Porteño de 47 años, economista graduado de la Universidad de Buenos Aires y con doctorado en la Rey Juan Carlos, de Madrid, Adrián Ravier vive hace 15 en Santa Rosa, allí tiene a sus tres hijos, da clase en la Nacional de La Pampa y ahora encabeza la lista de candidatos a diputado por la Libertad Avanza (LLA). Desde el año pasado es director académico de la Fundación Faro, con la que el gobierno de Javier Milei difunde sus ideas bajo la conducción del ultraconservador Agustín Laje y recauda fondos de la mano de Francisco Caputo, hermano del asesor presidencial Santiago. Por eso suele viajar a Buenos Aires. También porque enseña en la ortodoxa Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos (Ucema), así como en la ultraliberal Francisco Marroquín (UFM), de Guatemala.

–¿Qué cambio laboral concreto quieren llevar al Congreso?

–No tengo todos los detalles porque no estoy en la cocina de de las reformas estructurales que se están preparando, pero estoy bastante alineado con lo que piensa Milei. La reforma laboral principalmente trata de atacar la industria del juicio. Para una empresa, contratar una persona prácticamente es adoptar un chico, esa persona va a acompañar la vida de la empresa por mucho tiempo y en el momento en que se la quiera despedir porque se la deja de necesitar, prácticamente hay que entregar la empresa. Vemos muchas empresas y tienen necesidad de personal. Pero por una cuestión de costos y por una cuestión de demandas en las que la justicia siempre falla en favor del empleado, condiciona al empleador. Nadie entra a un lugar del que no puede salir. La idea de Javier Milei es que la ley laboral sea más flexible, que sea más fácil contratar, que se puedan sentar las partes para generar las mejores condiciones y de esa manera atacar la informalidad, que está muy alta, alrededor del 50% (N. de la R.: las estadísticas oficiales muestran un 43%). Y esto es porque la legislación va a contramano de contratar. Es decir, si un empleado hoy recibe $1 millón en bolsillo, el empleador está pagando $1.650.000 más o menos. Esa carga son más elevadas que en otros países. La idea es un poco reducir el costo laboral, no tanto lo que recibe el empleado en bolsillo, sino la parte bruta.

–Pero si hay menos contribuciones patronales, ¿cómo se compensa la reducción del financiamiento de la jubilación y la prestación médica de la gente?

–Se va a ir reduciendo la informalidad. Si hay más gente en blanco, va a haber más aportes al Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social).

–En la ley Bases hubo una pequeña reforma laboral que trató de reducir la industria del juicio quitando las multas al trabajo informal y también hizo un blanqueo laboral. Pero la justicia laboral puso otras sanciones por daños y perjuicios, y entonces el costo del juicio siguió siendo alto. Y el blanqueo laboral casi no tuvo impacto. Unos 200.000 puestos de trabajo registrados desaparecieron en estos casi dos años...

–No está claro que se esté destruyendo empleo. Cuando uno mira la tasa de desempleo sigue estando abajo del 7%. Hubo un proceso de ordenamiento complejo, en el que a personas que estaban contratadas por el Estado y no se les renovó el contrato. Son situaciones que en el corto plazo generan algún desempleo y a partir de ahí habrá que generar empleo. Lo que entiendo es que la legislación laboral no va a cambiar para las personas que hoy están trabajando bajo la legislación presente, sino que cambia para adelante.

–He escuchado gente que incluso está a favor de este gobierno, pero que trabaja hace muchos años en una empresa y teme que le reduzcan la indemnización si los echan...

–Entiendo que es para los nuevos. No se trata de perjudicar a ese empleado de 30 años de antigüedad.

-¿Será más barato despedir?

–Eso seguro. Tuvimos un ejemplo muy claro en la pandemia que en Estados Unidos fueron dándole licencia a muchos empleados y a los dos o tres meses volvieron a ser contratados, el desempleo que estaba en el 4% saltó al 14% en los tres meses más duros y luego fue bajando al 6% y al 4%. Eso muestra un poco la flexibilidad de la legislación laboral en los Estados Unidos, que permitió sostener a los restaurantes y a muchos negocios. En Argentina, un restaurante no podía despedir a las personas y en muchos casos tuvieron que cerrar.

–Cuando yo le decía que había 200.000 empleos menos, son estadísticas oficiales, que muestran menos empleados registrados en el sector público, el privado y el doméstico, lo que crece son los monotributistas y los informales..

–Le estamos pidiendo a Milei que la economía crezca después de 50 años de estancamiento. Desde los años 70 de repente tuviste un período muy cortito de crecimiento y rápidamente lo perdés por los fundamentos de esa expansión. Entonces le estamos pidiendo a Milei un milagro económico para que Argentina finalmente pueda crecer como tantos otros países. Y para eso era necesario la ley Bases original. Que el Congreso le haya dado el no llevó a aprobar una ley más recortada. Esa nueva ley dio soluciones a muchos problemas, pero no a todos. Y unos de ellos son la reforma tributaria y la laboral, entre otras, que ahora ya se están presentando o pensamos presentar a partir de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores.

–Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, han dicho que quieran bajar primero el impuesto al cheque, después las retenciones, pero también que las provincias eliminen Ingresos Brutos y los municipios, las tasas. ¿Cómo se compensarán esa falta de ingresos para sostener, por ejemplo, el gasto público provincial, que se concentra en educación, salud y seguridad?

–En esto sí te puedo dar un poco más de información porque lo he hablado bastante con Milei y este miércoles tuvimos en Buenos Aires una presentación del doctor (Manuel) García Mansilla, quien fuera nominado a la Corte Suprema, que hoy está trabajando en la parte técnica de esta reforma tributaria. Argentina tiene hoy 160 impuestos, según la Fundación Mediterránea, a nivel nacional, provincial y municipal. Un país normal tranquilamente podría operar con menos de diez. El mismo informe dice que con los ocho impuestos que más recaudan alcanzamos prácticamente el 90% de la recaudación. Esto quiere decir que podés eliminar 150 impuestos. Si nos pudiéramos sentar con las provincias, podríamos eliminarlos y más o menos mantener la recaudación. Además, hay un modelo que en el aula siempre le enseñamos a los alumnos, que es el de la curva de Laffer. Arthur Laffer recientemente estuvo en la Argentina y conversamos con él. Si uno reduce la presión tributaria, se incrementa la actividad económica y con más actividad, mejora la base imponible y la recaudación.

–¿Entonces el recorte tributario no va a tener que ser compensado con un ajuste de gasto público?

–La motosierra tiene que seguir. La parte más significativa ya se aplicó, pero todavía queda. El kirchnerismo llevó el gasto público del 25% al 48%. El presidente, cuando hizo el Pacto Fiscal, comprometió a las provincias a reducir el gasto al 25%, lo que genuinamente se puede sostener con una presión tributaria más normal. Ha habido una baja hasta el 31% o 34%, según la fuente.

–¿Y en qué rubros se podría recortar?

–Lo que queda va a ser que aumente el PBI de la mano de todas estas reformas, de las inversiones que vendrán. Y si aumenta el PBI y el gasto público se congel, también tendrías una reducción del gasto público sobre PBI. Lo que dice Milei es que a medida que la economía va creciendo, va mejorando la recaudación y cada punto de superávit fiscal que tengamos va a ser una reducción de la presión tributaria.

–¿Cuáles serían los primeros impuestos que bajarían?

–Los que quedarían que son los que generan recaudación, Ganancias e IVA. Hoy son muy significativo los derechos de exportación. Eso es un desafío muy grande poder eliminarlo. El planteo de Milei es ir logrando bajar retenciones poco a poco. La quita de retenciones te dispara la producción y después se recupera una parte de la recaudación vía Ganancias. Es muy importante que las provincias comprendan que Ingresos Brutos es el impuesto más distorsivo. Toto Caputo ha dicho en varias oportunidades que el IVA del 21% se dividiría en dos: un IVA nacional del 9% y un IVA provincial del 12%, y que las provincias tendrán la posibilidad de llevar ese 12 al 13, al 14, a un valor que les permita eliminar ingresos brutos.

–¿Y la reforma jubilatoria? ¿La idea es retrasar la edad de jubilación a los 67, a los 70 años o hacer un sistema de capitalización privado tipo AFJP (administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones), como rigió entre 1994 y 2008?

–Primero te doy una respuesta como liberal, más allá de lo que pueda pasar por el Congreso. A mí me parece un disparate que el Gobierno le diga a una persona cuándo tiene que dejar de trabajar. Cada persona en un sistema de capitalización individual decide cuándo dejar de trabajar si uno aportó 20 años. Si alguno quiere seguir trabajando hasta los 80 años, ahora que los trabajos son menos forzados que en otro tiempo, también podría seguir trabajando con tranquilidad. Dicho eso, hay una moda de discutir la edad jubilatoria, dado que la esperanza de vida está incrementándose rápidamente y las cajas no dan abasto. Y entonces un aumento de la edad jubilatoria de 65 a 70 años podría reducir el gasto en jubilaciones y pensiones. Esos planteos siempre son gradualistas. Ahora hombres y mujeres podrían jubilarse a la misma edad. Entonces, en un año el hombre pasaría de 65 años a 66 y la mujer de 60 a 62. Al otro 67 y 64, 68 y 66 y converger en 70 años. Pero son ideas que realmente no sé si están hoy en los planes acá. Sin duda hay una reforma previsional que hay que plantear. La privatización de un sistema de pensiones hay que pensarla muy bien en la transición. Cuando Chile lo logró, tenían un 5% de superávit fiscal que permitía tener caja para pagar a los jubilados en el mientras tanto. Hoy lo veo lejano llegar a una reforma de este tipo. En gran parte en la década del 90, por no haber pensado bien esa transición, es que tuvimos los problemas que tuvimos. Las jubilaciones y pensiones que recibían los jubilados no eran las mejores, pero además eso significó un endeudamiento que después te llevó a una crisis de deuda hacia 2001. Cuando uno mira integralmente la cantidad de reformas que la Argentina necesita, uno pueda pensar que en estos dos años que quedan de gobierno una privatización del sistema de pensione no la veo en carpeta.

–¿Cuándo el tipo de cambio será libre en su flotación, sin banda máxima, que se permita que las empresas puedan girar libremente sus utilidades al exterior, que la gente pueda operar en el mercado oficial y en el financiero?

–Es lo que todos queremos. El gobierno de Javier Milei el día 1, al soltar el precio del dólar a su valor libre, que pasó de $400 a 800, terminó con la brecha cambiaria y unificó los tipos de cambio. Y si bien seguimos hablando del blue, del MEP o del contado con liquidación, ha habido una uniformidad en un momento. Después hay volatilidad en la transición de la difícil herencia recibida. Vamos transitando medidas que van desarmando la cantidad de restricciones. Incluso se levantó el cepo, al menos parcialmente. Pero en un escenario preelectoral, con toda la volatilidad que conocemos y el comportamiento sociológico de los argentinos de resguardarse en el dólar, se lleva a una creciente demanda que genera volatilidad. Si soltamos el tipo de cambio, sube y baja y eso hace muy difícil el negocio de los emprendedores, las evaluación de proyectos de inversión, porque es un precio clave de la economía. Entonces, hoy en lo preelectoral abunda un pragmatismo del que los liberales no nos sentimos nada orgullosos. Es algo pragmático para la situación muy puntual. Después de octubre, cuando ya las cosas estén más claras y si el resultado electoral genera cierta confianza, empezaremos a ver un dólar que se comporta con más libertad. Es muy importante también el respaldo del presidente de los Estados Unidos y el Tesoro. El dólar podrá quedar entre bandas, creo que es lo que pretende el Toto Caputo.

AR/MG

Organizaciones de jubilados realizarán este miércoles una nueva marcha en las inmediaciones del Congreso para reclamar un aumento en los haberes, la restitución de los medicamentos gratuitos del PAMI y contra el veto del presidente Javier Milei a la ley que establecía un incremento en los ingresos del sector. Mientras tanto, en Diputados, tal como quería el Gobierno, no hubo quórum y cayó la sesión que, en su última parte, debía tratar diferentes proyectos que buscan una reforma previsional que aumente el poder adquisitivo de los jubilados.

Los jubilados se darán cita como todos los miércoles a las 15 en las cercanías del Congreso, donde el Ministerio de Seguridad suele desplegar el operativo de las fuerzas policiales para garantizar el cumplimiento del protocolo antipiquetes.  

La semana última se registraron una serie de incidentes entre la Policía Federal y los manifestantes cuando los efectivos intentaron evitar que la protesta interrumpiera el tránsito en la intersección de Callao y la Avenida Rivadavia.  

Como producto de la represión, los agentes de la Policía Federal agredieron al padre Francisco “Paco” Olveira, que se encontraba en la movilización, así como también a otros manifestantes que resultaron heridos.

