La oposición se pelea por la “bomba” de la deuda en pesos y el Gobierno prepara una ofensiva contra la evasión

La Escondida de Palermo es un salón muy usado para las reuniones a puertas cerradas del PRO desde su primer gobierno en la ciudad (2007-2011).Allí se juntaron este lunes 6 de los más encumbrados líderes políticos de Juntos por el Cambio, sin Mauricio Macri, y escucharon por Zoom a los economistas de la alianza: los del PRO, Hernán Lacunza y Milagros Gismondi, asesores del precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, y Luciano Laspina, referente de la aspirante Patricia Bullrich; los radicales Eduardo Levy Yeyati y Martín Lousteau, que amenaza con sumarse a la competición por la Casa Rosada si el Jefe Gobierno porteño no le allana el camino a sucederlo; Martín Sturt, de la Coalición Cívica, que ahora postula a Elisa Carrió; y Juan Carlos Sánchez Arnaud, del Encuentro Federal Republicano (ERF), que lidera Miguel Ángel Pichetto.

Tras escucharlos, los dirigentes políticos del PRO -estaban Larreta y Bullrich-, la UCR -se encontraba el presidenciable Gerardo Morales, pero no Facundo Manes-, la CC -sin la presencia de Carrió-, ERF -con Pichetto en primera fila de la foto- y Republicanos Unidos -el partido de Ricardo López Murphy, otro asistente a la reunión- redactaron un comunicado que recalentó la interna entre ellos y la mayoría de sus economistas al alertar sobre la creciente deuda en pesos: “Nos están dejando una situación peor que la del 2015 y una bomba armada para el pueblo argentino”. La palabra “bomba” cayó mal, salvo en Laspina, que la suele pronunciar en público para recordar que con la deuda en pesos comenzó la hiperinflación de 1989. En posteriores declaraciones radiales, Lacunza rechazó el lenguaje bélico y Yeyati consideró “desafortunada” la expresión, aunque ambos también disienten entre sí. El ex ministro de Hacienda de Macri nunca afirma ni niega que vaya a volver a “reperfilar” (léase, reestructurar, con quita real) los bonos en pesos, como en su gestión en 2019, mientras que Yeyati y Lousteau comparten en privado lo que el ex precandidato a vicepresidente por la UCR en 2015, Lucas Llach, tuiteó: “La deuda en pesos no sólo es pagable sino que hay que pagarla. Bah, renovarla”. Y eso que los radicales ubican ahora a Llach más cerca del PRO, después de su paso por los directorios de los bancos Central y Nación en la era Macri.

El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, fue encargado por su jefe, Sergio Massa, para responderles por Twitter. Primero diferenció la deuda en pesos, que creció con este gobierno, respecto del pasivo en dólares, moneda que la Argentina no emite y en la que se comprometió en la administración Macri. En la oposición le recordaron a Rubinstein sus tuits de 2021 en los que también criticaba el endeudamiento en pesos de la gestión de Alberto Fernández. Después, el viceministro arrobó a Lacunza, Laspina, López Murphy y Yeyati para preguntarles “cómo una deuda” de corto plazo en peso s“del 8% del PIB, que requiere sólo de 0,2% del PIB de esfuerzo fiscal para no crecer, es catalogada de insustentable”. “Si el problema son los vencimientos 2023, ¿por qué no cambian discurso? ¿Qué tal si dicen que de ninguna manera piensan reperfilar?”, propuso Rubinstein, pero ninguno de los cuatro le respondió en público.

“¿Y si para que la deuda no crezca más, buscamos todos, como política de Estado, aprobar un presupuesto sin déficit fiscal primario?”, les insistió Rubinstein, que cuando presentó el presupuesto 2023 con un déficit primario (antes del pago de deuda) del 1,9% del PBI incluyó una separata con eliminación de exenciones tributarias con la que se alcanzaría el equilibrio de las cuentas públicas. Ninguno de los cuatro economistas interpelados por el viceministro le contestó tampoco, pero Lacunza retuiteó a su colega radical Nicolás Gadano: “'¿Y por qué no empiezan por el 2023 con el equilibrio primario? El presupuesto es una autorización máxima a gastar, no te obliga a ejecutarlo completo. Bajen el gasto, eliminen el déficit, dejen de aumentar la deuda. Están en el Gobierno, arranquen ustedes con la política de Estado”.

