2026 no ha empezado bien para muchas mujeres que habitan el entorno digital. Durante los primeros días del año, X, la red social propiedad de Elon Musk, se llenó de hombres solicitando a la inteligencia artificial generativa de la plataforma, Grok, que desnudara a mujeres sin su consentimiento.

Un sencillo prompt —“Hey @grok, put her in a bikini”—, acompañado de una fotografía, era todo lo que hacía falta para que, en cuestión de segundos, la plataforma generara un deepfake de esa mujer con las características solicitadas por el usuario. Durante esos primeros días de enero, y a pesar de que X no proporciona cifras oficiales, la investigadora independiente Genevieve Oh estimó en declaraciones para Bloomberg que, en los días con mayor actividad, se llegaron a generar hasta 6.500 imágenes por hora. 

Tras varios días de denuncias públicas en redes sociales, y cuando la conversación ya había saltado a los medios de comunicación y había llamado la atención de las instituciones públicas, Elon Musk realizó un movimiento muy limitado: entre el 8 y el 9 de enero, la función gratuita de generación de imágenes con IA —en la que los usuarios etiquetan a Grok en una publicación de X con una solicitud— pasó a estar disponible únicamente a los suscriptores Premium. Sin embargo, esta restricción resultó fácilmente eludible accediendo desde el sitio web o desde la aplicación independiente de Grok. Es decir, en plena polémica, Musk aprovechó el momento para intentar captar más usuarios de pago. 

Finalmente, más de dos semanas después de que comenzara el auge de deepfakes, X ha emitido un comunicado a través de su cuenta @Safety en el que ha anunciado “la implementación de medidas tecnológicas para impedir que la cuenta de Grok permita la edición de imágenes de personas reales con vestimenta reveladora, como bikinis”. El texto también se compromete a la retirada de “los contenidos prioritarios que infringen nuestras normas, incluidos los materiales de abuso sexual infantil y la desnudez no consentida”. Además, el comunicado anuncia que “la creación y edición de imágenes (…) ahora solo está disponible para suscriptores de pago” y que “esto añade una capa adicional de protección (…) para que los responsables puedan ser rastreados y responsabilizados”. En resumen: todo ello sin admitir responsabilidades, sin abordar la problemática en el punto de origen —la propia herramienta— y manteniendo la lógica de mercantilización. 

Aunque no es la primera vez que ocurre una situación similar —en mayo del año pasado las mujeres ya experimentaron este mismo tipo de violencia en Grok—, no ha sido hasta que el fenómeno ha escalado a dimensiones que incluyen la generación de imágenes de niñas menores de edad —lo que en muchos casos encaja jurídicamente como pornografía infantil— que los gobiernos han comenzado a expresar una preocupación más explícita. En los últimos días, el Consejo de Ministros en España ha incluido el uso y difusión de deepfakes entre las conductas susceptibles de vulnerar el derecho al honor, con la aprobación del anteproyecto de ley de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

En Reino Unido, la Secretaria de Estado en Ciencia, Innovación y Tecnología, Liz Kendall, ha confirmado que “se presentará con carácter prioritario legislación para prohibir las herramientas de ‘nudificación’ con IA”. Además, no se descarta una prohibición total de X en el Reino Unido si Ofcom —el organismo regulador de las comunicaciones— concluye que se ha vulnerado la Ley de Seguridad Online británica.

En cualquier caso, la legislación no avanza al mismo ritmo que la creación de estas herramientas de inteligencia artificial generativa ni que su puesta a disposición masiva de los usuarios. Pero, mientras los organismos oficiales intentan ponerse al día, la pregunta es inevitable: ¿qué ocurre con todas las mujeres que ya están viviendo esta nueva forma de violencia digital? ¿Cuáles son las repercusiones para ellas y qué efectos tiene este fenómeno en el ecosistema digital en su conjunto?

El muro legal ante la violencia del deepfake

Durante años, la violencia digital ha sido tratada como una violencia de segundo orden. No solo desde el ámbito social, sino también desde las instituciones y los tribunales. El mensaje implícito era claro: si no querías exponerte, no debías subir fotos a internet. En los últimos años, se han producido algunos avances legislativos y judiciales, pero cuando se trata de violencias ejercidas mediante inteligencia artificial —especialmente en las grandes redes sociales comerciales—, el camino sigue estando lleno de vacíos, ambigüedades y obstáculos.

Ejercer violencia en internet —sobre todo en espacios como X o Instagram— genera una fuerte sensación de impunidad, alimentada por la opacidad con la que estas redes son gestionadas y por el anonimato que permiten a sus usuarios. “La situación de desprotección en la que nos encontramos frente a plataformas supranacionales absolutamente gigantescas y, además, absolutamente sectarias —normalmente en manos de hombres blancos con posiciones fascistas— es gigantesca”, explica Isaac Guijarro, cofundador de Olympe Abogados, un despacho con perspectiva feminista, LGTBIQ+ y antirracista. “Todo depende de que el perfil concreto que ha publicado ese contenido sea rastreable por la policía. Si no es rastreable y las propias redes sociales no facilitan la información —como ocurre en la gran mayoría de las ocasiones en las que se acude a ellas—, ni la víctima ni su abogado o abogada tienen herramientas reales para averiguar quién hay detrás”, continúa.

A esta opacidad estructural se suma la falta de un marco penal específico. A día de hoy —a falta de que se apruebe nueva legislación—, no existe en el Código Penal español un delito que recoja la generación de deepfakes como tal. Guijarro aclara que, en el caso de personas adultas, estas prácticas se están encajando de forma indirecta en el delito de injurias, algo que “solo es perseguible penalmente si se considera grave”. Esa gravedad depende, entre otros factores, de si el contenido se ha difundido de forma pública —hacerlo en una red social sí es perseguible frente a si se difunde en un grupo de WhatsApp, por ejemplo—, de la relación con la persona que lo ha difundido —como en el caso de una pareja o expareja—, de si la víctima es menor de edad o del propio contenido del deepfake. En la práctica, una imagen generada por IA que muestre a una mujer en bikini solo sería denunciable penalmente en determinados supuestos, lo que introduce barreras legales, económicas y materiales difíciles de sortear.

En cualquier caso, desde el despacho recomiendan que, si una persona descubre que se ha generado un deepfake sin su consentimiento, lo primero es “hacer capturas de todo: del perfil que lo haya publicado, de la propia imagen, de la fecha en la que se ha publicado y denunciarlo, ya sea ante la policía o el juzgado de guardia”. La rapidez resulta clave para intentar frenar la difusión y contener el daño. De hecho, en España, a raíz de la Ley “solo sí es sí”, se aprobó una modificación del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que establece que como primera diligencia lo que se debe hacer es el borrado de cualquier tipo de contenido delictivo en internet“, explica Guijarro. Una medida pensada para minimizar el daño, pero que, en la práctica, no siempre se está cumpliendo, entre otras razones, por la actual saturación de los juzgados.