Los proyectos en Diputados

En Diputados se iban a plantear dos tipos de reformas, hasta que se cayó la sesión por falta de quórum. La primera apunta a incrementar el bono jubilatorio de $70 mil y actualizarlo por inflación. UxP propone subirlo, como base, a $115 mil y el pichettismo a $100 mil: si bien todavía no hay acuerdo, la oposición buscará consensuar un monto intermedio entre ambos valores antes de la votación. Se incrementará, a su vez, todas las jubilaciones en un 7,2%.

El otro tipo de reforma consiste en aprobar algún mecanismo que resuelva el vacío que dejó el vencimiento de la última moratoria previsional. UxP y la izquierda proponen prorrogar el Plan de Pagos de Deuda Previsional durante dos años más, de modo de incluir al inmenso porcentaje de hombres y mujeres que llegaron a la edad de jubilarse pero no pueden hacerlo porque no cumplen con los 30 años de aportes. 

El radicalismo y el pichettismo, en cambio, proponen una reforma que establezca una prestación proporcional por vejez. El objetivo es eliminar la obligatoriedad de los 30 años de aportes y reemplazarlo por un mecanismo que incremente el valor de la jubilación percibida en proporción a la cantidad de años aportados. La base mínima, en este caso, sería la PUAM (que representa el 80% de la jubilación mínima) 

La oposición sospecha que este último será el dictamen que consiga la aprobación de Diputados, ya que la moratoria no cuenta con más avales que los del peronismo y la izquierda. Pero hay otro motivo, y es que la oposición sabe que tiene que aprobar una ley que, luego, necesitará ser ratificada con dos tercios de los votos. Ya que el veto de Milei es inevitable. 

Es ahí cuando entra a jugar el PRO, que tuvo una dura reunión de bloque el martes por la noche. Después de un largo debate, las espadas macristas, que amagaban con acompañar el proyecto de prestación proporcional, aceptaron rechazarlo o, los más díscolos, abstenerse. La oposición, sin embargo, piensa en el día después. Y fantasea con que la guerra del PRO con LLA les permita sumar, cuando llegue el momento, algunas adhesiones macristas a resistir el veto presidencial.

Eugenio Semino, defensor de la tercera Edad, sobre los proyectos de Diputados: “No mueven la aguja”

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, afirmó que con las reformas previsionales que se tratarán esta tarde en la Cámara de Diputados “se sigue hablando de miseria”, sostuvo que es necesario “hacer un sistema nuevo”, y destacó que hoy una canasta básica para un jubilado está “en 1.200.000 pesos mensuales”.

“La última canasta básica, con metodología del INDEC, pero incorporando gastos de vivienda, estaba en 1.200.000 pesos mensuales”, afirmó Semino y minimizó los proyectos de Diputados, porque tratarán “un ajuste del 7% para cinco millones de jubilados de la mínima y son apenas 25.000 pesos, esto no mueve la aguja”.

El funcionario reclamó que se implemente “inmediatamente una recomposición del haber jubilatorio, porque la gente se está muriendo de hambre, no pueden comprar medicamentos, no puede pagar expensas, ni alquiler, ni una pensión”.

Recalcó que el bono que perciben los jubilados que cobran la remuneración mínima y que está congelado desde hace más de un año “tiene que ser parte integrante del haber”, mientras que cuestionó que el Gobierno “hace cualquier cosa” ya que “lo sube, lo baja o lo congela, es un disparate, vale hoy la mitad de lo que debiera valer”.

“Hablamos de una reforma, que es tardía, porque es necesario un sistema nuevo y una recomposición del haber jubilatorio ya. El sistema no tiene plata, hay que sacarla del presupuesto nacional, tienen que poner plata el Estado para que la gente no se muera de hambre”, enfatizó en declaraciones a Radio Splendid.

Para Semino el sistema previsional no funciona “porque siguen vigentes las leyes de (domingo) Cavallo” que se sancionaron en los ´90 cuando este estaba al frente del Ministerio de Economía.

Mencionó como ejemplo que en esa década “se perdieron aportes patronales” y en el año 95 “se quitaron 8 puntos de aportes patronales, un desquicio”.

El funcionario puso como ejemplo a seguir las reformas de Noruega y Finlandia, que percibieron un envejecimiento de la población y hoy financian su sistema previsional con aportes surgidos de la actividad petrolera y de la minería.

“Hoy esos dos países encabezan el índice de sustentabilidad actual y futuro de los sistemas de Seguridad social”, dijo y puntualizó que en la Argentina “nadie habla de que las mineras y las petroleras se llevan todo con una simple declaración jurada, y no dejan ni un ´mango´ para el país y mucho menos para la Seguridad Social”.

Con información de agencias.

IG

Mientras la oposición sigue dando batalla para aumentar el valor de los haberes jubilatorios y facilitar el acceso a las prestaciones para quienes no cuentan con los 30 años de aportes exigidos por ley, hay un proyecto de reforma previsional que el Gobierno escucha con atención. Se trata del plan elaborado por el think tank CIPPEC. Rafael Rofman, investigador principal de protección social de CIPPEC, fue recibido cinco veces por funcionarios nacionales, según los registros de ingresos a la Casa Rosada a fines del año pasado.

El proyecto de Rofman y Manuel Mera, que se resume en la “propuesta para reordenar el Sistema Previsional Argentino” publicado en la página web de CIPPEC, hace foco en eliminar el requisito de los 30 años mínimos de aporte y propone un ingreso básico a partir de los 65 años. En línea con los históricos pedidos que hace el FMI y la obsesión fiscal del Gobierno, propone equiparar la edad jubilatoria de hombres y mujeres, e incluso aumentarla a medida que mejora la perspectiva de vida. También busca eliminar regímenes de excepción. Aún sin números finos, CIPPEC asegura que la propuesta implicaría un menor porcentaje del gasto del PBI, incluso respecto al escenario actual sin reforma.

Aprovechar el momento

Es lo que dice Rafael Rofman sobre el espíritu de un gobierno que viene con intenciones –y capital político– para avanzar con reformas estructurales. “Lo presentamos en cuanta ocasión aparece: encuentros empresarios, organismos internacionales, diputados, gobierno. Es muy bien recibido en su estructura general, pero las dudas sobre su aplicación son estrictamente políticas”, asegura sobre su implementación. La coyuntura electoral y el staff report del FMI indicaría que la discusión podría darse para el 2026. “Para eso, habría que empezar ya con el armado técnico, que es complejo”, asegura Rofman. 

La propuesta plantea seis áreas centrales de cambio estructural para reordenar el sistema previsional argentino. Uno de los puntos más sensibles en el debate público es la modificación gradual de la edad de retiro. Históricamente las edades mínimas de retiro se fijaron en contextos de menor expectativa de vida y trabajos físicamente más demandantes, de acuerdo al documento. En este sentido, la propuesta sugiere igualar la edad mínima de retiro entre varones y mujeres –un pedido histórico del FMI–, establecer mecanismos de actualización gradual de la edad de retiro en función de los cambios en la expectativa de vida y generar incentivos para quienes opten por postergar su jubilación, mediante beneficios adicionales o esquemas de retiro parcial.

Otro capítulo clave propone revisar los regímenes de excepción vigentes –que mejoran las condiciones de jubilación ya sea por permitir jubilarse a menor edad o con menos años de aporte, o con haberes/movilidad más altos–, con el compromiso de respetar los adquiridos pero de dejar de aprobar nuevos. Según el documento “más del 40% del total de beneficios previsionales y cerca del 55% del gasto total se explican por estos esquemas de excepción”, lo que afecta la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, dentro de estos regímenes de excepción se encuentran poblaciones sensibles: desde regímenes diferenciales por actividad riesgosa como mineros o petroleros, hasta retiros militares, pasando por docentes. El proyecto se ocupa también de ordenar las jubilaciones y pensiones por invalidez y por fallecimiento.

CIPPEC propone una nueva estructura para el régimen general, con un rediseño del cálculo del haber inicial de vejez basado en la ley 24.241 de 1993 y sus múltiples modificaciones. La propuesta plantea crear una prestación básica universal, equivalente a aproximadamente el 25% del salario medio, accesible para todos los residentes mayores de una edad mínima, y complementar esta con una prestación proporcional que se determine según la historia completa de aportes, sin exigir un mínimo de años de aportes. La estructura incluiría también un pilar de ahorro voluntario, financiado de manera diferenciada: la prestación básica con rentas generales y la proporcional con aportes de los trabajadores.

La propuesta para la movilidad de los haberes previsionales, que garantiza la actualización periódica para preservar el poder adquisitivo, respalda el esquema actual basado en el IPC (Índice de Precios al Consumidor), pero sugiere perfeccionarlo estableciendo una periodicidad variable, que sea mensual en contextos de alta inflación y más espaciada cuando esta se reduzca. Además, propone sumar un ajuste anual adicional vinculado a la evolución de los salarios reales para preservar la relación entre los haberes previsionales y los ingresos de los activos. Por otro lado, se recomienda evitar aumentos asimétricos y establecer reglas claras ante posibles caídas de precios.

Mientras tanto, en el Congreso

Rofman y Mera presentaron la propuesta a periodistas el mismo día que la oposición llegara un acuerdo para convocar a una sesión especial –este miéroles– para tratar once dictámenes con propuestas que van desde un aumento del 7,2% en las jubilaciones y una actualización del bono hasta $115.000, hasta la extensión de la moratoria previsional o una mejora en las condiciones de la PUAM. “Las reformas parciales (NdR: que se debaten en el Congreso) son peligrosas porque terminan siendo parches que generan nuevas inequidades. En vez de pensar si la moratoria sigue o no, es importante ver todo el paquete”, aseguró Rafael Rofman quien prefirió no tomar partido por ninguno de ellos.

Entre los dictámenes presentados en el Congreso, uno de los puntos más discutidos fue el valor de los haberes. El dictamen de mayoría (Unión por la Patria) propone un aumento del 7,2% desde la sanción de la ley (es el aumento que no se contempló en la último ley de movilidad correspondiente a enero de 2024), y una actualización del bono a $115.000, incorporándolo al haber y con movilidad. La primera minoría (los radicales disidentes del bloque Democracia Para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica) también contempla el mismo porcentaje de aumento, pero con un bono menor, de $100.000 a mayo de 2025, e incluye una propuesta para identificar fuentes de financiamiento. 

Otro eje de debate gira en torno a qué hacer con las prestaciones para quienes no reúnen 30 años de aportes. De nuevo el mayoritario de Unión por la Patria propone extender la moratoria vigente por dos años más, permitiendo regularizar aportes hasta 2010, e incluir a mujeres en la PUAM desde los 60 años en vez de los 65 actuales. 

En cambio, varios dictámenes de minoría sugieren abandonar esta lógica de moratorias periódicas y adoptar esquemas de proporcionalidad, donde los beneficios se ajusten a los años de aporte efectivamente realizados. Por ejemplo, DPS y EF proponen una Prestación Proporcional por Vejez equivalente al 85% de la PBU más los componentes PC y PAP, sumado a un suplemento previsional adicional. La UCR propone algo similar pero con una tasa del 70%, y PRO directamente plantea instaurar una Prestación Básica universal (similar a la PUAM) complementada con un haber proporcional calculado sobre la base de todos los aportes registrados.

En un Congreso fragmentado y con reformas parciales en disputa, la propuesta integral de CIPPEC gana peso en los despachos oficiales. La pregunta es si, cuando llegue el momento, habrá consenso político para avanzar.

NR/MG

“Una mejora a la PUAM”, dicen quienes conocen del tema. Esa sería la “mejor alternativa” que el Gobierno propone ante el vencimiento de la moratoria previsional el domingo 23 de marzo, el instrumento que permitió incorporar a la Argentina en la lista de países con mayor cobertura del mundo al extender los beneficios previsionales del 66% al 95% de los adultos mayores desde el 2004. A corto plazo, la opción que más se repite entre las propuestas que recorren los despachos oficiales es la quita de regímenes especiales y la incorporación de una Prestación Proporcional por Vejez, que suma a la PUAM un proporcional por años aportados. El aumento de la edad jubilatoria —un pedido histórico del Fondo Monetario Internacional para bajar el gasto previsional—, frizado hasta después de las elecciones.

¿Qué es la PUAM? Es la Pensión Universal para el Adulto Mayor, un beneficio previsional que otorga el Estado argentino a personas mayores de 65 años que no tienen una jubilación ni reúnen los aportes necesarios para obtenerla y es equivalente al 80% de una jubilación mínima.

Como antecedente de la intención oficial de eliminar los regímenes jubilatorios especiales y crear una prestación proporcional por vejez, que sume a la PUAM un proporcional por años aportados, es necesario remontarse a la primera versión de la Ley de Bases, en la que el Gobierno había propuesto la eliminación de la moratoria previsional y su reemplazo por un nuevo sistema de prestación proporcional para aquellas personas que no cumplan con los años de aportes requeridos. 

