El Gobierno flexibilizó este lunes las condiciones para hacer canjes de deuda soberana, permitiendo que, en caso de llevar adelante una operación de ese tipo, el Tesoro pueda entregar títulos en moneda argentina a cambio de bonos emitidos en moneda extranjera.

El cambio quedó plasmado en un decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Javier Milei, y publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Hasta ahora, en caso de querer hacer un canje de deuda, el Tesoro solo podía entregar a los acreedores títulos nominados en la misma moneda de los bonos a canjear.

“Dispónese que las futuras suscripciones de instrumentos de deuda pública, independientemente de su moneda de pago, se puedan realizar con instrumentos de deuda pública cualquiera sea su moneda de pago. Los precios de los instrumentos serán fijados teniendo en cuenta los valores existentes en los mercados”, indica el decreto.

Este cambio fue leído por algunos analistas de mercado y economistas como una posible intención del Gobierno de llamar a un canje de títulos públicos con vistas a los fuertes vencimientos de bonos en dólares que Argentina debe afrontar en 2025, por unos US$8.000 millones.

“El Gobierno se cansó de decir que tenía los dólares para pagar la deuda, pero al final del día está claro que no puede resolver el frente externo: se queda sin dólares y las condiciones no mejoran para acceder a los mercados. Quiere renegociar sin ningún tipo de exigencia”, señaló este lunes en un informe el Centro de Economía Política Argentina, que además advirtió de que el decreto habilita al Gobierno a hacer un canje sin la necesidad de contar con un aval del Congreso.

Según la Fundación Capital, el proyecto de Presupuesto 2025 recientemente presentado por el Gobierno da “pocas definiciones” sobre la deuda en dólares y sus fuentes de financiación, por lo que, en un contexto de escasas reservas monetarias, “la deuda en moneda extranjera se presenta como el desafío” con vistas al próximo año.

“Con vencimientos de títulos Bonar y Global por unos US$5.800 millones solo de capital (a lo que se adiciona vencimientos de intereses por US$3.000 millones), los compromisos en moneda extranjera se perciben importantes en un marco de escasez de divisas y mercados internacionales virtualmente cerrados”, afirmó este lunes la Fundación Capital en un informe.

Quien también se sumó a la discusión fue la expresidenta Cristina Kirchner, quien cuestionó al ministro Luis Caputo al preguntarle a través de la red social X “cuál es la urgencia del DNU cuando la modificación central en materia de endeudamiento ya está sometida a consideración del Congreso en el proyecto de presupuesto que con tanta pompa y tan poca audiencia presentó Milei”.

Asimismo, la exmandataria se preguntó: “¿Qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda? ¿Volver a incendiar el país en la hoguera de la deuda como hizo con Macri y el FMI? ¿Ni siquiera con un ajuste desalmado e inhumano el ministro Caputo de Milei puede pagar la deuda que el ministro Caputo de Macri generó?”.

Según Fernández de Kirchner, el decreto 846/2024, “a través del cual se eliminan los requisitos que el Poder Ejecutivo y su Ministro de Economía deben cumplir en el caso de que quieran canjear o reestructurar la deuda pública” implica que “para canjear o reestructurar deuda existente deberían mejorar monto, tasa o plazo (de acuerdo a la interpretación de la norma, debe existir mejora en dos de las tres condiciones)”.

El DNU

EFE.

IG

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, brindará este miércoles su primer informe ante el Congreso, donde expondrá sobre la marcha del Gobierno nacional y responderá preguntas de los legisladores acerca de la economía, política exterior y la situación de violencia que atraviesa la ciudad de Rosario, entre otras cuestiones. Juntos por el Cambio adelantó que ese bloque hará hincapié en el alcance de los DNU de pesificación de los activos en dólares del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) que, según dijeron, “descapitalizan los ahorros de los jubilados y trabajadores activos”.

Rossi se presentará en la Cámara baja por primera vez desde que asumió como jefe de Gabinete el 15 de febrero pasado, tras la renuncia de Juan Manzur, quien volvió a Tucumán como gobernador.

