A setenta años de uno de los episodios más emblemáticos de la violencia política en la Argentina, la Justicia Federal de San Martín declaró este lunes que los fusilamientos de José León Suárez constituyeron crímenes de lesa humanidad y responsabilizó al Estado argentino por su planificación y ejecución. La sentencia, dictada por la jueza federal Alicia Vence en el marco de un Juicio por la Verdad, establece además una serie de medidas de reparación y preservación de la memoria para las víctimas y sus familiares.

El fallo representa un hito en la búsqueda de verdad y justicia sobre los hechos ocurridos entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de junio de 1956, cuando un grupo de civiles fue detenido ilegalmente y trasladado a los basurales de José León Suárez, donde varios de ellos fueron ejecutados por fuerzas policiales de la autodenominada Revolución Libertadora. Aquellos acontecimientos fueron reconstruidos y difundidos por Rodolfo Walsh en Operación Masacre, considerada una de las obras fundacionales del periodismo de investigación en América Latina.

La sentencia fue leída en el Auditorio Hugo del Carril de San Martín, a pocos metros del lugar donde ocurrieron los hechos. Allí, la magistrada dio por probado que personal policial allanó de manera ilegal una vivienda de la localidad de Florida por orden de las máximas autoridades de facto de la época, encabezadas por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Francisco Rojas.

Según la resolución, doce personas fueron detenidas y trasladadas primero a la comisaría de San Martín y luego a un descampado donde fueron fusiladas. Como consecuencia de la masacre murieron Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión, mientras que otros siete lograron sobrevivir. Entre ellos se encontraba Juan Carlos Livraga, uno de los sobrevivientes más conocidos del caso, quien aportó su testimonio desde Estados Unidos durante las audiencias del juicio.

Vence calificó los hechos como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía. Aunque todos los responsables directos e indirectos ya fallecieron, la jueza estableció su responsabilidad penal y señaló que, de haber sido juzgados en vida, les habría correspondido la pena de prisión perpetua.

“Existen hechos cuyo juzgamiento conserva relevancia jurídica e institucional, aun cuando ya no resulte posible una respuesta penal”, sostuvo la magistrada al fundamentar la importancia del proceso judicial.

El juicio se desarrolló durante tres jornadas y contó con la participación de familiares de las víctimas, investigadores, periodistas y referentes de organismos de derechos humanos. La querella estuvo a cargo de los abogados Alberto “Pepe” Palacios y Walter Omar Arias, integrantes de la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de San Martín.

El contexto histórico ocupó un lugar central en el debate. Los fusilamientos se produjeron tras el levantamiento encabezado por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco contra la dictadura que había derrocado a Juan Domingo Perón en septiembre de 1955. La represión desplegada por el régimen incluyó ejecuciones sumarias en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Según los investigadores, fueron 31 los militantes asesinados en ese contexto.

Además de declarar la responsabilidad estatal y reconocer el carácter de lesa humanidad de los crímenes, la jueza dispuso un amplio conjunto de medidas reparatorias. Entre ellas se encuentra la rehabilitación del buen nombre y honor de las víctimas, la publicación de la sentencia en los boletines oficiales de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, y la incorporación de los hechos en los contenidos educativos nacionales y bonaerenses.

La resolución también ordena la instalación de placas conmemorativas en los sitios vinculados a los allanamientos, detenciones y fusilamientos, así como la creación de un sitio de memoria en el predio de los antiguos basurales de José León Suárez. Asimismo, los nombres de las víctimas serán incorporados al registro estatal de víctimas de violencia institucional.

El juicio tomó como antecedente la experiencia desarrollada en el denominado Juicio por la Verdad sobre la Masacre de Napalpí, realizado en 2022, cuando la Justicia Federal reconoció como crimen de lesa humanidad el ataque perpetrado en 1924 contra comunidades indígenas qom y moqoit en la provincia del Chaco.

Para los familiares de las víctimas, el fallo constituye una reparación largamente esperada. “Quiero que se haga justicia. Que, a pesar de que no estén los asesinos, esto se conozca, que sean declarados crímenes de lesa humanidad”, había expresado durante las audiencias Berta Carranza, hija de uno de los fusilados.

Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 16 de julio. Sin embargo, el veredicto ya quedó inscripto como una decisión histórica: por primera vez la Justicia argentina reconoció formalmente que los fusilamientos de José León Suárez fueron crímenes de lesa humanidad, reafirmando el valor de la memoria, la verdad y la justicia como pilares fundamentales de la democracia.

En el juicio por la verdad histórica sobre los fusilamientos de José León Suárez de 1956 que comenzó este miércoles en San Martín, declaró como testigo Juan Carlos Livraga, “el fusilado que vive”, el hombre que le reveló la historia a Rodolfo Walsh y desencadenó la escritura de la emblemática investigación periodística Operación Masacre. Tiene 94 años —los cumplió el 14 de junio— y envió un texto desde California, Estados Unidos donde reside desde hace año. El escrito fue leído ante el tribunal a cargo de la jueza Alicia Vence.

El juicio —el primero en el fuero federal por los hechos de la noche del 9 al 10 de junio de 1956— busca la reparación histórica de las familias de las cinco víctimas fatales y acusa al Estado —en aquel entonces representado por la Revolución Libertadora de Aramburu y Rojas— de haber cometido delitos de lesa humanidad. Cinco hombres fueron asesinados: Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. Otros siete hombres sobrevivieron, entre ellos Livraga, que aún está vivo.

Otro responsable clave de entonces fue el jefe de la Policía bonaerense, el teniente coronel (R) Desiderio Fernández Suárez, quien ordenó la detención de los hombres en una casa en Florida y luego exigió su ejecución en un descampado. Como informó elDiarioAR, el nieto del jefe policial que ordenó los fusilamientos es actualmente embajador de Milei en México: se trata de Leandro Fernández Suárez.

El proceso se desarrolla en el Auditorio Hugo del Carril, emplazado en el mismo lugar donde estuvo el basural de José León Suárez. Las audiencias continuarán este jueves y viernes, cuando se espera la condena.

El testimonio de Livraga

En su declaración, Livraga narró los momentos del fusilamiento con una precisión estremecedora. Describió cómo lo tiraron al suelo, vio un charco de agua que se movía desde la pared, escuchó a Rodríguez gritar “hijos de puta, mátenme” mientras le disparaban, y recordó que una voz dijo “ese respira, tírenle”. “Siento un disparo pasar por mi nariz, otro más en mi nariz y cara, duermo, abro los ojos, dolor siento en mi cara”, escribió. Así sobrevivió a la masacre ordenada por Fernández Suárez en la madrugada del 10 de junio de 1956.

En su relato también contó cómo lo llevaron en un Jeep al hospital —“a menos de una yarda ven la van que nos trajo, gente tirada, el ayudante va y viene con el informe: 'muertos, nada más'”— y cómo se identificó en la enfermería: “Como te llamas, Juan Carlos Livraga”. Allí llamaron a su padre. Pero la internación fue breve: la policía llegó y lo sacó en camilla. Un hombre bien vestido le ofreció “píldoras calmantes” antes de subirlo a otro Jeep. Estuvo detenido varios días.

Livraga también evocó su paso por la cárcel de Olmos, con un tono que chocó con la crudeza de lo anterior: recordó el día en que salió tras su detención, la emoción de sus padres emocionados, y la gente cantando su nombre. “Gracias a la vida por este momento”, escribió al final de ese pasaje.

Luego del testimonio por escrito de Livraga, expusieron ante el tribunal familiares de las víctimas, como Berta Carranza y Delia Garibotti. “Quiero que se haga justicia. Que a pesar de que no estén los asesinos, que esto se conozca. Que sean declarados crímenes de lesa humanidad. Porque por más que hayan pasado 70 años, queremos que sea ley. Y que se pueda tratar en las escuelas, en diferentes espacios. Que la historia, como ellos dicen hoy, en este gobierno negacionista... que la del movimiento la cuenten completa”, cerró Berta su exposición antes de un cuarto intermedio para la audiencia de este jueves, antes de la jornada final del viernes.

