En un acto realizado en el barrio porteño de Caballito, la candidata a legisladora Paula Oliveto encabezó este miércoles el cierre de campaña de la Coalición Cívica, acompañada por Elisa Carrió, Fernando Sánchez y referentes del espacio en la Ciudad.

“La voz de la Coalición Cívica va a estar presente en la Legislatura y en el Congreso, representando a quienes el poder prefiere ignorar”, aseguró Oliveto ante un auditorio colmado de vecinos y militantes.

El encuentro tuvo lugar en el salón principal de la tradicional confitería El Greco. Desde allí, Oliveto lanzó críticas a otras fuerzas políticas y apuntó contra lo que denominó “el uso obsceno de recursos públicos en la campaña”.

“Hay muchos candidatos que, sin ninguna vergüenza, se presentaron para negociar las listas de octubre y no para representar a los vecinos”, sostuvo.

“No nos financió el juego, tampoco nos financiaron los contribuyentes de esta ciudad en donde es obscena la propaganda que se ve. Tenemos la fuerza de las ganas de hacer y el compromiso de todo lo que hicimos. Pero nosotros vamos a estar, porque nunca pudieron callarnos. Así que el domingo vamos a ser la sorpresa de esta elección”, cerró.

MM con información de agencias.

A pedido del candidato y ministro de Economía, Sergio Massa, el kirchnerismo se encamina a dilatar el dictamen de acusación en el proceso de juicio político contra la Corte Suprema para evitar coletazos en la campaña electoral, según admitió el tigrense y confirmaron fuentes directas de la comisión parlamentaria a elDiarioAR. 

En otra de sus recurrentes marchas y contramarchas de discurso y acción, Massa intentó despegarse de la avanzada del Frente de Todos contra los cuatro ministros del máximo tribunal. “Vamos a ver” si avanza el proceso de juicio político, dijo al periodista Luis Majul en una entrevista en LN+ el domingo por la noche.

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá este martes a las 13 para analizar los descargos del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y su colega Carlos Rosenkrantz, quienes respondieron a las acusaciones del oficialismo por tres casos: “2x1 - beneficios a genocidas”, “coparticipación” y “Consejo de la Magistratura”. Los integrantes de la comisión también deben cumplir con la formalidad de esperar si los jueces Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti se presentarán este martes presencialmente a responder los cargos, algo que todos descartan que suceda, tanto en el Congreso como en la Corte. 

El presidente Alberto Fernández ya dio el primer paso para extender el plazo a favor de Massa: decretó que las sesiones ordinarias del Congreso se extenderán hasta el 9 de diciembre, dándole más tiempo al oficialismo: ahora la fecha del 17 de noviembre se extiende hasta el 30 de noviembre, después de la segunda vuelta electoral. El reglamento exige que los dictámenes se presenten hasta 10 días antes de la finalización de las sesiones ordinarias.

Contrarreloj

El Frente de Todos no tiene salida: impulsó el juicio político en pleno año electoral y los tiempos se acortan. Massa intervino a su favor y cambió los planes del kirchnerismo: la Cámara de Diputados había anunciado oficialmente en su sitio web que el dictamen de acusación contra los jueces de la Corte estaría listo entre el 13 y el 17 de noviembre, la semana previa al balotaje. Sin embargo, ante la consulta de elDiarioAR, fuentes directas del oficialismo en la comisión aseguraron este lunes que “no hay fecha de dictamen”.

El candidato y ministro de Economía dijo el domingo por la noche en una entrevista con Luis Majul, en LN+: “Le pedí a las autoridades de la Cámara (presidida por Cecilia Moreau) y de la Comisión (presidida por Carolina Gaillard) que entiendan que este proceso no puede ser parte del debate electoral porque entre otras cosas, la Corte no puede ser sujeta a una discusión de política electoral”. La decisión de postergar el dictamen no podría haber ocurrido sin el visto bueno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Voy a plantear algo un poquito más profundo, que no es parte del debate del microclima de la política chiquitita sino que hace a la vida de la gente.

Sergio Massa — Sobre el proceso de juicio polític a la Corte Suprema.

“Además -dijo- cambia la composición del Congreso”. El dictamen de acusación que debe elaborar la comisión -donde el oficialismo tiene mayoría- se presenta luego ante el pleno de la Cámara baja para que todos los diputados analicen las acusaciones y decidan si se inicia el juicio político. 

Massa reconoció también que hizo los planteos durante el jueves y viernes de la semana última y se despegó de las acusaciones contra los jueces que no sólo impulsa el kirchnerismo sino también los dos diputados del Frente Renovador en la comisión, Ramiro Gutiérrez y Micaela Moran.

Cuando Majul le insistió para que definiera si estaba a favor o en contra del juicio político a la Corte, Massa evitó dar definiciones y aseguró: “No conozco los planteos, es un tema del poder Legislativo”. Luego dijo: “Después del 19 de noviembre voy a ponerme a leer los fundamentos” y “voy a plantear algo un poquito más profundo, que no es parte del debate del microclima de la política chiquitita sino que hace a la vida de la gente”. 

Siguió: “Once años, un juicio de adopción; cinco años, un juicio laboral; cuatro años, una convocatoria; once años, un amparo de una empresa de transporte para no permitir la competencia económica con otras empresas de transporte; cinco años, expediente de juicios en los que el Estado tiene por recaudar US$4.000 millones de impuestos no pagados. A mí el tema que más me interesa mirar es el de la Justicia al servicio de la gente”.

Massa y Milei

“Lo que ambos candidatos tienen que definir es muy simple: si van a dar libertad de acción a la Corte o van a seguir teniendo de rehenes a los jueces con el juicio político”, dijo a elDiarioAR la diputada Paula Oliveto (Coalición Cívica), integrante de la comisión. 

“Va a haber dictamen de acusación, pero ellos saben que no tienen ni tendrán los dos tercios de los votos en el recinto de la Cámara de Diputados. Por eso mismo: si quieren respetar las instituciones, que envíen el dictamen de acusación para que sea tratado por el pleno en marzo de 2024 y se rechace. Se va a archivar y se termina el intento de juicio político”, afirmó Oliveto. “De otra manera, lo que va a suceder es que el kirchnerismo va a dictaminar contra los jueces en la comisión de Juicio Político, va a enviar el dictamen a la Cámara y el próximo presidente va a tener ese dictamen bajo la manga, sin mandarlo al recinto, durante los tres años que le permite el reglamento”, agregó la aliada de Elisa Carrió.

