La Comisión Especial Investigadora de la Legislatura de Tierra del Fuego reclamó al Gobierno que responda los pedidos de informes que le cursó al Ministerio de Seguridad y a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) sobre el radar de vigilancia espacial que la empresa LeoLabs instaló a solo 600 kilómetros de las Islas Malvinas. En la reunión que el cuerpo mantuvo el martes en Ushuaia, la legisladora María Laura Colazo (Partido Verde) confirmó que ambos organismos nacionales todavía no dieron respuesta, pese a que su colaboración es clave para determinar si el radar, instalado desde 2022 en la estancia El Relincho, en Tolhuin, se encuentra hoy operativo.

Los pedidos de informes apuntan al corazón de la investigación: establecer si el aparato de LeoLabs conserva la “funcionalidad dual” civil-militar que motivó, en 2023, el pedido de cancelación de la autorización por parte del entonces ministro de Defensa Jorge Taiana, y si representa hoy algún riesgo para la seguridad nacional en una zona estratégica del Atlántico Sur. La falta de respuesta del Ministerio de Seguridad y de la CONAE —el organismo técnico con capacidad para auditar si el radar sigue transmitiendo o monitoreando basura espacial— deja a los legisladores sin la información oficial que necesitan para avanzar hacia las conclusiones de su informe final.

La presión ocurre en paralelo a la repentina “malvinización” del discurso de Javier Milei. Justamente este viernes el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, viajarán a Ushuaia para poner nuevamente en marcha la construcción de la Base Naval Integrada, en medio de la intención del Gobierno de presionar a Inglaterra por las Malvinas.

Próximos pasos de la comisión investigadora

La comisión investigadora este martes también resolvió tramitar una prórroga de su propio mandato, que vence este jueves 10 de septiembre y que, en principio, se extendería hasta el 15 de diciembre próximo. La legisladora Colazo explicó que la extensión es “indispensable” para que la Comisión “pueda continuar trabajando porque necesitamos seguir diligenciando prueba”, en referencia directa a los informes pendientes.

El otro dato relevante de la reunión es que, en los próximos días, la Comisión comenzará a tomar declaraciones testimoniales que Colazo calificó de “gran relevancia”. La primera citación será al propio Jorge Taiana, hoy diputado nacional, junto a Juan Martín Paleo, que fue jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas entre 2020 y enero de 2024. Sobre ambos, la legisladora fue explícita: “En su momento ellos intervinieron para poder frenar la autorización con la que contaba la instalación de este radar”. La citación cobra relieve porque el recurso de revisión que LeoLabs presentó contra esa misma cancelación —revelado por esta serie— sigue tramitando desde hace meses en la Jefatura de Gabinete de la Nación, sin resolución, como reveló elDiarioAR este martes.

El cuerpo parlamentario también prevé solicitar reuniones con el ex subsecretario de Telecomunicaciones de la Nación —cuya cartera otorgó en noviembre de 2022 el permiso precario de funcionamiento, tras la intervención del ENACOM— y con directores actuales de ese ente, para precisar qué participación tuvo cada uno en el proceso de autorización. Se trata de una línea de indagación que busca reconstruir la cadena de responsabilidades administrativas que permitió el funcionamiento del radar durante los últimos cuatro años.

Colazo remarcó el compromiso de dar un “cierre transparente” a la investigación, a partir de un informe final que será presentado “a toda la Cámara legislativa, pero sobre todo al pueblo de nuestra provincia, que merece conocer qué es lo que pasó con este radar”. La reunión se realizó en el salón de comisiones del edificio legislativo en Ushuaia, bajo la presidencia del legislador Pablo Villegas (Movimiento Popular Fueguino), junto a sus pares Matías Lapadula (Partido Grande), Gisela Dos Santos (Sur TDF), María Laura Colazo (Partido Verde), Natalia Graciania (La Libertad Avanza) y Federico Sciurano (Forja); de manera remota participaron Juan Carlos Pino (PJ) y Raúl Von Der Thusen (Somos Fuego). También estuvieron presentes integrantes del Centro de Veteranos de Ushuaia y de Río Grande.

