La justicia estadounidense denegó el pedido de la organización no gubernamental Republic Action for Argentina (RA4ARG) de anular el fallo que condenó al país a pagar U$S16.000 millones por la forma en que se nacionalizó la petrolera YPF en 2012, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York, tribunal que lleva el caso, argumentó que la solicitud llegó fuera del plazo máximo de un año desde la presentación de la demanda, y que la ONG no tiene un interés directo en el caso. Con la negativa, se espera la definición de una fecha de audiencia para tratar la apelación del caso que aún no cuenta con sentencia firme. 

El rechazo no tomó por sorpresa a quienes siguen el tema. Una vez conocido el pedido, adelantaron que el planteo de RA4ARG ya había sido discutido durante los ocho años que duró el juicio, y excluido del fallo final por falta de pruebas. El presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Nathan Licht, escribió en una columna en Infobae que el planteo de la ONG era una “obstinación por negar lo inevitable”.

R4ARG presentó la semana pasada un escrito para que la justicia estadounidense anule la sentencia e inicie una investigación penal a los involucrados en el proceso de nacionalización –los hermanos Sebastián, Matías y el fallecido Enrique Eskenazi, accionistas minoritarios del 25% de las acciones de la petrolera como cabezas del Grupo Petersen; Cristina Kirchner en ese momento presidenta; y los fondos Burford y Eton Park que adquirieron más tarde el derecho a litigar– por una compra supuestamente fraudulenta. En el escrito presentado el 17 de febrero, la ONG se define a sí misma como defensora de “los derechos individuales y una economía de libre mercado”. 

La defensa argentina durante esta gestión de Javier Milei apoyó la presentación. La representación oficial quedó a cargo de  Juan Ignacio Stampalija, nuevo subprocurador del Tesoro tras la excusación del flamante procurador Santiago Castro Videla por integrar el estudio de abogados que representó a Burford –actual demandante–. 

Ocho años de historia

El juicio que llega a su recta final comenzó cuando en 2015 el fondo buitre Burford Capital le compró a las firmas Eton Park y Petersen Energía, que eran accionistas minoritarias de YPF al momento de la reestatización, el derecho a litigar contra la República Argentina por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

Tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem, el país se comprometía a que cualquier operación de adquisición de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta de compra por el total de las acciones del mercado. En 2012, el Estado adquirió el 51 por ciento de las acciones de la mayoritaria Repsol y no realizó una OPA al resto de los accionistas, hecho por el cual aseguraron haber sido perjudicados.

En el 2023, ocho años después del inicio de la demanda, la jueza Loretta Preska eximió a YPF pero falló en contra del Estado argentino en el juicio, y definió un daño económico de US$16.000 millonesmás intereses, convirtiéndolo en el juicio más costoso que Argentina tiene en el exterior.

Durante el 2024, las partes presentaron los escritos de apelación: el Estado argentino pide que se revea la sentencia –incluso los montos, que fueron los máximos pedidos por los demandantes–; y los fondos Burford y Eton Park piden que se incluya a YPF como culpable de la estatización. Ahora están a la espera de una primera audiencia de la Cámara de Apelaciones.

Alerta buitre

Una de las distinciones de este caso es la característica del demandante: el fondo buitre Burford Capital, cuyas acciones en la Bolsa de Nueva York aumentaron 22,5 por ciento tras conocerse la primera sentencia de Preska en septiembre de 2023. Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los mega juicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Burford se constituyó el 11 de septiembre de 2009 en el paraíso fiscal de Guernsey, isla del Canal de la Mancha.

Para este fondo, el caso YPF no es uno más en su cartera de negocios. Cuando comenzó a cotizar como empresa pública en la bolsa de Nueva York, el 19 de octubre de 2020, tuvo que presentar informes y balances reglamentarios a los accionistas. Allí quedó expuesto que este juicio era el principal activo en su cartera. A diferencia del tradicional accionar carroñero, Burford Capital no compró bonos en default para reclamar luego el cobro del ciento por ciento más intereses y punitorios, sino que se hizo con los derechos de un inversor quebrado de YPF para litigar por la expropiación de la mayoría de acciones de la compañía. Tampoco cuenta con la espalda financiera que tienen los fondos buitres más tradicionales.

NR/MC

La Argentina solicitó a una jueza estadounidense no ejecutar una sentencia por U$S16.100 millones derivada de la nacionalización de una parte mayoritaria de la petrolera YPF en 2012, en momentos en que el país, que enfrenta una grave crisis económica, apela el fallo.

En una presentación ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan el jueves por la noche, Argentina dijo que hacer cumplir la “verdaderamente abrumadora” sentencia o exigir que deposite una fianza “paralizaría a una nación que ya sufre una grave inflación y sequía”.

