El jueves por la noche, mientras el presidente Javier Milei llamaba “casta” a los científicos argentinos en un evento del Foro Madrid en Buenos Aires, el investigador del Conicet Alejandro Díaz Caro publicaba en Facebook su decisión de regresar a Francia. Fue repatriado en 2014 con el programa Raíces y después de diez años de investigaciones en Argentina, vuelve a vivir a Europa. “Hoy me voy con el programa Motosierra”, escribió. Díaz Caro es doctor en computación cuántica y es uno de los investigadores que se va del país a nueve meses de gobierno de La Libertad Avanza porque ya no puede financiar sus proyectos.

Hasta el momento, hay 850 personas que obtuvieron las becas del Conicet a finales del año pasado pero que aún no pudieron comenzar a trabajar. Esto se enmarca dentro de una situación más compleja en la que fueron despedidos casi 2.500 empleados en todo el sistema de ciencia y tecnología. 

“Después de 10 años tengo que destruir todo, irme, desarmar”, dice Díaz Caro, investigador adjunto de Conicet y profesor de  la Universidad Nacional de Quilmes. Tiene 43 años y en la última década formó grupos de investigación de computación cuántica, dirigió proyectos internacionales y dictó cursos en América Latina. Esta semana decidió volver a Francia. “En 2014 quise apostar porque había una intención política y ahora tengo que destruir todo y volver a construirlo en otro país. Allá  voy a estar bien, pero me hubiese gustado hacerlo en Argentina. La única razón por la que me voy es el contexto económico, no hay otra”, cuenta a elDiarioAR.

Díaz Caro tiene en Argentina su grupo de investigación, incluso algunos proyectos financiados desde Europa, pero el desmantelamiento que sufre el sector impacta directo en su trabajo: “Tengo tres estudiantes de doctorado que a duras penas pueden subsistir. Cuando ellos terminen, no tengo mucha esperanza de conseguir nuevos estudiantes porque hay muy poca becas y con un nivel de salario extremadamente bajo”, explica. 

En septiembre de 2023 se definieron los concursos para las becas del CONICET en el que 850 investigadores e investigadoras fueron seleccionados. Sin embargo, un año después no fueron dados de alta  por “una cuestión presupuestaria”. Desde que asumió el gobierno de LLA, no se registró ningún ingreso de personal, ni tampoco 34 personas de convocatorias anteriores que ya habían sido efectivizadas para enero de este año. “La carrera del investigador en CONICET está cerrada de hecho”, sostienen.

Pablo Manavella atiende el teléfono desde París, donde participa de un Congreso sobre regulación genética en plantas, hay otros científicos argentinos allí. Hay una pregunta que escucha frecuentemente entre sus colegas de otros países: “¿Por qué llevan al colapso el sistema científico en Argentina?”. Hace dos meses que Manavella se instaló en Málaga, España, junto a su mujer y sus hijos de 11, 8 y 7 años. Es doctor en biología molecular de plantas, investiga los ARN pequeños, información clave para afrontar los cambios climáticos y futuros ambientes hostiles para los cultivos. Lo convocaron desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (similar al Conicet) y después de analizar el la situación nacional, decidió aceptar. En los años previos había rechazado propuestas similares, pero está vez el panorama le pareció sombrío. “Con el cambio del gobierno y la intención de desmantelar el sistema científico que estamos viviendo silenciosamente, se volvió evidente que tenía que cruzar de vuelta el charco”, dice Manavella, que hizo su carrera universitaria en Córdoba, el doctorado en Santa Fe, el postdoctorado en Alemania y regresó también con el programa Raíces.

Pero no cruzó el charco solo, también se fueron con él alumnos de su grupo de estudios y estudiantes de otros sectores que lo contactaron ante la imposibilidad de financiamiento y formación en Argentina.  “Lo primero que se va a notar es una migración de la siguiente generación, que son los chicos que tenían que quedarse en Argentina haciendo post doctorados, doctorados o iniciar su carrera científica. Esos son los primeros que van a sentir este impacto y se van a tener que ir del país o abandonar proyectos científicos. Los seniors pueden resistir más”, anticipa Manavella. 