El proyecto de reemplazo de la moratoria proponía una prestación a la que podían acceder todas las personas con más de 65 años (alargando de esta manera la edad de las mujeres en edad de jubilarse y sin aportes, que es a los 60 años), para cobrar un monto equivalente al 80% del haber mínimo, similar a la PUAM pero con un plus proporcional a los años efectivamente aportados, si corresponde. Según fuentes parlamentarias, ese renglón de la Ley de Bases lo diseñó el exdiputado de la UCR Alejandro Cacace, actual subsecretario de Reformas Estructurales del ministerio que dirige Federico Sturzeneger, por lo que se acerca mucho a la intención oficial.

Entre los proyectos que hoy giran sobre este eje, algunos establecen que esta prestación por vejez tenga como techo a la jubilación mínima, otros que baje la edad de la PUAM para mantener la edad jubilatoria actual de las mujeres.

En carpeta

En paralelo, el Congreso se convirtió en una usina de propuestas. El pasado viernes, entraron cuatro proyectos de ley que se suman a una treintena que proponen desde la extensión de la moratoria actual hasta una reforma integral del sistema, pasando por la quita de jubilaciones o pensiones de privilegio y la Comisión de Previsión y Seguridad Social tratará en una sesión el próximo 9 de abril. 

Las propuestas que menor asidero tienen dado el contexto actual son las de diputados y diputadas de Unión por la Patria (Leopoldo Moreau, Andrea Freites, entre otros) y el Frente de Izquierda (Vanina Biasi, Nicolás del Caño), que solicitan prórrogas por dos años a la moratoria previsional vigente. Gisela Marziotta (UxP) apuesta a una prórroga de diez años, y un proyecto presentado por Victoria Tolosa Paz (UxP) propone establecer una ayuda económica de $105.000 con actualización mensual por inflación. 

Otro espacio importante en la agenda legislativa lo ocupan las propuestas dedicadas a la eliminación de beneficios previsionales especiales para el clero, presidentes, jueces y diplomáticos. Se destacan en este sentido la cantidad de textos que apuntan la restricción de haberes para condenados por delitos de corrupción. Los diputados cambiemistas Marcela Campagnoli, Gerardo Milman, Ana Clara Romero, Alejandro Finocchiaro, Hernán Lombardi presentan uno que propone excluir a expresidentes condenados. Un déjà vu respecto al debate de Ficha Limpia. 

Finalmente, los diputados Alejandra Torres y Agustín Domingo, del bloque de Miguel Pichetto, propone una reforma integral del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones proponen la eliminación de los 30 años como requisito de un mínimo de servicios, considerar las remuneraciones de toda la vida laboral para el cálculo del haber previsional, establecer como piso garantizado de haber la PUAM y aumentarla en función de los aportes que la persona tenga realizados en su vida laboral y permitir, como ocurre con las jubilaciones, que quien percibe la PUAM pueda trabajar.

Y después: el FMI

El fin de la moratoria previsional coincide con un año electoral y de negociación con el Fondo Monetario Internacional, al que nunca le es ajeno el sistema previsional. Haroldo Montagú, ex viceministro de Economía durante la gestión de Martín Guzmán y director de la consultora Vectorial, vivió de cerca la última negociación de Argentina con el FMI en 2022. 

“Básicamente el Fondo siempre pide tres cosas en la Argentina respecto de la cuestión previsional: la equiparación para de la edad de retiro entre hombres (65) y mujeres (60); la eliminación de la moratoria y un aumento de la edad jubilatoria a 67 años o incluso más. Todo eso en la práctica implica menos gasto previsional, porque tenes que estar trabajando más años para empezar a pagar”, cuenta en diálogo con este diario. 

Con la moratoria previsional resuelta, el próximo dardo apuntaría al aumento de la edad jubilatoria. En la Argentina parecen años, pero pasaron apenas un mes y diez días desde que Javier Milei despidiera al extitular de la Anses Osvaldo Giordano, quien había afirmado que el Gobierno iba a presentar un proyecto para aumentar la edad jubilatoria durante 2025. “La reforma jubilatoria no es para este momento”, dijo el Presidente durante una entrevista televisiva después de echarlo, el 9 de febrero de 2024, a menos de dos meses de haber asumido, porque su pareja, la diputada cordobesa Alejandra Torres, había votado en contra de la Ley de Bases.

No hay que olvidar, sin embargo, que el Poder Ejecutivo tiene desde diciembre facultades extraordinarias en materia previsional hasta el 31 de diciembre, gracias al controvertido DNU 70/2023, el megadecreto que le permite derogar, modificar o intervenir sobre aspectos clave del sistema sin pasar por el Congreso.

¿Por qué presentar un proyecto si pueden hacerlo por decreto? ¿Por qué sobreactuar un rechazo al aumento de la edad jubilatoria? La respuesta está, sin dudas, en el terreno político. “El ritmo lo marcan las elecciones”, dice un legislador opositor. La posibilidad de avanzar con una reforma de alto costo social sin consenso legislativo es una carta con la que el Gobierno cuenta, pero también una jugada arriesgada en un año electoral. El camino del Congreso, más lento pero legitimado, parece hasta las elecciones la opción más viable.

NR/JJD

Conocidos los datos de inflación, correspondiente a octubre, y de salarios Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), al mes de septiembre, el Gobierno celebró. Sin embargo, también confirmaron una sospecha: de haberse sostenido la movilidad jubilatoria anterior, los ingresos de jubilados y jubiladas serían en diciembre 21,1% mayores a los que efectivamente percibirán con la fórmula del presidente Javier Milei.

En el mes de marzo, Milei derogó, a través del DNU 274/24, la Ley 27.609, del año 2021, que tomaba en consideración para la fórmula de movilidad la evolución de los salarios (medidos por el Ripte, que significa Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, un indicador que mide el promedio de los salarios sujetos a aportes de los trabajadores registrados y estables; o Indec, el que sea más favorable para el jubilado) y de la recaudación de ANSES en partes iguales.

En su reemplazo, Milei estableció la actualización mensual (en detrimento de la trimestral) por la inflación disponible al momento de la liquidación del haber, esto es, de dos meses atrás. A su vez, otorgó una recomposición por única vez de 12,5%, a modo de reconocimiento por la inflación de enero (20,6%). 

Esto permitió una mejora en los haberes en relación al piso que habían tocado en el primer trimestre. Sin embargo, en el trimestre septiembre-noviembre de 2024, los haberes continúan por debajo del poder adquisitivo del mismo período del año pasado. La comparación trimestral es la más adecuada metodológicamente, por la frecuencia de actualización de la fórmula anterior, aún vigente en el período que estamos considerando (sep-nov 2023). 

Hay que destacar que la situación de las prestaciones no es homogénea, pero en ambos casos se ubican por debajo del trimestre equivalente del 2023: mientras que las jubilaciones sin bono se mantienen 4% abajo de 2023, las jubilaciones con bono se ubicaron 13,1% por debajo.  

¿A qué se debe esta divergencia? Al bono que perciben quienes cobran la mínima, que el oficialismo mantiene congelado en $70.000 desde el mes de marzo. Mientras que los haberes se incrementaron entre marzo y diciembre 93,1%, la mínima, con bono incluido, sólo aumentó 61,2%.

De haberse actualizado en la misma proporción, el bono debiera ser en diciembre de $135.140, prácticamente el doble del guarismo que efectivamente percibirán. Así, a los jubilados y pensionados de la Argentina les niegan por mes $65.140. Como si esto fuera poco, en el presupuesto 2025, se prevé que el congelamiento en $70.000 se mantenga, continuando así con la política de licuación sobre los de más abajo.

A los jubilados y pensionados de la Argentina el gobierno de Milei les niega por mes $65.140. Como si esto fuera poco, en el Presupuesto 2025 se prevé mentener el bono congelado en $70.000

En suma, entre la fórmula impuesta por el DNU 274/24 y el congelamiento del bono, las jubilaciones y pensiones continúan siendo el principal factor explicativo en el ajuste efectuado por el Gobierno. A septiembre, último dato disponible, constituyen el 25,3% del recorte de gasto que hicieron Milei y Caputo.

Asimismo, es importante destacar que la temporalidad del DNU 274/24 no fue casual. La modificación de la fórmula previsional se hizo en un momento preciso: una vez consumada la enorme pérdida del poder adquisitivo que produjo la aceleración inflacionaria, pero apenas antes de que la fórmula anterior comience a mostrar una mejora real en los haberes. 

Como cualquier fórmula de actualización, la de la Ley 27.609 se nutre de indicadores pasados, y por ende presenta un rezago. De este modo, en contextos de inflación creciente, el atraso en la captación de los datos implica que se actualice con valores más bajos que los vigentes. Por el contrario, en un contexto con inflación a la baja, la fórmula iba a otorgar aumentos que mejorarían la capacidad de compra. Con los datos publicados por Indec, se confirmó una vez más esta situación. En septiembre de 2024, las jubilaciones hubieran aumentado 33,4%, si Milei no hubiera derogado la fórmula por decreto. Por el contrario, en el trimestre sólo aumentaron, con el nuevo cálculo, 13,4%. 

Asimismo, en diciembre de 2024, las jubilaciones aumentarán 10,7% en el trimestre, mientras que, de haberse sostenido la fórmula anterior, se hubieran incrementado 24,1%. Así, mientras que la mínima sin bono orillará los $260.000, se ubicaría con la fórmula anterior en $314.000, esto es, 21% por encima. El problema no era la fórmula, sino la aceleración inflacionaria. Si el Congreso ratifica el DNU 274/24 (cuestión incluida en el proyecto de presupuesto 2025 del Ejecutivo), y la inflación se mantiene en estos guarismos, las jubilaciones ya no perderán, pero tampoco tendrán la posibilidad de recuperar poder adquisitivo. 

Por el contrario, la Ley 27.756 que este año sancionó el Congreso pero fue vetada por el Ejecutivo incluía una recomposición por única vez de 7,2% para todos los haberes y un haber mínimo equivalente al 109% de la CBT (Canasta Básica Total, un indicador económico utilizado por el Indec para medir el costo de una canasta que incluye bienes y servicios esenciales para satisfacer las necesidades básicas de una familia o individuo, y que define si se es pobre o no) de un adulto, que hubiera impedido la licuación del bono. A su vez, permitía en el mediano plazo una mejora progresiva en los haberes si la economía crecía, ya que contaba con una cláusula gatillo en marzo de cada año, que se activaba sólo en caso de que en el año calendario anterior, los salarios le hayan ganado a la inflación. Sin embargo, el oficialismo eligió el camino del ajuste: sostener el superávit a costa de jubilados y jubiladas.

CB/JJD

La nena de 10 años que fue rociada con gas pimienta durante la movilización en contra del veto a la movilidad jubilatoria en el Congreso dijo que no pensaba que la Policía “tiraba gas pimienta en la cara” y que las fuerzas de seguridad “están para cuidarte” y no para “reprimirte”.

En medio del escándalo por el ataque que recibió la menor y el polémico cruce entre los funcionarios nacionales en torno al video fake que difundió el jefe de la Policía Federal, Fabrizia Pegoraro habló y expresó: “No me lo imaginaba porque no creía que fueran a ser capaz de hacer eso”.

“Yo pensé que si tiraban gas era al aire y no que te tiraban a la cara”, manifestó sobre el accionar de los efectivos durante la marcha.

Este viernes, en diálogo con Radio con Vos, la menor sostuvo: “Me re asusté. Me levanté llorando porque no podía respirar”. Sobre su presencia frente al Congreso este jueves, Fabrizia relató que al principio “no quería ir, pero después de ver la votación, no me pareció justo. Me parece que estuvo mal, no es que estábamos pegando ni tirando agua hirviendo como dicen. Era una manifestación pacífica”, dijo.

Por el hecho, no pudo ir al colegio ya que se sentía mal, pero espera volver este viernes. Al ser consultada sobre qué va a responder cuando sus compañeros le pregunten sobre lo que pasó, la niña señaló: “Les voy a decir lo que pasó, nada raro. Les contaría lo malo que fueron los policías. El policía está para cuidarte, no para reprimir”.

Por último, acerca de si tiene miedo a ir a otra marcha, la nena destacó en el canal C5N que volvería a asistir y que cree que con lo que pasó “no serían capaces” y no “estarían con los gases”.

Por su parte, Carla Marina, madre de la niña, aseguró que fue a la marcha “para apoyar a los jubilados, porque es una vergüenza lo que está pasando en este país”. Con respecto a la presencia de Fabrizia en las afueras del Congreso, argumentó no tener “quién me cuide a la nena y pagar una niñera es imposible, soy madre soltera”. Y avanzó contra los senadores: “Esos hijos de puta ganan 7 millones y se lo quieren subir a 9. Me indignó”.

