Ocurrió lo mismo en 2021. Entonces, fue Pedro Castillo quien logró la victoria ante Keiko Fujimori. Y la líder derechista no lo aceptó, se revolvió durante semanas, apeló, impugnó y logró retrasar durante más de un mes el reconocimiento oficial de la victoria de Castillo.

Pero también pasó después de la primera vuelta en abril. Entonces, las derechas se revolvieron contra el recuento que colocaba a Sánchez en la segunda vuelta. De nuevo, se produjeron impugnaciones y retrasos que impidieron al candidato de Juntos por el Perú entrar en campaña hasta varias semanas después que su rival, Keiko Fujimori, quien acabó en primer lugar en la primera vuelta.

Este lunes a medianoche en Lima, el recuento se encontraba en el 95,3% escrutado y otorgaba un 50,112% para Sánchez frente a un 49,888% para Fujimori –unos 40.000 votos de diferencia–. No obstante, falta, entre lo que queda por contar, la mayoría de los en torno a 400.000 votos del exterior, donde la derecha suele imponerse a la izquierda.

“Estamos confiados y optimistas, pero el conteo al 100% aún está por develarse”, reconocía este lunes Sánchez ante la prensa: “Estamos con tranquilidad para respetar los resultados. Lo que viene es trabajar por el país e invocar a todos los consensos, porque Perú tiene que parar la inestabilidad política, la criminalidad y la pobreza”.

Las elecciones muy probablemente serán objeto de fuertes disputas, por lo que está en juego no es solo el próximo mandato presidencial, sino, cómo de la ya frágil democracia peruana.

Las autoridades electorales peruanas disponen de hasta 30 días para certificar los resultados oficiales. Incluso después de que el portal público de resultados refleje el 100% de las actas procesadas, el desenlace aún no es definitivo, ya que las autoridades deben revisar las solicitudes de revisión y resolver las impugnaciones legales contra resultados concretos.

Dos Perús

Esta segunda vuelta demuestra que el país está partido entre dos formas de ver Perú.

Por un lado, es una confrontación entre el retorno a las políticas económicas, sociales y de seguridad de la derecha dura asociadas al fujimorismo de los años noventa (1990–2000) y un nuevo intento de gobierno de izquierda tras la breve y convulsa presidencia de Pedro Castillo (2021–2022).

Al mismo tiempo, evidencian el profundo antifujimorismo y anticastillismo como ejes del escenario político. Pero también es una oportunidad para poner fin a una década de inestabilidad, durante la cual el país ha tenido ocho presidentes en diez años, incluidos cuatro en los últimos cuatro, una crisis impulsada en parte por el poder desmedido del Congreso y de las fuerzas políticas que lo controlan, entre ellas el partido de Fujimori.

¿Quién es Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori es hija del exdictador Alberto Fujimori, con quien también ejerció como primera dama entre 1994 y 2000.

Durante su gobierno, Alberto Fujimori socavó la democracia peruana, incurrió en una corrupción generalizada y ordenó graves violaciones de derechos humanos, incluidas esterilizaciones forzadas dirigidas principalmente contra mujeres indígenas, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte.

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, incluidas masacres, desapariciones forzadas y secuestros en 2009.

Desde la salida de su padre del poder, Keiko Fujimori ha seguido siendo una de las figuras políticas más influyentes del país, heredando el liderazgo del movimiento político fujimorista, que fue relanzado bajo el nombre de Fuerza Popular a inicios de la década de 2010.

¿Y Roberto Sánchez?

Psicólogo de formación, Roberto Sánchez es un dirigente político de izquierda, congresista desde 2021.

Fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo.

Castillo fue destituido y encarcelado apenas 15 meses después de asumir la presidencia, tras un intento fallido de disolver el Congreso, gobernar por decreto y reformar el sistema de justicia. “En correspondencia a las normas vigentes y a las prerrogativas constitucionales que tiene el presidente en ejercicio otorgaríamos la gracia presidencial para la libertad del presidente Pedro Castillo”, dijo Sánchez en una entrevista con elDiario.es.

Antes de su caída, su gobierno fue blanco de una sostenida campaña de oposición liderada por Fuerza Popular y sus aliados, marcada por la obstrucción política y marcada por una retórica abiertamente racista.

