La PIA denunció a la secretaria de Energía por aprobar un RIGI a favor de Harbour Energy, una petrolera alcanzada por sanciones vinculadas a Malvinas
Un nuevo frente judicial se abrió para el Gobierno en torno a la política energética y a uno de sus proyectos más ambiciosos para el desarrollo exportador del sector hidrocarburífero. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el organismo especializado del Ministerio Público Fiscal para investigar hechos de corrupción en la administración pública, denunció penalmente a la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, junto con otros funcionarios y directivos empresariales, por la habilitación de beneficios que alcanzaron a la petrolera británica Harbour Energy, una compañía vinculada a antecedentes de exploración hidrocarburífera en las áreas marítimas próximas a las Islas Malvinas.
La presentación quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 11, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. Entre los delitos mencionados en la denuncia figuran abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho.
Qué investiga la denuncia
El núcleo del caso está relacionado con la participación de Harbour Energy en Southern Energy, el consorcio que impulsa uno de los principales proyectos de exportación de gas natural licuado (GNL) desde la Argentina y que fue incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Harbour posee el 15% de esa iniciativa, integrada también por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía y Golar.
Según la PIA, la participación de Harbour en ese proyecto debió haber sido objeto de una revisión más profunda debido a los antecedentes de la compañía. La denuncia sostiene que Harbour es continuadora de Premier Oil, una empresa británica que fue sancionada por el Estado argentino por realizar actividades hidrocarburíferas en zonas cercanas a las Islas Malvinas sin autorización nacional.
La investigación busca determinar si las autoridades nacionales ignoraron o dejaron de aplicar restricciones legales vigentes al momento de autorizar operaciones y beneficios vinculados a la empresa.
Qué responden Energía y Harbour
Tanto desde el entorno de María del Carmen Tettamanti como desde Harbour Energy rechazan las acusaciones y sostienen que la actuación de la empresa en la Argentina se ajusta al marco legal vigente.
La discusión jurídica gira sobre un punto central: si Harbour debe ser considerada o no la continuadora directa de Premier Oil, la petrolera sancionada por el Estado argentino en 2013 por realizar actividades hidrocarburíferas en áreas próximas a las Islas Malvinas sin autorización nacional. Mientras la Procuraduría de Investigaciones Administrativas sostiene que existe continuidad empresarial suficiente para mantener vigente la inhabilitación, la empresa rechaza esa interpretación.
En las últimas semanas, Harbour emitió además una aclaración pública para despegarse de las versiones que la vinculaban con el desarrollo del yacimiento offshore Sea Lion. La compañía aseguró que “no tiene ningún interés en Sea Lion ni desarrolla actividades vinculadas a las Islas Malvinas, y no las tendrá en el futuro”.
La petrolera sostiene que sus operaciones actuales en la Argentina están vinculadas a activos adquiridos legalmente y a proyectos de producción de hidrocarburos en distintas cuencas del país. Entre ellos figuran participaciones en áreas de Vaca Muerta, en la Cuenca Marina Austral y en el consorcio Southern Energy, impulsor del proyecto de exportación de gas natural licuado que fue incorporado al RIGI.
Desde el área energética del Gobierno, en tanto, remarcan que las autorizaciones otorgadas fueron emitidas por organismos competentes y que la incorporación de Southern Energy al RIGI fue aprobada mediante los mecanismos previstos por la legislación vigente. Hasta el momento, no hubo una respuesta pública formal de la Secretaría de Energía sobre el contenido específico de la denuncia presentada por la PIA.
El antecedente Malvinas
El conflicto remite a una disputa que atraviesa desde hace años la política energética y exterior argentina.
En 2013, el Estado argentino sancionó a Premier Oil por participar en actividades de exploración y explotación hidrocarburífera en áreas vinculadas con las Islas Malvinas sin autorización de las autoridades nacionales. Esa sanción se apoyó en la Ley 26.659, aprobada para impedir que empresas involucradas en operaciones consideradas ilegales en la plataforma continental argentina pudieran desarrollar actividades en territorio nacional.
La cuestión central planteada por la PIA es que Harbour Energy sería la continuadora jurídica y empresarial de aquella compañía sancionada, por lo que las restricciones deberían haberse mantenido vigentes pese a los cambios societarios ocurridos posteriormente.
De acuerdo con la denuncia, la Secretaría de Energía habría contado con información suficiente para identificar esa continuidad empresarial. Sin embargo, la compañía terminó participando en distintos negocios hidrocarburíferos en Vaca Muerta, en la Cuenca Marina Austral y en el proyecto Southern Energy.
El papel del RIGI
Uno de los aspectos más sensibles del expediente es el vínculo con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, uno de los instrumentos centrales de la estrategia económica del gobierno de Javier Milei.
Southern Energy solicitó su incorporación al RIGI en noviembre de 2024 y fue aprobado posteriormente mediante una resolución del Ministerio de Economía. Esa decisión le permitió acceder a una serie de beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros pensados para grandes proyectos de inversión.
La denuncia no cuestiona el proyecto de GNL en sí mismo, sino la presencia de Harbour dentro del consorcio beneficiado y la legalidad de las autorizaciones otorgadas por distintas áreas del Estado a una empresa cuyo estatus jurídico aparece ahora bajo discusión.
Un expediente con implicancias políticas
El caso agrega una dimensión incómoda para el Gobierno porque toca dos áreas especialmente sensibles de su agenda: la promoción de inversiones energéticas y la cuestión Malvinas.
Mientras la administración Milei busca atraer capitales extranjeros para proyectos vinculados con Vaca Muerta y convertir al país en un exportador relevante de GNL, la denuncia pone el foco en la relación entre esos objetivos económicos y la legislación desarrollada durante los últimos años para sancionar a compañías que participaron de actividades vinculadas con los recursos naturales alrededor de las islas.
La investigación recién se encuentra en una etapa preliminar y no implica una determinación de responsabilidades. Será la Justicia la que deberá establecer si existieron irregularidades en las autorizaciones otorgadas y si los funcionarios involucrados actuaron en contradicción con normas vigentes.
Sin embargo, la intervención de la PIA le otorga al expediente un peso institucional particular. No se trata de una denuncia impulsada por actores privados o competidores del sector, sino de una presentación realizada por el organismo del Ministerio Público especializado precisamente en investigar posibles actos de corrupción y anomalías en la administración pública.
Más allá de cuál sea el desenlace judicial, el caso vuelve a colocar en discusión una tensión que atraviesa buena parte del debate energético argentino: hasta dónde puede avanzar la flexibilización regulatoria para atraer inversiones y cuáles son los límites que imponen las normas vinculadas a la soberanía sobre los recursos naturales y la disputa por las Islas Malvinas.
Con información de agencias.
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