Acerca de las noticias que daban cuenta de que el gas pimienta lo había arrojado un manifestante, Carla sostuvo que esas versionbes “son una mentira, no me importa lo que digan. Estoy cansada de las mentiras. Si seguimos así, estamos todos perdidos”, dijo, y agregó: “Es la primera vez que voy con ella a una marcha. Lo único que pido es trabajo. Estoy barriendo calles, para el Gobierno de la Ciudad, pero me gustaría tener otro laburo”, concluyó.

Poco después el abogado Gregorio Dalbón anunció que representará a la niña. “Fabrizia ya tiene abogado. Vamos a representarla ante la Justicia a ella y a su madre por la violencia institucional sufrida por ambas. Hoy a las 19 haremos una conferencia de prensa en nuestro Estudio. Abierta a todos los medios. Los esperamos”, escribió en su cuenta de X.

La denuncia contra Bullrich por “abuso de autoridad”

Dalbón fue también quien denunció a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich este viernes por presunto abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público a raíz del operativo de seguridad durante la manifestación contra el veto presidencial a la reforma jubilatoria en inmediaciones del Congreso Nacional el miércoles último.

La denuncia será investigada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien subroga el juzgado federal 9 de la Ciudad de Buenos Aires, donde quedó radicada por sorteo, informaron fuentes judiciales.

El abogado pidió ser citado para ratificar y ampliar la denuncia por la represión que incluyó el rociado con gas pimienta a una nena de diez años que asistía a la marcha con su mamá y que según imágenes difundidas por medios de comunicación estaba junto con ella agachada para protegerse cuando un policía las roció.

La denuncia se presentó por el artículo 248 del Código Penal que prevé de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos para quien “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

De manera posterior, también fue denunciada en los tribunales federales de Retiro por los mismos hechos la funcionaria del Ministerio de Seguridad nacional Alejandra Monteoliva por presunta violación de deberes de funcionario público.

La denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria junto a Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto García y quedó a cargo de la jueza federal María Servini.

La versión de Bullrich y su cruce con Feinmann

Pese a la contundencia de las imágenes registradas por las cámaras, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, negó este jueves que la Policía Federal Argentina haya rociado con gas pimienta a una nena de 10 años y a su madre durante la manifestación de este miércoles en los alrededores del Congreso nacional en contra del veto a la ley.

En el video, se ve como un cordón policial avanza sobre un grupo de manifestantes y empieza a arrojar gas pimienta, e inclusive uno de los agentes hace lo propia contra una la niña y su madre que estaba tirada en la calle intentando cubrir a su hija. 

“Nosotros ayer estuvimos frente a una situación que sabíamos que iba a explotar la violencia en el momento que explotó. Nadie gaseó a una nena”, dijo la funcionaria de Javier Milei. 

“Nadie le tiró intencionalmente a una nena”, insistió Bullrich durante un tenso intercambio con el periodista Eduardo Feinmann, que le adjudicó responsabilidad política a la ministra por la represión presuntamente indiscriminada.

“No es gasear a una nena. La policía esta avanzando. La señora está en el piso, la policía avanzando y lo que hace es poner atrás a la nena”, relató Bullrich. 

El conductor de LN+ en todo momento intentó contrastar la versión de la funcionaria con las imágenes registradas. “Hay un oficial que le apunta a la nena y a la mamá”, afirmó Feinmann.

“No señor, nadie le apunta a la nena ni a la mamá. Eso es querer poner a la policía en un lugar en el que no está. La policía está todo el día en tensión frente a los intentos permanentes de violencia que sufre. El otro día tiraron agua caliente. Ayer estaban con gases y con pimienta los manifestantes. Hay un grupo de gente con uniformes naranjas que están todo el día dando instrucciones para plantear como se cubren y como tiran gases. Eso grupo está armando desde la provincia de Buenos Aires”, indicó, en referencia al Gobierno de Axel Kicillof.

“Pero eso es otra cosa, Patricia”, contestó el periodista.

“No es otra cosa porque nadie le tiró intencionalmente a una nena”, retrucó Bullrich.

“La imagen es clara. ¿Quiere que se la muestre en cámara lenta? ¿Qué le frene la imagen? ¿Qué mas quiere?”, ironizó Feinmann, tratando de dejar en ridículo a la ministra.

“Muéstremela como quiera, pero de ninguna manera la intención...ni siquiera se ve la nena. Se ve al policía que saca el gas, empieza a tirar para dispersar a ese de verde y a todos los que alrededor les habían tirado”, explicó Bullrich.

“Pero apunta para bajo. La nena estaba con la mamá sentada en el piso…”, insistió el comunicador.

“No. Los policías están con los cascos, no escuchan. Hubo un error de mandar un video que nosotros de ninguna manera lo avalamos ni dijimos en ningún tuit. Voy a hablar con el jefe de Policía si él fue el que mandó”, señaló la jefa de la cartera de Seguridad.

Segundos antes, Feinmann le había revelado a la ministra que quien le había hecho llegar el video a la producción del canal era Luis Alejandro Rolle, el jefe de la Policía Federal.

Quién es el jefe de la Policía Federal acusado de difundir el video fake del ataque a la nena con gas pimienta

El jefe de la Policía Federal (PFA), Luis Alejandro Rolle, está bajo la mira por ser quien difundió el video fake del ataque a la nena con gas pimienta y remarcar que se trataron de “grupos de izquierda”.

Con estrecha relación con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Rolle tendría las horas contadas en su cargo luego de que trascienda que fue él quien envió a los medios de comunicación un video en el que se quiso demostrar que no fueron desde la fuerza de seguridad lo que arrojaron gas contra la niña de 10 años en la marcha por la movilidad jubilatoria en el Congreso.

Esto se supo luego de que el periodista Eduardo Feimann le haya manifestado a la funcionaria, quien sostenía que la Policía no había rociado con gas a la menor, que fue Rolle la persona que le hizo llegar a la producción de su programa el video fake.

De esta manera, en las próximas horas Bullrich mantendrá una reunión con el jefe de la PFA y le pediría la renuncia y pondría en su lugar a Alejandro Ñamandú, quien hasta diciembre pasado fue superintendente de Investigaciones en la fuerza. 

El actual jefe de la PFA era comisario y en noviembre de 2022 estaba en la cúpula de la Superintendente de Aviación Federal.

Aun así, su historia dentro de la fuerza de seguridad comenzó mucho antes cuando estuvo como cabecilla de una división contra robos y hurtos en el que manejaba efectivos de infantería, control y confrontación en disturbios.

Se trata de uno de los agentes más prestigiosos de la Policía Federal ya que durante años participó en diversas divisiones que combatieron el delito complejo y tenía vínculos con el FBI, Interpol y Homeland Security.

Las disculpas de Jonatan Viale

Con información de agencias.

IG

En un encendido mensaje a través de su cuenta de Twitter (X), titulado “Rechazo al aumento del gasto público”, el presidente Javier Milei celebró que la Cámara de Diputados no haya conseguido los dos tercios esta tarde para rechazar su veto a la mejora jubilatoria y acusó a la oposición de querer voltear a su gobierno. “Hoy 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo lograromos conseguir”, posteó el jefe de Estado.

Milei agregó: “Evidentemente, los políticos siguen pensando que los argentinos somos tontos y no vemos sus malintencionadas maniobras para voltear a un gobierno que por primera vez elige decirle a los argentinos una verdad incómoda en lugar de una mentira confortable”. E insistió en que el déficit cero es innegociable.

El gobierno de Milei sostiene que el superávit fiscal es necesario para estabilizar la economía y controlar la inflación. Sin embargo, justo antes del tuit de Milei el Indec difundió el dato de agosto, 4,2%, que significa una suba respecto del mes anterior.

La oposición sostiene que el ajuste fiscal extremo —del que el propio Milei se jacta al señalar que es “el más grande de la historia”— está agravando la crisis social, aumentando el desempleo y deteriorando los servicios públicos esenciales como la salud y la educación. “¡Viva la libertad, carajo!”, fue el cierre del mensaje del Presidente en Twitter.

JJD

La movilización de este miércoles para exigir que el Congreso rechace el veto de Javier Milei a la movilidad jubilatoria encontró a una CGT dividida, con “libertad de acción” para sus gremios, en un clima de creciente malestar a raíz de los fuertes cuestionamientos de Cristina Kirchner al sindicalismo a través de su última carta pública.

La cúpula de la central obrera se mostró fracturada: el sector más combativo decidió plegarse a la marcha convocada inicialmente para las 13 por las dos vertientes de la CTA —que encabezan Hugo Godoy y Hugo Yasky—, los movimientos sociales y la izquierda, en un desafío al protocolo antipiquetes con el que amenaza el Gobierno. Pablo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (Bancarios) y Abel Furlán (Metalúrgicos) serán las caras visibles de la CGT en las inmediaciones del Congreso.

Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT e integrante del sector de los autodenominados “independientes”, explicó la postura oficial: “Desde la CGT hemos repudiado el veto. De cualquier manera, hay libertad de acción para quienes quieran acompañar este tipo de manifestación, pero no es un tipo específico que la institución CGT decida hacer”, dijo el último fin de semana en AM 750.

La tensión entre las distintas facciones es indisimulable. “Repudiamos la represión que vimos en los últimos dos miércoles y a los diputados que quieren darse vuelta y apoyar el veto”, se diferenció Pablo Moyano y afirmó: “Ojalá sea una marcha masiva y ojalá los diputados se enteren de que hace 20 días votaron la reforma de $13.000, es vergonzoso decirlo. Se armó toda esta pelea por $13.000 para los jubilados y estos delincuentes aprobaron un presupuesto de $100.000 millones para inteligencia”. 

En diálogo con elDiarioAR, un representante de la CGT presente en la marcha afirmó: “Creemos que es necesario acompañar todas las demandas de la sociedad en la calle, y hoy la demanda más fuerte es la de los jubilados. El ala ‘dialoguista’ insiste con bajar el perfil de confrontación con el Gobierno”. En ese sentido, cuestionó la estrategia: “¿Y qué consiguieron hasta ahora? Su resultado es cero. Ser dialoguista hasta ahora no tuvo ninguna eficacia; sostienen esa posición por un tema de confort. Milei no les dio nada, todo lo que pudo modificarse se lo hizo a través del Congreso”. 

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, uno de los primeros en cuestionar el veto de Milei tildándolo de “mentiroso, cruel e insensible”, decidió sumarse a marchar con los movimientos sociales como la UTEP, los sectores agrupados en el Frente Sindical, la Corriente Federal, las dos CTA, organizaciones de izquierda y organismos de derechos humanos. La columna bonaerense se reunirá a las 11, encabezada por el mandatario provincial, sus funcionarios y un grupo de intendentes bonaerenses. 

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de 24 horas con movilización al Congreso. El sector se encuentra en estado de alerta por el intento de congelar los salarios en la administración pública y los despidos que anunció Milei en diferentes áreas. Durante la última paritaria, ATE rechazó el 2% de septiembre y 1% de octubre ofertado por el Gobierno. 

La tensión por la carta de Cristina 

En el último documento que publicó contra Milei, Cristina también realizó una crítica profunda hacia el peronismo al afirmar que “se torció” y “se desordenó” por varios motivos, entre ellos no haber advertido la modificación de las relaciones laborales. Según la expresidenta, de la minoría que representan hoy los trabajadores registrados en la actividad privada, sólo el 40% de ellos está sindicalizado.  

“La consecuencia objetiva es que las representaciones sindicales características del siglo XX y fundantes del peronismo ya no son la expresión mayoritaria de los trabajadores”, lanzó en la carta, en una frase que se interpretó como un cuestionamiento hacia el rol de la actual conducción sindical. 

Al ser consultado por este tema, Pablo Moyano reaccionó visiblemente molesto, pidiéndole a Cristina “que dé nombres”. “La leí muy por encima. Esa crítica se tiene que dar en un debate interno y no hacerla público. Volvemos a las peleas anteriores que llevaron a este cachivache a presidente (por Milei)”, analizó el líder camionero en Radio 10. 

Andrés Rodríguez fue más duro y opinó que Cristina debe “revisar mejor los números” a los que hizo referencia. “En la población económicamente activa hoy el trabajo formalizado está reducido a la mitad. Esto no es producto de que el movimiento obrero haya querido informalidad, es producto de la falta de políticas de los gobiernos de hace bastante tiempo”, dijo y contraatacó: “Durante los gobiernos que presidió la señora Cristina Kirchner tampoco se hizo una política de empleo formal firme porque siguió existiendo el subsidio a la gente que estaba en la informalidad, agravado después en el gobierno de Macri y mucho más en el de Alberto Fernández”.

