El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 resolvió modificar el régimen de visitas de Cristina Fernández de Kirchner, al considerar que la ex presidenta incumplió las condiciones de su prisión domiciliaria al haber recibido de forma simultánea a nueve personas en su domicilio sin la debida autorización judicial. La decisión, firmada este martes, responde a una publicación realizada el pasado 17 de noviembre desde la cuenta verificada de Fernández de Kirchner en la red social X, en la que informaba sobre un encuentro en su casa con un grupo de economistas, en ocasión del Día del Militante. 

Según indicó, el grupo le presentó un documento económico de más de 400 páginas en representación de más de ochenta profesionales. Si bien las personas que participaron del encuentro figuraban en una nómina presentada por la defensa el 12 de noviembre, la autorización solicitada no contemplaba la reunión simultánea de todos los visitantes. Por ello, el juez a cargo del control de la ejecución de la pena consideró que el evento se realizó sin autorización previa y contravino las reglas impuestas.

La resolución señala que este tipo de encuentros “no se compadece con la lógica de restricción que caracteriza el régimen excepcional de prisión domiciliaria” y que desvirtúan su naturaleza punitiva. Además, establece que en adelante las visitas no autorizadas deberán ser solicitadas en forma individual, con una justificación concreta, fecha y hora previstas.

El nuevo régimen fijado por el tribunal impone que las visitas no podrán exceder las dos horas de duración, se permitirán hasta dos veces por semana y no podrán concurrir más de tres personas por vez.  Asimismo, se mantiene la autorización general únicamente para familiares directos, médicos tratantes, abogados defensores y la custodia policial, conforme a las nóminas ya aprobadas.

El fallo también dejó sin efecto una autorización previa del 14 de noviembre, y dispuso que la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal supervise el cumplimiento de estas nuevas pautas, con informes detallados de cada ingreso al domicilio. Finalmente, el tribunal advirtió que, ante nuevos incumplimientos, la modalidad de prisión domiciliaria podrá ser revisada y eventualmente revocada, de acuerdo al artículo 34 de la ley 24.660.

CFK defendió la reunión

Fernández de Kirchner, a su vez, defendió la reunión que mantuvo el lunes último con un grupo de economistas, cuestionó a los medios que criticaron el encuentro y tildó al mandatario Javier Milei de “aprendiz de carnicero”. La ex mandataria afirmó desde las redes sociales que el “bestiario mediático” lanzó “un ataque” por una foto donde se la ve junto a nueve jóvenes economistas que le presentaron propuestas sobre un “Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI”. 

Según explicó, los especialistas asistieron “autorizados” por el Tribunal, al señalar que “no recibe a nadie sin previa autorización”. Fernández de Kirchner consideró que la polémica no se debió a la cantidad de personas reunidas ni a que estuviera “haciendo política”, sino a que durante el encuentro se debatió sobre un “Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI” y la situación económica del país bajo la gestión de Milei. 

En ese sentido, sostuvo que la Argentina “no deja de destruir empresas y puestos de trabajo” desde diciembre de 2023 y mencionó que entre noviembre de ese año y agosto último “desaparecieron 19.164 empresas” y “se destruyeron 276.624 empleos registrados”. La ex presidenta comparó esos números con los resultados de administraciones peronistas anteriores y calificó las políticas actuales como “una catástrofe”. 

Además, criticó la estrategia anti inflacionaria del oficialismo, al considerar que con “brutal recesión, destrucción de puestos de trabajo, dólar anclado y salarios congelados… más que de ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’… es de aprendiz de carnicero (con todo mi respeto a ese noble oficio)”, consideró. En el cierre del mensaje, apuntó también contra el Poder Judicial y volvió a cuestionar lo que describió como una articulación entre “bestiario mediático” y “bestiario judicial”.  “¿Por qué no dejamos que directamente Clarín y La Nación firmen las sentencias judiciales… y nos ahorramos el 0,32% del PBI que gasta el Poder Judicial?”, escribió.

Con información de la agencia NA

Un día como hoy, hace exactamente 70 años, se produjo un golpe de Estado que derrocó a Perón. El golpe inició un proceso conocido como “desperonización”. El decreto 4161 de 1956 fue el símbolo institucional de esa política: prohibió la sola mención del nombre de Perón o de Evita, las imágenes, los himnos y cualquier manifestación pública de la identidad peronista, bajo amenaza de cárcel. La proscripción fue absoluta: buscó extirpar al peronismo del tejido cultural de la Nación.

