Tras once años de juicio, la Argentina acaba de ganar una apelación en los tribunales de Nueva York en un juicio que amenazaba con costarle US$18.000 millones. La demanda la había iniciado en 2015 Burford Capital, un fondo buitre que le había comprado el derecho a litigar a la familia Eskenazi, supuestos damnificados por la estatización del 51% de las acciones de YPF en 2012. Aunque los eventos habían ocurrido en la Argentina, los demandantes habían conseguido que la jueza Loretta Preska aceptara el argumento de que, ya que YPF cotiza en la bolsa de esa ciudad, tenía jurisdicción para entender en la causa. Lo que siguió fue una serie de decisiones igualmente antojadizas, que incluyeron una interpretación equivocada de las leyes argentinas, el cálculo sobredimensionado de la indemnización y la exigencia de que nuestro país le entregara a su juzgado las acciones de YPF. Ahora, los abogados de la Procuración del Tesoro que representaban a la Argentina consiguieron que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York entendiera el error de interpretación de Preska y revirtiera su sentencia, con lo que la demanda colapsó.  

Protagonista central de toda esta historia fue Mariana Lozza, quien condujo la defensa jurídica de nuestro país. En esta entrevista explica lo que estaba en juego, los pormenores del proceso y la importancia global que tiene el fallo. Mariana Lozza es de Bahía Blanca. Se recibió de abogada allí, en 2004, en la Universidad Nacional del Sur. Al año siguiente postuló para hacer una pasantía en la OEA y quedó seleccionada. Aprovechó su estadía en Washington para hacer un Master en derecho internacional, mientras trabajaba para costear sus estudios. En julio de 2007 regresó al país y ese mismo año fue contratada por la Procuración del Tesoro para atender demandas internacionales contra el Estado argentino. Tras diez años en esa función decidió renunciar y se dedicó a la actividad privada hasta que volvieron a convocarla en 2021, esta vez para ocupar el cargo de Directora Nacional de Asuntos Internacionales de la Procuración del Tesoro. En ese cargo de altísima responsabilidad estuvo hasta hace pocos meses, cuando decidió renunciar y regresar a la actividad privada.

–La escuché en otra entrevista describir el fallo por YPF como algo histórico, pero no solo para la justicia argentina, sino también para la justicia estadounidense. ¿Por qué le parece algo tan trascendente? 

–Por supuesto, para la Argentina, por el monto. La Argentina nunca había estado en un litigio de semejante monto. Pero es histórico también a nivel internacional. Tengo entendido que esta sería la tercera sentencia más alta que se dicta en EE.UU. y la más elevada contra un estado soberano. Con lo cual, en términos económicos era de una trascendencia enorme. En lo sustantivo también, porque sienta un precedente importante para definir cómo se manejan las cortes de los estados en este tipo de controversias. En este caso fue Estados Unidos, pero si Estados Unidos confirmaba un fallo así, podía también ser a la inversa. Podía ocurrir que otros estados empiecen a dictar sentencias de este tipo que también podrían involucrar a empresas estadounidenses. Por el solo hecho de que haya una compañía que cotice en alguna bolsa extranjera, eso entonces les da jurisdicción a las cortes extranjeras. En este caso se enjuició a la Argentina, pero iba a sentar un precedente muy complejo para otros estados también. De hecho, esa preocupación uno la ve reflejada en los amicus curiae que presentan sobre todo Brasil y Uruguay, también Ecuador y Chile. En esos amicus lo que se ve es la preocupación de ellos, de que, por el solo hecho de estar cotizando en Nueva York, cualquier reclamo vinculado al estatuto de una empresa o sociedad de esos países podría ser llevado a las cortes de Nueva York. 

La Argentina nunca había estado en un litigio de semejante monto. Pero es histórico también a nivel internacional. Tengo entendido que esta sería la tercera sentencia más alta que se dicta en EE.UU. y la más elevada contra un estado soberano. Con lo cual, en términos económicos era de una trascendencia enorme

–Un tema importante, además, porque la justicia en EE.UU. ha tenido una tendencia a absorber temas de otras jurisdicciones. 

–Exacto. Este es un caso que marca un límite a eso. Una de las cosas que planteamos nosotros es que esto incluso iba a ser complejo para las propias cortes de Estados Unidos, porque iba a generar un incremento de la litigiosidad en Estados Unidos que sus tribunales tal vez tampoco iban a poder absorber. 

– ¿Y cómo explica que haya habido una diferencia tan marcada entre el fallo de Preska, con todas esas extralimitaciones, y el fallo de la Cámara que lo revierte? 

–En la apelación, nuestros argumentos preliminares o jurisdiccionales tenían que ver con un principio que se llama el Forum Non Convenience, es decir, que Estados Unidos no es el foro más conveniente para resolver esto, porque es un caso netamente sobre derecho argentino. Y después estaba el argumento jurisdiccional de “cortesía internacional”, que significa que en un caso como este, en donde está involucrado un Estado, hay actos justamente de ese Estado involucrados, donde se discute sobre el derecho argentino, las cortes de Estados Unidos tenían que rechazar jurisdicción. 

Pero lo que ocurre es que a la Cámara esto llega diez años después. En la audiencia los jueces de hecho preguntaron “¿por qué tenemos que estar decidiendo este caso, que es puramente sobre derecho argentino?”. Esos dos argumentos jurisdiccionales que le generan una incomodidad a la Cámara, eran los primeros que tenían que resolver. Lo que hizo la Cámara, y yendo ahí a tu pregunta, fue mirar el abanico de argumentos planteados sobre el fondo de la controversia y elegir uno o dos que permitieran patear todo el caso, sin entrar a decidir en las cuestiones preliminares o jurisdiccionales.

En el fondo, la Argentina presentó ante la Cámara varios puntos, si mal no recuerdo eran siete, sobre derecho argentino, que habían sido algunos de los que Preska había resuelto en contra de la Argentina. Alcanzaba con que la Cámara nos diera la razón en uno de ellos para que revirtiera la decisión y entonces no hubiera condena. Y eso es lo que ocurrió.

–El fallo de Preska fue durísimo y veníamos de un fallo por los holdouts del juez Griesa, que también había sido muy duro para la Argentina. ¿Percibió en todo ese tiempo alguna dimensión política en las decisiones judiciales? ¿Cómo pesa lo político allí? Pregunto para bien o para mal, porque también está presente la afirmación de Milei de que el juicio terminó a favor de la Argentina gracias a que él tiene buen vínculo con Trump… 

–Uno está tan imbuido en los argumentos jurídicos que a veces esas cuestiones te exceden. Yo leo el fallo en términos jurídicos porque lo jurídico está claramente presente en la decisión de la Corte de Apelación, se ve todo un desmenuzamiento detallado del argumento jurídico, con citas a, por ejemplo, decisiones de la Corte Suprema argentina. En la instancia de apelación se genera un espacio que no hay en la primera instancia, que es la posibilidad de presentar amicus. En la apelación se presentaron, como te decía, Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador. Después, se presentaron el grupo de las diez provincias que recibieron parte de las acciones de YPF expropiadas. Y también grupos de académicos en derecho público, en derecho privado, en derecho internacional. Todo eso son cosas que se pueden hacer en Cámara, no se hacen antes porque no hay un espacio procesal. 

–Le pregunto lo mismo en referencia al ámbito local. La defensa atravesó varios gobiernos distintos. ¿Los cambios de gobierno afectaron en alguna de alguna manera las estrategias? ¿Tuvieron indicaciones distintas de los distintos procuradores a lo largo del tiempo? ¿Hubo interferencias políticas que desviaran o cambiaran las estrategias en algún momento?

–No, la verdad que no. Es reconfortante, desde lo técnico, la confianza en el equipo técnico que hubo de cada autoridad nueva que venía. En sí, lo que fue la defensa técnica o jurídica se mantuvo. 

–Durante el juicio hubo por lo menos dos intervenciones de la máxima autoridad de ese momento del país, Macri en su momento y Milei luego, con declaraciones públicas que hablaban de la ilegalidad de la acción expropiatoria argentina, es decir, que de alguna manera socavaban los argumentos técnicos con los que ustedes estaban trabajando. ¿Qué pasa con ese tipo de declaraciones? ¿Le parece que pudieron haber tenido algún efecto en el curso de la causa? 

–En los litigios como este o en los arbitrajes siempre se trae mucho de la discusión pública de un lado y de otro. No importa si son declaraciones del funcionario de hoy o la de la administración anterior, o de hace dos administraciones, si es del oficialismo, si es del de la oposición. Hasta debates parlamentarios con declaraciones de los partidos más diversos se traen. Al leer la decisión de la Corte de Apelaciones, en este caso no veo que haya impacto. En el correr de los litigios se debate mucho sobre esto. Esto le pasa a la Argentina y les pasa también a otros estados. Hay un caso contra España en donde todo terminó versando sobre un tuit, y entonces es ahí que uno empieza a dimensionar cuánto cuidado tienen que tener todas las autoridades o exautoridades.

En los litigios como este o en los arbitrajes siempre se trae mucho de la discusión pública. No importa si son declaraciones del funcionario de hoy o la de la administración anterior. Hay un caso contra España en donde todo terminó versando sobre un tuit, y entonces es ahí que uno empieza a dimensionar cuánto cuidado tienen que tener todas las autoridades o exautoridades. 

–También hubo una intervención del gobierno de Milei que de alguna manera se auto-adjudicó el mérito del éxito en la causa. ¿Qué le pasó con eso, con esa declaración? 

–Yo creo que se reconoce el trabajo de la Procuración y la Procuración viene interviniendo desde siempre, con lo cual, hay un mérito de esta administración y de las anteriores, que mantuvieron las líneas jurídicas que se habían planteado, con el equipo, con el mismo estudio jurídico extranjero, que podrían haberlos cambiado y no lo hicieron.  

–Este juicio es uno de tantos de los que hay y en los que Argentina está involucrada en los cuales los que promueven los juicios son fondos buitre que no son los damnificados directos, sino que compran los derechos a litigar. Argentina ya fue víctima de esta operatoria con el tema de los holdouts, también en Nueva York, que en ese caso perdimos. En ese momento hubo toda una serie de movimientos diplomáticos y también expresiones de especialistas que reclamaban poner fin a esa práctica de comprar derecho a litigar. Se invocó la doctrina Champerty en su momento. En 2015 parecía que iba a haber algún avance diplomático o incluso de doctrina jurídica en ese sentido. ¿En qué quedó eso? ¿Hubo algún avance en este tiempo para limitar este tipo de operatoria o estamos como en el mismo lugar que en 2015? 

–No. Que yo esté al tanto al menos, no hubo nada de eso. 

–¿Cómo imagina que va a seguir el caso por YPF? Entiendo que las chances son relativamente limitadas de que esto pueda ser apelado o que esa apelación, en todo caso, pueda ser atendida. 