Las críticas de Cristina tampoco fueron bien recibidas por los dirigentes gremiales más cercanos al kirchnerismo. Un sindicalista de la CTA, de buen vínculo con el Instituto Patria, opinó en diálogo con elDiarioAR: “Son afirmaciones del sector político que no coinciden con los embates que estamos recibiendo permanentemente. La tesis de Cristina es que el sindicalismo está disminuido en su capacidad de acción, pero hay 28 proyectos presentados en comisión para impedir la reelección en sindicatos, eliminar cuota sindical, prohibir que alguien procesado -con un proceso judicial en curso- pueda tener un cargo, un protocolo creación de fuerza especial en centros sindicales, y la lista sigue”.

En ese sentido, resumió: “Desde el lado del Gobierno ven al sindicalismo como una amenaza latente. Nadie pierde tiempo en patear a un perro muerto… si efectivamente el sindicalismo estuviera reducido a la nada, como se desprende de lo que plantea Cristina, el Gobierno no perdería tiempo en generar protocolos y toda una andanada de iniciativas con las que busca desactivar el poder de fuego de los gremios”. 

“No sirve que presente eso ahora. Interpreto que Cristina lo plantea porque es una mirada que pretende tender cierta transversalidad a sectores de clase media que miran con mucho prejuicio al sindicalismo, pero no es oportuno”, cerró. El tema signó la antesala de la protesta y promete continuar en las próximas semanas, cuando la cúpula de la CGT y el resto de los dirigentes sindicales sientan, una vez más, la presión de sus bases para salir a la calle a protestar contra las medidas del Gobierno.

LA/JJD

Emiliano Yacobitti, referente de la línea Evolución en la UCR, criticó duramente a los “radicales con Peluca”, aquellos que se alinean con el gobierno de Javier Milei. “Ya existían, ahora solo se ponen en escena”, afirmó Yacobitti, y agregó que el Gobierno está captando diputados de bajo perfil para renovar sus bancas en las próximas elecciones. Pidió que aquellos que cambien su voto sean llevados a la comisión de disciplina para su expulsión del partido.

Aludió a los diputados nacionales de la UCR Mariano Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones), Luis Picat (Córdoba), Federico Tournier (Corrientes y Pablo Cervi (Neuquén), que en la tarde del martes —un día antes de la sesión convocada por la oposición para rechazar el veto de Milei a la mejora jubilatoria sancionada ley por el Congreso—, fueron recibidos por el Presidente en la Casa Rosada y tras esa reunión confirmaron que apoyarán el veto.

“No pasa solo con el radicalismo: Guillermo Francos y Daniel Scioli son peronistas con Peluca. Eran funcionarios de Cristina [Fernández de Kirchner], funcionarios de Alberto Fernández y ahora, funcionarios de este gobierno. Es más, piden el premio Nobel en Economía para Milei”, dijo Yacobitti, en una entrevista que le realizaron en el programa Sólo una vuelta más, de Todo Noticias (TN).

“El gobierno está apuntando a diputados que no tienen un gran perfil político, entonces ellos ven que pueden adoptarlos para sus listas el año que viene. Y esos diputados, que necesitan renovar, que en su mayoría van a saber que no son muy conocidos, van a intentar renovar a través de ese partido”, dijo el referente de Evolución Radical en alusión a la posibilidad de que los diputados que visitaron a Milei sean candidatos de La Libertad Avanza.

“Acá lo importante es qué hacen los partidos. En este caso la Convención Radical dijo que si votaban y que cambiaban su voto, había que ir a la comisión de disciplina para expulsarlos, como pasó, por ejemplo, con [Julio] Cobos en su momento, y los que habían hecho la Concertación Plural (con el kirchnerismo), lo que no quiere decir que después, en otro momento, puedan a volver”, dijo Yacobitti, como minimizando la eventual sanción partidaria a los que colaboran con el gobierno libertario.

En este sentido, fue consultado sobre el neuquino Cervi, uno de los radicales que recibió Milei y que es integrante de Evolución. “Acá lo que importa es qué hacen los partidos políticos con las personas que hacen esto. Bien. Pablo Cervi, si estaba en Evolución y hace esto, seguramente no va a estar más en Evolución”, afirmó.

Yacobitti, que ahora se desempeña como vicerrector de la UBA, reveló también que está dialogando con funcionarios del Gobierno para evitar que Milei vete el presupuesto universitario, en caso de que se convierta en ley esta semana, dado que busca actualizar los salarios de los docentes. “Estoy haciendo todo lo posible para que no veten el presupuesto universitario”, declaró. Entre sus interlocutores mencionó al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y al asesor estrella de Milei, Santiago Caputo.

En la misma entrevista Yacobitti desmintió las acusaciones del gobierno sobre una falta de rendición de cuentas universitaria respecto de $12.000 millones. “Es falso, el 100% de los fondos de la UBA están rendidos ante la Contaduría General de la Nación”, aseguró Yacobitti y retó al Gobierno a especificar qué fondos no han sido rendidos.

Por otro lado, Yacobitti se mostró dispuesto a votar a favor del pliego de Ariel Lijo como juez, siempre y cuando el Gobierno garantice un acuerdo para cubrir todas las vacantes en la Justicia. “Si el Gobierno se compromete a un plan integral, lo votaría”, afirmó.

JJD

Esta semana Javier Milei formalizó su promesa: vetar la recomposición de los haberes previsionales. En medio de una catarata de agresiones a los legisladores, acusándolos de “degenerados fiscales”, el rechazo presidencial a la norma aprobada fue total y no parcial, como se había especulado en algún momento. Sin embargo, el Congreso podría insistir en la sanción y que de esta manera la ley que en vigencia definitivamente, ya sin la posibilidad de un nuevo veto. La amplia mayoría en ambas cámaras que con se sancionó hace dos semanas la Ley 27.756, que permitía una mejora en los haberes previsionales, vuelve verosímil esa posibilidad.

La pelota está en la cancha legislativa: con dos tercios de los presentes en cada Cámara, la ley se puede ratificar. De hecho, en Diputados ya se solicitó una sesión especial para su tratamiento el próximo miércoles. La política ahora debe definir si hay voluntades suficientes o triunfará la decisión del Presidente. 

Ahora bien, ¿en qué consistía esta iniciativa? Por un lado, otorgaba una recomposición para todos los haberes de 7,2%. A su vez, establecía un piso mínimo para todos los haberes de 109% sobre la valuación de la canasta básica total de un adulto equivalente. Por último, contenía una cláusula gatillo a activarse una vez al año (en marzo) equivalente al 50% del crecimiento real de los salarios en el año calendario anterior. 

No obstante, la fórmula de actualización que proponía la ley es la misma que Milei impuso por DNU en marzo de este año: de periodicidad mensual, atado a la inflación de dos meses atrás. El encono del presidente con el Poder Legislativo fue tal que ni siquiera aceptó ese artículo de la ley y decidió vetar la iniciativa de manera total.

En términos prácticos, la ley permitía incorporar el bono al haber y reducir la discrecionalidad que el Poder Ejecutivo tiene sobre este componente tan significativo para quienes cobran la mínima. Esa discrecionalidad es la que le permitió al ministro de Economía, Luis Caputo, mantener las jubilaciones como variable de ajuste: el bono se encuentra congelado desde marzo en $70.000 y perdió gran parte de su poder de compra. La licuación es tal que si el bono se hubiera ajustado en la misma proporción que el haber, debería ser en septiembre de $122.000, es decir, $52.000 más por mes.

Asimismo, la ley sancionada, y ahora vetada, permitía que la pérdida de poder adquisitivo ocasionada por la inflación de enero fuera totalmente compensada: el Ejecutivo había otorgado 12,5% de recomposición, restaba un 7,2% acumulado para equiparar la suba de precios promedio de enero de 20,6%. Estas dos cuestiones hubieran permitido que las jubilaciones mínimas mejoraran 5% en términos reales en el próximo trimestre. 

Por último, la cláusula gatillo sólo se activaba una vez al año, y siempre que los salarios hayan crecido en términos reales. Si los salarios crecen, la recaudación de los tributos de la seguridad social también lo hacen, y por ende el Estado tendría los recursos para afrontar ese incremento extra. Este artículo de la ley era el único que permitía pensar en la posibilidad de que las jubilaciones ganen en algún momento del mediano plazo en términos reales. De lo contrario, si mañana la inflación se “destruyera” como se propone el gobierno, las jubilaciones quedarían por siempre en este piso, bajo en términos históricos (32,5% debajo de 2015), sin posibilidad de recuperación. 

Desde el Gobierno, acusaron a los legisladores de atentar contra el plan económico y, como en otras ocasiones, presentaron cálculos de dudosa consistencia teórica para mostrar la imposibilidad del Estado de afrontar dichas mejoras. En parte, esto implica asumir una cuestión que el presidente niega: el superávit fiscal se sustenta en gran medida en el recorte a jubilados y jubiladas (27,7% en el período enero-julio de 2024).

La pregunta que en definitiva rodea la cuestión es: ¿se constituye realmente como impagable la mejora de los haberes, tal como sostiene el presidente? Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, si comparamos la situación vigente (con bono inclusive de $70.000 hasta fin de año) con la ley que sancionó el Congreso, el costo extra es de 0,44% del Producto Bruto Interno, incluyendo no sólo jubilaciones sino también pensiones no contributivas y asignaciones familiares, cuyos aumentos están ligados a la movilidad previsional. Este cálculo se realizó suponiendo que la ley se comenzaba a aplicar en agosto y retroactivo a abril, con lo cual, en términos efectivos, el impacto sobre el gasto sería aún menor.

¿Eso es mucho o poco? Es un guarismo similar al que dejará de recaudar el Estado por la reducción de la alícuota del impuesto a los Bienes Personales en 2024 establecida en la Ley de Bases. Este impuesto al patrimonio lo abonan 409.081 contribuyentes (dato 2022, último disponible). Es decir, genera prácticamente el mismo impacto mejorar el ingreso a 6.089.252 de jubilados y pensionados y a 5.347.470 titulares de asignaciones familiares (dato junio de 2024) que beneficiar a las personas más ricas de nuestro país. Entonces, no se trata de una cuestión de si hay o no recursos, sino de prioridades: ¿para quién gobierna el gobierno?

CB/JJD

El presidente Javier Milei argumentó que vetará la ley que aumenta el 8,1% en las jubilaciones al sostener que se trata de una “medida demagógica que voto el Senado” y que “implica un incremento de la deuda de US$370.000 millones, a perpetuidad”.

“El veto va a ser completo, total. En principio, lo que hay que tener en cuenta es el error conceptual y perjudicial que esto es para los argentinos”, definió en una entrevista a La Nación+. 

El mandatario cuestionó a la oposición, a quien responsabilizó de licuar las jubilaciones en un 30%, y recordó que Néstor y Cristina Kirchner, incluso a Miguel Ángel Pichetto como jefe de bloque, vetaron el 82% móvil para las jubilaciones en 2010.

“Han dado argumentos en contra cuando estaban en el Gobierno, ¿por qué quieren hacerlo ahora? No tengo dudas de que quieren romper a este Gobierno porque si nos va bien va a significar que los argentinos van a estar mucho mejor y estas ratas no vuelven más”, planteó el mandatario.

En la misma línea, aseguró que la sanción de la ley “implica una violación de ley de administración financiera del Estado”, y planteó que la creación de un gasto debe ir acompañado con una contrapartida de financiamiento. “No se puede gastar sin saber con qué se va a financiar. La contraparte es un aumento de déficit fiscal”, indicó.

“¿Cómo lo voy a financiar? ¿Con emisión de dinero? Si emito dinero genero inflación, si genero inflación distorsiono los precios y vuelvo a castigar a los jubilados y a los segmentos más vulnerables y termino afectando negativamente el sistema de precios”, se preguntó.

Asimismo, insistió: “¿Qué puedo hacer? ¿Me endeudo? Sería una locura, un gasto permanente. La Argentina lo ha hecho, la contraparte es la suba del riesgo país, menor salarios reales, pobreza para todos y menor crecimiento. O directamente subir los impuestos y eso va a pegar en el crecimiento”.

“Si la economía lograra crecer al 3%, un número bastante pobre, si toma ese crecimiento y las condicionales que pone la ley, implica subir la deuda producto en 62 puntos del PBI. La medida demagógica que voto el Senado ayer implica un incremento de la deuda de 370 mil millones de dólares, a perpetuidad”, desarrolló.

Tras anunciar que vetará el aumento sancionado, el Presidente reiteró que el Gobierno le va a señalar a la sociedad “la inconsistencia de lo que plantea el Congreso” y exigió que, si ambas cámaras quieren avanzar en la sanción, “dejen en claro cómo lo quieren financiar”. 