Los científicos son uno de los blancos de ataques de los gobiernos neoliberales. Esta vez Milei no los mandó a lavar los platos como el exministro de Economía Domingo Cavallo, sino que los llamó “casta” y los incluyó así como parte del origen de todos los males. “Los supuestos científicos e intelectuales, que creen que tener una titulación académica los vuelve seres superiores y que todos debemos subsidiarles la vocación”, afirmó el presidente durante su discurso en la convención de líderes de ultraderecha que se hizo el jueves en el exCCK, rebautizado Palacio Libertad. Pero lo suyo no es solo discursivo: desde que llegó al poder despidió a casi 2.500 personas que se dedican a Ciencia y Tecnología.

Según el último informe del Grupo Economía Política Ciencia del Centro Iberoamericano de Investigación (EPC-CIICTI), se pasó de 74.891 empleados en diciembre de 2023 a 72.443 en julio de 2024, con una destrucción neta de 2.448 empleos vinculados a ciencia y tecnología en diversos sectores del Estado. De ese total, el Conicet representa más de la mitad: 1.339 personas, de los cuales 825 están relacionados con becas y 514 son administrativos. También hubo caídas significativas en el INTI (-271) y en la Comisión Nacional de Energía Atómica (138 despidos).

Carolina Marvaldi tiene 31 años, meses atrás se recibió de doctora en farmacia y bioquímica. Se presentó a una beca postdoctoral para continuar con su proyecto que no le fue otorgada; quedó en la posición 22, con un puntaje que en años previos le hubiese alcanzado para ingresar. Investiga partos prematuros y quiere profundizar en patologías asociadas a la placenta. Sin embargo, ya no recibe un salario por participar del grupo de estudios en la Facultad de Medicina de la UBA y aceptó una propuesta del National Institutes of Health (NIH), el instituto nacional de salud del gobierno de Estados Unidos. “No fue fácil tomar la decisión pero con la vocación sola no se puede. Me gusta el proyecto que tengo en Argentina, el grupo de trabajo, pero si quiero seguir mi carrera en ciencia me tengo que ir afuera, con la esperanza de volver cuando tengamos financiamiento”, dice y se le quiebra la voz.

Marvaldi es la nueva generación de científicos obligados a migrar de la que habla Pablo Manavella. El Estados invirtió en su formación durante 12 años, pero no puede seguir en Argentina porque no hay recursos y en enero de 2025 se va a Estados Unidos. “Mi decisión es consecuencia de las políticas económicas de Milei porque si me hubiese salido la beca yo iba a percibir un sueldo y me iba a poder mantener, pero en mi proyecto de investigación están paralizadas las convocatorias de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica lo cual hace que mi jefe investigador responsable no pueda aplicar y obtener un subsidio para comprar los insumos que necesitamos para investigar”, explica.

“Mi idea es volver porque quiero hacer ciencia en mi país”, dice Marvaldi. Ninguno de los tres se quiere ir, pero hoy en Argentina, las y los científicos son “la casta” y no se salvan de la motosierra.

CDB/DTC

Una multitud de científicos, investigadores, docentes y estudiantes universitarios se movilizaron hoy en la explanada del ministro de Ciencia en Palermo, para respaldar las las políticas públicas para el desarrollo de conocimiento luego de que el precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, propusiera eliminar el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

“Milei concibe un país donde nosotros no hacemos falta y lo entiendo porque si solo le interesa un país para unos pocos basado en la exportación de materias primas, la inversión en Ciencia se vuelve un gasto innecesario. Pero si pensamos un país que se inserte en un mundo que cada vez necesita de más desarrollo científico y tecnológico en el que las principales potencias no paran de aumentar sus inversiones en conocimiento lo que está planteando este candidato es una barbaridad”, sostuvo Ana Franchi, titular del CONICET.