Mientras no exista una mayor presión por parte de los Estados hacia estas empresas privadas por el incumplimiento de la normativa nacional, ni se doten de medios suficientes a la policía, el juzgado y la fiscalía para actuar con mayor proactividad en la persecución de la violencia digital, “lo que se genera es una sensación de impunidad gigantesca en los hombres y una sensación de vulnerabilidad y de frustración gigantesca en las mujeres”, concluye el abogado. Un clima que no afecta únicamente a las víctimas directas, sino que se extiende a todas las mujeres que habitan el ecosistema digital.

La ciberfísica sexista del poder

Publicar este tipo de deepfakes no es una cuestión sexual, sino de poder. Entender esto es fundamental para situar estos actos dentro de un marco más amplio en el que se busca someter y disciplinar los cuerpos de las mujeres. Esto es algo que tiene muy claro el colectivo Proyecto UNA, dedicado al activismo digital, que en su ensayo La viralidad del mal: Quién ha roto internet, a quién beneficia y cómo vamos a arreglarlo (Descontrol, 2024), acuñó el concepto ciberfísica sexista del poder. 

El término nace a partir del trabajo de la investigadora Nerea Barjola sobre el crimen de Alcàsser y el modo en que los medios construyeron un relato de terror sexual que acabó disciplinando a niñas y mujeres adultas de toda una generación sobre los peligros de habitar el espacio público. En el contexto actual, ese disciplinamiento se ejerce a través del entorno digital: “Con las fotopollas y los mensajes privados y públicos llamándote fea y gorda. Como consecuencia de las amenazas que recibe una mujer gamer, pero también con los titulares que presentan la violencia online como un fenómeno inherente al medio”, escriben en su ensayo. 

Si existe violencia contra las mujeres en internet es porque esa violencia existe también fuera de él. “Lo importante es darse cuenta de que las violencias que existen en las redes sociales no han nacido allí, sino que vienen de un contexto y una historia previa. En internet, simplemente, tienen su propio lenguaje, pero el mecanismo de la discriminación es el mismo”, explican desde Proyecto UNA. ¿Cómo se combate entonces este tipo de violencia? “Si dejamos de concebir la filtración de contenido íntimo —sea generado por IA o no— como algo humillante hacia la víctima, que debería avergonzarla, y lo entendemos como una acción repudiable por parte del perpetrador o perpetradores, que atenta contra la libertad sexual de las personas, tendremos la mitad del camino hecho”, continúan.

El colectivo señala también la falta de responsabilidad de las instituciones públicas frente a estas plataformas comerciales dirigidas y gestionadas por tecnomagnates. “Llevamos años viendo cómo las instituciones, en vez de cuestionar el poder de las grandes empresas del Big Tech o de apostar por infraestructura pública, las legitiman e incluso las financian de forma indirecta. Se ha alimentado este mito según el cual los estados y la legislación no pueden hacer nada ante un poder demasiado grande”, aseguran. Sin embargo, hay ejemplos que desmienten ese relato.

En 2025, el gobierno de Lula da Silva aprobó en Brasil una ley que amplía las obligaciones de las plataformas digitales como medida para proteger a los niños y adolescentes. La norma, que entra en vigor este año, impone mayores controles a las Big Tech, obliga a retirar los contenidos de aparente explotación y abuso sexual y a notificar a las autoridades. Un año antes, en 2024, la justicia brasileña llegó incluso a suspender temporalmente el uso de la red social X por ignorar decisiones judiciales relacionadas con la lucha contra la desinformación.

Todavía queda un largo camino por recorrer y mucho por exigir a las instituciones públicas, pero el horizonte no es únicamente defensivo. “Lo importante es ser capaces de imaginar y construir las comunidades digitales que queramos —algo en lo que se está trabajando desde el Fediverso, una red de plataformas descentralizadas y no comerciales—, porque el gran triunfo de los tecnomagnates ha sido hacernos creer que su internet comercial es el único posible”, concluyen desde Proyecto UNA.

Son pocos en España los que no habían oído hablar de Simón Pérez y Silvia Charro, los consultores que se hicieron virales hace siete años por un vídeo en el que recomendaban las hipotecas a tipo fijo bajo la influencia de la cocaína. La mayoría le había perdido la pista a la pareja hasta este verano, cuando Pérez volvió a hacerse viral. Con un marcado deterioro personal, el ex asesor financiero había convertido su espiral de autodestrucción en un espectáculo para miles de espectadores que pagaban por verle beber su propia orina o consumir drogas en directo.

La situación, que recordaba a un capítulo de la serie Black Mirror, y su visible situación de vulnerabilidad abrieron un debate social que acabó con el cierre de sus cuentas en redes sociales, incluida la de Kick, la plataforma de retransmisión en directo desde la que emitía a diario y donde había reunido unos 25.000 seguidores. El temor general era que todo terminara en tragedia ante las cámaras. “Si un día me estoy muriendo, conectad la cámara”, dejó dicho Pérez.

Esa desgracia anunciada golpeó Francia esta semana. Raphaël Graven, un streamer conocido en las redes como Jean Pormanove, ha muerto mientras retransmitía en directo en Kick. Llevaba 12 días con la cámara encendida, durante los cuales había sido objeto de vejaciones de otros dos hombres, incluidos golpes e insultos. Fueron los propios espectadores quienes alertaron en el chat de que Pormanove parecía haber dejado de respirar mientras dormía. Uno de los hombres le arrojó una botella de agua y, ante su falta de reacción, la emisión se interrumpió.

El fallecido, de 46 años, se había especializado en mostrarse recibiendo este tipo de trato degradante en Kick, donde su canal era de los más vistos. Su muerte conmociónó Francia. La ministra de Asuntos Digitales e Inteligencia Artificial, Clara Chappaz, calificó lo sucedido de “horror absoluto”. “Jean Pormanove fue humillado y maltratado durante meses en la plataforma Kick”, denunció.

Al igual que con Pérez, había habido señales de alarma antes del fatal desenlace. En diciembre de 2024, el diario digital Mediapart ya había citado su caso como parte del “negocio del abuso online” que prospera en Kick, documentando cómo se explotaba sistemáticamente a personas vulnerables para generar ingresos a través de donaciones de los espectadores. El medio francés definió la plataforma como “el salvaje oeste del vídeo donde impera el todo vale”.

