Entró sin saludar y se fue sin hablar. Esa fue la secuencia, tan seca como simbólica, con la que Paul Starc debutó en la sede de la Unidad de Información Financiera (UIF) el viernes de la semana pasada. No hubo instrucciones, ni señales de dirección, según pudo reconstruir elDiarioAR. Recién el miércoles previo a Semana Santa apareció en persona ante los empleados, luego de su demorada oficialización al frente del organismo antilavado. Un aterrizaje cargado de incertidumbre, que en sus primeras horas ya expuso su carácter puramente político con la decisión oficial de prohibirle a la UIF intervenir como querellante en causas de corrupción.

La designación de Starc como presidente de la unidad, anunciada en enero, fue formalizada el 7 de abril. La resolución firmada por Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aludió a la “necesidad ineludible” de contar con una conducción formal en el organismo, luego de casi tres meses de interinidad desde que fuera desplazado Ignacio Yacobucci. El decreto llegó tras cumplir con la audiencia pública establecida por ley: se celebró el 17 de marzo en el Salón Pablo Ramella del Ministerio de Justicia, con la participación del inspector general de Justicia, Daniel Vítolo; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; la jefa de Gabinete del ministerio, Florencia Zicavo; el fiscal federal Carlos Stornelli y el propio Starc.

En ese acto formal, Vítolo elogió al flamante funcionario por su “trayectoria en la Justicia Federal investigando delitos complejos como estafas, secuestros extorsivos, lavado de dinero, actividades terroristas, narcotráfico y tráfico de armas”. Y celebró que Milei hubiese elegido para encabezar la UIF a un “hombre de acción” en lugar de un “académico”, como gesto de autoridad en un momento, dijo, en que “el crimen transnacional y el financiamiento del terrorismo atentan contra la paz del mundo”. Starc cosechó más de 450 adhesiones y solo tres objeciones que corrieron por cuenta de los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Victoria Borrego que, sin embargo, no asistieron al evento para sostenerlas.

Lo que no se dijo en el evento, pero se comentaba en voz baja, es que la llegada del fiscal —titular hasta ahora del juzgado federal de Tres de Febrero— es una jugada directa de Santiago Caputo, el asesor presidencial todoterreno que se convirtió en el verdadero reorganizador del sistema de control del Estado. Su nombre se impuso en la Casa Rosada tras una operación meticulosa que terminó con la cabeza de Yacobucci: un abogado con perfil técnico y cierto recorrido institucional que había empezado a desentonar con el nuevo manual libertario.

La pelea fue sorda, pero no menos intensa. Yacobucci fue advertido por desobedecer directivas: la más grave, apelar el archivo del caso Hotesur, vinculado a Cristina Fernández de Kirchner. Pero también, por sostener a su vice, Manuel Tessio, en causas sensibles como la de Martín Insaurralde. Según relató elDiarioAR en enero, Caputo leyó esos movimientos como actos de rebeldía y desplegó su ofensiva: lo aisló del circuito político, lo vació de respaldo judicial y filtró información sobre supuestos gastos en primera clase —que el exfuncionario niega— y su “mal vínculo con el GAFI”, el organismo internacional que monitorea la lucha contra el lavado. Cúneo Libarona, que lo había apadrinado en un principio, terminó firmando el decreto de salida. El control pasó a manos de Amerio, alfil de Caputo y representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura.

Una nueva UIF, escrita desde Balcarce 50

Creada por la Ley 25.246 en el año 2000, la UIF es un organismo autárquico con facultades para investigar, prevenir y denunciar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva. Su independencia técnica es considerada clave por organismos multilaterales. Por eso, en octubre pasado, el GAFI evitó que Argentina ingresara a la lista gris, pero dejó explícitas advertencias por la politización creciente del área. La llegada de Starc, para varios especialistas, podría agravar ese cuadro.