El radar de capitales ingleses instalado en Tierra del Fuego sigue en pie y ahora le podría generar un dolor de cabeza extra al Gobierno, en medio de la repentina “malvinización” de Javier Milei. Es que más allá del discurso oficial, en el ámbito de la Casa Rosada está demorada la inhabilitación definitiva del aparato constuido por la empresa LeoLabs, según pudo saber elDiarioAR.

El radar está instalado desde 2022 en un campo rural conocido como estancia El Relincho, sobre la Ruta Nacional 3, en la localidad de Tolhuin, a unos 100 kilómetros de Ushuaia y 600 de las Islas Malvinas. LeoLabs, la empresa que lo opera, es una firma fundada en California en 2016 que combina capitales estadounidenses con una porción británica. Desde el Gobierno siempre negaron que el equipo sirva para espiar a la Argentina, aunque los propios informes técnicos del Estado en los que se basó la Justicia para fallar en contra de la empresa hablan de una “funcionalidad dual”.

En el ámbito de la Jefatura de Gabinete de la Nación —hoy a cargo de Diego Santilli— tramita desde hace meses un recurso de revisión presentado por LeoLabs contra la cancelación del otorgamiento original que había dispuesto la Secretaría de Telecomunicaciones para instalar el radar. Ese procedimiento, todavía sin resolución, confirma que la empresa continúa activa en la defensa de sus habilitaciones. Ya elDiarioAR había revelado en abril pasado que el expediente sobre la situación del radar había llegado al Ministerio de Defensa, que conduce el militar Carlos Presti, a fines de noviembre pasado, proveniente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Su recorrido siguió a la Cancillería –de Pablo Quirno– y encontró un nuevo freno en la Jefatura de Gabinete, que hasta hace poco estaba a cargo de Manuel Adorni.

La conexión mileísta con el radar viene desde el momento mismo de la asunción del libertario. LeoLabs se apuró apenas llegó Milei e interpuso el 21 de diciembre de 2023 un “recurso de reconsideración”. Esa gestión legal se completó con un aceitado cabildeo de los fundadores y directivos de la empresa con diferentes funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas. En esas reuniones, según reveló Infobae, hubo presencia de la Embajada de Estados Unidos. Incluso el año pasado hubo un pedido velado para que el radar se ponga en funcionamiento cuando viajó a Ushuaia el jefe del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), Alvin Holsey, luego de visitar a Milei en la Casa Rosada

El expediente en el gabinete nacional puso bajo la lupa las cuestiones técnicas del radar, concretamente si podría hacer análisis del territorio argentino, cuando la empresa siempre argumentó que el aparato sirve para observar y estar en contacto con satélites espaciales. “Se inició un proceso de revisión de los datos que el radar puede transmitir, si puede hacer espionaje o no de manera horizontal, digamos, no solo hacia el cielo”, planteó a elDiarioAR una fuente que siguió de cerca del derrotero del expediente.

Hasta el año pasado, LeoLabs identificaba al radar de Tolhuin en un mapa de su red de radares en su página web. Estaba señalado como “en proceso”. Actualmente, ya no aparece el punto en Tierra del Fuego.

Comisión investigadora

La polémica nacional tiene, además, un correlato político local. En la Legislatura de Tierra del Fuego se creó una Comisión Especial Investigadora sobre el radar y este martes tiene una nueva reunión de sus muembros. El cuerpo de legisladores busca esclarecer el origen y la situación del radar, una pesquisa que ya lleva varios meses y acumuló unas cinco mil fojas de documentación.

La comisión, integrada por representantes de ocho bloques —a cargo de Pablo Villegas, del Movimiento Popular Fueguino— reconstruyó con prueba documental que la instalación comenzó a gestarse a fines de 2021 durante la gestión de Alberto Fernández. El proyecto tuvo suministro eléctrico en 2022, otorgado por la Dirección Provincial de Energía de Tierra del Fuego, y luego un permiso precario de funcionamiento tras la intervención del Enacom. “La autoridad nacional nunca pudo haber otorgado la autorización precaria de funcionamiento del radar si la empresa no lo hubiera podido acreditar” ante los organismos provinciales, sostuvo Villegas en declaraciones a la prensa local.

El legislador fueguino descartó la versión de que el trámite se hubiera originado en una gestión del CEO de LeoLabs ante la embajada argentina en Estados Unidos, aunque elDiarioAR supo de fuentes gubernamentales que hubo un fuerte cabildeo del entonces representante argentino en Washington, Jorge Argüello.