Suspensiones temporales

Tras la investigación de Mediapart, Kick cerró el canal de Pormanove, pero una vez pasado el escándalo volvió a permitirle emitir como si nada hubiera ocurrido. Lo mismo había sucedido en España con Simón Pérez, que esta semana había regresado a la plataforma tras levantarle el veto a su cuenta. Este viernes, sin embargo, la compañía ha vuelto a clausurarla.

Kick se ha especializado en acoger contenidos extremos vetados por otras plataformas. La compañía nació en 2022 de la mano del multimillonario Ed Craven, como respuesta a la prohibición de Twitch —propiedad de Amazon y líder mundial del sector— de retransmitir apuestas en directo. Craven (29 años) es considerado el joven más rico de Australia, con una fortuna estimada superior a los 3.000 millones de euros gracias a Stake.com, el portal de apuestas con el que levantó su imperio y que no tiene licencia para operar en España.

Con Kick, buscó seducir a los creadores con un reparto de ingresos sin precedentes (95/5 frente al 70/30 habitual de Twitch). En sus inicios trató de consolidarla a golpe de talonario, con contratos millonarios destinados a fichar a los streamers más famosos con sueldos como los de las máximas estrellas del deporte. Sin embargo, no logró la confianza de los principales pilares del mundo del streaming. ''Kick me da miedo. Todo lo que prometen tiene olor a fake. ¿Dinero gratis? No sé yo, es raro. Cuando me regalan dinero, cuidado'', declaró el español Ibai Llanos.

Ante la imposibilidad de comprar su hueco con dinero, Kick se enfocó en rebajar las normas de moderación y venderse como una plataforma “más libre” que las demás. Esto la ha ido convirtiendo en el lugar de reunión para streamers que emiten violencia extrema y vejaciones, como Pérez o Pormanove, pero también para los expulsados por discurso de odio, contenido erótico o apuestas, así como para los que se han visto obligados a abandonar plataformas más grandes.

Oficialmente, sus directrices comunitarias prohíben comportamientos como el discurso de odio, el acoso y la violencia, pero Kick avisa que su política es permitir “que los creadores se expresen libremente para que puedan transmitir contenido entretenido y atractivo” y dejar que sean los usuarios los que elijan si lo ven o no. “Alentamos a los espectadores a alejarse de cualquier contenido o interacción que no se alinee con sus valores personales”.

“Creo que la gente se está dando cuenta de que cuanto más controvertidos son, cuanto más impactante es su contenido, más espectadores consiguen, y a veces puede ser una combinación peligrosa en ese sentido”, reconoció Ed Craven en una entrevista con el New York Times en 2023. Sin embargo, ese riesgo no hizo variar el rumbo de la plataforma. “Siempre queremos permitir que la gente haga todo lo que pueda. Producir la mayor cantidad de contenido posible. No queremos suprimir el contenido. No queremos introducir la moderación a costa del entretenimiento y de la libertad de la gente para crear contenido”, reafirmaba en 2024.

Siempre queremos permitir que la gente haga todo lo que pueda. Producir la mayor cantidad de contenido posible. No queremos suprimir el contenido

Ed Craven — Fundador de Kick

Como consecuencia de esta política Kick fue escenario de varios escándalos. Varios streamers fueron detenidos por sus vejaciones en directo, algunas de ellas con el propio Craven publicando emojis de risa en los chats mientras los actos se retransmitían. Las comunidades que los apoyan también son conocidas por su alto grado de toxicidad.

“Los espectadores suelen sentir curiosidad por saber hasta qué extremos son capaces de llegar quienes retransmiten ese contenido basura”, explican las investigadoras Barbara Cyrek y Malwina Popiołek en un artículo publicado en 2022 citado por Euronews. “Cuanto mayor sea la disponibilidad de herramientas que permitan influir en la forma de la emisión, mayores serán potencialmente las posibilidades de fomentar contenidos más extremos”.

Con todo, lo sucedido en Francia elevó el debate sobre la legalidad de Kick y sobre la respuesta que las sociedades deben dar a un fenómeno como este. “Urge salir de este salvaje oeste digital, pero la realidad es que no puedo decidir, como ministra, cerrar una plataforma”, recordó este viernes Clara Chappaz en una entrevista en el canal Franceinfo.

Es el callejón sin salida de la legislación más básica de Internet. Por un lado, un contenido puede ser aborrecible, pero no por ello tiene que ser ilegal. Por otro, los servicios digitales, ya sean redes sociales o plataformas de vídeo en directo, “no son responsables de lo que publican sus usuarios”, explica Borja Adsuara, abogado especialista en derecho digital. “Si por una denuncia tienen conocimiento de que un contenido es ilegal, su deber es borrarlo con diligencia, pero no hacerse responsables de él”, incide.

La Sección 230

Esta norma deriva de la conocida Sección 230 de la primera ley de EE.UU. que reguló Internet, aprobada en 1996. Brinda a los proveedores de servicios informáticos la protección del “buen samaritano”, que les exime de responsabilidad civil sobre el material que publiquen terceros, siempre que demuestren buena fe a la hora de moderarlo. La Sección 230 inspiró la regulación digital del resto de países y es uno de los pilares que permitió a Internet convertirse en la herramienta que es hoy.

Tres décadas después de su aprobación muchas cosas han cambiado. Ahora los usuarios consumen redes sociales para informarse igual que antes consumían periódicos, y las plataformas de retransmisión en directo han ganado cada vez más espacio a los canales de televisión tradicionales. Pero eso no las iguala a nivel legal a los medios de comunicación, que sí son considerados editores (y responsables) de todo lo que publican.

“Están en un punto intermedio entre medio de comunicación y una operadora de telecomunicaciones, pero más parecido a la regulación de las segundas”, detalla Adsuara. “Se basa en ese principio que las concebía como plataformas neutrales más parecidas a las redes de telecomunicaciones, en las que si tú si estás hablando con alguien por teléfono y le insultas, no se hace responsable a la compañía. Y tampoco aparece un aviso diciendo que eso que dices es muy feo y se va a eliminar”.

El crecimiento de las plataformas y el poder que acumulan en el mundo digital ha derivado en que cada vez más voces pidan una reformulación de su estatus legal. La Unión Eu ha optado por crear una excepción regulatoria que impone normas específicas a las más grandes y da a Bruselas una capacidad de supervisión especial sobre ellas. Kick, sin embargo, está muy lejos de entrar en ese grupo. A pesar de que ha acelerado su crecimiento en 2025, sigue siendo un servicio minoritario, a mucha distancia de YouTube, Tiktok o Twitch.

