Una empresa de capitales británicos quiso instalar un radar con capacidad militar en Tierra del Fuego

La historia parece increíble por el sigilo con el que se desenvolvieron algunos de sus protagonistas. Y porque estuvo a punto de terminar en un despropósito: un radar con capacidad militar instalado en Tierra del Fuego, a 600 kilómetros de las Islas Malvinas, regenteado por una compañía constituida en la ciudad de Ushuaia a partir de dos sociedades, una irlandesa y otra británica.

Todo empezó como un emprendimiento de carácter científico y privado, a cargo de la empresa Leolabs, presentada como de origen estadounidense.

El desembarco de Leolabs en Argentina fue anunciado en marzo de este año. La propia compañía reveló que cuenta con una red de radares en distintas partes del mundo para monitorear las órbitas terrestres bajas (LEO, según sus siglas en inglés por Low Earth Orbit) y evitar la colisión de desechos espaciales potencialmente peligrosos. En ese contexto, el anuncio consistió en la instalación de uno de esos radares (o grupos de antenas) en la provincia de Tierra del Fuego, donde la situación geográfica favorece las tareas de monitoreo de los objetos espaciales bajo análisis.

Un dato sobre la importancia de la iniciativa es que el propio embajador norteamericano en Argentina, Marc Stanley, estuvo en Ushuaia cuatro días antes del anuncio de la empresa y se reunió con el gobernador Gustavo Melella. El diplomático celebró el arribo de Leolabs a Tierra del Fuego para “colaborar con empresas y gobiernos de todo el mundo en la protección contra los desechos espaciales”.

Ocho meses más tarde, el 15 de noviembre de 2022, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad del gobierno argentino, a cargo de Mariano Lombardi, concedió el permiso de instalación del radar en territorio fueguino.

Sin embargo, para entonces ya había ocurrido algo que modificaba la situación original: Leolabs se había constituido en Argentina como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) con sede en Ushuaia. Según los documentos publicados por la Inspección General de Justicia de la provincia, la firma se formó a partir de dos sociedades extranjeras: Leo Labs Space Holding Limited con domicilio en Dublin, Irlanda, y Leolabs Limited con domicilio en Londres, Inglaterra.

De este modo, la empresa autorizada ya no era estadounidense como se planteó al principio, sino británica, y a ello comenzaron a sumarse las sospechas de que el equipamiento podía tener un uso militar, además de científico.

El senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Blanco (Juntos por el Cambio) anunció entonces la presentación de un pedido de informes al Gobierno nacional sobre la autorización otorgada a la empresa Leolabs para “instalar una antena radar con función militar en Tierra del Fuego”.

El permiso “constituye un acto que afecta potencialmente la vida de argentinos y la libertad de acción de la República Argentina para maniobrar en el mapa mundial de escenarios múltiplemente enlazados”, aseguró Blanco a través de su cuenta de Twitter.

En tanto el gobierno fueguino se mantuvo en silencio y solo el secretario de Malvinas y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachari, declaró a medios locales que el radar formaba parte de una iniciativa “con fines científicos” y que se había articulado a través de un convenio con la Universidad Nacional de La Plata.

El tema comenzó a escalar en los medios de prensa fueguinos hasta que la propia Subsecretaría de Telecomunicaciones resolvió “suspender” la autorización concedida a Leolabs Argentina y dar intervención al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Cuando Leolabs se presentó en el país precisó que su red de antenas es capaz de seguir el rastro de objetos “mayores de diez centímetros” en su deambular por las órbitas bajas. Y que puede alertar a países, instituciones o empresas cuando exista riesgo de una colisión peligrosa.

“El aparato vigila todos los objetos que están en órbita terrestre baja y funciona en coordinación con una red global de alrededor de una docena de dispositivos similares que tenemos en distintos países, como Portugal, Estados Unidos, Australia, Costa Rica y Nueva Zelanda”, contó Darren McKnight, director científico de la compañía, a El Destape Web, en marzo de este año.

“Hacemos las mediciones, advertimos cuando alguno se está acercando a satélites operativos e informamos cómo mantenerlos a salvo”, agregó.

También dijo que la ubicación del nuevo radar a los 54º de latitud resultaba “particularmente conveniente” porque es la región donde se produce la mayoría de las “conjunciones”. 

“Los potenciales accidentes no ocurren uniformemente en todo el espacio –explicó McKnight–, sino en especial entre los 35 y los 55° de latitud Norte o Sur. La Argentina es un gran lugar porque está en un hemisferio en el que tenemos muy pocos radares. Además, si uno los piensa como una de esas cámaras que se instalan en las esquinas para vigilar el tráfico, es una intersección concurrida. Es una ubicación estratégica para tener un buen punto de vista a muchos de los acercamientos que ocurren”, detalló.

El desembarco de Leolabs en Argentina fue celebrado tanto por el embajador Stanley, quien le dedicó un tuit el 14 de marzo, como por la embajada argentina en Estados Unidos, donde la inversión fue destacada el mismo día a través de un video del CEO de la compañía, Daniel Ceperley.

En los meses posteriores, los anuncios empezaron a tomar forma. La empresa se instaló en un predio ubicado en las proximidades del municipio de Tolhuin, unos 100 kilómetros al sur de Ushuaia.

Según pobladores de la zona, el sitio está ubicado dentro de una estancia, a la altura del kilómetro 2900 de la Ruta 3, y hasta allí hicieron una extensión de la red eléctrica y trabajaron varias máquinas retroescavadoras, además de intensificarse las medidas de seguridad.

Por su parte en Ushuaia, la compañía fijó como domicilio legal la calle “De los Ñires 2250 Planta Baja D”, un sitio donde actualmente no funciona ninguna oficina sino una vivienda particular, según reveló el sitio local Agenda Malvinas que publicó varias notas sobre el tema.

Además, Leolabs Argentina estableció como representantes locales al abogado Pablo Renán Bilbao, un ex gerente del Banco de Tierra del Fuego, María Victoria Cerone, asesora de la diputada nacional por Tierra del Fuego Mabel Caparros, Diego Alberto Mancini Loiácono, un cantautor y productor de espectáculos musicales y Eileen Judith Treanor, directora financiera y responsable de operaciones de Leolabs.

Todo esto antes de que el asunto comenzara a difundirse en los medios y derivara en la intervención de dirigentes políticos fueguinos, hasta llegar a la suspensión del permiso que el Gobierno Nacional había otorgado inicialmente a la empresa para la instalación del radar. 

Por ahora el proyecto parece tan congelado como el suelo fueguino en invierno, aunque en la primavera todo puede cambiar.

GR/MG