MC

En el mismo lugar donde hace 70 años la dictadura de la Revolución Libertadora fusiló a un grupo de hombres comenzará este miércoles un juicio por la verdad histórica. Se acusa al Estado, entonces encarnado en las figuras de Pedro Eugenio Aramburu e Issac Rojas, de cometer delitos de lesa humanidad. El proceso a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín se llevará a cabo en el Auditorio Hugo del Carril, ubicado en el mismo lugar donde hace siete décadas estaba el basural donde fueron asesinados Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. Otros siete hombres sobrevivieron a la Operación Masacre que denunció el escritor Rodolfo Walsh.

El juicio a cargo de Alicia Vence implica por primera vez condenar a los responsables del operativo de la Libertadora que buscó sofocar el levantamiento del 9 de junio del entonces general Juan José Valle. Participarán familiares de las víctimas fatales y hasta habría testimonial –por texto o video– de Juan Carlos Livraga, “el fusilado que vive” que le reveló la historia a Walsh y que hoy con 94 años vive en California, Estados Unidos. Las audiencias serán este miércoles, jueves y viernes, día en que se espera que se conozca la condena.

Pero el proceso va más allá: intentará marcar un mojón hacia adelante, para que la Justicia federal ordene investigar los otros operativos militares y policiales que hubo en la misma noche. Es que aquella noche de 1956 la Libertadora sofocó a sangre y fuego levantamientos en Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército, los Regimientos 7 de La Plata y 2 de Palermo. También en Viedma, Rosario, Rafaela, Santa Rosa. En total hubo 27 víctimas fatales. Tras la sanción de la Ley Marcial, el general Valle fue ejecutado el 12 de junio luego de entregarse para detener la represión.

“Tenemos la firme convicción de que el fusilamiento fue un delito de lesa humanidad y que habrá condena. Nunca hubo un juicio al respecto y nunca hubo una investigación al respecto”, sintetizó el abogado querellante Alberto Palacio, que representa ad honorem a los familiares de Lizaso, Carranza, Garibotti, Rodríguez y Brión.

Los fusilamientos en José León Suárez quedaron impunes luego de que la denuncia original de Livraga –que expuso Walsh– no tuviera lugar en la Corte Suprema. En 1957 el máximo tribunal ordenó que haya un proceso en la justicia militar, que decidió exonerar a Aramburu, Rojas y también al jefe de la policía bonaerense de entonces, el coronel retirado Desiderio Fernández Suárez. Este último fue quien detuvo a los doce hombres la noche del 9 de junio en una casa en Florida y ordenó –ya en la madrugada del 10– fusilarlos en un descampado en San Martín. 

Aramburu, Rojas y Fernández Suárez son mencionados en el expediente por delito de lesa humanidad. No está previsto que haya una defensa de sus actuaciones, y cuando elDiarioAR consultó a las familias de Aramburu y Fernández Suárez si sabían sobre el inicio del juicio la respuesta fue negativa. En los últimos días incluso este periodista reveló –en una investigación publicada en Anfibia– que el nieto del jefe de la Policía actualmente es diplomático del Gobierno. Leandro Fernández Suárez es diplomático de carrera desde 1993, fue cónsul de Alberto Fernández y en enero de este 2026 fue designado como embajador en México vía decreto de Javier Milei.

La revelación habría tenido cierto impacto diplomático. Según confió un embajador a este medio, el dato sobre Fernández Suárez llegó a oídos del canciller Pablo Quirno a través del subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro. Incluso LaPolíticaOnline se hizo eco del dato y publicó que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, “analiza rechazar las cartas credenciales del embajador argentino por ser el nieto de un represor”

El expediente incluso circuló por la Casa Rosada, ya que la jueza Vence notificó a la Procuración del Tesoro, es decir el cuerpo de abogado del Estado, que dirige Sebastian Amerio, hombre de Santiago Caputo. No trascendió que algún letrado que represente al Estado quiera defender su posicionamiente ante los fusilamientos.

El proceso judicial que ahora comienza acumuló una demora de cuatro años. Tuvo un tropiezo adicional cuando el fiscal que impulsaba el expediente, Paul Starc, fue designado el año pasado por Milei al frente de la Unidad de Información Financiera. Starc duró poco en el cargo: en enero fue desplazado con un cargo en el BICE. 

La dictadura que ordenó los fusilamientos

Los responsables

Jefe de Policía Prov. Bs. As.