¿El radar funciona o no?

La polémica sobre el radar también tiene un frente judicial abierto. El juez de primera instancia en lo Civil y Comercial Gustavo González resolvió en abril la nulidad del otorgamiento de la habilitación del radar “por razones de interés público”, en una causa que había impulsado la Inspección General de Justicia (IGJ) con el objetivo de disolver directamente a la sociedad LeoLabs Argentina. González no hizo lugar a ese pedido de disolución, pero sí anuló la habilitación con el argumento de que el radar tiene una “funcionalidad dual”: esto es, monitoreo de basura espacial pero también capacidad para relevar “otro tipo de situaciones”.

Dichas funciones comprometerían la defensa nacional, según los informes del Ministerio de Defensa en los que se apoyó. LeoLabs apeló esa sentencia e hizo reserva de caso federal, lo que anticipa su intención de llevar el conflicto hasta la Corte Suprema si la Cámara Civil, donde el expediente está ahora bajo revisión, confirma el fallo.

Hay, además, otro expediente en danza. La Municipalidad de Tolhuin inició en 2023 un sumario administrativo contra LeoLabs Argentina por una obra irregular: el cercado del predio y la instalación de las antenas sin los permisos municipales exigidos. Eso derivó en una multa de 1.000 unidades punitorias (unos $868.000 más intereses) y la orden accesoria de demoler las estructuras.

Cuando el municipio intentó ejecutar esa sanción por la vía judicial, el juez de Tolhuin se declaró incompetente por entender que se trataba de una cuestión de derecho administrativo y no de un conflicto civil común, y remitió la causa al Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego. El máximo tribunal provincial se declaró competente el 30 de marzo pasado, con lo que la demanda por el cobro de la multa y la demolición de las antenas quedó, una vez más, en una instancia previa a cualquier resolución de fondo.

A la incertidumbre legal se suma la operativa: según la información que maneja la comisión legislativa, el radar no estaría actualmente en funcionamiento, aunque la infraestructura física permanece intacta en el predio desde el día de su instalación.

Villegas fue cauteloso: “La Comisión aún no cuenta con un informe técnico fehaciente que certifique que el radar está fuera de operación”. Por eso los legisladores solicitaron que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) envíe un comité de expertos a Tierra del Fuego para despejar esa duda, que surgió tanto de una declaración testimonial del exsenador radical Pablo Blanco como de constancias documentales reunidas por la propia comisión. No todos los funcionarios provinciales colaboraron de la misma manera: mientras un exsecretario de Energía prestó testimonio, el exdirector provincial de Energía, el ingeniero Macini Loiácono, no se presentó pese a haber sido convocado.

El resultado es una maraña de al menos cuatro expedientes —el recurso administrativo en la Jefatura de Gabinete, el de la IGJ contra la sociedad, el del municipio de Tolhuin por la multa y la demolición, y el de la comisión investigadora en la Legislatura fueguina— que mantiene sin resolución definitiva la situación de un radar ubicado a 600 kilómetros de las Malvinas. La coincidencia de tiempos no es menor: mientras la Casa Rosada profundiza su discurso de soberanía sobre las islas, el propio Poder Ejecutivo nacional mantiene abierto, sin resolver, el trámite que podría terminar de sellar la baja definitiva de un radar extranjero instalado muy cerca de las islas.

Ya no se trata de suposiciones o inferencias. El propio jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General Juan Martín Paleo, escribió una extensa nota de opinión donde critica con dureza la instalación de un radar en Tierra del Fuego, por parte de una empresa con socios británicos.

El argumento central del jefe militar argentino es la “estrecha relación” entre la Defensa del país y la actividad espacial, ya que el grupo de antenas montadas por la compañía Leolabs en proximidades del municipio de Tolhuin, a la altura del kilómetro 2946 de la Ruta Nacional Nº3, tiene un supuesto objetivo científico, consistente en el monitoreo de la “basura espacial” en las órbitas bajas de la Tierra.

