En el reciente y galardonado film El Conde el reconocido cineasta Pablo Larraín imagina aún entre nosotros a Augusto Pinochet como un vampiro inmortal, que sigue perturbando y viviendo a costa de los chilenos. Lejos de ser una artística metáfora, pareciera que el rechazo mayoritario del plebiscito del 17 de diciembre se ha vuelto una sensación tangible, donde los chilenos parecen condenados a vivir indefinidamente bajo la matriz constitucional pinochetista. 

El pasado domingo el pueblo trasandino votó por quinta vez para cambiar su Constitución (entre elecciones a convencionales y plebiscitos del último lustro), rechazando ahora en plebiscito al último proyecto reforma de inspiración conservadora que con ligeros cambios, pretendía meramente actualizar al texto vigente, sancionado hace más de 40 años en periodo de dictadura  y con fuerte inspiración de perpetuación del régimen dictatorial de entonces (signado por un esquema neoliberal, estratificación social de limitada movilidad y un estado mínimo y subsidiario).

En 2019 recorrió todo el largo y angosto país un clamor popular de reforma profunda del sistema vigente, en forma de estallido social que fue coronado por un acuerdo nacional para iniciar un proceso de renovación constitucional en Chile.

Tras décadas de retoques a la Carta Magna trasandina (las del presidente socialista Ricardo Lagos como insignia), en 2019 recorrió todo el largo y angosto país un clamor popular de reforma profunda del sistema vigente, en forma de estallido que fue coronado por un acuerdo nacional para iniciar un proceso de renovación constitucional.  

Constitución es consenso

En Chile toda reforma constitucional debe ser plebiscitada con la sociedad, que la legitima o no con su voto, y así ahorra experimentos sociales más costosos si las reformas son demasiado profundas o no. Constituciones efímeras como la de la República de Weimar en Alemania en 1919 o la peronista en la Argentina de 1949 demuestran que si no hay fuerte consenso cívico no puede imponerse un nuevo modelo social y político en forma prolongada.

En este punto, es dable reseñar que el ejercicio de diseño de una sociedad (poder constituyente) es una de las facetas más delicadas de lo político y de lo jurídico, e históricamente se ha debatido en la academia sobre la conveniencia de tipologías de estructuración democrática o tecnocrática, Por tanto tiempo, que casi podría decirse desde hace más de dos milenios, cuando nacía una dialéctica filosófica que impacta aún hoy en día en toda organización política. Mientras Aristóteles sostenía la conveniencia de un autoridad surgida entre iguales, su maestro Platón solo confiaba en una dirección elaborada por sabios, una elite técnica gobernante, y costó largos siglos llegar a una visión contractualista superadora, que sintetizara ambas por medio del diálogo y la interacción republicana y democrática. 

Una convención aristotélica a la izquierda (sin la derecha)

Tras los Andes, el primer intento de reforma reciente fue en formato de convención al modo artistotélico (confiando en una representación fidedigna del tejido social), que duró más de un año y tuvo una impronta fuertemente reformista, tras un avasallante triunfo de la izquierda en la elección a convencionales. Por mayo del 2022 fui invitado al trabajo de la Convenciòn y pude entrevistar a representantes de todo el espectro, pasando por representantes indígenas (fruto de un inédito cupo representativo), defensores ambientales y de acceso al agua (un gran problema en la nación vecina), enfermeros y educadores de a pie, militantes universitarios (como lo fue el propio presidente Boric), políticos profesionales y unos pocos representantes de la derecha. A partir de esa experiencia y del fruto normativo proyectado publiqué en elDiarioAR un análisis.

En “El Mundial de Chile: una crónica argentina del proceso constituyente trasandino” anticipaba la oportunidad histórica de poner fin a una etapa de conservadurismo arcaico que congelaba una sociedad desigual en acceso a derechos básicos como la salud y la educación, pero con la advertencia obvia de que un texto que había sido diseñado con total olvido de la derecha (ausente totalmente en el debate convencional y parte fundamental de la sociedad chilena) y por un cuerpo constituyente jaqueado por un proceso largo y engorroso se había deslegitimado frente al pueblo.