La sesión especial en la que expondrá el ministro coordinador fue convocada oficialmente por la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, que formalizó el llamado al plenario para las 10.30.

Como paso previo, la Jefatura de Gabinete entregó este martes a la Cámara de Diputados el documento que contiene respuestas a las 3477 preguntas realizadas por los integrantes de la Cámara baja, que aborda principalmente temas vinculados con las áreas de economía, seguridad y educación.

Según el análisis realizado por la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios, en el informe escrito número 135 de la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía fue el organismo que más preguntas recibió, seguido por las carteras de Seguridad, Educación, Justicia y Derechos Humanos, y Desarrollo Social.

En tanto, este miércoles, tras exponer su informe, Rossi responderá las preguntas que le formulen los diputados y que estarán centradas, principalmente, en la marcha de la economía, la política exterior y la situación que atraviesa Rosario, entre otros temas.

De esta manera, el dirigente volverá a la Cámara de Diputados -donde fue legislador y jefe de la bancada oficialista-, en esta oportunidad como jefe de Gabinete, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución, que establece que el funcionario que ocupe ese cargo debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus cámaras, para informar de la marcha del Gobierno.

Rossi fue jefe del bloque de diputados durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner; también se desempeñó como ministro de Defensa en dos oportunidades (entre mayo de 2013 y diciembre de 2015, y entre diciembre de 2019 y agosto de 2021), en tanto que desde junio del año pasado hasta febrero último estuvo a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Con su exposición ante Diputados, el funcionario cumpliría en término con su obligación constitucional de asistir a informar al Parlamento, a poco más de un mes de haber asumido y dentro del plazo legal, teniendo en cuenta que el período de sesiones ordinarias se inició el 1 de marzo.

Fuentes parlamentarias de la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) adelantaron que ese bloque hará hincapié en el alcance de los DNU de pesificación de los activos en dólares del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) que, según dijeron, “descapitalizan los ahorros de los jubilados y trabajadores activos”, además de la política exterior y los índices de inflación, entre otros puntos.

Este martes, diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron dos proyectos mediante los cuales proponen la derogación de los decretos de necesidad y urgencia que establecieron el canje de deuda en organismos públicos.

Las fuentes adelantaron que entre las 3.500 preguntas que fueron enviadas a la Jefatura de Gabinete, la mayoría apunta a la crisis que atraviesa la ciudad santafesina de Rosario por la violencia narco.

Desde el Interbloque Federal, que preside Alejandro “Topo” Rodríguez, pusieron foco en preguntas relacionadas con la “producción agroindustrial, la situación de la inseguridad y la alta criminalidad en la provincia de Santa Fe, el costo del transporte público en las provincias argentinas y la cuestión ambiental”.

El último jefe de Gabinete en asistir al Parlamento fue Manzur, quien se presentó en el Congreso dos veces durante su gestión: el 2 de junio de 2022 ante el Senado y el 14 de septiembre ante Diputados, además de realizar algunas exposiciones por escrito en otras fechas.

El secretario de Finanzas, Eduardo Setti, tenía claro desde fines del año pasado que en marzo había que negociar con los bancos, aseguradoras y fondos comunes de inversión, donde invierten empresas e individuos, los vencimientos de letras que se acumulaban antes de las primarias de agosto. Se juntaban fechas de pago porque nadie quería aceptar bonos que vencieran más allá de esas elecciones, sobre todo después de que desde junio de 2022 circularan versiones de que los economistas del PRO Hernán Lacunza y Luis Caputo hablaban en privado con inversores sobre la necesidad de reestructurar esta deuda doméstica en pesos de corto plazo, como en 2019. Pero los planes de Setti se aceleraron cuando a fines de enero y principios de febrero Juntos por el Cambio emitió comunicados en los que alertaba sobre la “bomba” que suponía ese pasivo.