El desembarco de Leolabs en Argentina fue sinuoso desde el principio. Fue anunciado en marzo por la embajada estadounidense, después de una reunión entre el embajador Marc Stanley y el gobernador fueguino Gustavo Melella. La compañía presentada como originaria de ese país consiguió un permiso precario para la instalación del radar, expedido por la Jefatura de Gabinete a cargo, en ese momento, de Juan Manzur. Pero cuando la empresa se constituyó en el país, como “Leolabs Argentina”, lo hizo a partir de dos sociedades: una irlandesa y otra británica. Y cuando el caso se hizo público, el mes pasado, el mismo organismo que había expedido la habilitación provisoria (la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad) se la canceló a pedido del Ministerio de Defensa. Una inspección oficial al lugar demostró que las instalaciones se encuentran “finalizadas” y “activas”. El radar está “apagado” mientras se resuelve la controversia, aunque también es cierto que se maneja de forma remota, con lo que el control de actividad es prácticamente imposible.

La polémica hizo tambalear las posturas siempre “pro causa Malvinas” del gobierno provincial de Melella. El mismo gobernador que se apresta a declarar “persona no grata” a la embajadora británica en Argentina, intentó desmarcarse de la instalación del radar, y dijo que se trata de competencias ajenas a la provincia.

Melella y sus funcionarios primero hablaban de una “empresa estadounidense con fines científicos”, pero cuando se conocieron los papeles de la propia Inspección General de Justicia fueguina inscribiendo a Leolabs Argentina con socios británicos, el argumento perdió credibilidad. Tampoco se pudo justificar la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente que autorizó la obra y el rol de la Dirección Provincial de Energía (DPE) que realizó el tendido de una línea trifásica hasta la estancia El Relincho, donde fue montado el dispositivo.

Científico o militar

¿Pero el radar es de uso científico o militar? ¿Es un emprendimiento privado y global para suministrar información a otras empresas o agencias estatales que quieran prevenir colisiones con desechos en el espacio? ¿O es parte de una red con capacidad para interferir en conflictos militares entre las grandes potencias?

El ex titular de la Estación Astronómica de Río Grande y ahora consultor externo de la empresa, José Luis Hormaechea, no tiene dudas de que se trata de una iniciativa inherente al desarrollo técnico y científico.

“Lo que instalaron es un radar para el monitoreo de órbitas bajas, o sea que ópera arriba de los 200 kilómetros de altura en el segmento que más interés comercial tiene, ya que ahí se encuentran los satélites de las empresas. Quiere decir que no detecta ni un centímetro del espacio aéreo argentino, ni del territorio insular o continental”, asegura Hormaechea.

También aclara que Leolabs “vio este nicho hace siete años y empezó a desarrollar un sistema de radares, en distintos lugares del mundo, que monitorean la órbita baja para luego dar pronóstico de la basura a las agencias que requieran lanzar un cohete. Comenzó con un radar en Estados Unidos, luego alquiló uno en Alaska, construyó otro en Nueva Zelanda y ahí es cuando inició los trámites en Argentina, mientras paralelamente se instalaron en Australia, Costa Rica y Azores”.

Sin embargo, fue el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Martín Paleo, quien salió a refutar esa postura cuando el 9 de julio, a propósito del día de la independencia, publicó en Infobae una extensa nota de opinión alertando sobre los riesgos del radar en suelo argentino.

“Desde el nivel estratégico militar existe una seria amenaza a la seguridad nacional con la puesta en operaciones de la instalación de antenas de radar para el seguimiento de satélites de órbita baja por parte de la empresa de capitales británicos Leolabs”, escribió el jefe militar.

Incluso abundó en que “la utilización de empresas privadas con estrechos vínculos con las fuerzas armadas de otros Estados para obtener información y de esa manera aumentar su capacidad militar, ya resulta una tendencia insoslayable en los conflictos armados de la actualidad”.

Paleo ubica a la instalación del radar como una “respuesta de Gran Bretaña” a una serie de acciones estratégicas argentinas, como la instalación de un radar de vigilancia aérea en Río Grande y la creación de dotaciones militares de las tres fuerzas armadas en Tolhuin y Ushuaia, entre otras.

Además, considera a Leolabs como una compañía de perfil dual, civil y militar, y revela que entre sus directores hay “ex miembros del Departamento de Defensa de los EE.UU y de la comunidad de inteligencia de dicho país así como también de la Real Fuerza Aérea Australiana”.

