Nacido en la oposición al régimen conservador, el radicalismo se había convertido con el liderazgo de Hipólito Yrigoyen en un partido nacional con gran poder electoral. Esa transformación suscitó cambios significativos en su cultura política.

Abordamos aquí desde las tensiones internas que marcaron su experiencia de gobierno en los años veinte hasta las fracturas, debates y redefiniciones que atravesaron al partido tras el golpe de 1930. Para entender estos procesos y sus múltiples matices, conversamos con dos especialistas: Francesco Davide Ragno y Marianne González Alemán

Entrevistados : Francesco Davide Ragno y Marianne González Alemán

Conducción: Juan Manuel Romero

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

La segunda es la vencida. O al menos así lo espera la oposición, que el miércoles pasado tuvo que resignarse frente al muro de silencio que impuso Guillermo Francos sobre el caso $LIBRA en la presentación de su informe de gestión al Congreso. La excusa era que la semana siguiente respondería a todas las inquisiciones sobre el criptoescándalo que sacude el corazón del gobierno libertario. Ese momento se avecina: mañana el jefe de Gabinete volverá a visitar la Cámara de Diputados para asistir a la interpelación opositora, en la que deberá explicar cuál es la relación entre Javier Milei y la presunta estafa que se disparó el 14 de febrero pasado a partir de un tuit.

En la sesión de principios de abril la Cámara de Diputados aprobó la interpelación de cuatro funcionarios por el criptogate: Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y el director de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. No fue fácil para la oposición conseguir el número para abrir la sesión y, ahora, todas las fichas están puestas en la visita de los funcionarios. 

Si bien se espera que vayan solo Francos y Cúneo Libarona, la oposición apuesta todo a este intercambio. Hace casi 30 años que no hay una interpelación a un funcionario en la Cámara de Diputados: la última fue en el 95’ a Domingo Cavallo, entonces ministro de Economía, quien había sido convocado para hablar de la privatización del Correo y terminó hablando durante más de 10 horas en un discurso que terminaría llegando a la Corte Suprema por haber acusado a Alfredo Yabrán de ser “el jefe de la mafia”. 

Será una oportunidad única para que el Congreso pueda ahondar con precisión sobre los detalles de la relación de los hermanos Milei con el empresariado cripto que entró y salió de Casa Rosada casi una decena de veces previo a la disparada y derrumbe de la criptomoneda. Será una sesión distinta a los informes de gestión clásicos del Jefe de Gabinete: en esta ocasión, el objetivo de la oposición es que haya menos oradores y se sintetice en unos pocos el ida y vuelta de las preguntas y repreguntas. 

La expectativa es alta, dado que Francos y Cúneo deberán asumir la defensa oficial del Presidente atentos a que cualquier cosa que digan podrá después ser tomada en la causa judicial que está tramitando la jueza María Servini. El jefe de Gabinete dedicó el fin de semana a estudiar el caso, valiéndose de las mismas preguntas que habían enviado los diputados en ocasión de la sesión informativa (y que Francos nunca respondió bajo la excusa que lo haría en la interpelación del martes 22). 

El ministro de Justicia, mientras tanto, deberá dar cuenta del trabajo realizado por la Unidad de Investigación que creó el Presidente poco después de que se desatara el escándalo. La oposición buscará cuestionarlo, a su vez, por las declaraciones del propio Milei durante la entrevista que hizo Jonatan Viale en TN, en la que deslizó que Cúneo Libarona podría estar al frente de la causa judicial que lo investiga. Fue el famoso momento en el que Santiago Caputo interrumpe la nota para advertirle a Milei que decir eso podía perjudicarlo —ya que es ilegal que el ministro sea su abogado— y que se terminó eliminado de la transmisión oficial. 

La oposición esperaba que Silva también asistiera, dado que es quien podría dar una explicación más técnica sobre la circulación de criptoactivos en el país. Sin embargo, desde el Gobierno anticipan que, al no ser un ministro, Silva no está obligado a ir. 

Distinto es el caso de Caputo, que sí es ministro pero que desde Casa Rosada anticipan que tampoco cumplirá con la interpelación. El ministro de Economía viene esquivando ir al Congreso desde el debate por el Presupuesto 2025, que terminó empatanándose cuando Milei decidió prorrogar el de 2023. Caputo tampoco fue al Congreso a dar explicaciones por el nuevo acuerdo con el FMI y es poco probable que lo haga el martes. 

