La Ciudad obliga a sus docentes a realizarse un apto médico en centros privados y crece el miedo a perder el cargo
A través de una pequeña y moderna ventana, dentro del estacionamiento entre autos que entran y salen en el subsuelo del Alto Palermo, se ven a unos 30 docentes de la Ciudad una mañana de noviembre esperando a ser revisados para pasar un apto médico en el centro Healthy, en la sala de unos 2,5 metros de ancho por 6 de largo. Están sentados con botellas de agua secándose la frente, parados con el celular o mirándose la cara, pegados uno al lado del otro o apoyados contra la pared, algunos desde el piso abanicándose la cara con el cuestionario o leyéndolo bajo una luz blanca fría, una cámara de seguridad y frente a un plasma que marca los turnos que vienen con retraso.
“Es una sensación bastante horrible”, dice un docente. “Me convocaron a las 11 y ya son las 11.40 y faltan 10 números más”, dice otro profesor, mientras espera su turno. “Es una situación de maltrato, estamos asfixiados, muertos de calor, sin ventilador ni aire, en una sala muy pequeña, no entra toda la gente, con autos que van y vienen”, agrega.
Las imágenes son de un video que difundió la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) sobre la espera para el apto médico docente. Hasta ahora, los docentes porteños se hacían el control médico al ingresar al sistema y después, a lo sumo, recibían alguna visita esporádica en la escuela. Pero desde comienzos de noviembre, comunicados por una nota de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, quienes trabajan en escuelas públicas de la Ciudad están obligados a presentarse en centros privados contratados a través de Dienst Consulting, aunque la reglamentación del Estatuto Docente establece que los exámenes periódicos “deberán ser realizados por el Servicio Médico de la Ciudad”. Allí se someten a exámenes “periódicos-preventivos” con control clínico, test psicológico y evaluación de la voz.
“Esta medida genera un profundo miedo e incertidumbre en la docencia”, dice Sofía Bonder en comunicacion con elDiarioAR, maestra de sexto y séptimo grado en la escuela 21 de Parque Avellaneda. “No nos dan ninguna información y nosotros nos preguntamos si la intención es dejarnos sin empleo, ya que, tras tantos años de labor, es esperable encontrar algún tipo de patología, como problemas en la voz”.
Que el control quede en manos de centros privados alimenta la sospecha. “Destinan plata y recursos a esto para disciplinarnos, discriminarnos o tener más motivos para que no nos cubra la ART ante enfermedades y dolencias que, en muchos casos, generan nuestras propias condiciones de trabajo precarizado”, dice la docente de alfabetización Ailén Beraldo de la escuela 5 a elDiarioAR.
Desde el 30 de enero, además, la Ciudad se autoasegura: ya no tiene ART, y si un examen detecta una enfermedad laboral, la paga la Unidad de Autoseguro, que depende de la misma subsecretaría de Hacienda que contrató los controles. Es decir, quien revisa es también quien tendría que pagar. Ademys teme que las lesiones causadas por el trabajo queden registradas como preexistentes para que no las cubra “la ART, que ahora depende del Gobierno mismo con el Autoseguro”.
La empresa que rechaza licencias
Con 25 años en medicina laboral, Dienst, la empresa a cargo de los aptos médicos, se consolidó definitivamente en la Ciudad con Jorge Macri como auditor de las licencias médicas de los estatales, entre ellos los docentes. Los gremios la acusan de rechazarlas en masa. Según un relevamiento que Ademys hizo con las denuncias que recibió, las licencias que la empresa rechaza con más frecuencia son las de embarazo de riesgo y las de cuidado de un familiar enfermo, sobre todo de padres mayores o convalecientes. También aparecen rechazos de licencias por enfermedad propia. “La mayoría de los rechazos se vinculan con tareas de cuidado, históricamente asociadas a mujeres”, sostuvo el gremio.
En julio, la UTE llevó a la Legislatura otra lista de irregularidades: citaciones presenciales con reposo indicado o en plena internación, licencias más cortas que las que había prescripto el médico tratante y rechazos por “ausencia en el domicilio” sin constancia de la visita. Asimismo, según datos oficiales del 2025, de 2.591 reclamos de trabajadores a quienes les había rechazado una licencia, en 1.843 casos se tuvo que revertir al menos en parte la decisión. Es decir, se le terminó dando la razón, total o parcialmente, a siete de cada diez trabajadores que reclamaron. Por ese servicio, la Ciudad gasta unos 7.000 millones de pesos, según confirmó el jefe de Gabinete Gabriel Sánchez Zinny ante un pedido de informe del legislador Gabriel Solano.