En la marcha estuvieron presentes integrantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que buscan soluciones biotecnológicas para potenciar la producción agropecuaria, y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que investigan sobre energías renovables. Llevaban carteles y pancartas con consignas como “La Ciencia no es cara; es la ignorancia”, “Ciencia es desarrollo tecnológico” y “La Ciencia Argentina hace y la vamos a defender siempre”. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y profesionales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) también participaron de la protesta.

“Esta no es una defensa corporativa, nosotros vinimos acá para defender el país, el que nos merecemos y que nos incluya a todo; por eso están acá también todas las universidades y los organismos científicos, porque vamos por más y para sostener la Ciencia al servicio del país”, agregó Franchi.

La Academia contó con el apoyo de distintos sindicatos con representación en el ámbito científicos como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN). Además, otros gremios como el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y el de Trabajadores Municipales de Lanús (STML) se solidarizaron con la comunidad científica y acompañaron la congregación.

Desde el Gobierno Nacional también cuestionaron la propuesta de Milei y expresaron su respaldo a los sectores movilizados. “El solo planteo de que un país puede desarrollarse sin Ciencia es de una ignorancia enorme, sobre todo cuando el mismo personaje que hace el planteo pone de ejemplos a países cuyos estados son los que más invierten en Ciencia y Tecnología. Por eso los científicos salimos hoy a señalar que no es posible un país que crezca sin impulsar el conocimiento”, sostuvo el ministro Daniel Filmus.

En la misma línea, se manifestó el investigador del CONICET y cofundador de GALTEC, Gabriel Rabinovich: “Es crucial el apoyo del estado para que el trabajo de los científicos tenga una función transformadora para la sociedad, yo estoy muy orgulloso de todo el trabajo del CONICET y nunca más tiene que aparecer gente con ideas de cerrar el CINICET, que vengan y conozcan todo lo que hacemos”, afirmó.

La concentración finalizó con todos los presentes entonando el Himno Nacional Argentino, mientras automovilistas que pasaban por la zona los acompañaban haciendo sonar sus bocinas.

Con información de agencias.

Investigadores y profesionales formados en la Argentina, que actualmente trabajan en el exterior, reivindican la inversión estatal en educación, ciencia y tecnología en el marco de una campaña electoral que ha puesto en jaque la continuidad de la política científica a nivel nacional. “Tenemos ideologías político-partidarias distintas, y sin embargo nos une la preocupación por algunas mentiras que se están diciendo en la campaña electoral argentina y que ponen en riesgo las posibilidades de crecimiento que tiene nuestro país en el futuro”, escribieron.

El documento, que cuenta con más de mil firmas, destaca la relevancia de un Estado que impulse la ciencia básica y aplicada. Según explican en el escrito, Estados Unidos, China, Rusia, Corea del Sur y Europa han logrado convertirse en potencias con una inversión estatal fuerte y sostenida que estimulara el trabajo conjunto entre centros de investigación púbica y empresas privadas. “Cada día, estos países donde vivimos destinan una proporción altísima de los impuestos que pagan los contribuyentes a la investigación y el desarrollo científico-tecnológico. Nada de lo que lograron y siguen logrando hubiera sido posible sin el rol fundamental del Estado”, aseguraron.

Subrayaron, en este sentido, una multiplicidad de objetos de uso diario que nacieron como consecuencia de la colaboración entre el sector público y privado. Este es el caso del Internet, el iPhone, diversos medicamentos, etc. Innovaciones de las últimas décadas como los viajes al espacio y la inteligencia artificial tampoco podrían ser posibles si el Estado no brindara recursos a las estructuras de conocimiento y producción.

“Muchas naciones están mejor y muchísimas están peor que la Argentina. Para estar entre las mejores, necesitamos un Estado que pueda y quiera invertir cada vez más en educación, ciencia y tecnología, con un modelo sustentable”, concluyeron.