Si no va, el peronismo analiza pedirle el juicio político.

Parálisis en la comisión investigadora

La interpelación no será el único acontecimiento de la semana. El miércoles, un día después, se reunirá por primera vez la comisión investigadora del caso $LIBRA. Sin embargo, la comisión pasó de ser la atracción principal, la gran apuesta de la oposición, a una interminable fuente de frustraciones. Esto es así porque el presidente de la Cámara, Martín Menem, llevó a cabo una serie de maniobras destinadas a quitarle el control a la oposición. 

El riojano demostró que prefería modificar todo el ecosistema político de la Cámara de Diputados, rompiendo bloques aliados y armando interbloques oficialistas, antes de arriesgarse a que la oposición pudiera hacerse con una mayoría en la comisión. Fue una maniobra de gran escala y terminó afectando a todas las bancadas que componen la Cámara.

Primero, unió al PRO con el MID para conseguir dos sillas más en la comisión. Luego, convirtió a su propia bancada en un interbloque para sumar una aliada y, con ella, dos lugares más. Rompió el bloque radical de Rodrigo de Loredo, fiel aliado del Gobierno, y mandó a los radicales más mileístas, como Mariano Campero o Francisco Monti, a armar un bloque aparte y anotarse así dos lugares más para el Gobierno. 

Le negó, a su vez, un lugar a la izquierda, que estaba atravesando la rotación anual de bancas: Mónica Schlotthauer había renunciado y, antes de que Vilma Ripoll pudiera reemplazarla, Menem cerró la conformación de la comisión como si el FIT tuviera solo 4 integrantes (lo que le quitaba la posibilidad de una silla). Tuvo que salir en su ayuda Unión por la Patria, que “cedió” dos diputadas, Julia Strada y Mónica Macha, para que fueran a armar un interbloque con la izquierda y, así, garantizarles un lugar en la comisión. 

La paridad de la comisión, de momento, es absoluta: 14 de la mutlipartidaria opositora —que engloba al peronismo de UxP, el pichettismo de Encuentro Federal, el radicalismo díscolo de Democracia Para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda— y 14 del oficialismo. Este último grupo engloba sectores disímiles, con La Libertad Avanza y el PRO, pero también la UCR de De Loredo, el nuevo radicalismo oficialista de “los peluca” y los provinciales. 

De no superarse el empate, la comisión quedará paralizada y no podrá ni designar sus autoridades. Mucho menos aprobar oficios, pedir pruebas o citar testigos. Para todo necesita de una mayoría. 

La oposición baraja dos estrategias para destrabarla. El pichettismo apuesta a convencer a algunos de los “oficialistas” no tan oficialistas —como los provinciales o los radicales enojados con Menem por haberles roto el bloque— de designar a un presidente de “centro” que no juegue tan abiertamente para ninguno de los dos bandos. Se proponen, así, a sí mismos: o Nicolás Massot o Oscar Agost Carreño. O, si fuera imposible, a los lilitos de la CC.

El peronismo, en cambio, pretende forzar una interpretación del reglamento de la comisión que inhabilite los toqueteos de Menem a los bloques. Para eso necesitará de una mayoría en el recinto, por lo que algunos diputados proponen aprovechar la sesión por la interpelación de los funcionarios para resolver la situación de la comisión. La apuesta, sin embargo, es difícil: no saben si tendrán la mayoría y los últimos movimientos de Menem les revelaron que, cuando creían avanzar, las negras les mostraban que también jugaban.

MC/DTC

El Gobierno llega a su Día D con helicópteros sobrevolando el Congreso y un estado de alerta generalizado sobre lo que ocurrirá en la calle cuando el operativo de Seguridad de Patricia Bullrich vuelva a chocar con la manifestación en defensa de los jubilados. Puertas adentro, sin embargo, Martín Menem no está nervioso: está confiado en que tiene los votos para aprobar la ley más importante de Javier Milei este año. Es decir, la ratificación del nuevo acuerdo con el FMI. 

Apenas pasadas las 10 de este miércoles, el riojano pudo respirar tranquilo: el oficialismo consiguió el quórum para abrir la sesión la ayuda de los opositores aliados. Fueron 131 legisladores sentados en sus bancas, entre libertarios, del PRO, la UCR, Miguel Ángel Pichetto y los espacios que responden a gobernadores.

