Fernando Burlando, abogado de la familia Báez Sosa, habló sobre la aparición del electrocardiograma que indica que Fernando Báez Sosa estaba inconsciente pero con actividad cardíaca al momento de su ingreso al Hospital de Villa Gesell. “No es nada nuevo para las partes el expediente que apareció. La doctora Garibaldi constató que ya no tenía signos vitales. A partir de ahí le hace masaje cardíaco y le aplica el desfibrilador”, apuntó el letrado.

Reclamado por las partes, el informe es parte de la historia clínica que fue omitida en el proceso contra los ocho jóvenes que terminaron condenados en febrero, cinco de ellos a perpetua y el resto a 15 años de prisión. Ahora, es estudiado por la Cámara de Casación Penal, luego de que el fallo fuera apelado tanto por los padres del joven fallecido como por la defensa de los condenados.

“Ya durante el juicio la doctora nos informó que (Fernando Báez Sosa) ya había fallecido cuando ella lo intenta reanimar en el lugar y durante el viaje al hospital”, recordó Burlando en diálogo con Radio Continental. “Cuando llega al hospital, se lo interna en el shockroom, le aplican medicinas que pudieron haberle causado una reanimación momentánea, pero el sistema nervioso estaba muy afectado y no lo pudieron mantener”, añadió.

“Que introduzcan este tema de vuelta, además de ser de muy mal gusto, no variaría la situación de los acusados. En definitiva, la muerte se produce por este plan de castigo en manada con la única intención de matarlo, es lo que dijo la Justicia”, sentenció Burlando.

A casi cuatro meses de la sentencia, elDiarioAR contó que introducción de este factor podría marcar un giro en la causa. Si Fernando Báez Sosa llegó al hospital con signos vitales, se abre la pregunta sobre si su muerte se dio por los golpes propinados por la patota, por no recibir la atención médica adecuada cuando agonizaba frente al boliche Le Brique, o ambos.

LC

Los abogados que representan a los padres de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años asesinado a golpes en Villa Gesell en enero del 2020, apelaron ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense el fallo que declaró partícipes secundarios de homicidio doblemente agravado a tres de los jóvenes sometidos a juicio, quienes recibieron una pena de 15 años de cárcel. Consideran que fueron coautores del hecho, por lo que deben ser castigados con prisión perpetua, como los restantes cinco condenados.

El recurso de apelación fue presentado por los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola, Facundo Améndola y Germán Facio, los apoderados de Silvino Báez y María Graciela Sosa Osorio, en su carácter de particulares damnificados.

Al igual que los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, quienes llevaron adelante la acusación ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, los letrados consideraron que los ocho acusados fueron coautores del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con lesiones leves”, por lo que deben recibir la máxima pena.

La apelación es contra la decisión de los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lázzari y Christian Rabaia del 6 de febrero pasado, donde condenaron a Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23) y Lucas Pertossi (24) a 15 años de cárcel como partícipes secundarios del homicidio. Por su parte, Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (23), Matías Benicelli (23), Luciano (21) y Ciro Pertossi (22) recibieron la pena de prisión perpetua por la coautoría del asesinato cometido en la puerta del boliche Le Brique.

Al justificar la apelación, se consideró un “absurdo” o una “arbitrariedad” la sentencia “por carencia de logicidad en la fundamentación y falsa motivación en la determinación del momento en el que se verifica el dolo homicida”, al igual que en la “selección y valoración de la prueba para entender como secundaria la participación de los condenados” en referencia a tres de los condenados. Mencionaron también una “errónea aplicación de un precepto legal: concretamente al entender como secundaria la participación de los condenados”.

Por lo tanto, los representantes de los particulares damnificados pidieron a Casación que revoque la sentencia dictada en esos tres casos, al calificar como “incoherente” la conclusión del tribunal sobre que esos tres jóvenes fueron partícipes secundarios y no autores del crimen.

Además, sostuvieron que “sin ningún tipo de fundamento, sin exponer el íter por el que llega a una conclusión totalmente arbitraria” el Tribunal “hace coincidir la aparición del dolo homicida con el momento en que Fernando Báez Sosa queda de rodillas e indefenso en el suelo”, sin “analizar si quiera mínimamente una pluralidad de indicios con los que se demuestra que el dolo homicida tuvo su génesis antes del inicio del ataque”.

“En ningún momento explica el Tribunal cómo es que llega a concluir que el plan inicial incluía solamente atacar a golpes a Fernando Báez Sosa y no, como entendemos desde la acusación, causarle la muerte”, añadieron. Para Burlando y el resto del equipo, Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi “aprovechando el estado de indefensión en el que luego de los dos primeros golpes quedó la víctima, con claras intenciones de acabar con su vida, continuaron formando parte del grupo que agredía a Fernando Báez Sosa en forma brutal y con el inequívoco propósito de llevarse su vida como trofeo”.

Puntualmente sobre Viollaz, los abogados dijeron que fue quien “dio la orden para el inicio de la agresión y participó de la misma, en un primer término agrediendo a Fernando y posteriormente a los amigos de la víctima que intentaron auxiliarlo, de esta forma impidiendo cualquier tipo de ayuda a la misma, impidiendo cualquier intento de fuga de Báez Sosa y asegurando de esta forma el resultado muerte”.