Los gobiernos en los países desarrollados de todo el mundo dicen querer un crecimiento “inteligente”, impulsado por la innovación, pero hasta ahora muy pocos lo alcanzaron. En cambio, desde la crisis financiera la mayoría de las economías avanzadas mostraron tasas de crecimiento débiles, niveles de inversión históricamente bajos y un desempeño deficiente en materia de productividad. Al parecer, durante la última década hubo una marcada desaceleración en el índice de la inno- vación que mejora la productividad, tendencia que probablemente se vea exacerbada en el futuro por la disminución de las tasas de inversión en investigación y desarrollo tanto del sector público como del privado. Este factor genera cierta preocupación, visto que el mundo desarrollado no ingresó en un período de crecimiento sostenido, sino en uno de “estancamiento secular”. Algunos economistas ven este peligro como una consecuencia casi inevitable del cambio demográfico y el comportamiento del ahorro en los países de altos ingresos. En este capítulo, por el contrario, se destaca su carácter endógeno como resultado de decisiones problemáticas tomadas por las empresas y los gobiernos, y luego se observa cómo una comprensión diferente de los orígenes de la innovación (en particular, el papel de la inversión pública en el proceso de creación de riqueza) lleva a un conjunto diferente de imperativos políticos para los países que buscan un crecimiento “inteligente”.

El debate público sobre la innovación (de dónde viene y cómo puede ser estimulada y apoyada) suele empantanarse en ideas económicas obsoletas. El análisis económico ortodoxo tiende a ver la innovación como un proceso sobre todo del sector privado e impulsado por oportunidades tecnológicas “exógenas”. Sobre la base de las teorías convencionales de los mercados y de fallas del mercado, se considera que los gobiernos desempeñan un papel limitado en el proceso de innovación, fuera del financiamiento de la investigación científica básica que, como “bien público”, se caracteriza por muy bajas inversiones privadas. Se considera que las políticas para estimular la innovación deben apuntar en gran medida a corregir esas fallas de mercado, “incentivar” la inversión privada y garantizar suficiente competencia entre las empresas.

Sin embargo, la perspectiva ortodoxa no es consistente con la evidencia. De hecho, como se verá en este capítulo, los gobiernos no solo participaron ampliamente en el proceso de innovación, a la hora de apoyar la investigación científica y encarar todo tipo de externalidades positivas y negativas, sino que también lo hicieron de maneras más activas y estra- tégicas. Esto incluye invertir a lo largo de toda la cadena de innovación: desde la investigación básica hasta la investigación aplicada y el financiamiento inicial de nuevas empresas. Por añadidura, los gobiernos fueron y son cruciales no solo para determinar la tasa de innovación, sino también para moldear su dirección. Las tecnologías computacionales, de la información y de la comunicación fueron la dirección elegida en los Estados Unidos durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, del mismo modo que actualmente la tecnología “verde” es elegida en países como Alemania, Dinamarca y China. Y en una economía cada vez más financiarizada en la que apenas una pequeña parte de las ganancias de las empresas privadas se reinvierten en inversiones productivas, es cada vez más necesario que las finanzas públicas aporten capital “paciente”, vale decir, comprometido y a largo plazo.

Por ende, para entender el papel de la inversión pública en la innovación hace falta una comprensión más sofisticada de cómo se produce la innovación. Luego de analizar las insuficiencias del modelo ortodoxo de los mercados y sus fallas, el capítulo toma las ideas de la economía schumpeteriana y evolutiva para presentar un marco alternativo. Acelerar la tasa de innovación es crucial para el crecimiento a largo plazo y para enfrentar muchos de los grandes desafíos que hoy en día enfrentan las sociedades, como el cambio climático, la escasez de recursos naturales o la mejora de la atención médica. Esto significa volver a pensar el papel de las políticas públicas en la economía y la relación entre los sectores público y privado. El papel del Estado no puede limitarse a corregir las fallas de mercado, como prescribe el modelo ortodoxo; también debe moldear y crear los mercados de manera activa para impulsar formas más fuertes, sostenibles e inclusivas de crecimiento económico.