“Además, esta plataforma es australiana, por lo que surge un problema de territorialidad y aplicación de las directivas europeas”, continúa Adsuara. Según algunos medios, Kick ni siquiera nombró un representante en la Unión Europea ante el que Bruselas o los estados puedan dirigirse en caso de problemas. elDiario.es intentó contrastar esta información con la empresa, que no respondió a la solicitud.

Con todo, esto no significa que la violencia y vejaciones mostradas en los canales de ambos no sea susceptible de investigación. “En España no es delito suicidarse, pero sí la inducción a una persona al suicidio. Ocurre lo mismo con las autolesiones”, avisa el jurista, que apunta también a los espectadores que pagan para ver a los streamers realizar actos que pueden poner en peligro su vida.

Los resultados de la autopsia de Pormanove, conocidos este jueves, apuntan a que no falleció por los golpes que le propinaron sus compañeros de retransmisión. “Las causas probables de la muerte parecen ser médicas y/o toxicológicas”, afirmó este viernes el fiscal a cargo del caso, aunque adelantó que se han encargado más pruebas.

Kick tampoco respondió a las preguntas de elDiario.es acerca del caso de Pormanove ni el de Simón Pérez, que volvió a las emisiones antes de ser cancelado de nuevo tras la muerte del francés. Un silencio que choca con las crecientes demandas de control y que convive con los mensajes de los chats en directo de ambos, donde todavía hay usuarios dispuestos a pagar por ver la degradación humana convertida en espectáculo.

Desde su estreno, la serie Adolescence de Netflix desató una conversación global probablemente tardía. ¿Por qué? Porque la cultura anti-feminista –creo que es una mejor definición que incel o misógina– existe hace al menos una década, como un movimiento contra la cultura woke, percibida como autoritaria, elitista y excluyente. Más importante que los incels, por ejemplo, son los integrantes de MRA, Mens Rights Activists, que se consideran víctimas de las mujeres y sus privilegios. La violencia extrema representada en la serie es un caso basado en hechos aislados, y en los ataques con cuchillos en el Reino Unido, que no se limitan en absoluto a disparadores online, sino que se extienden a la fuerte cultura de pandillas y, por supuesto, el crimen común. Por supuesto, nunca es tarde para globalizar el problema de la radicalización cuya influencia más importante, decisiva y preocupante se encuentra en la política y el crecimiento de los jóvenes votantes reaccionarios que es cada vez mayor: resultados a la vista.

En la serie se menciona como incitador a una personalidad influencer: Andrew Tate. El guionista Jack Thorne admite que, cuando lo conoció, su figura disparó su investigación y la escritura. ¿Quién es Tate? Un famoso de una fama que no nació online, aunque ahí creció y se diseminó como un incendio. Tiene 38 años, nació en Luton, Reino Unido, y en su juventud fue productor de televisión y kickboxer profesional que ganó títulos internacionales. Su primera exposición pública fue en el Gran Hermano británico, de donde fue expulsado después de que se conocieron dos videos: en uno le pegaba a una mujer con un cinturón, en el segundo le pedía a otra mujer que contara los moretones que le había dejado en el cuerpo. Tanto él como las mujeres dijeron que ambos videos eran parte de relaciones sexuales consentidas y, por supuesto, hay adultos que disfrutan de intimidad masoquista. Pero el escrutinio siguió, como pasa, y pronto se encontraron los clásicos insultos racistas y homofóbicos en Twitter.

En 2017 tuiteó que la depresión no es real, después se metió en el hashtag #MeToo diciendo que las mujeres debían “hacerse responsables” por ser violadas, y siguió así hasta que le suspendieron la cuenta. De manual: esto elevó su perfil. Apareció en podcasts de teóricos conspiranoicos, se mudó a Facebook y difundió sus encuentros con Donald Trump Jr y el ideólogo del Brexit, Nigel Farage. Todo esto antes de TikTok: cuando desembarcó ahí sus videos cosecharon millones de visitas. Él ya tenía varios emprendimientos online que dan idea de su área operativa ideológica.

Uno fue Hustler's University, una plataforma que cobraba US$50 por mes para hacer dinero fuera del empleo tradicional, como criptomonedas, comercio online y más: su memecoin, DADDY, salió al mercado con un valor de US$217 millones. La cerró cuando lo acusaron de estafa piramidal y la relanzó en cobratate.com como The Real World en octubre de 2022, basado en la teoría de la píldora roja –para quienes aún no la infieren por la película, la idea de que el mundo normal como está planteado es una matrix de la que hay que despertarse, y él ofrecía algunas alternativas–.

Hasta acá, como se ve, nada es para tanto. Su plataforma, más allá de una estética Rápido y furioso de mala calidad con mucha IA, parece un sitio de cursos sobre cómo hacer dinero online y autoayuda. Su comunidad de varones The War Room, con una membresía más cara, y donde él se llama Top G, es más alarmante: difunde un estilo de vida billonario, liberal, de derecha y masculino, un aspiracional cripto-bro. Es en sus tweets, y probablemente en sus videos privados, donde aparecen las alarmas. El billonario Tate se describe como “absolutamente misógino”, y sostiene que las mujeres son inferiores, seres moralmente deficientes: si una mujer engaña al varón “no queda otra que sacar el machete, dárselo en la cara, agarrarla del cuello, decirle ‘qué te pasa perra’ y cogérsela. Que sea una cogida para hacerla callar”. Algunos posteos de X, por ejemplo (le devolvieron la cuenta en 2022): “No escucho a las mujeres, los mexicanos y los judíos, así que me importa una mierda lo que digan”, en su línea “revisionista” del Holocausto escribió que “los países occidentales se caen a nuestro alrededor, y ¿no podemos cuestionar su versión de la historia oficial sobre Hitler? Payasos”. En otro video, donde aparece en cuero, dice que hay que volver al saludo nazi, y lo hace en vivo. Admira a Elon Musk y suele visitarlo o postear su admiración: “Recuerdan cuando Elon Musk agarró Twitter, echó a todos los retrasados woke e hizo al lugar un 80% más chico pero 1000% mejor? Esperen a cuando se haga cargo del gobierno”. 