Sánchez cuenta con el respaldo de Pedro Castillo, y su campaña ha girado en torno a la defensa de la libertad del exmandatario. Para muchos peruanos, Castillo fue encarcelado injustamente y su caso se ha convertido en un símbolo de la discriminación y el racismo que históricamente han enfrentado los sectores rurales e indígenas por parte de las élites políticas y económicas del país. En un gesto que busca reforzar esa identificación, Sánchez ha incorporado elementos simbólicos asociados a Castillo, incluyendo el tradicional sombrero chotano de ala ancha que popularizó durante su campaña presidencial.

Además de prometer el indulto de Pedro Castillo, Sánchez se ha comprometido a convocar un referéndum nacional para redactar una nueva Constitución que reemplace a la aprobada bajo Alberto Fujimori tras el autogolpe de 1992.

“Nosotros aspiramos a una democracia participativa”, decía Sánchez en su entrevista: “Hoy se nos ha arrebatado por esta fuerza parlamentaria mayoritaria de la señora K. Nos ha arrebatado el derecho al referéndum, ya no existe el derecho al referéndum en Perú. Debemos de derogar esa norma para volver a aplicar y preguntarle al país si es el momento de una gran Asamblea Constituyente democrática, con el método de consenso y la consulta pública nacional vinculante”.

Sánchez, no tan mal en Lima

Tradicionalmente, el voto progresista se concentra en la sierra y las provincias del sur. Mientras que la costa, Lima incluida, junto con el norte votan conservador. Sin embargo, el rechazo que genera Keiko Fujimori en amplios sectores de la sociedad ha facilitado la remontada de Sánchez, según explican en las filas de Juntos Por el Perú.

“Cómo era previsible, Roberto Sánchez pasó a liderar el recuento oficial”, afirma Gustavo Guerra García, miembro del equipo económico de JP: “El triunfo se explica por un crecimiento importante de más de 10 puntos en Lima [con respecto a la primera vuelta] y un recorte de las diferencias en el voto de los peruanos en el exterior.. El Perú se ha llenado de democracia y de dignidad”..

¿Hasta el miércoles?

El recuento es tan agónico, voto a voto, que puede que no termine de definir un ganador hasta el miércoles, como ocurrió en 2021 con Pedro Castillo,. Mientras tanto, los dos candidatos se mueven en una suerte de empate técnico, si bien el recuerdo de hace cinco años presagia una victoria de Sánchez, en tanto que superó a su rival con el 93% de los votos escrutados, momento similar a cuando lo hizo Castillo (94%)

Eso hizo que Sánchez ya hiciera su intervención desde el balcón de la plaza de San Martín con aires de ganador.

Precisamente el miércoles, informó la Cancillería de Perú, es cuando terminará el envío al país de las actas de votación en el extranjero, que corresponden a 2.506 mesas instaladas en 73 países. Tradicionalmente, el voto extranjero es más proclive a la derecha que a la izquierda.

Atomización

La primera vuelta, celebrada el 12 de abril, contó con 35 candidatos y estuvo marcada por  problemas logísticos —especialmente en algunas zonas de Lima— que llevaron a las autoridades electorales a extender la votación un día más en ciertos puestos de votación.

Las interrupciones dieron lugar a impugnaciones legales y denuncias de fraude, retrasando por más de un mes la confirmación de Roberto Sánchez como contendiente en la segunda vuelta. De cara al balotaje de este domingo, crece la preocupación por la posibilidad de que surjan nuevas acusaciones de fraude —especialmente si Roberto Sánchez resulta vencedor—, dado que Fujimori denunció fraude e intentó anular cientos de miles de votos tras su derrota en 2021, pese a que los observadores internacionales no encontraron evidencia de fraude.

Veinte horas después de que arrancara el recuento en Perú, el candidato progresista, Roberto Sánchez, tomó la delantera, por la mínima en la segunda vuelta de las presidenciales en Perú frente a la derechista Keiko Fujimori. Con el 94% de voto escrutado, el candidato de Juntos por el Perú supera a la de Fuerza Popular –50,03% frente a 49,96%– y acaricia una ajustada victoria que augura un largo proceso de impugnaciones por parte de Fujimori. Eso sí, también están pendientes mesas del exterior que suelen ser más conservadoras.