Sin embargo, no se trató solo de la proscripción política y la persecución a dirigentes, sindicatos y militantes, sino también de un fenómeno social más complejo: muchos dirigentes peronistas dejaron de hablar de Perón. Desde luego, el miedo es un factor que juega siempre; también el oportunismo, la conveniencia, los posicionamientos personales o fraccionales. Sin embargo, también existieron cuestionamientos -no necesariamente acertados pero sí legítimos- que precedieron al golpe. Las diferencias con el líder podría resumirse en sus dos extremos: los que rechazaron la vía del “5x1” y los que rechazaron la consigna “entre la sangre y el tiempo, prefiero el tiempo”.

Tras el golpe, la propia masa -que había llenado la Plaza de Mayo días antes- sufrió un fuerte reflujo. Si bien no tardaron en aparecer núcleos de resistencia activa, buena parte del pueblo peronista quedó desorientado, disperso o atemorizado y tardaron años en recomponer la fuerza colectiva que mantuvo viva la identidad hasta el retorno de Perón. Los primeros focos de la Resistencia Peronista, como el levantamiento de Valle, fueron ahogados con fusilamientos clandestinos, disciplinando por un tiempo la resistencia.  

En ese contexto, el silencio, la autocensura, el miedo a portar una foto o cantar una marcha fueron parte de esa primera etapa. La desperonización no fue sólo una política represiva del Estado; también fue la consecuencia de la fragilidad de las certezas en tiempos de derrota. En ese ambiente surgió el neoperonismo. 

Hoy, setenta años después, asistimos a un intento de “descristinización”, que no se inicia con un golpe militar sino con un largo proceso de desgaste que derivó en un golpe mediático-judicial. En este caso, el instrumento es otro: no un decreto, sino una sentencia. El fallo que inhabilitó a Cristina Fernández de Kirchner a ocupar cargos públicos tuvo la misma lógica que aquel infame decreto: la voluntad de apartar a la figura central de la política argentina mediante un mecanismo institucional que busca legitimar la exclusión. 

Si en 1955 se prohibía pronunciar un nombre, en 2025 se impidió que otro nombre figure en la boleta. En su exilio domiciliario, Cristina sufre similares limitaciones que Perón en Puerta de Hierro. El contacto con el pueblo y su rol de conducción se encuentran intervenidos por coacciones ilegítimas del partido judicial que cumple el mismo papel que el partido militar.  

La operación es similar en sus objetivos: despojar al pueblo de la posibilidad de elegir a su dirigente, forzar un vaciamiento de representación popular mediante la proscripción y provocar una ruptura interna entre las distintas posturas en torno a cómo encarar la vida política. La historia nos permite anticipar lo que puede suceder si cometemos el mismo error. 

La inhabilitación de la mismísima presidenta del Partido Justicialista, la columna político-electoral del Movimiento Nacional, no cambia las reglas del juego… impone un juego nuevo, ilegítimo y tramposo. Este accionar se refleja también en las últimas maniobras de la Justicia, que le impedirán a Cristina votar en las próximas elecciones de octubre, a pesar de que, según la sentencia de la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto, la inhabilitación para ocupar cargos públicos, no anula su derecho de participar en los comicios. Aún así, la Cámara Nacional Electoral revocó el fallo por “incumplimientos de los procedimientos legales establecidos”. 

“Sin Cristina hay Peronismo”, Gerardo Milman. 

Con esa frase impresa en un escrito legislativo -nada más y nada menos que un proyecto de ley- donde se anticipaba el intento de asesinato contra Cristina, Gerardo Milman inauguró la versión contemporánea del neo-peronismo: un intento de pergeñar una farsa que contenga la forma pero no la esencia del Movimiento para finalmente destruirlo. 

El primer neo-peronismo fue una estrategia que, por un tiempo, tuvo considerable éxito dentro de la Argentina para contener a las fuerzas del Movimiento Nacional y Popular. Ex ministros, dirigentes sindicales, gobernadores, intendentes, militantes buscaron en esa posición mecanismos de supervivencia. Las motivaciones de cada cual son inescrutables. No eran todos “traidores”. Muchos buscaban lo mejor para el pueblo y la clase obrera en momentos de turbulencia. 

Tanto es así que la historia revela cómo fueron cambiando las posiciones con el devenir de los acontecimientos; algunos incluso, después de las dudas iniciales, fueron vanguardia de la resistencia. Otros que adoptaron la línea dura en un comienzo, se sumaron a las filas del sello legalista Unión Popular. Me viene a la cabeza la metáfora que me enseñó un hombre de mar, Juan Carlos Smith, Secretario General del Sindicato de Dragado y Balizamiento: en tiempos de turbulencia, los tripulantes pasan incesantemente de un lado a otro del buque. 