Desiderio Fernández Suárez

Detuvo a los hombres en Florida a las 23.30 del 9/6. Recién a las 4 de 10/6 ordenó fusilarlos por teléfono desde La Plata. Nunca fue condenado. Murió en 2001.

Presidente de facto

Pedro Eugenio Aramburu

Comandaba la dictadura de la Revolución Libertadora. Fue secuestrado y asesinado por Montoneros en 1970.

Vicepresidente de facto

Issac Rojas

Anunció a las 02.30 del 10/6 que el levantamiento estaba controlado. Lideró junto con Aramburu el Golpe del 55. Murió en 1993.

El juicio no tiene antecedentes en el fuero federal pero sí un espejo en el fuero de Resistencia: el Juicio por la Verdad sobre la Masacre de Napalpí, que concluyó en mayo de 2022 y dictaminó que el ataque perpetrado el 19 de julio de 1924 contra las comunidades Qom y Moqoit constituyó un crimen de lesa humanidad en el marco de un genocidio indígena. Ese proceso es el modelo sobre el que trabajó la querella.

Entre quienes esperan el inicio del juicio está Berta Carranza, hija de Nicolás, que tenía dos años cuando su padre fue fusilado. “Estamos a punto del inicio del juicio por lesa humanidad que estamos pidiendo. ¿Y qué espero? Espero justicia”, dijo a elDiarioAR. Carranza era ferroviario, estaba cesanteado por su militancia política y tenía seis hijos. Vivía en la clandestinidad y así llegó a la casa de Florida en la que irrumpió la policía el 9 de junio de 1956.

El silencio fue la primera condena que vivieron las familias. “Teníamos prohibido decir que los fusilaron. Cuando íbamos a la escuela o si cualquier persona en la calle nos preguntaba no podíamos decir eso”, recordó Berta. Ahora, ella y los demás familiares de Lizaso, Garibotti, Rodríguez y Brión esperan que la Justicia federal les otorgue una reparación histórica negada durante 70 años.

Los que murieron. Los que vivieron.

Fusilados Sobrevivieron

Fusilado

Nicolás Carranza

Ferroviario · 6 hijos

Fusilado

Francisco Garibotti

Ferroviario · 5 hijos

Fusilado

Carlos Lizaso

21 años

Fusilado

Mario Brión

Empleado Siam · 1 hijo

Fusilado

Vicente Rodríguez

Portuario · 3 hijos

Sobrevivió

Juan Carlos Livraga

3 tiros en la cara

Sobrevivió

Miguel Á. Giunta

Escapó corriendo

Sobrevivió

Norberto Gavino

Exilio en Bolivia

Sobrevivió

Julio Troxler

Luchó y escapó

Sobrevivieron

Horacio Di Chiano

Se hizo el muerto

Rogelio Díaz

Escapó del camión

Reinaldo Benavidez

Exilio en Bolivia

Lideró el levantamiento

General Juan José Valle

Encabezó el alzamiento peronista del 9 de junio de 1956. Fue fusilado el 12 de junio, tres días después de la masacre de José León Suárez.

MC

En la madrugada del domingo 10 de junio de 1956, un grupo de hombres fue fusilado en un basural de José León Suárez por orden del jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Desiderio Fernández Suárez. El marco era la dictadura de la Revolución Libertadora, que comandaban Aramburu y Rojas. Intentaban sofocar el levantamiento peronista del general Valle. Cinco hombres murieron y siete sobrevivieron.

Los hechos permanecieron enterrados hasta que en diciembre de 1956 el periodista Rodolfo Walsh recibió la información de que “hay un fusilado que vive”. Investigó y denunció el hecho en el emblemático libro Operación Masacre, la primera obra del periodismo narrativo argentino. A setenta años, en la Justicia federal de San Martín está por comenzar un juicio por la verdad contra el Estado por delitos de lesa humanidad.

El mapa abajo muestra los tres puntos clave de la operación masacre.

La reunión en un PH de Florida

La reunión en el PH de Florida comenzó en la noche del 9 de junio. La excusa formal del encuentro de un grupo de hombre era escuchar la pelea de boxeo que esa noche disputaban en el Luna Park el campeón Eduardo Lausse contra el chileno Loayza.

