El Gobierno reglamentó este lunes el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que busca potenciar las inversiones productivas de las pequeñas y medianas empresas, mediante el Decreto 242/2026 publicado en el Boletín Oficial.

En la normativa, se establecieron las pautas operativas, los sujetos beneficiarios y el catálogo de inversiones productivas que podrán acceder a importantes beneficios fiscales durante los próximos dos años.

El objetivo central del RIMI es “promover el desarrollo económico y de las cadenas de valor, desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos, incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios y favorecer la creación de empleo”, poniendo el foco en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs).

El texto oficial dispone que podrán ser beneficiarios los sujetos que califiquen como MiPyMEs, incluyendo hasta la categoría de Mediana Empresa Tramo 2, debiendo contar con el certificado MiPyME vigente al inicio del ejercicio fiscal en el que realicen su primera inversión.

Las inversiones deben alcanzar el mínimo establecido por la norma: US$150 mil dólares para las micro empresas; US$600 mil para las pequeñas empresas; US$3.5 millones para las empresas medianas tramo 1 y US$9 millones para las medianas tramo 2. 

La normativa también establece que las entidades sin fines de lucro que realicen actividades productivas podrán adherirse, siempre que cumplan con los parámetros de facturación que determine la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El decreto define como “bienes muebles amortizables” a aquellos bienes nuevos, excepto automóviles, que se hubieren adquirido, elaborado, fabricado y/o importado, siempre que clasifiquen como “Bienes de Capital (BK)” o “Bienes de Informática y Telecomunicaciones (BIT)”.

Además, estipula que las obras comprendidas en el RIMI serán aquellas que se realicen dentro del plazo de vigencia del régimen y aquellas que, al 6 de marzo, posean un grado de avance inferior al 30% del monto total de inversión.

Asimismo, el RIMI establece un régimen de amortización especial, y sin monto mínimo de inversión, para aquellas inversiones realizadas por MIPyMEs cuyo objetivo sea la instalación de sistemas y/o equipos de riego, la instalación de mallas antigranizo para el sector agropecuario y las inversiones en bienes semovientes. 

Los beneficios fiscales comenzarán a regir efectivamente cuando el bien o la obra comiencen a generar ganancias gravadas. Además, para el cálculo de los montos mínimos de inversión, las facturas en pesos se convertirán a dólares utilizando el tipo de cambio comprador del Banco Nación.

El RIMI prevé mecanismos de devolución y créditos fiscales. La devolución de saldos de IVA tendrá un tope equivalente al 50% del cupo anual establecido en la Ley de Presupuesto. La asignación de estos fondos se realizará por orden de antigüedad de los saldos acumulados, garantizando prioridad a quienes llevan más tiempo esperando la compensación.

El plazo para realizar estas inversiones será de dos años, contados a partir de la entrada en vigencia de las normas complementarias que deberán dictar ARCA y las secretarías de Energía y Agricultura, Ganadería y Pesca.

Al respecto, el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, sostuvo que con la reglamentación “el régimen da un paso importante hacia su operatividad, aunque no está listo todavía para que las empresas adhieran formalmente”.

En este sentido, señaló que sin la normativa conjunta del organismo tributario y las áreas económicas “no hay formulario de adhesión al RIMI, no hay mecanismo para solicitar la devolución anticipada del IVA y no hay forma de acreditar el porcentaje de avance en las obras en curso”.

Además, agregó que “la facultad del Ministerio de Economía de completar la nómina de bienes comprendidos en la amortización acelerada no tiene plazo” remarcando que “en un régimen donde el tiempo disponible para invertir es limitado, esa definición es relevante que se de a la brevedad”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas.

El Ministerio de Economía, por medio de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, actualizó los valores de ventas totales anuales que se deben tener en cuenta para categorizar a las empresas como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), mediante la Resolución 30/2024, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El incremento dispuesto está por debajo de la inflación interanual que trepó en los últimos 12 meses al 276,2%, ya que los nuevos parámetros máximos de facturación subieron frente al aumento anterior en marzo del año pasado 164,84% para construcción; 148,29% para servicios; 181,25% para comercio; 189,38% para industria y minería; y 148,21% para el sector agropecuario.