Ante el temor a una corrida de pesos al dólar paralelo tras las declaraciones de JxC, Sergio Massa apeló a sus contactos en los bancos para pedirles que propusieran las condiciones de un canje de deuda. El ministro de Economía mantiene un aceitado roce con el vicepresidente del Macro, Jorge Brito, y el jefe de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba, los de capital privado local), Javier Bolzico, que junto con su par de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA, que representa a los extranjeros), Claudio Cesario, llevaron y trajeron de aquí para allá los borradores del trueque. Las entidades le pidieron a Massa el mismo instrumento que había usado Setti para renovar vencimientos en julio de 2022 cuando Silvina Batakis dio un paso al frente para hacerse cargo del Ministerio de Economía pero no pudo domar el tembladeral financiero que provocó la renuncia de su antecesor, Martín Guzmán. Se trata del put, nombre que viene del inglés puttable bond (bono ponible) y que consiste en que los tenedores de estos papeles puedan venderlos antes de su vencimiento a precio de mercado al Banco Central. ¿Por qué querrían sacárselos de encima? En caso de que sospecharan que sobrevendría una reestructuración. Sin put, deberían liquidarlos en un mercado bajista por el temor a esa quita. Con el put, tienen asegurado un comprador. Así como la Unión Industrial Argentina (UIA) hizo lobby a fines de 2022 para imponer el dólar Qatar y que así se derivaran divisas del turismo al exterior hacia las importaciones de insumos, ahora los bancos hicieron lo propio para establecer las condiciones del canje que los favoreciera.

Pero así como fue fácil pactar con los banqueros, no lo está siendo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En las filas del ministro de Economía habían prometido que el 28 de febrero se llegaría al acuerdo para cambiar las metas de acumulación de reservas, dada los impactos de la guerra de Ucrania y la sequía en el comercio exterior. Ese mismo día, el Frente de Todos sorprendió logrando el quórum en la Cámara de Diputados para sancionar la moratoria jubilatoria y los técnicos del FMI quedaron desconcertados, dado su impacto en otra de las metas, la de ajuste fiscal. Si se incumplen estos objetivos, no hay desembolsos para pagar el préstamo récord que tomó Mauricio Macri en 2018. Pero tras la votación del Congreso en el Palacio de Hacienda emularon al personaje de la TV ochentosa Alf: “No hay problema”. Y prometieron un pacto para este lunes 6 de marzo. Tampoco se selló. Ese mismo día aventuraron que se lograría esta semana. Estamos a viernes 10.

El Fondo y el problema de la moratoria previsional

Fuentes allegadas al Fondo comentan que estaban cerca de lograr un acuerdo por las reservas cuando se “descuajeringó” la meta fiscal con la moratoria. En la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que dirige Fernanda Raverta, sostienen que el plan de cuotas para futuros jubilados ya estaba previsto en el presupuesto 2023 y que implica un costo fiscal de 0,19% del PBI en 2023. En la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) consideran que esa cifra puede ser “razonable”, dependerá de cuánto crezca el PBI este año y “del ritmo en que efectivamente se otorguen dichos beneficios, aunque aclaran que ”estaría más cerca de 0,3%“. Su vicepresidente, Guido Rangugni, advierte que la moratoria de 700.000 personas, como anunció Raverta, no figura explícitamente en el presupuesto, ”pero podría pasar que haya una reserva en la Anses o en las obligaciones a cargo del Tesoro“. En el FMI coinciden en que el programa para nuevos jubilados no figuraba en la ley de gastos. Sus técnicos llegaron a preguntar si era posible que Massa lo vetara o que redujera sus costos -de hecho, sólo podrán acogerse aquellos que no superen ciertos ingresos anuales o niveles patrimoniales- o que ajustara en otras áreas para compensar, todas cuestiones que parecen de cumplimiento políticamente imposible para el ministro.

Las fuentes allegadas al FMI prevén que se terminen modificando no sólo la meta de reservas sino también la fiscal. Por una razón: la sequía. Se prevé una muy mala cosecha gruesa, la de maíz y soja, que arranca a fin de marzo. Y eso reducirá exportaciones y, por tanto, los activos del Central y la recaudación tributaria por retenciones. Esta semana, en Expoagro se habló de pérdidas por hasta US$ 20.000 millones, el 3% del PBI. El año pasado, la Argentina exportó por 88.000 millones, una cifra récord que podría haber sido mayor si no fuera por la caída del 40% en la cosecha de trigo, en diciembre.