De esta manera, Sánchez está haciendo buenos los dos llamados conteos rápidos de las encuestadoras publicados este domingo a las nueve de la noche, que le concedían la victoria con una ventaja muy estrecha. Así, el candidato de Juntos por el Perú estaría dando la vuelta a las encuestas a pie de urna, que habían puesto en cabeza a la candidata de las derechas y ex primera dama Keiko Fujimori.

De acuerdo con el recuento rápido de Ipsos, Sánchez ganaría con el 50,3% de los votos frente al 49,7% de Fujimori –con un margen de error del 1,9%–. Asimismo, el recuento rápido de actas oficiales de la encuestadora Datum, también con un margen de error del 1,9%, sitúa a Sánchez con un 50,14% y a Fujimori con un 49,86%.

¿Y a qué se debe este cambio cuando apenas quedan seis puntos por contar? “Los votos provenientes de zonas rurales y del sur del país suelen ser contabilizados y transmitidos más tarde. Dado que estas regiones han mostrado un respaldo mayoritario a Sánchez, la diferencia entre los candidatos podría variar significativamente a medida que se incorporen más votos al conteo oficial”, explica Francesca Emanuele, Asociada Senior de Política Internacional del Center for Economic and Policy Research (CEPR) y jefa de la misión de observación electoral del think tank estadounidense en Perú.

Desde el balcón del partido Obras, una de las formaciones de la coalición que le apoya, Sánchez afirmó este domingo por la noche ante sus seguidores: “Este es el día de la recuperación de la democracia. Queremos poner delante de ustedes la serenidad, el respeto democrático, el sentido del voto del pueblo peruano”.

Sánchez, que prometió el indulto al encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), señaló: “Hay una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo que quiere justicia”.

Fujimori, por su parte, dijo: “Nos encontramos en un empate técnico, hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón, serán días largos hasta conocerlo. Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra como es el conteo rápido que utiliza aproximadamente 1.000 actas de 90.000 que se tiene a nivel nacional. Quiero decir al pueblo peruano que no pierda la esperanza, necesitamos calma y serenidad y vamos a esperar con mucha fe el resultado final”.

Las declaraciones de Fujimori anuncian unas largas semanas de impugnaciones y una proclamación oficial dentro de un mes cuando esté contado el 100% de los votos. El escenario reproduciría lo ocurrido en 2021 entre Fujimori y Castillo, pero también lo ocurrido en la primera vuelta para impedir que Sánchez la pasara.

“Los problemas logísticos que marcaron la primera vuelta, sumados a las acusaciones infundadas de fraude y a las posteriores impugnaciones de actas, retrasaron durante más de un mes la confirmación oficial del candidato que obtuvo el segundo lugar, generando condiciones desiguales para la competencia entre los dos aspirantes que disputan la segunda vuelta”, explica la analista de CEPR Francesca Emanuele: “Es fundamental que Perú evite una repetición de lo ocurrido tras las elecciones de 2021, cuando las acusaciones infundadas de fraude de la entonces candidata presidencial Keiko Fujimori provocaron una demora sin precedentes en la certificación de los resultados y en el reconocimiento oficial de la victoria de Pedro Castillo”.

Dadas sus declaraciones en campaña, es previsible que Fujimori alegue fraude si resulta derrotada, como ocurrió en las elecciones de 2021, cuando solicitó la anulación de alrededor de 200.000 votos después de que su rival, Pedro Castillo, ganara en la segunda vuelta con una estrecha ventaja. La victoria de Castillo fue posteriormente ratificada y asumió la presidencia al mes siguiente. 

“Los días posteriores a la votación del domingo serán tan importantes como la propia jornada electoral”, afirma Emanuele. “Las instituciones democráticas del Perú estarán bajo escrutinio y la comunidad internacional observará atentamente lo que ocurra”.

Fujimori es hija del exdictador Alberto Fujimori, quien fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, incluidas masacres, desapariciones forzadas y secuestros en 2009.

Entre 1994 y 2000, Keiko Fujimori ejerció como una de las principales representantes públicas del gobierno autoritario de su padre, y se ha postulado sin éxito a la presidencia peruana en tres ocasiones anteriores.

