“A mí que puse la cara como nadie por la Policía y por el Servicio Penitenciario, a mí que discutí con todos los garantistas que no querían meter presos a los chorros, ¿a mí me van a decir asesino de policías?”, se indignó Maximiliano Pullaro en la conferencia de prensa en la que presentó la nueva escala de salarios para la policía de Santa Fe. El gobernador expuso así su principal preocupación ante el conflicto que tuvo en vilo a la provincia durante una semana: la ruptura del vínculo con la fuerza policial a la que atribuye el máximo logro de su gestión, el descenso de los indicadores de violencia en la ciudad de Rosario.

El gobierno provincial consideró que los reclamos de los policías eran “justos y legítimos”. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, definió a la gestión como “pro Policía y pro fuerzas de seguridad”, una aclaración innecesaria. Pullaro recordó una acción elocuente al respecto: la reivindicación del oficial Luciano Nocelli, condenado en dos instancias judiciales por doble homicidio, liberado por la Corte Suprema de la Justicia de la provincia, absuelto en un juicio exprés que el mismo gobernador impulsó e incorporado a la planta de empleados de la provincia.

Pero los policías autoconvocados con un sorprendente grado de organización y con acciones coordinadas en distintas ciudades de Santa Fe no pusieron en duda el perfil punitivista de Pullaro. Los bajos salarios, las penurias materiales y afectivas del personal forzado a trasladarse desde el norte de la provincia a Rosario, la invisibilización de los problemas de salud mental y las coerciones disciplinarias fueron los motivos puntualizados en el petitorio que presentaron los policías.

“La policía de Santa Fe está muy fragmentada y contiene grupos con intereses diversos. Con el conflicto quedaron expuestas cosas inocultables a pesar del paraguas mediático que tiene el gobierno en la provincia: en primer lugar, el discurso propolicial es una impostura, porque no hicieron nada en términos de profesionalización, condiciones de trabajo y salud mental”, analiza el criminólogo Enrique Font, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.

Problemas de salud mental y apremios económicos

El desfasaje entre la retórica del gobierno “contra las organizaciones criminales” y la situación de estratos medios e inferiores se hizo patente la semana pasada y detonó el conflicto. El martes 3 de febrero Pullaro celebró la continuidad del Plan Bandera en Rosario junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y destacó el desempeño de las fuerzas de seguridad. Por esas horas el suboficial Oscar Valdez, de 32 años, agonizaba después de dispararse un tiro en la cabeza dentro de la Jefatura de Policía de Rosario, cuando se presentó para tomar servicio después de una licencia por enfermedad y supo que no podría hacerlo hasta que se reuniera una junta médica.

No hay información oficial sobre los policías que se quitaron la vida en Santa Fe durante la implementación del Plan Bandera. El caso de Valdez fue el tercero registrado en la policía de Rosario entre diciembre de 2025 y este mes. El ministro Cococcioni informó que 560 empleados policiales están bajo tratamiento psicológico en la provincia y otros 460 abandonaron de manera voluntaria la terapia para reincorporarse al servicio, otro indicador de los apremios económicos solapados.

La protesta tuvo su epicentro en las puertas de la Jefatura de Policía de Rosario, se desplegó ante la Casa de Gobierno y la Jefatura de la Policía de la Provincia en la ciudad de Santa Fe y alcanzó a varias ciudades del centro y norte de la provincia. Los policías cortaron calles, quemaron neumáticos, eligieron delegados en asamblea y redactaron un petitorio: un conjunto de prácticas características de acciones sindicales que la misma fuerza reprimió, como la movilización de docentes y estatales en octubre de 2024 ante la Legislatura provincial o la de trabajadores de la empresa Sancor de Sunchales que reclamaban por sus salarios en febrero de 2024.