En cuanto a Lucas Pertossi, recordaron que, tras el ataque, “envía un audio al grupo de WhatsApp que mantiene con los imputados donde dice 'amigo estoy acá cerca de donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia, caducó”, en clara referencia a Báez Sosa como único destinatario de la agresión.

Por último, al referirse a Cinalli, los querellantes destacaron que, “bajo la uña del dedo meñique de la mano izquierda de Fernando, se encontró ADN” de Fernando, lo que es “una muestra clara de que tuvo contacto directo con la víctima”.

El de los particulares damnificados es el último recurso de apelación al fallo del TOC 1 de Dolores, ya que a fines de la semana pasada fue presentado el de la fiscalía y ayer el del defensor de los ocho condenados, quien insistió con distintos planteos de nulidad y pidió que se aplique la figura del “homicidio en riña” para los ocho sentenciados.

LC con información de agencia Télam

La defensa de los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa apeló el fallo que los condenó a cinco de ellos a prisión perpetua y a otros tres a penas de 15 años de prisión. La revisión del veredicto está a cargo de la Cámara de Casación Bonaerense, la cual no tiene plazos para resolver.

En la apelación hecha al veredicto del Tribunal Oral Criminal nº1 de Dolores, el abogado Hugo Tomei, insistió con varios planteos de nulidad contra la investigación, que según su consideración estuvo plagada de irregularidades, no siguió el código de procedimiento y el veredicto se alejó de los hechos como fueron descriptos por la fiscalía.

En cuanto a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, los cinco condenados a prisión perpetua, pidió que se los condene por homicidio en riña. Según la defensa, ese hecho encuadra en esa figura penal que contempla hasta 6 años de prisión, una pena notablemente inferior a la definida por el Tribunal.

Durante el juicio, el letrado señaló que la golpiza que sufrió Báez Sosa a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell se trató de una pelea, y no un ataque como acusaban los familiares de la víctima.

Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, en cambio, fueron condenados a 15 años por ser considerados partícipes secundarios del hecho. Sobre ellos, la defensa pidió la absolución.

Ahora, sería la sala II la que intervendrá en le caso, según se prevé al haber intervenido anteriormente en otros planteos de la causa, por lo que revisará tanto las apelaciones de la defensa, de la fiscalía de Juan Manuel Dávila y Gustavo García, y de las que también haga la querella representada por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola.

Los ocho condenados fueron juzgados durante todo enero, cuando se cumplieron tres años de aquel 18 de enero del 2020, cuando a la salida del boliche en pleno centro de Villa Gesell atacaron a Fernando por la espalda y lo golpearon de manera tal que perdió la vida.

Durante el juicio, la controversia fue por la calificación legal que se le imponía al caso, porque para la defensa fue una pelea por lo que lo tildó de homicidio en riña. En tanto, para la familia y la fiscalía existió una intención de matar por parte de los acusados, de ahí la figura de homicidio, doblemente agravado porque consideran que planificaron el ataque, y con alevosía por la modalidad del ataque bajo sorpresa, aprovechando la indefensión de la víctima.

LC con información de agencia NA

Entre las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) se generó una gran preocupación por el estado de salud que atraviesan los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, sobre todo aquellos cinco que recibieron prisión perpetua, luego de que se conociera que sufren depresión.

Fuentes penitenciarias revelaron que “los ocho están con una medida de resguardo de integridad física por miedo a que se lastimen ellos mismos por la depresión que padecen”. Indicaron que existe un “temor de que alguno pueda suicidarse”.

Desde que fueron detenidos por el asesinato de Báez Sosa hasta el día de hoy “jamás se pelearon a golpes de puño”, ya que los guardias los tienen “bien custodiados”. “Si bien pudo haber ocurrido alguna discusión, no pasó de eso”, precisaron las fuentes consultadas ante el hermetismo del SPB.

Los ocho culpables estuvieron todo este tiempo en la alcaidía de Melchor Romero, salvo el tiempo que duró el juicio, entre el 1 de enero y el 6 de febrero, cuando fueron alojados solos en un penal de Dolores.

El pasado lunes se conoció la sentencia que condenó a una pena de prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro y Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli.En tanto Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron 15 años por ser partícipes secundarios.

Ya de regreso en Melchor Romero y a la espera del traslado a un penal para cumplir la condena, el cual se espera que sea la Unidad 57 de Campana donde se pidieron ocho cupos, la preocupación del SPB crece por la situación emocional de los ocho. “Ellos estaban mal antes del juicio, imaginate ahora ya condenados de esta manera”, explicó la fuente penitenciaria consultada.

Más allá de las penas que recibieron, otro golpe duro que sufrieron fue el secuestro de los dos teléfonos celulares a Comelli y Cinalli, debido a que se descubrió que usaban redes sociales, algo que está prohibido dentro de la cárcel, porque solo se pueden hacer llamadas a familiares y allegados.

Uno de ellos habló con un funcionario del SPB y le dijo: “Nos sacaron los celulares que usábamos para hablar con nuestras familias. Hablar con ellos era lo único que nos mantenía vivos”. Esa frase alertó al Servicio Penitenciario, por lo que se pidió un extremo cuidado de los presos.