“Massa, con sus diputados, pareciera decir que no cree en la independencia del Poder Judicial”, concluyó Oliveto.

La oposición presentaría otros dos dictámenes. Por un lado, el de Juntos por el Cambio, que tiene su propia interna, no sólo en torno al balotaje y el apoyo de Mauricio Macri a Javier Milei. Dentro del bloque opositor, los diputados de la Coalición Cívica impulsan acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y desmanejos en la Corte contra el juez Lorenzetti, que el resto del espacio no acompaña. A pesar de las diferencias, trabajan en un único dictamen que rechace los cargos impulsados por el oficialismo y contemple un apartado con la posición del espacio que representan Oliveto y Juan Manuel López. Habrá un dictamen individual del diputado “Topo” Rodríguez (Consenso Federal, lavagnismo), quien rechazará todos los cargos, incluidos los del espacio que representan Oliveto y López (CC).

ED/DTC

Los diputados del Frente de Todos (FdT) que integran la comisión de Juicio Político votaron este jueves avanzar con numerosas medidas de prueba y testigos en la investigación por el supuesto mal desempeño de los cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia, en medio de presiones, negociaciones y pedidos de un sector del oficialismo que se opone a que el kirchnerismo avance sobre dos temas sensibles: el patrimonio y el manejo de contrataciones y fondos millonarios de la Corte durante sus presidencias del juez Ricardo Lorenzetti (2007-2018), como informó este domingo elDiarioAR. 

El juez de Rafaela cuenta con aliados poderosos tanto en la oposición como en el kirchnerismo. El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, solicitó vía telefónica a integrantes del bloque oficialista no avanzar en contra del magistrado respecto de los cargos que le endilgan los diputados de la Coalición Cívica (CC), Paula Oliveto y Juan Manuel López, según afirmaron fuentes parlamentarias a este medio. 

Otro punto informado en la nota de este medio fue que los pedidos de Zamora llegaron a través del diputado Leopoldo Moreau a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de acuerdo a las fuentes consultadas. Se acordó, entonces, para sostener el apoyo de Zamora y su diputado en la comisión, postergar, en la medida de lo posible, la avanzada contra Lorenzetti, a pesar de que ciertos sectores del bloque quieren investigar a todos los jueces por igual.

Un tercer punto informado por elDiarioAR el domingo último: los gobernadores que solicitaron el juicio político contra los jueces de la Corte acordaron entre sí que no estarán entre los primeros testigos citados a declarar en la comisión de Juicio Político, a pesar de haber sido activos promotores del jury por el fallo del tribunal a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reparto de fondos coparticipables de impuestos nacionales.

Ni la vocera de Lorenzetti ni en el entorno de Zamora respondieron las consultas de este medio.

Durante la reunión de comisión de este jueves, la diputada Oliveto afirmó: “El lunes vamos a presentarnos a la Justicia para ver si algún juez en Comodoro Py (los tribunales federales de Retiro) hace algo en relación a las presiones que recibimos ustedes y nosotros, y vamos a pedir que se investigue también al gobernador Zamora. Tarde o temprano van a tener que dar la cara en la Justicia”. La legisladora aliada de Elisa Carrió ya había denunciado presiones por parte del “equipo de Lorenzetti” durante la reunión de comisión de la semana última.

El jefe del bloque del FdT, Germán Martínez, le respondió este jueves sobre la “referencia sobre el tema de las presiones”. El diputado oficialista dijo que su espacio político “respeta mucho la labor periodística” y “cada uno sabrá qué escribe y por qué motivo”, con respecto a las notas citadas por la diputada Oliveto, pero que “ahora hay algunas cosas que se dicen y que se anticipan que por los resultados de las posiciones políticas de nuestro bloque han quedado en otro lugar”.

Sin embargo, además de las menciones explícitas de la diputada de la Coalición Cívica, ninguno de los legisladores del Frente de Todos desmintió o negó los pedidos, presiones y negociaciones informadas por elDiarioAR y resaltadas durante la reunión por la legisladora.

Hay sectores del oficialismo que no están de acuerdo con los pedidos de Zamora o con las señales de otros hombres fuertes en las provincias, como el reasumido gobernador Juan Manzur (Tucumán), quien citó al diputado de su provincia Mario Leito el jueves 26 de enero a las 10.30 en la Casa Rosada, a sabiendas de que el legislador debía presentarse a la primera reunión de la comisión de Juicio Político ese mismo día a las 11 en el Congreso.

El oficialismo votó avanzar con numerosas medidas de prueba y testigos en torno al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, principal pedido de Zamora. 

Además, a instancias del diputado Rodolfo Tailhade, sus compañeros de bancada en la comisión votaron otras medidas para investigar al juez Carlos Rosenkrantz y a dos medidas especialmente relacionadas con los pedidos de juicio político de la Coalición Cívica contra Lorenzetti: incorporar copia certificada del contrato firmado entre la Corte y el Banco Ciudad para resguardar depósitos judiciales y citar a declarar como testigos a Héctor Daniel Marchi (administrador general de la Corte desde al menos las presidencias de Lorenzetti) y al apoderado del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, se confirmó que el Frente de Todos se negó a citar a los gobernadores a la comisión. De hecho, ninguno de sus diputados los incluyó en la lista de testigos, otra sugerencia del gobernador Zamora, también de acuerdo a las mismas fuentes.

El diputado Alejandro Rodríguez (Identidad Bonaerense, espacio de Roberto Lavanga, opositor) pidió citar al presidente Alberto Fernández y los mandatarios provinciales que acompañaron el pedido de juicio político, pero el oficialismo lo rechazó en la votación de este jueves.

Queda pendiente conocer cuál será la prioridad a la hora de avanzar en la investigación y si el Frente de Todos postergará o no los ejes de las acusaciones más sensibles contra Lorenzetti para mantener la armonía interna.