La sesión bordeó el escándalo al comienzo, con fuertes cruces entre los opositores más duros y Menem. “Quedate a laburar. ¿Quién te crees que sos?”, lo increpó el jefe de UP, Germán Martínez, cuando el riojano apuró la votación de un plan de labor corto para que se vote a las 16. “No me jodas”, le dedicó la también peronista Vanesa Siley. “No me pelotudees”, le dijo la trotskista Vanina Biasi. Otro fue el show que protagonizó el libertario Lisandro Almirón, que se paró a los gritos para pedirle disculpas a Oscar Zago por las trompadas de la semana pasada: “¿Querés que te dé un pico?”, cerró.

Menem vivió un momento por demás incómodo cuando Martínez reveló un audio que el riojano le envió al bloque de La Libertad Avanza para aconsejar a que los libertarios interrumpan la sesión con cuestiones de privilegio y llamen a votar temprano. Menem rápidamente corrió la sesión a otro lado y le cortó el micrófono al peronista.

La previa a la sesión

Ya Menem había estado incómodo tan solo 12 horas antes porque el panorama interno en las filas de LLA había sido otro. Ayer por la tarde el jefe de la Cámara baja caminaba nervioso junto al vicejefe de Gabinete José Rolandi por los pasillos del Senado, en donde se estaba debatiendo el DNU del acuerdo con el FMI en la Bicameral de Trámite Legislativo. El oficialismo había comenzado el día sin saber si tendría el número para dictaminar el DNU y el Gobierno había enviado a la caballería a convencer a un senador, el formoseño Francisco Paoltroni, de que pusiera su firma.

Si este miércoles el Gobierno se muestra ilusionado con ratificar el acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados es porque, horas antes, los funcionarios del Gobierno tuvieron que transpirar para poder dejar el camino allanado en la Bicameral de DNU. No fue fácil. Paoltroni se hizo desear y recién después de varias conversaciones y reuniones de pasillo con Rolandi, Menem y Gabriel Bornoroni atinó a estampar su firma en un dictamen de rechazo. Su firma era clave porque La Libertad Avanza, sin ella, no alcanzaba a tener la mitad más uno de las firmas de la comisión bicameral: necesitaban su firma —aunque fuera de rechazo— para poder habilitar la sesión del miércoles. Sin dictamen, el oficialismo necesitaría los dos tercios del recinto para aprobar el DNU: un número imposible de conseguir. 

Finalmente, el oficialismo consiguió las nueve firmas. Colaboraron el PRO —el diputado Diego Santilli y Luis Juez—, la UCR —el diputado Francisco Monti y el senador Víctor Zimmermann—, el propio oficialismo —el diputado Lisandro Almirón y el senador Juan Carlos Pagotto— y el peronista “Camau” Espínola. Paltroni, al final, también colaboró, pero no fue el único exlibertario enemistado con el “entorno” de Javier Milei que terminó respaldando el acuerdo: también lo hizo Oscar Zago.

Zago fue uno de los protagonistas de la jornada. El diputado del MID pasó, en menos de unos días, de pelearse casi a las trompadas con Almirón en el recinto a ser electo presidente de la Bicameral de Trámite Legislativo. Con el voto, incluso, del mismo Almirón. “Ante todo está la República y el presidente Javier Milei. Voto por Zago, ¡viva la libertad, carajo!”, exclamó el correntino, al momento de expedir su voto. Hubo risas irónicas y aplausos en las filas del peronismo, y más de un dirigente del oficialismo admitiría que temió hasta el final por el voto de Almirón. “Ya son amigos”, sonrió, satírico, un peso pesado de LLA.

La llegada de Zago a la presidencia había sido el otro escollo que el oficialismo había tenido que resolver, torpemente y a las apuradas, en la previa de la sesión del miércoles. Como anticipó elDiarioAR, LLA había convocado la reunión de comisión sin tener resueltas las autoridades de la Bicameral: un detalle técnico que, cuando se reunió la comisión el martes, casi termina en que el acuerdo con el FMI explote por los aires. 