Fujimori se impuso en la primera vuelta con un 17,18% de los votos, seguida por Sánchez con un 12,03% y López Aliaga (Renovación Popular) con un 11,9%, a solo 21.210 del aspirante de izquierdas y después de que los primeros resultados que se fueron conociendo situasen al ultraderechista en segundo lugar.

Los profundos antifujimorismo y anticastillismo siguen marcando el escenario político. Muchos peruanos esperan que estos comicios ayuden a poner fin a una década de inestabilidad, durante la cual el país tuvo ocho presidentes en diez años, incluidos cuatro en los últimos cuatro, una crisis impulsada en parte por el poder desmedido del Congreso y de las fuerzas políticas que lo controlan, entre ellas el partido de Fujimori.

La primera vuelta, celebrada el 12 de abril, contó con 35 candidatos y estuvo marcada por problemas logísticos —especialmente en algunas zonas de Lima— que llevaron a las autoridades electorales a extender la votación un día más en ciertos puestos de votación.

La segunda vuelta ha reconfigurado los bloques políticos en torno a Fujimori y Fuerza Popular, y Sánchez y Juntos por el Perú (JPP).

El candidato ultra que quedó tercero, López Aliaga, de Renovación Popular, respaldó a Fujimori, sumándose al bloque de derechas que también incluye a los candidatos de la primera vuelta Carlos Espá (SíCreo), Roberto Chiabra (Unidad Nacional/PPC/Unidad y Paz), José Williams (Avanza País), Rafael Belaúnde Llosa (Libertad Popular). Fujimori también cuenta con apoyos de los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y José Jerí, y de la extrema derecha europea, como Vox.

Por otro lado, Sánchez formó una coalición antifujimorista y de centroizquierda que incluye a Ricardo Belmont (Partido Cívico OBRAS), Alfonso López Chau (Ahora Nación), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Ronald Atencio (Venceremos), Rosario Fernández (Un Camino Diferente), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Armando Massé (Partido Democrático Federal), así como el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Todo con el Pueblo, Nuevo Perú, Voces del Pueblo, Unidad Popular, Adelante Pueblo Unido, Resurgimiento Unido Nacional y los expresidentes Pedro Castillo y Martín Vizcarra.

En un esfuerzo por demostrar que está preparado para gobernar Perú con esta coalición de partidos y movimientos, Sánchez ha presentado un programa de segunda vuelta titulado 'Prioridades Estratégicas para la Gobernabilidad y el Desarrollo Equitativo de la Nación Peruana: 2026-2031', y un equipo técnico ampliado de 124 personas que incluye profesionales de otros partidos y movimientos políticos.

Mientras tanto, Fujimori ha estado promocionando el respaldo de políticos de extrema derecha de la región, incluso a través de videollamadas con la política venezolana María Corina Machado, actualmente radicada en Estados Unidos, y el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella.

También recibió el apoyo de última hora de los representantes republicanos estadounidenses de Florida, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez, quienes respaldaron a de la Espriella antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia el 21 de enero y que anteriormente han sido acusados de “acciones intervencionistas” en ese país.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir a la opción que obtendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), lo que será el noveno presidente del país en los últimos diez años, tras una década de inestabilidad política por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

“Álea jacta est”, en latín, o “la suerte está echada”, en español. Esta parece ser la consigna con las que el oficialismo y la principal fuerza opositora de Tucumán llegan a las elecciones provinciales de este domingo. A final del día, las urnas mostrarán quienes son los nuevos gobernador y vice, 49 legisladores, 19 intendentes, 184 concejales y 93 comisionados rurales del interior. Un total de 347 cargos para los que hay 17.943 postulantes, entre titulares y suplentes. Si no hay sorpresas, el peronismo renovaría por cuatro años más su estadía en la Casa de Gobierno. Juntos por el Cambio (JxC) puso el pie en el acelerador en los últimos diez días con una tormenta de visitas de dirigentes nacionales, para tratar de revertir lo que dicen las mediciones, tanto en las carpas propias y ajenas, que le auguran un segundo lugar. Las encuestas son fotografías de un determinado momento y en numerosas ocasiones han fallado, por lo que la última palabra dependerá de la opinión de los tucumanos y tucumanas.