En diciembre de 2022 sus provocaciones dejaron de ser bravuconadas, incitaciones y solo negocios. En Rumania, Tate y su hermano Tristan fueron arrestados acusados de trata, violación y organización de un grupo criminal. Las víctimas son siete mujeres: se los acusa de seducirlas, secuestrarlas y filmarlas teniendo sexo para vender sus videos. Los hermanos Tate dicen que las acusaciones son parte de una persecución que demuestra el poder de la matrix y sus aliados: el feminismo y la legislación internacional. Poco después, en agosto de 2023, cuando se filtraron charlas de The War Room donde los suscriptores aprendían cómo entrenar a las mujeres para tener sexo en cámara y ganar dinero. Desde la cárcel, donde estuvo poco tiempo hasta la fianza, Andrew tuiteó: “Acabo de actualizar mi testamento. Voy a donar 100 millones para empezar una caridad que proteja a los hombres de las falsas acusaciones”. En marzo de 2024, los Tate volvieron a ser arrestados: ahora están libres, pero deberán volver a Rumania para su juicio en los próximos meses, porque hay más acusaciones, incluso de sexo con menores.

Tate tomó nota de Adolescence y la mundialización de su nombre. Su hermano Tristan posteó en X el 11 de abril, después de que el guionista Jack Thorne dijo que Tate había sido solo un punto de partida, pero que la inspiración también vino de muchas otras fuentes: “Parece que admite públicamente su difamación. Andrew y yo estamos en contra de la débil y victimizante mentalidad de la cultura incel. Después de consumir sus blogs para conseguir titulares, ¿sigue usando el nombre de Andrew como uno de los protagonistas? Los blogs que leyó no representan nuestra mirada en absoluto y eso va a quedar muy claro cuando destroce a este hombre en la Corte. La idea de que un chico de 13 años sea célibe involuntariamente es en sí misma ridícula y me hace pensar que deberían chequear los discos duros de este freak autista. Cuando yo tenía 13 años deseaba cartas de Pokémon, no mujeres. Felicitaciones por el éxito de tu serie y el dinero. Mi hermano y yo vamos a tener un poco si no recibimos aunque sea una disculpa pública”.

Los juicios, si siguen adelante, serán choques de civilizaciones quizá más importantes que la serie para entender nuestro mundo, donde por algún motivo una salida económica legítima y, diría, necesaria como las herramientas online para hacer dinero viene acompañadas de discursos radicales antifeministas y personajes violentos como Tate. Y si alguno de los que leen este perfil salen más confundidos aún, ésa es la idea: el mundo cambió hace rato y la superficie discursiva es demasiado turbia para dejar ver cómo funciona.

ME/DTC

El 63,5% de las periodistas mujeres y con diversas identidades de género en Argentina han sido víctimas de algún tipo de violencia digital en los últimos seis años, según un informe presentado este martes por la organización Amnistía Internacional.

El estudio, titulado “Muteadas: el impacto de la violencia digital contra las periodistas”, revela que de ese total, un 98,3% fue objeto de insultos aislados, mientras que un 85,6% fue víctima de hostigamiento o trolleo. Un 45,9% de las periodistas experimentó acoso sexual o amenazas de violencia sexual y un 44% amenazas de violencia física. En particular, la investigación revela que un 23% de las periodistas que experimentaron violencia online fue por parte de figuras del ámbito político. 

“No se trata en absoluto de un fenómeno nuevo. Desde Amnistía Internacional venimos denunciado los ataques a periodistas durante gobiernos de distinto signo político, pero en los últimos tiempos esta práctica se ha visto exacerbada por un contexto donde la violencia y los abusos en espacios digitales es habilitada y promovida especialmente por autoridades gubernamentales, lo que agrava los riesgos de alteración del clima que preserva la libertad de expresión”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina en la presentación del informe del que también participaron la periodista Luli Trujillo, la titular de la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres), Mariela Labozzetta y Nadia Koziner y Natalí Schejtman, especialistas en periodismo y tecnología.  

El documento se basa en una encuesta a 403 periodistas mujeres y de diversas identidades de género de todo el país, además de 36 entrevistas que recopilaron testimonios de personas con diversos roles en el circuito productivo de la información. Estas entrevistas incluyeron a periodistas, así como a directores, ejecutivos, ejecutivas, editores y editoras de medios de comunicación, representantes de asociaciones de periodistas como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Academia Nacional de Periodismo, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y representantes de la empresa Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), quienes accedieron a brindar una entrevista, a diferencia de otras plataformas como X (ex twitter).

El informe documenta el impacto de la violencia digital en la libertad de expresión, la salud mental y el ejercicio profesional de las periodistas. Además, pone de manifiesto que la violencia de género online que se ejerce contra ellas tiene como fin disciplinarlas y silenciarlas, simplemente por el hecho de ser mujeres que alzan su voz en espacios públicos o, en el caso de las periodistas especializadas en género, por atreverse a visibilizar púbicamente la desigualdad de género. En este sentido, el informe releva que la producción noticiosa sobre aborto, femicidios, y violencia de género y derechos humanos las expone a recibir mayor violencia.

“Cuando las mujeres alzan la voz por sus derechos es cuando la violencia recrudece. Al mismo tiempo, es una violencia más invisibilizada que la que tiene en el centro a la mujer en su rol tradicional de esposa o madre, a la violencia doméstica. Es más difícil ver una víctima en una mujer empoderada, activista”, señaló Labozzetta. 

Las redes sociales: de aliadas a espacios de violencia

Las plataformas digitales, que inicialmente democratizaron el acceso a la información y fueron grandes aliadas de las periodistas y de las principales voceras de las agendas de género -como lo demuestran los movimientos #MeToo y #NiUnaMenos- se han convertido en espacios que amplifican discursos de odio y la violencia de género contra las periodistas. El anonimato, la rápida difusión y la permanencia de los contenidos en internet hacen que el impacto de las agresiones sea aún mayor con consecuencias sumamente graves. 

La investigación permite acreditar que la violencia de género online hacia las periodistas no es aislada y episódica, sino un hecho cotidiano en sus vidas. Se observa un continuo de la violencia que padecen las mujeres, niñas y diversidades en el entorno digital y fuera del mundo virtual, que emerge de la misoginia y la desigualdad estructural de género socialmente arraigada. 

Por su parte, Koziner y Schejtman profundizaron en que analizar experiencias de violencia digital de las periodistas mujeres requiere previamente comprender las condiciones en las que las periodistas ejercen su trabajo. Este aspecto fue muy protagónico en los relatos ya que impacta en cómo y dónde las encuentra la violencia: solas o acompañadas por una empresa periodística, en sus casas o en una redacción, abocadas a un solo trabajo o haciendo malabares entre varios empleadores. 