De astronautas y artistas

En Tierra del Fuego, después de pasar desapercibido para las autoridades por varias semanas, el tema comenzó a levantar temperatura. 

El senador nacional Pablo Blanco (Juntos por el Cambio) fue el encargado de revelar que el radar ya estaba instalado y que incluso estuvo funcionando en modo de prueba. El funcionario se reunió con directivos de Leolabs y recibió de ellos una copia del acta de inspección que así lo corrobora. Por ello impulsa pedidos de informes en el Congreso y requirió que se expida el Consejo Nacional de Malvinas.

El secretario de Malvinas y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachary, remarcó que la instalación de este tipo de infraestructura es competencia “nacional”, a la vez que minimizó el rol del Estado provincial en el proyecto.

De todos modos, tuvo que admitir la participación británica en la constitución argentina de la firma, y sostuvo que se trata de “uno de los puntos a revisar”.

La Legislatura fueguina tratará hoy el asunto en sesión, a través de tres pedidos de informes, y el presidente de la comisión 7 de Malvinas, el legislador oficialista Federico Sciurano, anunció la citación a Dachary para que brinde explicaciones y “se eviten las especulaciones político partidarias”.

Según Blanco, otro aspecto a dilucidar es la constitución de Leolabs Argentina con integrantes de Tierra del Fuego sin ningún tipo de conocimiento y especialidad en el rubro, como el abogado Pablo Renán Bilbao, un ex gerente del Banco de Tierra del Fuego, María Victoria Cerone, asesora de la diputada nacional Mabel Caparros y Diego Alberto Mancini Loiácono, un “cantautor y productor de espectáculos musicales”.

“En todas partes del mundo donde se instaló la empresa, sus miembros son ex astronautas, expertos en Defensa o científicos. No hay antecedentes de una composición semejante a la ocurrida aquí”, afirmó el senador.

GR/MG

El senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Blanco (Juntos por el Cambio) reveló que el radar instalado en el centro de la provincia (a 600 kilómetros de las Islas Malvinas) por una empresa de capitales británicos, se encuentra “activo” desde hace meses e incluso funcionó “a prueba” sin que esa situación fuera de dominio público.

Hasta el momento se creía que la compañía Leolabs, constituida en el país a partir de dos sociedades extranjeras, una irlandesa y otra británica, solo había obtenido un permiso de la Subsecretaría de Comunicaciones y Conectividad (dependiente de la Jefatura de Gabinete del Gobierno Nacional) para instalar un grupo de antenas en inmediaciones del municipio fueguino de Tolhuin, supuestamente con fines científicos.

Como informó este medio el 29 de junio, al trascender que las instalaciones podían tener capacidad militar, el mismo organismo canceló la autorización provisoria dada a la empresa en 2022 y dio intervención a la Cancillería y al Ministerio de Defensa.

Sin embargo, el senador fueguino explicó que una inspección realizada “el 29 de junio a las 15.30” por parte de funcionarios nacionales corroboró que en realidad el radar se encuentra “activo”, con todo su equipamiento instalado e incluso estuvo funcionando “a prueba” durante unos meses.

Según relató Blanco a elDiarioAR, cuando trascendió la presencia de Leolabs en Tierra del Fuego presentó un pedido de informes al Gobierno nacional, y a raíz de ello se contactaron con él representantes de la empresa, solicitando una reunión explicativa, que se concretó en la víspera.

Blanco se reunió con Eileen Treanor, directora de Leolabs, quien sólo habla inglés y se presentó con una traductora.

“Pensé que me iban a explicar por qué solicitaban una autorización para instalar el radar, pero en cambio me entregaron una copia de la inspección realizada el 29 de junio, de donde surge que ya existe una estación terrena con un radar instalado en la provincia”, señaló el senador. 

El equipamiento se encuentra emplazado “dentro de la estancia El Relincho (a la altura del kilómetro 2946 de la Ruta Nacional Nº3, en inmediaciones de Tolhuin) y el radar ha venido funcionando en modalidad de prueba. La empresa multinacional invirtió 1 millón de dólares sin la intervención del Ministerio de Defensa ni de la Cancillería y la ceguera cómplice de la Aduana”, escribió Blanco en su cuenta oficial de Twitter, a la vez que calificó lo ocurrido como “un escándalo sin precedentes”.

