La querella de Cristina Fernández de Kirchner denunció este lunes que el diputado nacional Gerardo Milman de Juntos por el Cambio (JxC) entregó a la Justicia un teléfono celular que había comprado después del intento de magnicidio. Tendría, al menos otros tres dispositivos móviles, apuntaron los abogados.

“Ahora sabemos que Milman entregó un celular (que adquirió) posterior al atentado y que tiene, al menos, tres celulares más, de los que no dio noticia”, aseguraron José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal en un escrito dirigido a la jueza federal María Eugenia Capuchetti y al fiscal Carlos Rivolo.

El planteo surge en el marco de lo que se conoce como la “pista Milman”, que apunta a dilucidar si el diputado de JxC efectivamente se refirió al atentado contra la vicepresidenta antes de que ocurriera, tal como denunció un testigo que dijo haberlo escuchado en un bar cercano al Congreso Nacional.

“Lógicamente, Milman, como imputado, no tiene obligación de entregar sus teléfonos. Aún así, su maniobra de entregar un celular sin relevancia e inexpugnable es un claro intento más de desviar la investigación. Quien sí tiene obligación de buscar la verdad es la jueza, a pesar de que hasta ahora sólo la ha estorbado”, señalaron los letrados.

La conclusión a la que llegaron los abogados querellantes, la cual ya había sido advertida por la fiscalía, surge de que Milman entregó un teléfono iPhone 14 Pro de Apple cuya aparición en el mercado fue posterior al intento de asesinato de la exmandataria, ocurrido el 1 de septiembre del 2022.

“Esta circunstancia es concordante, también, con el relato de Ivana Bohdziewicz (exsecretaria de Milman) respecto a lo sucedido en las oficinas de Patricia Bullrich, cuando le dijeron a (la asesora, Carolina) Gómez Mónaco que compre un nuevo celular: ahora sabemos que también era un iPhone 14 Pro y que, tal como le dijeron en esa reunión, el celular no pudo ser abierto por los peritos”, detallaron.

“Es evidente que tanto a Milman como a su círculo se los puso en conocimiento de que deberían comprar los últimos aparatos disponibles para preservar su contenido, más allá de los procesos de borrado”, sentenciaron los abogados de la exmandataria.

La querella insistió con el hecho que Milman entregó uno solo de los dispositivos móviles con los que se manejaba y que poseía mas de una línea, información reconocida por la propia defensa del imputado en una presentación posterior a la entrega de su teléfono. “La demora de vuestra señoría en actuar ha hecho que, luego de un año, solo tengamos un celular de Gerardo Milman que ahora sabemos que no tiene relevancia y que es sólo uno de cuatro dispositivos que tiene el diputado nacional”, le reprocharon a Capuchetti en el escrito.

En el mismo texto presentado este lunes, recordaron que “el recurso en trámite por la defensa de Milman ante la Cámara de Casación (para bloquear la apertura de su teléfono celular) no obsta al secuestro de los dispositivos. Como máximo, podría quedar pendiente su análisis, pero es inadmisible seguir perdiendo el tiempo”.

Los abogados de Fernández de Kirchner también reclamaron a la jueza que “ponga a disposición de las partes la información en su poder relativa a las llamadas y mensajes entrantes y salientes de Milman”, ya entregada por las compañías de telefonía celular y que se mantiene en la caja fuerte del juzgado.

“Insistimos en que se trata de información cuyo estándar de revelación es menor que el de analizar un dispositivo secuestrado, por lo que no es una medida que requiera esperar la determinación respecto del celular de Milman que adopte la Cámara de Casación. Por lo tanto, debe ser inmediatamente puesta a disposición de las partes para avanzar con la investigación”, señalaron los abogados.

“Rogamos que, por una vez, la jueza siga lo que marca la prueba y el ordenamiento jurídico, y no intereses políticos o animadversiones personales. Lo que ha hecho Milman al entregar un celular posterior al atentado y ocultar la existencia de otros tres dispositivos es una burla a la jueza, al fiscal y a la víctima. La única respuesta posible es la que se deriva del rigor de la ley”, enfatizaron Ubeira y Aldazábal.