Thomsen es el más afectado de los ocho y varias veces pidió asistencia psicológica, lo mismo que Comelli. También solicitaron que les llevaran biblias y pidieron que un pastor evangélico los visitara dentro de la alcaidía.

LC con información de agencia NA

El crimen de Fernando Báez Sosa y el juicio a los rugbiers, ocupa desde hace un tiempo, un lugar preponderante en la tapa de diarios y revistas, en los medios, en las redes. Ocupa nuestros pensamientos y nuestros sentires. Ocupa un espacio central en la charla entre personas amigas o en la mesa familiar. Y bienvenida esta ocupación, si no se transforma solo en pre-ocupación, sino también en un motor para pensar y revisar en qué mundo estamos. En qué mundo queremos vivir y cómo nos queremos vincular. Y, especialmente, si nos impulsa a actuar para modificar aquello que nos duele y molesta. Motor para encender hoy, pero especialmente cuando esta noticia deje de estar en primera plana.

Para encarar esta revisión, contamos con una herramienta muy potente: la Educación Sexual Integral, que por Ley Nacional 26150 del 2006 es obligatoria en todas las escuelas del país, en todos sus niveles y modalidades, tanto laicas como religiosas, públicas como privadas

Voy a enfocarme en sus aportes, reconociendo que es una mirada posible entre otras, desde donde analizar esta tragedia.

En tanto ley, es un derecho y una obligación. Pero también es una ética y una política de cuidados y especialmente, podemos pensarla como oportunidad.

Oportunidad para promover comunidades que alojen la diversidad en sus múltiples sentidos. La diversidad sexo-genérica, pero también cultural, de lenguas, de espacios de pertenencia y procedencia. Nos invita a celebrar que ese otro, esa otra esté ahí, pensando distinto para armar un buen lugar. Nos invita a desarmar y cuestionar las relaciones de poder por género, clase, raza o etnia, entre otras variables posibles. Relaciones de poder que tiñeron la escena del crimen a Fernando. Todavía resuena y nos duele ese “negro de mierda, me lo voy a llevar de trofeo.”

La diversidad es constitutiva de la vida en común y no característica de un grupo o de una persona. Las diferencias nos enriquecen y en un contexto epocal que promueve la exclusión del diferente y el individualismo exacerbado, en una sociedad que nos inunda con el discurso del odio, trabajar por el respeto y el cuidado colectivo, deviene una tarea urgente y central. 

Para lograrlo, no alcanza con enunciar “está mal” frente a un insulto o discriminación, necesitamos entender al servicio de qué o de quiénes está la búsqueda de un chivo expiatorio, al que solo se puede segregar y odiar. Necesitamos tener claves de lectura para comprender este fenómeno histórico que nos llevó a considerar, por ejemplo, que la blanca es una raza superior. Necesitamos, primero visibilizar cómo esta idea todavía impregna los vínculos, para poder barajar y dar de nuevo.

“La ESI abraza y valora las identidades históricamente vulneradas y discriminadas y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de reflexionar y abrir preguntas tales como:  ¿qué nos distingue y qué nos iguala? ¿Cómo equilibrar la supervaloración de algunas identidades con la subvaloración social de otras? ”Encontrar las respuestas a estas preguntas no es algo sencillo, pero las articulamos con algunos principios como el respeto, el diálogo y la inclusión. De este modo, estaremos más cerca de encontrar un camino común, habitado por un gran nos-otrxs“. De: Identidades. Colección Derechos Humanos, Género y ESI en la escuela. M. de Educación Argentina (2021)

Por otro lado, es una oportunidad para interpelar lo que hasta ayer considerábamos como naturaleza, como algo inmodificable, para entenderlo como construcción y visibilizar las relaciones de poder ocultas. Ideas que fuimos mamando en esta cultura patriarcal, como por ejemplo, en todo lo referido al género. 

La filósofa francesa Simone de Beauvoir, allá por el 1949 escribía “No se nace mujer, se llega a serlo” para explicar que lo que entendemos por mujer es una construcción social que fue variando a lo largo de la historia y que lo que nos hace mujeres no son las características biológicas, sino nuestras conductas, roles, atributos, expectativas que vamos aprendiendo en determinado contexto, en determinada cultura y época.  

Pues bien, esto vale también para los varones. No se nace varón. Es decir: no se nace fuerte, valiente, agresivo, ni con el sello de ser el proveedor, procreador, y protector del “género débil.” Ni se nace con el deseo de adueñarse del cuerpo de alguien más débil ni con la necesidad de gratificarse ostentando frente a otros pares el uso y abuso de poder. No se nace con el deseo de patearle la cabeza a otro hasta matarlo: estas conductas se construyen. Nuevamente, el patriarcado hace lo suyo y con esto no minimizo ni saco responsabilidad a los asesinos ni al peso de la educación recibida en un marco familiar, educativo y deportivo. Y aclaro, además (no se ofendan los varones) que estoy realizando una generalización que puede resultar injusta a los efectos de simplificar y explicar estos conceptos. 

Entonces, con la perspectiva de género como lente, podemos interpelar esta masculinidad hegemónica para promover y construir otros modelos, otras formas de ser varón, o mujer o ser por fuera de cualquier binomio. 