–Los recursos en EE.UU. son limitados porque en general las chances de que se abran esos recursos es limitada. El éxito de un recurso ante la misma Cámara u otro ante la Corte Suprema son muy limitados en términos de porcentajes. Burford ha hablado de otra alternativa que barajan, que es llevar al tema a un arbitraje del CIADI. Acá lo que entra en juego es que en realidad este tipo de fondos se dedican a litigar, presentar reclamos y a generar incidencias procesales. Si van a un arbitraje CIADI, yo creo que la Argentina ahí tiene también una posición fuerte en varios aspectos. 

–Le hago la última: renunció hace poco, no lo sé, pero imagino que una persona de su nivel, fuera del Estado debe cobrar diez veces más de lo que ofrece el Estado, o incluso más ¿no? 

–Claro. Cuando uno elige estar en la función pública, hay mucho de vocación. Quise llegar a la audiencia con la Cámara porque en lo profesional es una experiencia increíble, sin dudas. Y en el caso puntual de la Dirección de Asuntos Internacionales, lo que le pasa es que está involucrada en litigio complejos, de mucha responsabilidad, donde están involucrados cientos de miles de millones de dólares; se precisan muchos recursos para la defensa de estos casos. Llega un punto en el que la brecha entre ese trabajo y los recursos con los que se cuenta es difícil de sostener en el tiempo.

EA/MG

El Gobierno nacional rechazó un pedido para revelar la ubicación de las reservas del oro del país, en el marco de la causa que se tramita en Estados Unidos por la estatización de YPF.

La presentación ingresó al juzgado de Loretta Preska, según dio a conocer el especialista Sebastián Maril a través de sus redes sociales.

“El Gobierno rechazó este pedido explicando que el oro pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información”, precisó Maril en el posteo. Por otro lado, también desestimó el pedido de que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente a declarar para dar precisiones sobre el pedido.

“Esta madrugada Argentina respondió al pedido de los beneficiarios del fallo YPF quienes solicitaron a la Juez Preska ordenar al país la producción de una declaración jurada que indique la ubicación y uso de las reservas de oro del BCRA. El Gobierno rechazó este pedido explicando que el oro pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información. De todos modos, enviará un pedido al BCRA. El Gobierno también rechazó el pedido de los beneficiarios para que el Ministro Luis Caputo se presente a declarar sobre dicha información”, escribió en su cuenta de X el consultor, especialista en evaluación de riesgos crediticios, planificación financiera, sostenibilidad y gestión de riesgos en litigios.

“El oro es propiedad del BCRA, una entidad jurídica distinta del Estado Nacional y, conforme la práctica estándar de todos los bancos centrales, el BCRA preserva la confidencialidad de la ubicación y movimientos de sus reservas de oro”, explicó el Gobierno en su escrito.

Los beneficiarios del fallo por US$16.000 millones intentan establecer conexiones para detectar activos que le permitan a la jueza ordenar la ejecución de la sentencia. Cabe recordar que Argentina apeló el fallo condenatorio de Preska y está a la espera de esa resolución por parte de la Corte de Apelaciones.

El pedido ante Preska

Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF solicitaron a comienzos de esta semana a la jueza del Segundo Circuito de Nueva York, Loretta Preska, que obligue al Estado argentino a detallar la ubicación, cuentas y movimientos de sus reservas de oro.

El pedido se fundamenta en la denuncia de una supuesta estrategia de ocultamiento de activos por parte del Gobierno para evitar el pago de la sentencia de US$16.100 millones de dólares.

Según los demandantes, el país incumplió la orden de presentar un testigo calificado para declarar sobre el patrimonio nacional.

Los fondos Petersen y Eton Park sostienen que Argentina presentó a un expositor “deliberadamente no preparado”, lo cual consideran una maniobra de obstrucción en el proceso de descubrimiento de bienes.

Los demandantes buscan identificar activos embargables para ejecutar la sentencia dictada en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

La información proviene de una carta remitida el 21 de enero de 2026 por el estudio de abogados Levine Lee LLP a la jueza Loretta A. Preska.

En el documento al que tuvo acceso Agencia Noticias Argentinas, los representantes legales de los beneficiarios del fallo detallan los incumplimientos en los que habría incurrido la República Argentina respecto a las órdenes judiciales de agosto de 2025.

En el cuerpo de la nota presentada al tribunal, los abogados afirmaron que “el incumplimiento de la República en producir un testigo calificado forma parte de su estrategia para evadir la ejecución de la sentencia de US$16.1 mil millones, incluyendo la ocultación de más de US$1.000 mil millones en reservas de oro”.

Los demandantes argumentaron que la falta de respuestas es “grave y continua” y que el daño económico es mayor debido a que el precio del metal alcanzó un máximo histórico.

La presentación judicial señala que funcionarios de alto rango tienen acceso a los datos requeridos.

Según el texto, el ministro de Economía, Luis Caputo, posee información directa sobre el traslado de los activos y con el presidente del Banco Central, Santiaglo Bausili, están en “contacto continuo vía grupo de chat”.

Para los litigantes, la elección de un testigo sin estos conocimientos “equivale a una falta de comparecencia”.

Ante esta situación, los beneficiarios del fallo solicitaron que el tribunal “obligue a la República a proporcionar de inmediato una declaración jurada identificando la ubicación, movimientos y cuenta(s) que mantienen el oro”.

En caso de que el Gobierno alegue falta de acceso a la información del Banco Central, pidieron celebrar una “audiencia probatoria con testimonio de individuos con conocimiento, incluyendo a Caputo y otros testigos”.

Finalmente, el escrito reclama que se ordene a la República Argentina pagar los “honorarios razonables de abogados” de los demandantes por su conducta obstructiva.

Los abogados recordaron que organismos como el Ministerio de Seguridad y la Auditoría General de la Nación (AGN) poseen autoridad legal para acceder a la información sobre el transporte de las reservas.

Con información de NA.

IG

Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF solicitaron a la jueza del Segundo Circuito de Nueva York, Loretta Preska, que obligue al Estado argentino a detallar la ubicación, cuentas y movimientos de sus reservas de oro.

El pedido se fundamenta en la denuncia de una supuesta estrategia de ocultamiento de activos por parte del Gobierno para evitar el pago de la sentencia de US$16.100 millones de dólares.

Según los demandantes, el país incumplió la orden de presentar un testigo calificado para declarar sobre el patrimonio nacional.

Los fondos Petersen y Eton Park sostienen que Argentina presentó a un expositor “deliberadamente no preparado”, lo cual consideran una maniobra de obstrucción en el proceso de descubrimiento de bienes.

Los demandantes buscan identificar activos embargables para ejecutar la sentencia dictada en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

La información proviene de una carta remitida el 21 de enero de 2026 por el estudio de abogados Levine Lee LLP a la jueza Loretta A. Preska.

En el documento al que tuvo acceso Agencia Noticias Argentinas, los representantes legales de los beneficiarios del fallo detallan los incumplimientos en los que habría incurrido la República Argentina respecto a las órdenes judiciales de agosto de 2025.

En el cuerpo de la nota presentada al tribunal, los abogados afirmaron que “el incumplimiento de la República en producir un testigo calificado forma parte de su estrategia para evadir la ejecución de la sentencia de US$16.1 mil millones, incluyendo la ocultación de más de US$1.000 mil millones en reservas de oro”.

Los demandantes argumentaron que la falta de respuestas es “grave y continua” y que el daño económico es mayor debido a que el precio del metal alcanzó un máximo histórico.

La presentación judicial señala que funcionarios de alto rango tienen acceso a los datos requeridos.

Según el texto, el ministro de Economía, Luis Caputo, posee información directa sobre el traslado de los activos y con el presidente del Banco Central, Santiaglo Bausili, están en “contacto continuo vía grupo de chat”.

Para los litigantes, la elección de un testigo sin estos conocimientos “equivale a una falta de comparecencia”.

Ante esta situación, los beneficiarios del fallo solicitaron que el tribunal “obligue a la República a proporcionar de inmediato una declaración jurada identificando la ubicación, movimientos y cuenta(s) que mantienen el oro”.

En caso de que el Gobierno alegue falta de acceso a la información del Banco Central, pidieron celebrar una “audiencia probatoria con testimonio de individuos con conocimiento, incluyendo a Caputo y otros testigos”.

Finalmente, el escrito reclama que se ordene a la República Argentina pagar los “honorarios razonables de abogados” de los demandantes por su conducta obstructiva.

Los abogados recordaron que organismos como el Ministerio de Seguridad y la Auditoría General de la Nación (AGN) poseen autoridad legal para acceder a la información sobre el transporte de las reservas.

Con información de NA.

IG

La Argentina rechazará el pedido de “desacato” planteado por el fondo Burford, beneficiado con un fallo a favor de la jueza Loretta Preska por US$ 16.000 millones, en los plazos procesales definidos por la magistrada.

El escrito será presentado el 19 de febrero, de acuerdo al cronograma establecido por Preska, según confirmaron fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación.

Burford elevó este jueves un pedido a la jueza para que declare en desacato y sancione a la Argentina por no entregar la documentación requerida en lo que concierne a chats y mails entre funcionarios nacionales. El fondo busca establecer la vinculación entre YPF y el Estado Nacional (alter ego).

“Argentina ha cumplido plena y ampliamente con el proceso de discovery, incluso mediante la entrega de más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de diversos funcionarios del gobierno argentino”, afirmaron fuentes de la Procuración.

Asimismo, agregaron que la moción constituye el intento más reciente del financiador de litigios Burford Capital de “hostigar a la República mediante solicitudes de discovery intrusivas y desproporcionadas”, como parte de lo que su CEO ha manifestado a los inversores que es una estrategia para “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica de la Argentina.

Desde la defensa argentina señalaron además que el pedido de sanciones debe leerse en el contexto de los avances recientes logrados por la Argentina en el plano judicial, que han deteriorado la posición procesal de Burford.

Entre esos antecedentes, mencionaron la audiencia de apelación de la sentencia condenatoria por US$16.000 millones, que derivó en una caída superior al 20% en el valor de las acciones del fondo, el stay otorgado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la orden de entrega de las acciones de YPF, el respaldo expreso de Estados Unidos, Israel y más de una decena de países y organizaciones internacionales, y el rechazo del reconocimiento de la sentencia en la justicia irlandesa.

“Ante este escenario, a Burford se le van limitando las herramientas procesales para mejorar su posición y recurre ahora a un planteo de desacato, aun cuando la Argentina está cumpliendo con el discovery”, señalaron las fuentes.

“Se trata de una estrategia de hostigamiento para presionar al país y forzar una negociación desde una posición que ya no tiene”.

Más allá de esta presentación del fondo Burford, desde la Procuración indicaron que Argentina “continuará cumpliendo con el proceso de discovery siempre dentro de lo permitido por la Constitución y las leyes argentinas, mientras la Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito analiza las apelaciones interpuestas contra las órdenes sin precedentes dictadas por el Tribunal de Distrito en este caso”. 

Con información de NA.

