Organismos de derechos humanos repudiaron la detención de la esposa de Bertulazzi y denunciaron una medida “ilegal”
Organismos de derechos humanos repudiaron este jueves la detención de Betina Erika Köpcke, esposa de Leonardo Bertulazzi, el exintegrante de las Brigadas Rojas italianas que permanece prófugo después de escapar del departamento porteño donde cumplía arresto domiciliario. En un comunicado, cuestionaron la legalidad de la medida dispuesta por la jueza federal María Servini y denunciaron que constituye una forma de presión sobre el entorno familiar del ciudadano italiano.
La mujer, de 77 años y nacionalidad alemana, fue detenida el miércoles por la noche en el barrio de San Telmo, a pedido de la fiscal Alejandra Mangano. Desde entonces permanece incomunicada, mientras la Justicia investiga su presunta participación en la fuga de su marido.
Los organismos sostuvieron que la orden judicial “carece de legitimidad y es contraria a derecho” y argumentaron que sobre Köpcke “no pesa ninguna causa ni sentencia que pudiera amenazar su libertad”. También calificaron su arresto como “una decisión judicial de absoluta crueldad, servil al poder político de turno”.
En el mismo pronunciamiento, denunciaron que “ensañarse con los familiares directos” de una persona que lucha por su libertad constituye “un acto de barbarie” y una estrategia de presión que consideraron incompatible con el funcionamiento democrático.
Además, responsabilizaron por la salud y la integridad física de la mujer a quienes “dispusieron y ejecutaron esta medida ilegal”.
La investigación por la fuga
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió el procedimiento y aseguró que los investigadores encontraron elementos que vincularían a Köpcke con la preparación del escape.
Según explicó, en un teléfono celular abandonado por Bertulazzi aparecieron fotografías de su esposa frente al portón por el que habría huido, además de imágenes de las cuerdas presuntamente utilizadas para descender desde el departamento. Parte de ese material habría sido registrado en octubre de 2025, varios meses antes de la fuga.
Durante el allanamiento de la vivienda de la mujer, los efectivos de la Policía Federal secuestraron un teléfono, tres dispositivos USB, documentación médica y recortes periodísticos relacionados con el caso. Los investigadores intentan determinar si Köpcke conocía de antemano el plan de evasión y si participó de su organización.
La detención se produjo mientras continúa la búsqueda de Bertulazzi, de 74 años, quien escapó la semana pasada del departamento de la calle Defensa al 600 donde cumplía arresto domiciliario, bajo vigilancia policial y con una tobillera electrónica.
El exintegrante de las Brigadas Rojas fue condenado en ausencia por la Justicia italiana a 27 años de prisión por delitos vinculados con su participación en esa organización, entre ellos el secuestro del empresario Pietro Costa.
Bertulazzi había obtenido el reconocimiento como refugiado político en la Argentina en 2004, pero esa condición fue revocada en 2024. Posteriormente, la Justicia argentina avanzó con el proceso para su extradición a Italia.
Cuestionamientos al proceso judicial
El abogado Rodolfo Yansón, que intervino en la defensa de Bertulazzi, cuestionó las decisiones judiciales adoptadas contra el ciudadano italiano y vinculó el cambio de su situación jurídica con el acercamiento político entre los gobiernos de Javier Milei y Giorgia Meloni.
El letrado sostuvo que su defendido había sido condenado en ausencia, sin posibilidad de ejercer plenamente su defensa, y cuestionó que se hubiera avanzado con la extradición después de que durante años gozara de protección como refugiado político. Se trata de una interpretación de la defensa que contrasta con las resoluciones judiciales que habilitaron el procedimiento.
El rechazo a la detención de Köpcke fue suscripto por numerosas organizaciones, entre ellas Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
También adhirieron la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, CORREPI y distintas agrupaciones de memoria y derechos humanos de la Argentina y otros países de la región.
Mientras la Justicia procura establecer si la mujer tuvo alguna participación en la fuga, los organismos insistieron en que su condición de esposa de Bertulazzi no puede justificar por sí sola una privación de la libertad y reclamaron el respeto de sus garantías constitucionales.
El caso suma así un nuevo frente de controversia judicial y política a la búsqueda del italiano, que continúa prófugo y por cuya captura el Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de 20 millones de pesos.
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