Esas alarmas ya comenzaron a sonar: el Gobierno acaba de publicar el Decreto 274/2025, donde se redefine la arquitectura institucional de la UIF. Según lo decidido por Milei, el organismo dejará de intervenir como querellante en causas de corrupción y lavado, una función que hasta ahora le permitía actuar como parte en investigaciones judiciales sensibles. Aunque no lo prohíbe de forma expresa, la nueva reglamentación desactiva en los hechos esa herramienta estratégica, consolidando un cambio doctrinario de fondo. 

“La UIF no está para querellar, para eso están los fiscales”, repiten en la Casa Rosada, justificando así el nuevo decreto y el corrimiento de un perfil técnico por uno de ejecución, como sería el de Starc. En reemplazo de Yacobucci, el Gobierno encontró en él una figura que combina, para el relato oficial, “experiencia operativa” con visión penalista, además de otro atributo fundamental: su condición de leal.

La trayectoria de Starc está marcada por la polémica. Como fiscal federal, trabajó durante más de tres décadas en causas complejas, aunque su paso por la función pública dejó varios rastros incómodos: fue subsecretario de Investigaciones e Inteligencia Criminal en la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2009, en tiempos de Daniel Scioli gobernador y Stornelli ministro de Seguridad. Desde allí tuvo un rol central en el caso Pomar, una tragedia con ribetes bochornosos: una familia apareció muerta semanas después de desaparecer, a pocos metros de la ruta, luego de una investigación errática que derivó en denuncias contra efectivos policiales por omisión de deberes y falsificación de actas. Tras aquel escándalo, Starc volvió al Poder Judicial.

Ahora, como flamante titular de la UIF, su desafío es otro. La gestión de Starc recién acaba de arrancar, en medio de un clima que mezcla tanto parálisis como expectativa. “Nadie sabe qué viene ahora”, describen puertas adentro. No hay señales de un plan, ni nombramientos. Apenas algunas reuniones estratégicas que tuvieron lugar en la sede de un organismo que, desde enero, tuvo al frente de la operación diaria a su vice, Santiago González Rodríguez, un hombre de Amerio.

A lo largo de los últimos meses, el Gobierno no se privó de descalificar la gestión de Yacobucci acusándola de haber motorizado denuncias absurdas, como la que se dirigió contra un corralón de materiales en Mar del Plata por presunto lavado. Pero el mismo organismo, durante ese tiempo, recibió presentaciones relevantes que aún no movió: como la que hizo Elisa Carrió contra Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en Diputados, por propiedades no declaradas de su esposa en Miami, luego de una investigación de elDiarioAR. La causa está dormida.

Mientras tanto, Paul Starc recién desembarcó en su oficina. Su llegada, hasta el momento, sigue siendo más simbólica que ejecutiva. El Gobierno lo vendió como un “hombre de acción”, pero sus primeros días fueron de silencio. La UIF, que debería ser un bastión técnico del Estado, aparece hoy como un casillero más en el tablero de poder del asesor Santiago Caputo. Y Starc, más que una solución, como una provocación cuidadosamente diseñada.

PL/MG

Elisa Carrió cuestionó con dureza este miércoles al jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, de quien dijo que es “mafia pura” y dijo que su “padrino político”, Santiago Caputo, el asesor estrella del presidente de la Nación, Javier Milei, que no tiene cargo formal en el Gobierno, al que le factura como monotributista, “está fascinado con esos vínculos y con la fama”.

“[Vázquez] es quien hizo todas las operaciones sucias para Clarín y además estaba en la zona sur, donde puso sus empresas el propio Lazaro Báez. Yo no sé si está vinculado con [el exjefe del Ejército del kirchnerismo, César] Milani, el servicio de inteligencia. Es un hombre de lo más pesado, es mafia pura”, dijo la líder de la Coalición Cívica.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de investigar los posibles delitos e irregularidades cometidos por funcionarios de la Administración Nacional, inició el lunes un expediente contra Vázquez, quien en carácter de jefe de la DGI debe controlar la evasión impositiva y, sin embargo, compró tres departamentos en Estados Unidos a través de sociedades en paraísos fiscales, según surge de una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que publicó elDiarioAR, y La Nación. Los bienes no fueron informados por Vázquez en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA).