Pero el Fondo, donde pesan sobre todo los Estados Unidos de Joe Biden, quiere acordar de cualquier forma. No tiene que ver con su nuevo director del Hemisferio Occidental, el chileno Rodrigo Valdés, el ex ministro de Economía de la socialista Michelle Bachelet que vino a reemplazar al ortodoxo brasileñoisraelí Ilan Goldfajn, nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Valdés seguirá la línea de Goldfajn, que a su vez es la de la directora gerenta del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva, a quien la ortodoxia tacha de “populista”. En el organismo recuerdan que cuando le soltaron la mano a la Argentina en 2001 la crisis se agravó. No quiere convertirse en el detonante de otra catástrofe. Y después de haberle concedido un préstamo récord al gobierno de Macri con el fin de apuntalarlo hacia la reelección, según reconocieron hombres de Donald Trump, y después de haber modificado el programa de 2018 ese mismo año y en 2019, ahora tampoco pueden mostrarse inflexibles con la gestión de Alberto Fernández.

El organismo con sede en Washington no objeta el canje de deuda en sí, ha elogiado en el pasado reciente la baja exposición de los bancos a los títulos del Tesoro y siempre se preocupó por que la Argentina recreara un mercado de capitales doméstico. Pero cuestiona el put porque teme por el balance del Banco Central cada vez que compra bonos públicos. Ya en 2022 criticó las compras de estos papeles por el equivalente al 2% del PBI que hizo la autoridad monetaria para bajar los dólares financieros. Está a favor de alargar los plazos de la deuda, pero teme que el canje no lo logre efectivamente porque con el put los nuevos bonos son exigibles -es decir, cobrables- de inmediato.

Massa buscó con el trueque de letras, que logró una adhesión del 64%, la descompresión de vencimientos de marzo a junio porque en los últimos meses los pagos se venían complicando por los rumores de reestructuración en caso de ganar JxC y por la incertidumbre electoral en sí. El canje no resuelve el riesgo inflacionario ni el problema de flujo, por un déficit fiscal agravado por la seca, pero sí aligera los stocks adeudados, que no eran altos pero sí concentrados en el corto plazo. Se reduce el riesgo financiero de que si no se renovaban los vencimientos, los pesos cobrados de los abultados intereses fueran a parar en parte al dólar paralelo. Se dice en parte porque los bancos no pueden operar ni en el MEP ni el CCL, pero sí las empresas y los individuos. Las letras estaban mitad en manos de organismos y bancos estatales y mitad en poder del sector privado, que a su vez se dividía en dos, entre la banca y un conjunto de aseguradoras y fondos comunes de inversión.

Los temores del sector privado a una reestructuración futura venían haciendo caer el apetito inversor por títulos en pesos. Y para evitar una mayor baja, intervenía la autoridad monetaria comprando bonos. Para adquirirlos, emitía pesos, con el consiguiente efecto en la inflación. A su vez, como en los meses anteriores se temía que no se renovaran todos los vencimientos, los organismos públicos vendían también sus letras al Central para hacerse de liquidez y suscribir los nuevos bonos que ofreciera el Tesoro, en una especie de rueda sin fin. Al evitarse vencimientos de corto plazo con el canje, se reduce la presión de la autoridad que preside Miguel Pesce para seguir haciéndose de letras con emisión monetaria, lo que puede contribuir en la por ahora infructuosa lucha antiinflacionaria. Este martes se anunciará un elevado índice de precios al consumidor (IPC) de febrero.

Mientras, los abogados de JxC evalúan judicializar el canje porque opinan que viola la Carta Orgánica del Central y la ley de administración financiera, como sostuvieron por Twitter Lacunza y Luciano Laspina, principales consejeros económicos de los presidenciables del PRO, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, respectivamente. Pero Carlos Melconian, economista de la Fundación Mediterránea y eventual jefe del Palacio de Hacienda con Bullrich, se diferenció al calificar el trueque como “instrumento genuino”. En los bancos recuerdan que también hubo denuncias contra el megacanje de deuda de Domingo Cavallo en 2001 o contra las operaciones de dólar futuro de Cristina Fernández de Kirchner en 2015, pero en ninguna de esas maniobras se dio marcha atrás por decisiones tribunalicias. Así que se despreocupan.