Volvamos a Gerardo Milman. El conspicuo represor macrista marcó el programa descristinizante del poder real. La tentativa de asesinato inducido con una campaña sistemática de instigación a la violencia física contra Cristina fue un primer paso. Fracasada esa variable, llegaron las nuevas instrucciones del poder real desde el Diario Clarín, su pasquín oficial: “la bala que no salió y el fallo que sí saldrá”. Finalmente, la escribanía de ese mismo poder -sita en el Palacio de Tribunales- rubricó con tres firmas y en tiempo récord la proscripción. Que siga el peronismo, pero sin Cristina. 

El peronismo sin Perón -la desperonización- es análogo al peronismo sin Cristina -la descristinización—. Noto que no se dimensiona adecuadamente la gravedad política de la proscripción de Cristina. No se trata de la postura de tal o cual dirigente; lo noto en muchos actores influyentes dentro del movimiento -dirigentes, comunicadores, intelectuales- como una tendencia desviada frente a un golpe del enemigo que ninguno de nosotros creó. No lo señalo desde una posición de certezas absolutas ni de superioridad moral, mucho menos en clave internista; simplemente quiero remarcar que esto está sucediendo y debemos registrarlo. 

Pero la frase de Milman tiene una segunda parte que expresa el núcleo de la estrategia: “Sin peronismo, sigue habiendo Argentina”. Aquí está el quid de la cuestión. Correr a Cristina es el primer paso para destruir el peronismo. Es posible que, de triunfar esa estrategia, seguirá habiendo Argentina… pero será una Argentina antidemocrática, injusta, dependiente y colonizada. La Argentina que quiere Javier Milei. 

El funcionamiento del movimiento cuando su líder está proscripto es siempre complejo. No es lineal, no se resuelve en blanco y negro, ni se trata de buscar culpables, cazar traidores o ensalzar leales. Es un proceso de búsqueda de síntesis, donde conviven el desconcierto, la adaptación y la resistencia. Entre la traición explícita y la verticalidad absoluta hay una enorme gama de posiciones, errores, aciertos, debates, discusiones; todo derivado del caos creado por el poder. Nuestro desafío es transitarlas dignamente. 

Esa dignidad que requiere la acción política en un régimen ilegítimo tiene dos dimensiones inexorables: combatir la descristinización y evitar la parálisis. 

La lectura de este artículo en clave internista sería la negación de una de las dos tareas, así como la cancelación de un aporte al rediseño de una estrategia prospectiva, nacional y popular.  

Un futuro con Cristina libre y presente. Un futuro con trasvasamiento generacional y social diseñado junto a Cristina como intentó el propio Perón. Un futuro con peronismo, actualizado en su doctrina, remozado con nuevas representaciones. Un futuro con Argentina Justa, Libre y Soberana. 

Podemos lograrlo. 

MC

El colectivo ‘Argentina con Cristina’ realizará un nuevo festival “por la libertad y la democracia” en apoyo a la expresidenta y titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner. El segundo encuentro militante bajo la consigna “Cristina Libre”, desde que la exmandataria cumple su condena a seis años en prisión domiciliaria, se llevará a cabo el próximo domingo.

“La alegría también es un acto político. Contra el ataque a la cultura, la educación y los derechos de nuestro pueblo, nos organizamos festejando y haciendo lo que más nos gusta”, indicaron de la organización.

En el acto anterior, Cristina Fernández de Kirchner redirigió el banderazo que se iba a realizar frente a su casa de Constitución a Parque Lezama, luego de denunciar un operativo policial “sin orden judicial” en la puerta de su domicilio, lo que fue considerado por la expresidenta como una “provocación” por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Tenía muchísimas ganas de verlos y saludarlos por la fuerza que me dan. Pero lo mejor y más inteligente es que redireccionen el banderazo que habían organizado y vayan al auditorio de Parque Lezama”, expuso desde sus redes sociales el pasado Día de la Bandera.

Tal como sucedió el 20 de junio, este nuevo evento se realizará en el barrio porteño de La Boca, con entrada libre y gratuita, pero en las inmediaciones de la Plaza de la Usina donde, a partir de las 14, la gente podrá concurrir y ver bandas en vivo, feria, talleres abiertos para infancias y adultos, mesas gráficas y diversas perfomances.

Con información de la agencia NA

La justicia concedió la prisión domiciliaria al exgobernador de Tucumán, José Alperovich. Luego de su condena a 16 años de cárcel por abuso sexual, el exgobernador tucumano recibió autorización para continuar cumpliendo su pena bajo arresto domiciliario. La medida fue otorgada por el juez Juan Ramos Padilla, quien en junio de 2024 lo encontró culpable de nueve hechos de abuso, seis de ellos con acceso carnal, cometidos contra una sobrina del exfuncionario entre 2017 y 2018.