“Cuando las bases se acuartelan no solo desafían a la autoridad política sino a sus mandos superiores. En su mayoría, los conflictos policiales evidencian una fractura profunda en la pirámide”, afirma Gustavo Javier González, profesor de la Universidad Nacional del Litoral. En 2020, el Censo Policial coordinado por González y otros investigadores del Programa Delito y Sociedad de la UNL ya había detectado problemas que estallaron ahora: un 34 % de las licencias prolongadas en el personal policial correspondían a patologías de salud mental.

Policías y familiares se presentaron como autoconvocados y designaron como “único vocero” a Gabriel Sarla, un abogado y ex policía con experiencia en acuartelamientos y a su retiro dedicado a la defensa penal de policías. El malestar se profundizó el martes a la tarde, después de que Sarla informó que había sido recibido por una secretaria porque el ministro no lo podía atender. Según funcionarios del gobierno provincial hubo un teléfono descompuesto entre lo que decía el propio gobierno y lo que se comunicaba a los policías.

El punto máximo de la tensión se produjo cuando los manifestantes insultaron al jefe de policía de la provincia, Luis Maldonado, y bloquearon las salidas de la Jefatura de Policía de Rosario. El patrullaje en la calle –símbolo del orden que exalta Pullaro- quedó resentido por el bloqueo y porque los agentes tomaban el servicio y sumaban los patrulleros a la concentración. La situación pareció normal en Rosario, aunque los fantasmas de la inseguridad estuvieron presentes.

“El conflicto se destrabó cuando el ministro Cococcioni habló personalmente con los mandos medios de la policía que estaban reunidos frente a la Jefatura”, según comenta una fuente del gobierno provincial. Ese acuerdo informal quedó plasmado con el decreto que firmó Pullaro, por el cual el gobierno provincial garantiza a los empleados de la Policía y el Servicio Penitenciario un ingreso mínimo equivalente al valor de la canasta básica para un hogar de cuatro integrantes, de acuerdo al valor publicado por el Indec el 1° de febrero. La primera oferta –presentada pomposamente como “Plan de acción para el bienestar de las fuerzas de seguridad de Santa Fe”– había sido rechazada por los uniformados porque mejoraba los salarios de una parte de la fuerza y fue percibida como discriminatoria de las bases.

Como coletazo de la crisis, el gobierno desplazó al jefe de policía de Rosario, Guillermo Solari. Su reemplazante, Danilo Villán, pertenece al núcleo duro de comisarios que Pullaro reincorporó a la fuerza apenas comenzó su gobierno. Pero la sombra del conflicto se extiende ahora sobre los salarios de las fuerzas federales, la negociación de paritarias del gobierno provincial con otros trabajadores estatales y docentes y las dudas sobre la recomposición de la cadena de mandos en la policía provincial. El principal capital político del gobernador quedó averiado, aunque todavía parece prematuro evaluar el daño.

La sombra de la sospecha

El decreto firmado por Pullaro invoca “la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales”, “el contexto delictivo vigente” y “la restauración del control de las cárceles” para justificar un aumento salarial que prioriza al personal de seguridad por encima de los agentes de salud y los docentes. Según el ministro Cococcioni, la protesta fue incentivada precisamente desde las cárceles pero no ya por miembros de bandas sino por policías “vinculados a hechos de corrupción” que están presos.

Pullaro denunció una campaña para limar el nexo entre el gobierno y la fuerza de seguridad, montada sobre fake news e información distorsionada en redes sociales. El intendente de Rosario, Pablo Javkin, se mantuvo en silencio durante la semana en que se prolongó el conflicto y ayer anunció que aportaría información sobre personas ajenas a la policía que activaron las manifestaciones.

En el gobierno provincial apuntan como conspiradores a la cúpula de la policía de Rosario que encabezó Daniel Acosta hasta mayo de 2025. El gobernador le había entregado un mes antes a Acosta el sable corvo del Brigadier López, distinción que premia a policías honestos, pero el comisario quedó involucrado con otros jefes policiales en un fraude con el dinero provisto para el combustible de los patrulleros.