Como sea, las últimas horas en las que se pudo hacer campaña mostraron fotografías del punto exacto en el que están parados el Frente de Todos por Tucumán (FdT), que impulsa las candidaturas de Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo, para gobernador y vice; y JxC, que empuja al radical Roberto Sánchez y al larretista Germán Alfaro para la Casa de Gobierno. El peronismo optó por no realizar ninguna actividad de cierre de campaña, mientras la oposición procuró aprovechar hasta el último minuto, antes que rija la veda electoral. Jaldo, vicegobernador en ejercicio, se recluyó en la Legislatura, en donde mantuvo reuniones con dirigentes; Acevedo visitó ciudades del interior y el gobernador Juan Manzur -como jefe de campaña- recorrió el jueves sedes partidarias de San Miguel de Tucumán. Todo, en modo perfil bajo. “No era necesario un acto como cierre, se hizo todo para lograr un triunfo holgado. Lo nuestro no es exceso de confianza”, reflexionó a elDiarioAR un candidato a legislador que buscará repetir mandato y que reporta identidad manzurista. Este optimismo también fue reflejado por Manzur, quien aseveró que “el peronismo se impondrá por dos dígitos”, en diálogo con medios de prensa. 

Las urgencias en la oposición son otras. Corren desde atrás y para tratar de achicar las diferencias recibieron en los últimos días un aluvión de visitas de dirigentes nacionales. A saber, el expresidente Mauricio Macri; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; Gerardo Morales, presidente de la UCR y gobernador de Jujuy; la diputada PRO María Eugenia Vidal y su par de Avanza Libertad, José Luis Espert. El último en aterrizar en suelo tucumano fue el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, que protagonizó un acto junto a Sánchez y a Alfaro, a horas del inicio de la veda. Con estas acciones la oposición procuró recuperar el terreno que perdió por la crisis interna que derivó en el acuerdo tardío de la fórmula, el 13 de marzo, que se alcanzó por la intervención directa de la mesa nacional de JxC debido a la persistencia de las diferencias. “Esperemos que alcancen estas acciones, lo que no logramos en territorialidad ojalá podamos suplirlo con exposición pública en los medios, al fin y al cabo, el motivo de tantas visitas”, expresó un asesor de imagen del comando de campaña amarillo.

La mayor dificultad de todas las fuerzas que competirán este domingo fue recobrar el ritmo de campaña, tras la suspensión de las elecciones que estaban previstas para el pasado 14 de mayo. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en respuesta a un recurso que presentó la oposición que cuestionaba la candidatura de Manzur a la vicegobernación, frenó en seco las actividades, a cuatro días de ir a las urnas. Aunque el Tribunal no se expidió sobre la cuestión de fondo, su decisión puso en pausa el cronograma electoral. El actual mandatario viene de ser, de manera consecutiva, dos veces vice y transita lo últimos meses de su segundo mandato sentado en el Sillón de Lucas Córdoba, el primer gobernador tucumano. Pese a que había sido autorizado por la Justicia local, los supremos de la Nación le dieron la razón al cuestionamiento. Se salió del laberinto constitucional y legal cuando Manzur renunció a su postulación y eligió a su ministro del Interior, Miguel Acevedo, para que lo reemplazara en la fórmula y convocó a las urnas para este domingo 11. Recién en los últimos diez días las actividades proselitistas se revitalizaron.

En Tucumán hay 1.312.188 personas habilitadas para votar, es decir, concentra casi el 4% de los electores nacionales, por lo que el resultado será seguido de cerca por todas las fuerzas nacionales. La historia reciente demostró que en reiteradas ocasiones en Tucumán se presentaron situaciones que más tarde tendrían su contraparte en todo el país. Dos ejemplos. Los Tucumanazos, de fines de los 60 y comienzos de los 70; y el sangriento Operativo Independencia, escuela del horror que precedió a los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico militar. Si no hay sorpresas y triunfa el oficialismo, dejaría también dos mensajes. Pese al cisma brutal entre Manzur y Jaldo, que se dirimió en las urnas en las legislativas del 2021, el peronismo se unió. Y para JxC quedaría como balance que no es conveniente sostener mezquindades hasta último momento porque atenta contra las posibilidades electorales. Se verá.