Finalmente, el asesinato de Fernando está teñido de una crueldad que nos espanta. Fernando devenido en cosa, totalmente deshumanizado. ¿Y qué entendemos por crueldad? 

La antropóloga Rita Segato nos recuerda que “La pedagogía de la crueldad es un conjunto de actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transformar lo vivo en cosas”. ¿Y cómo se transforman en cosas? “Si retiro la ternura”. “El mundo de los dueños que habitamos necesita de personalidades no empáticas, de sujetos incapaces de ponerse en el lugar del otro”… (para)…“Matar sin que sea muerte, muerte humana” Y queremos, necesitamos, que la muerte de Fernando se humanice.  

Por eso, deviene hoy como tarea central promover la ternura, la empatía, el cuidado y respeto por quienes nos rodean ya que, en la voz de Segato, “solo un mundo vincular y comunitario pone límites a la cosificación de la vida”. 

Nuestro desafío de cada día será trabajar para que en cada espacio la vida y la muerte sean vidas y muertes humanas. Para promover otros vínculos más solidarios, otras comunidades que alojen las diversidades en todos los sentidos y en las que circule el cuidado colectivo. Es cierto, es ir contra el discurso dominante, pero es por ahí y es con a ESI.

LM

No es fácil hablar de castigo y derecho penal, y es tanto más difícil hacerlo en un caso de alcance mediático como el de Fernando Báez Sosa. En esta columna voy a intentar explicar qué es y qué implica una pena perpetua. También voy a hacer una reflexión sobre el castigo y sobre cómo esperamos grandes cosas del sistema penal que, spoiler alert, nunca nos va a dar. 

Pero primero lo primero. Las dudas alrededor de las penas perpetuas no están solo en el imaginario social, son reales y tienen una explicación. Históricamente en Argentina no existían las penas perpetuas porque el cumplimiento de una condena suponía un sistema progresivo que iba desde la reclusión total, que constaba de distintas etapas en las que el control sobre la persona iba disminuyendo, hasta culminar con libertades supervisadas. Esto es así porque nuestra Constitución Nacional establece desde 1853 que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”, es decir que nuestra Ley Suprema marcó, desde un principio, que las cárceles no son un castigo.

Ya en el código penal de 1921 -aún vigente con sus modificaciones- las penas perpetuas no eran tal cosa, ya que a partir de los 20 años del cumplimiento de la pena podía solicitarse la libertad condicional; y luego de obtenida esa libertad, si transcurrían 5 años sin que se revoque, la pena se extinguía, es decir, se tomaba por cumplida.

Paralelamente, en 1994, una reforma les atribuyó jerarquía constitucional a distintos tratados internacionales de derechos humanos. Esto quiere decir que se tomó la decisión política de que tengan la misma importancia que nuestra Constitución Nacional. Así, entre otros, la Convención Americana sobre Derechos Humanos pasó a equipararse con nuestra constitución, y con ello su artículo 5.6, que reafirma el principio constitucional de 1853 y establece que “las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y readaptación social de los condenados”. Pensar en penas perpetuas que así lo sean pone bajo la lupa si es esa la finalidad que realmente persiguen.

En 2004, la ley 25.892 conocida como una de las “Leyes Blumberg”, modificó aquel plazo de 20 años para poder solicitar la libertad condicional y lo corrió a los 35 años. Además, aumentó a 10 años el plazo de cumplimiento de la libertad para poder pedir la extinción de la pena, y por primera vez se estableció un listado de delitos que no podían acceder a la libertad condicional.

Luego, en 2017, la Ley 27.534, conocida como “Ley Petri”, incluyó en esa lista a todos los homicidios agravados, junto con otros delitos.

Recapitulando: hasta 2017 los delitos cometidos por los imputados en el caso de Fernando permitían acceder a la libertad condicional una vez cumplidos 35 años de pena, pero ahora están incluidos entre los delitos que no lo permiten. La pregunta entonces es: ¿y ahora qué?

Bueno, la respuesta no es fácil pero la conclusión es una: la perpetua es, efectivamente, perpetua. Ni el código ni las leyes regulatorias imponen límite alguno. Toda libertad anticipada requiere de un determinado tiempo de cumplimiento de pena para poder solicitarla. En el caso de las penas perpetuas, funcionan, además, como un límite temporal. De esta manera, si la libertad condicional no se puede pedir porque el delito cometido no lo permite, entonces no hay límite. Si el código penal no dice cuándo una persona condenada sale en libertad, es porque no sale nunca más.

Pena temporal

Sin embargo, existe otra posibilidad que es convertir la pena perpetua en una pena -larga- pero temporal. Esto pasaba -y pasa- en los despachos de tribunales.

Brevemente, para no aburrir con tecnicismos, quienes no comulgan con las penas eternas, entienden que la pena perpetua no puede superar el máximo de pena posible que establece nuestro código penal para el concurso de delitos (esto pasa cuando una persona comete muchos delitos y todas sus penas se suman, pero sin superar un máximo de 50 años), por lo que la perpetuidad sería, en realidad, de 50 años. Otros piensan que el límite máximo son 45 años (porque la condicional es a los 35 y a los 10 años de cumplida se extingue la pena). Finalmente, y la más difícil, es resolver la inconstitucionalidad de la prohibición de la libertad condicional en casos de condenas perpetuas (pero este debate requeriría muchas columnas más).

