La decisión de la justicia española de suspender el derecho al voto de los descendientes del exilio, dice Mariana Figueroa, la hizo sentir “una ciudadana de segunda”. Esta arquitecta de 62 años se confiesa indignada y triste, y asegura que la negativa del Tribunal Supremo “pone en riesgo la reparación histórica”. Ella, como los otros argentinos que han prestado su testimonio a elDiario.es, obtuvieron el pasaporte español o están a la espera de hacerlo gracias a la llamada ley de nietos sancionada en 2022 dentro de la Ley de Memoria Democrática.

El Consulado General de España en Buenos Aires acumuló desde entonces 645.000 solicitudes. Sin embargo, la cifra de nacionalizados ronda los 30.000; y, de ellos, menos de la mitad pidió el alta en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Los expedientes que están en trámite seguirán su proceso, pero no se darán de alta en el censo.

En todo caso, la paralización cautelar del Supremo determina que ni unos ni otros podrán ejercer su derecho a voto hasta que haya una sentencia sobre el fondo del asunto, que fue llevado a la Justicia por Vox y el partido extraparlamentario Iustitia Europa.

El embate de los ultras se dirigió contra la Junta Electoral Central (JEC) y la instrucción expedida por el Ministerio de Justicia que establecía una “presunción general de exilio” para facilitar los trámites de quienes abandonaron España en la Guerra Civil o los primeros años de la dictadura franquista –entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955– sin exigir una prueba documental minuciosa. Ahora sí tendrían que probar que el exilio tuvo que ver con razones “políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual”, como recogía la disposición de la ley.

“Me parece una falta de consideración de la justicia, una quita de derechos ciudadanos, porque se exigen documentos del exilio que muchas familias no conservaron. La gente se vino en barco con lo que tenía. Así llegó mi bisabuelo con mi abuela desde Valencia tras la Guerra Civil”, señala María del Pilar Moura Santángelo, que ya tiene la nacionalidad española.

A esta abogada de 32 años le preocupa que el Poder Judicial “avasalle” a otro poder del Estado, y sea desconsiderado con las condiciones de emigración. “Hay división de poderes, el Parlamento ya se pronunció y ahora la Justicia pone requisitos adicionales que no incluía la ley”, se queja.

“Soy española, ¿qué más me van a restringir?”

Griselda Díaz Marchi tiene 52 años, es nieta de asturianos y cuenta con la nacionalidad española desde 2024. “Me parece tremendo el fallo judicial, porque es uno de nuestros derechos, el derecho político, poder votar, elegir a nuestros representantes, aunque nosotros no vivamos allá, en mi caso, por ahora. Dentro de mis proyectos está poder ir a vivir a España. Soy trabajadora social y revalidé el título para poder trabajar allá, si es que se concreta este proyecto. ¿Qué más nos van a restringir? ¿La posibilidad de trabajar, la posibilidad de votar? Yo soy española, tengo sangre española, no me van a quitar la identidad”.

Díaz Marchi señala también el componente ideológico. “Hay una clara agresión hacia Pedro Sánchez, que tiene una política distinta a la del resto de Europa, y quieren quitarnos la posibilidad de reelegirlo o elegir a otro presidente que continúe con estas políticas”, asegura.

Aunque en las elecciones generales de 2023 hubo bastante expectación y se preveía que el voto exterior podía alterar los resultados en hasta nueve provincias, la realidad tras el recuento fue menos sustanciosa: movió apenas un escaño en Madrid, que pasó del PSOE al PP.

La derecha española ha buscado instalar la hipótesis de que la masa de nuevos electores en Argentina actuaría como una suerte de provincia con más peso que la mayoría de los distritos peninsulares. Sin embargo, no existe un distrito electoral fuera de las fronteras; cada voto emitido en el exterior se asigna a la región española donde residieron los ciudadanos españoles o sus antepasados.

“Mi abuela María González vino de niña desde el pueblo de Cantalpino, cerca de Salamanca. Me lo sé de memoria al pueblito. Hice la reconstrucción familiar; somos un montón de hermanos y solo yo hice el trámite de nacionalidad. Siento tristeza”, cuenta Figueroa. Para ella, se trata de “un acto discriminatorio”. “Me parece que existe un temor de que algunos votos no vayan en la dirección de unos determinados intereses”.

“Es un golpe a la identidad”

Diego Pérez, de 52 años, sigue a la espera del trámite de su nacionalidad, que inició en 2023. “Mi bisabuela paterna, Julia Fernández, vino en un barco, se fue al campo, a Olavarría (provincia de Buenos Aires), y no se documentó por miedo, durante años. Vino de Crémenes (León) con lo puesto y nunca más volvió”, relata. Y asegura que la decisión del Supremo le indigna porque “más allá del reconocimiento de la ciudadanía, es un golpe a la identidad”. Y recuerda que la ley de nietos supone un reconocimiento a aquellos españoles que se vieron obligados a irse del país: “Es un homenaje a esa gente que se la jugó”.