La casa está en Hipólito Yrigoyen 4519, esquina Franklin, Florida Oeste. En el chalet al frente vivía Horacio Di Chiano, que esa noche estaba junto a su familia y Miguel Ángel Giunta, un vecino escuchando la pelea. El departamento del fondo lo alquilaba Juan Carlos Torres, que esa noche, en secreto, lo puso a disposición del movimiento de resistencia. Allí también se acercan algunos hombres solo para seguir la pelea y jugar a los naipes. En total son una decena.

Nicolás Carranza salió de su casa del barrio obrero de Boulogne. El trabajador ferroviario conocía del posible levantamiento de Valle. Pasó a buscar a su compañero y vecino Francisco Garibotti.

Mario Brión vivía en Florida, a la vuelta de la casa del encuentro. Fue invitado a escuchar la pelea. Carlos Lizaso, 21 años, llegó caminando. Su novia encontraría después una nota que decía: “Si todo sale bien esta noche…”

Vicente Rodríguez le dijo a su mujer “me voy a trabajar”. En el camino se cruzó con Juan Carlos Livraga, indeciso en un bar, y lo invitó. Livraga no tenía ninguna militancia.

“¿Dónde está Tanco?”

El teniente coronel retirado Desiderio Argentino Fernández Suárez, jefe de la Policía y militar retirado, irrumpe a las 23.30 en la casa con un grupo de oficiales para sofocar el supuesto complot.

Pedí por el militar Raúl Tanco, que secundaba a Valle en la sublevación, pero no hay rastros de él en la casa de Florida.

No hay resistencia de los hombres en ninguna de las dos viviendas. Pero Fernández Suárez decide detenerlos a todos. Solo uno logra escapar corriendo.

Comisaría y Ley Marcial

Los detenidos son trasladados a la Unidad Regional de San Martín, donde les retiran las pertenencias. Recién a las 00.30 del 10 de junio - al día siguiente de las detenciones- se declara la Ley Marcial.

A las 02.30 el vice Issac Rojas anuncia que el levantamiento de Valle está controlado. Hubo enfrentamientos en varios puntos del conurbano y de la provincias. El saldo total fue de 32 personas muertas.

Cerca de las 4, desde La Plata, Fernández Suárez exige fusilar a los detenidos, según reveló Walsh en Operación Masacre. Que la detención haya ocurrido un día antes de la Ley Marcial es el hecho clave que descubrirá en su investigación, porque significa que los fusilamientos fueron ilegales.

"¡A esos detenidos de San Martín, que los lleven a un descampado y los fusilen!"

Desiderio A. Fernández Suárez

Fusilados en un basural

A las 05.30, los detenidos son trasladados en un camión celular con quince policías de custodia.

El destino es un basural en José León Suárez. Mientras los faros iluminan el terreno, la policía obliga a los detenidos a caminar y luego les disparan. Cinco mueren en el acto o son rematados con un tiro de gracia. Otros salen corriendo, se hacen los muertos o están malheridos, pero sobreviven.

“Hay un fusilado que vive”

Seis meses después de la masacre, en diciembre de 1956, en un bar de La Plata, alguien le cuenta a Rodolfo Walsh la existencia de uno de los sobrevivientes. Es el caso de Livraga, que hace una denuncia judicial. El periodista comienza una investigación que terminará en el emblemático libro.

La dictadura que ordenó los fusilamientos

Los responsables

Jefe de Policía Prov. Bs. As.

Desiderio Fernández Suárez

Detuvo a los hombres en Florida a las 23.30 del 9/6. Recién a las 4 de 10/6 ordenó fusilarlos por teléfono desde La Plata. Nunca fue condenado. Murió en 2001.

Presidente de facto

Pedro Eugenio Aramburu

Comandaba la dictadura de la Revolución Libertadora. Fue secuestrado y asesinado por Montoneros en 1970.

Vicepresidente de facto

Isaac Rojas

Anunció a las 02.30 del 10/6 que el levantamiento estaba controlado. Lideró junto con Aramburu el Golpe del 55. Murió en 1993.

Los que murieron. Los que vivieron.