El litigio judicial por la nacionalización de YPF que se desarrolla en los tribunales de Estados Unidos tendrá este miércoles una audiencia clave cuando la Argentina, el fondo Burford y la petrolera se presenten ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para defender sus intereses.

El país intentará revertir el fallo condenatorio que emitió la jueza Loretta Preska que obliga al pago de US$ 16.000 millones a modo de resarcimiento por la forma en que el Estado argentino estatizó la compañía.

Por su parte, el fondo Burford procurará que se mantenga la sentencia, pero al mismo tiempo intentará que se revea la resolución judicial que eximió a YPF de la responsabilidad en la operación.

A su vez, la empresa defenderá esa decisión y procurará mantener su condición de inocencia.

Según se estima, la sentencia de la Cámara de Apelaciones no será inmediata y podría conocerse durante el primer semestre del año próximo.

En ese momento se abren diferentes escenarios. En caso de que la Cámara de Apelaciones mantenga la sentencia a la Argentina solo le quedará presentarse ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Otra opción es que reduzca el monto resarcitorio. Pero la más improbable es que rechace el fallo de Preska.

Cabe apuntar que en este caso se discutirá la validez de la sentencia y el monto, pero no así la forma en la que se debe pagar.

Preska determinó que una de las formas para cumplir con la sentencia es la entrega de acciones de la empresa. Pero esta decisión también fue apelada y corre por otro carril dentro de la justicia de los Estados Unidos. Por otra parte, los acreedores ya manifestaron su intención de negociar un acuerdo con la Argentina porque no está dentro de sus opciones tener acciones de la petrolera.

Entre las diferentes aristas que tiene el litigio que ya lleva más de una década recorriendo los tribunales de Estados Unidos aparece la intención de los beneficiarios de buscar activos argentinos en el mundo para activar embargos y poder cobrar su acreencia.

Durante las diferentes instancias, Preska llegó a ordenar medidas como la entrega de información sobre mails y comunicaciones telefónicas entre funcionarios argentinos con la intención de buscar vinculaciones con empresas estatales para luego evaluar la posibilidad de embargos.

Con información de agencias.

IG

Ocho países se presentaron ante una corte de los Estados Unidos como ‘amicus curiae' (amigos del tribunal) en favor de Argentina en el millonario litigio entablado en tribunales de Nueva York contra el país suramericano por la nacionalización de la petrolera YPF en 2012, confirmaron este viernes a EFE fuentes oficiales.

Las presentaciones ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York fueron realizadas este jueves por Estados Unidos, Israel y Ecuador -cada uno por separado-, mientras que Chile, Italia, Uruguay, Rumanía y Ucrania hicieron una presentación conjunta, de acuerdo a los documentos, a los que accedió EFE.

Además de estos países, también se presentaron este jueves como '‘amicus curiae' en respaldo a Argentina la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham, por su sigla en inglés), el Instituto de Política Bancaria y la Asociación de Banqueros de los Estados Unidos -estos dos últimos en forma conjunta-, y la provincia argentina de Chubut, accionista de YPF junto a otras provincias productoras de hidrocarburos.

En 2015, tras comprar derechos de litigio al grupo argentino Petersen -antiguo accionista minoritario de YPF-, la firma inglesa Burford Capital y la estadounidense Eton Park demandaron en tribunales de Nueva York al Estado argentino por la nacionalización de la petrolera en 2012.

El argumento de la demanda se basó en que el Estado argentino violó un artículo del estatuto de YPF que prevé que, si alguien compra más del 15 % de la empresa, debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas, algo que en este caso no ocurrió.

En 2023, la jueza superior del distrito de Nueva York, Loretta Preska, falló a su favor y condenó al Estado argentino a pagarles 16.100 millones de dólares.

El pasado 30 de junio, Preska ordenó a Argentina ceder a las firmas litigantes su participación del 51 % en la petrolera.

Argentina apeló esa decisión ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que el 15 de julio pasado dictó una suspensión administrativa temporal de la orden de Preska a la espera del proceso de presentación de argumentaciones de las partes.

Los países e instituciones que se presentaron para respaldar a Argentina piden a la corte que revoque la orden de Preska de entregar las acciones.

En sus presentaciones, los países defendieron el principio de que los activos de un estado soberano, en particular los que se encuentran en su propio territorio, son inmunes a la ejecución por parte de tribunales extranjeros.

YPF, cuyas acciones cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, es la mayor productora de hidrocarburos de Argentina.

La empresa produce el 40 % de petróleo y el 30 % del gas del país, tiene tres refinerías (50 % de la capacidad de refino de Argentina), una amplia red de gasolineras, participación en oleoductos, la distribución de gas y la generación de energías renovables.

La petrolera lidera el desarrollo de la enorme formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta y está inmersa en multimillonarios proyectos en sociedad con otras compañías para exportar por vía marítima petróleo y gas licuado.

YPF tiene activos por 29.015 millones de dólares y un patrimonio neto de 11.924 millones, según el balance de la compañía correspondiente al segundo trimestre de 2025.

EFE.

Varios días después de lo esperado, la Corte de Apelaciones de Nueva York resolvió este viernes en el juicio por la expropiación de YPF determinó aceptar la la medida cautelar que suspende el traspaso del 51 % de las acciones que el Estado argentino posee en la petrolera. Den todas las opciones que tenía por delante la Corte, terminó tomando la más favorable al país.

De esta manera, el tribunal deja en suspenso lo que había dictaminado la jueza Loretta Preska el pasado 30 de junio, obligando al Estado argentino a pagar U$S 16.000 millones o, en su defecto, cancelar la deuda con el 51% de las acciones que posee en la petrolera.

Tras una cautelar presentada en julio por la defensa argentina, ahora el Estado logró que la medida ordenada por Preska se mantengamela en suspenso.

El juicio por la expropiación –ordenada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner– lleva más de 10 años. Desde entonces, el Estado mantiene una pelea contra los denunciantes: los fondos de inversión que apuestan a litigios Burford Capital, de Reino Unido, y Eaton Park, de Estados Unidos.

Sebastián Maril, especialista en litigios internacionales, señaló en X que “Argentina deberá comenzar a tratar los fallos de los litigios internacionales como activos y dejar de mirarlos como pasivos. Cerrar estos juicios ayudará a mostrar al mundo que, finalmente, empezamos a cumplir con los contratos y comprometernos a respetar el Estado de Derecho, pilar fundamental para atraer inversiones. Los beneficiarios de sentencias, por su lado, deberán entender que, ayudando a Argentina, se estarán ayudando a ellos mismos”.

El el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, celebró en X la decisión de la Corte: “El tribunal de apelaciones en el caso YPF ha decidido: aceptar la solicitud de Argentina, por lo que la orden del 30 de junio de 2025 queda suspendida mientras se resuelven las apelaciones y que el Gobierno de Estados Unidos presente sus documentos como ”‘amigo de la corte’“.

Con la medida del tribunal el Gobierno gana tiempo mientras espera que a fines de octubre se realice la primera audiencia para definir la cuestión de fondo, es decir la apelación del fallo de Preska que favorece a los fondos.

El caso comenzó a partir de la expropiación del 51% que tenía la española Repsol en YPF por parte del gobierno de Cristina Fernández, con apoyo del Congreso, incluida parte de la oposición. Pero el juicio no es por el 51% –Repsol terminó cobrando por un acuerdo con aquella administración en 2014– sino por el 25% con el que el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, se había quedado en 2007 por impulso del entonces presidente Néstor Kirchner. Los Eskenazi había hecho buenos negocios con él en Santa Cruz: se habían quedado con el banco provincial y con numerosas obras públicas. Y entraron a la petrolera sin pagarles nada a Repsol: el acuerdo implicaba que la abonarían con las futuras ganacias de la empresa. Era la llamada Argentinización de YPF.

NoticIa en desarrollo

Este martes, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York tendrá una definición clave en el juicio por la expropiación de YPF. El tribunal tendrá que decidir si acepta la conceder a la Argentina la medida cautelar que suspende el traspaso del 51 % de las acciones que el Estado argentino posee en la petrolera.

El juicio por la expropiación –ordenada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner– lleva más de 10 años y Argentina ya recibió un fallo en contra cuando el pasado 30 de junio la la jueza Loretta Preska ordenó al Estado argentino a pagar U$S 16.000 millones. Pero además, desde entonces corren los intereses impuestos por la magistrada con lo cual la deuda ya asciénde a U$S 18.000.

Mañana, el tribunal de apelaciones podrá decidir si niega la cautelar interpuesta por el Estado argentino, lo que habilitaría a la jueza Preska a ejecutar el traspaso. La tercera posibilidad es que la Cámara conceda la medida en suspenso, pero que entienda que pagar con acciones es casi imposible para la Argentina. En este caso puede definir que el Gobierno ponga a cambio otros activos que representen las acciones de YPF, por ejemplo bonos de mediano o largo plazo.

Si la Corte no concede la suspensión total, Argentina enfrentará dos alternativas: negociar con los acreedores o incumplir la orden. Este último escenario implicaría riesgo de desacato, con posibles embargos de reservas del Banco Central, trabas para acceder a los mercados internacionales o embargo de activos de YPF en el exterior.

Ya en septiembre de 2023 la jueza Preska había quedado firme la sentencia contra la Argentina, pero al mes siguiente el gobieno de Alberto Fernández la habia apelado. Cuando asumió la presidencia Javier Milei, el país debía presentar en enero de 2024 unas garantías para esa apelación, pero curiosamente no lo hizo.

Luego, en junio pasado, Preska ordenó al Estado argentino que entregue el 51% de YPF a los fondos ligitantes contra la reestatización de 2012, como forma de pago de la sentencia que lo condenó a pagar US$16.000 millones por la expropiación. Los denunciantes son los fondos de inversión que apuestan a litigios Burford Capital, de Reino Unido, y Eaton Park, de Estados Unidos.

El Estado argentino apeló la decisión de Preska y la Cámara resolvió una suspensión administrativa temporal de la transferencia de las acciones.

El caso comenzó a partir de la expropiación del 51% que tenía la española Repsol en YPF por parte del gobierno de Cristina Fernández, con apoyo del Congreso, incluida parte de la oposición. Pero el juicio no es por el 51% –Repsol terminó cobrando por un acuerdo con aquella administración en 2014– sino por el 25% con el que el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, se había quedado en 2007 por impulso del entonces presidente Néstor Kirchner. Los Eskenazi había hecho buenos negocios con él en Santa Cruz: se habían quedado con el banco provincial y con numerosas obras públicas. Y entraron a la petrolera sin pagarles nada a Repsol: el acuerdo implicaba que la abonarían con las futuras ganacias de la empresa. Era la llamada Argentinización de YPF.

YPF, cuyo control quedó en jaque tras el fallo de Preska, produce el 36% del petróleo nacional y el 29% del gas, más allá de que con Milei se desprendió de sus áreas en Santa Cruz y Chubut para concentrarse en la roca neuquina. Además, controla el 56% de la refinación local de combustibles. Todo eso podría quedar en manos de los fondos de inversión buitre Burford Capital, de Reino Unido, y Eaton Park, de EE UU, si los tribunales superiores estadounidenses ratifican a futuro las sentencias de Preska contra la nacionalización de YPF.