De acuerdo a datos aportados por la cartera económica, actualmente, hay 1.758.722 de personas humanas y jurídicas que cuentan con el certificado MiPyME vigente, de las cuales 424.275 son empleadores que generaron 4.005.994 puestos de trabajo en 2023.

Desde Economía sostuvieron que “con esta renovación se garantiza que las micro, pequeñas y medianas empresas continúen con las ventajas que otorga el certificado MiPyME, entre los que se incluyen beneficios impositivos y previsionales, avales de Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) y otros”.

Asimismo, explicaron que “esta actualización permite que las empresas que hayan mantenido el nivel de actividad no sufran modificaciones por efecto de la inflación”, aclarando que “si bien los topes de facturación para mantener la condición de MiPyME se actualizan tomando la evolución de precios del último año, la facturación es un promedio de los últimos tres ejercicios fiscales, a moneda de cada año, por lo que a mayor inflación en el último año respecto de los anteriores, menor es la probabilidad de que una MiPyME pierda su categoría”.

Mientras el Ejecutivo desestima el perjuicio que puede ocasionar que la actualización esté por debajo de la inflación, el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, alertó que “se pueden presentar dos problemas para las empresas”, por un lado que aquellas firmas que solicitaron el Certificado MiPyME en marzo 2024 salgan perjudicadas “ya que para el encuadramiento se tomarán parámetros de marzo 2023 debido a que la modificación tiene efecto a partir abril 2024”, indicando que “la modificación debía haber tenido efecto a marzo 2024”.

La segunda dificultad, que plantea Domínguez, tiene que ver con que “por el sólo efecto de la inflación puede suceder que determinadas empresas queden encuadradas en una categoría más alta que la que correspondería si se actualizaran los parámetros por la misma o directamente pueden llegar a ser consideradas grandes empresas”.

Continuando en esa línea, manifestó que “esta actualización por debajo de la inflación no es un tema menor ya que las empresas pueden llegar a perder beneficios tributarios relevantes” y ejemplificó señalando que “pueden incrementarse las contribuciones patronales, puede variar el límite del cómputo del impuesto al débito y crédito como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, puede eliminarse la posibilidad de pagar el IVA en forma diferida (IVA 90 días), puede eliminarse la posibilidad de solicitar el certificado de exclusión de regímenes de retención, percepción y pagos a cuenta del IVA en forma simplificada, pueden aplicarse tasas de interés más elevadas en planes de pago, entre otros”.

A partir de lo planteado, el estudio jurídico encabezado por Domínguez consideró que “la Resolución debe modificarse ya que, de lo contrario, se estaría recurriendo a la receta de siempre: no actualizar parámetros por el efecto de la inflación para incrementar en forma encubierta la recaudación tributaria”.

Asimismo, propuso que “los parámetros de ventas y el límite de activos se deberían actualizar en forma trimestral por la variación del IPC para reflejar el efecto pleno de la inflación, en lugar de hacerlo una sola vez al año” y agregó que “se debería incorporar una cláusula gatillo para que se adelante la actualización cuando la inflación acumulada dentro del trimestre sea del 20% o más”.

Con información de NA.

IG

El ministro de Economía, Sergio Massa, presentó este viernes una serie de medidas de alivio fiscal para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Buenos Aires.

En candidato presidencia de Unión por la Patria (UP) detalló las medidas que Economía encomendó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que incluyen un plan de facilidades de pago para la cancelación de deudas, la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal, y la prórroga del vencimiento de las obligaciones de setiembre a diciembre próximo.

Este viernes se publicó la resolución 1416/2023 en el Boletín Oficial que le encarga a la AFIP instrumentar un plan de facilidades de pago para la cancelación de las obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, vencidas hasta el 31 de agosto último, destinado a mipymes y pequeños contribuyentes.

También que disponga la suspensión del inicio de los juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares para todos estos contribuyentes hasta el 31 de diciembre próximo.

Asimismo, que prorrogue el vencimiento de las obligaciones de pago del aporte personal de los trabajadores autónomos, correspondiente a setiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año, y del impuesto al valor agregado, correspondiente a los mismos períodos fiscales.

Las nuevas fechas de vencimiento para el pago de las obligaciones prorrogadas no podrá ser anterior al 1° de marzo de 2024.

Las medidas, una por una

La resolución

Con información de NA.

IG