El fallo establece que Alperovich deberá portar una tobillera electrónica y abonar una caución real de 400 millones de pesos para acceder a este beneficio. Además, tendrá prohibido todo contacto —directo o indirecto— con la víctima o su entorno, así como la posibilidad de realizar declaraciones públicas que pudieran afectarla.

La defensa del exmandatario insitía desde hace meses con pedidos para morigerar las condiciones de detención, citando su edad avanzada y problemas de salud. Ramos Padilla finalmente accedió a ese planteo, aunque aclaró en su resolución que el arresto domiciliario “no es un privilegio ni un acto de compasión”, sino una medida contemplada en la ley para casos específicos.

Alperovich pasará sus días en uno de sus departamentos en el barrio porteño de Puerto Madero, precisamente uno de los sitios identificados por la denunciante como escenario de los abusos. A pesar del cambio en el régimen de detención, la condena judicial permanece firme, a la espera de lo que resuelva la Cámara en la instancia de apelación.

MM con información de agencias.

En medio de la concentración de seguidores de Cristina Fernández de Kirchner que este miércoles se movilizan a Plaza de Mayo en apoyo de la expresidenta después de la confirmación de la condena por la Causa Vialidad y la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, los abogados defensores de CFK presentaron un escrito ante el Tribunal Oral Federal 2 con un pedido de aclaratoria sobre el ítem de la decisión judicial que la obliga a “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.

Para dar a conocer la noticia, la exmandataria posteó en sus redes sociales el escrito completo con un mensaje a los jueces de Comodoro Py: “¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no… Por eso le preguntamos al Tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido”, explicó Cristina.

En el escrito, los defensores sostienen que en la resolución por la que “se notificó la orden de detención de nuestra asistida bajo la modalidad de prisión domiciliaria, a los fines de cumplir con la condena impuesta en esta causa...en el apartado III.b del decisorio de referencia se dispuso que Cristina Fernández de Kirchner debe observar la siguiente regla de conducta: 'abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes'”.

En la presentación, los abogados preguntan a los jueces que “sin perjuicio de los recursos que habrán de ser interpuestos en el plazo legal establecido...dado que se ha suscitado un debate de carácter público, tal como lo reflejan los distintos medios de comunicación del país, en torno a si nuestra representada puede o no salir al balcón del domicilio en el que se encuentra actualmente, deviene imprescindible que V.E. indique si tal comportamiento se encuentra prohibido, ya sea en forma total o parcial y, en este segundo supuesto, cuáles son los alcances de la restricción”.

“No es ocioso señalar que Cristina Fernández de Kirchner, desde el inicio de este proceso, al igual que en todas las restantes causas penales que fueron iniciadas en su contra luego de que dejara de ser Presidenta de la Nación en el año 2015, ha cumplido con cada una de las obligaciones que le fueron impuestas, conducta que también mantendrá estrictamente en esta etapa de ejecución”, detallan y piden: “Por todo ello, para que la regla de conducta antes aludida adquiera la debida precisión que, entendemos, corresponde dadas las consecuencias sancionatorias que podría acarrear su incumplimiento (cfr. art. 18, CN), deviene imprescindible que sea integrada con una indicación específica por parte del órgano jurisdiccional competente. Esto último habrá de dar suficiente claridad a esta cuestión, no solo para nuestra parte, sino también para terceros”, concluye el escrito.

La decisión del Tribunal y las condiciones de la domiciliaria

El Tribunal Oral Federal 2 resolvió este martes que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner podrá cumplir su condena de seis años de prisión bajo la modalidad de prisión domiciliaria. La decisión, firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, se sustenta en motivos de seguridad personal y en el hecho de que la exmandataria tiene más de 70 años, lo que habilita el beneficio según la legislación vigente.

“El Estado no puede exigir el cumplimiento carcelario de una pena si ello conlleva la exposición del interno a potenciales situaciones de violencia intrapenitenciaria”, argumentó el tribunal en la resolución.

Fundamentos del fallo

Las condiciones impuestas

La prisión domiciliaria será cumplida en su domicilio en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Además, el tribunal impuso las siguientes reglas de conducta:

Además, se ordenó la colocación de una tobillera electrónica para supervisar sus movimientos, rechazando el pedido de la defensa de omitir este dispositivo.

Supervisión trimestral

El seguimiento de la ejecución de la pena estará a cargo de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que deberá elevar informes trimestrales al tribunal. A partir de esta decisión, se deja sin efecto la citación para que se presente en Comodoro Py, prevista tras la firmeza de la condena.

Según supo Noticias Argentinas, la resolución deja constancia de que la ex presidenta propuso a su hijo Máximo Kirchner como fiador y que el domicilio fue considerado “apto” por el informe socioambiental solicitado por el tribunal.