ED/MG

El juicio político contra los jueces de la Corte Suprema ingresará este jueves en la etapa de medidas de prueba y citación de testigos. Hasta bien entrada la tarde del miércoles, los diputados de la comisión parlamentaria a cargo de la investigación por el supuesto mal desempeño de Horacio Rosatti (presidente del máximo tribunal), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti habían recibido siete archivos con ampliaciones de los pedidos de jury admitidos en la comisión el jueves 9 de febrero y diversas medidas de prueba propuestas por particulares y tres diputados, de acuerdo a los documentos a los que accedió elDiarioAR.

La Corte, en paralelo, mantendrá este jueves, a partir de las 10, su segunda reunión de acuerdo del año, en la que los magistrados se reunirán para la firma de sentencias y organización de su agenda, confirmaron voceros del tribunal a este medio.

El diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) solicitará este jueves que la comisión investigue las líneas telefónicas oficiales, los cruces de llamadas y correos electrónicos de Silvio Robles, vocero de Rosatti y director de su vocalía en la Corte. 

Robles está en la mira del oficialismo debido a una serie de chats filtrados tras el hackeo al teléfono del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. En dichas conversaciones, que el funcionario porteño (ahora de licencia) afirmó que estaban adulteradas o falseadas, el asesor de Rosatti aparece intercambiando y adelantando información sobre el fallo de la Corte sobre la coparticipación de impuestos a favor de la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

Para ello, de acuerdo al escrito adelantado a sus pares, someterá a votación en la comisión que se le envíe oficios al Consejo de la Magistratura para que desclasifique los correos electrónicos enviados y recibidos en la cuenta oficial del asesor y para que identifique las líneas telefónicas oficiales que le fueron asignadas para someter a peritaje el cruce de llamadas entrantes y salientes.

Tailhade también solicitará las líneas privadas de Robles entre 2016 y 2022. Además, pedirá que se remita un oficio al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de que informe los datos de la líneas oficial asignada al ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia), Marcelo D’Alessandro; que se identifiquen sus líneas privadas; y que se libre oficio al juzgado federal de María Servini para requerir a la jueza “copia certificada de los informes sobre entrecruzamientos de llamadas telefónicas elaborados por la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) en la causa nro. 16.850/2019 ‘Macri, Mauricio y otros s/asociación ilícita”', en referencia al expediente iniciado por el empresario Fabian De Sousa, socio de Cristóbal López, contra el expresidente y en el que constan los registros telefónicos de Macri y funcionarios del área judicial de su gobierno. Se trata de la investigación por la que Fabián “Pepín” Rodríguez Simón se encuentra prófugo en Uruguay. 

Una vez identificadas las líneas telefónicas, el diputado del Frente de Todos requerirá que Dajudeco -que depende de la Corte- identifique a su vez a los titulares de los abonados telefónicos que registran comunicación con las líneas informadas; los abonados telefónicos frecuentes; y los diez números con los que el asesor Robles (mano derecha del presidente del máximo tribunal) entabló comunicación antes y después de haberse comunicado con D´Alessandro. Lo mismo pedirá sobre las líneas del ministro porteño.

También solicitará que se investigue si existió intercambio de información o datos entre Robles y D’Alessandro a través de redes sociales o plataformas de chats.

Testigos

En la lista de testigos propuestos por Tailhade que se someterá a votación en la comisión se encuentran desde Elisa Carrió -principal denunciante de Lorenzetti y supuesta madrina de Rosatti para asumir en la Corte- hasta Robles, los exfuncionarios de Macri Rodríguez Simón y José María Torello; y los secretario de la Corte y todos los secretarios letrados de Rosatti.

Además, el diputado del Frente de Todos planteó citar a María Burdín, vocera de Lorenzetti; a la contadora, a empleados y ex empleados de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación; y a afiliados de la misma.

Lorenzetti y Rosenkrantz

Los diputados Paula Oliveto y Juan Manuel López (Coalición Cívica) también presentaron un documento este miércoles ante la presidenta de la comisión parlamentaria para incorporar a la investigación contra el juez Lorenzetti, contra quien solicitaron juicio político. Los archivos están vinculados a la administración de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación durante las presidencias del juez de Rafaela, de acuerdo al documentos al que accedió elDiarioAR.

Los aliados de la opositora Elisa Carrió solicitarán que se investiguen resoluciones firmadas por Lorenzetti  y Héctor Daniel Marchi, administrador de la Corte, entre 2009 y 2018. Incluyen licitaciones, contrataciones y prórrogas, liquidaciones de horas horas, adquisición de sistema de seguridad por monitoreo, contratación de personal, de seguros y servicios.

Tailhade también solicitó que se solicite a la Corte y al Banco Ciudad copia certificada del contrato por el cual se acordó que los depósitos judiciales de diferentes fueros del Poder Judicial de la Nación deben efectuarse en dicho banco; como así también toda

modificación, anexos, adendas que se hayan podido haber efectuado respecto de ese contrato. Pidió citar a declarar como testigos a Marchi y al apoderado del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación sobre Lorenzetti ha dividido al oficialismo, como adelantó elDiarioAR el domingo último, ya que el juez de Rafaela cuenta con aliados poderosos tanto en la oposición como en el kirchnerismo. El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, incluso pidió no avanzar en contra del magistrado a los diputados de la comisión, según afirmaron fuentes parlamentarias a este medio. Hasta el momento, ninguno de los diputados de la comisión de juicio político ha solicitado que se presenten a declarar los gobernadores que acompañaron el pedido de jury del presidente Alberto Fernández contra los cuatro ministros de la Corte, otra sugerencia de Zamora, también de acuerdo a las mismas fuentes.

En el caso del juez Rosenkrantz, Tailhade propuso solicitar a documentación sobre el rol del magistrado en expediente vinculados a empresas que fueron clientes de su estudio jurídico antes de su asunción en la Corte, entre ellos, los referidos a la empresa Supercanal; AMX (Claro); Clínica Estrada; YPF; Supermercados DIA; Grupo América; Pan American Energy; y Piero.