En declaraciones al programa de la periodista María O'Donnell, en la FM Urbana Play, la exdiputada nacional también cuestionó con dureza a Santiago Caputo, a quien se le atribuye la designación de Vázquez en la DGI, que es una de las direcciones estratégicas de la ex-AFIP, que Milei rebautizó como Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

“Todas las designaciones que está haciendo Santiago Caputo pueden habilitar otra matriz de corrupción mucho más peligrosa. Porque Vázquez era un hombre directamente vinculado al kirchnerismo también, ¿no? Pero es un hombre para operaciones sucias, para persecución de periodistas, de políticos. Lo sobreseyó [el juez Ariel] Lijo, que no tendría que ser nunca juez de la Corte”, afirmó Carrió.

Todas las designaciones que está haciendo Santiago Caputo pueden habilitar otra matriz de corrupción mucho más peligrosa. Porque Vázquez era un hombre directamente vinculado al kirchnerismo y es un hombre para operaciones sucias y persecución de periodistas y políticos

Elisa Carrió — líder de la Coalición Cívica

La referente opositora señaló que “en el Sheraton Pilar se reunían Lijo, algunas de estas personas, el conocido dueño del Banco Macro, Jorge Brito (en alusión al padre del actual banquero, fallecido hace cuatro años en un accidente aéreo), y se reían de las causas que tenía Lijo”, dando a entender que se trataba de expedientes sobre casos de corrupción que quedarían en la nada.

“Santiago Caputo se está vinculando con el sector del poder más mafioso de la Argentina. Eso pone en riesgo a la Aduana y pone en riesgo a la DGI. Es como decirle a la gente de la AFIP: 'Miren, ahora están para los negocios'”, aseveró Carrió.

En tal sentido, dijo que “puede haber un pacto de impunidad” y al respecto sostuvo que “ya está negociando Wado de Pedro y este chico, que es muy joven”, en alusión a Santiago Caputo, quien “está fascinado con esos vínculos (en alusión a los sectores mafiosos que mencionó) y con la fama”. “No sé si [Santiago Caputo] es corrupto pero ya está en vías de una nueva matriz de corrupción”, sostuvo Carrió y vaticinó que, como consecuencia de esos vínculos, al mano derecha de Milei “se lo van a llevar puesto”.

Señaló también que “lo increíble de todo esto es que no es responsable porque tiene un contrato de servicios con el Estado”, lo cual “es una irregularidad que estaría casi vinculada a un gobernante de hecho, que es lo que prohíbe el artículo 36” de la Constitución nacional. Dicho artículo establece sanciones para quienes “usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias” y que “responderán civil y penalmente de sus actos”.

En referencia a Vázquez y a funcionarios a quienes calificó de corruptos, Carrió dijo que “este grupo de gente no tiene dueño” y que “es la verdadera mafia de la Argentina”. “Son las segundas y terceras líneas [de los organismos públicos, como la ARCA]. Las mafias no se han ido [del Estado]. Las han corrido en determinadas etapas. Por ejemplo, Alberto Abad (exjefe de la AFIP de Mauricio Macri y, anteriormente, de Cristina Fernández de Kirchner, quien lo echó para poner en su lugar a Ricardo Echegaray), las corrió a esas mafias. Pero después vuelven”, dijo Carrió.

También denunció un vaciamiento de parte del gobierno de Milei de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de dinero y anticipó que su espacio va a denunciar estas maniobras ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una institución intergubernamental que establece normas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Atribuyó esas presiones sobre la UIF al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al tiempo que lo desligó a Sebastián Amerio, viceministro de esa cartera ministerial, a quien definió como “una persona decente”, que “en todo caso recibe órdenes” y que “no estaría nunca de acuerdo con la designación de Lijo” como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

JJD

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina, por lo que el país no ingresará en la lista gris del organismo y evitará sanciones.