Con información de la agencia NA

Cristina Fernández de Kirchner podrá pedir el cumplimiento de la condena a 6 años de prisión en el domicilio que ella elija bajo el argumento de su edad, ya que supera los 70 años. Sin embargo, antes de que ese lugar de detencion quede definido, es probable que la expresidenta pase al menos 24 horas detenida en alguna dependencia determinada por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.

Con el fallo de la Corte ya redactado, el expediente fue enviado inmediatamente al Tribunal Oral Federal, el cual se encargará de ordenar a la ex presidenta presentarse en Comodoro Py para quedar detenida.

El Tribunal Oral Federal N 2 dispuso que Cristina Kirchner tiene cinco días hábiles para presentarse en Comodoro Py donde quedará detenida para empezar a cumplir su condena en la causa Vialidad.

En el entorno de la expresidenta barajaban varias posibilidades para que cumpla la prisión domiciliaria. Uno de los destinos podría ser el edificio del barrio de Constitución, donde Fernández de Kirchner luego del intento de magnicidio del 1 de septiembre de 2022. Eso le permitiría estar más cerca de su hija y su nieta, quienes viven a pocas cuadras.

La otra opción es recluirse en su casa de El Calafate, en Santa Cruz, aunque ese domicilio implicaría quedar alejada de la vida política.

Más allá del pedido de CFL, es probable que se hagan estudios socio ambientales para luego aprobar el domicilio que se presente como lugar de detención.

Con el fallo ya emitido, el peronismo evaluaba distintas alternativas para rechazar el fallo del máximo tribunal, entre ellas una declaración conjunta, una masiva movilización y hasta una denuncia en cortes internacionales.

Para el PJ, el Poder Judicial concretó con este fallo la “proscripción” de la ex presidenta, que la semana pasada había confirmado su voluntad de ser candidata diputada bonaerense por la Tercera Sección de la provincia de Buenos Aires para las elecciones desdobladas del 7 de septiembre.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme hoy la condena a 6 años de prisión para la ex presidenta, al rechazar por unanimidad los recursos presentados por la defensa de la ex mandataria en la causa por irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz.

El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó cada uno de los argumentos del recurso de queja presentados por la ex mandataria y sostuvo que “el debido proceso ha sido salvaguardado” y que “la encausada obtuvo una sentencia fundada en ley”.

Además, se ratificó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por lo que la ex mandataria no podrá ser candidata en las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre.

Con información de NA

El titular de la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Félix Crous, requirió ayer al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 porteño que el expiloto aviador de la Prefectura Naval Alejandro Domingo D'Agostino, condenado en 2017 a prisión perpetua por su participación en doce homicidios de personas arrojadas al mar desde aviones en 1977, sea enviado a cumplir la pena a un establecimiento penitenciario por haber violado diez veces en el primer semestre de este año las normas que rigen la prisión domiciliaria de la que goza desde el 28 de noviembre de 2012.

El fiscal marcó que la pena que debe cumplir D'Agostino “ni es en el domicilio ni es prisión; apenas una restricción voluntaria de la libertad ambulatoria para conservar el nombre de aquellas formas que ya nadie guarda ni hace guardar. En buen romance: la prisión domiciliaria es excarcelación. Y lo penoso es que las víctimas lo saben y lo padecen”.

La presentación del representante del Ministerio Público Fiscal es la segunda en el mismo sentido formulada en menos de tres meses. El 18 de junio pasado, Crous argumentó que el exoficial -que permanece detenido en su domicilio con un dispositivo electrónico de control- registró tres salidas el 29 de febrero y el 6 y el 23 de mayo, que “se realizaron sin autorización y sin aviso previo o posterior al tribunal”.

Añadió que “tampoco obedecieron a egresos por cuestiones de salud con carácter urgente que permitan justificarlas, sino que se trataron de salidas para asistir a kinesiología, a vacunarse y más evidente aún, es el caso de la salida al banco”.

También puso de relieve que el propio condenado es “quien se comunica con la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPBVE), lo cual constituye una grave irregularidad, incompatible con el instituto de la prisión domiciliaria”, dado que ese tipo de pedidos debe ser formulado por su defensa técnica al tribunal a cargo de la ejecución de la pena.

La DAPBVE es un organismo que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación y que está a cargo del control de los dispositivos con los que se cumple la prisión domiciliaria.

“A ello se le suma que el tribunal ordenó -en diciembre de 2022 y diciembre 2023- se acompañen los informes médicos mensuales que dieran cuenta de la evolución del imputado, respecto del tratamiento de rehabilitación que realizaba por una operación [...] realizada en el año 2021. A la fecha no existe un solo informe médico agregado y ninguna constancia sobre el tutor propuesto por la defensa”, agregó el fiscal.