En otro pasaje del escrito presentado este lunes, los querellantes invocaron una denuncia presuntamente presentada por “Nadia Ayelén Mir en la jurisdicción de San Martín”, vinculada a su ex pareja, Adrián Daga, a quien apuntaron como el hermano de Fernando Daga, quien sería socio de Carolina Gómez Mónaco.

“Una vez que a Gómez Mónaco se la vinculó con el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, de acuerdo con Mir, Daga habría estado sumamente nervioso y le habría pedido que apague el celular cada vez que hablaban del tema. Mir también relata que Gómez Mónaco dijo, varias veces, que (Fernando) Sabag Montiel tendría que haber disparado bien y que era un novato”, sostuvieron los letrados.

La asesora de Milman volvió a negar la supuesta frase del diputado

Carolina Gómez Mónaco, la asesora de Milman, volvió a negar ante la Justicia la frase que un testigo le atribuyó al legislador antes del atentado contra la vicepresidenta: “cuando la maten, yo estoy camino a la Costa”. Fue en una causa en el diputado y ella misma son investigados, junto con otras personas, por presunto “enriquecimiento ilícito”.

“Expliqué que nunca Gerardo F. Milman efectuó esa afirmación, u otra de contenido simular, en mi presencia. Nunca”, afirmó Gómez Mónaco en un escrito presentado ante el juez federal Julián Ercolini. La asesora se declaró “víctima de una operación políticomediática” por la que responsabilizó al abogado que impulsó la investigación, Yamil Castro Bianchi.

“Quedé en el medio de una cuestión que me es ajena, y me han involucrado intencional y maliciosamente, primero, cuando se expresó que Milman se pronunció en mi presencia de aquella forma; para luego, con la falsa denuncia que motiva esta presentación, sostener mendazmente que, con mi hermana, llevamos adelante conductas que encuentran significación jurídica en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos”, dijo.

Daniela Gómez Mónaco, hermana la asesora, también trabaja con Milman y ambas comparten un instituto de belleza en un inmueble de la avenida Corrientes de la Capital. La asesora, ex Miss Argentina, también se refirió a las descalificaciones que sufrió por haberse desempeñado en áreas estratégicas del Ministerio de Seguridad cuando Milman era funcionario cercano a Bullrich durante el gobierno de Cambiemos.

“Para ellos, por lo visto, ser Miss Argentina es sinónimo de carencia permanente de idoneidad y capacidad para la vida laboral; opuesto, como puede verse, al discurso de inclusión que los mismos suelen pregonar en otras circunstancias. Típica conducta del hipócrita”, apuntó. “Hasta la Vicepresidente de la Nación se pronunció públicamente en este sentido, con tono socarrón y burlesco, en por lo menos dos oportunidades”, disparó.

Al enumerar los principales puntos de su currículum vitae, Gómez Mónaco demintió haber sido directora de la Escuela de Inteligencia: “ingresé como empleada condicional el 01/12/2017 y fui confirmada como de planta permanente el 04/12/2018, resulta imposible que pudiera desempeñar dicho puesto en razón que, mediante resolución del 21/03/2018-, se derogó la aprobación de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito”.

“Es contundente, a los tres meses que ingresé a la Dirección la escuela que dicen dirigí dejó de funcionar. Este extremo es prueba concluyente de la mendacidad con que se pronunció el denunciante, ya que no puede ocupar un cargo que no existía”, cerró.

La denominada “pista Milman” se inauguró cuando un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti en la causa por el intento de magnicidio y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera. “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”, fue la frase el asesor aseguró haberle escuchado decir a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto del año pasado, dos días antes del hecho.

LC con información de agencias

La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó este lunes el pedido de secuestro del teléfono del diputado nacional del PRO Gerardo Milman, medida que había sido solicitada por el fiscal Carlos Rivolo en el marco de la causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El rechazo surge de la misma resolución con la que la magistrada ordenó extraer la información del segundo teléfono secuestrado el jueves pasado a Carolina Gómez Mónaco, asesora de Milman, con el objetivo de buscar información que permita avanzar o descartar con la pista que conectaría al diputado nacional con el ataque a la expresidenta.