El fraude, un aceitado sistema de recaudación clandestina instrumentado con las tarjetas de débito oficiales para el pago de combustible, se extendió al menos durante dos años según la investigación del fiscal José Luis Caterina y comprendía pagos puntuales por quincena, correctamente ensobrados y distribuidos entre las secciones del personal operativo en la calle. Precisamente el sector de la policía al que suele elogiar Pullaro y al que ahora le concedió un plus al margen de la recomposición salarial.

Logros en dudas

Los logros de la policía de Santa Fe no parecen tan rotundos como enfatiza el gobernador. En 2025 los homicidios volvieron a aumentar en la provincia con 210 hechos registrados, mientras en 2024 hubo 180. El Observatorio de Seguridad provincial informó que la tasa de homicidios en el departamento Rosario es de 8,7 casos cada cien mil habitantes, mientras la tasa nacional alcanza a 3,8 según el último registro informado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. No obstante, la diferencia con el número de casos durante el gobierno de Omar Perotti es ostensible: en 2022 hubo 406 homicidios y en 2023, 399.

Enrique Font observa un escenario cargado de incertidumbre: “El conflicto dejó en claro la fuerte dependencia de la política con la policía. Hay que ver cómo se traduce al interior de la fuerza. Pullaro es rehén de su demagogia punitiva, el gobierno retrocedió en todo: las imputaciones a los policías por dejar el servicio, con que amagó, van a quedar en la nada. La desatención de la policía puede subsanarse con ingresos, pero también queda en evidencia que el gobierno no trabajó en una conducción que cuide al personal”.

La abrupta disminución de la violencia en Rosario entre 2023 y 2024 “es única en América Latina” según el gobernador Pullaro pero abona sospechas entre los especialistas sobre un arreglo entre sectores de la policía y bandas criminales. El misterio que rodea al componente policial de Los Menores sería un indicio; se trata de la banda a la que se adjudica el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, el líder de la barra brava de Rosario Central.

Font afirma además que la de Santa Fe “es la peor policía del país” y se remite a su escasa capacidad de investigación, la corrupción crónica “de estratos altos, medios y bajos” y los hechos de violencia institucional. El 18 de febrero serán llevados a juicio veintiún policías de la comisaría 14ª de Rosario, acusados por torturas, abuso sexual y otros delitos contra cinco jóvenes a los que detuvieron sin causa cuando estaban en una plaza de la zona oeste de Rosario.

El gobernador de Santa Fe salió a recargar su crédito punitivista a propósito de la ley de punibilidad de los menores: “A quienes defendían a los delincuentes siempre les respondimos igual: si tanto los cuidan, llévenselos a su casa. Nosotros vamos a cuidar a la gente honesta”, publicó en X. “Pullaro va a necesitar que la policía de la provincia siga haciendo lo que está haciendo porque su peor escenario político es que lo que pasó en 2025 con la tasa de homicidios se replique este año. Mucho va a depender de cómo le responda la policía en el control de la violencia”, concluye Font.

OA/MG

El tiroteo contra el supermercado Unico de los suegros de Lionel Messi, el asesinato de un barra brava de Newell's, la provisión de armas y drogas a grupos criminales y operaciones de lavado de dinero del narcotráfico conducen al Ministerio Público de la Acusación a un mismo punto en Rosario: la participación de un sector de policías retirados y en actividad, con influencia en el interior de la fuerza, en el trasfondo de la crisis de seguridad.

El nombre clave en esta estructura en las sombras parece ser el de Juan José Raffo, un ex oficial de policía que se hizo conocido en 2009 por denunciar redes de recaudación en torno al juego clandestino y la prostitución. En realidad se trataba de una disputa interna por el manejo de las cajas negras de la policía de Rosario.

Raffo cumplió una condena de seis años de prisión que se le impuso en el juicio a Los Monos como miembro de asociación ilícita. La investigación acreditó entonces sus gestiones para lavar dinero a pedido de Ramón Machuca, uno de los líderes de Los Monos (“¿te sirve comprar diez mil dólares?”, captado en una escucha), y su rol de informante para prevenir a la banda sobre procedimientos policiales (“que los pibes no anden con nada raro porque están parando autos”, en otro diálogo con Machuca).