El texto repudiado en 2022 había sido diseñado con olvido de la derecha (ausente en el debate convencional pero parte fundamental de la sociedad chilena) por un cuerpo constituyente jaqueado por un proceso largo y engorroso, deslegitimado frente al pueblo

Ese progresismo extremo (sin el matiz que hubiese salido de una negociación con la derecha) asustó a los ciudadanos, y el resultado del plebiscito del 2022 fue de amplio rechazo, lo cual motivó el reinicio de un nuevo proceso más tradicional y con formato a lo platónico o de sabios. 

Un proceso platónico a la derecha (o la ultraderecha)

Durante este 2023, se transitó progresivamente por un acuerdo parlamentario de bases de 12 puntos (imprecisos y genéricos), luego trabajado por una comisión de expertos (con mayoría de juristas) y finalmente tratado por una Convención corta (con fuerte representación de la derecha), que ha derivado en un proyecto normativo algo insípido y bastante conservador que poco innova en reformas cruciales de diseño social que exigió fervorosamente la ciudadanía allá por el 2019 en materia de igualdad y presencia activa del Estado. Las críticas del rechazo (que ha ganado por 10 puntos) tildaban al proyecto como de ultraderecha, al lado del actual texto de derecha.  

El texto rechazado el 17 de diciembre de 2023 en el segundo plebiscito de la era Gabriel Boric había sido tildado por sus detractores como ultraderecha, es decir, como más extremista que el actual texto vigente de derecha pinochetista modelo 1980.

Pues bien, este nuevo rechazo plebiscitario ha coronado el proceso constitucional al menos durante el gobierno actual a palabras del propio presidente, por lo que al menos por unos años más continuará este estado de limbo constitucional, donde -como el Conde- Pinochet todavía influye en el diseño de una sociedad desigual (con fuertes restricciones a la salud y a la educación públicas), con un Estado mínimo y subsidiario, políticas de seguridad de contención, y el desarrollo económico de una elite conformada por familias tradicionales. 

Del status al contrato, de ganar una elección a plebiscitar una Constitución

En este contexto, vale el ejemplo de este proceso del país hermano para analizar contrapuntos propios de un mal de época: la futilidad de las grietas ideológicas para trazar políticas de largo plazo con olímpica elusión a la contraparte del espectro político. No hay posibilidad de grandes políticas sin grandes consensos previos.  Es que para avanzar se precisan “todas las voces, TODAS…” como reza la mítica “Canción con Todos”, un clásico latinoamericano inmortalizado por Mercedes Sosa. 

Y es por eso, si se trata de pactar un nuevo mapa social, de diseñar un nuevo horizonte para todo un país, pareciera fundamental la irrupción de posturas dialoguistas y renovadoras que tiendan puentes entre las orillas y permitan cumplirse buena parte de las demandas de cambio y renovación que la sociedad exige. Los extremos ideológicos y las vertientes antagónicas pueden ser buenas tácticas para ganar debates y hasta elecciones en el corto plazo, pero son pésimas estrategias para construir puentes firmes para el futuro de toda sociedad: es que después de la antítesis de Platón y Aristóteles, llegamos al contractualismo de Hobbes y de Rousseau que potenció las revoluciones democráticas modernas, y sintetiza la visión contemporánea sobre la evolución social. 

Y si, esto vale tanto para uno como para el otro lado de los Andes, es hora de alejar vampiros y fantasmas omnipotentes del pasado y volver a confiar en el diálogo y el consenso de los vivos y sufrientes. 

AGB

Tras el voto de rechazo por parte de más del 60% de la población a la propuesta de nueva Constitución en septiembre pasado ―en la que destacaba la inclusión de temas ambientales y relacionados al cambio climático― Chile vuelve a entrar de lleno al debate por una nueva Constitución que reemplace la de 1980, herencia de la dictadura de Augusto Pinochet.

Este proceso político comenzó en 2019, cuando miles de chilenos salieron a las calles a protestar por el alza del costo de la vida y múltiples otras demandas que se sintetizaron en un pedido de nueva Constitución.

