El inicio del ciclo lectivo universitario quedó atravesado por un paro nacional y por escenas que empiezan a repetirse entre docentes: renuncias, pluriempleo y dificultades para sostener la actividad académica. Juan Materola, profesor de Historia de la Universidad de Moreno y General Sarmieno, combina su trabajo con la conducción en Uber desde 2024. “El desafío era llegar a fin de mes”, resumió.

Nahuel Vega, doctor en Física, directamente dejó la docencia en la Universidad de San Martín: “Terminaba gastando todo el sueldo en transporte y comida”. Por su parte, Haydée Pizarro, bióloga, investigadora principal del CONICET y docente jubilada de Exactas (UBA), describió casos de profesionales altamente formados que buscan ingresos fuera del sistema.

“Conozco biólogas que hicieron cursos de plomería y hoy son plomeras; están trabajando de eso”, señaló. Se trata, según explicó, de una salida para sostenerse económicamente ante ingresos que no alcanzan para cubrir gastos básicos, incluso en cargos con dedicación exclusiva.

La medida de fuerza, convocada por las federaciones Conadu Histórica y Conadu, se desarrolla en dos tramos –del 16 al 21 de marzo y del 23 al 30– y afecta a más de 60 universidades públicas. En la UBA, los docentes resolvieron un paro “por tiempo indeterminado” hasta que se aplique la recomposición salarial del 55,4% prevista por ley.

El trasfondo del conflicto remite al financiamiento: pese a la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario por el Congreso y su ratificación tras la caída del veto presidencial, el Gobierno nacional no la aplica. Un fallo judicial ordenó recomponer los salarios docentes en torno al 51% de pérdida frente a la inflación, pero tampoco fue ejecutado.

En paralelo, el Ejecutivo impulsa un nuevo proyecto que reduce esa recomposición a un 12% en tres tramos. “Desconoce a dos poderes de la República: al Congreso y al Poder Judicial”, señaló el rector Germán Pinazo. “El mensaje es que no cumple la ley porque no quiere”.

Salarios de pobreza

Entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, la pérdida salarial acumulada equivale a 11,4 sueldos actuales, según el Observatorio del Salario y Presupuesto Universitario. En términos reales, el índice cayó a 64 puntos, con una baja del 36% del poder adquisitivo.

Según un informe gremial de la UBA, el salario real se ubica en su mínimo histórico, con una caída del 35,6% respecto de noviembre de 2023 y por debajo de los niveles de 2004. Para recuperar ese poder de compra sería necesaria una recomposición cercana al 60%, y de más del 120% para volver a valores de hace una década.

“Desde diciembre de 2023 perdimos entre un 35% y un 40% del salario real”, señaló Patricio Santagapita, secretario de investigació de Exactas (UBA) y profesor de Migrobiología de Alimentos. “Eso se siente directamente en la vida cotidiana”.

Docencia y abandono de la actividad

El deterioro salarial impacta en la continuidad de las trayectorias docentes. En el caso de Vega, el ingreso por su cargo –alrededor de $240.000 mensuales por 10 horas semanales en 2025– no alcanzaba a cubrir los costos básicos. “Se te va el sueldo ahí”, resumió. “No se me ocurre volver a la docencia en estas condiciones”.

En paralelo, Materola sostiene jornadas nocturnas como conductor para complementar un salario universitario de $250.000. “Lo que empezó como algo transitorio se volvió permanente”, explicó. Los casos se multiplican en distintas facultades y niveles de dedicación, con docentes que suman cargos, clases particulares u otros trabajos fuera del ámbito académico.

Renuncias y dificultades para sostener las cátedras

La salida de docentes se consolida como tendencia. En la Facultad de Agronomía de la UBA se registraron 83 renuncias desde comienzos de 2024, junto con jubilaciones anticipadas. “Empezaron a renunciar muchos docentes, especialmente los más jóvenes”, indicó la decana Adriana Rodríguez. “El proceso se aceleró en los últimos meses”.

Los cargos iniciales, incluso con dedicación exclusiva y doctorado, se ubican en torno al millón de pesos, por debajo de otros sectores. “El motivo principal es salarial”, sostuvo Rodríguez. “Se van a empresas o a universidades de países vecinos, donde ganan entre tres y cuatro veces más. Estamos cubriendo los baches con más trabajo de quienes se quedan”, agregó. “Pero es una situación que en el corto plazo va a ser insostenible”.

El deterioro salarial se combina con la caída del financiamiento. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron 5.750 puestos en el sistema científico público. “Se están desarmando equipos de investigación”, advirtió Santagapita.

En su grupo, dos investigadores dejaron sus posiciones: uno emigró y otro no aceptó continuar su carrera en estas condiciones. “Ya estamos viendo una fuga de recursos humanos”, señaló. A la vez, los subsidios nacionales están prácticamente congelados. “Muchos investigadores están poniendo dinero de su bolsillo para sostener experimentos”, agregó. “Es una doble presión”.

Infraestructura, insumos y funcionamiento cotidiano

El impacto también se traslada al funcionamiento cotidiano de la universidad. Según Pizarro, la falta de financiamiento afecta tanto la infraestructura como los insumos necesarios para sostener la actividad académica y de investigación. “Los equipos se rompen y no se pueden reparar, no hay fondos para insumos ni para trabajo de campo”, explicó.

En laboratorios que dependen de equipamiento complejo –como freezers a -80 grados–, la falta de mantenimiento implica la paralización de tareas. En ese contexto, materias que no comienzan, subsidios interrumpidos y limitaciones operativas configuran un escenario de funcionamiento restringido.

Menos ingreso a la carrera científica

El deterioro impacta en la formación de nuevos investigadores. Las becas doctorales rondan los $1,2 millones y el ingreso a la carrera científica pierde atractivo. “Muchos jóvenes directamente no quieren iniciar un doctorado”, indicó Santagapita. “Se perdieron 5.750 puestos en el sistema público en dos años”, agregó.

Las consecuencias alcanzan también a la cursada. La reducción de docentes se traduce en menos horarios y cupos en algunas carreras. “Las renuncias dejaron de ser un hecho aislado”, afirmó Tatiana, del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. Según datos estudiantiles, se registran más de 10.000 renuncias en el país. “Hay facultades con pérdidas del 30% de su planta docente”, concluyó.

LN/CRM

La resolución judicial que reavivó el conflicto por el financiamiento universitario impacta directamente en quienes sostienen el sistema público: los docentes, no docentes y estudiantes de las universidades nacionales. A partir de un reclamo colectivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 ordenó aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización automática de los salarios y becas según la inflación. La decisión, tomada por el juez Martín Cormick, representa el primer revés legal para el Gobierno en una pulseada presupuestaria que ya acumula meses de tensión.

La cautelar exige al Poder Ejecutivo dejar sin efecto el decreto 795/2025, que había suspendido la aplicación de la ley sancionada por el Congreso, y convalida el reclamo del CIN sobre la necesidad urgente de recomponer ingresos para el personal universitario y garantizar la continuidad de las becas estudiantiles.

“La suspensión del decreto es provisoria, pero vuelve a poner en marcha el esquema de actualización que había sido congelado de forma unilateral por el Gobierno”, explicó una fuente universitaria a trabajAR.

El reclamo judicial se inició en octubre pasado, cuando el CIN promovió una acción de amparo colectivo. Alegó que el freno al financiamiento comprometía no solo el poder adquisitivo de los salarios y el acceso a becas, sino también derechos constitucionales como la educación y la autonomía universitaria.

La respuesta del magistrado fue contundente: el decreto presidencial incurre en “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, y su aplicación implica un perjuicio inmediato que no requiere un análisis profundo de los hechos para ser comprobado. En términos prácticos, la Justicia avaló que el Poder Ejecutivo no puede omitir la ejecución de una ley ya vigente por razones presupuestarias, sin antes definir junto al Congreso las fuentes de financiamiento correspondientes.

Para los trabajadores del sector, la medida llega en un contexto de deterioro sostenido. Los docentes universitarios sufrieron una pérdida salarial estimada del 40% en lo que va del año, y las becas mantuvieron sus montos nominales a pesar de la inflación. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) había advertido en noviembre que “el congelamiento presupuestario está vaciando de contenido la educación pública”.

Por el lado estudiantil, organizaciones como la FUBA y centros de estudiantes del conurbano también celebraron la decisión judicial. “Sin becas no hay igualdad de oportunidades. Y sin salario no hay universidad”, expresaron en un comunicado conjunto. La bandera que encabezó las marchas de octubre y noviembre —“Sin presupuesto no hay educación”— ahora parece encontrar eco en los tribunales.

El conflicto de fondo sigue abierto. El Gobierno sostiene que la ley sancionada en septiembre “no previó las partidas necesarias” y por eso no está obligado a ejecutarla hasta que el Congreso disponga cómo financiarla. Sin embargo, el Congreso ya había ratificado la norma al rechazar el veto presidencial, lo que convierte al fallo judicial en un gesto de validación institucional clave.

JJD

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anunció que el ciclo lectivo 2026 no comenzará si el Gobierno no implementa en su totalidad la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, votada recientemente por el Congreso. La decisión fue adoptada por el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales, con la participación de 30 gremios de base de todo el país.

“La situación de la universidad es sumamente crítica y si el Gobierno no ofrece una solución, las consecuencias de este desfinanciamiento histórico llevarán a una crisis que costará muchos años revertir”, sostuvo el secretario general Carlos De Feo. Según la federación, la norma fue elaborada de forma conjunta por el Frente Sindical Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la FUA.

El plenario evaluó también el deterioro salarial del sector y las medidas implementadas durante el año para resistir el ajuste del Gobierno nacional sobre las universidades públicas. CONADU participó de jornadas de visibilización, paros y movilizaciones en reclamo de mejoras salariales, estabilidad laboral y presupuesto educativo.

El documento emitido por la federación gremial ratificó además el rechazo a la censura en la Universidad Nacional de San Luis, donde se eliminaron contenidos sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos y los derechos humanos en una materia de Biología Molecular.

Finalmente, CONADU expresó sus condolencias por la muerte de dos militantes del campo popular y solidaridad con las personas heridas en un siniestro vial ocurrido cuando se dirigían al 1° Encuentro Internacional de Hábitat Popular.