Las otras fórmulas que competirán están integradas por Ricardo Bussi y Gerardo Huesen, de Fuerza Republicana; Federico Masso y Florencia Guerra, del Frente Amplio; Martín Correa y Alejandra Arreguez, del Frente de Izquierda; Raquel Grassino y Luis Toranzo, de Política Obrera, Juan Coria y Liliana Guzmán, de Nos Une el Cambio, y Luis Benjamín Burgos y Marcos Rogués, por Camino a la Lealtad.

No es casual que en Tucumán haya 17.943 postulantes para los 347 cargos en juego. La explicación es simple, rige la Ley de Acoples, hija de la polémica Ley de Lemas. Aun cuando esta legislación es cuestionada desde todas las trincheras, poco hizo el oficialismo y la oposición para barrer con el sistema porque es funcional a sus intereses. Mientras la fórmula del FdT cuenta con el apoyo de 61 acoples, de punta a punta de la provincia; JxC tiene 17, muchos menos pero útiles para pescar votos y evitar fracturas internas. En rigor, un acople es un partido provincial, municipal o comunal, que adhiere a una fórmula ejecutiva. El resto de las fuerzas que participarán de las elecciones del domingo no presentaron este tipo de adhesiones.

De los 19 municipios que hay en Tucumán, 15 están en manos del peronismo y en cuatro manda JxC. La mayor disputa se dará en San Miguel de Tucumán, en donde se concentra un tercio del electorado provincial y en donde el intendente es Alfaro, que recorre los últimos meses de su segunda gestión. Aspira a sucederlo la senadora Beatriz Ávila, su esposa. Su rival es la diputada nacional oficialista Rossana Chahla, quien llega a esta instancia acompaña de una buena imagen por haber sido ministra de Salud durante la pandemia de Covid 19, que la catapultó a una banca en el Congreso de la Nación. Las mediciones de ambas carpas, por consultas realizadas por elDiarioAr, señalan que la definición será voto a voto.   

DC/MG

Las elecciones provinciales en Tucumán entraron en la cuenta regresiva y con el paso de los días las campañas se intensifican porque el 14 de mayo los tucumanos deberán votar para elegir gobernador y vice, 49 legisladores provinciales, 19 intendentes, 184 concejales y 93 comisionados comunales del interior de la provincia. Esta semana venció el plazo que estableció la Junta Electoral Provincial (JEP) para la inscripción de todas las candidaturas y quedó en claro que siete serán las fórmulas que competirán. El dato sobresaliente es que el oficialista Frente de Todos por Tucumán (FdT) inscribió 61 acoples y Juntos por el Cambio (JxC), solo 15. 

¿Cómo funciona este sistema? En Tucumán rigió durante la década del 90 la Ley de Lemas, un mamarracho electoral que provocó que hubiera cuartos oscuros con hasta 3000 boletas distintas. Cuestionado, fue reemplazado por la Ley de Acoples durante la reforma de la Constitución provincial de 2006, cuando gobernaba el exmandatario José Alperovich, lo que supuso limitaciones pero de todos modos la oferta electoral continuó siendo exorbitante. Tanto, que en las elecciones de 2015 se inscribieron 454 partidos políticos para participar de los comicios: 85 provinciales, 366 municipales y tres comunales. Eso se tradujo en que hubo 1657 acoples, es decir, cuartos oscuros con hasta 1000 boletas. Un espanto.

Tres años más tarde, con Juan Manzur en la Casa de Gobierno, la Legislatura metió mano en la ley, elevó el piso para la existencia de un partido político y de un plumazo se dieron de baja a 600 partidos municipales y comunales. Aun así, de las elecciones de 2019 participaron 77 partidos políticos, entre provinciales, municipales y comunales, y eso se tradujo en que hubo 18.651 candidatos y candidatas para 347 cargos en juego. Algo así como una candidatura cada 85 personas, de acuerdo a datos de la Junta Electoral Provincial. Pero por qué sobrevive el sistema aunque es criticado hasta por voceros del oficialismo y la oposición parlamentaria amenaza con ir a fondo para avanzar hacia otro sistema. La respuesta es bastante simple. 