ED

Para el oficialismo, tener garantizado los 16 votos de sus diputados en la comisión de Juicio Político para avanzar el jueves con la investigación contra los cuatro jueces de la Corte Suprema no fue un cálculo automático. Durante los últimos días, elDiarioAR pudo reconstruir la existencia de presiones externas a la cámara de Diputados pero provenientes del kirchnerismo, negociaciones y acuerdos que tuvieron lugar durante las últimas semanas. El punto que generó fisuras dentro del oficialismo fue el hecho de que ciertos dirigentes del Frente de Todos (FdT) se oponen a que los legisladores avancen con la investigación propuesta por la Coalición Cívica (CC) contra el juez Ricardo Lorenzetti, confirmaron fuentes parlamentarias a este medio. 

Uno de los hombres más activos en esas negociaciones fue el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de acuerdo con las fuentes consultadas. El mandatario provincial fue uno de los más duros y decididos a acompañar el pedido de juicio político presentado por el presidente Alberto Fernández contra los cuatro jueces de la Corte. 

Además, Zamora presentó una denuncia penal contra Silvio Robles, vocero y mano derecha de Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal-, y hasta solicitó a un juez federal de su provincia que secuestre los teléfonos del asesor de la Corte para peritarlos, en el marco de la filtración de chats entre Robles y el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. 

El poder en la Corte está dividido en dos bloques desde 2018: la mayoría o el trío (integrado Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz) y un unitario (Lorenzetti), quien supo ser el poderoso presidente del tribunal entre 2007 y 2018, cuando perdió el cargo en manos de Rosenkrantz pero por una movida política atribuida a Rosatti.

El jueves último, tras la primera reunión de acuerdo del año, los jueces dejaron trascender a través de sus voceros un mensaje de unidad interna ante el embate en su contra. Sin embargo, Zamora participó en conversaciones con diputados del Frente de Todos para manifestar su desacuerdo con que la comisión de Juicio Político avance con las denuncias presentadas por los diputados Juan Manuel López y Paula Oliveto, aliados de Elisa Carrió, contra Lorenzetti, basadas en argumentos muy diferentes a los que alegaron Fernández y el propio Zamora en su pedido de juicio político contra los integrantes del tribunal. 

El gobernador de Santiago del Estero les comunicó a integrantes del oficialismo que el voto de su diputado en la comisión, Ricardo Daives, estaba en duda debido al desacuerdo de Zamora con la estrategia de los diputados oficialistas contra Lorenzetti. Agregó, contaron las fuentes consultadas, que la comisión debía concentrarse en avanzar contra el juez Rosatti.

Leopoldo Moreau, uno de los diputados al tanto de las conversaciones con Zamora, le informó al gobernador que sus pretensiones no eran posibles y que el oficialismo debía avanzar contra los cuatro integrantes de la Corte. Ante la insistencia de Zamora, las conversaciones continuaron hacia arriba. Llegaron a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de acuerdo a las fuentes consultadas. Se acordó postergar, en la medida de lo posible, la avanzada contra Lorenzetti en la comisión.

Tanto el Gobierno como Zamora y el Frente de Todos saben que no cuentan con los votos para avanzar con el juicio político más allá de la comisión, pero apuestan a esmerilar a los integrantes del máximo tribunal a través de la investigación en la comisión y ese efecto podría potenciarse sobre Lorenzetti si los diputados avanzan de lleno con las acusaciones de la Coalición Cívica.

Los proyectos defendidos por los diputados López y Oliveto que preocupan a los aliados de Lorenzetti y al propio juez supremo, de aceitada relación con gobernadores y ministros del oficialismo, no apuntan a sus fallos, como el que ordenó aumentar el porcentaje de impuestos coparticipables a favor de la Ciudad de Buenos Aires, sino al manejo de fondos multimillonarios durante sus presidencias en el máximo tribunal, contrataciones en el ámbito de la Corte, su patrimonio y sus negocios particulares. Son estos puntos los que preocupan a los aliados y defensores de Lorenzetti en el poder. Los pedidos de juicio político de los diputados “lilitos” no fueron apoyados ni votados por los diputados de Juntos por el Cambio, el interbloque opositor que ellos mismos integran.

“Estamos hartos del apriete de Lorenzetti”, dijo la diputada Oliveto (Coalición Cívica), tras pedir la palabra durante la reunión de la comisión el jueves último, cuando se votaron los informes de admisibilidad de los juicios políticos contra los jueces. El ministro de la Corte ha rechazado siempre las acusaciones del bloque de los “lilitos” y ha iniciado acciones civiles contra sus acusadores, dijo Oliveto.

elDiarioAR se comunicó con la vocera de Lorenzetti y con voceros y allegados al gobernador Zamora para conocer su versión de los hechos pero no obtuvo respuesta. Santiago del Estero tiene en la Corte una demanda en su contra desde 2019 que iba a ser prioridad del tribunal en 2022, pero luego quedó fuera de su agenda.

En 2022, Rosatti, como presidente de la Corte, había anunciado que el máximo tribunal daría tratamiento especial a la demanda de la organización ambientalista Greenpeace contra cuatro provincias (Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero) por el avance de los desmontes y la deforestación en el Gran Chaco argentino, el segundo ecosistema boscoso más grande de Sudamérica, después de la Amazonía.

En un documento, la Corte comunicó que durante 2022 realizaría una audiencia pública para exponer la problemática ambientalista que se profundiza año a año ante el avance de la frontera agrícola y ganadera en el norte del país. La demanda de Greenpeace se presentó ante la Corte en nombre del yaguareté, el felino más grande de América y el tercero del planeta, en peligro de extinción por la cacería y la destrucción de su hábitat.

A mediados del año pasado, la demanda que exponía a los gobernadores de las cuatro provincias salió de la agenda de la Corte, como reveló entonces elDiarioAR. 

El jueves último, tras la primera reunión de acuerdo del máximo tribunal, los jueces decidieron que la demanda tampoco estará entre las prioridades de 2023. En su lugar, voceros de la Corte confirmaron a este medio que el tribunal realizará una audiencia pública por otro caso ambiental, también de alta gravedad y urgencia: la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua, en la provincia de Jujuy, donde gobierna el radical Gerardo Morales, opositor al kirchnerismo y en contra del juicio político a la Corte. El caso involucra a la Administración de Parques Nacionales, que depende del Ejecutivo Nacional e indirectamente a la petrolera estatal YPF, que desde hace décadas no tiene vínculos con los pozos denunciados, explicó la empresa a elDiarioAR. Pero además, la demanda apunta a la supuesta responsabilidad de petroleras privadas y autoridades provinciales y municipales: la unión transitoria de empresas Petróleos Sudamericanos SA, Necon SA; Pluspetrol SA; JHP International Petroleum Engineering Ltda.; Jujuy Energía y Minería S.E. (J.E.M. S.E.); Felipe Frognier y el Municipio de Yuto.