En la presentación formulada ayer, el fiscal Crous detalló otras siete oportunidades en las que el imputado violó el arresto domiciliario. Para cada episodio se valió de nueva documentación presentada por la DAPBVE en el incidente respectivo.

El fiscal también indicó que ante cada salida la DAPBVE informó al tribunal que el condenado había dejado su domicilio y que, en la última, desde el tribunal se contestó a ese organismo que por disposición de uno de los jueces “el imputado Randolfo Luis Agusti Scacchi” había sido autorizado a concurrir a un turno médico en el Hospital Naval. “Como se advierte, la respuesta hace referencia a otro imputado de la causa”, marcó el fiscal.

“Según consta en la documentación remitida, en todas esas oportunidades, D'Agostino se comunicó telefónicamente con el organismo para avisar que el motivo del egreso era relativo a su salud. Sin embargo, no hay constancia en este incidente del pedido de autorización de su defensa, ni tampoco certificados médicos que avalen sus dichos”, agregó, y luego puso de relieve que “resulta sumamente irregular que sea el propio imputado quien se comunique con la DAPBVE para informar sus egresos del domicilio, toda vez que dicha circunstancia resulta contraria a la naturaleza y finalidad de la medida de control dispuesta”.

“Los egresos del domicilio informados por la DABVE no sólo no encuadran en los supuestos establecidos en la resolución del Tribunal y en los compromisos asumidos por D'Agostino, sino que tampoco son de aquellas que podrían justificarse sin solicitar una autorización previa”, sostuvo el fiscal, y recordó la norma del artículo 34 de la ley 24.660, de ejecución penal, que establece que “el juez competente revocará la detención domiciliaria cuando el condenado quebrantare injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio fijado”.

Según el portal Fiscales.gob.ar, “de acuerdo con las estadísticas elaboradas por la procuraduría con base en la información proporcionada por las fiscalías federales y unidades especializadas de las diferentes jurisdicciones del país, en la actualidad hay 636 personas detenidas, de las cuales 508 se encuentran en arresto domiciliario y 128 se encuentran bajo custodia penitenciaria. En este universo de privados y privadas de la libertad, 504 cuentan con condenas, 127 están procesado/as y 5 fueron indagados/as y aguardan la resolución de su situación procesal”.

Las estadísticas indican que entre los 504 condenados y condenadas, “389 se encuentran en arresto domiciliario; y entre las/os 127 procesados/as, la cifra es 115. En tanto, a 4 de las 5 personas indagadas les fue concedida la detención en su lugar de residencia”

CRM con información de Fiscales.gob.ar

Mientras sube y baja el ruido mediático por los acercamientos desde La Libertad Avanza con represores presos, un proyecto de ley de Elisa Carrió en favor de los condenados por delitos de lesa humanidad espera tratamiento en una comisión de Diputados. La iniciativa propone cambiar la legislación penal para que la prisión domiciliaria sea un beneficio automático para los detenidos mayores de 75 años, y no una potestad de los jueces como ocurre hoy.

El proyecto fue escrito por Carrió, quien ya lo había llevado sin éxito a Diputados en 2019. Este año volvió a insistir a través de la legisladora Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica-ARI, quien presentó una nueva versión el 26 de marzo pasado, un par de días después del aniversario del golpe de 1976. El texto ingresó a la Comisión de Legislación Penal y por ahora no se trató. 

Se trata de una reforma de los artículos del Código Penal y la Ley 24.660 que regulan la aplicación de las domiciliarias. La redacción actual de esos artículos deja a criterio de cada juez la decisión de otorgar o no el beneficio a los detenidos que lo piden. En cambio, el proyecto de Carrió dice explícitamente que “el juez competente deberá acceder” a la solicitud de domiciliaria, “incluyendo aquellos casos en los cuales se investigan delitos de lesa humanidad”, siempre que el preso cumpla con alguno de los supuestos previstos en la ley.

Entre esos supuestos, el proyecto enumera a los presos mayores de 75 años, los presos enfermos cuyo tratamiento les impide estar en cárcel común, los presos con dolencias terminales y/o los presos con discapacidades cuya condición los expone a un trato degradante en una unidad penal. En este último grupo se incluyen los que no pueden moverse por sus propios medios o necesitan asistencia para sus actividades fisiológicas. Para todos esos detenidos, la domiciliaria sería automática sin importar los delitos cometidos.

En el caso de los mayores de 75 años, el proyecto de Carrió exceptúa del beneficio a los “autores directos” de crímenes como tortura, desaparición de personas y abuso sexual agravado, entre otros. Esta salvedad dejaría fuera a represores que cometieron delitos “de mano propia”, como salir a secuestrar militantes o picanear en los interrogatorios. Sin embargo, podrían acogerse al beneficio militares que tuvieron responsabilidades de mando pero no apretaron el gatillo, además de otros partícipes y cómplices de la represión ilegal en distintos niveles.