La Procuración del Tesoro Nacional está bajo revisión interna. En medio del revés judicial que sufrió el Estado argentino por la expropiación de YPF, el gobierno de Javier Milei ordenó una investigación por presuntas “filtraciones” de información reservada y prepara una reestructuración de su jefatura de abogados, según confirmaron a elDiarioAR fuentes del organismo. Si bien se descarta de plano una remoción del procurador Santiago Castro Videla, voces oficiales confirmaron que el Ejecutivo avanzará con más de 60 desvinculaciones y una drástica reducción de áreas técnicas.

La medida será formalizada en las próximas horas a través del Boletín Oficial. A través de un comunicado oficial difundido este miércoles, el Gobierno detalla que la Procuración del Tesoro “pone en marcha inmediata una profunda reestructuración institucional para eficientizar su funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público”, en línea con los criterios establecidos por la Ley Bases. El recorte, señalan, es parte del proceso de “transformación y racionalización del Estado” impulsado por la administración libertaria.

Designado por impulso directo de Santiago Caputo en febrero, tras la sorpresiva salida de Rodolfo Barra, Castro Videla comanda ahora tanto la reestructuración administrativa como la investigación por filtraciones. Pese a su cercanía con el Presidente, debió excusarse de intervenir en la causa YPF por haber integrado el estudio jurídico de Alberto Bianchi, quien colaboró con el fondo Burford Capital en el armado de la demanda. Su salida dejó al Estado sin abogado principal en uno de los juicios más sensibles del siglo.

El comunicado oficial sostiene que el organismo “ya ha reducido su personal en más de un 20% desde el ingreso de las nuevas autoridades” y que pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales. También se disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, cuya tarea de capacitación quedará restringida al fortalecimiento de la abogacía pública y la doctrina jurídica de la PTN. Esa función será asumida por un nuevo centro “que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela y que sostenía la vieja administración”.

La denuncia de filtraciones se produjo en el momento de mayor tensión legal para el Estado desde que se reactivó el juicio por la estatización de YPF. Hace dos semanas, la jueza federal de Nueva York Loretta Preska ordenó que la Argentina transfiera el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos Burford y Eton Park, que compraron a la familia Eskenazi el derecho a litigar. La decisión fue apelada y, mientras tanto, se obtuvo una suspensión administrativa de la entrega de las acciones. Fuentes oficiales deslizaron que “parte de la estrategia legal del fondo se nutrió de información reservada del Estado argentino”.

En la Procuración creen que esa información —que incluía detalles internos sobre la línea jurídica que el Estado planeaba seguir ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito— salió de sus despachos durante los últimos meses. “No hay forma de saber para quién se filtró, pero es razonable pensar que fue para Burford”, apuntó una fuente. La revelación de esos datos habría fortalecido la posición de los litigantes en el tribunal neoyorquino, donde se discute un fallo con impacto potencial de US$16.100 millones.

Desde el Gobierno remarcan que la reestructuración “busca fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos”. También se avanza con la “reducción de unidades jerárquicas innecesarias, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas”. Según se informó, se eliminaron comitivas y gastos en viajes oficiales, y se reasignaron tareas que antes estaban tercerizadas.

“El objetivo es colaborar con el equilibrio fiscal”, concluye el texto oficial, “y acompañar el proceso de transformación nacional con una gestión técnica, transparente y centrada en el servicio a los ciudadanos”. La intención, según se desliza desde el Gobierno, es reconfigurar su estructura interna y profesionalizar su planta, en línea con los criterios que La Libertad Avanza impulsa en otras áreas clave del Estado.

Gesto de Trump

Sin embargo, en ese marco de incertidumbre judicial, Milei recibió un inesperado respaldo político y diplomático: el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, se presentará como amicus curiae ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York para apoyar la postura argentina. El objetivo es lograr que se mantenga la suspensión del fallo que ordenó al Estado entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park.

El respaldo de Washington no es menor. Aunque por ahora no se extiende a la apelación de fondo ni alcanza el fallo de US$16.100 millones dictado contra la Argentina, la jugada apunta a reforzar la posición del país en el punto más sensible: evitar el traspaso inmediato de las acciones de la petrolera, un hecho que el Gobierno considera de altísima gravedad institucional.

“El amicus implica el apoyo explícito de una parte independiente a una persona, entidad o país dentro de un caso, y le agrega argumentos favorables para que los jueces sean persuadidos y fallen a su favor”, explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, en diálogo con Noticias Argentinas. Según detalló, el gobierno estadounidense considera que forzar la entrega de las acciones viola las normas de inmunidad soberana y podría sentar un precedente indeseable en su sistema jurídico.

El respaldo no es nuevo: bajo la administración de Joe Biden, el Departamento de Justicia ya había solicitado a la jueza Preska que rechazara la solicitud de Burford de hacerse con activos clave de la petrolera argentina. En aquel momento, la magistrada desestimó el planteo de la Casa Blanca y falló en contra del país. Pero ahora, con una nueva administración republicana, el Gobierno argentino vuelve a depositar esperanzas en que el respaldo internacional contribuya a frenar los efectos inmediatos de la sentencia.

Actualmente, la cesión de acciones se encuentra suspendida de manera temporal, mientras las partes presentan sus argumentos ante la Cámara de Apelaciones. El amicus que presentará la administración Trump busca que esa suspensión se extienda durante todo el proceso de apelación, lo que le permitiría al Gobierno ganar tiempo político y jurídico en medio de la reestructuración interna de su defensa legal.

Fuentes oficiales admiten que el juicio por YPF se ha transformado en un problema político de primer orden. La causa no solo amenaza con comprometer el patrimonio estatal, sino que deja en evidencia las fisuras dentro del esquema de defensa del país ante los tribunales internacionales. Mientras la Procuración del Tesoro intenta blindarse frente a posibles fugas de información, el Gobierno busca apoyo externo para evitar un desenlace que podría marcar a fuego su gestión. Todo en medio de una pulseada que, más allá de los fallos, pone a prueba la capacidad del Estado argentino para defender su soberanía jurídica y económica en los foros más hostiles del planeta.

PL

El gobierno estadounidense de Donald Trump presentará un amicus curiae en la Justicia para apoyar a la Argentina en la suspensión del fallo que dispuso la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal YPF.

El respaldo legal del Departamento de Justicia norteamericano será interpuesto ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York buscando suspender la cesión de las acciones ordenada por la jueza Loretta Preska mientras tramita la apelación argentina.

Actualmente rige una suspensión momentánea del fallo, por parte del tribunal superior, hasta que las partes presenten los argumentos de apelación. La intervención del gobierno de Estados Unidos apunta a que la pausa en la medida se extienda durante todo el tiempo que dure el proceso de apelación de fondo.

En diálogo con Noticias Argentinas, Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, aportó que el amicus implica el apoyo explícito de una parte independiente a una persona, entidad o país dentro de un caso, indicando que “le agrega argumentos favorables para que el juez o los jueces sean persuadidos y fallen a favor de esta persona”.

El especialista aclaró que “por el momento, el respaldo del Departamento de Justicia no parece extenderse a la apelación vinculada a la orden de entrega de las acciones de YPF, ni tampoco aplica al fallo de los US$16.100 millones”.

En este sentido, precisó que sobre el fallo principal no es posible presentar este recurso ya que venció el plazo para hacerlo en septiembre del 2024 y sostuvo que EEUU se posiciona en este caso porque “la entrega de las acciones es un tema más importante para Estados Unidos y la soberanía de la Argentina que el fallo de la expropiación de YPF, que es un tema más de promesas incumplidas y violación de leyes del mercado de capitales”.

Además, remarcó que la presentación legal de la administración de Trump por ahora no aplica tampoco al dictamen de cesión de acciones. Sin embargo, el Departamento de Justicia bajo el mandato de Joe Biden ya había presentado un amicus pidiendo rechazar la solicitud de los fondos Burford y Eton Capital de quedarse con activos de YPF.

En aquella oportunidad, el gobierno norteamericano consideró en el apoyo legal a la Argentina que una medida como la de entregar acciones de YPF “viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos”.

A pesar del pronunciamiento formal de la Casa Blanca, Preska lo desestimó fallando desfavorablemente sobre Argentina. En este caso, el nuevo respaldo busca poder torcer la decisión y evitar que el país sea obligado a desprenderse de los papeles de la petrolera de forma inmediata.

¿Qué son los Amicus Curiae?

El amicus curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal) es una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión jurídica, alegatos, demanda o exhorto jurídico vinculante frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.

La información proporcionada puede consistir en un escrito con una opinión legal, o una demanda, por omisión y existir violaciones al debido proceso de las partes o tribunal juzgador, un testimonio no solicitado por parte alguna o un informe en derecho sobre la materia del caso. La decisión sobre la admisibilidad de un amicus curiae queda, generalmente, entregada al arbitrio del respectivo tribunal.

Esto generalmente ocurre en procesos de opinión pública en los cuales una parte procesal es sujeta de violación de derecho y representa los derechos de participación de un colectivo, o los derechos constitucionales de una persona natural, al verse afectados los derechos de una parte procesal por vulneración de derechos colectivos y de participación, indirectamente o por inercia se afectan los derechos de un colectivo o grupo de personas.

Antecedentes

Los antecedentes más remotos de la figura del amicus curiae se encuentran en la antigua Roma. A comienzos del siglo IX, esta institución de derecho romano se habría ido incorporando a la práctica judicial de Inglaterra.

Desde Inglaterra se extendió a los diversos países de tradición anglosajona, convirtiéndose en un elemento característico del Common Law para resolver causas de interés público en que se presentan posiciones muy polémicas o controvertidas.

Actualmente esta figura se ha extendido más allá del Derecho anglosajón, primero a los órganos internacionales de protección de los derechos humanos (comisiones y tribunales internacionales) y, a partir de estas prácticas de Derecho internacional, se ha incorporado en países que antes no lo acogían (especialmente de Derecho continental).

Utilización

Habitualmente se presentan amicus curiae en juicios en los que está en juego alguna libertad o derecho fundamental, debido al interés general que provocan en la sociedad este tipo de causas. Es decir, se acostumbran a realizar en litigios en que el asunto controvertido involucra directa o indirectamente a los derechos humanos, derechos de participación, derechos colectivos y que por tanto, pueden incidir o afectar la vigencia o extensión de algún derecho fundamental, derechos civiles y derechos constitucionales.

Por ello, comúnmente son presentados por importantes ONG de defensa o promoción de los derechos humanos locales, nacionales o internacionales (como Human Rights Watch o Amnistía Internacional) y asociaciones no lucrativas de abogados, aunque también son presentadas por otro tipo de organizaciones de la sociedad civil (fundaciones o corporaciones sin fines de lucro) o incluso por particulares.