La aprobación de dio en el marco de la cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas desarrollado en París, Francia, de la que participaron el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci; el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, y Eugenio Curia, un diplomático de carrera que coordinó el trabajo. 

También estuvo Juan Tomás Rodríguez Ponte, director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado como representante de la Corte Suprema.

En ese marco, se debatió y se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de nuestro país, por lo que la Argentina no ingresará a la lista gris, algo que hubiera provocado una sanción.

“Gracias al arduo trabajo del Gobierno de Javier Milei, Argentina evitó caer en la lista gris. Desde el Ministerio de Justicia, atendimos las observaciones que nos hicieron, para fortalecer el cumplimiento de los estándares internacionales, reafirmando nuestro compromiso contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, celebró Cúneo Libarona tras conocerse la resolución.

El informe aprobado es producto de un proceso de evaluación llevado adelante por el Estado argentino a través del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, creado por decreto 331/2019, y del equipo evaluador del GAFI, integrado por representantes de distintos organismos del Estado Nacional, incluida la Corte Suprema.

En el informe el país se refirió a “la efectividad, principalmente en materia de investigación, procesamiento y sanción del delito de lavado de activos (asociado al Resultado inmediato 7) y el recupero de activos de esos delitos (asociado al Resultado inmediato 8)”.

Durante las sesiones desarrolladas en París en los últimos días, los argentinos participaron de los grupos de trabajo y de reuniones bilaterales, decisivas para dar respuesta a las consultas efectuadas por las delegaciones de los países integrantes del GAFI.

Luego, en la reunión plenaria de este jueves se trató el informe final que obtuvo una mejora en la calificación que se había propuesto para las cuestiones en materia de cooperación internacional.

La Evaluación Mutua de la República Argentina

La República Argentina fue evaluada por el GAFI en el marco de la 4ta. Ronda de Evaluaciones Mutuas y se aprobó su Informe de Evaluación Mutua en el plenario celebrado entre el 21 al 25 de octubre en París.

Este informe es producto de un largo proceso de evaluación, llevado adelante por el Estado argentino a través del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (creado por el Decreto 331/2019) y del equipo evaluador del GAFI.

Ese Comité está integrado por representantes de distintos organismos del Estado Nacional, entre los que se encuentra la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). En función de ello, la CSJN, a través de su representante, Juan Tomás Rodríguez Ponte, formó parte del proceso de evaluación, realizando aportes que resultaron fundamentales a la hora de brindar información estadística que pudiera dar cuenta de la efectividad, fundamentalmente, en materia de investigación, procesamiento y sanción del delito de lavado de activos —asociado al Resultado inmediato 7— y el recupero de activos de esos delitos —asociado al Resultado inmediato 8—.

Para ello, se realizaron desde el año 2021 diversos requerimientos de información a las autoridades judiciales cuya importancia radicó en que la información obtenida fue producto de la utilización de una metodología de recopilación de información caso a caso, de manera anonimizada y disociada, a fin de poder obtener información de calidad, pero con resguardo de la confidencialidad.

Esto permitió contar con estadísticas en materia de lavado de activos y recupero de gran parte del Poder Judicial de la Nación que permitieron dar cuenta al equipo evaluador del trabajo realizado por el Poder Judicial y, a su vez, convertirse en un insumo fundamental para la toma de decisiones que mejoren la efectividad.

En este sentido, la reciente incorporación en el Sistema de Gestión Judicial del apartado específico para la carga de bienes cautelados y decomisados, es prueba de ello. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de su representante, formó parte del equipo de trabajo que llevó adelante la Evaluación Mutua de la República Argentina ante el GAFI. Esta decisión estratégica posibilitó que el Estado Nacional no fuera incluido en la lista gris en materia de LA/FT. Su participación fue determinante para poder brindar información estadística que probara efectividad, principalmente, respecto de causas de lavado de activos y recupero de activos, como también respecto de las condenas de lavado de activos y bienes decomisados.