Ahora la empresa amplió el servicio. En abril, Hacienda llamó a una licitación para los exámenes de ingreso y los controles periódicos de todos los empleados de la Ciudad, docentes incluidos. El Gobierno descartó a las otras dos oferentes por no cumplir requisitos del pliego, y Dienst llegó sola a la etapa final. El 4 de junio se quedó con el contrato por 9.620 millones de pesos, 620 millones más de lo presupuestado.
La empresa, además, tiene otros antecedentes. En 2014, la firma figuró en una lista de la AFIP de empresas señaladas en causas judiciales como usuarias de facturas apócrifas. En 2017, la adjudicación que le hizo la ANMAC derivó en la imputación de la titular del organismo, Natalia Gambaro, por administración fraudulenta. Ese mismo año, el entonces camarista federal Eduardo Freiler admitió ante el Consejo de la Magistratura que Guillermo Martín, dueño de la firma y hoy uno de sus directores, le había pagado sus carreras de autos de colección.
“Me quedaba sin trabajo”
A partir de noviembre, los docentes de la Ciudad empezaron a ser convocados obligatoriamente en los centros de Bernardo de Irigoyen al 1302, en Constitución, y Av. Santa Fe al 3253, en el subsuelo del shopping Alto Palermo. Pero ninguna citación explica qué pasa después del examen del apto médico. “Por ahora no nos dijeron nada”, dice Federico Puy en diálogo con elDiarioAR, docente con 18 años de aula en el Normal 5 de Barracas. Entre los finales posibles, imagina el “cese del cargo hasta tanto uno no muestre una mejoría en las cuerdas vocales, que aparte son tratamientos largos”. Los docentes advierten por un antecedente reciente.
Carlos Filomena da clases de Educación Física en escuelas porteñas desde hace 23 años. A principios de este año tomó un cargo de natación y en la escuela le avisaron que en el sistema figuraba sin apto médico. Presionado por la supervisión, rehízo los estudios. Tiene una hernia de disco desde hace años que nunca le impidió trabajar. Lo declararon no apto.
“Un miércoles recibí la notificación de que me iban a dar la baja contable de los cargos a partir del viernes”, cuenta a elDiarioAR. “Es decir, me sacaban los cargos. En la práctica, me quedaba sin trabajo”.
La movilización de familias y compañeros frenó la baja. A la semana siguiente le dijeron que había sido un error y le otorgaron un apto con preexistencia. “Fue una semana de mucha angustia. Una locura”, dice. Su caso es anterior al nuevo operativo, pero los gremios lo toman como antecedente. Y la figura que lo salvó también lo inquieta, aunque aclara que es una opinión personal: “Una persona que lleva 25 años frente a un grupo puede tener un problema en la voz. Si le dicen que es una preexistencia, están estableciendo que ese problema no fue provocado por su trabajo”. No es un caso hipotético: el listado nacional de enfermedades profesionales incluye la disfonía y los nódulos en las cuerdas vocales de maestros y profesores.
Ir a trabajar enfermo
Ese temor se apoya sobre cuerpos ya gastados, según advierten los gremios docentes. En septiembre el sueldo inicial de una maestra de jornada simple era de 1.039.716 pesos, frente a una línea de pobreza que la propia Ciudad ubica en 1.651.798. Para septiembre y octubre, el Gobierno ofreció 0% de aumento. “Como el salario es bajo y no se llega a fin de mes, tenés que agarrar sí o sí dos cargos”, dice Puy. “Muchas compañeras, que están totalmente endeudadas con los bancos o con billeteras virtuales para pagar el alquiler, siguen haciendo apoyo escolar. Algunas venden, o salen a trabajar en DiDi o en Uber. Eso realmente daña muchísimo nuestro cuerpo”.
Enfermarse, además, tiene un costo. Según una encuesta de Ademys, en 2025 más del 75% de los docentes no pidió licencia por miedo a que se la rechazaran. “Te hacen ir enfermo a justificar, y si tenés algún problema te la injustifican y te descuentan”, dice Beraldo. “Nuestra obra social, ObSBA, está vaciada”. Su presidente, Alejandro Amor, admitió que se sostiene solo con los aportes de los trabajadores, sin fondos del Gobierno porteño. Y el presupuesto 2027 indica que no va a haber ningún alivio. Según OEC-CEPA, el gasto en educación primaria queda 15,8% por debajo de 2023 en términos reales.
elDiarioAR consultó al Gobierno porteño sobre la finalidad de la nueva resolución y no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta nota. En las escuelas, mientras tanto, se preguntan qué les puede ocurrir. “Si tenés 25 o 30 años en el sistema educativo, algo te van a encontrar”, dice Filomena. “Una persona de 50 años seguramente tiene algún problema de salud, aunque se cuide toda la vida”.
LN / NB
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