JJD

En una de sus últimas entrevistas públicas antes de morir, el papa Francisco alzó la voz contra los recortes en educación y reivindicó el modelo argentino de escuela pública, gratuita y de calidad. Sin mencionarlo, sus palabras fueron una crítica directa a la política educativa del presidente Javier Milei, que en su primer año de gestión eliminó el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), recortó el presupuesto universitario y desfinanció al sistema de ciencia y técnica.

“Hacer ajuste en la educación es el suicidio programado de un país. Es criminal. Y me alegra ver que tanta gente, incluso los jóvenes, se opone”, sentenció Francisco en una entrevista concedida a la periodista Bernarda Llorente el 20 de diciembre de 2024, desde el Vaticano.

Las declaraciones fueron emitidas por el canal Orbe 21, y rápidamente se interpretaron como un respaldo a las marchas federales y protestas masivas que, durante todo el año pasado, se multiplicaron contra el desfinanciamiento del sistema educativo público.

“La educación es un alimento: de la mente, del alma, del espíritu”, dijo el pontífice. Y alertó sobre los modelos políticos que deterioran intencionalmente el acceso a la formación: “En los países dictatoriales o en los liberales extremos, la educación se poda lentamente. Y sólo los hijos de los ricos pueden acceder a la universidad”.

Francisco habló también desde la experiencia personal. En otra entrevista, con Jorge Fontevecchia, recordó que toda su formación fue en instituciones públicas. “Me educó el pueblo argentino, con su riqueza y su contradicción. Estudié en la escuela pública de la calle Varela y me gradué como técnico químico en una secundaria pública. También cursé en la universidad pública antes de entrar al seminario”, rememoró el pontífice. “Toda mi educación se la debo a la escuela pública argentina”.

En su diálogo con Llorente, el Papa insistió: “Nuestro pueblo siempre tuvo la percepción de que la educación no se toca. La escuela era como un segundo hogar”. Y agregó: “Argentina tiene buena fama internacional por sus profesionales. Esperemos que la universidad siga con este prestigio”.

La entrevista tuvo lugar pocos días después del Sínodo de los Obispos —uno de los hitos de su papado— y a pocas semanas del Jubileo 2025, celebración mundial con eje en el perdón, el diálogo y la esperanza. En ese contexto, el Papa reflexionó sobre las desigualdades, el negacionismo, el cambio climático, las guerras y los nuevos autoritarismos, pero fue especialmente enfático en la defensa de la educación como pilar de la democracia y la justicia social.

Sin necesidad de nombrarlo, Francisco dejó en claro su desacuerdo con las prioridades del actual Gobierno argentino. En su despedida pública, su voz resonó como un legado y una advertencia: un país que desfinancia la educación está hipotecando su futuro.

La educación, una causa de vida

Bergoglio hizo de la educación una causa de vida. Scholas Occurrentes es una organización internacional de Derecho Pontificio fundada por el ahora fallecido pontífice, en 2013, año en que ascendió a jefe de la Iglesia Católica, con el objetivo de promover una “cultura del encuentro” a través de la educación, el arte y el deporte.

Su origen se remonta a 2001 en Buenos Aires, cuando el entonces arzobispo impulsó los programas “Escuela de Vecinos” y “Escuelas Hermanas”, integrando estudiantes de escuelas públicas y privadas, de todas las religiones, con el fin de educar a los jóvenes en el compromiso por el bien común.

Desde su creación, Scholas ha crecido hasta convertirse en una red global que conecta a más de 400.000 instituciones educativas en 190 países, alcanzando a más de un millón de niños y jóvenes en todo el mundo. La organización trabaja en colaboración con escuelas y comunidades educativas, buscando reunir a jóvenes de diferentes orígenes y religiones para fomentar el sentido de comunidad y la ciudadanía activa.

JJD

El lunes 14 de abril, en uno de los pasillos del Instituto Superior de Formación Docente “Profesor Vicente D. Abramo” Nº 35 de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, apareció pegada una hoja escrita a mano. No estaba en una cartelera ni en el sector de avisos: alguien la había colocado con cinta, a la altura de los ojos, sobre una pared junto a las aulas donde se dictan clases de Historia y Formación Ética. El mensaje, redactado con letra clara y prolija, no dejaba lugar a dudas: era una amenaza explícita de muerte, con referencias directas al terrorismo de Estado.

“Ingresantes: no se dejen dejen llevar por los zurdos del Instituto, estos son amigos de [Axel] Kicillof, de Cristina [Fernández de Kirchner], y de todos los kukas del país. A los kukas no les importa La República, solo quieren beneficios y/o privilegios. La única solución es erradicar a los zurdos de dicho lugar, ya sea matando a uno o traer algunos Ford Falcon Verdes y hacerlos desaparecer. Hagamos Patria. Es una promesa”.

Cabe recordar que los Ford Falcon verdes están íntimamente asociados con el terrorismo de Estado en Argentina, son el símbolo del secuestro y la desaparición forzada durante la última dictadura cívico-militar (1976–1983). Estos autos, modelo Falcon de tipo sedán, pintados verde oliva u oscuro, eran comúnmente utilizados por grupos de tareas del aparato represivo. Se movían sin identificación oficial, para secuestrar personas en la vía pública o en sus propios domicilios. No se identificaban como fuerzas del Estado y actuaban de modo clandestino.

El mismo lunes 14, docentes y estudiantes del instituto denunciaron públicamente el hecho. Transcurrida una semana, la dirección del instituto aún no se ha pronunciado. “Los directivos están obligados a hacer una denuncia. Ni siquiera sacaron un comunicado de repudio, pretenden tapar todo”, señalaron a elDiarioAR desde el sector docente del establecimiento.

A su vez, destacan que la nota apareció a pocos días del último 24 de marzo, nuevo aniversario de la última dictadura cívico-militar, y a diez días de una masiva jornada pública de debate sobre dicho tema, realizada el sábado 3 de abril.

El historiador Luis Brunetto, que es profesor en el Instituto desde 2007, en diálogo con elDiarioAR, sostuvo que “estos hechos no pueden separarse del discurso fascista contra los 'zurdos' que deliberadamente propaga el gobierno negacionista de Milei y [su vicepresidenta, Victoria] Villarruel, y del clima que crea [la ministra de Seguridad, Patricia] Bullrich para legitimar que las fuerzas de seguridad disparen contra periodistas o apaleen jubilados miércoles tras miércoles”.

Y agregó: “No podemos quedarnos cruzados de brazos ni minimizar estos hechos, hay que pararlos antes que sea tarde. El año pasado hubo un hecho similar cuando un alumno irrumpió al grito de 'zurdos aborteros' en una Jornada de Educación Sexual Integral (ESI), y supuestamente se tomaron 'medidas pedagógicas', ahora pasa esto y la dirección del instituto ni siquiera se pronunció públicamente. Por eso estamos impulsando un pronunciamiento que ya lleva centenares de firmas de una comunidad educativa que es muy numerosa, porque el instituto es muy grande”.

Por otro lado Emanuel Denett, vicepresidente del Centro, también declara: “Ya nos reunimos con las autoridades del instituto, que se niegan a hacer la denuncia judicial de los hechos que están obligadas a hacer porque hay amenazas de muerte, un delito de acción pública. El miércoles hicimos una asamblea, el lunes a la mañana hay una sentada en la puerta del instituto que organizan les estudiantes de la carrera de Educación Especial y a las 13hs vamos a hacer una nueva asamblea para organizar un plan de acción. Llamamos a las comunidades educativas de todos los institutos y universidades, a los sindicatos docentes y a todo el movimiento obrero a pronunciarse. Al fascismo hay que pararlo antes de que sea tarde”.

Estudiantes y docentes del instituto publicarán en los próximos días una declaración de repudio que ya cuenta con cientos de firmas. El establecimiento educativo de Monte Grande tiene edificio propio, tres turnos y más de 2.000 alumnos.

Hasta hace algunos meses Esteban Ciarlo trabajaba 40 horas semanales en la Facultad de Agronomía como profesor adjunto de la cátedra de edafología, una disciplina que estudia los suelos en relación con el crecimiento de las plantas. Pasó de esa carga horaria a una dedicación simple de 10 horas para poder tomar otro empleo. “La verdad es que el desfinanciamiento que hay en la universidad es tremendo y todo lo que es investigación se frenó”, cuenta. 

Cómo él, cada vez más profesores de universidades públicas reducen sus horas o renuncian a sus cargos por los bajos salarios y en algunas facultades las partidas ya alcanzan al 13% del plantel docente. La tendencia genera incertidumbre por la calidad educativa hacia adelante, pone en peligro la continuidad de investigaciones y plantea un “panorama desolador” a futuro, según coincidieron autoridades académicas y profesores consultados por elDiarioAR.  

El aumento de las renuncias es mayor entre los docentes más jóvenes, que pueden cobrar hasta cuatro veces más en el exterior o en el sector privado. En el otro extremo de la escala, también crece la deserción entre quienes están en edad de jubilarse, una situación que vacía a las universidades del personal con más trayectoria.

“Sin ningún lugar a dudas, la preocupación más urgente con la cual vamos a iniciar el 2025 es la recomposición salarial pendiente del año 2024”, advierte Víctor Moriñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que nuclea a los rectores de todas las universidades públicas de Argentina.

El atraso salarial trae como consecuencia el incremento de renuncias docentes, “un fenómeno que se da en todo el país, pero se ve mucho más en las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza o Santa Fe porque hay más variedad de potenciales empleadores”, precisa Moriñigo. 

“Es muy penoso perder a profesores que uno los viene formando desde hace mucho tiempo y que, por cuestiones coyunturales, tengan que irse”, agrega el presidente del CIN, que también es rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

Más de 130 renuncias en Exactas de la UBA

A lo largo del 2024, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) renunciaron en total 135 profesores y auxiliares, lo que representa el 13% del plantel docente, según datos que esa casa de estudios le brindó a elDiarioAR.