Dichas presentaciones no requieren necesariamente ser de carácter legal, pudiendo ofrecer otras perspectivas (histórica, económica, sociológica, etc.), pero ellas deben tener alguna incidencia jurídica, y estar sustentadas en los códigos jurídicos (constitución, códigos penales)

Aceptación

El derecho anglosajón es uno de los sistemas con más receptividad de esta institución. Así por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países con mayor utilización del amicus curiae, especialmente a nivel de los tribunales federales (al decidir la constitucionalidad de las leyes). Inglaterra también los acepta habitualmente. En Colombia, la figura de amicus curiae, es utilizada con frecuencia por la Corte Constitucional de Colombia que, para decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, solicita opiniones a universidades, juristas reconocidos, instituciones de derecho público y particulares.

En el derecho internacional de los derechos humanos, el amicus curiae ha obtenido un lugar destacado, y es aceptado, entre otros organismos, por la Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En América Latina se ha reconocido y aceptado paulatinamente, sobre todo por influencia de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos.

En México, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha allegado la figura del amicus curiae en casos mediáticos, como la determinación de separar militares que fueran portadores de VIH, la impugnación de la llamada Ley Televisa sobre el uso del espectro de telecomunicaciones, la impugnación de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, la impugnación de la geolocalización de teléfonos celulares en tiempo real sin orden judicial y la defensa de algunas personas equívocamente acusadas, en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Con información de NA.

IG

La provincia de Chubut anticipó este lunes que se presentará ante la Corte de Apelaciones de Nueva York en contra de un fallo que obliga a Argentina a traspasar el 51 % de las acciones de la petrolera YPF a fondos de inversión que hicieron la demanda.

“Vamos a plantarnos y defender hasta las últimas consecuencias lo que es patrimonio de nuestra provincia”, sostuvo en un comunicado el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

El pasado 30 de junio la jueza superior de Distrito de los Estados Unidos Loretta Preska ordenó a Argentina entregar su 51 % de las acciones de YPF para cumplir con un fallo adverso en un millonario litigio.

Este lunes, la magistrada rechazó una solicitud de Argentina para suspender la orden de entregar las acciones en la mayor productora de hidrocarburos del país.

Preska sólo accedió a dar tres días más a Argentina, hasta el 17 de julio, para cumplir con su orden de entrega de acciones a los fondos Burford Capitol y Eton Park, que demandaron a Argentina por 16.100 millones de dólares por la nacionalización de YPF en 2012.

Del 51 % de las acciones de YPF involucradas en el fallo, una parte (51 %) es propiedad del Estado nacional argentino y otra (49 %) está bajo la titularidad de las diez provincias argentinas productoras de hidrocarburos, entre ellas, Chubut.

Torres dijo que su provincia pedirá a la Corte de Apelaciones de Nueva York “que levanten el embargo de las acciones de Chubut”.

Afirmó que el fallo de Preska constituye un “atropello” pues, “por ignorancia, no contempla que las provincias petroleras son accionistas de YPF”.

“En el juicio que se tramita en Nueva York el demandado es el Estado argentino y se puede embargar lo que es propiedad del demandado, pero no más. El resto de las acciones son de las provincias petroleras, entre ellas Chubut”, sostuvo el mandatario provincial.

El Gobierno de Javier Milei aun no infrmó qué estrategia judicial seguirá tras la decisión de la magistrada de Nueva York de este lunes.

Pese al revés judicial para Argentina, las acciones de YPF subieron un 2,5 % este lunes en la Bolsa de Buenos Aires.

EFE.

IG

La jueza de Nueva York Loretta Preska decide este lunes si otorga a la República Argentina el beneficio de suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos especulativos que hicieron la demanda por la expropiación de la petrolera.

El jueves por la mañana, el Gobierno nacional apeló el fallo ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, según informó Sebastián Maril, el experto que sigue el litigio que se ventila en Nueva York.

En la presentación, la Argentina adelanta que podría recurrirse a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.

Entre otros argumentos, la defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.

Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” del gobierno de Donald Trump.

La presentación también advierten sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.

El fallo de la jueza

La jueza de Nueva York Loretta Preska ordenó el 30 de junio que el Estado argentino entregue el 51% de YPF a los fondos ligitantes contra la reestatización de 2012, como forma de pago de la sentencia que lo condenó a pagar US$16.000 millones por la expropiación. Pero no todo está perdido. La decisión puede ser apelada ante el tribunal superior en Estados Unidos. Los denunciantes son los fondos de inversión que apuestan a litigios Burford Capital, de Reino Unido, y Eaton Park, de Estados Unidos.

Ya en septiembre de 2023 la jueza Preska había quedado firme la sentencia contra la Argentina, pero al mes siguiente el gobieno de Alberto Fernández la habia apelado. Cuando asumió la presidencia Javier Milei, el país debía presentar en enero de 2024 unas garantías para esa apelación, pero curiosamente no lo hizo, según recuerda el asesor financiero Sebastián Maril.

Entonces, los demandantes quedaron habilitados para pedir el embargo de activos por el fallo de Preska. Uno de ellos era el 51% de la petrolera que está en manos del Estado. El otro 49% es privado, cotiza en bolsa. Un año y medio después, tras varias presentaciones de ambos lados en el juicio, incluida una del Departamento de Justicia del gobierno de EE UU a favor de la Argentina, Preska tomó la decisión.

El caso comenzó a partir de la expropiación del 51% que tenía la española Repsol en YPF por parte del gobierno de Cristina Fernández, con apoyo del Congreso, incluida parte de la oposición. Pero el juicio no es por el 51% -Repsol terminó cobrando por un acuerdo con aquella administración en 2014- sino por el 25% con el que el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, se había quedado en 2007 por impulso del entonces presidente Néstor Kirchner. Los Eskenazi había hecho buenos negocios con él en Santa Cruz: se habían quedado con el banco provincial y con numerosas obras públicas. Y entraron a la petrolera sin pagarles nada a Repsol: el acuerdo implicaba que la abonarían con las futuras ganacias de la empresa. Era la llamada Argentinización de YPF.

Pero aquella experiencia salió mal, la petrolera desinvirtió, el país entró en déficit energético y entonces en 2012, dos años después de la muerte de Kirchner, su viuda reestatizó la compañía y decidió que dejaran de repartirse los beneficios entre los accionistas. Ergo, los Eskenazi dejaron de cobrar y ya no pudieron seguir pagando en cuotas por el 25% de YPF a Repsol y los bancos que le habían prestado en su momento. La deuda de los empresarios argentinos fue a juicio y por orden judicial entregaron el derecho a litigar en caso de que se vendiera (en este caso, se nacionalizara) menos del 99% de la petrolera, según establecía su estatuto.

Así fue como el fondo buitre Budford se quedó con la causa y fueron a los tribunales de Nueva York a pleitear. A su vez, Eaton pudo litigar porque tenía el 3,5% de YPF. Finalmente, ganaron el caso en el juzgado de Preska, pero hay apelaciones vigentes.

La República Argentina le pidió este martes a la jueza federal de Nueva York Loretta Preska suspender el fallo que pretende obligar al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal YPF a los dos fondos de inversión que iniciaron la demanda.

En una carta enviada a la magistrada, el gobierno del presidente Javier Milei le anticipó también que presentará una “apelación formal” en los próximos días.

En su presentación, la Argentina destacó que el gobierno estadounidense ha apoyado su postura y argumentó que conceder la suspensión es “crucial”.

Este lunes, Preska ordenó a YPF entregar el 51 por ciento de sus acciones para compensar a dos fondos que denunciaron haber sido perjudicados durante la expropiación de la empresa en 2012.

Según informó Sebastián Maril, director de Latam Advisors y especialista en los juicios que afronta la Argentina en el exterior, en su presentación la Argentina advierte que, de no ser otorgada la apelación, acudirá a un tribunal superior para conseguirla. Además, le recuerda a la magistrada que el Gobierno de los EE.UU. apoyó al país y es crítico de que se otorgue la suspensión.

“La República Argentina solicitó a la jueza Loretta Preska la suspensión del fallo que ordena la transferencia de sus acciones de YPF a los acreedores judiciales”, precisó Maril.

Fuentes de la Casa Rosada aclararon que el gobierno argentino no se sentará a negociar con el fondo Burford Capital hasta que no haya resolución definitiva al pleito legal.

La estrategia es apostar a disputar el monto final de la sentencia -calculada en USD 16.000 millones- porque aseguran que hay razones legales para reducirla, según fuentes cercanas a la Casa Rosada.

La Procuración del Tesoro, incluso, podría pedir la suspensión del fallo de Preska directamente a la corte de apelaciones, que es una segunda instancia.

En la Casa Rosada mencionan que la sentencia, tal como fue determinada por la jueza, es de “cumplimiento imposible”.

“No hay posibilidad alguna de acatar ese fallo mientras sea solamente una decisión de primera instancia”, dijo una fuente oficial.

MM con información de la agencia NA.

Axel Kicillof reapareció en escena con una extensa conferencia de prensa en la que, además de repasar las razones técnicas y políticas que llevaron a la expropiación de YPF en 2012, cargó contra el Presidente Javier Milei por lo que calificó como una “omisión deliberada” de la defensa jurídica del Estado en un juicio millonario. “Esta sentencia es un disparate jurídico”, sostuvo el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, en referencia al reciente fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska, que ordenó entregar el 51% de la petrolera como forma de pago a los fondos litigantes.

“Lo que se intenta imponer es el estatuto de una empresa privada por sobre la Constitución Nacional”, argumentó Kicillof. El fallo en cuestión no discute la potestad del Congreso argentino de expropiar una empresa, sino que condena al país por no haber realizado una oferta pública de compra al resto de los accionistas cuando se reestatizó la compañía. Así lo estipulaba una cláusula en el estatuto de YPF.

“Las acciones de YPF no se pueden entregar sin una ley del Congreso aprobada por dos tercios”, enfatizó. Y agregó: “No estuvo mal hecho el proceso de recuperación de YPF. La Argentina tiene razón y está defendiendo su soberanía”.

Kicillof fue más allá en sus críticas: “Milei está alineado con los fondos buitre, no con el interés nacional. Pone en riesgo la soberanía energética y el futuro de la Argentina”. Denunció que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió que no se puede ir sobre acciones estatales, por ser bienes inmunes. “Esto es una agresión a la soberanía argentina. YPF no se vende, no se entrega y no se regala”, sentenció.

Preska ya había condenado a la Argentina en 2023 a pagar US$16.000 millones, pero el Gobierno de Alberto Fernández apeló. Cuando asumió Milei, en enero de 2024, debía presentar garantías para que esa apelación siguiera su curso. No lo hizo. “Fue esa desidia del Gobierno libertario la que permitió a los fondos buitre avanzar hasta la situación actual”, denunció Kicillof.

Los fondos beneficiarios son Burford Capital, del Reino Unido, y Eaton Park, de Estados Unidos. Burford compró en 2015 los derechos de litigio del Grupo Petersen, que había ingresado a YPF en 2007 sin desembolsar dinero, con la promesa de pagar con futuras ganancias. Esa “argentinización” de YPF se frustró tras la expropiación de 2012, cuando el reparto de dividendos se interrumpió y el grupo de los Eskenazi no siguió pagando.