“Aquí deben dar urgentes explicaciones la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el Ministerio de Defensa, la Cancillería y el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, que de ninguna manera podrá alegar que desconocía el tema”, agregó el senador.

Según el acta, los funcionarios que inspeccionaron el radar fueron “Jorge Rubén Colletti y Javier Andrés Guerra”, ambos pertenecientes a “la Dirección de Asuntos Satelitales de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad”, e incluso estuvo el propio subsecretario del área, Mariano Lombardi, el mismo que había concedido el permiso a la firma en 2022.

En tanto, por la empresa estuvieron Pablo Renan Bilbao, el gerente argentino de la compañía, María Victoria Cerone (también argentina) Craig Trumbull y Eileen Treanor (ambas representantes extranjeras de la firma) y la traductora Maria Virginia Aristoiz.

La inspección corroboró la instalación de “dos antenas unidimensionales con apuntamiento por fases que iluminan un reflector cada una”.

“Cada elemento ilumina un reflector de gran apertura, contando de 512 antenas individuales sin ningún movimiento mecánico, operando en Banda S (2910 -2990 MHz), una potencia de transmisión máxima de 100 W con un ciclo de trabajo de 20%, correspondiente a una potencia pico de 51,2 kW y una potencia media de 10,24 kW”, agrega el acta donde también se acompañan fotografías del equipamiento.

La inspección deja en claro que, al momento de la visita al predio, el radar se encuentra apagado, pero consigna que el equipo “puede comandarse de forma remota”.

Por su parte, la empresa se comprometió a “enviar semanalmente” al organismo nacional un reporte de actividad del radar, “para garantizar la nula operación del mismo”.

El desembarco de Leolabs en Argentina fue anunciado en marzo de este año, como parte de un emprendimiento científico gestado por una empresa estadounidense.

La propia compañía reveló que cuenta con una red de radares en distintas partes del mundo para monitorear las órbitas terrestres bajas (LEO, según sus siglas en inglés por Low Earth Orbit) y evitar la colisión de desechos espaciales potencialmente peligrosos.

El embajador norteamericano en Argentina, Marc Stanley, estuvo en Ushuaia cuatro días antes del anuncio de la empresa y se reunió con el gobernador Gustavo Melella. El diplomático celebró el arribo de Leolabs a Tierra del Fuego para “colaborar con empresas y gobiernos de todo el mundo en la protección contra los desechos espaciales”.

Ocho meses más tarde, el 15 de noviembre de 2022, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad del Gobierno argentino, a cargo de Mariano Lombardi, concedió el permiso de instalación del radar en territorio fueguino, que luego canceló.

Sin embargo, para entonces ya había ocurrido algo que modificaba la situación original: Leolabs se había constituido en Argentina como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) con sede en Ushuaia. Según los documentos publicados por la Inspección General de Justicia de la provincia, la firma se formó a partir de dos sociedades extranjeras: Leo Labs Space Holding Limited con domicilio en Dublin, Irlanda, y Leolabs Limited con domicilio en Londres, Inglaterra.

De este modo, la empresa autorizada ya no era estadounidense como se planteó al principio, sino británica, y a ello comenzaron a sumarse las sospechas de que el equipamiento podía tener un uso militar, además de científico.

En Ushuaia, la compañía fijó como domicilio legal la calle “De los Ñires 2250 Planta Baja D”, un sitio donde actualmente no funciona ninguna oficina sino una vivienda particular, según reveló el sitio local Agenda Malvinas que publicó varias notas sobre el tema.

Además, Leolabs Argentina estableció como representantes locales al abogado Pablo Renán Bilbao, un ex gerente del Banco de Tierra del Fuego, María Victoria Cerone, asesora de la diputada nacional por Tierra del Fuego Mabel Caparros, Diego Alberto Mancini Loiácono, un cantautor y productor de espectáculos musicales y Eileen Judith Treanor, directora financiera y responsable de operaciones de Leolabs.

Todo apuntaba a que el Ministerio de Defensa había frenado el emprendimiento antes de que se concretara, aunque las evidencias muestran lo contrario: el radar británico ya está instalado en Tierra del Fuego, a un paso de las Islas Malvinas ocupadas por el propio Reino Unido.

