacho, Circuitos Administrativos y Transparencia de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) respondió que “ha tomado conocimiento de los hechos denunciados”. También informó que la máxima autoridad de Vialidad, Marcelo Campoy, “instruyó a la Subgerencia de Sumarios e Instrucciones Administrativas a propiciar, con carácter prioritario, la instrucción del correspondiente sumario administrativo, a fin de esclarecer los hechos” (ver foto abajo). El ingeniero Campoy ya había dirigido Vialidad al final del gobierno de Carlos Menem. En 2024 volvió al cargo, dentro del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, aunque responde al subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.
“Rechazamos cualquier insinuación de fraude”, contestó Nazar. “Son acusaciones de extrema gravedad que no pueden sostenerse sobre interpretaciones parciales o maliciosas de documentación administrativa. Los documentos elaborados (actas, certificados) están validados por la cadena de funcionarios de la administración pública y son perfectamente identificables en los trabajos ejecutados en la ruta”, añadió.
“Que las actas y certificados lleven la firma de los funcionarios intervinientes no los vuelve inobjetables”, retrucan los empleados. “Lo que se objeta es el esquema, porque esto tendría que haberse realizado por el portal CONTRAT.AR (de obra pública) y no por el COMPR.AR (de adquisiciones de bienes y servicios)”, agregan. La diferencia no es solo de plataforma. La primera corresponde al régimen de la Ley de Obras Públicas 13.064, que prevé mayores controles previos y posteriores que el de compras de bienes y servicios.
“Se contrató como ‘servicio’, sin los controles de obra”, apuntan. Pero Nazar lo niega: “Es totalmente falso mencionar que no hubo controles de obra. La forma de certificar por fracciones, de acuerdo a los avances mensuales y la disponibilidad presupuestaria de la DNV, arrojó certificados parciales de entre 870 m³ y 1.120 m³ por cada certificado”. Sin embargo, los denunciantes insisten: “Nuestro hallazgo muestra cómo se maneja hoy Vialidad y describe el marco en que se ejecutaron los trabajos para explicar por qué los controles resultaron insuficientes”.
Los empleados contabilizaron que, mientras los procesos de compra en Vialidad cayeron de 294 en el anterior gobierno a 114 en el actual y las obras públicas pasaron de 66 a cero, en el marco de la motosierra al Estado, las contrataciones de privados para proveer y colocar mezcla asfáltica pasaron de un ningún proceso adjudicado en la era peronista a siete en los tiempos libertarios. El corte de pasto y desmalezado siguió el mismo camino: de tres contrataciones en 2020/2023 a cinco desde 2024. Aparecen además contratos de alquiler de maquinaria vial, servicios de remolque y 14 procesos de operativos invernales contratados. Es el bacheo y la conservación que históricamente hacía Vialidad por administración, con su gente y sus equipos, pagado ahora a terceros, advierten.
“La necesidad (presupuestaria) se infló 3,33 veces”, sostienen los empleados. “La unidad requirente (7° Distrito – Santa Fe, de Vialidad Nacional) presupuestó 15.303 toneladas de mezcla asfáltica ($7.750 millones a precios de enero de 2025), cuando el cálculo tramo por tramo con los propios parámetros oficiales arroja 4.590 toneladas”. Lo estimaron con los datos del informe técnico de la propia Vialidad, entre ellos una densidad de 2,35 toneladas por metro cúbico. “Proporcionalmente, unos $5.425 millones del presupuesto no tienen sustento técnico”, agregan.
“No sabemos a qué se refiere con que se infló esa necesidad que menciona; no tenemos acceso a información por fuera del llamado a licitación”, contesta Nazar, ya que el presupuesto es responsabilidad de Vialidad y no de la empresa contratada. “En concreto, el llamado salió por 4.000 metros cúbicos de provisión y ejecución. Hubo cinco empresas participantes del llamado a licitación. Rovial ofertó por el servicio de 4.000 metros cúbicos de bacheo superficial, equivalente a unas 10.000 toneladas de mezcla asfáltica, por un importe de $3.880 millones. Rovial fue adjudicataria. Se ejecutaron la totalidad de las cantidades previstas originalmente”, completó el dueño de la constructora.
“El cupo contratado excede holgadamente lo que la ruta requería según el cómputo oficial”, insisten los empleados. “Lo que se cuestiona es que esas cantidades no tenían sustento técnico.”
“El trabajo no se hizo donde se presupuestó”, enumeran como otra presunta irregularidad. “El 100% de la mezcla fue al km 652–713 y al km 767. El Tramo 1, que es el 48% del presupuesto, no recibió mezcla. Además, se midieron 331 m³ en accesos privados y calles urbanas: una aceitera, una estación de gas y calles de Chabás”, continúan.
Nazar respondió: “El pliego no preveía un detalle específico de los baches a intervenir; solamente hacía mención del tramo de la ruta 33 desde la [ruta] A012 a la ruta 7, de 230 km de longitud. La determinación de la localización efectiva de las intervenciones la hizo la supervisión de la DNV, de acuerdo con la peligrosidad y el mayor deterioro de la ruta y con las órdenes judiciales que pesaban sobre la DNV. Se focalizó en el tramo que va del km 767 al km 652, es decir que la obra intervino efectivamente 115 km de longitud hasta completar la cantidad contratada. El pliego no indicaba que el tramo debía intervenirse en su totalidad, y de hecho las cantidades contractuales fueron insuficientes para cubrir semejante demanda de la ruta”.