En su intervención, Kicillof defendió su protagonismo en aquella expropiación, que se realizó mediante una ley aprobada por una abrumadora mayoría del Congreso: 208 votos afirmativos en Diputados y 63 en el Senado, incluyendo sectores de la oposición como la UCR, el socialismo, Proyecto Sur y bloques provinciales.

“Recuperar YPF fue una decisión basada en el interés público y en la Constitución Nacional. Repsol había convertido a la principal petrolera del país en una empresa que producía la mitad que antes, con reservas reducidas en un 50% y sin invertir un solo dólar en Vaca Muerta”, afirmó el gobernador.

Según Kicillof, la gestión privada de Repsol fue “una catástrofe energética y macroeconómica”. Argentina pasó de un superávit comercial energético de US$6.000 millones en 2007 a un déficit de US$3.000 millones en 2011, lo que obligó a importar energía a precios internacionales. “Nos dejaron sin autoabastecimiento y sin dólares”, sentenció.

El gobernador destacó también los logros posteriores a la expropiación: la producción de petróleo creció un 78% y la de gas un 18%, se puso en marcha el desarrollo de Vaca Muerta y en 2024 el país recuperó un superávit energético de US$5.696 millones. “Sin expropiación no habría Vaca Muerta”, remarcó.

Kicillof apuntó además contra el abogado Santiago Castro Videla, actual titular de la Procuración del Tesoro, por conflictos de interés. Recordó que uno de los socios de su estudio había asesorado a Burford en esta misma causa. “¿Quién está defendiendo a la Argentina?”, se preguntó.

En otro tramo de la conferencia, Kicillof advirtió sobre el retorno del discurso privatizador que hoy impulsa el oficialismo libertario. Lo dijo con énfasis: “Privatizar YPF fue una desgracia para la Argentina, y eso es lo que algunos sectores vuelven a proponer como receta mágica para todos los problemas”. Y enseguida, apeló a la memoria histórica: “Hay que recordar cómo terminó esa historia: con la pérdida del autoabastecimiento, el colapso de las reservas y una empresa saqueada”.

Luego apuntó directo al corazón del modelo de negocios que impuso Repsol durante su control de la petrolera: “Repsol vació YPF, pero sacó ganancias extraordinarias. Entre 1997 y 2010 distribuyó dividendos por US$14.000 millones, más de lo que pagó para quedarse con la compañía. El negocio fue brillante para ellos, desastroso para el país”.

Kicillof recordó sus diálogos con el entonces presidente de Repsol, Antoni Brufau, cuando él era viceministro de Economía: “Cuando se le planteó la urgencia de invertir, la respuesta fue: 'esto es una empresa privada, hagan otra cosa'. Ahí comprendimos que la única salida era recuperar el control de la compañía para ponerla al servicio del desarrollo nacional”.

Con gesto didáctico, explicó que la ley de expropiación aprobada en 2012 “no hablaba de las acciones individuales sino del control accionario”. Y remarcó que “por eso se expropió el 51% que estaba en manos de Repsol. Esa fue la base legal de toda la operación y fue respaldada por el Congreso con una mayoría amplísima”.

También hubo lugar para volver sobre el abandono de Vaca Muerta durante la gestión privada. “Repsol no invirtió un solo dólar en Vaca Muerta”, recordó. Y graficó: “Solo quería vender pedazos del yacimiento en presentaciones internacionales. Sin la recuperación de YPF, ese recurso estratégico seguiría dormido”.

Finalmente, el gobernador citó al ex procurador del Tesoro del macrismo, Bernardo Saravia Frías, quien también calificó el fallo como “jurídicamente insostenible” y sugirió un per saltum a la Corte Suprema. “Estamos ante una ofensiva de intereses privados que buscan poner por encima de nuestras leyes una cláusula societaria. Es inaceptable”, concluyó Kicillof.

Una ley del Congreso

Al responder preguntas de periodistas, consultado sobre la posibilidad de que el gobierno de Milei apele la sentencia, Kicillof aclaró que aún si quisiera entregar las acciones de YPF, no podría hacerlo sin una ley del Congreso. “Las acciones de YPF solo pueden disponerse con una ley aprobada por dos tercios del Congreso Nacional”, explicó. Y agregó que el 49% del paquete accionario está legalmente asignado a las provincias argentinas, por lo cual “ni siquiera se trata de un patrimonio exclusivo del Estado nacional”.

Frente a una pregunta sobre el impacto del fallo en la vida cotidiana de los argentinos, el gobernador fue tajante: “La intención del Gobierno es privatizar YPF, pero ni siquiera bajo las formas legales, sino entregarla por la ventana, a través de una sentencia que no corresponde”. Advirtió que la entrega del control de la empresa estatal por esta vía es aún más grave que las privatizaciones de los años noventa y que representa “una amenaza directa a la soberanía nacional”.

En otro pasaje, Kicillof advirtió sobre la posibilidad de una apelación “cosmética” por parte del Ejecutivo: “Si el Presidente dice que va a apelar pero en público le da la razón al fondo buitre, ¿a quién está defendiendo?”. Denunció una contradicción en el discurso oficial y cuestionó la idoneidad del Procurador del Tesoro: “Este juicio es el más importante que enfrenta la Argentina, y el abogado del Estado fue alguien vinculado a los demandantes. Es un escándalo”.

El cierre fue enfático. “YPF no se vende. Y menos aún se regala”, dijo Kicillof. Y responsabilizó directamente a Milei: “Está poniendo en riesgo la principal empresa de hidrocarburos de la Argentina, una compañía que permitió recuperar el superávit energético y activar Vaca Muerta”. También anunció que desde su fuerza política impulsarán investigaciones sobre posibles vínculos entre funcionarios del Gobierno y los fondos buitre.

JJD

El origen del juicio contra la Argentina por la estatización de YPF consiste en una cláusula incluida en el estatuto de la compañía de realizar una oferta pública de compra que contemple a todos los accionistas.

Cuando Argentina expropió las acciones mediante una ley del Congreso lo hizo sobre las tenencias de la empresa española Repsol e ignoró las acciones que tenía el Grupo Petersen de la familia Eskenazi, cuyo ingreso a la compañía está envuelto en sospechas.

Este incumplimiento de igualdad de oferta fue lo que disparó el juicio que ahora sentencia a la Argentina a pagar US$16.000 millones.

Los tribunales de Estados Unidos condenan a Argentina al incumplir una cláusula que afecta a los accionistas de una empresa que cotiza en Wall Street.

La jueza Loretta Preska, la magistrada que heredó el litigio del juez Thomas Griesa, no juzga la decisión del país de expropiar la compañía ni los derechos soberanos del país para tomar esa decisión, sino que esa acción va en contra de los intereses de una parte de los accionistas de la empresa que no tuvieron el mismo trato.

Si bien el Gobierno ya anunció que apelará la orden de Preska, esta acción no resulta gratis porque, como la condena está firme, corre el pago de intereses, una cifra que se aproxima a los US$2.000.000 diarios.

Burford Capital es el fondo de inversión beneficiario cuya acción se disparó ayer en contraposición a la caída del papel de IFF, quien le compró el derecho a litigar al Grupo Petersen. La compra se originó en la quiebra de Petersen llevada a delante por un juzgado de Madrid, a raíz de que tras la expropiación YPF dejó de pagar dividendos y provocó el colapso de la compañía.

El juicio se abre en 2015 y en septiembre de 2023 Preska falla contra el país con la obligación de pagar US$16.000 millones.

El ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, sostuvo que existen argumentos legales para cuestionar el fallo de Preska y planteó dos acciones.

Preska ordenó el pago con acciones, lo cual viola la ley argentina por lo cual consideró apropiado una ley del Congreso que ratifique esa condición. Y al mismo tiempo sugirió un per saltum a la Corte Suprema, para que el máximo tribunal le ordene al Poder Ejecutivo que entregue las acciones por violar la ley argentina.

Cómo se votó en el Congreso la expropiación de YPF

El 3 de mayo de 2012 la Cámara de Diputados aprobó con 208 votos afirmativos el proyecto kirchnerista que declaró de “utilidad pública” el 51 % de YPF y obligó al Estado a expropiar la participación de Repsol; un mes antes, el Senado lo había avalado por 63 a 3. La nómina revela un amplio respaldo peronista, pero también el acompañamiento de buena parte de la UCR, el socialismo, Proyecto Sur y blo­ques provinciales que entonces reivindicaron la “recuperación de la soberanía hidrocarburífera”.

Entre los votos positivos de Diputados figuran históricos referentes K—Agustín Rossi, Andrés Larroque, Mayra Mendoza, Héctor Recalde—, peronistas hoy opositores como Omar Perotti y Felipe Solá, y radicales como Ricardo Gil Lavedra, Mario Negri y Ricardo Buryaile. También acompañaron la socialista Victoria Donda, el cineasta Fernando “Pino” Solanas, el actual senador cordobés Luis Juez y el gobernador jujeño Gerardo Morales (entonces senador). En contra se pronunciaron, entre otros, Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Graciela Camaño y Jorge Triaca, mientras que se ausentaron legisladores como Margarita Stolbizer y Gabriela Michetti. En el Senado, además del pleno kirchnerismo, votaron a favor Miguel Ángel Pichetto, Ernesto Sanz, Luis Naidenoff y el propio Morales; los únicos tres rechazos fueron Adolfo Rodríguez Saá, Juan Carlos Romero y Liliana Negre de Alonso. Trece años después, la sentencia de la jueza Loretta Preska pone aquella decisión legislativa bajo la lupa del costo financiero que ahora deberá afrontar el Estado argentino.