Ante las consultas de elDiarioAR, voceros del tribunal afirmaron, a mediados de 2022 y ante una segunda consulta a finales del año pasado, que la decisión de postergar la audiencia pública y el fallo de la Corte sobre el avance de la deforestación en Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta se debió a que el caso de la explotación de hidrocarburos en la reserva natural de Jujuy tiene “mayor interés jurídico” para la Corte, que el daño ambiental en el lugar es inminente y que el caso del yaguareté afecta la economía de cuatro provincias. Los desmontes se producen para criar ganado para la exportación.

Testigos VIP 

Los gobernadores también acordaron entre sí que no estarán entre los primeros testigos citados a declarar en la comisión de Juicio Político, a pesar de haber sido activos promotores del jury contra los jueces de la Corte por el fallo del tribunal a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reparto de fondos coparticipables de impuestos nacionales.

Zamora fue uno de los mandatarios que propuso a sus pares posponer sus declaraciones en el Parlamento, informaron a elDiarioAR testigos de esas conversaciones. Los gobernadores lo comunicaron al bloque del Frente de Todos a través de sus diputados en la comisión. 

No todos estaban de acuerdo: ni en el bloque oficialista en Diputados ni entre los mandatarios provinciales. Jorge Capitanich, gobernador de Chaco y, como Zamora, de los más activos en promover el juicio político contra la Corte, hizo saber a los diputados que quería acudir a declarar ante la comisión parlamentaria, pero tras conversaciones con otros gobernadores, unos días más tarde, se plegó a la iniciativa promovida por Zamora. Ganaron los postergadores, de acuerdo a dos fuentes con conocimiento directo de las negociaciones. Esas señales incomodan a algunos diputados del Frente de Todos.

Hubo otras señales que alimentaron suspicacias en el Frente de Todos. Una de ellas fue la citación que el saliente jefe de Gabinete, Juan Manzur, hizo al diputado de su provincia Mario Leito (Tucumán) el jueves 26 de enero a las 10.30 en la Casa Rosada, a sabiendas de que el legislador debía presentarse a la primera reunión de la comisión de Juicio Político ese mismo día a las 11 en el Congreso.

Finalmente, un sector de Diputados del oficialismo promovió internamente que el informe de admisibilidad que se votó el jueves para iniciar la investigación e intentar avanzar con el juicio político incluyera los dos proyectos presentados por la Coalición Cívica.

Miércoles de frenesí

El miércoles último también fue una jornada de negociaciones, discusiones y desacuerdos por el caso de Lorenzetti, confirmaron fuentes parlamentarias. Sin embargo, el oficialismo llegó a la reunión del jueves con los 16 votos asegurados para avanzar con la investigación contra los cuatro jueces y un sector del Frente de Todos logró que se incluyeran los hechos denunciados por la Coalición Cívica, pero deberán juntar paciencia.

La investigación en la comisión de Juicio Político implica la citación de testigos, la producción de medidas de prueba y la obtención de documentos. Una vez finalizada la investigación, deberá votarse en comisión el dictamen de acusación para definir si el proceso da un nuevo avance crucial: pasar al recinto de la cámara de Diputados, encargada de actuar como acusadora de los sometidos a juicio político.

Una vez en el recinto, las posibilidades de avanzar con el proceso son pocas. El Frente de Todos no cuenta con los votos necesarios para aprobar la acusación: necesita los dos tercios de los votos para que esta  se formalice y pase al Senado, encargado del juzgamiento. En la Cámara alta, además, tampoco cuenta con los dos tercios necesarios para la destitución de los jueces.

ED

Luego de un miércoles de reuniones, pase de mensajes y consultas entre los integrantes de la comisión de Juicio Político en la cámara de Diputados, los distintos interbloques están listos para presentar este jueves a partir de las 11 sus respectivos informes con respecto a los 14 proyectos de juicios políticos contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a las fuentes legislativas de las distintas fuerzas políticas consultadas por elDiarioAR.

En el Palacio de Justicia, casi en simultáneo, los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti mantendrán la primera reunión de acuerdo del año y dictarán sentencias, aunque no trascendió qué casos tratarán. El jueves último, los magistrados tuvieron un plenario para tratar la agenda del máximo tribunal en 2023, según una fuente de la Corte, que mantiene un hermetismo extremo desde que el gobierno de Alberto Fernández motorizó el tratamiento de los pedidos de juicio político durante enero.

En esta etapa del proceso en la comisión, tras escuchar los argumentos de los firmantes de los pedidos de jury contra los ministros del máximo tribunal del país, los 31 integrantes deben decidir si abren una investigación contra todos o algunos de los jueces acusados -paso previo a la acusación formal en el recinto de Diputados- o si, en cambio, estas acusaciones se archivan.

La prioridad para el oficialismo es que este jueves se vote su informe de admisibilidad para abrir una investigación sobre los cuatro jueces de la Corte y el Frente de Todos tiene los votos suficientes para lograrlo, ya que necesita una mayoría simple en la votación y tiene 16 de los 31 diputados de la comisión.

Es el máximo al que apunta el kirchnerismo: no cuenta con los votos necesarios para avanzar con la segunda etapa del proceso, ya que necesita los dos tercios de los votos en el recinto de Diputados para que la acusación se formalice y pase al Senado, encargado del juzgamiento. En la cámara alta, además, tampoco cuenta con los dos tercios necesarios para la destitución de los jueces.

Informes

Dos fuerzas políticas presentarán dos informes de admisibilidad, es decir que argumentarán por qué deben abrirse formalmente sumarios contra los jueces Horacio Rosatti (presidente de la Corte), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Por un lado, el oficialismo presentará un informe de admisibilidad contra los cuatro magistrados, los 14 proyectos presentados y buscará promover la destitución de todos los jueces de la Corte por presunto mal desempeño. Incluirá los dos pedidos de juicio políico contra el juez Lorenzetti que había presentado años anteriores la Coalición Cívica (CC) que lidera la opositora Elisa Carrió.