Esas mismas gestiones surgen ahora a la luz del allanamiento ordenado este martes en la sociedad de bolsa Brancatelli, donde habría operado el ex policía a través de un intermediario. Raffo era asimismo uno de los objetivos en el allanamiento del sábado 4 de febrero a un galpón de la zona sur de Rosario, donde compartían un asado ex jefes policiales, entre ellos Alejandro Franganillo, actual secretario de Seguridad de Granadero Baigorria.

Sin embargo, los investigadores de la Agencia contra la Criminalidad Organizada no tenían demasiadas expectativas de encontrar a Raffo. Se presume que fue puesto al tanto de la persecución en su contra por un agente rosarino de la Agencia Federal de Inteligencia, cuyo celular fue secuestrado por orden del juez federal Carlos Vera Barros.

Los procedimientos contra el sector policial habían quedado en suspenso cuando se produjo la filtración del agente de la AFI y se activaron con el atentado contra el supermercado de la familia Rocuzzo que sumió a la ciudad en una nueva y profunda crisis. El presidente Alberto Fernández anunció este martes el envío de más fuerzas federales, hasta completar los 1400 efectivos disponibles en Rosario, la participación del Ejército a través de la Compañía de Ingenieros “en la urbanización de barrios populares”, la provisión de 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial para la ciudad y la firma de un convenio con el Registro Nacional de las Personas para validar identidades a través del Sistema de Identificación Segura.

El Presidente anunció además que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, estará este miércoles en Rosario, con lo que parece responder en particular al clamor tanto del gobernador Omar Perotti como del intendente Pablo Javkin. La última visita de Aníbal a la ciudad no dejó precisamente un buen recuerdo después de afirmar que las víctimas de la violencia pertenecían a bandas narco.

El factor policial en la crisis

El ex comisario Alejandro Franganillo fue demorado el sábado pasado junto con el director de policía Marcelo Mendoza, actualmente a cargo de la Unidad Regional VI de Villa Constitución y los subdirectores retirados Eduardo Zapata y Marcelo Bazán. 

No les faltaba efectivo: tenían un millón y medio de pesos y 20 mil dólares. Al mismo tiempo fueron detenidos otros dos policías en actividad: el subinspector Luciano David Arellano y el suboficial Marcos Burúa. Ambos están sospechados de facilitar información a una especie de escuadrón de la muerte que asesinó a Nelson “Chivo” Saravia, barrabrava de Newell's, el 23 de octubre de 2021. En esa fecha, Mendoza se desempeñaba como subjefe de policía de Rosario. Arellano, por otra parte, ya había sido identificado por Ignacio Actis Caporale, condenado por narcotráfico junto al ex comisario Alejandro “Speedy” Druetta, como parte de la complicidad policial con la venta de drogas en Rosario.

“En Rosario nadie vende drogas si no arregla antes con la policía de la provincia de Santa Fe”, dijo Actis Caporale, quien declaró como arrepentido ante la Procunar. No era una novedad: ya en 2011 Jorge Halford, un distribuidor de drogas que pretendía hacer negocios con independencia de la policía, afirmó que “el único cartel que conozco es el de la policía de Santa Fe”.

La referencia se repite en las principales causas federales y provinciales contra el narcotráfico en la provincia, donde entre otros fueron enjuiciados Esteban Alvarado, David Delfín Zacarías y Olga “Tata” Medina, parte de Los Monos. “La complicidad de la policía de Santa Fe es una constante”, confirma el fiscal federal Federico Reynares Solari a elDiarioAr.

'La complicidad de la policía de Santa Fe es una constante', confirma el fiscal federal Federico Reynares Solari a elDiarioAr

Actis Caporale describió un funcionamiento que involucraba al conjunto de la policía destinada a la investigación del narcotráfico. Había dos facciones que se repartían el negocio, fraguaban operativos para mantener las apariencias ante la opinión pública, volvían a hacer circular parte de la droga secuestrada y llamaban “abonados” a los vendedores que pagaban coimas.