El proyecto también establece que ninguna prisión preventiva puede extenderse por más de cinco años, y aclara una vez más que la limitación “rige igualmente para delitos de lesa humanidad”. Al igual que el tema de las domiciliarias, el de las preventivas es uno de los principales reclamos de las agrupaciones promilitares, que se quejan por la cantidad de detenidos de lesa humanidad sin condena firme. La falta de celeridad en las causas perjudica aun más a las víctimas, que ven morir impunes a victimarios de edad cada vez más avanzada. 

Una iniciativa como la de Carrió produciría un efecto más político que práctico. En la actualidad, ocho de cada diez detenidos por investigaciones sobre delitos de lesa humanidad ya gozan de prisión domiciliaria. Según estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, sólo el 18% atraviesa el proceso judicial bajo arresto. De ese total, el 77% está en prisión domiciliaria, el 14% permanece en dependencias penitenciarias federales o provinciales y el 9% se aloja en la unidad penal de Campo de Mayo. La proporción de detenidos en sus hogares viene creciendo sin interrupciones desde hace casi una década.

“Si la mayoría ya está en domiciliaria, perfecto, es lo que corresponde −dijo a elDiarioAR la diputada Campagnoli−. Nosotros somos defensores de los derechos humanos para todos. Es una cuestión de humanidad. Que estén privados de la libertad no significa que deban recibir tratos inhumanos. Porque nosotros no somos como ellos, los represores. Pero es cierto que hubo mucha ideología en esto. Hay detenidos que en la época de los hechos tenían veinte años”. 

El reclamo de que los represores de edad avanzada cumplan sus arrestos en sus casas es desde hace años uno de los principales caballos de batalla de las agrupaciones que defienden a los militares condenados. Aunque el objetivo de fondo es la liberación, la domiciliaria aparece como una reivindicación que ven realizable, y aun más desde la llegada al poder de La Libertad Avanza.

La semana pasada, la visita de un grupo de diputados libertarios a represores presos en la cárcel de Ezeiza generó incomodidad incluso dentro de las filas oficialistas. Desde el bloque de LLA buscaron despegar a la Casa Rosada y mostrar que los visitantes se habían cortado solos. Más allá del pase de facturas, el episodio fue apenas una cuenta más en el rosario de gestos desde el Gobierno hacia los sectores que reivindican a los militares detenidos.

Ese viernes se conoció que la Justicia le pidió explicaciones a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la reunión en el penal de Ezeiza. El juez Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal 5, le solicitó a Bullrich que le informe “de carácter urgente” el trámite administrativo interno hecho para que el 11 de julio los diputados ingresaran a la cárcel. Desde la asunción de Javier Milei, el Servicio Penitenciario pasó a la órbita del Ministerio de Seguridad. Obligado hizo el pedido luego de que Alejandro Slokar, juez de Casación, lo exhortara a averiguar detalles del episodio bajo la advertencia de que Argentina tiene compromisos internacionales de “erradicar la impunidad”.

En diálogo con este medio, la diputada Campagnoli se diferenció de sus colegas libertarios: “Una cosa es promover el respeto a los derechos humanos y otra es ir a visitar a represores presos y decir que son ‘ex combatientes contra la subversión marxista’. Son personas condenadas por la Justicia, te guste o no. Decir una cosa así es provocar, es innecesario”.

Aquello de “ex combatientes” fue lo que escribió el diputado Beltrán Benedit, organizador de la visita a Ezeiza, cuando sus colegas de LLA le pidieron explicaciones en el chat privado del bloque. A la reunión con los represores también asistieron Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci. Ferreyra y Montenegro −ex mano derecha de la vicepresidenta Victoria Villarruel− integran en este momento la Comisión de Legislación Penal donde espera el proyecto de Carrió sobre los mayores de 75.

Estamos hablando de delitos contra la humanidad que se siguen perpetuando hasta hoy, porque los responsables siguen sin decir dónde están las y los nietos apropiados y los cuerpos de los desaparecidos

Anabella Montaner — Abogada de H.I.J.O.S

El tema de las domiciliarias viene de larga data. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el reclamo ya había encontrado eco entre funcionarios como el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, quienes en público o privado sostenían que el beneficio también debía correr en casos de lesa humanidad. “A priori entendemos que tiene criterio que una persona mayor, ya que la cárcel está planteada como lugar de rehabilitación, esté detenida en su casa”, dijo Peña cuando le preguntaron sobre la excarcelación de Miguel Etchecolatz.