El segundo informe de admisibilidad que se someterá a votación este jueves es el de los diputados de la CC, que contó con la participación y seguimiento de Carrió, afirmó una fuente directa del bloque. 

El vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, y la diputada Paula Oliveto tienen listo un documento de casi 20 páginas en el que analizan las razones por las cuales consideran que debe abrirse un sumario contra Lorenzetti e iniciar su pedido de juicio político por presunto mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones.

El interbloque de Juntos por el Cambio (JxC), principal fuerza opositora, tiene desencuentros en este último punto. Los diputados de la Unión Cívica Radical (UCR, que lidera Mario Negri) y el PRO (que preside Cristian Ritondo) que integran la comisión no acompañarán los pedidos de juicio político contra Lorenzetti presentados por la CC, pero los legisladores no se mostrarán divididos y presentarán un único informe con dos posturas: plantearán el rechazo in limine de los pedidos de juicio político contra los cuatro jueces de la Corte y en el mismo documentos los diputados Lago y López declararán la apertura del sumario de investigación respecto de Lorenzetti, pero exclusivamente en relación a los hechos previstos en los expedientes que impulsaron con Carrió y no por los que argumentó el kirchnerismo y el gobierno de Alberto Fernández.

Con cuatro mandatos —casi doce años— a cargo de la presidencia de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti se convirtió en un hombre temido y con un poder de influencia de niveles insospechados.

Juan Manuel López y Paula Oliveto — Diputados de la Coalición Cívica.

El diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, del Interbloque Federal que responde a Roberto Lavagna, presentará su propio informe, separado de Juntos por el Cambio pero en el mismo sentido general: rechazará in limine las solicitudes de juicio político a los cuatro jueces de la Corte, de acuerdo con un documento que publicó el miércoles la periodista Silvina Brandimarte en Twitter.

Cómo se votará

Durante este miércoles, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos), definió junto a su bloque cómo se llevará a cabo la votación de los informes este jueves. La decisión era central y debía estar definida antes del inicio de la comisión. 

La CC había planteado que la votación fuera por expediente (son 14), lo que le permitía votar únicamente a favor de iniciar una investigación contra Lorenzetti solo por los dos expedientes que impulsa esta fuerza política y rechazar el resto de los cargos contra Lorenzetti y sus colegas, ya que las acusaciones que plantea el oficialismo contra el juez de Rafaela son diferentes a las de la CC. El espacio liderado por Carrió apunta al manejo de los fondos millonarios del Poder Judicial durante las presidencias del magistrado, entre otros hechos.

Sin embargo, el miércoles por la tarde, Gaillard confirmó a la oposición que se votará el paquete completo de expedientes contra los cuatro jueces, sin diferenciarlos. Incluirá los dos expedientes iniciados por los diputados aliados de Carrió.

Argumentos del FdT

El oficialismo promoverá la apertura de sumarios contra los cuatro jueces por alrededor de 60 hechos. Entre las principales causas de presunto mal desempeño se encuentra el fallo de la Corte en diciembre, en el que ordenó a Nación devolverle a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables. 

El pedido de juicio político contra la Corte se activó luego de la filtración de chats entre Silvio Robles (vocero del juez Rosatti) y Marcelo D’Alessandro (ministro de Justicia y Seguridad porteño en licencia, a quien le hackearon el teléfono), en el que el asesor del presidente de la Corte supuestamente anticipaba el resultado de la sentencia que benefició a Horacio Rodríguez Larreta. 

Otro hecho por el que el kirchnerismo busca enjuiciar a los ministros de la Corte es la declaración de inconstitucionalidad de una reforma del Consejo de la Magistratura –el organismo que nombra y remueve jueces– y que había impulsado Cristina Fernández de Kirchner en 2006. El fallo del máximo tribunal retrotrajo la composición del organismo a 20 miembros y puso al presidente de la Corte como cabeza del Consejo que maneja la designación y sanción de los jueces. 

Un tercer hecho es la sentencia que otorgó el beneficio del 2x1 al represor Luis Muiña en 2017, que votaron Rosenkrantz y Rosatti, entre otras acusaciones relacionadas por derechos humanos.

Lorenzetti

A diferencia del oficialismo, la Coalición Cívica no basó las acusaciones contra el ex presidente de la Corte (2007-2018) en sus fallos, sino en los manejos internos del máximo tribunal durante sus consecutivas presidencias, un período en el que Lorenzetti supo construir y concentrar poder como cabeza del tribunal.

En el informe que presentarán este jueces ante la comisión, los diputados López y Oliveto explican las dos causales del juicio político: el mal desempeño o la mala conducta, que “no requieren de comisión de un delito sino que, para separar a un magistrado, solo basta la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos lo exigen, no es necesaria la conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez”.

Pero además, López y Oliveto acusan a Lorenzetti de supuestos delitos penales: “Queremos dejar en claro que en el caso hay conductas que pueden constituir ilícitos penales. En algunos casos incluso existieron expedientes que fueron archivados, pero sin haber sido dictado sobreseimiento alguno”, argumentaron.

Acusan al juez de Rafaela de haber sido “el articulador de una matriz de negocios dentro del ámbito de su competencia que condicionara el accionar en la magistratura”; “evidente falta de transparencia en su gestión en la Corte, como presidente del Tribunal”; “eventual comisión de delitos por cooptar las estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y del manejo de los fondos de la justicia”; entre otros argumentos.

“Con cuatro mandatos —casi doce años— a cargo de la presidencia de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti se convirtió en un hombre temido y con un poder de influencia de niveles insospechados. Y desde que dejó de ser presidente del Tribunal, sus energías estuvieron dirigidas en minar la imagen de los ministros de esa misma Corte que integra pero que ya no puede dominar a su gusto”, sostienen López y Oliveto.

Los diputados aliados de Carrió también acusan a Lorenzetti por “la cooptación de las estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la justicia”, que “se habría materializado en una serie de resoluciones que produjeron el debilitamiento del control interno y externo de la utilización de los recursos económicos del Poder Judicial de la Nación a cargo del Consejo de la Magistratura, que habría quedado en manos de personas muy allegadas al expresidente de la Corte”.