Argentina dijo que ejecutar la sentencia equivalente a casi el 20% de su presupuesto y que haría más difícil que se pueda estabilizar el peso y reducir la carga de deuda de U$S235.000 millones.

También afirmó que la aplicación de la ley causaría “graves dificultades” a los más de 47 millones de habitantes, lo que hace más difícil proporcionar energía, salud, transporte, agua y cloacas y otros servicios.

La sentencia surgió de la nacionalización en abril de 2012 por parte de Argentina del 51% de YPF que estaba en manos de la española Repsol argumentando una supuesta falta de inversión por parte de la empresa y sin licitación para las acciones en poder de inversores minoritarios.

Dos de esos inversores, Petersen Energia Inversora y Eton Park Capital Management iniciaron una demanda y el mes pasado la jueza de Distrito de Estados Unidos Loretta Preska falló a favor de ellos con una sentencia por 16.100 millones de dólares incluyendo intereses.

Burford Capital, que financió el litigio y según documentos judiciales tenía derecho a un respectivo 70% y 75% de los daños de Petersen y Eton Park, calificaron la decisión de Preska como una “victoria completa”.

Argentina había argumentado que no debería pagar más de U$S4.920 millones. Repsol recibió unos U$S5.000 millones de compensación.

Preska decidirá si suspender la ejecución de la sentencia mientras Argentina apela ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan. Los abogados de Petersen y Eton Park no respondieron de manera inmediata el viernes a un pedido de comentarios. El Gobierno de Argentina tampoco respondió ante el pedido de comentarios.

Reuters/JJD

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, sostuvo este sábado en declaraciones a Radio 10 que el juicio en Estados Unidos contra el Estado argentino por la expropiación de la petrolera YPF “es absurdo”. Resaltó que el fakki “llega en plena campaña electoral con lo cual tiene el tufillo que todos conocemos”. Además, advirtió que si la próxima elección presidencial “la gana el macrismo no hay ninguna duda de que van a volver a privatizar YPF”.

“La sentencia por la estatización de YPF configura un absoluto absurdo jurídico y una violación a los derechos soberanos de la Argentina”, sostuvo Kicillof. “El fallo nos pone en la situación de defender el patrimonio nacional, la empresa de bandera y la soberanía, que están nuevamente en riesgo”, sentenció.

“Si esta elección la gana el macrismo no hay ninguna duda de que van a volver a privatizar YPF así que esto es lo que está en juego en la próxima elección, es la derecha o es el derecho y la soberanía”, definió. “Lo que está en juego es cómo sigue la defensa de los intereses nacionales”.

El funcionario consideró que “la decisión de recuperar YPF fue una de las decisiones políticas más grandes de la última década luego del vaciamiento total que había con la privatización que se hizo en los 90”. Agregó que la estatización de Cristina Fernández de Kirchner “fue una de las decisiones más importantes de las últimas décadas: marcó un antes y un después, permitió poner en marcha Vaca Muerta y desplegar todo el potencial energético que tiene ahora la Argentina”.

Asimismo, el gobernador dijo que en lo jurídico lo que el fallo plantea es que “el estatuto de una empresa privada está por encima de la ley de expropiación argentina y eso no es así. Ningún estatuto de una empresa está por encima de una Ley del Congreso”. “Se está vulnerando una ley que fue sancionada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación para recuperar las acciones mínimas e indispensables que permitieran al Estado tomar el control de la compañía”, apuntó.

“Por otra parte tampoco está determinado el monto de la sentencia, así que todos son especulaciones, y también se va a apelar, porque es un absurdo. Después vendrá la segunda instancia, y seguramente la Corte Suprema con lo cual estamos hablando de una noticia que está incompleta y surge este año, que es un año electoral”, insistió.

“Los buitres justo en medio de la campaña, me hace acordar al 2015”, comparó el mandatario provincial y lo calificó como una “embestida de los fondos siempre contra la misma fuerza política, y las mismas personas”. Recordó también que “en su momento nos enfrentábamos a dos posibilidades: dejar que la empresa Repsol continuara con el vaciamiento de YPF, que nos había llevado a perder reservas, producción y a una situación de déficit energético, o estatizar la compañía”. 

Ayer viernes, la jueza del Segundo Distrito Sur de Manhattan Loretta Preska falló contra el Estado argentino, en el juicio que se tramita en ese país por la expropiación de YPF, llevada a cabo en 2012, y eximió de responsabilidades a la compañía. Favoreció así a los fondos Burford Capital y Eton Park, que en su momento le compraron a los accionistas minoritarios el derecho a litigar contra la Argentina e YPF.

LC con información de agencia Télam