Frente para la Victoria (PJ) – 115 diputados

Albrieu Oscar Edmundo Nicolás; Alonso María Luz; Arena Celia Isabel; Arregui Andrés Roberto; Avoscan Herman Horacio; Balcedo María Ester; Barrandeguy Raúl Enrique; Basterra Luis Eugenio; Bedano Nora Esther; Bernal María Eugenia; Bertone Rosana Andrea; Bianchi María del Carmen; Bidegain Gloria Mercedes; Blanco de Peralta Blanca; Brawer Mara; Bromberg Isaac Benjamín; Calcagno y Maillmann Eric; Carlotto Remo Gerardo; Carmona Guillermo Ramón; Caselles Graciela María; Catalán Magni Julio César; Cejas Jorge Alberto; Chieno María Elena; Ciampini José Alberto; Cigogna Luis Francisco Jorge; Cleri Marcos; Conti Diana Beatriz; Córdoba Stella Maris; Currilén Oscar Rubén; Dato Alfredo Carlos; De Pedro Eduardo Enrique; Depetri Edgardo Fernando; Di Tullio Juliana; Díaz Bancalari José María; Díaz Roig Juan Carlos; Donkin Carlos Guillermo; Eliceche Carlos Tomás; Elorriaga Osvaldo Enrique; Feletti Roberto José; Félix Omar; Fernández Sagasti Anabel; Ferrá de Bartol Margarita; Ferreyra Araceli Susana; Francioni Fabián Marcelo; Gallardo Miriam Graciela; García Larraburu Silvina Marcela; García Andrea Fabiana; García María Teresa; Gdansky Carlos Enrique; Giaccone Claudia Alejandra; Giacomino Daniel Oscar; Giannettasio Graciela María; González Juan Dante; González Nancy Susana; Granados Dulce; Grosso Leonardo; Guccione José Daniel; Gutiérrez Mónica Edith; Herrera Griselda Noemí; Ianni Ana María; Kosiner Pablo Francisco Juan; Kunkel Carlos Miguel; Landau Jorge Alberto; Larroque Andrés; Leverberg Stella Maris; Llanos Ermindo Edgardo Marcelo; Lotto Inés Beatriz; Martínez Oscar Ariel; Mendoza Mayra Soledad; Mendoza Sandra Marcela; Metaza Mario Alfredo; Mirkin Beatriz Graciela; Mongelo José Ricardo; Moreno Carlos Julio; Moyano Juan Facundo; Muller Mabel Hilda; Nebreda Carmen Rosa; Oporto Mario Néstor; Ortiz Correa Marcia Sara María; Ortiz Mariela; Pais Juan Mario; Perié Julia Argentina; Perotti Omar Ángel; Perroni Ana María; Pietragalla Corti Horacio; Pilatti Vergara María Inés; Plaini Francisco Omar; Puiggrós Adriana Victoria; Recalde Héctor Pedro; Redczuk Oscar Felipe; Ríos Liliana María; Ríos Roberto Fabián; Risko Silvia Lucrecia; Rivarola Rubén Armando; Rivas Jorge; Rossi Agustín; Salim Juan Arturo; Santillán Walter Marcelo; Sciutto Rubén Darío; Segarra Adela Rosa; Simoncini Silvia Rosa; Solanas Julio Rodolfo; Soto Gladys Beatriz; Tineo Javier Héctor; Tomás Héctor Daniel; Uñac José Rubén; Vilariño José Antonio; Villa José Antonio; Molina Manuel Isauro; Yarade Rodolfo Fernando; Yazbek Rubén David; Yoma Jorge Raúl; Zamarreño María Eugenia; Ziebart Cristina Isabel; Ziegler Alex Roberto.

Unión Cívica Radical – 34

Albarracín Jorge Luis; Alfonsín Ricardo Luis; Álvarez Elsa María; Álvarez Jorge Mario; Barbieri Mario Leandro; Bazze Miguel; Benedetti Atilio; Brizuela y Doria Inés; Buryaile Ricardo; Casañas Juan Francisco; Chemes Jorge Omar; Costa Eduardo Raúl; De Ferrari Rueda Patricia; Espín­dola Gladys Susana; Fernández Rodolfo Alfredo; Fiad Mario Raymundo; Forte Ulises; Garrido Manuel; Gil Lavedra Ricardo; Giubergia Miguel Ángel; Juri Mariana; Kroneberger Daniel Ricardo; Maldonado Hugo; Martínez Julio César; Negri Mario; Orsolini Pablo Eduardo; Portela Agustín Alberto; Rogel Fabián Dulio; Sacca Luis Fernando; Santín Eduardo; Storani María Luisa; Tunessi Juan Pedro; Vaquié Enrique; Yagüe Linda.

Frente Cívico – 12

Matarazzo Norma Amanda; Alonso Federico; Brue Agustín; Herrera José Alberto; Martínez Ernesto Félix; Mazzarella Susana del Valle; Navarro Graciela; Oliva Cristian Rodolfo; Pastoriza Mirta Ameliana; Ruíz Aída; Veaute Mariana Alejandra; Villata Graciela.

Frente Nuevo Encuentro – 5

Harispe Gastón; Heller Carlos; Junjo Juan Carlos Isaac; Raimundi Carlos; Sabbatella Martín.

Partido Socialista – 6

Barchetta Omar; Ciciliani Alicia; Cortina Roy; Cuccovillo Ricardo Oscar; Rasino Élida Elena; Zabalza Juan Carlos.

Proyecto Sur – 3

Argumedo Alcira Susana; Cardelli Jorge Justo; Solanas Fernando Ezequiel.

GEN – 3

Linares María Virginia; Milman Gerardo; Peralta Fabián Francisco.

Unión Popular – 5

De Gennaro Víctor; Iturraspe Nora Graciela; Lozano Claudio Raúl; Parada Liliana; Riestra Antonio Sabino.

Frente Peronista + Federal – 4

Atanasof Alfredo Néstor; Cremer de Busti María Cristina; Roberti Alberto Oscar; Wayar Walter Raúl.

Movimiento Popular – 4

Brillo José Ricardo; Comelli Alicia Marcela; Garramuño Jorge; Guzmán Olga Elizabeth.

Coalición Cívica ARI – 2

Piemonte Horacio; Comi Carlos Marcelo.

Frente Cívico por Santiago – (ya contabilizado dentro de Frente Cívico)

Otros bloques

Senadores que votaron por la expropiación de YPF (19 de abril de 2012)

Con información de NA.

IG

Javier Milei eligió una vez más Twitter para expresarse sobre un tema de alta sensibilidad institucional. La excusa fue el fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska, que ordenó este lunes al Estado argentino entregar el 51% de YPF como forma de pago a fondos buitre por la expropiación de la petrolera en 2012. Fiel a su estilo iracundo y eligiendo a quién culpar, esta vez insistió en su blanco predilecto en este 2025 electoral, Axel Kicillof, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y ministro de Economía que decidió, junto con Cristina Fernández de Kirchner, la expropiación de la compañía hidrocarburífera a la española Repsol.

“El inútil soviético de Axel Kicillof”, lo llamó Milei en su mensaje. Lo responsabilizó de manera directa por la situación actual, sin matices ni contexto, y prometió apelar el fallo “en todas las instancias que corresponda”. Sin embargo, el mensaje omitió un detalle fundamental: el Gobierno libertario no presentó en enero las garantías necesarias para que la apelación iniciada por Alberto Fernández pudiera avanzar. Esa omisión procesal habilitó a los fondos litigantes, Burford Capital y Eaton Capital, a pedir la ejecución del fallo de Preska, que ahora incluye la entrega de las acciones estatales de YPF.

El tuit de Milei evita explicar por qué su Gobierno dejó desprotegida la estrategia judicial. Tampoco dice que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos intervino en favor de la Argentina en esta causa, ni menciona que el encargado de defender al Estado argentino, Santiago Castro Videla, fue socio en un estudio de abogados donde uno de sus integrantes representó a Burford en el mismo juicio.

El Presidente repite que “avisó” sobre Kicillof, al que llama “pelotudo”, como si la política internacional y los litigios millonarios pudieran zanjarse con exabruptos. Pero la realidad es más incómoda: la Argentina enfrenta una condena por US$16.000 millones, y su administración dejó pasar la oportunidad de sostener una defensa firme. El default procesal en enero fue una decisión del actual gobierno, no del anterior.

El juicio en cuestión se originó por la “argentinización” de YPF promovida en 2007 por el entonces presidente Néstor Kirchner, que permitió al Grupo Petersen adquirir un 25% de la compañía sin poner un peso, prometiendo pagar con futuras ganancias. En 2012, ya sin Kirchner, el gobierno de Cristina Fernández reestatizó la empresa. El corte de dividendos hizo que los Eskenazi no pudieran seguir pagando su parte y los derechos de litigio quedaron en manos de fondos buitre.

No se trata solo de la “imbecilidad de Kicillof”, como dice Milei, sino de una cadena de decisiones políticas y financieras con consecuencias complejas. Y la más reciente de ellas —la falta de garantías procesales en enero de 2024— corresponde íntegramente a la gestión libertaria. El insulto no borra el expediente.

JJD

La jueza de Nueva York Loretta Preska ordenó este lunes que el Estado argentino entregue el 51% de YPF a los fondos ligitantes contra la reestatización de 2012, como forma de pago de la sentencia que lo condenó a pagar US$16.000 millones por la expropiación. Pero no todo está perdido. La decisión puede ser apelada ante el tribunal superior en Estados Unidos. Los denunciantes son los fondos de inversión que apuestan a litigios Burford Capital, de Reino Unido, y Eaton Park, de Estados Unidos.

Ya en septiembre de 2023 la jueza Preska había quedado firme la sentencia contra la Argentina, pero al mes siguiente el gobieno de Alberto Fernández la habia apelado. Cuando asumió la presidencia Javier Milei, el país debía presentar en enero de 2024 unas garantías para esa apelación, pero curiosamente no lo hizo, según recuerda el asesor financiero Sebastián Maril.

Entonces, los demandantes quedaron habilitados para pedir el embargo de activos por el fallo de Preska. Uno de ellos era el 51% de la petrolera que está en manos del Estado. El otro 49% es privado, cotiza en bolsa. Un año y medio después, tras varias presentaciones de ambos lados en el juicio, incluida una del Departamento de Justicia del gobierno de EE UU a favor de la Argentina, Preska tomó la decisión de este lunes.

El caso comenzó a partir de la expropiación del 51% que tenía la española Repsol en YPF por parte del gobierno de Cristina Fernández, con apoyo del Congreso, incluida parte de la oposición. Pero el juicio no es por el 51% -Repsol terminó cobrando por un acuerdo con aquella administración en 2014- sino por el 25% con el que el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, se había quedado en 2007 por impulso del entonces presidente Néstor Kirchner. Los Eskenazi había hecho buenos negocios con él en Santa Cruz: se habían quedado con el banco provincial y con numerosas obras públicas. Y entraron a la petrolera sin pagarles nada a Repsol: el acuerdo implicaba que la abonarían con las futuras ganacias de la empresa. Era la llamada Argentinización de YPF.

Pero aquella experiencia salió mal, la petrolera desinvirtió, el país entró en déficit energético y entonces en 2012, dos años después de la muerte de Kirchner, su viuda reestatizó la compañía y decidió que dejaran de repartirse los beneficios entre los accionistas. Ergo, los Eskenazi dejaron de cobrar y ya no pudieron seguir pagando en cuotas por el 25% de YPF a Repsol y los bancos que le habían prestado en su momento. La deuda de los empresarios argentinos fue a juicio y por orden judicial entregaron el derecho a litigar en caso de que se vendiera (en este caso, se nacionalizara) menos del 99% de la petrolera, según establecía su estatuto.

Así fue como el fondo buitre Budford se quedó con la causa y fueron a los tribunales de Nueva York a pleitear. A su vez, Eaton pudo litigar porque tenía el 3,5% de YPF. Finalmente, ganaron el caso en el juzgado de Preska, pero hay dos apelaciones vigentes y si se retruca la entrega de acciones de la petrolera, habrá tres.