“Esto se paga con pobreza, con menos crecimiento, y como la deuda son impuestos futuros están destruyendo la calidad de vida de futuras generaciones. Cada vez que la economía empiece a dar muestra de recomposición, automáticamente, se disparan las cuentas fiscales y queda atrapado en un nivel de presión tributaria que es imposible crecer”, afirmó, y agregó: “Los irresponsables que han votado esto le han costado al país US$370.000 millones y el hundimiento definitivo de la pobreza y la indigencia a nuestras futuras generaciones”.

También definió la ley como “un atentado directo contra el bienestar de nuestros argentinos presentes y futuros y la ruina del país”, y exigió que “expliciten a quién quiere que le cobremos impuestos, a quién quiere que le arruinemos la vida”.

“Las jubilaciones están mejor que con Alberto cuando se fue”

Más tarde, en pleno raid mediático, el mandatario sostuvo que existe “una cuestión empírica de datos duros y de lo sucio que es la política. Hoy las jubilaciones están 5% arriba que cuando asumimos, están mejor que con Alberto cuando se fue. No digo que estén bien, están mejor. Esto se arregla con crecimiento económico, no hay magia. Lo interesante es la hipocresía de la política porque Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Pichetto, vetaron la ley del 82% móvil. Son los responsables de quebrar el sistema incorporando jubilados sin aportes y con pensiones truchas. Ahora quieren romper el equilibrio fiscal”, dijo Milei en Radio Rivadavia.

De nuevo apuntó contra Macri por la SIDE

Por último, cuestionó además el rechazo del DNU por los fondos de la SIDE y reveló que el expresidente Mauricio Macri le explicó los motivos por los que el PRO votó en contra en la Cámara de Diputados. “Estuve reunido en Olivos cenando y me dio las explicaciones. A mí no me resultaron satisfactorias, pero siendo alguien que fue un jefe de Estado que sabe las necesidades de inteligencia que debe enfrentar Argentina…”, se preguntó en referencia al intercambio que tuvo lugar el pasado miércoles.

“Están soslayando que el país recibió dos tremendos atentados y quien fue responsable volvió a amenazar”, remarcó. Y agregó: “Yo entiendo que el ladrón cree a todos de su misma condición y dicen ‘es para espiar y perseguir’; en el fondo se están describiendo a sí mismos. Hemos sido muy claros con el nuevo formato de inteligencia que estamos proponiendo. Condicionarnos a nosotros que hemos puesto las cosas en orden es bastante raro, quizás están apostando a que pase algo, puede ser que yo les esté molestando tanto que les guste promover algo de estas características. Si en Argentina llegara a tomar lugar algún atentado terrorista es absoluta y total responsabilidad por este conjunto de irresponsables que le quitan financiamiento a la inteligencia”, concluyó Milei.

“El triángulo de hierro”, con Karina y Santiago Caputo

“Con Santiago Caputo y Karina somos el triángulo de hierro”, dijo el presidente también en relación a cómo se conforma su gobierno. “Asimismo, apuntó contra su compañera de fórmula, Victoria Villarruel: ”Yo envié el pliego de Lijo y García Mansilla. Lo que dijo Villarruel es una opinión de ella, habría que ver qué dijo él de ella“.

Para el mandatario, “es la única persona con experiencia de cómo funciona el Poder Judicial y que podría empujar las reformas necesarias para que funcione la Justicia. Soy liberal y me baso en el respeto. Lo que dijo ella no afectó mi vida. No veo que haya hecho algo malo”, sentenció.

Para Caputo, la oposición “quiere generar déficit fiscal”

El ministro de Economía también salió este viernes en redes sociales a defender el veto presidencial a la reforma en la movilidad jubilatoria que votó el Congreso. Para el funcionario, “a ninguno de los legisladores que votaron ayer la ley les preocupan realmente los jubilados. De lo contrario hubieran presentado alguna ley el año pasado cuando las jubilaciones cayeron 30 pct en términos reales y en plena expansión del gasto público para ganar las elecciones. En cambio, estaban todos callados”, sostuvo.

Según Caputo, “las jubilaciones con Javier Milei recuperaron 5 pct en términos reales en solo 7 meses! Es decir, la única intención de la oposición es generar déficit fiscal para poder desestabilizar el programa económico”.

Además, el titular de Hacienda remarcó que el gobierno libertario “vino a combatir justamente a esa gente, a la casta, a los mentirosos de siempre, a los que utilizan a la política para enriquecerse. No nos vamos a mover un ápice de nuestro programa económico. El equilibrio fiscal es innegociable”, sentenció.

Los argumentos de Milei, “de puño y letra”

En el mismo sentido, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, posteó en redes sociales una imagen con los argumentos de Javier Milei para vetar la reforma previsional.

“El equilibrio fiscal es absolutamente innegociable. No hipotecaremos el futuro. Les dejo los argumentos escritos de puño y letra por el propio Presidente de la Nación. Dios bendiga a la República Argentina”, escribió el vocero en X.

Con información de agencias.

IG

“Todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal y de las cuentas públicas, que es nuestra columna vertebral, se va a vetar”. Con estas palabras, el vocero presidencial Manuel Adorni cerró esta mañana su habitual conferencia de prensa. La alusión del portavoz, aunque implícita, era sin embargo muy clara: el tratamiento del proyecto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que fue impulsado por la oposición y que el Senado convirtió en ley este jueves por la tarde. El Gobierno tiene la decisión tomada hace meses y, en las próximas horas, Javier Milei se aprestará a firmar el que se convertirá en el primer veto de su gestión.

“El costo político no lo va a pagar el que avisó que lo iba a vetar, lo van a pagar los degenerados fiscales”, repiten como un mantra en Casa Rosada. Se trata del mismo argumento que ensayaron en junio, tras la media sanción en Diputados del proyecto que estipula una recomposición del ingreso de los jubilados, golpeados por la alta inflación. Aquel contexto, sin embargo, era completamente distinto. El inminente veto presidencial llegaría ahora en medio de una de las peores semanas para el oficialismo, cuya impericia política terminó empujándolo a dos derrotas al hilo en el Congreso.

En ese sentido, el dato saliente de este jueves fue que esta vez el PRO, el espacio que es aliado de La Libertad Avanza en el Congreso, votó a favor de la iniciativa opositora. Se trata del segundo gesto opositor de parte de los amarillos comandados por Mauricio Macri en poco más de 24 horas. Ayer, en otra sesión de alto voltaje, un grupo de diputados que responde al expresidente acompañó el rechazo al DNU que asignó $100.000 millones a la SIDE en concepto de fondos reservados.

Hace tres meses, el Gobierno se mostraba confiado en que la unidad de acción lograda en el recinto de Diputados por bloques tan diversos alrededor de la fórmula jubilatoria no iba a replicarse en el futuro. En aquel entonces, no dejó de llamar la atención la reacción extremadamente confrontativa del Presidente contra el Congreso, primero en redes y después durante su exposición en la décima edición del Latam Economic Forum. “Les voy a vetar todo, me importa tres carajos”, vociferó el libertario desde el atril del evento empresario que se realizó en Parque Norte en el mes de junio.

El Presidente suele sostener que no va a “entregar” el equilibrio fiscal. Y, a través de sus redes, tampoco pierde oportunidad de bramar contra “la vieja política” a la que acusa de “llevar un siglo fracasando”. “Es lo que hemos venido a cambiar. Y lo vamos a cambiar, hoy o desde el 11 de diciembre de 2025”, escribió Milei, en una referencia implícita a las elecciones legislativas del año que viene.

En esa línea, Milei replicó este jueves un mensaje en X contra los senadores que se aprestaban a votar a favor del aumento de las jubilaciones, en el que se los llamaba “cenadores”. “No son más senadores, ahora son cenadores y nos están comiendo vivos”, fue el posteo de la cuenta de Instagram “Coherencia por favor”, y que compartió el Presidente, quien ya había señalado que vetaría todos aquellos proyectos de ley que la oposición, que tiene mayoría en ambas cámaras, aprobara en el Congreso y que implicaran un aumento del gasto público.

PL/JJD, con información de NA

Un intercambio de guiños públicos entre Victoria Villarruel y el jefe de la bancada kirchnerista en medio de la sesión de este jueves en el Senado generó más suspicacias sobre la distancia que atraviesa la vicepresidenta con Javier Milei. 

El senador José Mayans (UP-Formosa) estaba promediando su discurso durante el debate de la nueva fórmula jubilatoria, que el Gobierno ya avisó que quiere vetar en caso de ser sancionada, cuando recordó el apodo “jamoncito” que Villarruel le puso a Milei en una entrevista que le dio al canal TN. En esa oportunidad, la vice metaforeó sobre el rol del Presidente entre ella y su hermana Karina. 

Mayans buscaba cuestionar al mandatario al tratarlo de “jamoncito” entre sus asesores económicos, como el ministro Luis Caputo, a quien calificó de “dueño” del plan económico de ajuste, y provocó una rápida reacción de Villarruel: “Gracias por traerme a colación”, le dijo la vice al legislador, en una clara alusión al tenso momento que atraviesa con la Casa Rosada. 

El episodio generó risas entre las bancadas, a lo que Villarruel le espetó con sorna al senador, muy allegado a Cristina Fernández de Kirchner: “Un amigo”. Fue entonces cuando Mayans remató con una línea que podría ser muy sugestiva en el futuro: “Tenemos que profundizar la amistad, presidenta”. 

A diferencia de Milei, entre las bancadas opositoras se reconoce cierta predisposición de Villarruel a estar abierta al diálogo, a sabiendas de la exigua fuerza política de La Libertad Avanza en la Cámara alta. Es clave en ese sentido la construcción que puede haber entre la vice y el peronismo, la primera minoría al contar con 33 de los 72 senadores. De hecho, Unión por la Patria tiene la definición sobre los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema que propuso el Ejecutivo, sobre todo la de Ariel Lijo, que es muy cuestionado por Villarruel. El intercambio con Mayans cristalizó que hay un puente tendido entre el kirchnerismo y la segunda de Milei.

El intercambio entre Mayans y Villarruel

MC/JJD

Mientras la definición de la ley de Bases en su vuelta a Diputados se lleva la mayor atracción política y parlamentaria de lo que resta de junio, los bloques opositores del Senado comienzan a afilar la estrategia para completar la sanción del proyecto de movilidad jubilatoria, que con amplia mayoría lograron aprobar a principios de mes, en Diputados, y que el presidente Javier Milei ya anunció que lo vetará.

Los senadores opositores buscan apurar el debate de la iniciativa con la aspiración de poder llevarla al recinto el miércoles 26 o a más tardar el miércoles 2 de julio, mientras que en el oficialista LLA bosquejan un diagrama de trabajo que incluya expositores y al menos dos o tres reuniones de los plenarios de comisiones: la idea, como en tantos otros temas que pasaron por la agenda parlamentaria desde diciembre hasta hoy, es dilatar los tiempos.

El texto aprobado por Diputados por 160 a 72 establece una recomposición del 8,1% (por lo que los haberes perdieron por la inflación de enero), más un ajuste mensual por IPC (el índice de inflación del Indec) y un aumento anual adicional, en marzo de cada año, que se establecería a partir de un cálculo por el cual se reconocería una suba del 50% de la variación del Ripte (otro índice oficial, de variación salarial) por sobre la variación de la inflación durante el año calendario anterior.

En la sanción también se fijó que el haber mínimo será de 1.09 respecto del valor de la Canasta Básica Total de un adulto, por lo que un jubilado que recibe la mínima pasaría a cobrar $285.000.

La media sanción llegó luego de que la oposición apurara el debate del tema tras haber conseguido que el Gobierno quitara el tema del proyecto de ley de Bases, ya que durante el debate de enero-febrero era uno de los puntos que generaba mayores desacuerdos.

Iniciada la ofensiva de la oposición, en marzo, y luego de vencidos los intentos dilatorios de La Libertad Avanza, el Poder Ejecutivo intentó neutralizar la discusión parlamentaria con un DNU que estableció una fórmula atada a la inflación que recién se aplicaría, con un aumento del 12,5% en el mes de abril y con un “adelanto” en mayo.

Debido al gasto fiscal que se estima que implica (un 0,4% del PBI), Milei trató a los diputados de “degenerados fiscales”, y adelantó: “Les voy a vetar todo, me importa tres carajos”. El ministro del Interior, Guillermo Francos, completó: “Lo que va a hacer el Gobierno es cortar otras partidas para poder financiar lo que salga en esa ley”.

Ante la certera posibilidad del veto, diputados y senadores de la oposición ya hacen números para poder llegar a reunir los dos tercios en cada recinto que les permitan anular el veto y confirmar la ley.

La Constitución Nacional, en su artículo 83, consigna que el Congreso podrá volver a insistir con el proyecto, siempre que cuente con la mayoría de dos terceras partes —sin aclarar si es sobre los miembros presentes o totales—, por lo que se interpreta la primera de las opciones.