Carrió y sus aliados vienen sosteniendo desde hace años que Lorenzetti centralizó las decisiones de tipo presupuestario en la Corte Suprema y propicio “el desbaratamiento de todo mecanismo de control interno y externo por parte del Consejo de la Magistratura” sobre estos fondos.

También lo acusan por los “sospechosos sorteos de causas e irregularidades en el sistema de informatización del Poder Judicial” y citan las denuncias de dos empresas, Indra y Thompson-Reuters (La Ley), por supuestas irregularidades en una licitación para informatizar todos los tribunales del Poder Judicial durante la presidencia de Lorenzetti. 

“Durante la presidencia de Lorenzetti, la Corte Suprema contrató a una empresa investigada en la Justicia por irregularidades en convenios con ANSeS y el Ministerio del Interior para la provisión de una cartelería digital durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de la empresa Dinatech SA”, cita el informe de admisibilidad de la Coalición Cívica.

También alegan “irregularidades e inconsistencias en la formulación y ejecución presupuestaria” de la propia Corte; la “designación y asignación arbitraria del personal” en el máximo tribunal; y el “incumplimiento a la ley de Ética Pública en relación a la presentación de Declaraciones Juradas”, ya que Lorenzetti, “para no cumplir con la ley de ética en el ejercicio de la función pública —por la ausencia de transparencia en su patrimonio—, modificó el contenido de las Declaraciones Juradas previstas en la norma y dispuso así la creación de un sistema complejo para obtenerlas, que, en la práctica, no funciona correctamente”.

El informe también apunta al “manejo irregular y discrecional de la obra social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN)”.

El resto de los bloques que conforman Juntos por el Cambio (la UCR y el PRO) no votarán a favor de abrir una investigación contra Lorenzetti por estos hechos, pero el oficialismo sí lo hará, confirmó una fuente del Frente de Todos.

ED

Son días clave en la comisión de Juicio Político de la cámara de Diputados: este miércoles habrá reunión de asesores parlamentarios, previo de la reunión de los legisladores que tendrá lugar este jueves a las 11 y en la que el Frente de Todos expondrá sus argumentos para abrir una investigación contra los cuatro jueces de la Corte Suprema por presunto mal desempeño, impulsada por el presidente Alberto Fernández a través de un pedido de jury contra los magistrados. En el máximo tribunal ya preparan su defensa, aunque dividida por su propia interna política.

Esos argumentos están siendo volcados en un informe de admisibilidad, como se denomina técnicamente a la presentación de las causales que ameritarían iniciar una investigación contra los jueces Horacio Rosatti (presidente del máximo tribunal), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El oficialismo cuenta con 16 de los 31 integrantes de la comisión parlamentaria y sólo necesita una mayoría simple (la mitad más uno) para conseguir la apertura de esta nueva etapa, por lo que sabe que lo logrará.

Para la oposición, este jueves será “el primer Día D en la comisión”, aseguró una fuente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR). Se espera una sesión extensa y cargada de tensiones. Tras la aprobación del o los informes de adminisibilidad, comenzarán las citaciones a testigos para declarar ante la comisión y medidas de prueba que podrán ordenar los diputados.

En Juntos por el Cambio (JxC) esperan que todos sus 14 diputados en la comisión expongan este jueves. El diputado Mario Negri, presidente del bloque de la UCR y del interbloque de JxC, dijo a elDiarioAR: “Vamos a demostrar con argumentos claros y firmes porqué el pedido de juicio político del kirchnerismo a la Corte Suprema es un disparate que se diluye en sí mismo. No se puede juzgar a un magistrado por sus sentencias y muchísimo menos si no son de fondo. La Corte Suprema no ha legislado, como dice el oficialismo; vamos a demostrar que se trata de una maniobra del Frente de Todos para disciplinar a toda la Justicia”.

La oposición y Lorenzetti

Los informes de admisibilidad deben ser sometidos a votación en la comisión, pero aún no está definido el método que se aplicará este jueves, explicó una fuente parlamentaria con acceso directo a las discusiones de los diputados.

La presidenta de la comisión, Ana Carolina Gaillard (Frente de Todos) tenía la intención de que se sometiera a votación el combo de acusaciones contra los cuatro jueces y por todos los expedientes que tramitan por presunto mal desempeño. 

Sin embargo, la oposición quiere separar los tantos, ya que está dividida en un punto clave: el bloque de la Coalición Cívica (CC), que integra el interbloque JxC, presentará su propio informe de admisibilidad para impulsar una investigación contra sólo uno de los jueces de la Corte, y al que la fuerza política liderada por Elisa Carrió viene denunciando desde hace años. El primer pedido de juicio político de la CC contra Lorenzetti data de 2017, pero nunca se había tratado en la comisión hasta ahora. 

“Con la diputada (Paula) Oliveto estaremos presentando nuestro propio informe de admisibilidad con respecto a Lorenzetti y en base a los argumentos que hemos expuesto en nuestros dos pedidos de juicio político en su contra. Con respecto a los pedidos de juicio político contra el resto de los jueces de la Corte, la Coalición Cívica va a rechazarlos”, ratificó el diputado Juan Manuel López (CC y vicepresidente de la comisión) en diálogo con elDiarioAR.

El resto de JxC (UCR y PRO) no sólo rechazará el informe del Frente de Todos contra los cuatro jueces, sino que tampoco acompañaría el informe de admisibilidad de sus aliados, que cuenta con dos diputados en la comisión, de acuerdo con una fuente consultada en el interbloque.

La Coalición Cívica prefiere que se vote expediente por expediente, y separar los cargos juez por juez, en el mejor de los casos. Eso le permitiría rechazar los cargos contra los jueces Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz, y votar a favor de abrir una investigación contra Lorenzetti sólo por los expedientes que ha presentado esta fuerza política y no por los cargos que le endilga el Frente de Todos al ex presidente del máximo tribunal. Es que los argumentos de unos y otros son totalmente diferentes. 

Los aliados de Carrió apuntan al manejo de fondos económicos de la Corte durante las presidencias del juez de Rafaela y no a sus sentencias, que en el caso de las acusaciones del oficialismo coinciden con los votos del resto de los supremos.