Fusilados Sobrevivieron

Fusilado

Nicolás Carranza

Ferroviario · 6 hijos

Fusilado

Francisco Garibotti

Ferroviario · 5 hijos

Fusilado

Carlos Lizaso

21 años

Fusilado

Mario Brión

Empleado Siam · 1 hijo

Fusilado

Vicente Rodríguez

Portuario · 3 hijos

Sobrevivió

Juan Carlos Livraga

3 tiros en la cara

Sobrevivió

Miguel Á. Giunta

Escapó corriendo

Sobrevivió

Norberto Gavino

Exilio en Bolivia

Sobrevivió

Julio Troxler

Luchó y escapó

Sobrevivieron

Horacio Di Chiano

Se hizo el muerto

Rogelio Díaz

Escapó del camión

Reinaldo Benavidez

Exilio en Bolivia

Lideró el levantamiento

General Juan José Valle

Encabezó el alzamiento peronista del 9 de junio de 1956. Fue fusilado el 12 de junio, tres días después de la masacre de José León Suárez.

La operación masacre en libro, película y cómic

Rodolfo Walsh publicó por primera vez su libro en 1957, luego de una serie de notas periodísticas. Se trata de un ícono en el género de no ficción.

La película se filmó de manera clandestina y se estrenó en 1973. Fue dirigida por Jorge Cedrón y escrita junto a Walsh.

En 1987 la revista Fierro publicó una adaptación de Operación Masacre en cómic. El guion es de Omar Panosetti (adaptado del libro) y las ilustraciones de Francisco Solano López (dibujante de El Eternauta).

El juicio por la verdad 70 años después

El próximo 17 de junio comienza en el Auditorio Hugo del Carril, en José León Suárez, un juicio por la verdad. Los familiares de los cinco muertos denuncian al Estado por delito de lesa humanidad.

El proceso lo lleva adelante el Juzgado Federal N° 2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence.

Fue al término de un juicio de lesa humanidad que se celebró en los Tribunales Federales. Los integrantes de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de ese partido del noroeste del conurbano decidieron realizar una actividad en conmemoración de las víctimas de la última dictadura cívico militar: cuatro los árboles que se plantaron frente a esa sede de la Justicia Federal ubicada en la calle Pueyrredón en homenaje a los detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado. En medio de esa ceremonia, Berta Carranza, una de las integrantes del colectivo planteó una inquietud que movilizó la consciencia de todos los presentes. “No nos olvidemos de los fusilados de José León Suárez, que por ellos nunca nadie hizo nada”.

Berta es hija de Nicolás Carranza, obrero ferroviario y peronista, asesinado en esas ejecuciones perpetradas entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de junio de 1956 por agentes de la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, en el contexto de un levantamiento armado --dirigido por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco-- que buscaba reponer en el gobierno a Juan Domingo, derrocado un año antes por el golpe de la autodenominada “Revolución Libertadora”. Las alternativas de ese crimen colectivo, y las vicisitudes que atravesaron sus sobrevivientes, fueron narradas por el escritor y periodista Rodolfo Walsh en su libro “Operación Masacre”, una obra emblemática del periodismo argentino que anticipó la metodología que el terrorismo de Estado emplearía en los años ’70.

Y esa premisa de Berta, lanzada en medio de todos esos militantes por la memoria, motivó a los integrantes de la Comisión a buscar el camino de la memoria, verdad y la justicia para esos fusilados, detenidos en una casa de la localidad de Florida y acribillados en los basurales de José León Suárez. “Decidimos presentarnos en el juzgado de Alicia Vence (magistrada federal de San Martín) e iniciar un juicio para declarar a los fusilamientos de José León Suárez como delito de lesa humanidad y avanzar en un proceso de la verdad, señaló Evita Morales, integrante de la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de San Martín. 

El antecedente del juicio de la verdad por la Masacre de Napalpí en Chaco, donde en un debate oral y público celebrado el año pasado se reconoció la responsabilidad del Estado en una matanza cometida en 1924 contra integrantes de pueblos Qom, Mocoví y Moqoit, motivó a los integrantes de esta Comisión a buscar justicia para las víctimas de estos fusilamientos y reparaciones para sus familiares.

“Decidimos juntarnos con los familiares y presentarnos como querellantes para impulsar esta causa. Cumplimos todos los trámites y este mes comenzaron las declaraciones y las testimoniales de los familiares y la acumulación de las pruebas. Esperamos que este año podamos llegar al juicio oral y público”, apuntó Morales.