“Es un número muy grande y se nota una tremenda deserción. Dependiendo de las disciplinas, va cambiando el perfil de adonde se fueron. Algunos pasaron a la industria, otros a universidades privadas o partieron del país”, explica el decano de Exactas, Guillermo Durán. Y continúa: “Los sueldos de nuestros profesores investigadores son entre tres y cuatro veces más bajos que los sueldos que pueden llegar a ganar en países como Chile, Uruguay o Brasil. Y la calidad de nuestra gente es muy buena, entonces tienen oportunidades en todos lados”.

Las áreas más afectadas de la Facultad son las que están vinculadas con computación y química. A contramano de la deserción de sus profesores, Ciencias de Datos es la carrera con mayor cantidad de inscriptos de Exactas desde sus inicios en 2021.

“La situación es espantosa. En cuarenta años de democracia no hubo un ajuste sobre la universidad y la ciencia tan salvaje como el que hizo este Gobierno en un año”, remarca Durán. “Por el momento, estamos haciendo todo lo posible para mantener la oferta académica tal cual estaba sin tener que cerrar cursos, pero por supuesto que estas partidas en masa provocan una disminución de la calidad”.

Cierre de inscripciones

Una de las instituciones que se vio obligada a modificar la oferta académica es la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), que cerró las inscripciones para 2025 en las carreras de Tecnicatura y Licenciatura en Informática porque no hay docentes para cubrir todos los cursos que se necesitarían si se sumarán nuevos estudiantes.

“A los docentes de esos rubros les conviene trabajar en el sector privado y la demanda de inscriptos a esas dos carreras es muy elevada, por lo que se priorizó que quienes ya están cursando puedan seguir haciéndolo”, informaron desde la UNQ a este diario. 

Alejandro Díaz-Caro es docente de la Licenciatura en Informática de la UNQ y en octubre de este año emigró a Francia para investigar en lenguajes de programación para la computación cuántica en el Instituto Nacional de Investigación en Ciencias y Tecnologías Digitales (Inria, por sus siglas en francés).

“Mientras pueda voy a seguir dando clases virtuales para la UNQ porque es mi manera de ayudar a que la carrera se mantenga”, cuenta a elDiarioAR por teléfono Díaz-Caro, a unos 11.000 kilómetros de distancia. “Siempre fue difícil competir contra los salarios de la industria, pero ahora las condiciones se deterioraron tanto que nos estamos yendo todos y eso hace que la carga para los que quedan sea más grande. Es una situación bastante catastrófica”, agrega.

El investigador ya había vivido en Francia cuando hizo su doctorado y posdoctorado, pero regresó a la Argentina en 2014 gracias al programa Raíces del entonces Ministerio de Ciencia, que promovía la repatriación de científicos.

“Volví con la intención de crear un grupo de investigación y hacer ciencia en Argentina. En diez años formé un montón de estudiantes y ahora tener que bajar la persiana de repente e irme es muy feo. No es lo que hubiese querido”, afirma y explica que tomó la decisión de emigrar porque el Gobierno suspendió los financiamientos para las investigaciones.

En ese sentido, Díaz-Caro apunta que tampoco se abren llamados para pedir financiamiento al exterior, como hizo durante los últimos años para obtener fondos de la Unión Europea. “Entonces, no es una cuestión de ahorrar plata, sino que hay una intención clara del Estado de que no hagamos más ciencia”, apunta. 

“Admiro muchísimo a los que decidieron quedarse y pelearla desde adentro, pero creo que eso no es gratis. Pelearla desde adentro significa dedicar gran parte de tu esfuerzo y tu tiempo a pelear para que el sistema científico no se caiga, en lugar de hacer investigación”, concluye.

La profundización del conflicto

Después de un año con paros docentes, tomas de facultades, clases públicas y dos marchas universitarias federales contra el ajuste que aplica el Gobierno de Javier Milei sobre la educación superior, el conflicto, lejos de solucionarse, se expande en el tiempo. 

Ya en octubre la Facultad de Agronomía de la UBA había advertido sobre la renuncia de 30 profesores “altamente calificados”, que configuraban alrededor del 10% del plantel. Ahora, la problemática se profundiza porque al menos 15 docentes solicitaron la disminución de su dedicación exclusiva.

“Pidieron tener una dedicación part time y el resto del tiempo se dedican a la actividad privada, con lo cual estamos perdiendo cerebros y capacidades. Se trata de una tendencia peligrosa para sostener el rol fundamental de la universidad que es la investigación”, resalta la decana de Agronomía, Adriana Rodríguez.

Entre los docentes que redujeron este año su dedicación está Esteban Ciarlo, quien pasó de trabajar 40 horas semanales en la facultad de Agronomía a tener una dedicación simple de 10 horas para tomar otro empleo. Ciarlo, profesor adjunto de la cátedra de edafología, dice que en sus 26 años como docente nunca hizo un paro hasta este año. “No es que yo era el único que no hacía paros, no se usaba en la facultad porque es muy apolítica. Pero este año cambió”, enfatiza y remarca que nunca vio un ajuste similar. 

“También nos sentimos muy discriminados por la forma en que se trataba a la comunidad universitaria y por esta idea errónea de que los docentes bajamos línea subestimando a los alumnos. Eso nos empujó a todos a movernos”, continúa Ciarlo, quien espera algún día volver a tener dedicación exclusiva porque asegura que la facultad es como su casa.

Durante el 2024 el sueldo de los docentes universitarios “perdió más del 50%”, según alertó esta semana el gremio de la Conadu Histórica, que reclama la reapertura de paritarias. Hoy un salario de cargos iniciales está “en $420.000 de bolsillo, que es lo que cobra un docente con 20 horas de trabajo y una antigüedad de 10 o 12 años”, afirmó la secretaria general de la Conadu Histórica, Francisca Staiti.

Asimismo, el salario de los docentes universitarios sufrió el mayor recorte dentro del sector público, de acuerdo a un informe elaborado por el centro de investigación Fundar con motivo del primer aniversario de la presidencia de Milei.

Menos profesores y laboratorios más vacíos 

“Tuvimos alrededor de 30 renuncias de docentes a lo largo del año. Es un número que está por arriba de la media de los años previos y ha aumentado significativamente en los docentes más jóvenes, de hasta 35 años”, detalla a elDiarioAR el decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (FFyB) de la UBA, Pablo Evelson.

También advierte sobre otro fenómeno: “Los docentes se empezaron a jubilar apenas pueden. Tenemos un aumento en las jubilaciones de las mujeres a partir de los 60 años, o sea que hay deserción en los niveles más bajos y en los más altos de la escala”.

La partida de los docentes más jóvenes se profundiza por la suspensión del ingreso a la carrera de investigador del Conicet y por la interrupción del pago de subsidios a los laboratorios de las facultades. En la FFyB, el ajuste afecta investigaciones que buscan dar respuesta a problemas de salud de la población, como el desarrollo de vacunas, kits diagnósticos o medicamentos para enfermedades desatendidas.

“El panorama es bastante desolador porque además no hay ningún indicio de que las autoridades nacionales tomen seriamente la caída del salario”, agrega el decano. Y advierte: “Si la situación permanece, prevemos una disminución muy grande en los distintos estamentos de recursos humanos de la universidad”.

Hacia una consulta popular 

Si bien las autoridades académicas consultadas concuerdan en que los salarios docentes son el tema más grave de cara al próximo ciclo lectivo, advierten que la cuestión de los gastos de funcionamiento tampoco está resuelta porque el Congreso no aprobó un nuevo presupuesto para 2025.

Para encontrar una alternativa, el Consejo Superior de la UBA firmó la semana pasada una resolución donde solicita a la Cámara de Diputados convocar a una consulta popular vinculante para aprobar la Ley de Financiamiento Universitario que Milei vetó en octubre.

El lunes pasado el Ministerio de Capital Humano anunció que “la inversión universitaria para 2025 es la tercera más alta del presupuesto nacional”. Sin embargo, los 4 billones de pesos previstos están apenas por encima de la mitad de los 7,2 billones reclamados por el Consejo Interuniversitario Nacional para cubrir las necesidades del sistema. 

“Esperamos que el Gobierno haga el esfuerzo y genere todas las condiciones políticas para que durante enero y febrero pueda trabajarse en una oferta que empiece a recuperar salarios respecto a la inflación porque de eso depende cómo arrancará el año”, concluye Moriñigo.

DTC

El gobierno de Javier Milei se excusó durante 2024 en la prórroga presupuestaria para justificar algunos recortes, entre ellos el efectuado contra las universidades públicas. Sostenían que los recursos asignados a la educación superior debían discutirse en el marco del presupuesto 2025. Ese debate se está dando en estos días en la Cámara de Diputados. Varios funcionarios asistieron esta semana a defender lo indefendible: la consolidación del ajuste perpetrado este año en materia de educación. El jueves fue el turno del secretario del área, Carlos Torrendell, dependiente del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que asistió acompañado del Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. 

¿Qué implica en materia educativa el presupuesto 2025? En primer lugar, consolida el desfinanciamiento producido en 2024, ya que prevé una inversión en educación 43,3% menor en términos reales que en 2023. Asimismo, como muchas de las partidas, las educativas quedarán a discreción del Ejecutivo: la regla fiscal implica que si las previsiones presupuestarias fallan, o se recauda menos de lo estimado, o si los compromisos de deuda se incrementan, el presupuesto de educación quedará sujeto a un recorte mayor.

Además, se suspende la obligación del Estado consagrada en la Ley 26.206 de invertir el 6% del PBI en educación entre Nación y Provincias, así como la obligación estipulada por la Ley 26.058 de invertir el 0,2% de los ingresos del Sector Público Nacional en educación técnica. En este área, al ajuste previsto en 2024 (59%) lo profundizan (-68,4%) respecto a 2023. 

En partidas específicas, el ajuste se repite. Los programas Conectar Igualdad, Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente) desaparecen (-100%) así como la actividad “Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral”. En el caso de la ESI, implica una violación de la Ley 26.150, que desde 2006 consagró la educación sexual integral como un derecho de pibes y pibas que ha demostrado ser fundamental para prevenir y detectar abusos en la infancia por ejemplo. Pero no es de extrañar en el contexto actual: en 2024 su ejecución es de solamente 2% y se convocó a organizaciones ultracatólicas para su promoción.