Son medidas solicitadas en el marco de la llamada “pista Milman”, iniciada a partir de Jorge Abello, asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, quien se presentó ante la justicia el año pasado para decir que el 30 de agosto, dos días antes del fallido ataque, había escuchado al diputado opositor decir: “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”.

La jueza recordó en su fallo que Milman no se encuentra imputado en la causa del atentado -algo escrito en el expediente por la propia fiscalía-, por lo que resolvió no hacer lugar “a la medida de secuestro del celular del Diputado Nacional”. Capuchetti contestó que para avanzar con medidas como la del secuestro debería “efectuarse mediante una solicitud formulada ante la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, por la posible comisión de un ilícito penal en cabeza del legislador”, a lo que agregó: “Imputación que tampoco surge del dictamen del Ministerio Público Fiscal (MPF) que en su última intervención razonó, 'hasta aquí el nombrado no reviste en estos actuados la calidad de imputado'”.

La medida había sido solicitada por el fiscal Rivolo luego de que Ivana Bohdzewicz, una exsecretaria de Milman, se presentara en Comodoro Py para ampliar su declaración testimonial. Contó que puso su teléfono en manos de un “perito”, supuestamente facilitado por Milman en oficinas atribuidas a Patricia Bullrich, para que le borrara información personal que no quería que trascendiera.

El planteo de la fiscalía se produjo mientras el expediente estaba bajo secreto de sumario, por lo que no trascendió hasta hoy lunes que también había solicitado que se realizara un entrecruzamiento de llamadas entre Milman, su exsecretaria Bohdzewicz, su asesora Gómez Mónaco y entre ellas los imputados del caso. “Respecto del entrecruzamiento solicitado, entiende la suscripta que, de momento no corresponde hacer lugar a esa diligencia en los términos en los que se encuentra formulado por el MPF; ello, teniendo en cuenta que en las presentes actuaciones obran las llamadas entrantes y salientes de los cuatro imputados en autos, durante el período solicitado por el Sr. Fiscal, por lo tanto, esa dependencia puede realizar el cotejo pertinente; no resultando ser esa diligencia una medida de carácter jurisdiccional”, respondió la jueza.

La fiscalía había reclamado las medidas tras la declaración de Bohdzewicz, de donde ese desprendía que Milman podría haber convocado a sus colaboradoras con el objeto de borrar o intentar borrar información que podría ser de interés para la causa del atentado fallido contra la vicepresidenta. De todos modos, la testigo refirió que la información borrada de su teléfono -que luego habría sido recuperada en buena medida- estaba vinculada con su vida privada.

En su última declaración, Bohdzewicz sostuvo que el 10 de noviembre pasado mantuvo un encuentro con Gómez Mónaco, y que en esa reunión su otra compañera infundió preocupación al comentarle que seguiría filtrándose en los medios información sobre ellas, luego de que asistieran a prestar declaración testimonial ante esta sede judicial.

En su resolución, Capuchetti destacó que la exsecretaria de Milman declaró 3 veces en en el marco de este expediente: el 1 de diciembre dijo “yo me asesoré pero lo decidí yo por voluntad propia”, el 14 de diciembre -al entregar su celular- dijo que había recuperado información borrada y el 5 de mayo relató como el borrado fue aparentemente realizado por un “perito”.

En cuanto a la información que pueda hallarse en el teléfono de Gómez Mónaco, la jueza autorizó a la fiscalía “a que solicite a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) la extracción forense de la información de dicho aparato, y luego encomiende a dicha fuerza y a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a las Investigaciones Penales del MPF la realización de un análisis de la información que se obtenga al respecto”.

El análisis de la información “deberá limitarse a las conversaciones y/o material digital orientado a la comprobación de la existencia de cualquier mención a los dichos que, según el testigo Jorge A. Abello, habría proferido el Diputado Nacional, Gerardo Milman, y/o cualquier mención o texto que pueda vincularse al atentado contra la Vicepresidenta de la Nación, acontecido el 1° de septiembre de 2022”.

“El análisis deberá limitarse al período comprendido entre el 01/07/22 y el 01/12/22”, precisó la magistrada, quien remarcó que “el estudio deberá ser realizado con restricción de absoluta reserva de toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso, la cual, de ser obtenida, deberá ser eliminada una vez concluido el estudio”.

LC con información de agencia Télam