En Diputados, con los 160 votos, estuvieron a solo 11 de ese porcentaje, y no descartan alcanzarlo en el eventual rechazo al DNU, porque las cinco abstenciones de la izquierda pasarían a ser rechazos y algunos ausentes de la UCR, Unión por la Patria y Hecemos, que por cuestiones personales estuvieron ausentes el 5 de junio, participarían de esa presunta sesión.

En el Senado, en cambio, los dos tercios ya quedarían plasmados en la propia sanción de la ley: para alcanzar los 48 de los 72 miembros totales, la oposición sumaría a los 33 de Unión por la Patria y a los 13 radicales, espacios que en Diputados encabezaron la ofensiva para aprobar la ley.

A ellos se sumarían, en caso de que actúen en espejo con los posicionamientos que tuvieron en Diputados, los dos representantes de los gobiernos de Misiones, los dos de Santa Cruz; la de Neuquén; la de Córdoba y la de Río Negro. Totalizando 53.

En Unión por la Patria evitarán así tener que ir a buscar el apoyo de los dos exintegrantes de su bloque, Edgard Kueider y Carlos Espínola; que en la última semana fueron claves en la ayuda al Gobierno para la aprobación de la Ley de Bases.

Como parte del contexto de la política previsional, que impactaría indirectamente en los cálculos que se hacen sobre la movilidad jubilatoria: el jueves pasado, en el marco de las negociaciones con la oposición, el oficialismo del Senado retiró del texto la reconfiguración de las jubilaciones, por lo que los eventuales beneficiarios podrán seguir haciéndolo sin contar con 30 años de aportes.

Ese es uno de los puntos que ahora la Cámara baja –posiblemente la última semana de junio— deberá resolver si acepta o rechaza. En despachos opositores desconfían de los acuerdos con el Gobierno para los cambios hechos en el Senado; en otros prefieren seguir confiando.

LF/JJD

La Cámara de Diputados aprobó una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que surgió de un acuerdo entre diversos bloques políticos de la oposición, incluyendo Unión por la Patria (UP), la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal (HCF) y la Coalición Cívica (CC). Esta fórmula alternativa busca reemplazar la establecida por el gobierno de Javier Milei a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Es importante aclarar que para que esta fórmula entre en vigencia el texto aprobado en Diputados debe ser convertido en ley por el Senado y el presidente Milei debe promulgarlo, aunque ya ha amenazado con vetar cualquier iniciativa que surja del Congreso que afecte la caja.

A continuación, se describen los principales puntos de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria aprobada.

Elementos clave de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria

Recomposición Inicial del 20,6%: se introduce un incremento del 8,1% adicional al 12,6% previamente reconocido, para alcanzar un total de 20,6%. Este ajuste corresponde a la inflación del mes de enero medida por el Indec, que no fue considerada en el empalme entre la fórmula anterior y la del DNU gubernamental.

Actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC): los haberes jubilatorios se actualizarán siguiendo el IPC del Indec, asegurando que las jubilaciones mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación.

Aumento anual adicional: una vez al año, en marzo, se otorgará un aumento adicional basado en el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en el mismo periodo, siempre y cuando los salarios hayan crecido más que la inflación.

Haber mínimo vinculado a la Canasta Básica Total (CBT): el haber mínimo se fijará en 1,09 veces el valor de la CBT del Indec de un adulto. Esto implica que un jubilado que percibe el haber mínimo pasaría a cobrar $285.000.

Cancelación de deudas con cajas previsionales provinciales: la Anses deberá cancelar las deudas pendientes con las cajas previsionales provinciales. Además, deberá pagar las sentencias firmes a favor de los jubilados utilizando asignaciones específicas de recursos tributarios del organismo previsional, como el impuesto al cheque, el impuesto PAIS y el IVA, en lugar de los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Contexto y Debates en la Cámara

Oposición a la Fórmula del DNU: la fórmula establecida por el Gobierno a través del DNU sólo reconocía una recomposición parcial del 12,5% y se actualizaba por inflación. Esta fue criticada por varios diputados, que la consideran insuficiente y perjudicial para los jubilados.

Posturas de los Diferentes Bloques: UP y algunos bloques dialoguistas buscaron un consenso para evitar que ninguna de las partes quedara sin lograr cambios beneficiosos. En cambio, La Libertad Avanza y el PRO rechazaron la propuesta de la nueva fórmula. Algunos diputados destacaron la necesidad de recomponer el poder adquisitivo de los jubilados sin afectar el equilibrio fiscal. Se eliminó un artículo que proponía la supresión de los regímenes jubilatorios de privilegio para presidentes y vicepresidentes, después de una votación reñida.

Impacto Fiscal

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que esta nueva fórmula de movilidad jubilatoria tendría un costo fiscal del 0,43% del Producto Bruto Interno (PBI).

JJD

Una de las principales discusiones económicas planteadas por los candidatos a presidente está relacionada con la reducción –hasta su eliminación— del déficit fiscal, lo cual representa la diferencia entre los gastos y los ingresos que realiza el Estado. Si el Estado gasta más de lo que recauda, tiene déficit fiscal mientras que, a la inversa, el resultado se traduce en un superávit fiscal. 

En la plataforma de gobierno de La Libertad Avanza, cuyo candidato es Javier Milei, se plantea la necesidad de reducir, aproximadamente, 14 puntos del PBI –en términos de gastos del Estado— con el objetivo de alcanzar un superávit fiscal primario —antes del pago de intereses—. En este sentido, una de las propuestas plantea cambios drásticos en el sistema previsional, haciendo especial énfasis en el sistema de seguridad social nacional –mecanismos de asistencia estatal directos o indirectos–.

“En cuanto a la segunda generación se propone una reforma previsional para recortar el gasto del Estado en jubilaciones y pensiones de los ítems que más empujan el déficit fiscal alentando un sistema de capitalización privado, junto a un programa de retiros voluntarios de empleados públicos y achicamiento del Estado”, dice una de las propuestas de la plataforma del candidato libertario.

A su vez, y si bien no está dentro de su plataforma electoral, el actual diputado se ha manifestado en contra de la moratoria previsional ya que, según expresó, “no sólo es inmoral que regalen jubilaciones a quienes no aportaron nunca sino que profundiza el déficit estructural del país, condenando a las generaciones futuras a la pobreza”.

Por otro lado, el líder del espacio que resultó victorioso en las PASO del pasado 13 de agosto, ha repetido, en reiteradas ocasiones, la necesidad de declarar el Estado de quiebra y emergencia del sistema previsional en su conjunto. Esto tendría como resultado una serie de retrocesos en términos de beneficios adquiridos por parte de los jubilados.

En primer lugar, implicaría una salida del régimen actual de movilidad con el objetivo de minimizar las indexaciones automáticas de los haberes, lo cual podría generar situaciones de deterioro en el poder de compra ya que la actualización actual se encuentra por debajo de los incrementos precios de la canasta básica del jubilado.

Otro de los puntos que está en el centro de la tormenta es la eliminación de la pensión por fallecimiento o viudez. Al día de hoy, dicha pensión puede ser solicitada por el o la cónyuge –presentando la partida de casamiento actualizada—.

Por otro lado, se eliminarían los regímenes de excepción que permiten jubilarse con anticipación y menor cantidad de aportes. Dentro de estas jubilaciones están las de privilegio, pero también se encuentran aquellas que se otorgaron a trabajadores que se han desempeñado cumpliendo funciones insalubres, como trabajadores de subte, mineros, etcétera.

Sin embargo, el espacio de Javier Milei no es el único que propone una reforma austera del sistema previsional y de seguridad social. En su libro “Desenredar la Argentina”, Luciano Laspina —quién hasta el anuncio de Carlos Melconian como potencial ministro era el economista de cabecera de Patricia Bullrich— también pone en duda el sistema de “pensiones por fallecimiento”.

En este aspecto, el economista y diputado nacional por Juntos por el Cambio expresó que “en los orígenes de los sistemas de pensiones, el matrimonio era generalizado y duraba para toda la vida, en tanto la división de tareas entre el hombre y la mujer durante la vida laboral se dividía con el hombre participando en el mercado de trabajo y la mujer típicamente dedicada a las tareas del hogar (…) Con los años el modelo de familia ha cambiado y continuará cambiando. Cada día son menos las familias que siguen el modelo tradicional. Actualmente, conviven una mayor participación de la mujer en el mercado laboral y una menor prevalencia y duración de los matrimonios, como así también uniones civiles y de familias no heterosexuales o monoparentales”.

Laspina concluye que, dadas las modificaciones conyugales a las cuales está expuesta la sociedad –típicamente por el cambio de época— el concepto de pensión por viudez no cumple la misma función que cuando fue sancionado. No solo esto, sino que también la sanción de las moratorias previsionales de 2004, 2014 y 2023, muchas mujeres que no cumplían con la cantidad mínima de años de aporte, accedieron a una jubilación sin “una revisión de las reglas de pensionamiento”. En este punto, el economista se pregunta “¿Por qué deberían los jubilados solteros o separados pagar por las pensiones de fallecimiento? (…) ¿Se deberían ajustar a la baja los haberes en caso de separaciones?”.

El libro sentencia que Argentina es uno de los países que más gasta en este concepto, como porcentaje del producto y que debería “converger” a las reglas del sistema de pensiones derivadas que aplican la mayoría de los países. Con lo cual, al igual que en el caso de La Libertad Avanza, se plantea una reducción o eliminación del sistema de pensiones por viudez.

Cientos de miles de personas tomaron hoy las calles de ciudades de Francia para exigir la derogación de la reforma jubilatoria y conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores, y más de 70 manifestantes fueron detenidos en incidentes en París y otras ciudades.

El sindicato CGT dijo que más de 2,3 millones de personas participaron de más de 300 marchas en toda Francia para reclamar que no se eleve la edad jubilatoria de 62 a 64 años, una medida que ya fue adoptada por decreto por el presidente Emmanuel Macron pese a meses de protestas.

La CGT dijo que solo en París, donde se realizó la protesta más grande, hubo 550.000 trabajadores en las calles.

Aunque las manifestaciones fueron mayormente pacíficas, la Policía francesa se enfrentó a manifestantes en varias ocasiones a los largo de la jornada en París, Nantes y Lyon.

En París, manifestantes arrojaron objetos contundentes a la Policía, que respondió con gases y algunas cargas sobre la multitud, según imágenes de canales de televisión locales.

Al menos 63 manifestantes fueron detenidos en la capital, dijo la Policía a media tarde.

En Nantes, en el oeste de Francia, la represión policial se desató poco después del inicio del desfile del 1 de mayo, que reunió a 17.500 personas según la policía y unas 80.000 según la CGT.

La Policía dijo que arrestó a 22 manifestantes en Nantes por protagonizar desmanes.

Laurent Berger, líder del sindicato francés CFDT, dijo a radio France Info que esperaba una jornada “histórica”, con todos los sindicatos unidos por primera vez desde 2009.

“Este 1 de mayo también sirve para decir que queremos que se pongan en la agenda nuestras aspiraciones: alzas salariales, igualdad entre mujeres y hombres, mejora de las condiciones laborales y considerar los temas ambientales”, dijo su par de la CGT, Binet, a France 2.

En París, la Policía desplegó a más de 5.000 agentes antidisturbios, pero no pudieron evitar que manifestantes lanzaran pintura contra la fachada del hotel Ritz y del Ministerio de Justicia en la plaza Vendome del centro de la ciudad, informó la agencia de noticias AFP.

La acción, reivindicada por los activistas del grupo Última Renovación, buscaba protestar “contra los ricos y en solidaridad con los trabajadores”, según explicó el colectivo.

Otras protestas contra la reforma jubilatoria tuvieron lugar a lo largo del fin de semana y provocaron incluso interrupciones y cortes en el tráfico aéreo del país, con cerca del 30% de vuelos cancelados.

Los sindicatos en Francia están decididos a continuar la lucha contra una reforma “injusta” que consideran que castiga a las mujeres que interrumpieron su carrera para cuidar de los hijos, y para quienes empezaron a trabajar muy jóvenes.

Sus miradas están puestas en el Consejo Constitucional que el miércoles debe decidir si valida un pedido de la oposición de izquierda para organizar un referéndum que limite la edad de jubilación a 62 años.

El organismo ya rechazó una primera propuesta similar.

Macron, que defiende la reforma como una manera de evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, busca por su parte relanzar su segundo mandato hasta 2027. Pero en sus visitas por Francia no deja de tener abucheos.

Uno de los puntos de su hoja de ruta para superar la crisis social actual es negociar una mejora de las condiciones laborales y, en este sentido, su primera ministra, Élisabeth Borne, quiere reunirse con los sindicatos en los próximos días.