En lo que respecta al Fonid, tampoco es de extrañar su eliminación ya que desde principios de año que el Gobierno decidió interrumpirlo, reduciendo nominalmente el salario de todos los docentes del país. En el caso del Conectar Igualdad, Torrendell sostuvo que se mantiene, pero se reduce más de 40% la cantidad de computadoras que estiman entregar. También señaló que ya no va a ser ARSAT el proveedor de las escuelas, sino que abrió la posibilidad a que se tercerice y mencionó explícitamente a Starlink, la empresa de Elon Musk, al igual que había hecho Milei en su discurso de presentación del DNU 70/2023 que continúa vigente.

La situación no es mejor para quienes cobran la beca Progresar, destinada a los pibes y pibas que quieran terminar la secundaria, o la universidad, o formarse para un oficio. En el presupuesto 2025 no se plasma un recorte en cantidades de becas pero en monto se estima un desplome adicional de 21% vs 2024, consolidando un derrumbe de 66% respecto a 2023. Además, si dividimos el monto de 2025 ($431.154 millones) en 1,52 millones de becarios que estiman alcanzar, el monto por mes ($23.638) es muy inferior al monto actual de la beca ($35.000). Algo no cierra.

Sobre el principal programa de la Secretaría, vinculado al financiamiento a las Universidades Nacionales (66,6% del total del presupuesto), se prevé en 2025 mantener el nivel de desfinanciamiento actual: -33,8% respecto a 2023 en términos reales.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, intentó ocultar lo evidente: sostuvo que “no hubo recorte de salarios, lo que hubo es una actualización salarial que no siguió la pauta inflacionaria”. Terminó confirmando lo que venimos sosteniendo: el ajuste recae sobre los salarios docentes, y en 2025 no mejorará, ya que la partida destinada específicamente para ese fin caerá 38,8%. Continuará así con la situación de 2024: mientras que los salarios crecieron 102% desde noviembre, la inflación fue de 161% -estimando en octubre 3,3% del REM-BCRA-, consolidando una pérdida enorme del poder adquisitivo de 22,6%.

CB/JJD

Basado en el principio de inclusión social, el Colegio María de Guadalupe, ubicado en un barrio popular de la provincia de Buenos Aires y consagrado como la mejor escuela del mundo en la categoría Colaboración Comunitaria de los premios World’s Best School, busca transformar su comunidad, y muchas más.

“Esta es la mejor escuela del mundo porque es a la que venís vos”, dice un mural pintado -desde hace meses, tras la nominación al premio- en un muro que observan cada mañana los 700 niños que acuden a este colegio.

Muchos de ellos llegan a pie o en bicicleta y casi todos lo hacen por pequeñas callejuelas de tierra del barrio popular Las Tunas, ubicado en el municipio bonaerense de Tigre y en el que viven más de 40.000 personas.

Puertas adentro, el María de Guadalupe parece un colegio más, con niños correteando, imágenes de próceres e ídolos argentinos en las paredes de las aulas, una pequeña cancha de fútbol y una huerta.

Pero para entender por qué se convirtió en la primera escuela argentina en recibir este prestigioso galardón, así cómo por qué sus resultados académicos se asemejan a los de algunas de las mejores escuelas privadas de Buenos Aires pese a que más del 60% de sus alumnos vive en situación de precariedad habitacional y casi el 50% en condiciones de hacinamiento, es necesario conocer su filosofía.

Foco en el futuro

“Lo que buscamos es generar jóvenes que terminen con un proyecto de vida que ellos elijan y poder acompañarlos en esos desafíos, no solo desde todo el camino escolar, sino además con algunos programas específicos que promovemos”, explica a EFE Malu Diez, directora de desarrollo institucional de la escuela, que, si bien es privada, recibe subvenciones del Gobierno provincial y apoyo de distintas empresas y organizaciones de la sociedad civil, que le permiten cobrar una cuota mensual muy baja.

Los programas que menciona Diez son los de orientación vocacional e inclusión laboral, destacados en la premiación y que no solo incluyen capacitación en áreas específicas sino también vínculos con distintas empresas y universidades.

En un país en el que menos de un 20% de los hijos de familias de los estratos socioeconómicos más bajos accede a la universidad, un análisis de los graduados del María Guadalupe, que debido a la elevada demanda prioriza en la admisión a los niños de familias del barrio con mayores niveles de vulnerabilidad, muestra que un 43% de ellos trabaja y un 44% estudia, mientras que solo un 13% no estudia ni trabaja.

El valor de la comunidad

“El impacto de la escuela va mucho más allá de lo académico. Hay muchos chicos que, estando en tercero o cuarto año de secundaria, han llegado más lejos que muchos de sus familiares, y en ese sentido elevan el nivel sociocultural de la familia, de lo que se habla y del horizonte que tiene esa familia hacia adelante”, comenta a EFE Luis Arocha, director ejecutivo de la escuela, que añade: “Una puerta lleva a otra puerta. Eso eleva el horizonte de toda una comunidad, de todo un barrio, que es el objetivo último: transformar el barrio”.

Ambos entrevistados destacan, una y otra vez, el peso de todos los actores involucrados en el proceso educativo, entre ellos los propios alumnos y sus familias, los docentes, los trabajadores sociales y psicólogos, los directivos y los donantes, que componen lo que denominan su “comunidad”, que incluye también a la Fundación Grupo Educativo María de Guadalupe, que creó la escuela hace 12 años y que acaba de inaugurar otra en un barrio popular cercano.

Un premio para Argentina

Para Diez, el premio representa una plataforma para impulsar a otros a generar proyectos similares y para fomentar la colaboración con otras instituciones, algo que ya hacen con escuelas de otras provincias argentinas como Mendoza y Catamarca.

“A nosotros nos produce mucho orgullo que se reconozca un proyecto educativo de Argentina”, señala Arocha, que llama a revertir las divisiones existentes en el país y a reemplazarlas por más trabajo colaborativo.

“Si la educación de un país está mejor, sin duda su sociedad, su democracia y su prosperidad estarán mejor también. Ojalá que esto sea motivo para que todos, por un lado, nos enorgullezcamos de este premio, pero que también podamos dialogar y aprender más de nosotros, de lo lindo y bueno que tiene Argentina”, concluye.

Por Pablo Duer, para la agencia EFE.

IG

Universitarios y profesionales de la salud confluyeron este martes en una Marcha Blanca que conectó el Congreso con la Plaza de Mayo con un fuerte mensaje en contra del ajuste de Javier Milei en el sector público. El reclamo incluyó un llamado abierto a la CGT y la CTA para que convoquen a un paro general.

La manifestación estuvo custodiada en todo momento por la Policía Federal en el marco del protocolo antipiquete de Patricia Bullrich, pero no pudo evitar que por momentos hubiera cortes de tránsito.

La protesta la llevaron adelante trabajadores de los hospitales Posadas, Bonaparte y Garrahan por despidos y la amenaza de cierre del Gobierno, junto con docentes y estudiantes que protagonizan el conflicto universitario tras el veto a la Ley de Financiamiento. Junto con la movilización, profesores de la UBA instalaron más de cien clases públicas alrededor de la Pirámide de Mayo, a metros de la Casa Rosada.

Un sinfín de carteles y cánticos estuvieron dirigidos directamente a Milei, justo en el día de su cumpleaños. “Presidente, Presidente / No te lo decimos más /  En el día de tu cumple / Te paramos el hospital”, fue uno de los reclamos que más sonó. El mandatario además recibió insultos de los docentes y alumnos universitarios cuando al mediodía salió a saludar a simpatizantes suyos por su cumpleaños. Tuvo que volver raudamente a su despacho, acompañado por miembros de su gabinete.

Junto con las clases abiertas, la Marcha Blanca terminó en la Plaza de Mayo con un curso masivo de RCP por parte de los médicos bajo la consigna de “salvarle la vida a la salud pública”. 

Noticia en desarrollo

MC

En las vísperas de la movilización de este miércoles, la secretaria general CTERA de la Ciudad de Buenos Aires, Angélica Graciano, alertó por la situación de las universidades y anticipó una masiva convocatoria en defensa de la educación pública. Por su parte, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, advirtió sobre la situación salarial de los docentes: “Estamos en la mitad de lo que habíamos solicitado”.

Para Gelpi, “acá el problema, además del presupuesto, son los salarios, que están entre un 40% y 50% por debajo de lo que hemos estado históricamente. Es mucho. Acá se discute el funcionamiento de la universidad. Hoy, la marcha es por los salarios. Es importante decir que no estoy contento con esta marcha, para mi es un día muy triste. Que un tema de educación superior tenga que pelearse en la calle lo veo absurdo, ridículo”, sentenció en declaraciones a Radio Rivadavia.

En sintonía, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, sostuvo que el Gobierno “tiene la posibilidad, o la tuvo todo el año, de resolver este conflicto. Muchísimas veces se planteó lo que pasaban con los docentes universitarios. Lo que me preocupa es que la sociedad está empezando a perder una de las pocas cosas que el Gobierno brinda de calidad”, aseguró.

De acuerdo a Yacobitti, “en las aulas deja de valer el código postal donde naciste y empieza a tener valor el mérito y esfuerzo, y eso es orgullo del sistema público de universidades” Y apuntó contra el desfinanciamiento para la educación pública: “No hay un solo economista en el mundo que no diga que invertir en educación es una buena inversión. Estamos muy por debajo en inversión en dólares con universidades del mundo, y estamos entre las 100 mejores del mundo”, remarcó en una entrevista con Radio Mitre. Y puntualizó: “El 80% de los docentes en la universidad que son categorías simples y semis cobran por abajo de los $400.000 y un docente con dedicación exclusiva sin antigüedad arranca en los $825.000, que está por debajo de lo que es la canasta básica de pobreza en la ciudad de Buenos Aires”.

Por su parte, Felipe Vega Terra, director del CBC de la UBA, hizo hincapié que, en lo que va de 2024, “los salarios de los trabajadores de la universidad han perdido casi un 40% respecto a la inflación, incluso están un 10% más bajo respecto al resto de los empleados estatales''.

Para Vega Torre, ''el espíritu de la marcha de hoy es absoluta y completamente pacífico y simplemente de querer manifestarse y expresar esta preocupación y un ruego al Presidente para que no cometa un grave error y no vete la ley, porque esto tiene una solución. Que la ley entre en vigencia y, en caso de que el Presidente insista en ese error, le pediremos al Congreso que la ratifique'', dijo a Radio Continental.