“Hay una metodología que se deduce de los procedimientos, una estructura en que se insertaba esta actividad y hay personas que deberían estar sentadas aquí y no están”, dijo Reynares Solari durante su alegato en aquel juicio. Entre otros policías señalados por Actis Caporale como parte de un “directorio” se encontraban Franganillo y Gustavo Spoletti, quien fue impulsado como jefe de la policía de la provincia por un sector del peronismo en 2019, según denunció el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain.

“Lo que surgió de los audios en la causa contra Druetta fue una estructura que funcionó más allá de las estructuras formales de la policía: me parecía troncal y estratégico profundizar en esa línea, porque explicaría mucho de lo que sucede en la calle”, recuerda Reynares Solari.

“Nadie tiene un diagnóstico claro de por qué suceden las cosas en Rosario -analiza el fiscal-. En el sistema federal de persecución penal tenemos varios déficits, en particular la persecución del contrabando y de la utilización económica de los delitos. El contrabando que se ha interceptado se descubrió en destino, nunca en Rosario. Si eso no se persigue estamos ante la hidra de mil cabezas: podemos cortarle los brazos, pero van a seguir creciendo”.

Los desplazamientos de Marcelo Sain –quien elaboró un proyecto de reforma policial que no fue tratado en la Legislatura provincial- y de Jorge Lagna del ministerio de Seguridad estuvieron vinculados con operaciones del lobby policial. En el caso de Sain, la gota que colmó el vaso de las críticas de la prensa local, de la oposición y de parte del oficialismo fue la viralización de un audio convenientemente editado que criticaba a los policías santafesinos por vagos.

“El registro en cuestión es un audio que les mandé a los jefes de las unidades regionales de policía. El que lo ventiló fue Víctor Sarnaglia (ex jefe de policía de la provincia). Le sacaron la parte en que les decía que no tenían que trabajar catorce horas por día, como hacía yo, pero que lo menos completaran ocho”, dijo Sain en diáogo con este diario.

Sain aclaró que su renuncia, en marzo de 2021, no fue detonada por ese audio sino por su decepción con el gobernador Omar Perotti cuando le pidió que no asistiera a una interpelación en la Legislatura provincial: “Lo vi como una evaluación de poca monta, una mirada mediocre”. No obstante, insistió en destacar el estado deplorable de la policía de Santa Fe, “que no tiene jefes, no existe”.

Lagna fue desplazado sorpresivamente del ministerio en agosto de 2022, cuando estaba por rendir cuentas de su gestión en el ministerio ante la Legislatura. Si bien estaba jaqueado por los niveles de violencia en Rosario, el gobernador Perotti lo había ratificado en su puesto. Pero una seguidilla de pintadas con consignas seudoambientalistas en las sedes del municipio, el gobierno provincial y los tribunales de Rosario le dieron el empujón definitivo.

La caída de Lagna encumbró al comisario retirado Rubén Rimoldi como ministro de Seguridad. Entre otras medidas, Rimoldi designó a Mendoza al frente de la policía de Villa Constitución y fue desplazado a principios de febrero después que trascendieran números que no cerraban en la rendición de cuentas por los fondos asignados en virtud de una ley de emergencia en seguridad y como efecto del incremento de los crímenes. Rimoldi fue reemplazado por el ex comandante general de la Gendarmería Nacional y ex secretario de Seguridad Pública Claudio Brilloni.

Según la investigación en curso, hubo una mano policial en las pintadas callejeras. La misma que estuvo probablemente detrás del tirador protegido con un barbijo y con guantes que disparó contra el supermercado Unico de Lavalle al 2500. “El que hace esto –dice el fiscal Reynares Solari- no tiene una intención real de hacerle un daño a Messi o a la familia Roccuzzo sino de generar la zozobra colectiva que ha generado”. 

OA/CC