Apertura 

“Los argumentos para avanzar con los pedidos de juicio político no sólo se basan en los fallos de los jueces de la Corte, como la aplicación del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad. También sobre el manejo de la obra social de los judiciales por lo que escucharemos a damnificados que van a venir a declarar; y sobre dos cuestiones clave en la Corte: el manejo de los fondos, sobre el que nadie salvo ellos tienen control”, adelantó el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) a elDiarioAR hace dos semanas. De ser así, el oficialismo buscaría un punto de conexión con la CC.

La apertura de una investigación en la comisión de Juicio Político es el paso previo para “el segundo Día D”, como lo llaman en el bloque de la UCR: una vez finalizada la investigación deberá votarse en comisión el dictamen de acusación para definir si el proceso da un nuevo avance crucial: pasar al recinto de la cámara de Diputados, encargada de actuar como acusadora de los sometidos a juicio político.

Una vez en el recinto, el Frente de Todos se enfrentará al dilema que viene arrastrando desde hace años: no cuenta con los votos necesarios para avanzar con esta etapa del proceso. necesita los dos tercios de los votos para que la acusación se formalice y pase al Senado, encargado del juzgamiento. En la cámara alta, además, tampoco cuenta con los dos tercios necesarios para la destitución de los jueces.

Entre las medidas de prueba que vendrán en las próximas semanas, el oficialismo citará a Silvio Robles (vocero y mano derecha del juez Rosatti) y al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro por el caso de los chats filtrados tras el hackeo al teléfono del funcionario porteño, en el que Robles supuestamente adelanta información sobre el fallo que elevó el enfrentamiento entre el Gobierno y el kirchnerismo con el máximo tribunal hasta su punto más álgido: la medida cautelar dictada por la Corte de forma unánime a favor de la Ciudad en el reparto de los fondos de impuestos nacionales que se coparticipan entre el Estado nacional, las provincias y la Capital Federal.

La declaración del asesor de Rosatti y posiblemente de otros integrantes de su vocalía será el punto de mayor tensión dentro de la Corte, explican fuentes con acceso directo a los magistrados. Robles es un asesor de perfil político, no jurídico, y un cara a cara con los diputados más duros del oficialismo es un escenario en el que la Corte arriesga mucho.

ED

La segunda reunión de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde se tratan los pedidos de enjuiciamiento contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, comenzó este jueves con la presentación de Paula Oliveto de la Coalición Cívica (CC) contra el magistrado Ricardo Lorenzetti.

Carolina Gaillard, presidenta de la comisión, realizó una introducción y luego le cedió la palabra a Oliveto, la primera oradora de la jornada, quien fue coautora del pedido de juicio político que en 2017 encabezó Elisa Carrió contra Lorenzetti, en ese entonces presidente del tribunal supremo.

La diputada opositora recordó que el pedido de juicio político se presentó en el gobierno de Cambiemos, el cual no contó con el acompañamiento del resto de los bloques del PRO ni de la UCR. “Nosotros lo hicimos más allá de cualquier especulación política o necesidad de un gobierno de condicionar a un poder de la República”, apuntó Oliveto contra los miembros del Frente de Todos (FdT).

Oliveto apuntó contra Lorenzetti por falta de “idoneidad” y “transparencia” en sus funciones y lo acusó de ser “articulador de una matriz de negocios dentro del ámbito del Poder Judicial”. “Ahí está la diferencia sustancial en las causales que nosotros encontramos en otros juicios políticos, pero reconociendo el deber de cada uno de los legisladores de utilizar esta herramienta”, comentó.

La diputada de la CC enumeró los 29 hechos que se le imputan y denunció especialmente el “manejo discrecional de millonarios fondos extrapresupuestarios” y la “transferencia de estructuras propias del ámbito del Consejo al ámbito de la Corte Suprema” para la “concentración del poder” en la Justicia.

También mencionó la “debilidad en el proceso de control interno” en lo que refiere a auditorías, caja y rendición de cuentas, cuestionando a Lorenzetti por “sospechosos sorteos de causas” e irregularidades en los procesos de informatización de los tribunales del Poder Judicial.

En referencia al pedido actual de juicio político, declaró que “no acompaño las expresiones del Presidente de la República ni del ministro Soria en relación a este momento”, quienes hicieron hincapié en el apoyo de los gobernadores a la iniciativa y al “mal” funcionamiento de la Justicia. “¿Quién lo decide? Lo tenemos que decidir nosotros”, acotó Oliveto.

“La verdad que yo, desde mi lugar y con profunda humildad, quiero reconocer a aquellos que son de Juntos por el Cambio, no coincidiendo con nosotros, en ningún momento nos presionaron, en ningún momento nos denostaron, o en ningún momento nos quitaron la posibilidad de marcar dentro de nuestra fuerza política la disidencia”, reconoció la diputada.

Hacia el final de su declaración, declaró: “Vamos a trabajar en defender las garantías constitucionales de aquellas personas que también están siendo traídas a este proceso penal, porque las tienen y así lo sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la garantía de independencia del Poder Judicial y de sus magistrados”. Antes de ser interrumpida por excederse en cuanto a los tiempos, opinó que “no creo que sea sano ir contra todos los miembros de la Corte para forzar recusaciones o para forzar la posibilidad de ser reemplazados”.

La presentación de Oliveto fue completada por Juan Manuel López, el presidente de la bancada de la CC, quien había presentado una ampliación del pedido de juicio político de Carrió: “Tiene que ver con un hecho puntual, que es el poder de influencia del doctor Lorenzetti sobre distintos actores de la política, la justicia y la sociedad civil para que se sancione la Ley del Consejo de la Magistratura”.

“El bloque de la Coalición Cívica ratifica todos los hechos que denunció la ex diputada Carrió”, dijo López en su breve intervención, y aseveró: “Nuestro partido político se ha dedicado desde que nació a presentar pedidos de juicio político. Mejorar la Justicia es una deuda pendiente de nuestra democracia”.

De todos modos, para distanciarse de los argumentos del oficialismo, el diputado concluyó: “Es una acción válida y constitucional, pero nuestras diferencias con el Frente de Todos son enormes. Vamos a seguir sosteniendo el juicio político contra Lorenzetti pero no contra una corte entera”.

LC con información de agencia NA