En contraparte, Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, aseguró que le llamaba “mucho la atención y en un punto lo admiro a Yacobitti por semejante capacidad para cambiar de personalidad. No sé si habla como funcionario que dirige la Universidad, como un secretario general del sindicato, como un dirigente estudiantil o como un alto dirigente del radicalismo. Lo que dice de las paritarias no es así, ni estuvo presente. Ni sabe que no se convocó a un cuarto intermedio sino a una comisión técnica, justamente, para definir los puntos en que no estamos de acuerdo. Uno de esos puntos es que hay 20 puntos de diferencia con el salario estatal”, aseguró a radio Mitre.

La preocupación de CTERA

La secretaria general CTERA de la Ciudad de Buenos Aires, Angélica Graciano, alertó por la situación de las universidades, a la que calificó como “crítica” y advirtió: “Pueden cerrar y la sociedad lo sabe”.

La movilización prevista para las 15, en las inmediaciones del Congreso, oficia de catalizadora de otros reclamos, como lo son la realidad económica de los jubilados, el rechazo a los aumentos de tarifas y servicios, y puntualmente el pedido por mejoras salariales en los docentes y no docentes universitarios. 

“Toda la comunidad tiene una preocupación muy grande por la educación pública, sobre su continuidad, sobre su existencia, su pensamiento, sobre cómo las nuevas generaciones van a tener oportunidades para estudiar y construir un progreso social”, sostuvo Graciano en Radio Splendid.

Consultada respecto al reemplazo del FONID, luego de que el Poder Ejecutivo anunciara que no lo pagaría, la dirigente sindical expuso: “Algunas provincias asumieron el pago del FONID, con otros conceptos. En otras no se está pagando y nuestro reclamo va a continuar porque es un compromiso salarial nacional”.

“El conjunto de los trabajadores y la sociedad que defienden las seguridades sociales y el derecho está enfrentando a un poder concentrado compuesto por grupos financieros, empresariales y al Gobierno”, denunció, y sumó: “Es un dique muy grande de protección para las medidas restrictivas de ajuste que ha tomado”.

En la misma línea, remarcó: “Con un dispositivo comunicacional que le garantiza una sola narrativa, la del Gobierno, la del ajuste, la del déficit fiscal. Lo que hemos demostrado el 23 de abril y se va a reeditar es que el pueblo argentino no está dispuesto a renunciar a la educación”.

Por su parte, rechazó la denuncia del secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien aseguró que las autoridades universitarias “inventan” alumnos para cobrar fondos al contraponer los resultados de las auditorías internas y externas. “Es una acusación infundada. Deberían mostrarse los resultados de las auditorias, no a sostener un discurso en contra de las universidades”, retrucó al respecto. 

“Si está tan preocupado no lo tiene que decir un día previo al paro sino durante todo el año. Es muy fácil salir un día de huelga a hostigar a los trabajadores”, afirmó Graciano al tiempo que aclaró que lo que debe hacer Torrendell, “además de ocuparse del financiamiento, es actualizar las partidas presupuestarias y publicar los resultados de las auditorias”.

Por último, vaticinó el impedimento para aplicar el Protocolo Antipiquetes ante la masividad de la convocatoria, y le pidió que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que no haya represión y que “cuide a la población porque es su obligación”. “Que garantice los derechos constitucionales como el derecho a huelga y la protesta”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

Diputados y Senadores de la UCR, Hacemos, Coalición Cívica, Partido Socialista, entre otros partidos, convocaron este martes a las 13 en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación a una conferencia de prensa para brindar sus argumentos por los que decidieron sumarse a la Marcha en defensa de la Universidad pública de este miércoles.

“Los legisladores abordarán la delicada situación que atraviesan las universidades públicas nacionales, en medio de una crisis de financiamiento que pone en riesgo su funcionamiento y el futuro del sistema educativo superior”, dice el comunicado de prensa difundido en las últimas horas.

Además, los legisladores explican que en la conferencia “se detallarán los motivos que impulsan la movilización en defensa de las universidades, convocada para el 2 de octubre, y se hará un enérgico llamado al Poder Ejecutivo para que no vete la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada por el Congreso, la cual es crucial para garantizar el sostenimiento de la educación pública de calidad”.

IG

En un acto por el Día del Profesor, celebrado en el Senado de la Nación en conmemoración de José Manuel Estrada, la vicepresidenta Victoria Villarruel pronunció un discurso en el que hizo un llamado a “alejar de las aulas” a aquellos docentes que, según su visión, se enfocan más en transmitir ideologías políticas que en brindar una educación de calidad. Y reclamó que el objetivo central de la educación sea la formación del “perfil moral” de los estudiantes, alejándolos de cualquier influencia ideológica.

En la antesala de la discusión en el Congreso del Presupuesto 2025, que ya está siendo cuestionado por sus magras partidas para la educación, Villarruel sostuvo: “Todos estamos de acuerdo con que debemos mejorar gradualmente el salario y las condiciones de los profesores que hallaron en la educación su vocación, pero también de forma imperiosa debemos alejar de nuestras aulas a aquellos que terminaron siendo educadores más por azar, conveniencia o derecho adquirido que por el deseo de construir una Argentina mejor”, planteó.

Con un mensaje en el que esta vez —a diferencia de otras apariciones públicas— buscó alinearse con el gobierno de Javier Milei, Villarruel disparó contra el kirchnerismo: “¿Con qué moral los detractores profesionales, que no quieren que nada cambie, critican el equilibrio fiscal de nuestro gobierno? ¿Son los mismos que permitieron que la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo tuviera $1.500 millones destinados para sólo 16 egresados? ¿O son los mismos que callaban mientras el ex Ministro de Planificación, Julio De Vido, contrataba por más de $300 millones obras para la Universidad de San Martín con un 56% de sobreprecio?”, lanzó.

Pero el kirchnerismo no fue su único blanco: la vicepresidenta comenzó su intervención destacando una reciente declaración de una autoridad de la Universidad de Buenos Aires, que expresó, según ella misma citó, que la universidad pública debía trabajar en el perfil político de sus graduados. Entonces, calificó esta afirmación como “más grave de lo que el periodismo admitió” y señaló que representa uno de los mayores problemas del sistema educativo argentino actual.

Pareció aludir, de esta manera, al dirigente radical —del sector de Martín Lousteau— y actual vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien señaló que “la mayoría de los funcionarios del Gobierno”, entre los que mencionó a Luis Caputo, ministro de Economía, y Federico Sturzenegger, de Desregulación y Transformación del Estado, “se formaron en las universidades públicas”, con lo cual, según dijo, “las universidades tienen problemas” porque, según concluyó, “vos no podés formar a tu verdugo”.

De inmediato, la vicepresidenta aludió a una “oligarquía universitaria” lleva décadas tratando de “penetrar las mentes” de los estudiantes, con el objetivo de imponer visiones políticas particulares, en lugar de formar profesionales capacitados y comprometidos con el bienestar de la nación.

Villarruel afirmó que la educación debe tener como finalidad principal “el desarrollo de la fibra moral de los individuos y no su adaptabilidad para el valor político de turno”. “No voy a ser autorreferencial, pero tengo que mencionar que cursé abogacía en la Universidad de Buenos Aires y ya, hace más de 20 años, pensar distinto era estigmatizado, penado y castigado a veces con el aplazo de una materia. Soy uno de los estudiantes que padecieron a docentes más preocupados en sostener su ideología y sus dogmas que en transmitirnos los conocimientos necesarios para poder desenvolvernos con solvencia en nuestras profesiones”, aseveró.

Dijo ser de los alumnos “que en la casa donde se forma el espíritu crítico y se debate era mejor estar callados y mimetizados en la masa silenciosa”. “Dejemos de pensar en construir el perfil político de los egresados, que sean ejecutores serviles del que nada cambie y empecemos a formar el perfil moral de esos argentinos para que sean gestores del que todo sea mejor para el bienestar general de nuestro pueblo y el bien común de nuestra nación”, afirmó la vicepresidenta.

JJD

El Senado aprobó en la madrugada del viernes el proyecto de aumento presupuestario a las universidades nacionales que contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y que no tiene el aval del oficialismo, que argumenta que pone en riesgo el objetivo de alcanzar el superávit fiscal.

Fue por 57 votos afirmativos, 10 negativos y una abstención. La propuesta opositora incrementa los recursos para las Universidades nacionales para garantizar su funcionamiento. Ese aumento incluye un incremento para los docentes y no docentes. 

Los votos positivos fueron efectuados por la Unión Cívica Radical, el kirchnerismo, bloques federales y solo dos senadores del PRO. Los 10 restantes negativos fueron aportados por los siete de La Libertad Avanza, tres del PRO, que también sumó la abstención. 

Generará un impacto fiscal de $735.598 millones, lo que implica el 0,14% del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso. De todos modos, el Gobierno ya advirtió que podría vetar esta ley como sucedió con el aumento de las jubilaciones. 

El proyecto obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades, y fija que cada dos meses el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de las Universidades acuerdo a la inflación. 

La iniciativa aprobada por Diputados establece que el Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC. 

De acuerdo a la oficina de Presupuesto, la actualización de partidas del 2023 según el IPC es de $210.742 millones; el ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de $86.254 millones, en tanto que para salarios los fondos oscilan en los $441.600 millones.

Uno de los puntos centrales es que se aumentarán todos los meses los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones según la inflación. 

Al respecto, establece que los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional se deberán actualizar a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante ese periodo. 

Posterior a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre, los salarios deberán actualizarse en forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC. Este mecanismo de aumento salarial dejaría de tener vigencia sólo si hay un acuerdo entre docentes y autoridades de las Universidades Nacionales.

Con información de agencias.

IG

En medio de la agudización del conflicto de la educación superior, con paros docentes en todo el país, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley propuesto por la UCR para ampliar las partidas para universidades públicas nacionales. Obtuvo 143 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención. La iniciativa pudo ser aprobada tras un acuerdo entre los radicales, EF, y UxP, donde se estableció el mecanismo salarial que tendrá el personal universitario, que será de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor.