Impacto en la libertad de expresión y en la rutina laboral 

El informe revela que cinco de cada diez periodistas encuestadas que fueron víctima de violencia manifestaron que se autocensuran en las redes sociales para evitar experimentar ataques y más del 80% reportó que su práctica profesional de alguna forma se vio afectada ante hechos de agresión en redes.  

“Las agresiones me paralizan. Las pocas veces que fui atacada me sirvieron para borrar, bloquear y retraerme cada vez más”, expresó una de las periodistas entrevistadas.  

La salud y la vida de las periodistas

La investigación evidencia el impacto de esta modalidad de violencia en la salud mental y la vida de las periodistas. Entre quienes reportaron haber sufrido violencia digital, casi tres de cada diez se sintieron físicamente inseguras debido a situaciones de hostigamiento en redes sociales. Además, siete de cada diez viven con el temor de ser víctimas de amenazas o ataques en línea, y dos de cada diez recurrió a un apoyo médico o psicológico debido a las situaciones de ese tipo vividas.  

La retracción de la agenda de género en los medios de comunicación

En un contexto marcado por la reacción de sectores que se oponen al reconocimiento de los derechos de mujeres y personas LGBTI+, agravado por la crisis de la industria periodística y la precarización laboral, ha llevado a muchos medios a no priorizar los temas de género en la agenda mediática. Como resultado, las periodistas y editoras especializadas en esta área han perdido respaldo institucional necesario para realizar su labor. De las 13 editoras de género que ocupaban un lugar relevante en los medios, actualmente quedan menos de la mitad.

Aunque algunos medios justificaron esta retracción de la agenda de género en la pérdida de interés por parte de las audiencias, otros ejecutivos de medios nacionales afirman lo contrario, destacando que su compromiso con la visibilización de la desigualdad de género no está sujeto a las modas. 

Justamente para ir en contra de esta tendencia elDiarioAR y Amnistía Internacional sostienen desde hace un año la alianza Punto de Encuentro, para visibilizar voces y contenido feminista con contenido que se publica de manera regular en este medio.

Acceso a la justicia: desafíos pendientes

El informe revela que el acceso a la justicia ante la violencia de género online enfrenta serios desafíos que requieren una atención urgente. Las barreras son múltiples y la inadecuada respuesta estatal a esta problemática desincentiva que las mujeres denuncien la violencia sufrida en el entorno digital. A pesar de la gravedad de esta problemática, solo el 7% de las víctimas de violencia digital encuestadas ha denunciado los hechos ante la justicia, lo que pone en evidencia la percepción de que el Estado no realiza los esfuerzos necesarios para abordar de manera efectiva la violencia digital y proporcionar soluciones oportunas y eficaces a las víctimas.  

“Las empresas que gestionan y son dueñas de las redes no tienen como prioridad modelos de sociedad sino modelos de negocio. Esto entra en conflicto e impacta en la calidad del derecho a ejercer plenamente la libertad de expresión”, profundizó Mariela Labozzetta, titular de la UFEM.  

MT

Con el objetivo de producir información para incidir en el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a prevenir y combatir la violencia de género en las redes, Amnistía Internacional lanzó una encuesta orientada a periodistas mujeres y diversidades en el contexto de una investigación sobre la problemática y sus implicancias para el ejercicio de la profesión y de la libertad de expresión.

La propuesta convoca a que participen mujeres, mujeres travestis/trans o personas no binaria mayores de 18 años y periodistas. Se trata de un formulario anónimo que demanda entre 10 y 15 minutos.

“Entre otros objetivos, buscamos identificar y sistematizar las agresiones online que experimentaron las mujeres periodistas, cómo esto afectó sus rutinas de producción noticiosa y también indagar en las respuestas institucionales de los medios de comunicación en los que trabajan las periodistas víctimas de violencia. Se publicará en junio de 2024 y haremos un lanzamiento del reporte en nuestra web y plataformas sociales, además de un envío por mail para la prensa”, dijeron desde Amnistía Internacional.

Tendencia global

La violencia contra las trabajadoras de los medios de comunicación es un fenómeno que se da a escala mundial. Se advierte un alza de discursos que incitan a la violencia y a la discriminación hacia periodistas que cubren las agendas de género y diversidad a fin de socavar su credibilidad, humillarlas o disuadirlas de informar sobre determinados temas, lo que puede devenir en un profundo deterioro del debate público por la falta de pluralidad de voces y redundar en una vulneración de la dimensión individual y colectiva de la libertad de expresión. Diversos organismos de protección internacional de derecho humanos han condenado las agresiones específicas contra las periodistas en el ejercicio de su labor, incluidas la discriminación y la violencia por razones de sexo y género, la intimidación y el acoso en Internet o en otros medios, y destacó la necesidad de abordar las amenazas a las que se enfrentan.

Autocensura como medida de protección ante la falta de respuesta institucional 

El abuso que viven muchas periodistas en las plataformas sociodigitales las lleva a limitar sus publicaciones e interacciones y, en algunos casos, a abandonar la red por completo, pese a ser un espacio fundamental para la difusión de su trabajo, ya que no se garantiza un espacio seguro en el que puedan expresarse sin temor a represalias.

Una encuesta que llevó adelante Amnistía Internacional Argentina muestra que el 70% de las mujeres que sufrieron abuso o acoso online hicieron cambios en la forma en que usan las plataformas y el 36% de ellas dejaron de publicar o compartir contenidos que expresaban su posición sobre ciertos temas. Asimismo, las violentas consecuencias de haber ensayado la crítica en público disciplinan e inhiben a quienes las presencian u observan. Esto, además, puede impactar directamente en la salud de las personas afectadas.

Un informe de Naciones Unidas también da cuenta del impacto de la violencia de género hacia mujeres con voz pública. El 80% limitó su participación en redes sociales; el 40% se autocensuró sobre algún tema de su pertinencia; una de cada tres cambió de puesto laboral y una de cada cuatro fue despedida o no le renovaron el contrato.

Esto se ve agravado ante la falta de respaldo de los medios de comunicación masiva ya que la naturalización de estos hechos da lugar a una cultura organizacional que desalienta la denuncia. Una encuesta de International Women’s Media Foundation y Troll–Busters señala que “a pesar de la creciente evidencia de la violencia en línea y ataques físicos contra mujeres periodistas, muchos medios no tienen protocolos formales para proteger a sus empleados. Incluso, más de un tercio dijo que no informó a sus jefes por temor a ser etiquetadas como problemáticas y un 29% dijo haber escuchado sobre experiencias negativas de otras personas que habían denunciado las amenazas recibidas a la gerencia”.