Con una pandemia, un cambio de gobierno ―del empresario Sebastián Piñera al joven Gabriel Boric― y un proceso fallido de por medio, ahora 50 nuevos consejeros constitucionales son los encargados de proponer un nuevo texto a la ciudadanía. Tienen solo unos meses para la tarea, ya que el cronograma establece un nuevo plebiscito nacional a fines de 2023.

A diferencia del proceso anterior, liderado por una asamblea constituyente de 155 miembros, los nuevos consejeros no comienzan con una “hoja en blanco”. El gobierno de Gabriel Boric promovió un nuevo proceso constituyente y acordó con la oposición un mecanismo donde el protagonismo lo tienen los partidos políticos.

Las organizaciones con representación en el Congreso designaron a una “Comisión Experta”, que definió un anteproyecto de Constitución. El texto, ya disponible, es la base para el trabajo de los 50 consejeros electos. Sin embargo, gran parte de la incertidumbre del actual período radica en el rol que tendrá la extrema derecha chilena, representada por el Partido Republicano.

Con 23 de los 50 consejeros, los republicanos arrasaron en las elecciones de mayo pasado, lo que les entregó poder de veto para todas las normas de lo que será la nueva propuesta constituyente.

¿Qué papel jugarán el medioambiente y el cambio climático en la nueva Constitución chilena?

La propuesta de los expertos

Una encuesta publicada por el centro de estudios Espacio Público sobre las percepciones y expectativas frente al proceso en curso arroja que el 89% de las personas ―independientemente de la región en la que viven, su situación socioeconómica, su género y la opción votada en el plebiscito de septiembre― califican como “muy importante” la presencia del ambiente en la nueva Constitución. Es el segundo tema de mayor importancia, solo por debajo de derechos sociales con 91%.

Alexis Cortés es profesor de sociología de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago y fue uno de los expertos designados por los partidos políticos para redactar el anteproyecto de Constitución. Participó de la subcomisión de “Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales”, desde donde se redactaron las normas ambientales. A su juicio, el anteproyecto logra hacerse cargo de esta demanda ciudadana.

“El debate tuvo bastantes dificultades pero logramos un entendimiento que es bastante valorable por el resultado. Si bien los seis artículos que se incluyeron [en el capítulo ”protección al medioambiente, sostenibilidad y desarrollo“] son pocos, en términos cualitativos representan un avance sustantivo y ponen al país en una posición de avanzada en estos temas”, afirma.

La protección ambiental se sigue viendo como una amenaza al desarrollo económico

Pilar Moraga — Directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile

El primer artículo del capítulo de medioambiente del anteproyecto sostiene que “la protección del medioambiente, la sostenibilidad y el desarrollo están orientados al pleno ejercicio de los derechos de las personas, así como al cuidado de la naturaleza y su biodiversidad, considerando a las actuales y futuras generaciones”.

Para abogadas y abogados ambientales que han seguido el debate, el texto dista mucho de los estándares ambientales que alcanzaba la propuesta rechazada, pero logra algunos avances con respecto a la Constitución vigente.

Aunque el anteproyecto mantiene el régimen de propiedad privada sobre el agua a través de derechos de aprovechamiento, también reconoce el derecho humano al agua y su carácter de bien nacional de uso público a nivel constitucional. Chile sufre desde hace 13 años una megasequía que ha agotado los suministros y provocado tensiones en varias regiones.

“Esto podría ayudar a resolver problemas hídricos porque el interés de los privados debe alinearse al interés público y al bien común, lo que implica proteger los ecosistemas que permiten que el ciclo del agua siga funcionando”, explica el abogado y director de la ONG FIMA, Ezio Costa.

Otro avance es que se incluyen explícitamente deberes del Estado, y también de las personas, sobre la protección ambiental. “Esto puede dar un campo de acción más amplio en el ámbito judicial. Pero en términos de legislación y de un modelo económico que integre la protección ambiental, no hay un avance tan importante. Se mantiene el status quo, lo que ante la crisis climática que vivimos genera un desfase muy grande”, reflexiona la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Pilar Moraga.