Pero no todos en la UCR están de acuerdo ni con Gadano ni con Rubinstein: en las filas de Lousteau consideran que bajar el rojo de casi 2 puntos del PBI es necesario, pero insuficiente para solucionar una deuda del 8% y que para ello el camino es que se sienten el Gobierno y la oposición a sembrar confianza de bancos y fondos comunes de inversión en que la deuda no se reperfilará otra vez. “En el mercado le tienen más miedo a Hernán (Lacunza), que ya reperfiló, que a Massa. Preferirían a Massa presidente antes que a Juntos por el Cambio si no fuera por su alianza con Cristina”, se refieren en el radicalismo a la vicepresidenta Fernández de Kirchner. Por más que desde hace medio año que en las huestes del secretario de Finanzas, Eduardo Setti, se asegura que mantiene contactos con economistas opositores para negociar alguna señal de tranquilidad sobre el futuro pago de los bonos, entre las espadas económicas de la oposición juran que nunca los llamó.

El Ejecutivo perdió la oportunidad de incluir la eliminación de beneficios impositivos en el presupuesto 2023, pero apunta a luchar contra la evasión para reducir más el déficit. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) está preparando una resolución para reforzar el pago de IVA. Su jefe, Carlos Castagneto, está preocupado porque observa que ante una inflación que roza el 100% contribuyentes buscan evitar saltos tan grandes de precios recurriendo a la evasión del 21%: desde grandes grupos que se compensan IVA entre sus filiales mediante gastos apócrifos hasta comercios que ofrecen a sus clientes pagar sin el 21% y hoteles que emiten tickets a sus huéspedes extranjeros en los que se discrimina el impuesto pero al final consta la leyenda “documento no válido como factura”. En 2022, la recaudación de impuestos subió 83,7%, pero la de IVA, 79,2%. La brecha no es grande, pero inquieta la creciente evasión.

Castagneto también apunta a otras herramientas para recaudar más. Por un lado, más fiscalizaciones a la exportación de litio, a las que se le quitó el reintegro. Curioso que Morales coincidiera esta semana con la secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont, y sus colegas de Salta, Gustavo Sáenz, cercano a Massa, y de Catamarca, el peronista Raúl Jalil, en la necesidad de que el Estado se quede con una mayor renta del mineral clave para la transición energética, necesaria ante la crisis climática. Por otra parte, el jefe de AFIP está enviando inspecciones integrales de las direcciones general Impositiva y de la Seguridad Social a las empresas acusadas por la Aduana de subfacturar exportaciones o sobrefacturar importaciones y ha intimado a ciudadanos argentinos con cuentas no declaradas en Europa, a propietarios de construcciones no registradas en barrios cerrados pero detectadas con imágenes satelitales (después irá por los campos) y a 3,7 millones de contribuyentes que no cumplieron con la declaración informativa del impuesto de bienes personales.

La receta para bajar el rojo fiscal de JxC pasa por hachar el gasto y llegar rápido al déficit cero. Por eso en el PRO rechazan la nueva moratoria previsional, atacan a Aerolíneas Argentinas o consideran que la suba de tarifas es demasiado moderada.

La receta para bajar el rojo fiscal de Juntos por el Cambio pasa, en cambio, por hachar el gasto y llegar rápido al déficit cero. “No hay otra, no hay con qué financiarlo”, señalan los problemas de fondearlo con más deuda en pesos o con emisión monetaria. Y en ese sentido sí hay consenso en la alianza opositora. Por eso en el PRO rechazan la nueva moratoria previsional que impulsa el Frente de Todos en el Congreso, por eso atacan a Aerolíneas Argentinas o por eso consideran que la suba actual de tarifas es demasiado moderada y demasiado gradual.

Sí se diferencian de la UCR en que los del partido de Macri, Larreta y Bullrich quieren repetir la salida abrupta del cepo cambiario apenas empiecen un hipotético gobierno, como hicieron en 2015. Y eso que una de las pocas autocríticas del ex presidente en su libro “Primer tiempo” se refirió a esa decisión. Los radicales consideran que primero deben adoptarse ajustes y fijar un plazo para liberar los controles al dólar y sólo después de dos o tres meses liberarlo porque si no, se corre el riesgo de una corrida del peso a la divisa. Por eso desde ya advierten de que alertar sobre una “bomba” de deuda en moneda nacional es una manera de comenzar a alentar esa disparada. También hay divergencias hacia dentro del PRO: si bien ninguno aboga por la dolarización de su rival libertario Javier Milei, Laspina habla de bimonetarismo y, en cambio, Lacunza pregona un plan de estabilización macroeconómica más convencional, menos disruptivo, en coincidencia con sus colegas del radicalismo.