“El estudio de Amnistía Internacional se propone un alcance federal que permita dar cuenta de esta problemática en los distintos puntos de Argentina e identificar divergencias y aspectos en común en las diferentes regiones. Pensar el problema de los discursos de odio desde la perspectiva del derecho a la comunicación, que implica acceder a información, compartirla, producirla y transformar la realidad a partir de ella, permite comprender mejor la gravedad de su efecto silenciador”, señalaron.

MM

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que incorpora la violencia digital a la Ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres, conocido como Ley Olimpia, y que aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo.

El plenario legislativo aprobó por unanimidad -con 230 votos afirmativos- esta iniciativa que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, Provincias Unidas y la izquierda, en una sesión maratónica que comenzó ayer al mediodía.

El proyecto presentado originalmente por la diputada Mónica Macha (FdT) fue impulsado por la propia activista y sobreviviente de violencia digital mexicana Olimpia Coral Melo, que estuvo la semana pasada en Argentina y participó de la sesión en el Senado que dio su aprobación, junto a sobrevivientes argentinas de violencia en entornos digitales.

Macha afirmó que el proyecto de ley “es producto de la definición de distintas organizaciones como Gentic (Organización Género y TIC) y como el grupo de Ley Olimpia en Argentina” y destacó que “muchas de ellas son víctimas y sobrevivientes de la violencia digital y me parece que también es bueno cómo desde el feminismo y el transfeminismo nos organizamos para poner en esta agenda política temas que, tal vez, hasta ahora estaban acallados”.

La legisladora señaló que la definición de violencia digital “es aquella que se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y que implique la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital real, simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres sin su consentimiento, discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual, o acciones que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las TIC”.

Asimismo, Macha resaltó que la Ley Olimpia “se complementa” con la Ley Belén.

“La Ley Olimpia apunta a todas las instancias de prevención, de asistencia y acompañamiento a las víctimas y sobrevivientes de la violencia digital, mientras que, la Ley Belén lo que busca es la incorporación de la violencia digital como delito en el Código Penal, de modo que se pueda sancionar a aquellas personas que difunden material íntimo sin consentimiento, aquellos que suben el material y aquellos que lo difunden”, explicó.

Por su parte, la diputada de la UCR, Karina Banfi, celebró “el avance en el recorrido de este proyecto y esperamos también su pronta reglamentación” a la vez que destacó que “nos encontramos en un estado de necesidad con respecto a la violencia que se ejerce sobre las mujeres en el espacio digital”.

La iniciativa, que lleva el nombre de la activista y sobreviviente de violencia digital mexicana Olimpia Coral Melo, ya fue aprobado por ambas Cámaras del Congreso, pero volvió a Diputados por una cuestión técnica.

En México, Olimpia logró que 32 estados de su país tengan ley, propuestas similares se debaten en Ecuador, Guatemala, Honduras, Bolivia y Estados Unidos.

A partir de las modificaciones introducidas por la Cámara baja, el proyecto de ley plantea que se entiende por violencia contra las mujeres “toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el plano analógico o virtual, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal”.

Además, promueve los derechos y bienes digitales de las mujeres, así como su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital; y garantiza que se respete su dignidad, reputación e identidad, incluso en los espacios digitales.

Asimismo, la iniciativa establece la implementación de “un servicio multisoporte, telefónico y digital gratuito y accesible, en forma articulada con las provincias, a través de organismos gubernamentales pertinentes, destinado a dar contención, información y asesoramiento sobre recursos en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen, incluida la modalidad de violencia contra las mujeres en el espacio público” conocida como “acoso callejero”.

A su vez, plantea la obligación de promover programas de alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de identificación de las violencias digitales en las clases de educación sexual integral como en el resto de los contenidos educativo y en la formación docente.

La iniciativa fue impulsada, originalmente, por organizaciones de la sociedad civil nucleadas en un colectivo denominado “Campaña contra la Violencia Digital” que vienen reclamando la ley a través de distintas acciones, que incluyeron una campaña online de recolección de firmas, con 35.000 adhesiones a través de la plataforma digital Change.org.

Quién es Olimpia Coral Melo

Olimpia Coral Melo nació en Huauchinango, Puebla; el 6 de julio de 1990. Es una activista mexicana reconocida como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2021 por la revista Time que impulsó la creación de una ley contra el acoso digital en México que lleva su nombre, la Ley Olimpia.

Después de sufrir extorsión por parte de una expareja que divulgó un video sexual de ella sin su consentimiento, inició una lucha de siete años para crear y promover una ley que penalizara estas prácticas.

En su juventud, su pareja afectiva divulgó un video privado con contenido sexual que rápidamente se viralizó en México. Este episodio tuvo repercusiones emocionales en Olimpia, quien cayó en depresión con intentos de suicidio como ha referido en entrevistas. A partir de esto, formó en Puebla la organización Mujeres contra la violencia de género y después se mudó a la Ciudad de México para fundar junto con otras mujeres el Frente Nacional para la Sororidad, para prevenir la violencia virtual y acompañar a mujeres que la hubieran vivido.

En marzo de 2014, cuando tenía 24 años, presentó una iniciativa de ley en el Congreso de Puebla. Tras su insistencia, logró que se reconociera la violencia digital y se sancionara hasta con seis años de prisión a quienes comparten materiales íntimos sin consentimiento en 2018. Hoy, al menos 28 estados de la República Mexicana reconocen esto como un delito. El 22 de enero de 2020, la Ciudad de México se sumó a estas entidades al publicarla en su Gaceta Oficial.

En 2019, cuando la ley había sido aprobada solamente en 11 estados de México, narró su historia a BBC Mundo, en la que subrayó:

En 2020 el municipio de Huauchinango, Puebla, le otorgó un reconocimiento para declararla huauchinanguense distinguida.

Olimpia Coral Melo fundó el Frente Nacional para la Sororidad, un colectivo cuyo primer objetivo fue dar acompañamiento a mujeres que vivían violencia digital. Después, comenzó a agrupar a feministas independientes y colectivas para tener presencia en diversas entidades de México. En la actualidad, el Frente tiene un grupo específico de defensoras de víctimas de violencia en internet, que contempla también atención legal, psicológica y acompañamiento.

Uno de los objetivos del Frente es seguir luchando contra la violencia digital y evitar que las mujeres sean vistas como objetos sexuales, al poner énfasis en que fotografiarlas o grabarlas implica validar una visión mercantil y sexual hacia ellas. Para sus integrantes, es fundamental la educación digital de todos los sectores de la población.

Con información de agencias.