“Es como si Argentina hubiera logrado instalar un radar en las Malvinas, con autorización de los propios ingleses. No resiste el menor análisis”, resumió con lógica inapelable, una fuente allegada al caso.

GR/MG

La historia parece increíble por el sigilo con el que se desenvolvieron algunos de sus protagonistas. Y porque estuvo a punto de terminar en un despropósito: un radar con capacidad militar instalado en Tierra del Fuego, a 600 kilómetros de las Islas Malvinas, regenteado por una compañía constituida en la ciudad de Ushuaia a partir de dos sociedades, una irlandesa y otra británica.

Todo empezó como un emprendimiento de carácter científico y privado, a cargo de la empresa Leolabs, presentada como de origen estadounidense.

El desembarco de Leolabs en Argentina fue anunciado en marzo de este año. La propia compañía reveló que cuenta con una red de radares en distintas partes del mundo para monitorear las órbitas terrestres bajas (LEO, según sus siglas en inglés por Low Earth Orbit) y evitar la colisión de desechos espaciales potencialmente peligrosos. En ese contexto, el anuncio consistió en la instalación de uno de esos radares (o grupos de antenas) en la provincia de Tierra del Fuego, donde la situación geográfica favorece las tareas de monitoreo de los objetos espaciales bajo análisis.

Un dato sobre la importancia de la iniciativa es que el propio embajador norteamericano en Argentina, Marc Stanley, estuvo en Ushuaia cuatro días antes del anuncio de la empresa y se reunió con el gobernador Gustavo Melella. El diplomático celebró el arribo de Leolabs a Tierra del Fuego para “colaborar con empresas y gobiernos de todo el mundo en la protección contra los desechos espaciales”.

Ocho meses más tarde, el 15 de noviembre de 2022, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad del gobierno argentino, a cargo de Mariano Lombardi, concedió el permiso de instalación del radar en territorio fueguino.

Sin embargo, para entonces ya había ocurrido algo que modificaba la situación original: Leolabs se había constituido en Argentina como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) con sede en Ushuaia. Según los documentos publicados por la Inspección General de Justicia de la provincia, la firma se formó a partir de dos sociedades extranjeras: Leo Labs Space Holding Limited con domicilio en Dublin, Irlanda, y Leolabs Limited con domicilio en Londres, Inglaterra.

De este modo, la empresa autorizada ya no era estadounidense como se planteó al principio, sino británica, y a ello comenzaron a sumarse las sospechas de que el equipamiento podía tener un uso militar, además de científico.

El senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Blanco (Juntos por el Cambio) anunció entonces la presentación de un pedido de informes al Gobierno nacional sobre la autorización otorgada a la empresa Leolabs para “instalar una antena radar con función militar en Tierra del Fuego”.

El permiso “constituye un acto que afecta potencialmente la vida de argentinos y la libertad de acción de la República Argentina para maniobrar en el mapa mundial de escenarios múltiplemente enlazados”, aseguró Blanco a través de su cuenta de Twitter.

En tanto el gobierno fueguino se mantuvo en silencio y solo el secretario de Malvinas y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachari, declaró a medios locales que el radar formaba parte de una iniciativa “con fines científicos” y que se había articulado a través de un convenio con la Universidad Nacional de La Plata.

El tema comenzó a escalar en los medios de prensa fueguinos hasta que la propia Subsecretaría de Telecomunicaciones resolvió “suspender” la autorización concedida a Leolabs Argentina y dar intervención al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Cuando Leolabs se presentó en el país precisó que su red de antenas es capaz de seguir el rastro de objetos “mayores de diez centímetros” en su deambular por las órbitas bajas. Y que puede alertar a países, instituciones o empresas cuando exista riesgo de una colisión peligrosa.

“El aparato vigila todos los objetos que están en órbita terrestre baja y funciona en coordinación con una red global de alrededor de una docena de dispositivos similares que tenemos en distintos países, como Portugal, Estados Unidos, Australia, Costa Rica y Nueva Zelanda”, contó Darren McKnight, director científico de la compañía, a El Destape Web, en marzo de este año.