Igualmente, si nos atenemos a lo que dice la ley, no existe un límite temporal claro.

Además, vale aclarar que la Ley 12.256 de ejecución penal que rige en el caso concreto no permite a los condenados por homicidios agravados acceder a un régimen abierto (seguir preso, pero con un régimen más flexible y en un espacio abierto) ni a las salidas transitorias.

Ahora que pasamos la parte más compleja, quiero retomar los primeros párrafos, esto es, que la pena tiene un fin, que ese fin es la reinserción social, y que por eso existe un principio de progresividad de la pena.

Sin embargo, si la pena es para siempre, entonces no existe la progresividad, y si no existe progresividad, no hay reinserción social. Entonces si la pena no tiene un fin, es un castigo.

¿Pero qué implica que sea un castigo?

Nils Christie, sociólogo y criminólogo, en su libro “Los límites del dolor” dio una definición simple de la pena: la imposición de un castigo dentro del marco de la ley significa causar un dolor deliberado. A pesar de ello, como la imposición de dolor no va de la mano con principios valorados por la sociedad como la bondad y el perdón, suelen hacerse intentos por esconder el carácter básico del castigo y cuando no es posible ocultarlo se lo justifica. A su vez, explica que las diversas formas de control de la delincuencia aparecen, desaparecen y vuelven a aparecer, como un péndulo, y que ninguna de las posiciones extremas es estable.

A propósito de Christie, en Argentina las cárceles se caracterizan por la superpoblación y el hacinamiento, por la violencia por parte del sistema penitenciario y violencia entre aquellos que lo habitan. Nuestras cárceles no son sanas y no son limpias. Una pena perpetua en una cárcel de Argentina es, en efecto, un castigo perpetuo. Y sí, lo que hicieron los imputados en el caso de Fernando es aberrante y la pena puede estar bien aplicada desde lo teórico. El problema es que ese castigo no resocializa, tampoco intimida al resto y evita que otros cometan el mismo delito, y no es necesariamente un acto de justicia.

La prisión perpetua solo hace responsable al autor individualmente y no recoge las responsabilidades sociales. Es más fácil señalar con el dedo a Máximo Thomsen y pedir un castigo perpetuo como sinónimo de justicia, que pensar que las lógicas con las que se manejó y las lógicas de la cárcel son un reflejo de lo que somos como sociedad. Creer que impartiendo más dolor se puede compensar otro dolor es un error. Aquellos que piden livianamente que en la cárcel sufran lo mismo o más que su víctima, o abogados que no empatizan con la descompensación de un chico de 23 años que va a pasarse una vida en la cárcel, no hacen más que reproducir las lógicas violentas que nos marcan como sociedad y son las mismas que se disputaron en un ataque 8 a 1 a la salida de Le Brique.

Nunca el derecho penal es una buena solución porque lo único que tiene para ofrecernos es un castigo, y ese castigo es deshumanizante. Y haciendo propias las palabras de la abogada Luli Sánchez, no hay justicia posible si los procesos no registran la humanidad que está en juego, tanto de las víctimas como de los victimarios.

El dolor de una víctima y el de sus familiares, del delito que sea, es inconmensurable, y por eso no podemos exigirles a los papás de Fernando, o a cualquier víctima de un delito gravísimo como este, que no litiguen por una pena perpetua, ni tampoco que comprendan que reclamar más derecho penal no es la solución.

El trabajo es institucional y nos obliga, me incluyo, a los y las operadores del derecho, a asumir un rol objetivo en el análisis. El derecho penal no puede ser la moneda de cambio ni una forma de vendetta particular. Los esfuerzos se tienen que concentrar en abordar los problemas estructurales que tenemos como sociedad, ese es un buen punto de partida. 

La pena puede ser perpetua pero no puede ser eterna, es necesario que tenga una fecha límite, para cumplir con el principio de progresividad y, sobre todo, el de humanidad. Así lo marca nuestra Constitución y los tratados internacionales con su misma jerarquía.

Si no repensamos cuál es la lógica del castigo que reproducimos, aumentar penas que tanto pedimos impartir y sumar delitos que no obtengan libertades condicionales no va a impedir que siga habiendo muchos más Fernandos y Máximos.

Abogada y docente (UBA), maestranda en Derecho Penal (UdeSA), y ex alumna del Centro Universitario de Devoto.

El juicio realizado en los tribunales de Dolores para dirimir las responsabilidades derivadas del hecho que le costó la vida a Fernando Báez Sosa dejó muchas dimensiones para pensar la vida pública. Algunos aspectos son indiscutibles. Primero. Las únicas víctimas de un hecho aberrante fueron Fernando y sus familiares. Segundo. Los magistrados del sistema judicial de la provincia de Buenos Aires dictaron una sentencia después de un juicio que, seguramente, será discutida en las instancias de apelación. Tercero. La sentencia, como era esperable, despertó polémicas. Aquí me quiero detener.