En la dirección equivocada

Una de las pocas cosas en las que los economistas están de acuerdo es que la innovación tecnológica produce crecimiento económico a largo plazo. Se reconoce ampliamente que las inversiones públicas y privadas en investigación y desarrollo (I+D) y en formación de capital humano, con los consiguientes cambios tecnológicos y organizativos, llevaron a un aumento a largo plazo de la productividad y la producción. Sin embargo, la forma en que esto ocurre es objeto de debates candentes. El modelo neoclásico ortodoxo opina que el papel de la innovación es cambiar una función de producción de un equilibrio a otro. Por el contrario, los modelos evolutivos y schumpeterianos se centran en los efectos desequilibrantes de la innovación, que vuelven menos significativas las funciones de producción. El énfasis evolutivo en la transformación y el cambio estructural llevó al concepto de sistemas de innovación, que postula que las empresas están integradas en una red nacional de instituciones, tanto en el sector público como en el privado, “cuyas actividades e interacciones inician, importan, modifican y difunden nuevas tecnologías”. Estos sistemas comprenden “los elementos y relaciones que interactúan en la producción, la difusión y el uso de conocimientos nuevos y económicamente útiles”.

En este enfoque de los sistemas, lo que impulsa el rendimiento de la innovación nacional no es simplemente el nivel de gasto en I+D en un país, sino la circulación del conocimiento y su difusión por la economía en su conjunto. La perspectiva de los sistemas considera que el proceso de innovación no es lineal, sino que en su transcurso abundan los ciclos de retroalimentación entre los mercados y la tecnología, las aplicaciones prácticas y la teoría científica, las políticas y las inversiones. Es esta comprensión de cómo funcionan los sistemas nacionales de innovación lo que vuelve tan preocupante la evidencia reciente sobre los patrones de gasto en I+D. En los Estados Unidos, por ejemplo, si bien la cantidad total de inversión en I+D como porcentaje del producto bruto interno (PBI) aún es relativamente alta (alrededor del 2,8%), su composición cambió drásticamente. En primer lugar, disminuyó la proporción de la inversión pública en I+D: de un máximo del 67% en 1964 cayó a tan solo el 25% en 2000 para luego volver a un 30% en 2012, mayormente a causa del estímulo temporario introducido por el gobierno de los Estados Unidos después de la crisis financiera. El mismo patrón puede verse en varios países europeos: por ejemplo, en el Reino Unido la proporción del gasto público en I+D disminuyó del 43,5% en 1985 al 30,2% en 2000, y llegó al 28,8% en 2014, mientras que en Italia todavía era del 50,7% en 2005, pero disminuyó al 41,4% en 2013, y en el conjunto de la zona euro cayó 3,4 puntos (del 36,7 al 33,3%) entre 2003 y 2013.

En segundo lugar, si bien la I+D del sector privado colmó parcialmente esa laguna, esta se concentra cada vez más en esferas aplicadas de alcance más limitado. En los Estados Unidos, la proporción de la investigación básica realizada por la industria disminuyó de entre un 33 o un 35% en la década de 1950 a un 15 o un 20% en la de 2000. Las empresas se involucraron más en la D que en la I, por así decir, lo que resultó en un cambio fundamental de la composición de la I+D en detrimento de la investigación básica. Esto muy probablemente reduzca las futuras oportunidades de innovación, que siempre estuvieron impulsadas por una fuerte interacción entre la investigación básica y la aplicada, tanto en la industria como en el gobierno.

En efecto, los trabajos de Arora, Belenzon y Patacconi revelan que desde la década de 1980 las grandes corporaciones se alejaron de la investigación científica. Esta tendencia se refleja sistemáticamente en diferentes indicadores de la inversión de las empresas en investigación y, lo que es más importante, no obedece a disminución alguna de la utilidad de la ciencia como aporte a la innovación. Su conclusión es que las empresas se benefician de los frutos de la investigación científica tanto como antes, pero ahora están menos dispuestas a invertir en ella.