“Hacemos las mediciones, advertimos cuando alguno se está acercando a satélites operativos e informamos cómo mantenerlos a salvo”, agregó.

También dijo que la ubicación del nuevo radar a los 54º de latitud resultaba “particularmente conveniente” porque es la región donde se produce la mayoría de las “conjunciones”. 

“Los potenciales accidentes no ocurren uniformemente en todo el espacio –explicó McKnight–, sino en especial entre los 35 y los 55° de latitud Norte o Sur. La Argentina es un gran lugar porque está en un hemisferio en el que tenemos muy pocos radares. Además, si uno los piensa como una de esas cámaras que se instalan en las esquinas para vigilar el tráfico, es una intersección concurrida. Es una ubicación estratégica para tener un buen punto de vista a muchos de los acercamientos que ocurren”, detalló.

El desembarco de Leolabs en Argentina fue celebrado tanto por el embajador Stanley, quien le dedicó un tuit el 14 de marzo, como por la embajada argentina en Estados Unidos, donde la inversión fue destacada el mismo día a través de un video del CEO de la compañía, Daniel Ceperley.

En los meses posteriores, los anuncios empezaron a tomar forma. La empresa se instaló en un predio ubicado en las proximidades del municipio de Tolhuin, unos 100 kilómetros al sur de Ushuaia.

Según pobladores de la zona, el sitio está ubicado dentro de una estancia, a la altura del kilómetro 2900 de la Ruta 3, y hasta allí hicieron una extensión de la red eléctrica y trabajaron varias máquinas retroescavadoras, además de intensificarse las medidas de seguridad.

Por su parte en Ushuaia, la compañía fijó como domicilio legal la calle “De los Ñires 2250 Planta Baja D”, un sitio donde actualmente no funciona ninguna oficina sino una vivienda particular, según reveló el sitio local Agenda Malvinas que publicó varias notas sobre el tema.

Además, Leolabs Argentina estableció como representantes locales al abogado Pablo Renán Bilbao, un ex gerente del Banco de Tierra del Fuego, María Victoria Cerone, asesora de la diputada nacional por Tierra del Fuego Mabel Caparros, Diego Alberto Mancini Loiácono, un cantautor y productor de espectáculos musicales y Eileen Judith Treanor, directora financiera y responsable de operaciones de Leolabs.

Todo esto antes de que el asunto comenzara a difundirse en los medios y derivara en la intervención de dirigentes políticos fueguinos, hasta llegar a la suspensión del permiso que el Gobierno Nacional había otorgado inicialmente a la empresa para la instalación del radar. 

Por ahora el proyecto parece tan congelado como el suelo fueguino en invierno, aunque en la primavera todo puede cambiar.

GR/MG

La empresa estatal de tecnología de alta complejidad Invap concretó en Nigeria hoy la primera venta de un radar de uso civil, que será utilizado para el control de tránsito aéreo en el país africano.

El radar RPA-200MC es similar a los RPA-240 con los que la firma estatal proveyó previamente a la Fuerza Aérea Argentina.

Es un equipo móvil con un sistema que incluye un radar secundario y un radar primario 3D.

La operación comercial abre las puertas del mercado africano para el sector tecnológico de radares, lo que le permitirá a Invap fortalecer su posición y prestigio como proveedor responsable de tecnología de alta complejidad, además de mejorar las perspectivas para ampliar las exportaciones de este tipo a otras naciones.

“Esto constituye un logro destacado como parte de la estrategia de la Cancillería para seguir impulsando y fortaleciendo las exportaciones de alta tecnología”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en un comunicado.

El radar trasladado en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, bajo los más altos estándares internacionales en materia de exportaciones de tecnología sensitiva, y aterrizó en Abuya, capital de Nigeria, donde fue recibido por el embajador argentino en ese país, Alejandro Herrero, y el ministro Federal de Aviación nigeriano, Hadi Sirika.

A partir de su llegada, los equipos de científicos y técnicos especializados comenzarán con el proceso de integración final y la fase de ensayos del radar.

“El objetivo de la Cancillería es el establecimiento de un modelo exportador dinámico y generador de valor agregado en tecnología de punta, y en ese marco la empresa Invap es un referente indiscutido en el sector”, aseguró el ministerio que encabeza Santiago Cafiero.

Con información de Télam