A los bancos también les interesaba el acuerdo porque no les convenía un escenario de mayor incertidumbre macroeconómica de corto plazo. Reconocían que el Estado no les podía pagar ahora lo adeudado y eso les implicaba un riesgo a sus balances. Además las entidades se saben tapadas de Letras de Liquidez (Leliq) del Central, pero tienen margen para tomar deuda del Tesoro, que además las retribuye mejor que la autoridad monetaria. Admiten también que no tienen qué hacer con los pesos, poco demandados en un contexto de 100% de inflación. Con altas tasas, nadie quiere ni puede tomar créditos bancarios. Presionaron con sus condiciones a Massa sabiendo que si no las aceptaba, le sobrevendrían tempestades financieras preelectorales.

Entre las entidades destacan que ahora el riesgo de la deuda en pesos se diluye a lo largo de dos años. Descreen que se trate de una bomba para el próximo gobierno, por más que los bonos actualicen por IPC o dólar oficial y que haya amenaza de devaluación en una nueva administración. Consideran que si el sucesor de Fernández aplica un ajuste fiscal fuerte que genere confianza en los inversores y elimine la necesidad de financiar déficits con deuda doméstica, se desinflaría el “globo” del que habla Lacunza - se diferencia de la “bomba” que agita Laspina-. Pero en los bancos reconocen que el patear vencimientos de deuda en pesos a 2024 y 2025 acota la posibilidad de que el próximo presidente pueda liberar el cepo cambiario de arranque, como hizo Macri en 2015. Primero deberá mostrar los recortes del gasto y después liberar los controles de cambio, según coinciden en eso bancos y Lacunza. En las entidades financieras atribuyen las amenazas de explosivos a una intencionalidad política en año electoral y a una manera de abrir el paraguas para justificar ante sus votantes que no podrán derribar el cepo al inicio.

AR

El canje voluntario de deuda en pesos registró un nivel de adhesión del 64% de los títulos elegibles, lo que permitió despejar vencimientos por más de $ 4,34 billones, extendiendo el plazo de los compromisos a los años 2024 y 2025, informaron esta tarde fuentes del Palacio de Hacienda.

Entre los bancos, los participantes más relevantes fueron el Nación, el Banco Provincia, el Galicia, Santander, Credicoop, Banco Ciudad y el ICBC.

Para los vencimientos de abril, mayo y junio el nivel de aceptación alcanzó el 61,5%, mientras que para los vencimientos de marzo (incluyendo la operación realizada en enero) la participación superó el 72%. En suma, el porcentaje de adhesión alcanzó el 64% de los títulos elegibles.

El perfil de tenedores concentraba una significativa participación de fondos comunes de inversión y tesorerías corporativas, que por sus flujos de negocios mantienen un horizonte de inversión de corto plazo.

En el marco del canje de deuda y la adecuación normativa que realizó el Banco Central para atraer a los bancos para que participen de ese proceso, dispuso que, desde este 9 de marzo, las entidades financieras podrán integrar los bonos del canje como parte de los encajes.

La Comunicación “A” 7717 del Central resolvió que la exigencia de efectivo mínimo en pesos -del período y diaria- puede ser realizada con títulos públicos nacionales en pesos adquiridos tanto por suscripción primaria como en el mercado secundario, incluidos los ajustables por el CER y con rendimiento en moneda dual (BONO DUAL).

En tanto, quedan fuera de esta posibilidad aquellos vinculados a la evolución del dólar estadounidense (dollar linked). 

Asimismo, la norma establece que se pueden destinar a ese fin los instrumentos de plazo residual superior a 300 días e inferior a 730 días corridos al momento de la suscripción.

DA

El ministro de Economía Sergio Massa se reunió este mediodía en el Palacio de Hacienda, con una docena de representantes de bancos nacionales y de capitales internacionales ante quienes expuso su propuesta de “reordenamiento de la deuda pública”, que prevé la implementación de nuevo canje para los vencimientos de bonos en pesos con vencimiento previstos para los próximos tres o cuatro meses.