Elisa Carrió fue otra de las dirigentes de primera línea que, bajo el argumento “humanitario”, siempre defendió la misma postura. “Va contra el humanismo y la Constitución”, le dijo a Clarín en marzo pasado, cuando Campagnoli presentó su proyecto, en alusión a los cerca de 150 represores de edad avanzada que entonces quedaban en cárceles comunes. 

Carrió argumenta que la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, con rango constitucional en Argentina, otorga el derecho del arresto domiciliario a los presos mayores. Los jueces lo saben, pero existen otros elementos que también consideran a la hora de definir. Por ejemplo, el principio jurídico de la adecuación de la pena. “En los casos de represores condenados, la cárcel común se fundamenta en la necesidad de que la sanción sea proporcional a los crímenes −dijo Anabella Montaner, abogada de H.I.J.O.S.−. Estamos hablando de delitos contra la humanidad que se siguen perpetuando hasta hoy, porque los responsables siguen sin decir dónde están las y los nietos apropiados y los cuerpos de los desaparecidos”.

A su vez, los querellantes en juicios de lesa humanidad advierten que el arresto domiciliario implica un menor control del Estado, lo que conlleva un mayor riesgo de incumplimiento de las penas, fuga de los presos y obstaculización de las investigaciones. Según Montaner, “esto es fundamental en los casos de prisión preventiva, porque hablamos de personas que formaron parte de un aparato organizado de poder con cobertura estatal y esas estructuras aún pueden ser funcionales a fugas, destrucción de pruebas o amenazas contra la integridad de los testigos, como ocurrió con Jorge Julio López”.

Más allá de las interpretaciones, la Justicia argentina ya fijó un criterio. “Con la excepción de algún colega, todo el resto sostiene el principio de la pena adecuada que debe ponderarse a la hora de decidir”, dice un juez de la Cámara de Casación, donde este año naufragó un recurso de dos abogados de represores para que el máximo órgano penal revisara su manera de proceder en el tema. La Corte Suprema también ratificó recientemente que no basta con que un detenido sea mayor de edad para que obtenga el beneficio, sino que también debe acreditarse que la permanencia en la cárcel común impide su correcta atención médica.

Con la vía judicial por ahora cerrada, la legislativa podría aparecer como alternativa para los grupos prorepresores. El tema de las domiciliarias no es la única coincidencia entre ellos y Carrió. En 2017, la ex diputada ya había declarado que algunos juicios de lesa humanidad fueron una “venganza” del kirchnerismo y se hicieron “sin pruebas”, por lo que haría falta corregirlos con “juicios de revisión”. Hoy esa posta la tomaron otros, pero Elisa Carrió lo dijo primera.

FFB/MG

La Cámara de Apelaciones de Mercedes revocó el fallo que beneficiaba al músico Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, con la excarcelación extraordinaria, pero un juez de Garantías le concedió el arresto domiciliario con tobillera electrónica, horas más tarde.

Los letrados Carlos Risuleo y Oscar Reggi resolvieron revocar la excarcelación que le había otorgado Gabriel Castro, juez de garantías de Moreno-General Rodríguez, que había quedado en suspenso por la oposición de la fiscalía y el particular damnificado. En particular, Risuleo consideró que “no amerita la excepción destacada en el propio texto legal, como para que el encartado sea favorecido por intermedio del beneficio escogido por el magistrado de la instancia, concluyendo en que en libertad podría intentar eludir la acción de la justicia y entorpecer el desarrollo de la investigación”. Para tomar esta decisión, se basó en sus antecedentes, la magnitud de la pena en expectativa (de 5 a 15 años de prisión) y su “persistencia de conductas desajustadas” al Derecho.

El juez Castro, sin embargo, esta tarde hizo lugar al pedido de la defensa del cantante de la cumbia 420 y le concedió la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. Esta medida será efectiva recién cuando el fallo quede firme en la Cámara de Apelaciones de Mercedes. De acuerdo con el magistrado, “de efectivizarse esta medida de coerción, podría contribuirse a evitar que algún fanático aislado del detenido pueda perpetrar algún tipo de amenaza o reprimenda hacia cualquiera de las víctimas como se viene aduciendo en autos”.

En caso de cumplirse, el arresto domiciliario se realizaría en una casa de un country de la localidad de Canning, aunque todavía resta un informe positivo de la Dirección de Monitoreo Electrónico de la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

El fiscal de la causa, Raúl Villalba, por su lado, citó a L-Gante para este jueves a una ampliación de indagatoria para imputarle el delito de “encubrimiento agravado” en relación a uno de los celulares que se encontraron en su casa y que habría sido robado.

Mientras se define la posibilidad de que el artista sea beneficiado con prisión domiciliaria, seguirá detenido por las “amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad” contra Darío Gastón Torres y Rosa Catalina Passi, y por la “tenencia de estupefacientes”.

Con información de agencias.