La pregunta es quién defiende los intereses de la Argentina. La representación está a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación. ¿Quién está a su cargo? El abogado Santiago Castro Videla. Viene de trabajar en un estudio propio, Bianchi, Galarce & Castro Videla, donde uno de los socios, Alberto Bianchi, asesoró a Burford en este juicio de YPF.

AR/JJD

La justicia estadounidense denegó el pedido de la organización no gubernamental Republic Action for Argentina (RA4ARG) de anular el fallo que condenó al país a pagar U$S16.000 millones por la forma en que se nacionalizó la petrolera YPF en 2012, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York, tribunal que lleva el caso, argumentó que la solicitud llegó fuera del plazo máximo de un año desde la presentación de la demanda, y que la ONG no tiene un interés directo en el caso. Con la negativa, se espera la definición de una fecha de audiencia para tratar la apelación del caso que aún no cuenta con sentencia firme. 

El rechazo no tomó por sorpresa a quienes siguen el tema. Una vez conocido el pedido, adelantaron que el planteo de RA4ARG ya había sido discutido durante los ocho años que duró el juicio, y excluido del fallo final por falta de pruebas. El presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Nathan Licht, escribió en una columna en Infobae que el planteo de la ONG era una “obstinación por negar lo inevitable”.

R4ARG presentó la semana pasada un escrito para que la justicia estadounidense anule la sentencia e inicie una investigación penal a los involucrados en el proceso de nacionalización –los hermanos Sebastián, Matías y el fallecido Enrique Eskenazi, accionistas minoritarios del 25% de las acciones de la petrolera como cabezas del Grupo Petersen; Cristina Kirchner en ese momento presidenta; y los fondos Burford y Eton Park que adquirieron más tarde el derecho a litigar– por una compra supuestamente fraudulenta. En el escrito presentado el 17 de febrero, la ONG se define a sí misma como defensora de “los derechos individuales y una economía de libre mercado”. 

La defensa argentina durante esta gestión de Javier Milei apoyó la presentación. La representación oficial quedó a cargo de  Juan Ignacio Stampalija, nuevo subprocurador del Tesoro tras la excusación del flamante procurador Santiago Castro Videla por integrar el estudio de abogados que representó a Burford –actual demandante–. 

Ocho años de historia

El juicio que llega a su recta final comenzó cuando en 2015 el fondo buitre Burford Capital le compró a las firmas Eton Park y Petersen Energía, que eran accionistas minoritarias de YPF al momento de la reestatización, el derecho a litigar contra la República Argentina por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

Tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem, el país se comprometía a que cualquier operación de adquisición de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta de compra por el total de las acciones del mercado. En 2012, el Estado adquirió el 51 por ciento de las acciones de la mayoritaria Repsol y no realizó una OPA al resto de los accionistas, hecho por el cual aseguraron haber sido perjudicados.

En el 2023, ocho años después del inicio de la demanda, la jueza Loretta Preska eximió a YPF pero falló en contra del Estado argentino en el juicio, y definió un daño económico de US$16.000 millonesmás intereses, convirtiéndolo en el juicio más costoso que Argentina tiene en el exterior.

Durante el 2024, las partes presentaron los escritos de apelación: el Estado argentino pide que se revea la sentencia –incluso los montos, que fueron los máximos pedidos por los demandantes–; y los fondos Burford y Eton Park piden que se incluya a YPF como culpable de la estatización. Ahora están a la espera de una primera audiencia de la Cámara de Apelaciones.

Alerta buitre

Una de las distinciones de este caso es la característica del demandante: el fondo buitre Burford Capital, cuyas acciones en la Bolsa de Nueva York aumentaron 22,5 por ciento tras conocerse la primera sentencia de Preska en septiembre de 2023. Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los mega juicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Burford se constituyó el 11 de septiembre de 2009 en el paraíso fiscal de Guernsey, isla del Canal de la Mancha.

Para este fondo, el caso YPF no es uno más en su cartera de negocios. Cuando comenzó a cotizar como empresa pública en la bolsa de Nueva York, el 19 de octubre de 2020, tuvo que presentar informes y balances reglamentarios a los accionistas. Allí quedó expuesto que este juicio era el principal activo en su cartera. A diferencia del tradicional accionar carroñero, Burford Capital no compró bonos en default para reclamar luego el cobro del ciento por ciento más intereses y punitorios, sino que se hizo con los derechos de un inversor quebrado de YPF para litigar por la expropiación de la mayoría de acciones de la compañía. Tampoco cuenta con la espalda financiera que tienen los fondos buitres más tradicionales.

NR/MC

La jueza federal de Nueva York Loretta Preska habilitó el embargo de US$210 millones para que fondos buitre que no ingresaron en los canjes que hubo desde entonces se cobren parte de sus deudas por el default de 2001.

Se suma a la decisión del miércoles, cuando bonistas que habían demandado al país por el pago del cupón PBI en Londres lograron ejecutar una garantía de US$325 millones que el país había dejado para poder apelar el fallo en contra.

“La Juez Loretta Preska aprueba el embargo de US$210 millones correspondientes al colateral de los Bonos Brady. En la misma orden, congela otros US$100 millones hasta que dos grupos de acreedores de deuda en default (Attestor Master y Bainbridge Fund), culminen la disputa por estos US$100 millones”, informó Sebastián Maril, un especialista que sigue al detalle las demandas contra el país a nivel internacional.

Esos fondos que se embargan pertenecían a una cuenta que tiene el Banco Central en la Reserva Federal de Estados Unidos, y se utilizaron en su momento para garantizar el pago de los bonos Brady.

Este miércoles los tenedores de los bonos denominados “cupón PBI”, que ganaron el juicio contra el país en el Reino Unido, ejecutaron la garantía de 313 millones de euros (unos US$325 millones) requerida para apelar el juicio por 1.330 millones de euros que se había perdido en primera instancia.

Como la apelación fue rechazada y se confirmó el fallo en contra, Argentina debe empezar a pagar.

Los demandantes fueron los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, que tenían cupones PBI, que estaban atados al crecimiento.

Es decir, recibían un pago en tanto la Argentina superara cierto porcentaje de crecimiento. Estos acreedores acusaron a Argentina de haberlos perjudicado al modificar la forma de medir el PBI y, en consecuencia, haberle pagado menos en 2013.

Los dos embargos sobre activos argentinos por juicios perdidos a nivel internacional llegan en la primera semana de trabajo del nuevo procurador del Tesoro de la Nación, Santiago María Castro Videla, quien reemplazó al despedido Rodolfo Barra.

Uno de los casos más desafiantes es el de los US$16.000 millones que la Argentina debe pagar tras perder el juicio de los accionistas minoritarios por la estatización de la petrolera YPF, en 2012.

Otro fallo adverso en agosto de 2024

Ya en el mes de agosto del año pasado, la jueza Preska le odenó a la Argentina pagar US$142 millones a los bonistas que rechazaron ingresar en los sucesivos canjes de deuda que lanzó el país.

La magistrada se pronunció en el expediente que sigue a solicitud de 12 fondos, entre los que sobresale Bybrook Capital, que decidieron rechazar los sucesivos canjes de deuda que lanzó la Argentina y seguir litigando por los bonos caídos en default en 2001.

Si bien en los tres canjes de deuda (2006, 2010 y 2016) la mayor cantidad de bonistas aceptaron las condiciones de la Argentina para pagar su deuda, otros decidieron quedar al margen y seguir litigando.

En este caso, el grupo de demandantes obtuvo de Preska una orden de sentencia sumaria para recuperar acreencias por ese monto.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno argentino aceptó dar información acerca del destino del oro de las reservas, en el marco del juicio por la expropiación de YPF que se tramita en tribunales de los Estados Unidos. El especialista Sebastián Maril dio a conocer en su cuenta de “X” el documento en el que se explicita la conformidad del Gobierno argentino.

El compromiso es que la documentación será suministrada entre el 7 de febrero y el 14 de marzo. El Gobierno argentino sacó el oro de las reservas del país a mediados del año pasado, sin dar precisiones acerca de su destino aduciendo problemas de seguridad. La medida fue solicitada por la juez Loretta Preska, magistrada que lleva el caso. La Argentina tiene un fallo adverso por el que debe pagar U$S16.000 millones al fondo de inversión Burford Capital.

Preska solicitó al gobierno de Javier Milei que informe dónde está el oro de las reservas del Banco Central que movilizó el año pasado hacia el exterior. La magistrada responde a favor de la petición de los fondos de cobertura que litigan hace años contra Argentina y pretenden cobrar una cifra multimillonaria en el juicio por la nacionalización de la petrolera YPF. 

Se trata de un nuevo capítulo en el litigio que enfrenta a Argentina con fondos buitre como Burford y Eton Capital por la expropiación del 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando su socio mayoritario era Repsol.

En la década previa a la nacionalización, las utilidades de Repsol crecieron exponencialmente y le permitieron a la firma expandir sus activos internacionales, mientras las reservas de gas y petróleo declinaban en forma acelerada, según denunció el Gobierno peronista.

El fondo Burford, con sede en Londres, demandó al Estado argentino tras adquirir los derechos a Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, de la familia argentina Eskenazi.

A instancias de los Kirchner, esa familia había comprado 25% de las acciones a Repsol, en un proyecto fallido de fomentar un control argentino de la petrolera. Los Eskenazi se endeudaron con Repsol para la compra, y, tras la estatización, entraron en quiebra.

La jueza Preska, del Distrito Sur de Nueva York, el año pasado dictó una sentencia de primera instancia en la que determinó que Argentina violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la nacionalización y perjudicó a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, condenó al país a pagar una indemnización de US$16.100 millones más intereses a Burford, pero eximió de responsabilidades a YPF.

El fallo fue apelado, ya que el Estado argentino quiere que se revea la sentencia y los demandantes –los fondos Burford y Capital– piden que se incluya a YPF como culpable de la estatización. Las tres partes (Argentina, YPF y los fondos) ya presentaron los escritos solicitados y ahora están a la espera de una primera audiencia de la Cámara de Apelaciones.

Mientras tanto, los fondos buscan cobrar de forma anticipada la indemnización. Como demandantes pueden solicitar información sobre bienes del demandado, de modo que se puedan identificar los bienes embargables. Así, obtendrán los datos sobre los lingotes de oro que salieron de la bóveda del Banco Central el año pasado y que el Ejecutivo de Milei se negó a explicar a la opinión pública argentina ante reiterados pedidos de información.

Según las estimaciones del mercado, el Gobierno despachó 6 toneladas de oro hacia el extranjero. Se calcula que cerca del 60% de las reservas de oro de la entidad se encontrarían fuera del país, habiendo sido enviadas inicialmente hacia la plaza financiera de Londres. El ministro de Economía, Luis Caputo, en ese momento se limitó a confirmar que había enviado al extranjero los lingotes sin detallar cuántos ni adónde. “Hoy tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble adentro, que no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés eso afuera, le podés sacar un retorno”, dijo, justificando la medida para ganar rentabilidad.

JJD, con información de NA