No haré un análisis jurídico. Por lo tanto, no voy a ingresar en el debate sobre el monto de la pena. Me interesa, en cambio, señalar algunas diferencias entre el plano moral y el plano legal. Desde mi perspectiva, esos planos están peligrosamente superpuestos. Es por ello que se espera de una sentencia mucho más de lo que puede dar. Al colocar tanta energía en la sentencia, quizá se escapa algo que es central para evitar que estas cosas pasen. Me refiero a detectar las condiciones sociales que hacen posible una matriz de violencia que atraviesa a toda la sociedad. En esto caso, nos detenemos en las formas de violencia que acompaña a lo que debería ser el momento de diversión de los jóvenes. Pero esa matriz de violencia está presente en el trabajo, en el tránsito, en los espectáculos deportivos, en la vida doméstica y en la pública. No debemos olvidar que los hechos preceden al derecho. Hay sentencias porque pasaron algunas cosas no queridas. El desafío es cómo hacer para que no pasen más.

Durante los días previos a la sentencia se reclamaba “justicia” Pero los jueces no pueden hacer “justicia” ¿Por qué? Nadie explicó mejor la discusión acerca de la justicia que Hans Kelsen en un libro de texto elocuente ¿Qué es la justicia? (1) Decía Kelsen que “la razón humana sólo puede acceder a valores relativos (…) Ello significa que no puede emitirse un juicio sobre algo que parece justo con la pretensión de excluir la posibilidad de un juicio de valor contrario”. Es una verdad autoevidente.

Cada persona tiene un juicio de valor individual al que es imposible darle un alcance universal. Si ello puede pasar, viviríamos en una dictadura. Por ello, entre otras cosas, nos organizamos para vivir en sociedades edificadas en base a derechos y creamos instituciones. Una es el sistema judicial. ¿Qué hace? Expropia los conflictos sociales y los resuelve por medio de juicios sobre la base del derecho. Así, evita que hagamos “justicia por mano propia”. Precisamente porque cada uno de nosotros tiene una visión distinta de lo “justo”.

Todo esto significa que al aparato judicial no dicta justicia. Lo que hace es resolver mediante la aplicación del derecho problemas que giran en derredor de lo que es justo. Las leyes las produce el Estado, pero a través de un sistema de representación que depende de la voluntad de los ciudadanos. Así, las normas que hace el Congreso expresan los valores medios de la sociedad y constituyen la única herramienta que tienen los magistrados para resolver problemas en torno a lo que es justo. A Fernando le arrebataron el derecho a la vida. Los jueces resolvieron de acuerdo con la ley las responsabilidades por ello y fijaron una pena. Así funciona. En base a la ley. Esto es decisivo.

Cuando prometemos o juramos lealtad a la Constitución, a los 10 años, renunciamos a hacer justicia y nos conformamos con que los jueces apliquen la ley. Por ello es tan importante tener un sistema judicial creíble y prestigioso, porque allí yace la autoridad de la ley que es la autoridad de la república. Retengamos esto. Siempre la ley tiene relación con la moral. Pero a los efectos de estas líneas, es decisivo entender que los jueces solo pueden guiarse por la letra de la ley. Repito, por ello es tan importante la credibilidad. La credibilidad les da espaldas anchas para aplicar las normas más allá de los reclamos individuales o grupales de “justicia”.

Así, una sentencia pone fin a un conflicto. Tiene autoridad porque es la palabra de la república. Debe ser aceptada por los ganadores y por los perdedores. Ratifica qué está prohibido y qué está permitido. Es un insumo para los comportamientos futuros de los ciudadanos. Pero poco más. Las sentencias no transforman la realidad. No tienen ese alcance. La realidad la transforman las prácticas de los ciudadanos que colectivamente deciden vivir de otra manera. Por ejemplo, deciden respetarse, tratarse bien, no insultarse en los semáforos, deciden crear mediaciones institucionales que impiden la explotación, deciden crear dispositivos institucionales que instituyan marcos para que los chicos puedan disfrutar de los momentos de diversión. En fin, es la praxis humana la que cambia el mundo y no las sentencias judiciales.

Por estos días escuchamos que son necesarias “sentencias ejemplares” en el sentido de que la dureza de las penas puede transformar el mundo de la vida. Cesare Beccaria (2), en 1764, advirtió la ineficacia de esa apuesta discursivamente tan atractiva. Beccaria, en cambio, sostenía que era muy importante que la pena de los delitos sea proporcional a la gravedad del hecho y enfatizaba que más importante aún que el monto de la pena era que efectivamente se cumpla, porque los delitos violan el contrato social.

Nuestra historia es una muestra palpable de ello. El sistema judicial federal somete a juicio, juzga poco y cuando lo hace rara vez la pena se cumple. La condena al expresidente Carlos Menem fue un indicador de eso. Me ocupé del tema en otras partes (3). Lo relevante es que sentencias duras en contextos de debilidad institucional pueden transformarse en oficinas que “certifiquen” con la autoridad de la ley las expectativas morales de algunos grupos sociales sobre la “justicia” Nada de ello nos va a servir para cambiar la matriz de violencia que yace en los cimientos de la sociedad.