Economía lo llamó “Despeje de la deuda en pesos”. Y fue anunciado por el ministro en una breve exposición difundida por Youtube.

La licitación se realizará el lunes próximo. Los vencimientos de deuda en pesos para los próximos cuatro meses ascienden a 12,3 billones de pesos.

“El dato más relevante de este denominado canje voluntario, es que rompe esa idea de que Argentina tiene todas las semanas a la puerta un reperfilamiento de deuda. Ya tuvimos algún momento un reperfilamiento de la deuda en pesos, vimos la frustración, el dolor y el fracaso que significó para la Argentina y entendemos que tener un perfil de deuda ordenada, previsible, es para el sistema financiero fundamental para el Estados fundamental y para el ahorrista y el ciudadano una tranquilidad enorme”, dijo el ministro.

El ministro, planteó la necesidad de “tener un programa de deuda que desactiva esa idea de la bomba, de que cada dos o tres meses está algo por explotar y que le da una curva de vencimiento 2024, 2025, mucho más ordenada, asociada además al programa de orden fiscal”. Massa aseguró que su intención es “poner a la economía en la idea de que el orden fiscal es el ancla más importante que tenemos a la hora de administrar el sector público nacional”. “Es una tarea que tenemos que recorrer en conjunto”, aseguró.

Pareció una alusión a las críticas surgidas desde los equipos técnicos de Junto por el Cambio, que advirtieron el domingo sobre los “graves riesgos que implica el canje de deuda” que prepara Economia y que, dijeron, “podría desembocar en un salto inflacionario aún mayor al ya producido por este Gobierno”.

“Argentina recorrió 2020, 2021 y parte de 2022 sin crédito externo y con un gran volumen de emisión para financiar el sector público, señaló Massa.

Dijo que “a la inflación se la combate con orden fiscal, acumulación de reservas y con control del dinero circulante”. “Es un trabajo que vamos a encarar para que el desafío de bajar la inflación sea un logro del equipo económico”, prometió.

Massa destacó que “el beneficiario final es el ahorrista y el depositante, sin un sistema financiero estabilizado y con capacidad de dar crédito la economía no funciona”. “Tener un sistema financiero fuerte y que tenga en el Estado un aliado y mejorar el ahorro, es fundamental”, señaló.

Massa reunió a representantes de bancos, aseguradoras y fondos comunes de inversión en el Salón Belgrano del Ministerio de Economía. Estuvo acompañado por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein; el jefe de asesores del Ministerio, Leonardo Madcur; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

También participaron el secretario de Finanzas, Eduaro Setti; el vicepresidente segundo del Banco central, Lisandro Cleri; y el subsecretario de Financiamiento, Leandro Toriano.

Durante la reunión, en la que el único expositor fue Massa, el titular del Palacio de Hacienda explicó los lineamientos del nuevo canje y remarcó que el mismo era para “despejar incertidumbre” acerca de los vencimientos de 2023, precisaron fuentes el sector bancario.

Según trascendió, el Gobierno ofrecería refinanciar entre 70% y 80% de los vencimientos, con bonos CER (atados a la evolución de la inflación), y el 20-30% restante se canjearía pro un bono dual, con cobertura de inflación o valor dólar, todo para 2024 o 2025, según consignó la agencia oficial Télam.

Por el lado de bancos, participaron el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario; el titular de la Asociación de Bancos de capitales argentinos (Adeba), Javier Bolzico; el gerente general de Banco Macro, Gustavo Manriquez; el CEO del Banco Santander, Alejandro Butti; el gerente general de ICBC, Alejandro Ledesma; el titular del Credicoop, Carlos Heller; el tesorero del HSBC, Federico Alcande Bessia; el gerente general del Banco Galicia, Fabian Kon; el presidente de Banco Patagonia, Oswaldo Perré dos Santos; el presidente de BBVA, Martín Zarich; la gerenta de Finanzas del Banco de Santa Fe, Lenticia Canclini; y el director del Banco San Juan, Claudio Canepa.

Con información de Télam y NA