Llegar al texto actual no fue fácil, considerando que entre las y los expertos elegidos por los partidos, no hay ninguna persona con trayectoria en derecho ambiental.

“La protección ambiental se sigue viendo como una amenaza al desarrollo económico, y esa tensión se puede ver en los partidos políticos y en los expertos que designaron. En el ámbito político, aún no se logra visualizar una correlación entre lo económico y lo ambiental en vez de una supremacía de lo económico”, analiza Moraga.

La incertidumbre republicana

Justo antes de la inauguración del nuevo Consejo Constitucional, el propio presidente, Gabriel Boric, dio un respaldo abierto al anteproyecto: “Los expertos han realizado un trabajo muy serio, donde nadie ha quedado plenamente conforme. Nadie ganó el 100%, pero es un texto que es aceptable para todos quienes fueron parte de su deliberación”, agregando que él votaría a favor de un texto así.

Y es que con el triunfo republicano, defender el anteproyecto de los expertos parece ser la consigna. “La propuesta de la Comisión Experta pone un piso muy mínimo en lo que podemos considerar como protección constitucional del medioambiente. Viendo cómo quedó conformado el Consejo Constitucional, ese mínimo va a haber que defenderlo. El primer desafío es que no se retroceda”, reflexiona Moraga.

Hace solo unas semanas, 31 parlamentarios de derecha ―liderados por representantes republicanos― rechazaron una declaración que reconocía la incidencia de la acción humana en el cambio climático.

Ahora, los consejeros electos recibirán el anteproyecto de Constitución y podrán formular enmiendas en las distintas comisiones, que serán finalmente revisadas por el pleno. Los republicanos tienen 23 votos, lo que les permite ejercer poder de veto. Es decir, tienen la fuerza suficiente para impedir la aprobación de cualquier artículo.

Si suman la representación de la derecha tradicional, superan los 30 votos necesarios para la aprobación de cualquier norma. Unidad para Chile ―el actual oficialismo, suscriptores del gobierno de Gabriel Boric― solo tiene 16 escaños, mientras que hay un representante de pueblos indígenas. Esto ya tuvo repercusiones en la conformación de las comisiones. En todas la derecha tiene la presidencia y la mayoría de votos.

Para Alexis Cortés, ahora será más difícil avanzar en normas ambientales. “Los republicanos perfectamente podrían escribir o reescribir la Constitución. Entonces si uno toma en consideración la receptividad de alguna de estas propuestas durante la Comisión Experta, las chances de que avancen son más bajas, pero es distinto a que este tipo de propuestas las sugieran comisionados expertos del mundo de la izquierda a que sea la sociedad la que instale estos debates como urgentes”, afirma.

Nadie ganó el 100%, pero es un texto que es aceptable para todos quienes fueron parte de su deliberación

Gabriel Boric

De todas maneras, desde el mundo ambientalista apuestan a ampliar y mejorar el contenido disponible hasta ahora. Temas como la creación de una Defensoría de la Naturaleza, principios de protección ambiental (precautorio, prevención, equidad intergeneracional) y derechos de acceso a información ambiental no lograron entrar al anteproyecto.

El proceso constitucional también contempla participación ciudadana, con 54 propuestas de artículos ya presentadas que serán discutidas por el Consejo Constitucional. Organizaciones académicas y de la sociedad civil se están organizando para incidir en el proceso y ampliar la protección ambiental. Ezio Costa revela que se están coordinando diversas organizaciones “para presentar entre todas y todos los mejores proyectos populares de norma, conseguir las firmas y ojalá lograr que queden en la nueva Constitución”.

Este artículo se publicó originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

El ultraderechista Partido Republicano, partidario de mantener la actual Constitución chilena, se impuso este domingo en las elecciones constituyentes con un 35,5 % y consiguió al menos los 20 consejeros necesarios para tener poder de veto en el órgano constitucional, con el 95,1 % de los votos escrutados.