El camino para ello, repito, es más lento y fatigoso. Pero en lo que tiene que ver estrictamente con las posibilidades de una sentencia para cambiar el mundo de la vida, hay mucho que puede hacer el Estado, en los tres niveles de gobierno. El devenir del juicio de Fernando reveló la ausencia del Estado como docente. Escuchamos y vimos demasiado. No vale la pena entrar en ese terreno. Pero me parece importante destacar que las universidades, el sistema judicial y las instituciones públicas en general tienen que hacerse cargo de la tarea de difundir y enseñar cómo funciona la república. En otras palabras, hay que explicar cómo funciona la Constitución. Allí residen algunas pautas que nos ayudarían a comprender, antes que a juzgar, las razones de la violencia social. Pero para eso tenemos que aprehender qué significa el republicanismo democrático.

FD

El tribunal que condenó este lunes a los ocho imputados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, definió a los imputados como un “clan criminal” organizado para iniciar un “ataque” a golpes que luego, cuando vieron a la víctima indefensa y tirada en el piso, derivó en un asesinato ejecutado por los cinco sentenciados a prisión perpetua y con la colaboración de los tres partícipes secundarios. Para el tribunal, “la intención de los sujetos activos del delito estuvo dirigida a causar la muerte ” de Báez Sosa. El ataque se inició a las 4.44 del 18 de enero de 2020. “Luego de acabar con la vida de Fernando Báez Sosa, segundos después de las 04:45 horas, los ocho imputados se alejaron del lugar”, dice el fallo.

“Cuando estaba tendido en el piso, sin reacción ni ejercicio de defensa alguna, dirigieron su voluntad a matarlo”, concluyeron.

Así se desprende de la descripción del hecho que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores plasmó en su fallo de 163 páginas, al momento de detallar la secuencia del asesinato del joven estudiante de 18 años.

Los hechos

“El día 18 de enero de 2020, pasadas las 4.30 hs., en la localidad de Villa Gesell, en la vía pública, más precisamente en las inmediaciones de las calle 3 entre Avenida Buenos Aires y Paseo 102, los ocho acusados Máximo Pablo Thomsen, Ciro Pertossi, Ayrton Michael Viollaz, Lucas Fidel Pertossi, Enzo Tomás Comelli, Matías Franco Benicelli, Blas Cinalli y Luciano Pertossi, acordaron atacar a golpes a quien en vida fuera Fernando Báez Sosa”, señaló el texto.

Los jueces explicaron que, con Fernando, parte de los acusados “había mantenido un altercado en el interior del local bailable Le Brique, lo que motivó que personal de seguridad del local expulsara a algunos de ellos y que otros salieran por propia voluntad” y que por el mismo motivo, también fue sacado del boliche la propia víctima.

Los ocho imputados se organizaron para atacar a golpes al nombrado, por sorpresa y desde dos frentes sin que la víctima pudiera advertir lo sorpresivo del ataque

“Así fue que en circunstancias que Fernando Báez Sosa se encontraba junto a su grupo de amigos en la vereda de enfrente a Le Brique conversando, conformando un círculo, todos de pie, los ocho imputados se organizaron para atacar a golpes al nombrado, por sorpresa y desde dos frentes sin que la víctima pudiera advertir lo sorpresivo del ataque”, describieron los jueces.

Luego, indicaron: “De tal modo, a las 4.44 horas, aproximadamente, Enzo Tomás Comelli lo golpeó por la espalda a la vez que Ciro Pertossi -en simultáneo- lo hizo de frente. Como consecuencia de tales golpes, Fernando Báez Sosa, cayó de rodillas al piso”.

En el siguiente párrafo, los jueces identificaron quiénes fueron los cinco coautores del homicidio, los define como un “clan criminal” y describieron el desenlace del ataque.

“Luego, cuando ya se encontraba reducido, en el suelo y sin posibilidad de defensa, parte del clan criminal -Máximo Pablo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Matías Franco Benicelli y Enzo Tomás Comelli, aprovechando el estado de indefensión en el que luego de los dos primeros golpes quedó la víctima, con claras intenciones de acabar con la vida de Fernando Báez Sosa, continuaron agrediéndolo brutalmente, con patadas esencialmente dirigidas a la cabeza y otras al cuerpo, como así también con golpes de puño, causándole lesiones de tal entidad que le provocaron la muerte por paro cardiorrespiratorio por shock neurogénico”, detallaron.

Aprovechando el estado de indefensión en el que luego de los dos primeros golpes quedó la víctima, con claras intenciones de acabar con la vida de Fernando Báez Sosa, continuaron agrediéndolo brutalmente, con patadas esencialmente dirigidas a la cabeza

Sobre los partícipes secundarios, los jueces dijeron: “A su vez, los tres sujetos restantes, Lucas Fidel Pertossi, Ayrton Michael Viollaz y Blas Cinalli, luego de ver en el estado de absoluta indefensión en que quedó la víctima inmediatamente después de recibidos los dos primeros golpes y el accionar de sus consortes, apoyaron a los coautores y, de acuerdo al rol que cada uno asumiría en el ataque focalizado en la víctima fatal, prestaron una colaboración, si bien no imprescindible, lo suficientemente apta para favorecer la consumación del crimen”.

“Lejos estuvo la presencia de los acusados de conformar una mera reunión casual; la pluralidad de intervinientes logró la disminución de actos de defensa en favor de Fernando Báez Sosa, dotando a los agresores de mayor peligrosidad, quienes aprovecharon también la mayor facilidad material que este panorama les brindaba para lograr su designio y esto fue previamente concertado”, agregaron.