Qué es el GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental que, a través de recomendaciones, fija los estándares internacionales y promueve la efectiva implementación de políticas, medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir y combatir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), del cual la República Argentina forma parte. 

Las recomendaciones que emite el GAFI conforman los Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y son las bases que deben tener en cuenta todos los países para dar respuesta a las amenazas que generan esos delitos. En la actualidad, son 40 las Recomendaciones emitidas por el organismo internacional.

En función de ello, y a fin de verificar la implementación de estas recomendaci

El cumplimiento técnico refiere a evaluar si un país cuenta con los requerimientos específicos relacionados al marco jurídico, principalmente, y las facultades y procedimientos de las autoridades competentes en función de cada una de las Recomendaciones del GAFI.ones por parte de los Estados miembros, y de este modo también proteger el sistema financiero internacional, el GAFI lleva adelante Evaluaciones Mutuas que abarca dos aspectos centrales: la evaluación de cumplimiento técnico y la evaluación de efectividad.

La evaluación de efectividad, tan o más importante que el cumplimiento técnico, tiene por objeto verificar en qué medida los resultados que el GAFI ha definido se están logrando. Implica poder demostrar que el sistema de ALA/CFT de un país está funcionando y cumpliendo sus objetivos en línea con las Recomendaciones del GAFI. Es fundamental resaltar que la responsabilidad de demostrar efectividad de su sistema de ALA/CFT es del país evaluado, aportando al evaluador la prueba de ello. 

En las Evaluaciones Mutuas se analizan los criterios de cumplimiento y los resultados inmediatos y se emite un informe de evaluación que es tratado durante los plenarios del GAFI. En estos se discuten las cuestiones fundamentales que surgen de la evaluación y se toman decisiones sobre la calificación a otorgar al país que ha sido evaluado.

La obtención de una mala calificación puede tener severas implicancias en la economía del país evaluado. En una primera instancia, ante esta situación y de acuerdo a distintos criterios establecidos respecto de las combinaciones posibles de calificaciones entre cumplimiento técnico y efectividad, el país puede ser incluido en un grupo de revisión o monitoreo intensivo.

Esto implica una supervisión periódica, generalmente de un año, por parte del GAFI para la implementación rápida y consistente de medidas que resultan primordiales para fortalecer el sistema de prevención y combate del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).

Con información de agencias.

IG

La Argentina atraviesa un nuevo proceso de evaluación sobre sus políticas para combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para evitar volver a caer en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la organización intergubernamental que fija los estándares internacionales sobre qué países cumplen y qué países no cumplir con las exigencias de la comunidad internacional en materia de lavado de activos. 

El Gobierno de Alberto Fernández deberá presentar un primer informe técnico sobre cómo el país cumpliría con las 40 recomendaciones ante los evaluadores en septiembre, en plena campaña electoral. En noviembre, tiene que elevar un segundo informe sobre efectividad y allí cuenta con dos obstáculos, de acuerdo a las consultas realizadas a fuentes oficiales por elDiarioAR.

Uno de los obstáculos está en manos del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo envió hace un año un proyecto de ley para cumplir con las exigencias del GAFI en un objetivo central para Estados Unidos y los países de la Unión Europa: herramientas legales para ordenar el congelamiento administrativo de fondos y otros activos, antes de la intervención judicial, aunque con comunicación inmediata al sistema judicial. 