El sistema le permite a un partido político anexar sus candidaturas parlamentarias -para la Legislatura o concejos deliberantes- a una postulación para una función ejecutiva provincial o municipal. Como en una pirámide, cuanto más amplia sea la base de postulantes a cargos legislativos, mayores serán las posibilidades de que una fórmula gubernamental o un candidato a intendente obtengan más votos. Es decir, la legislación electoral vigente es de alta conveniencia para el oficialismo gobernante y para la fuerza que le sigue porque les permite tener un ejército de militantes para pescar votos en cada rincón de Tucumán. Si bien esta cosecha es de alta conveniencia para las fórmulas para gobernador y vice o aspirantes a las intendencias, por abajo supone una pelea voto a voto entre integrantes de un mismo partido. Por esta razón los avances fueron para limitaciones pero no para reemplazar el sistema.

61 oficialistas contra 15 opositores

Esta semana que finalizó se aclaró el escenario electoral sobre las fórmulas para gobernador y vice. Por el oficialismo se inscribió en la JEP la fórmula Osvaldo Jaldo - Juan Manzur, para gobernador y vice. JxC propone el binomio integrado por el diputado nacional radical Roberto Sánchez y el intendente de San Miguel de Tucumán, el larretista Germán Alfaro. Fuerza Republicana, de considerable peso electoral, impulsa a Ricardo Bussi para gobernador, y a Gerardo Huesen, como vice. Ambos integran la Legislatura.

El legislador provincial Federico Masso será el candidato a gobernador por Libres del Sur y estará secundado por Florencia Guerra. La izquierda tendrá dos representaciones: Martín Correa y Alejandra Arreguez, por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT); y Raquel Grassino y Luis Toranzo, por Política Obrera (PO). Juan Coria y Liliana Guzmán, del partido de derecha Nos Une el Cambio (NEC), cierran la lista de postulaciones.

Por abajo de esas postulaciones, solo dos espacios llevarán acoples. El Frente de Todos por Tucumán inscribió a 61, mientras Juntos por el Cambio a 15, una cifra sensiblemente menor al oficialismo. Si se toma como referencia la elección de 2019, podría traducirse en un triunfo por paliza del FdT. Hace cuatro años la fórmula que integraron Manzur y Jaldo estuvo presente en 45 boletas, mientras que la candidata opositora a la gobernación, Silvia Elías de Pérez, estuvo presente con su nombre en 15 nóminas dentro del cuarto oscuro. A la hora de contar los votos, el peronismo obtuvo más del doble de votos que el JxC de entonces: 512.853 a 201.831. Esta vez se verá.

A todo o nada

En la capital tucumana se producirá el enfrentamiento de mayor alto voltaje. Desde hace cuatro años gobierna JxC con el intendente Germán Alfaro, que a nivel nacional se alineó con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta que, de todos modos, no le sirvió para su ambición de ser el candidato a gobernador por la oposición, postulación que recayó en el radical Roberto Sánchez.

Alfaro no puede reelegir por imperativo constitucional pero como resultado de la negociación interna en JxC, se reservó para sí la elección del nombre de quien pretende que lo suceda en la intendencia. Eligió a la senadora nacional Beatriz Ávila, su esposa, quien enfrente a la diputada nacional Rossana Chahla, del FdT, exministra de Salud de Tucumán, que logró alinear detrás de sí a todo el peronismo de San Miguel de Tucumán. El oficialismo provincial se ilusiona con que podrá recuperar San Miguel de Tucumán porque a un mes de las elecciones, el alfarismo le lleva una ventaja de dos puntos, de acuerdo a una encuesta de la Casa de Gobierno, según contó una fuente a elDiarioAR. En 2019, a esta altura esa distancia era cercana a los 11 puntos y fue imposible de remontar en cuatro semanas.

Por esta razón, la mayor concentración de acoples de ambos espacios se dará en esta sección. Tucumán está dividido en tres: Capital, Este y Oeste. Aunque JxC tiene cuatro de 19 intendencias, se aferra a este bastión porque se trata de la administración que garantiza la columna vertebral opositora por tratarse del segundo presupuesto más grande de Tucumán, después de la administración provincial.   

El próximo y más importante paso de la Junta Electoral Provincial, antes de las elecciones del 14 de mayo, será este miércoles 19 cuando emita su dictamen con las oficialización de las fórmulas y listas. 

DC/MG