Pero estos encuentros podrían quebrar la unidad sindical.

Berger, del sindicato moderado CFDT, dijo que acudiría a la cita si se le invita, mientras que Binet, de línea más dura, subrayó que lo decidirán “juntos” mañana por la mañana.

CRM con información de la agencia Télam

El dictamen del Consejo Constitucional de este viernes a favor de la reforma de las pensiones en Francia, impulsada por el presidente Emmanuel Macron, es por ahora el último acto en una seguidilla de protestas sociales y tensiones políticas que sacudieron a todo el país europeo, debido del grado de impopularidad de la propuesta. Según la agencia AFP, estas fueron las principales fechas de la crisis:

10 de enero de 2023

La primera ministra, Élisabeth Borne, da a conocer el proyecto: suba de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años, en lugar de 42, para poder cobrar una pensión completa.

19 de enero

Los ocho principales sindicatos franceses consiguen movilizar a “más de 2 millones” de manifestantes, según la central CGT, y a 1,12 millones, de acuerdo con las autoridades, en la primera gran jornada de protestas.

31 de enero

Entre 1,27 y 2,5 millones de manifestantes, para la policía y los sindicatos respectivamente, participan en la segunda jornada de protestas.

6 de febrero

El pleno de la Asamblea Nacional inicia el examen del proyecto, en un contexto de presión con dos nuevas jornadas de manifestaciones el 7 y el 11. Estos debates están marcados por los cruces entre el gobierno y el partido La Francia Insumisa de la izquierda radical. La obstrucción parlamentaria de esta formación y el límite de tiempo de debate impuesto por el gobierno impide que los legisladores se pronuncien sobre la reforma a tiempo en la primera lectura.

7 de marzo

Movilización “histórica”: entre 1,28 millones (según la policía) y 3,5 millones de personas (de acuerdo con la CGT) participan en las mayores protestas contra una reforma social en tres décadas. El movimiento entra en una nueva fase, con huelgas prorrogables en sectores clave como los transportes, la energía o la recogida de basuras en París.

11 de marzo

El Senado aprueba el proyecto en primera lectura y, luego de una reunión de la comisión mixta entre senadores y diputados, da su visto bueno final el 16 de marzo a la espera de la votación en la Asamblea.

16 de marzo

Al temer perder la votación en la cámara baja, Macron decide minutos antes aprobar su proyecto por decreto, en virtud del polémico artículo 49.3 de la Constitución. La decisión radicaliza aún más las protestas.

20 de marzo

La Asamblea rechaza dos mociones de censura contra el gobierno de Borne -una por nueve votos de diferencia-, lo que implica la adopción definitiva de la reforma.

23 de marzo

Los bloqueos y las huelgas se intensifican en refinerías, transportes y puertos. Los sindicatos movilizan de casi 1,1 millones (Policía) a 3,5 millones de personas (CGT) en nuevas manifestaciones, marcadas por la violencia. El rey británico Carlos III debe postergar una visita a París.

14 de abril

El Consejo Constitucional (órgano designado en revisar el cumplimiento de la Carta Magna) validó la legalidad de elevar a 64 años la edad jubilatoria, punto principal de la reforma, y rechazó un pedido de la oposición de izquierda de celebrar un referendo para limitar la edad de jubilación a 62 años. Mientras tanto, censuró algunos puntos menos controvertidos del proyecto sacado por decreto.

LC con información de agencia Télam

El Consejo Constitucional de Francia validó lo esencial de la polémica reforma de las pensiones, aprobada por decreto por el Gobierno del presidente Emmanuel Macron. La edad de jubilación, en tanto, pasará de los 62 a los 64 años. El organismo también rechazó la solicitud para convocar un referéndum sobre la reforma. El texto será promulgado este fin de semana, según anunciaron medios locales.

Élisabeth Borne, la primera ministra francesa, quien superó por solo nueve votos una moción de censura tras la aprobación de la reforma, reaccionó pocos minutos después de conocerse la decisión: “El Consejo Constitucional ha juzgado que la reforma es conforme a nuestra Constitución, tanto en el fondo, como en el procedimiento. El texto ha llegado al final de su proceso democrático. Esta tarde no hay vencedores ni vencidos”.

“La decisión del Consejo Constitucional demuestra que está más atento a las necesidades de la monarquía presidencial que a las del pueblo soberano. La lucha continúa y debe reunir sus fuerzas”, denunció Jean-Luc Mélenchon.

Por su parte, Marine Le Pen, la líder del partido de ultraderecha Rassemblement National, afirmó: “Si la decisión del Consejo Constitucional cierra la secuencia institucional, el destino político de la reforma de las pensiones no está sellado. Como el pueblo aún tiene la última palabra, le corresponderá preparar la alternativa que revierta esta reforma inútil e injusta”.

Eric Ciotti, líder de la formación conservadora Les Républicains, pidió “a todas las fuerzas políticas” que “acepten” las decisiones del organismo constitucional.

Poco antes de conocerse la decisión del Consejo Constitucional, el presidente Macron había invitado a los sindicatos a una reunión el martes que viene “independientemente de la decisión del Consejo”. “Este será necesariamente el inicio de un ciclo que el presidente y el Gobierno continuarán en las próximas semanas con los interlocutores sociales. La puerta del Elíseo permanecerá abierta, sin condiciones previas, para este diálogo”, señalaron desde el entorno del mandatario citado por Le Monde. Sin embargo, la intersindical anunció en un comunicado que no aceptará ninguna reunión con el ejecutivo hasta el 1 de mayo.

El Gobierno francés había aprobado por decreto el pasado 16 de marzo la polémica reforma, evitando así una previsible derrota en la Asamblea. Días después, el Ejecutivo superó por solo nueve votos la moción de censura presentada tras la aprobación del decreto y el país vive una oleada de protestas continua contra la reforma y el presidente Macron.

La decisión se tomó con la sede del Consejo Constitucional blindada por la policía ante las protestas callejeras y, pocos minutos después del anuncio, los manifestantes se concentraron en París.

Qué es el Consejo Constitucional

El Consejo Constitucional de Francia se creó con la Constitución de 1958 como una suerte de tribunal constitucional para controlar la actividad de los legisladores y el presidente. Tiene la autoridad de tumbar legislación que considera inconstitucional: tanto la aprobada por decreto por el presidente como la votada en la Asamblea. Sin embargo, desde su creación solo rechazó 17 leyes.

Está compuesto por nueve miembros y lo preside el ex primer ministro Laurent Fabius. Conocidos como “los sabios”, son elegidos por un mandato de 9 años no renovable. El presidente de la república elige a tres miembros y los presidentes de la Asamblea Nacional y el Senado a otros tres miembros cada uno. Los expresidentes también tienen permitido ocupar un asiento vitalicio en el Consejo, aunque actualmente no tiene a ninguno de ellos. Nicolas Sarkozy estuvo unos meses entre 2012 y 2013. Macron dijo en 2019 que no se uniría al órgano cuando terminase su mandato.

LC

El gobierno de Emmanuel Macron, liderado por la primera ministra Elisabeth Borne, superó la moción de censura planteada por la oposición después de haber recurrido una vez más al artículo 49.3 de la Constitución, que le da la potestad de aprobar la polémica reforma de las jubilaciones por decreto.

Macron salvó así por estrecho margen la continuidad de su gobierno y la reforma de las jubilaciones, que retrasa la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años. La iniciativa ha provocado multitudinarias manifestaciones en el país y la parálisis de algunos sectores de la economía.

La moción presentada por el pequeño grupo LIOT (Libertades, Independientes, Ultramar y Territorios) recibió el apoyo de 278 diputados y la mayoría absoluta está en 287. Diputados de la coalición izquierdista NUPES y de la extrema derecha de Marine Le Pen apoyaron la propuesta, así como algunos diputados rebeldes de la formación conservadora Los Republicanos. En total 19 diputados de Los Republicanos votaron a favor de derrocar al Gobierno, pero se necesitaban 28. Una segunda moción presentada por la formación de Le Pen solo ha recibido 94 votos a favor. Tras la votación se han dado concentraciones en varias ciudades para protestar contra la reforma.

“Quienes disfrazan el 49,3 de herramienta antidemocrática tienen poca memoria. Olvidan que es precisamente el debilitamiento del Parlamento y la incapacidad de legislar en situaciones de crisis lo que ha llevado a algunos a cuestionar la democracia parlamentaria”, señaló la primera ministra durante la sesión parlamentaria. “El 49,3 no es la invención de un dictador, sino la elección profundamente democrática del general De Gaulle y aprobada por el pueblo francés. Al final, se vota. Estamos al final de la vía democrática y política de esta reforma. Si quieren derrocar al Gobierno que la está llevando a cabo, ahora tienen la oportunidad”, añadió.

Charles de Courson, diputado de LIOT que presentó la moción de censura, se dirigió a la primera ministra durante la sesión: “Nada le obligaba a utilizar el 49.3. La valentía y el respeto a las instituciones deberían haberles llevado a votar. Probablemente habrían perdido la votación, pero ésa es la norma en democracia”. “La Asamblea Nacional, única representante del pueblo francés, nunca habría votado este proyecto de ley” y “el Gobierno ha utilizado todas las maniobras posibles para eludir y constreñir el debate parlamentario, para torcer los procedimientos”, dijo.

La portavoz en la Asamblea de La Francia Insumisa, Mathilde Panot, calificó de traición la maniobra del Gobierno para aprobar la reforma. “Sea cual sea el resultado de esta moción de censura, ustedes ya han perdido”, señaló. Tanto Panot como Jean-Luc Mélenchon solicitaron continuar con las movilizaciones.

El mecanismo del 49.3 permite a la Asamblea retirar el proyecto del Gobierno si se presenta y aprueba una moción de censura contra el Gobierno en las 24 horas posteriores a la aplicación de la cláusula. Borne no cuenta con mayoría en la Asamblea y ya superó en octubre otras dos mociones presentadas por la oposición cuando el Ejecutivo francés aprobó por decreto los presupuestos. Entonces la moción de NUPES, apoyada por sorpresa por Le Pen, obtuvo 239 votos.

La Constitución francesa limita el uso de la herramienta constitucional del artículo 49.3 a una vez por legislatura excepto si se trata de un proyecto de ley de finanzas (PLF) o de financiación de la seguridad social (PLFSS). De ahí el formato legislativo elegido para la reforma de las pensiones –proyecto de ley rectificativo de financiación de la seguridad social– que dejaba al Ejecutivo la posibilidad de recurrir al decreto para aprobar el texto en caso de bloqueo parlamentario. En un primer lugar, Borne pretendía conseguir el apoyo de Los Republicanos, pero no lo consiguió.

Oposición

Tanto la izquierda como la extrema derecha casi vieron lo ajustado del resultado como una victoria, ya que aseguraron que el respaldo del Ejecutivo se degrada con el paso de los meses.

Además, anunciaron un recurso ante el Consejo Constitucional contra la reforma de las jubilaciones, lo que retrasará unas semanas su entrada en vigor.

Pero la izquierda fue clara al apelar a seguir la lucha contra esa reforma en las calles, donde desde principios de año los sindicatos han multiplicado las jornadas de manifestación y las huelgas.

“Nueve votos no pueden detener la democracia social. El pueblo tiene que tomar cartas en el asunto y es lo que va a hacer”, aseguró el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon, que apeló a seguir manifestando contra esa reforma que retrasa dos años, hasta los 64, la edad mínima de jubilación.

La líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, por su parte, consideró que “el Gobierno pierde legitimidad” y apeló a Macron a convocar un referéndum sobre la reforma de las pensiones.

Le Pen consideró que la crisis política que vive el país solo puede superarse “por las urnas”, por lo que pidió una disolución de las cámaras y la convocatoria de legislativas.

Los opositores a la reforma siguieron manifestando en contra de la misma en varias ciudades del país, mientras que el sindicato más combativo, la CGT, aseguró que la aprobación de la reforma “no frena la determinación de los trabajadores”.

Poco después de las votaciones en la Asamblea, se formó una concentración en la plaza Vauban, junto al mausoleo de Napoleón, en contra de la reforma.

Varios sectores, como los transportes, la educación o la recogida de basuras de diversas ciudades, mantienen llamamientos a la huelga en los próximos días y los sindicatos han convocado una novena jornada de paros y manifestaciones para este jueves.

Durante el debate de las mociones de censura, la primera ministra defendió que la reforma fue uno de los compromisos de Macron durante la campaña y acusó a la oposición de otorgar más legitimidad a la calle que a las instituciones.

“Acaba la vía democrática de esta reforma esencial”, indicó la jefa del Gobierno tras el rechazo de las mociones.

La jefa del Gobierno aseguró que “nadie tiene el monopolio para hablar en nombre del pueblo” y pidió respeto por las instituciones democráticas. 

Con información de EFE