¿Por qué pasa esto? Una de las razones de la desinversión privada en la investigación (la pata difícil de la I+D) es el creciente cortoplacismo de las empresas. El auge del modelo de “maximizar el valor para el accionista” en el gobierno corporativo desempeñó un papel importante en la cada vez menor propensión de las empresas a emprender proyectos de inversión a largo plazo. El aumento de la presión de los accionistas puede limitar la capacidad de las empresas para invertir en áreas de innovación a largo plazo, lo cual reduce su disposición a asumir el tipo de riesgos que implica. El impacto de un mayor cortoplacismo en el capitalismo contemporáneo de accionistas puede verse tanto en estudios que comparan países (por ejemplo, Japón y los Estados Unidos) como en estudios que observan distintos sectores.

Como sostienen Lazonick y O’Sullivan, “maximizar el valor para los accionistas” es una ideología gerencial que permitió a los altos ejecutivos volverse extremadamente ricos en muchos países (especialmente en los Estados Unidos). Las empresas financiarizadas gastaron y gastan una parte enorme y cada vez mayor de sus ingresos en la recompra de accio- nes, y así manipulan los precios e impulsan el valor de las opciones sobre acciones, que guardan una relación estrecha con los salarios ejecutivos. Y, más recientemente, Lazonick demostró que, entre 2003 y 2012, las empresas que cotizan en Bolsa incluidas en el índice S&P 500 utilizaron el 54% de sus ganancias (alrededor de US$4.400.000.000.000) para la re- compra de acciones. Ese gasto se realizó en detrimento de la inversión y la innovación, como también puede observarse en la creciente proporción de recompras de acciones sobre el gasto en I+D de las empresas de la lista Fortune.

En ocasiones se habla de este cortoplacismo en el comportamiento empresarial como si fuera una imposición de las fuerzas inevitables del “mercado”; pero es importante reconocer que el cortoplacismo no es una característica del capitalismo o de los mercados per se, sino un resultado de tipos peculiares de estructuras de gobierno corporativo, modelos de propiedad y culturas financieras. Los mercados se entienden mejor como resultado de interacciones entre diferentes agentes económicos. El cortoplacismo es un reflejo de los contundentes cambios que ocurrieron en las últimas dos décadas, sobre todo en los Estados Unidos y el Reino Unido, pero no hay nada inevitable o universal en ellos. De hecho, la bibliografía sobre las “variedades de capitalismo” demuestra que los negocios y las finanzas tradicionalmente se estructuraron de manera muy distinta en Japón y Alemania, por ejemplo, y en todas las economías pueden encontrarse empresas con perspectivas de inversión a largo plazo. Solo conseguiremos explicar el modo en que las empresas contribuyen al crecimiento a largo plazo o lo socavan si entendemos las formas concretas en que son gobernadas y los distintos comportamientos de mercado que resultan de ello.

Esta cuestión remite al sector privado por sí solo, y también a su relación con el Estado: el “acuerdo” entre el gobierno y las empresas. En los últimos años, esta relación presenta cada vez más lo que podría describirse como características “parasitarias”, ya que el sector empresarial privado presiona a los gobiernos para que debiliten las regulaciones y reduzcan los impuestos sobre las ganancias de capital, al mismo tiempo que reduce su participación en la inversión en investigación básica y, por lo tanto, aumenta la dependencia del gasto público en esta área. El crecimiento futuro necesitará una forma totalmente diferente de colaboración entre los sectores público y privado, caracterizada por una simbiosis sana que sea sostenible a lo largo del tiempo.

* Economista. directora del Instituto para Innovación y Propósito Público en University College London (UCL) y el RM Phillips Chair en Economía de Innovación en la Universidad de Sussex. 

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