Tras 17 horas de sesión, a las 4.30 comenzó la discusión del proyecto. El tema que se metió por la ventana en el temario a través de un acuerdo de último momento entre el oficialismo y el bloque de la UCR. Sin ese acuerdo, el oficialismo no habría logrado el quórum para siquiera iniciar la sesión.

La cuestión del financiamiento universitario ya lleva varios meses de arrastre y tuvo como punto clímax de conflictividad el 23 de abril pasado en la masiva Marcha Nacional Universitaria para reclamar por la urgente recomposición de las partidas para gastos de funcionamiento y pago de salarios.

El primer proyecto puesto en consideración, que tenía dictamen de mayoría, de Unión por la Patria, fue rechazado en la votación. Este proyecto incluía la actualización bimestral de las partidas presupuestarias como el anterior, incorporaba ítems adicionales con un costo fiscal mayor, como la ampliación de beneficiarios y montos de las becas Progresar, y obligaba a la recomposición salarial de docentes y no docentes universitarios. La propuesta también contemplaba la actualización presupuestaria para ciencia y técnica y el desarrollo de proyectos especiales, institutos tecnológicos y la extensión universitaria.

Por otra parte, el dictamen de minoría que finalmente fue aprobado en general con 143 votos afirmativos y 77 negativos, está firmado por la UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal. Con la diputada bonaerense Danya Tavela como autora principal, propone una actualización del presupuesto universitario basada en la inflación del año pasado, medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y una indexación bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 25% de la variación del dólar y otro 25% de las tarifas de servicios públicos, además de una recomposición salarial para docentes y no docentes con base en el IPC.

Puntos clave del proyecto

Qué dice la UCR

Instantes después de aprobarse el proyecto del radicalismo, el secretario parlamentario de la UCR, Alejandro Cacace, dio a través de un hilo de X un punteo sobre lo aprobado este jueves en Diputados tras más de 20 horas de sesión.

De acuerdo al dirigente radical, “el proyecto obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades. ¡No más recortes! Este es un compromiso con el futuro de nuestros jóvenes. Cada dos meses, el gobierno deberá ajustar los presupuestos de acuerdo a la inflación. ¡Nada de excusas! La educación no puede esperar mientras la inflación se come los recursos”, detalla Cacace.

Según el exdiputado, “se protegerán los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones mensuales según la inflación. ¡Basta de sueldos que no alcanzan! La calidad educativa se sostiene con salarios dignos”, reclamó desde la red social.

Asimismo, Cacace explicó que la ley “también establece una expansión de las becas estudiantiles. Más estudiantes tendrán acceso a apoyo económico para poder estudiar. ¡Nadie se queda afuera!”

Y concluye: “¡Este proyecto no es solo un presupuesto, es una declaración de principios! La educación pública es intocable, y no permitiremos que la destruyan con excusas de austeridad. ¡Seguimos luchando!”.

Meses de cruces, protestas y debates

El pasado 24 de abril, Unión por la Patria convocó a una sesión especial para tratar este asunto junto con la restitución del FONID, pero el radicalismo dejó el recinto sin quórum, pese a haber participado de la marcha del día anterior.

En el medio el Gobierno nacional acordó algunos desembolsos parciales por 270 millones de pesos que servían para financiar gastos administrativos de funcionamiento por algunos meses del año, pero sin dar respuesta a los reclamos salariales.

El 21 de mayo, se desarrolló una sesión en la que la oposición logró emplazar a las comisiones para dictaminar sobre estos dos proyectos educativos.

Con los dictámenes en la mano, comenzó un derrotero sinuoso para el radicalismo, que prometió llevar el tema al recinto en varias ocasiones, incluso pidiendo una sesión especial para comienzos de julio, que luego retractó.

Con la reactivación del conflicto universitario como telón de fondo, la UCR volvió a insistir con el proyecto de presupuesto universitario y presionó con un pedido de sesión para ayer, que se superponía con la convocatoria al recinto que había hecho el oficialismo.

El acuerdo para unificar temarios resolvió ese primer obstáculo, pero después, tras más de tres horas de discusión, se definió qué dictamen prevalecía, habiendo dos opciones con posibilidades.

Los dictámenes sobre Presupuesto Universitario

El dictamen de minoría firmado con 21 firmas de la UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal, que tiene como autora principal a la radical Danya Tavela, propone actualizar el presupuesto universitario tomando como criterio la inflación del año pasado medida por INDEC, y a partir de esa base empezar a indexarlo de forma bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del IPC, 25% la variación del dólar y otro 25% la variación de las tarifas de servicios públicos.

Además, establece una modificación del artículo 58 de la Ley de Educación Superior y dicta la obligatoriedad de la Auditoría General de la Nación (AGN) de realizar auditorías en el Congreso nacional sobre las erogaciones de las universidades nacionales.

El dictamen de mayoría de Unión por la Patria, que cosechó 34 firmas, también proponía actualizar bimestralmente las partidas presupuestarias, pero incorpora otros ítems que generan mayor costo fiscal como la ampliación de los beneficiarios y de los montos de las becas Progresar.

Además, el proyecto del kirchnerismo incorporaba un artículo que explícitamente obliga a recomponer los salarios de docentes y no docentes universitarios.

“El Poder Ejecutivo dispondrá una inmediata actualización de las partidas presupuestarias relativas a los salarios docentes y no docentes universitarios a los efectos de recomponer el poder adquisitivo de los y las trabajadoras y actualizar la garantía salarial docente del sector”, señalaba el texto.

En tanto, la iniciativa preveía la actualización presupuestaria para ciencia y técnica, desarrollo de proyectos especiales, desarrollo de institutos tecnológicos y extensión universitaria.

Al abrir el debate, la diputada de Unión por la Patria Blanca Osuna advirtió que la caída del salario docente en universidades “oscila entre el 30 y el 40%”, y dijo que “no es casualidad” que se haya desarrollado la multitudinaria Marcha Nacional del pasado 23 de abril.

Con información de agencias.

IG

El paro universitario por 48 horas para este martes 11 y miércoles 12 de junio comenzó luego de que la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) convoque a la medida gremial por la falta de respuesta del Gobierno Nacional y el rechazo a la Ley Bases.

Este martes se dio inicio al paro que durará dos días y que contará “con la participación de los gremios de base de todo el país para analizar la continuidad del plan de lucha que se viene llevando adelante”.

En el comunicado se informa que el próximo miércoles 12 de junio por la mañana habrá una movilización frente al Congreso de la Nación “para manifestar el absoluto rechazo a la Ley Bases y exigirle a los senadores y las senadoras que voten en contra”.

Luego del plenario, el secretario general de la FEDUN, Daniel Ricci, declaró: “Desde la multitudinaria marcha en la que todos los argentinos y las argentinas se expresaron en defensa de la Universidad Pública ya pasó más de un mes y aún no tuvimos ninguna respuesta del gobierno”.

“En el último tiempo nuestros salarios siguen deteriorándose mes a mes, ya llevamos perdido más de un 60% de poder adquisitivo frente a la inflación y no vamos a seguir tolerando este deterioro y falta de respeto”, exclamó.

Por este motivo, Ricci señaló que se convoca al paro de 48 horas que, en caso de no tener respuesta, “profundizaremos el plan de lucha y convocaremos a nuevas medidas de fuerza”.

En diálogo con NA, el vocero ratificó: “Hasta ahora no hay ninguna respuesta a los salarios, solo una parcial con respecto al presupuesto universitario para los gastos de funcionamiento”.

Ricci explicó que los gastos de funcionamiento “representan el 10% del presupuesto y fueron los que tuvieron un aumento, pero obviamente para mantener la universidad pública no alcanza con pagar la luz y el gas, sino que la calidad se da principalmente por el trabajo de los docentes universitarios y hasta ahora nosotros no tuvimos ninguna respuesta”.

Además, informó que el viernes va haber un plenario de secretarios generales para ver las mediar las respuestas positivas de la movilización: “Veremos qué medidas de fuerza se sigue tomando paso adelante”.

Por último, acerca de si algún docente dictará clases, Ricci respondió: “Creemos que el paro va a ser total”.

Con información de NA.

IG

La oposición dio un paso más en su presión hacia el Gobierno y dictaminó en Diputados la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), aunque la falta de acuerdo entre los bloques impidió que haya un solo dictamen, luego de que en el recinto el emplazamiento a que la discusión se definiera hoy en comisiones tuvo el robusto respaldo de 152 votos a favor y 81 en contra. Finalmente hubo cinco proyectos distintos: el Unión por la Patria, de mayoría; de la UCR, de Hacemos Coalición Federal, de la Izquierda y, por último, del oficialismo con el PRO acompañando.

El titular de la comisión de Educación, el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro, había propuesto al inicio de la reunión conjunta con la comisión de Presupuesto un “cronograma” para postergar la discusión por dos semanas más. Pero su jugada de patear la pelota hacia adelante fracasó y fue un traspié para la Casa Rosada. “El Congreso sanciona leyes sin saber cuánto cuestan y no tiene la más mínima información de cómo se va a pagar. Es un gasto que en los papeles suena bonito pero alguien tiene que pagar”, cuestionó las iniciativas opositoras la diputada del PRO Silvia Lospennato, que hizo las veces de vocera oficialista.

La eliminación del Fonid que firmó el presidente Javier Milei recortó abruptamente el envío de partidas a las provincias para afrontar los gastos en educación. Según estadísticas oficiales, el fondo correspondía entre un 15% y un 20% del sueldo de los docentes públicos en algunos distritos. La reciente crisis en Misiones es muestra de esa dependencia. Según el oficialismo, restituir el fondo significaría entre el $1 billón y los $1,4 billones, lo que haría peligrar el preciado superavit fiscal.

“Venimos a dictaminar por una decisión política de nuestro bloque, pero también por una decisión tomada en el recinto a la cual no se puede obviar ni postergar”, expuso Germán Martínez, jefe del bloque de UxP, para defender su dictamen, que fue el que obtuvo mayor cantidad de firmas y, por lo tanto, el día que se vote en el recinto, sería el primero en ser votado. La iniciativa plantea restituir el Fonid desde el 1º de enero de 2024 y extenderlo por cinco años. 