En segundo lugar, quedó la lista Unidad Para Chile (28,3 %), integrada por la mayoría de los partidos que integran la coalición oficialista (el Frente Amplio del presidente Gabriel Boric, el Partido Comunista y el Partido Socialista), mientras que la tercera posición fue para la derecha tradicional, aglutinada en Chile Seguro (21,2 %) y en la que se integran UDI, Renovación Nacional y Evópoli.

Muy por encima de lo que pronosticaban las encuestas, la extrema derecha y la derecha tradicional tienen mayoría absoluta juntas y consiguen más de los 30 escaños necesarios para aprobar las nuevas normas constitucionales sin necesidad de pactar con la izquierda y marcar el rumbo así de la nueva propuesta de Carta Magna.

Boric, autocrítico

El presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió este domingo al ultraderechista Partido Republicano “actuar con sabiduría y templanza” tras su apabullante triunfo.

En cadena nacional, el mandatario instó asimismo a “no cometer los mismos errores” de la izquierda durante el primer proceso constitucional, que fracasó el pasado septiembre cuando el 62 % de los chilenos rechazó la primera propuesta de Carta Magna.

“El proceso anterior, debemos decirlo, fracasó porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar desde ya al Partido Republicano a no cometer el mismo error que cometimos nosotros”, indicó el gobernante.

El ganador Partido Republicano, creado en 2019, está liderado por José Antonio Kast, quien perdió contra Boric en las elecciones de 2021 y es un defensor acérrimo del modelo económico neoliberal instaurado en Chile por la dictadura militar (1973-1990).

“Que nunca más el sectarismo se apodere de nuestra patria”, dijo un Kast eufórico en la sede de su partido.

“Los chilenos necesitamos con urgencia hoy que este gobierno comience a gobernar y se haga responsable y sea responsable de garantizar el orden, la prosperidad y la paz para todos nuestro compatriotas”, añadió el ultraderechista, que militó en la conservadora UDI durante casi dos décadas.

La ultraderecha arrasó en la mayoría de las 16 regiones de Chile e incluso se hicieron con feudos tradicionalmente de la izquierda, como la Región de Valparaíso o la Metropolitana, donde se encuentra la capital.

“Tenemos una tremenda responsabilidad y estamos convencidos que no vamos a cometer los errores de la izquierda en su proceso. Chile no tiene otra oportunidad”, indicó por su parte Juan Antonio Coloma, diputado de la UDI.

Con el 90,6 % de los votos escrutados, se desconoce aún el reparto final de los 50 consejeros que redactarán la nueva propuesta de Constitución, pero todo indica que ni la lista de centro-izquierda Todo por Chile ni el Partido de la Gente (derecha populista) no alcanzarán el porcentaje suficiente de votos para entrar en el consejo.

Todo por Chile obtuvo solo el 8,9 % de los votos y está conformada por el oficialista Partido por la Democracia y la Democracia Cristiana, que no es propiamente oposición pero tampoco integra el Gobierno.

El último lugar fue para el Partido de la Gente, que apenas consigue un 5,4 % de los votos, pese a que era una formación que parecía despuntar en las últimas encuestas y se vio afectada por un caso de narcotráfico en una de sus candidatas.

“El Partido Republicano no quería una nueva Constitución. Ahora que tienen mayoría, la pregunta es si la derecha tradicional va a ser su vagón de cola”, indicó Juan Ignacio Latorre, del Frente Amplio.

Para Claudia Heiss, de la Universidad de Chile, el resultado de este domingo “es un tsunami republicano completo”.

“Tienen la posibilidad de vetar y en este escenario lo más probable es que la constitución que salga de este proceso no sea una constitución habilitante. Es una garantía del 'statu quo' y el fortalecimiento de las opciones presidenciales de los republicanos”, expresó.

Los 50 consejeros -25 hombres y 25 mujeres- tomarán posesión el próximo 7 de junio y tendrán cinco meses para redactar la propuesta de texto, que se someterá a plebiscito el 17 de diciembre.

El mismo día de la instalación, los consejeros recibirán un borrador que 24 expertos designados por el Parlamento llevan redactando desde marzo y que cumple con 12 principios básicos acordados a priori por los partidos para evitar una propuesta refundacional como la anterior.

EFE