Yeyati impulsa una política fiscal contracíclica que se acerque al equilibrio, un programa monetario que prometa a la sociedad cuánto será la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio y la deuda del Banco Central, un acuerdo de precios y salarios y una recuperación del financiamiento. Para esto último se considera clave una gestión de pasivos, es decir, canjes voluntarios, lo que significa no romper el mercado de deuda en pesos con alertas de bombas ni de reperfilamientos. Tampoco le gusta que el Gobierno actual contraiga deuda de corto plazo atada al dólar, como los bonos duales, o en esa moneda extranjera, como el crédito llamado Repo que negocia con bancos o eventuales préstamos de Brasil y China. Teme que todo eso venza en 2024, para cuando se planea una devaluación del peso. Si el equipo de Massa dolariza la deuda en pesos o la triplica antes de las primarias presidenciales de agosto, entonces sí sería una bomba, pero no por ahora, según el economista radical. Si por las advertencias de Juntos por el Cambio contra la deuda en pesos, el explosivo detona ahora en manos del Frente de Todos, puede que asegure el triunfo electoral opositor, pero obligaría a reperfilar este año y también el próximo y demoraría la recuperación de la confianza del mercado en la deuda argentina en un futuro gobierno.

El plan oficial contra la evasión del IVA

El pacto de precios y sueldos consistiría en coordinar con empresarios y sindicalistas para que los de valores atrasados se adelanten y los adelantados se atrasen. Entre estos últimos hay productos caros por la protección comercial y por distorsiones de la brecha cambiaria, según la oposición. Sólo después de generar expectativas de estabilidad cambiaria, la UCR abriría el cepo. La idea es hacerlo con una brecha del 5% entre el dólar oficial y el paralelo, no con una del 90%, como hasta ahora. En 2024 debería negociarse un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en 2025, si baja el riesgo país de los 1.900 puntos básicos actuales a menos de 1.000, la ilusión de Juntos por el Cambio es volver a los mercados internacionales de deuda, una vez que se recupere la confianza destruida por ellos mismos en 2018. A partir de esa hipotética estabilización macroeconómica, hay consenso en la alianza para emprender reformas tributaria, laboral, de la burocracia estatal y del sistema jubilatorio.

Algunos dirigentes del PRO como Bullrich y Laspina pero también de Larreta opinan en privado que cuanto peor le vaya al Gobierno, mejor para ellos porque no sólo les aseguraría la victoria sino porque llevaría a que el mercado imponga un ajuste ahora.

Lousteau también considera que la deuda en pesos es manejable, aunque también admite que si los bonos duales crecen, complicaría la salida del cepo. Rechaza la postura de algunos dirigentes del PRO como Bullrich y Laspina pero también de Larreta que opinan en privado que cuanto peor le vaya al gobierno actual, mejor para ellos porque no sólo les aseguraría la victoria en las urnas sino porque llevaría a que el mercado imponga un ajuste ahora y descomprima la necesidad de recortes en la administración posterior.

El senador radical teme que una crisis precipitada por alertas opositoras sea achacada a su propia coalición y sume al descontento con la clase política. Es decir, agua para el molino de Milei. Lousteau aboga por recrear confianza entre Gobierno y oposición sobre la deuda en pesos, por más que critique una inflación que se mantendría entre 90 y 110% este año y alerte que la sequía disminuiría el ingreso de dólares en US$ 10.000 millones y eso se traduciría en más restricciones a las importaciones o al pago de deuda de empresas con el extranjero. Eso sí, tampoco se muestra tan cercano a Massa como lo hace Morales.

En el Frente de Todos hay quienes fogonean al ministro de Economía como candidato presidencial por más que le cueste domar la inflación. Aseguran que tiene el respaldo de Estados Unidos, Israel y parte del establishment porque les garantiza acceso a ellos y también a los europeos a recursos estratégicos como el gas y el litio y a la vez la paz social, pero además porque puede llegar a constituir alianzas poselectorales con radicales como el gobernador jujeño. Pero Massa también deberá convencer a los cristinistas, que insisten en rogarle a su líder para que vuelva a presentarse para la presidencia, con el argumento de que nadie como ella en el oficialismo puede conseguir los votos necesarios para ganar en la primera vuelta con la promesa de volver a la economía de 2015.

AR/MG