Hubo un desacuerdo clave con el resto de los bloques opositores que impidió un dictamen conjunto. La UCR incorporó en su iniciativa la declaración de la educación como “servicio esencial”, cuestión discutida por los gremios por la imposibilidad de realizar paros. “Desde el bloque vamos a incorporar en nuestro dictamen a la educación como un servicio estratégico esencial, lo vamos a plantear sin vulnerar el derecho a huelga. Fue un proyecto colaborativo”, dijo la radical Carla Carrizo. En la misma línea, su correligionaria Danya Tavela explicó que el dictamen restablece la “vigencia de este fondo, exige la información al Ejecutivo del monto que corresponde a 2024, la deuda de los dos trimestres anteriores y la regularización de las mismas, además de que garantiza la libertad a partir de la igualdad y la educación”.  

Por HCF el diputado Esteban Paulón defendió su dictamen con distintos mecanismos de actualización: “No estamos creando un fondo para restituir el Fonid, no vamos a salir a cobrarle a alguien, estamos buscando que esos fondos que el Gobierno captura día a día sean distribuidos de acuerdo al fin para el que fue creado y tratar de corregir las inequidades que presentan los salarios docentes de todo el país”, planteó. En tanto, el proyecto del FIT propone que el fondo sea permanente, remunerativo para acceso de jubilados y que se establezca un salario mínimo para el cargo testigo de las distintas jurisdicciones. 

“El problema de Argentina es la alfabetización que ha retrocedido, el tema requiere un planteo serio y es donde tenemos que poner el foco. No nos estamos preocupando por esto. El Estado nacional no paga a los docentes porque no tiene escuelas, las provincias son responsables de este fondo”, cuestionó el libertario Santiago Santurio, que también se mostró crítico por el “costo fiscal” de la iniciativa.

Con los dictámenes firmados, la oposición tendrá el desafío de acordar una postura en común para arribar al recinto y darle media sanción a una ley que pondría en aprietos al Gobierno. Es la misma situación que corren los proyectos para garantizar el financiamiento universitario, que tuvieron dictamen la semana pasada. Hay una intención de convocar a su votación la semana próxima, pero para eso tienen que acelerarse las negociaciones entre el kirchnerismo, la UCR y los espacios federales y provinciales. Milei ya anticipó que vetaría cualquier de esas iniciativas.

MC/JJD

Por iniciativa de distintas bancadas de la oposición, la oposición en sus distintas vertientes logró avanzar con varios dictámenes favorables a iniciativas que declaran la emergencia presupuestaria de la educación superior y que establecen parámetros para la actualización automática de las partidas para universidades públicas nacionales de todo el país.

El próximo capítulo de esta novela será en el recinto el martes 4 de junio, fecha a la que tanto Unión por la Patria como Hacemos Coalición Federal convocaron a sesionar, en conjunto con el tratamiento de los dictámenes sobre la movilidad previsional. 

El bloque de la UCR que preside Rodrigo de Loredo, es uno de los grandes impulsores de este debate (fueron quienes pidieron la sesión especial del martes pasado), pero habría un compromiso de no dar quórum en caso de que el Poder Ejecutivo alcance de acá al lunes un acuerdo con los rectores de las universidades. 

“Para nosotros si el lunes firman el acuerdo el Gobierno y las universidades, pierde sentido sancionar la ley. La idea es que el presupuesto prorrogado de 2023 a 2024 no quede congelado, sino que se actualice por la inflación acumulada. Si a eso se le da solución el lunes con un monto que conforme a las universidades, tema resuelto por este año”, indicaron las fuentes consultadas de la bancada radical.

Si se lograra ese acuerdo, sería un parche para este año y obligaría a empezar de cero la discusión cuando se trate a partir de septiembre el Presupuesto 2025, de manera que no resolvería la cuestión de fondo, que es la actualización automática de las partidas para este área.

El martes pasado, en la sesión especial que había convocado el bloque de la UCR, se construyó una mayoría a partir de una inusual alianza de los bloques de la oposición dialoguista con Unión por la Patria para emplazar a las comisiones de Educación y Presupuesto a reunirse este jueves y obligarlas a dictaminar sobre un tema que incomoda al oficialismo, dado que repercute en la caja fiscal.

El dictamen de minoría firmado con 21 firmas de la UCR, Hacemos Coalición Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal, que tiene como autora principal a la radical Danya Tavela , propone actualizar el presupuesto universitario tomando como criterio la inflación del año pasado medida por INDEC, y a partir de esa base empezar a indexarlo de forma bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del IPC, 25% la variación del dólar y otro 25% la variación de las tarifas de servicios públicos.

Además, establece una modificación del articulo 58 de la Ley de Educación Superior y dicta la obligatoriedad de la Auditoría General de la Nación (AGN) de realizar auditorías en el Congreso nacional sobre las erogaciones de las universidades nacionales.

El dictamen de mayoría de Unión por la Patria, que cosechó 34 firmas, también propone actualizar bimestralmente las partidas presupuestarias, pero incorpora otros ítems que generan mayor costo fiscal como la ampliación de los beneficiarios de las becas Progresar.

Además, el proyecto del kirchnerismo incorpora un artículo que explícitamente obliga a recomponer los salarios de docentes y no docentes universitarios.

“El Poder Ejecutivo dispondrá una inmediata actualización de las partidas presupuestarias relativas a los salarios docentes y no docentes universitarios a los efectos de recomponer el poder adquisitivo de los y las trabajadoras y actualziar la garantía salarial docente del sector”,

Al abrir la discusión, el presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, lamentó que el debate se está desarrollando en medio de un paro docente que “está dejando sin clases” a cientos de miles de chicos de todo el país.

Al intervenir en el plenario de comisiones, el diputado de la UCR Fabio Quetglas recordó que “el motivo evidente por el que llegamos hasta acá es el congelamiento de facto de algunas partidas destinadas a la educación superior, pero el motivo profundo es que carecemos de presupuesto, y como no tenemos presupuesto la discrecionalidad del Ejecutivo es absoluta”. 

“No tiene sentido que exista un Parlamento si nosotros no podemos ejercer el control sobre el presupuesto”, sentenció el bonaerense. 

A su juicio, “la arbitrariedad presupuestaria está haciendo estragos en un montón de aspectos de la vida pública”.

Acerca de los anuncios que hizo el Gobierno sobre inyección de recursos para las casas de altos estudios, Quetglas señaló que se está “poniendo una curita sobre un problema que es muy severo, que es cómo vamos a sostener el imaginario existente en la Argentina de que una persona, con su esfuerzo, capacitándose, puede tener un futuro”.

Por su parte, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, alertó sobre el retraso presupuestario para las universidades nacionales y al respecto expresó que “no se puede esta mendigando lo básico como partidas presupuestarias para pagar salarios”.

“La batalla se está dando ahora, cuando el Gobierno quiere terminar con la universidad pública, laica y gratuita. No le podemos permitir al Gobierno que avance con esa voracidad de ajuste”, concluyó el santafesino.

A su turno, el diputado Pablo Carro (Unión por la Patria) advirtió que los docentes universitarios “han perdido solamente este año un 29%” de su poder adquisitivo.

“Para recuperarlo, deberían obtener en mayo un aumento del 40% y sin embargo en la paritaria les ofrecieron apenas un 9%”, recriminó.

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro reconoció que existen posibilidades de que el Gobierno llegue dentro de unos días a un acuerdo con los rectores que sea satisfactorio para las universidades en lo que refiere a los gastos de funcionamiento para este 2024, pero aclaró que desde su espacio insistirán con un dictamen porque no quieren que “el financiamiento de nuestras universidades quede a merced de una decisión discrecional del Poder Ejecutivo”.

JJD, con información de NA

Tras el acuerdo entre la Secretaría de Educación y la Universidad de Buenos Aires (UBA), el vocero presidencial, Manuel Adorni, negó que haya “discriminación” a otras universidades y reveló que el diálogo con las distintas casas de estudio está abierto. 

En la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario informó que la Secretaría de Educación llegó a un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires (UBA) “para aumentar 270% los gastos de funcionamiento y 300% las partidas para los hospitales que dependen de la casa de altos estudios”.

Asimismo, aclaró que el Gobierno mantiene diálogo con todos los rectores y autoridades de las distintas universidades con el objetivo de “ajustar los presupuestos y necesidades a lo que cada uno les pasa”. 

“No es lo mismo al UBA con su volumen y su propia dinámica de lo que puede ser alguna otra universidad. Es razonable”, aclaró tras las críticas de un sector de la comunidad a raíz de la decisión de la casa de estudios de suspender la emergencia educativa. 

En la misma línea, precisó: “Se conversa con todos. No hay diálogo cortado con ninguna universidad. Ayer se conoció el acuerdo con la UBA y se seguirán conociendo. Se van a ir sorteando las trabas y obstáculos”. 

“Siempre planteábamos que el diálogo sigue abierto, pero hay un empecinamiento en decir que cortamos los diálogos y no es así”, cuestionó Adorni al tiempo que desmintió tratos preferencias en las universidades. 

Para el vocero del presidente Javier Milei, “no hay ningún tipo de discriminación entre universidades”, sino que “con todas se está terminando de diseñar el ajuste presupuestario porque cada una tiene particularidades que se deben atender de manera individual”.

CRM con información de la agencia NA

Me cuesta explicarle a la gente mi relación con el judaísmo, supongo que porque me cuesta explicar en general mi relación con la tradición. No fui a Bría y hace años que no piso un templo fuera de un rodaje: le echo la culpa a mi crianza, pero ya soy grande y es hora de hacerse cargo de que es una cuestión de personalidad. Me cuestan los lugares en los que se me invita a ser parte de una versión específica de la tradición, con personas que necesariamente la comparten. Me gustan las comunidades casuales, de gente que se conoce de cualquier lado y un día decide ponerse a celebrar algo que nunca ha celebrado a ver cómo les va; no me gustan tanto, la verdad, las comunidades de los que tienen auténticas cosas en común (si tuviera que tatuarme una frase sería una de Jean-Luc Nancy que ya he citado en estas columnas: “La comunidad de los que no tienen nada en común”). Me gusta celebrar Pesaj o Shabat o cualquier celebración que pueda convertir en una excusa para conectar con otras personas hablando de historias y conceptos. De hecho intenté hacerlo con las Pascuas católicas, porque que la tradición sea “mía” o no me da exactamente igual, pero no logré que nadie me hablara de una manera de convertir esa celebración en esto que me gusta a mí, algo que tiene temas de conversación y textos sagrados. Me da igual lo que se come, también: puedo comer comida judía en Pesaj como puedo comer sushi. A otra gente le gustan los rituales: a mí, sobre todo, me gustan los textos.