Pérez, empleado público, adhiere a la idea de que se trata de una medida ideológica. “Así planteado, parece que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda; es netamente ideológico. Vemos cómo la Justicia empieza a contaminarse la justicia con lo que dice el fascismo. Yo espero que España empiece a mirar con atención lo que está pasando en Alemania, con el triunfo de la ultraderecha en Sajonia-Anhalt”.

Para Mariana Rodríguez Mora, la resolución judicial es parte de un contexto global que busca poner cada vez más trabas a los migrantes, aun cuando este tipo de leyes reconocen derechos surgidos de otras migraciones, como en el caso del exilio español.

“La ley de nietos ha representado un avance en la reparación para los descendientes del exilio”, señala esta trabajadora social de 29 años, que inició el trámite de nacionalidad española después de que lo hiciera su madre, porque quien emigró a Argentina fue su bisabuela, desde La Rioja. “Negar el voto a nacionalizados residentes fuera de España responde a resistencias políticas; es negar que la gente migra en busca de mejores condiciones de vida, como fenómeno histórico y natural”.

 Los restos del fundador del movimiento fascista Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, fueron exhumados este lunes del anteriormente llamado Valle de los Caídos, construido por el dictador Francisco Franco.

La tumba ocupaba un lugar “preeminente” en la basílica de dicho monumento, algo contrario a lo que estipula la Ley de Memoria Democrática en España, aprobada el pasado año, que también renombra ese lugar como Valle de Cuelgamuros, ubicado en las cercanías de Madrid.

Los restos de Primo de Rivera permanecieron allí desde la inauguración del recinto hace 64 años, en un lugar próximo a la sepultura de Franco, que permaneció enterrado en el mismo lugar desde su muerte en 1975 hasta su exhumación en 2019, por decreto del Gobierno.

Por decisión de la familia, los restos del fundador de la Falange serán inhumados en el cementerio madrileño de San Isidro, el más antiguo de la capital, donde están enterrados otros familiares, como sus hermanos Miguel y Pilar.

Exhumación acordada

Los trabajos para la exhumación de Primo de Rivera comenzaron a primera hora de la mañana de este lunes, a puerta cerrada y sin presencia de autoridades ni de prensa, coincidiendo con el 120 aniversario de su nacimiento.

El ataúd fue trasladado hasta el cementerio en un coche fúnebre, escoltado por la Guardia Civil y por una larga comitiva, donde viajaban sus familiares.

Todo el proceso se acometió de acuerdo entre el Gobierno y la familia y estuvo exento de la enorme expectación mediática y polémica política que en octubre de 2019 acompañó la exhumación del dictador.

Un centenar de personas, entre ellas muchos curiosos, se acercaron a las puertas del cementerio de San Isidro para esperar los restos, varios de ellos con camisetas y brazaletes con la bandera de España, así como de banderas de la Falange y su simbología, en un ambiente de cierto malestar por la exhumación y la actitud de la familia de Primo de Rivera, que decidió hacerla de manera privada.

Primo de Rivera fue fusilado en 1936, año en que comenzó la Guerra Civil española, tras ser condenado por conspiración y rebelión militar contra el Gobierno de la Segunda República por un tribunal popular.

Su muerte, a los 33 años, lo convirtió en una figura mítica entre los sublevados contra la república y más tarde entre los partidarios del franquismo.

Sus restos pasaron por varias ubicaciones a lo largo de la historia. Tras su enterramiento en Alicante (este), donde fue fusilado, su féretro se trasladó, al finalizar la Guerra Civil en 1939, al monasterio del Escorial, lugar de enterramiento de los reyes de España, en una procesión a pie que duró diez días.

En 1959, tras la construcción del Valle de los Caídos, fue enterrado allí, en un lugar preeminente, hasta que hoy fue exhumado.

Ley de Memoria

La exhumación de los restos de Primo de Rivera responden a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que impide la presencia de restos mortales en ningún lugar “preeminente” del recinto, como era el caso.

Además, establece que se resignifique este lugar, que desde su construcción se convirtió en símbolo del franquismo, y en él solo podrán yacer los restos de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil (1936-1939), como lugar de reconocimiento y homenaje a las víctimas, y se le considera un cementerio civil.

Primo de Rivera, como víctima de la contienda podría enterrarse en la cripta, pero su familia prefirió que estuviera enterrado en un cementerio católico.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, afirmó que la exhumación de los restos del fundador de la Falange se produjo con “absoluta normalidad” y destacó la importancia de haber hecho este trabajo con “todo el rigor científico y técnico y con todo respeto y acompañamiento a su familia”.

En aplicación de la Ley de Memoria Democrática también exhumaron los restos del general franquista Gonzalo Queipo de LLano de la Basílica de la Macarena de Sevilla (sur) el pasado mes de noviembre.

EFE