El empresario también niega que se hayan asfaltado caminos por fuera de la ruta: “Es totalmente falso que se ejecutaron 331 m³ sobre accesos privados o calles comunales o urbanas. Toda la ejecución se realizó sobre la traza de la ruta 33, dentro de la zona de camino. No corresponde confundir una estimación presupuestaria inicial o una previsión de necesidades con las cantidades finalmente ejecutadas y certificadas. Los baches ejecutados son perfectamente identificables en la ruta”.
Los denunciantes insisten: “El pliego no fija la ubicación de cada bache, pero el presupuesto oficial sí distribuyó las cantidades por tramo, y el Tramo 1, que representaba el 48% del presupuesto, no recibió mezcla. Esto confirma lo que se observa: la ejecución no siguió el cómputo que justificó el gasto, porque la contratación como servicio no exigía un proyecto ni un cómputo por bache que la vinculara. Si la localización respondió a órdenes judiciales y a criterios de peligrosidad definidos por la supervisión, esas órdenes y las actas de marcado semanal que menciona la contratista deberían estar incorporadas al expediente. Los 331 m³ observados en accesos privados y calles urbanas se identificaron a partir de las progresivas declaradas en las planillas de medición, que la propia empresa reconoce como la forma de individualizar cada bache. Por último, si las cantidades contractuales resultaban insuficientes, el camino era solicitar formalmente su adecuación a la autoridad competente, no redistribuirlas sin un acto administrativo que lo respalde”.
“Los remitos de pesaje son irregulares: 38 de los 342 remitos (1.130 toneladas, el 11% del tonelaje) presentan irregularidades graves”, apuntan. “Hay camiones y choferes en dos viajes a la misma hora, un bloque de 16 remitos agregados sin kilómetro de destino, remitos duplicados, remitos sin ticket de balanza y material despachado después del cierre de la medición.”
“Los remitos son emitidos en la balanza de camiones, antes de la salida del transporte de la planta y su envío a la obra”, contesta Nazar. “Aquellos remitos que no tenían detallado el destino específico se deben a que no se contaba con la información en el momento de su emisión, pero eso no implica un faltante ni que no se haya remitido el material a la obra. La existencia de inconsistencias formales, duplicaciones aparentes o diferencias en registros no acredita por sí sola que el material no haya sido producido, transportado o colocado. De hecho, la forma de medición es por m³ de bacheo ejecutado (ancho, largo, espesor), y los remitos son documentos que respaldan los despachos de material.”
“La contratista no puede sostener al mismo tiempo que los remitos son el respaldo documental del despacho y que sus irregularidades no tienen relevancia”, insisten los empleados. “Si el remito falla, la medición que pretende respaldar queda sin verificación”.
“El tramo se concesionó meses después. El beneficio de lo pagado queda en manos del concesionario, y la evidencia en campo se pierde cuando este intervenga la calzada: la verificación debería ser urgente, aunque ya es tarde”, lamentan los denunciantes. El propietario de Rovial alega: “Luego de terminados nuestros trabajos, a principios de 2026, la ruta se siguió deteriorando y con mayor necesidad de intervenciones. El llamado a licitación para la RFC (Red Federal de Concesiones) Tramo Portuario Norte se realizó a mediados de 2026, después de la finalización de nuestros trabajos, por lo cual el estado de la ruta es condición de arranque para la concesionaria adjudicataria. No es tarde para realizar auditorías: mientras la concesionaria detalle lo que va ejecutando, es posible”.
“La mezcla efectivamente respaldada solo alcanzaba para 3.912–4.082 m³, frente a 4.128 m³ certificados, y otros 331 m³ se colocaron en accesos privados y calles urbanas”, concluyen los empleados de Vialidad. “El perjuicio directo estimado es de $450 millones, con un rango de $320 millones a $531 millones (entre el 8,3% y el 13,7% de los $3.880 millones pagados), a $970.000 por m³. El perjuicio principal está aguas arriba, en un presupuesto y un cupo contratado sin sustento técnico que habilitaron ese circuito. El esquema requiere la participación, por acción u omisión, de la unidad requirente, del contratista, de la inspección de Vialidad Nacional que firmó las planillas y de la Comisión de Recepción que habilitó los pagos.”
“No se trata solo del monto. El caso expone un mecanismo de contratación y certificación que se repite en la DNV y que la actual gestión amplió: intervenciones físicas sobre la calzada, que son obra pública, se contratan como ‘servicios’ para evadir el régimen de la ley 13.064 y sus controles (proyecto, cómputo, inspección, recepción y fondo de reparo)”, reflexionan. “Ese mecanismo es el que habilitó el esquema, y cada contratación que se hace bajo la misma figura queda expuesta al mismo riesgo. En un organismo con controles, debería ser urgente la verificación inmediata en campo (extracción de testigos y relevamiento georreferenciado de los baches certificados), la auditoría de los pagos y la comunicación a los órganos de control competentes.”
“Rechazamos cualquier tipo de generalización o acusación”, devuelve Nazar. “Pretender vincular una contratación particular con un supuesto mecanismo sistemático de fraude en la DNV constituye una afirmación de enorme gravedad que requiere pruebas concretas. Toda la ejecución de los trabajos se desarrolló dentro del marco contractual establecido por el comitente y bajo los procedimientos de fiscalización que este dispone. La empresa contratista, que no define procedimientos administrativos, se manejó siempre dentro de los parámetros de los pliegos de la contratante.”
“No es una acusación, sino una recomendación de control interno”, comentan los empleados de Vialidad. “Las conclusiones se apoyan en indicadores documentales concordantes y su determinación final corresponde a los órganos de control. La forma más directa de despejarlas es la que la propia empresa propone: que los trabajos se verifiquen en el tramo, con testigos, relevamiento georreferenciado y la documentación de respaldo completa”, finalizan.
AR/CRM
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