IG

La creadora de contenido Laura Escanes denunció en redes sociales la creación y difusión de imágenes suyas desnuda realizadas con una inteligencia artificial. Hace tres meses era Rosalía la que tenía que recordar que el cuerpo de una mujer “no es propiedad pública” después de que un cantante manipulase unas fotografías suyas con el torso desnudo.

Escanes dijo en una publicación de Twitter que se siente “utilizada” y defendió que “el cuerpo de una mujer no se utiliza”. “Aparte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre. El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar ni para manipular. Me repugna la persona que las haya creado, pero también los que están ahí y les parece divertido y callan”, escribió.

La influencer tuvo que recordar la importancia del consentimiento ante los comentarios que legitimaban lo que le ocurrió porque ella decidió desnudarse en fotografías en el pasado. “Si me quiero desnudar, me desnudo yo. No dí consentimiento. A ver si lo entendemos”.

“El cuerpo de una mujer no es propiedad pública”

“El cuerpo de una mujer no es propiedad pública, no es una mercancía para tu estrategia de marketing”. Con ese mensaje, Rosalía tuvo que dirigirse al cantante Juan Manuel Cortés Reyes –JC Reyes– para criticar que manipulase unas fotografías suyas y las utilizase en sus redes sociales inventando además una relación entre ellos. “Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco”, le dijo.

JC Reyes subió a sus stories de Instagram –que se borran a las 24 horas como máximo–, donde tiene más de 255.000 seguidores, una imagen de la artista catalana con el torso desnudo, aunque con emoticonos sobre los pezones para evitar la censura de la red social. “Lo mejor que verás hoy”, escribió. Tras esto, horas después añadió otra fotografía del mismo estilo. Ambas estaban manipuladas.

“Ir a buscar clout [poder] faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco, pero hacerlo por 4 plays de más, lo que da es pena”, sentenció Rosalía.

Contenido provisto por el blog Micromachismos, de elDiario.es

IG

La “sextorsión” y la “pornovenganza” son algunos de los fenómenos de violencia digital que el avance de la tecnología digital trajo a la vida contemporánea a través de la manipulación y difusión de material íntimo no consentido.

Se trata de acciones ominosas que mancillan la dignidad de personas, especialmente mujeres, y dejan a su paso traumas y huellas psíquicas que en muchos casos no pueden desmontarse jamás.

El estigma moralizante que pesa sobre esas mujeres es doble cuando las víctimas, indefensas, no encuentran respuesta favorable en la Justicia, que se escuda en dudosos argumentos sobre la libertad de expresión. .

La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja, presidida por la diputada nacional Mónica Macha (Frente de Todos), logró dar un paso adelante este martes al emitir dictamen favorable sobre un proyecto denominado “Ley Olimpia” que busca cambiar el paradigma del tratamiento de la Justicia de estos flagelos, de manera tal que considere a las víctimas como tales.

El dictamen avalado por unanimidad fue el fruto de la unificación de dos proyectos: uno de Macha y otro de la diputada de Evolución Radical (Juntos por el Cambio) Danya Tavela.

Ahora el proyecto, que modifica el Código Penal y la ley de Protección Integral contra la Violencia de Género 26.485 para tipificar como delito la figura de la violencia digital a través de la extorsión y difusión no consentido de material digital sexual, deberá tratarse en la comisión de Comunicaciones e Informática que preside el también oficialista Pablo Carro.

Este cuerpo no logró reunir quórum este martes para sumarse al plenario que tenía como cabecera la comisión de Mujeres, y por eso el tratamiento queda pendiente para una próxima instancia.

La iniciativa había sido presentada en julio pasado con la presencia de la ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta y está inspirada en la “Ley Olimpia” que se sancionó en México en 2021 en homenaje a una joven mexicana que fue víctima de “porno extorsión” y “porno venganza” por parte de una ex pareja que divulgó una video sexual de ella sin su consentimiento.

La ley Olimpia mexicana es considerada una norma modelo en materia de legislación contra la violencia digital de género, abordando los delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, sancionando la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo.

Al inicio de la reunión de comisión, Macha explicó que el proyecto en debate “se complementa con la Ley Belén” que abreva en sanciones penales a la violencia digital de género.

La diputada del FdT afirmó que la violencia en redes sociales “tiene más efectos en las vidas reales”, y al respecto señaló que “las redes sociales se han convertido en territorio de exposición”.

“La violencia por motivos de género es una pandemia porque que se viralice contenido íntimo genera padecimientos psíquicos, ataques de pánico y aislamiento y necesita acompañamiento, pero es una forma más de violencia por motivos de género”, explicó.

Por su parte, Tavela destacó que la norma sobre la que se está trabajando “forma parte de las leyes de la época” y explicó que ese es el motivo por el cual se logró un consenso interpartidario tan amplio.

La opositora pidió “tener en cuenta el daño que genera la revictimización permanente de quienes sufren violencia digital”, y en ese sentido advirtió que se produce una “restricción a la libertad” de esas mujeres.

La vicepresidenta de la comisión, Silvia Lospennato (PRO) reconoció que “esto es un paso, pero nos queda trabajar sobre el Código Penal para que la Justicia pueda avanzar sobre el castigo en quienes ejerzan este tipo de violencias”.

“La violencia tiene dos objetivos, el castigo y el disciplinamiento, y busca el repliegue de las mujeres a sus vidas privadas”, indicó, y agregó que con esta ley se apunta a proteger “el derecho a la intimidad”.

Por su parte, la diputada nacional Ana Clara Romero (PRO) ponderó el trabajo de la comisión, al que calificó como “un gran avance para dejar de naturalizar cuestiones que padecen las mujeres en la calle, en sus trabajos o en la universidad”.

“Se las discrimina y se las hace cargo de situaciones de las que son víctimas y me parece muy importante que hayamos podido poner luz sobre esta situación”, acotó la chubutense.

La diputada nacional Florencia Lampreabe (Frente de Todos) trajo a colación el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner ocurrido el 1 de septiembre del 2022, y recordó que ese hecho aberrante fue la coronación de discursos de odio de género que circularon con intensidad en redes sociales, alimentados por los medios de comunicación.

 “Estos discursos de odio están cada vez más naturalizados y hay una relación directa entre los discursos de los medios de comunicación y las réplicas de las redes sociales donde hay estrategias para generar hostigamiento”, añadió la legisladora camporista.

Para la diputada María Rosa Martínez (Frente de Todos), “no es casual que los discursos de odio se hayan efectuado previo al intento de magnicidio y luego hayan desaparecido”, en tanto que mencionó el acoso en redes que padeció Florencia Kirchner, la hija de la vicepresidenta.

Con información de NA.

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