Alevosía

En ese sentido, concluyeron que “resulta aplicable la agravante en cuestión, esto es, el homicidio calificado cometido por el concurso premeditado de dos o más personas, habida cuenta que la reconstrucción histórica del hecho, llevada a cabo durante el transcurso de la audiencia de debate, ha permitido acreditar los extremos”.

En cuanto a la alevosía, sostuvieron que la víctima “estaba indefensa y dicha circunstancia fue aprovechada por los sujetos activos para asegurar el resultado sin correr riesgos”.

“Desde que la víctima cayó al piso como consecuencia de los primeros golpes -momento en que gran parte de sus amigos se retiraron o fueron retirados del lugar- hasta que se produzco el óbito, se encontró en absoluto estado de indefensión, ya que producto de aquellos primeros golpes, quedó tendida en el piso en un estado de semi inconsciencia que obturaba cualquier posibilidad de resistencia”, argumentaron.

“Dichas circunstancias, sumadas a que el ataque se produjo durante una escasa porción de tiempo por una pluralidad de agentes, quienes desplegaron su accionar con una violencia inusitada, constituyen un cúmulo de condiciones excluyentes de cualquier forma de defensa”, añadieron.

El comportamiento, dice el fallo, “da cuenta de un plan mancomunado originario (o inicial resolución en común) por parte de los ocho acusados para atacar a golpes a Fernando Báez Sosa, atacándolo mientras estaba distraído, conversando con un grupo de amigos. A tal fin, se organizaron para golpearlo, aunando fuerzas mediante acuerdo de voluntades tendiente a alcanzar el objetivo perseguido en común”, concluyeron.

No fue un homicidio en riña

Los jueces también descartaron de plano los argumentos de la defensa en cuanto a que pudo haber existido en el ataque a Fernando Báez Sosa un homicidio en riña, un preterintensional o bien un homicidio con dolo eventual.

“Se debe descartar de plano que haya existido una riña, pues para que se configure la misma se debe dar un contexto de recíprocos acometimientos de hecho (no basta un simple altercado u ofensivas verbales, sino que se requiere el empleo de medios vulnerantes) entre tres o más personas”, dice el fallo del Tribunal.

“Deben darse acciones de ataque y defensa por parte de los integrantes de cada grupo, esto es, la reciprocidad de las acciones. En esa inteligencia, no se da la riña cuando, como en el presente caso, el acometimiento es de varios contra uno (o contra varios sujetos que se mantienen pasivos), pues no se verifica la reciprocidad de las acciones”, sostiene.

En cuanto al homicidio preterintencional, esto es que la defensa planteó que le fueron a pegar y sin representarse o buscarlo, Fernando murió, el Tribunal dijo “los fundamentos esgrimidos al abordar la cuestión segunda del veredicto, la intención de los sujetos activos del delito estuvo dirigida a causar la muerte de la víctima, luego que los dos primeros golpes la dejaran en estado de semi inconsciencia”.

Respecto a la figura de homicidio con dolo eventual, también lo rechazaron. La defensa había planteado este tercer escenario como posibilidad que los acusados se pudieron representar que podían causarle la muerte a Fernando con los golpes que le dieron e igual siguieron adelante. Tiene una pena de hasta 25 años de prisión.

“En relación al planteo introducido en relación a la ausencia de dolo directo, tal cuestión ha sido exhaustivamente abordada durante el desarrollo del veredicto”, dijeron los jueces al recordar que para ellos los ochos acusados desde el inicio del ataque tuvieron como objetivo común matar a Fernando.

Con información de Télam y NA

Los ocho condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa en enero de 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell se mostraron visiblemente conmocionados por las sentencias que impuso el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores e incluso uno de ellos, Máximo Thomsen, se descompensó en plena sala judicial.

Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron condenados a la pena de prisión perpetua por ser coautores del delito de homicidio doblemente agravado, mientras que Ayrton Violaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron una condena de 15 años de prisión por ser partícipes secundarios.

Luego de que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores, María Claudia Castro, Christian Ariel Rabaia y Emiliano Javier Lázzari, comunicaran el detalle de las condenas, los rostros de los jóvenes quedaron desfigurados.

Incluso, mientras escuchaban de pie que habían sido encontrados culpables del asesinato de Fernando Báez Sosa, Máximo Thomsen comenzó a tambalearse y se sentó abruptamente, mientras lloraba y era sostenido por los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Cuando el secretario del Tribunal, Federico Omar Marasco, terminaba de leer los detalles de la sentencia, la jueza María Claudia Castro advirtió la situación: “Estamos en condiciones de seguir con la lectura. Hay alguna... Por favor, acérquese doctor. Retírenlo para que reciba asistencia”.

En tanto, el resto de los jóvenes oriundos de Zarate tomaron asiento, con sus rostros desencajados.

Lucas Pertossi, visiblemente conmocionado, contenía las lágrimas; Ayrton Viollaz se agarraba la cara; Blas Cinalli miraba al suelo; mientras en primera fila, Matías Benicelli permanecía impávido, como a lo largo de todo el proceso judicial, al igual que Enzo Comelli, ubicado al lado de Thomsen.

Con información de NA