La Comisión de la Verdad, la Memoria y la Justicia de San Martín se formó en 2012 con el propósito de apoyar los juicios de lesa humanidad que se desarrollaban en ese distrito judicial. Pero con el tiempo, sus integrantes consideraron que debían desarrollar una mirada más integral sobre la problemática de los derechos humanos. Hoy, la Comisión trabaja también acompañando a las víctimas de la violencia institucional y en la atención de las problemáticas de género. Elena Carranza, la hija más grande de Nicolás, fue una de las fundadoras de este colectivo y acompañó todas sus actividades hasta su fallecimiento. Ahora, quienes militaron con ella en este colectivo, sienten que, al impulsar esta causa de la verdad sobre los fusilamientos de José León Suárez, le rinden un merecido homenaje.

Alberto Palacios, es el abogado que representa a esta querella y tiene una apreciable trayectoria en llevar en los tribunales causas de lesa humanidad. “Estamos en una etapa de recolección de testimonios y aportes de evidencias documentales. Creemos que a fin de año podemos tener novedades en relación a la fecha del debate y avanzar con medidas de reparación”, explicó el letrado.

Por ahora, la querella se centra en establecer las condiciones para un juicio de la verdad, pero estiman que podrían establecerse responsabilidades penales si algunos de los efectivos de la Brigada Policial de San Martín que ejecutó los crímenes permanece aún con vida. “Es difícil que algo así pueda suceder, pero no lo podemos descartar”, apuntó Palacios.

Juan Carlos Livraga, Juan Torres, Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Mario Brión, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino, Rogelio Díaz, Reinaldo Benavidez y Julio Troxler fueron detenidos en una casa de Florida en la noche del 9 de junio de 1956, cuando se encontraban escuchando por radio una pelea de boxeo que el argentino Eduardo Lausse libraba ante el chileno Loayza. Mientras en algunos puntos del Gran Buenos Aires los sublevados peronistas combatían, en esa casa algunos, conocedores del levantamiento esperaban una señal, una proclama que se difundiría en medio de la pelea para actuar. Otros, en cambio, eran ajenos a todo y no tenían otra preocupación más que seguir las alternativas del combate.

Una partida encabezada por el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez se hizo presente en el lugar y detuvo a todos los presentes. Los condujeron hasta la Brigada de San Martín hasta que alguien en la Casa Rosada, donde se supervisaba la represión del levantamiento ordenó: “Hay unos detenidos en San Martín, fusílelos”. La dictadura les aplicaba a estos detenidos un decreto presidencial que había establecido la Ley Marcial, antes de sus aprensiones.  

Los detenidos fueron llevados a los basurales de José León Suárez, y en un procedimiento confuso, cinco personas resultaron muertas: Brión, Carranza, Garibotti, Lizaso y Vicente Rodríguez. El resto resultaron heridos o pudieron escapar en medio de la noche y la confusión. 

Pero Livraga, aunque recibió tres tiros y quedó abandonado en el basural por sus ejecutores, logró sobrevivir y se convirtió en el “fusilado que vive”, y en base a su testimonio, Walsh pudo reconstruir la historia de esta masacre.

“La causa original pasó a la Justicia Militar por una cuestión de competencia y quedó archivada. Por eso podemos avanzar con este planteo para declarar estos crímenes como delitos de lesa humanidad”, señaló Palacios.

Ya declararon ante la jueza Vence Berta Carranza y Delia Garibotti, hijas de Nicolás Carranza y Francisco Garibotti, respectivamente. Y también los hizo Alicia Rodríguez, hija de Vicente Rodríguez. “Esperamos que también lo pueda hacer Livraga en algún momento”, indicó Palacios sobre la víctima que desde 1965 reside en los Estados Unidos y semanas atrás estuvo reunido con algunos familiares de las víctimas.

“Para mí, como hijo, la muerte es solamente una circunstancia. Lo importante es por qué morís y, si te matan, por qué te matan. Si no se cuenta el motivo por el que mataron a estos hombres, se olvida su militancia y por qué lucharon”, dijo Daniel Brion, hijo de Mario Brion, durante la conferencia de prensa celebrada a principios de mes en la cual se anunció el inicio de la instrucción de este juico.

LC/MG