Y pienso que me gustan las tradiciones casi exclusivamente en su relación con textos por dos razones que son la misma: los textos pueden ser interpretados, y por eso tienen la posibilidad de orientarse hacia el futuro en tanto que algo más que la reproducción del pasado. A cada uno le emociona lo que lo emociona y no hay ningún sentimiento más valioso que otro, pero a mí no me emociona un rito o una tradición por el hecho de que cientos de años y generaciones atrás alguien haya hecho lo mismo que estoy haciendo yo esa noche; si eso me produce alguna emoción, en cualquier caso, es fobia. Lo que me emociona de las tradiciones es el hecho de ir acumulando palabras, ideas, razonamientos y herramientas que van armando un acervo para pensar la vida; me emociona contar con aprendizajes y maneras de pensar que son fruto de un trabajo colectivo intergeneracional, y sobre todo me emociona dar vuelta esos textos y utilizarlos para pensar problemas que sus autores no tuvieron ni podrían haber imaginado.

Me puse a pensar en esto por Pesaj, pero también por la marcha por la educación universitaria que vimos el martes, probablemente una de las más multitudinarias de las que participé en mi vida. Se habló mucho de la diversidad de los manifestantes, en todos los sentidos. Que había familias y estudiantes, gente con niños y muchos adultos mayores. Que mucha gente no se entusiasmaba con los cantitos peronistas ni con los que hacían alusión al “gorila” de Milei. Que si la lista de oradores del acto estuvo a la altura del pluralismo que caracterizó a la convocatoria. Pienso, entonces, que el mito de la universidad pública (que es una realidad, pero también es un mito) tiene exactamente estas dos características: es un consenso que puede interpretarse desde múltiples lecturas, incluso algunas que en nuestra época parecen contrapuestas, como la meritocracia y la justicia social.

Milei debería haberse avivado de que el discurso que él mismo agita, el de la responsabilidad individual y el esfuerzo por salir adelante, es exactamente el mismo que se encuentra detrás de la imagen histórica de las universidades estatales

Por esa misma apertura, en parte, pero también por su significado histórico, es una tradición y una idiosincrasia nacional que, aunque remita en algún punto también a una historia y un pasado que se extraña, apunta sobre todo a una idea de futuro. En una época sin esperanza, en la que ninguna fuerza política se anima a vender algo más ambicioso que salir del pozo y aguantar (y en el fondo probablemente está bien: la gente, más que nunca, está cansada de promesas vacías y ya no parece negocio políticamente ofrecer algo que no se sabe cómo proveer), la universidad todavía se conecta emotivamente no solo con la promesa del ascenso social, sino con una imagen de Argentina-como-país-normal que pocas instituciones hoy siguen evocando para personas de distintos valores políticos y extracciones sociales.

La clase media ha abandonado la escuela pública y la salud pública, y la clase media baja, en una gran medida, desearía abandonarla; en un país cuya población se ha vuelto bastante anti Estado (no lo digo yo, lo dicen las elecciones de hace menos de seis meses), las universidades públicas son de los pocos organismos con financiación pública que no solamente siguen teniendo una reputación moderadamente buena, sino que son espacios de los que la gente todavía se siente orgullosa de pertenecer, justamente por el modo en que en su imagen confluyen la retórica de lo público con la de los logros y las responsabilidades individuales: de hecho, todavía hay gente que dice (yo no lo digo, y no creo que sea cierto) que en las privadas te regalan el título; en la pública, en cambio, te lo ganás en buena ley. Es un espacio que en algún sentido es parte del Estado pero que escapa a la retórica tan popular hoy día (y amplificada por el partido gobernante) del Estado como un entregador permanente de dádivas a quienes no han hecho nada para merecerla. Milei debería haberse avivado de que el discurso que él mismo agita, el de la responsabilidad individual y el esfuerzo por salir adelante, es exactamente el mismo que se encuentra detrás de la imagen histórica de las universidades estatales.

Lo interesante, además, es que el perfume de futuro que ofrece la universidad pública no es ese de Dios-patria-familia que están intentando reversionar los conservadores de ambos lados de la grieta. La fantasía de la universidad pública (y me refiero a la fantasía, como antes me referí al mito, porque ni siquiera hace falta tomar posición sobre si la universidad pública, hoy, efectivamente representa los valores de la meritocracia, el ascenso social y la igualdad de oportunidades: lo hace de acuerdo a algunas medidas y criterios y no lo hace de acuerdo a otras, pero eso es indistinto para su valor social y emotivo en la memoria colectiva) nos interpela incluso a los que sospechamos de toda esa gente que de pronto se alarma por la baja de la natalidad en Argentina como si no fuera, en gran parte, resultado de un combate exitoso contra el embarazo adolescente. Tampoco evoca mitos nacionalistas racistas ni imágenes que fantasean con Ezeiza y Miami.

Es un ideal localista y globalista, liberal y popular. Esa comunidad de los que no tienen (casi) nada en común no pueda, probablemente, convertirse en un partido. Pero sí parece poder ponerles límites a los delirios de un gobernante desconectado, y eso, creo que se demostrará en los próximos años. No es nada poco.

TT/MF

Con la marcha universitaria que copó las calles ayer como telón de fondo, la oposición en el Congreso no logró ganar la agenda en la Cámara de Diputados. La sesión especial pedida por Unión por la Patria para tratar la emergencia presupuestaria de las universidades públicas nacionales, la movilidad jubilatoria y el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente no alcanzó quórum, y quedó en una mera puesta en escena de discursos de minoría en el recinto de la Cámara de Diputados.

Sin embargo hubo un desafío para el oficialismo y sus aliados más cercanos: se sentaron en las bancas 124 legisladores nacionales de los 129 necesarios para habilitar el tratamiento, entre ellos los peronistas, la mitad del bloque radical, un sector minoritario de Hacemos Coalición Federal y los cuatro diputados del Frente de Izquierda.

Según supo elDiarioAR, desde el bloque que comanda Germán Martinez intentaron convencer a un sector del radicalismo para que sume su firma, pero no ocurrió. “Se apuraron, quisieron sacar rédito inmediato de la marcha”, mostró su malestar una diputada al tanto de la negociación.

La sesión tenía previsto tratar un nuevo marco legal de mayor financiamiento universitario, el regreso del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, entre otros temas, y se venía trabajando desde hacía tiempo entre los sectores más alejados al gobierno de Javier Milei. 

La convocatoria del bloque presidido por Germán Martínez tuvo lugar el día después de la masiva movilización en el centro porteño y en las grandes ciudades del país en el marco de la Marcha Federal Universitaria para denunciar el desfinanciamiento de la educación superior por parte del Gobierno de Javier Milei.

Ninguno de los proyectos del temario tenían dictamen, por lo que hubieran necesitado dos tercios de los votos, una cifra imposible de reunir para la oposición para avanzar con una media sesión. Pero el kirchnerismo logró al menos su objetivo de presionar a la oposición que fue a la marcha y dividirla. La intención si se llegaba al quórum era emplazar al oficialismo a que esos proyectos se discutan en comisiones de manera obligatoria.

La división de la UCR fue el dato político de la jornada: de sus 30 diputados, 14 dieron quórum encabezados por los sectores que responden a Facundo Manes y Emiliano Yacobitti, vicerector de la UBA. Los restantes decidieron ausentarse para no generar olas en medio de las negociaciones por la Ley ómnibus y el paquete fiscal, que anoche llegó a un principio de acuerdo y ya circulan nuevos borradores.

En el bloque Hacemos Coalición Federal, apenas cuatro de los 23 integrantes fueron de la partida. Los únicos que colaboraron para que hubiera quórum fueron los cordobeses Natalia de la Sota y Juan Brügge, y los socialistas santafesinos Esteban Paulón y Mónica Fein. Sorpresivamente, no estuvo en la sesión Margarita Stolbizer, que ayer había participado de la marcha. Tampoco estuvieron los cinco diputados de la Coalición Cívica, a excepción de Maximiliano Ferraro, quien llegó cuando la sesión ya había sido dada por caída por Menem. Sí estuvieron los dos diputados del bloque “Por Santa Cruz” que responde al gobernador de esa provincia patagónica, Claudio Vidal: Sergio Acevedo y José Luis Garrido.

Sin el quórum reglamentario, la sesión se cayó pero se desarrolló con expresiones en minoría. El primero en tomar la palabra fue Martínez, quien recriminó la ausencia de los diputados que estaban “detrás de las cortinas” del recinto, especulando con ocupar sus escaños solamente si la sesión quedaba habilitada. “En este momento hay negociaciones de distintos bloques parlamentarios alrededor de la ley Bases y el paquete fiscal, con la novedad de que pueden llegar a meter de una manera rápida, como para que no se note, una reforma laboral”, lamentó el santafesino. Según aseguró, “hay un plan para que este recinto esté siempre cerrado, a excepción de cuando lo piden los libertarios”.

Por parte de la UCR, el diputado Fernando Carbajal aseguró que no van a “ceder en la lucha por la defensa de la educación pública, de la autonomía universitaria y el necesario financiamiento que tiene que tener la universidad pública”. “No nos van a correr, por supuesto que vayan y hagan todas las auditorías que quieran, que controlen hasta el último peso a la universidad, que pongan preso a quien tienen que poner, pero eso no puede ser motivo para desfinanciar y dejar a los estudiantes sin la posibilidad del ascenso social. No lo vamos a permitir”, siguió el formoseño.

El diputado de la UCR Facundo Manes ponderó que “ayer la sociedad estuvo delante del Gobierno”. “La sociedad marchó ayer para ponernos una hoja de ruta, un nuevo paradigma, el del conocimiento, equivalente al del desarrollo económico”.

MT/MC con información de agencia NA