A ver si nos vamos a creer que bandas con nombres de analfabetos son los que arman la ingeniería para lavar los miles de millones del narco

Cristina Fernández de Kirchner — Vicepresidenta

El interés internacional está puesto en paralizar dinero presuntamente vinculado no sólo al financiamiento del terrorismo sino también a “la proliferación de armas de destrucción masiva”, un aditivo que permite ampliar las inmovilización de fondos ligados a Irán y Corea del Norte en Argentina. En el proyecto de ley participaron no sólo el ministerio de Justicia sino también la Corte Suprema, el Ministerio Público Fiscal y los ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía.

Existe otro obstáculo para la evaluación positiva de Argentina, sostienen en el Ejecutivo, y está directamente relacionado con el desempeño del poder Judicial. En el último informe que se presentó ante el GAFI, las autoridades publicaron que entre 2017 y 2021 se iniciaron en el país 1.386 procesos penales por lavado de activos y sólo se dictaron 58 condenas.

De esas 58 condenas, alrededor de un cuarto ni siquiera encuadran dentro de casos de gravedad: 14 son sentencias a personas que ingresaron o sacaron dinero sin declarar por las fronteras. Otras 34 fueron por activos provenientes de la narcocriminalidad. Además, el país tampoco tiene mucho que mostrar en materia de recupero de activos del lavado de dinero. 

Fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quien el martes último volvió a mencionar la problemática del lavado de dinero y sus sospechas sobre la supuesta inacción del poder Judicial frente al blanqueo del dinero del narcotráfico, con la problemática de Rosario nuevamente en la agenda política.

“A ver si nos vamos a creer que bandas con nombres de analfabetos son los que arman la ingeniería para lavar los miles de millones del narco”, afirmó en un encuentro del Grupo Puebla, junto a Evo Morales, Rafael Correa, Ernesto Sámper y José Luis Rodríguez Zapatero, y mientras Argentina se encontraba recibiendo a una misión de la Unión Europa que llegó el lunes a pedido del Ejecutivo para capacitar al tercer sector en la evaluación de riesgo del lavado. 

Uno de los puntos que el ministerio de Justicia informará este año al GAFI es sobre la estrategia nacional de evaluación de riesgo de lavado y financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Para ello, los organismos que participan en el comité fijan una lista de amenazas. 

41 organizaciones criminales

El informe de evaluaciones nacionales de riesgo informó que se identificaron “41 organizaciones criminales de envergadura” en Argentina dedicadas al narcotráfico, trata de personas o intermediación financiera no autorizada. El narcotráfico movilizaría más de US$230.000.000 anuales en el país, de acuerdo con una estimación del informe.

Los delitos aduaneros superan los US$451.000.000 anuales.

“Extensión y falta de control en las fronteras”, “el mercado informal de cambio”, y la necesidad de reforzar “el control de personas y estructuras jurídicas, y la identificación de beneficiarios finales” de las empresas radicadas en el país son otras de las amenazas identificadas. También, la corrupción.

Lista Gris

En 2014, durante la última presidencia de Fernández de Kirchner, Argentina salió de la lista gris del GAFI, como se denomina a los países para evitar caer en la llamada “lista gris”, que habiéndose sometido a un proceso de evaluación, no lograron alcanzar los estándares exigidos.

Soria mantuvo en febrero último una audiencia con el presidente del GAFI, Raja Kumar, para informarle sobre los avances de Argentina durante 2022 en la carrera hacia octubre de 2024, cuando el plenario del organismo analice qué tan buena alumna ha sido la Argentina. Posiblemente, para entonces Alberto Fernández ya no estará a cargo del Ejecutivo, pero el GAFI evalúa a los países, no a los gobiernos.

Desde 2016, el ministerio de Justicia cuenta un área específica para el diseño y coordinación de las políticas antilavado y el cumplimiento ante el GAFI: el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, actualmente a cargo del abogado Agustín Carrara.

Dichas políticas antilavado son discutidas y coordinadas por Soria en un comité con los 14 organismos directamente involucrados en la materia: desde la Unidad de Información Financiera (UIF), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) hasta la dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), entre otros.

ED/MG