Fue casi un sketch cómico: bajo la incrédula imágen de los funcionarios del Gobierno que habían asistido a la Bicameral a exponer sobre el acuerdo con el FMI, Pagotto se rehusó a levantarse de la silla de la presidencia, a pesar de que el lugar le correspondía, con el cambio de año, a un diputado. Durante casi una hora y media, Carolina Gaillard y Anabel Fernández Sagasti (UxP) emprendieron una batalla campal para forzar que Pagotto se retirase y votar las nuevas autoridades. El PRO y LLA intentaron defender su lugar —Menem incluso se metió en el medio de la reunión para mediar—, pero no había número: Nicolás Massot y Paoltroni acompañaban a UxP y se daba un empate.

UxP proponía la candidatura de Massot, en línea con conversaciones que ya había tenido con el propio Zago. El diputado del MID, sin embargo, defendió el lugar de Pagotto, así que se optó por una solución salomónica: a propuesta del oficialismo, Zago sería el presidente de la Bicameral. UxP se abstuvo, atento a una negociación previa que habían tenido con Zago: saben que votará a favor del acuerdo con el FMI, pero esperan que, a futuro, haga trabajar la Bicameral para tratar el resto de los DNU de Milei que es esa comisión duermen el sueño de los justos.

Solucionados los dos cabos sueltos —Zago y Paoltroni, dos exlibertarios ofendidos con el triángulo de hierro—, el Gobierno logró allanar el camino para el miércoles. 

Los votos de Milei para aprobar un nuevo acuerdo con el FMI

Anres de la sesión, en el bloque libertario se repetía una premisa, casi un lugar común: “Si sacamos dictamen el recinto está asegurado”. Esta confianza para ratificar el DNU del nuevo acuerdo parte de un pilar: el respaldo de los gobernadores. Con ellos y los aliados del PRO y la UCR, en LLA calculaban que tendrían al menos 140 votos a favor.

Pero no eran sólo los gobernadores. En los pasillos de la Cámara de Diputados predominaban las críticas a las “formas” —es decir, que el Gobierno hubiese enviado un DNU y no un proyecto de ley, tal como exige la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, una norma que tiene plena vigencia—, pero solo como preludio para una confesión: el reconocimiento implícito de que no había espacio para voltear un acuerdo con el FMI. Los diputados señalaban el temblor de los mercados financieros, con la suba del dólar y del riesgo país, e insistían en que no había margen para hacer otra cosa que ratificar el DNU.

Lo sostenían los radicales de Rodrigo de Loredo, pero también algunos de Democracia Para Siempre. Lo señalaban los lilitos de la Coalición Cívica y una mayoría del pichettismo de Encuentro Federal. Y lo remarcaban, con más énfasis que cualquiera, los dirigentes del PRO. “Si le votamos al kirchnerismo, ¿cómo no vamos a acompañar a Milei?”, reflexionaba un peso pesado del partido amarillo.

El oficialismo se había hecho de una importante mayoría que prometía blindar el acuerdo, pero del otro lado había un último escollo: el rechazo de Unión por la Patria y la amenaza latente del peronismo de no reconocer un acuerdo con el FMI que fuera vía DNU. Tarde a la noche, el PJ Nacional, reunido de emergencia a pedido de Cristina Fernández de Kirchner sacó un comunicado cuestionando el endeudamiento: “Los diputados y senadores que voten por la aprobación del DNU 179 le estarían confiriendo a Javier Milei las ‘facultades extraordinarias’ que son fulminados por nulidad insanable y absoluta”, advirtió. 

El PJ de CFK lanzaba, así, un último mensaje con un único receptor: el mismo FMI. UxP votará en contra del acuerdo con el FMI —aunque se espera que los catamarqueños de Raúl Jalil acompañen— y comenzará a trabajar en la judicialización apenas sea aprobado en la Cámara de Diputados.

MC/JJD/MC

Una vez más, los gobernadores radicales se posicionan como la última línea defensiva del gobierno de Javier Milei. En este caso, para sostener la designación por decreto de Manuel García-Mansilla como juez de la Corte Suprema. Los motivos son diversos —alianzas electorales, crisis económicas, especulaciones políticas—, pero son suficientes para demorar la convocatoria de una sesión que rechace los pliegos de García-Mansilla y Ariel Lijo. En la Casa Rosada perciben que el kirchnerismo está cerca de conseguir el número, por lo que presiona y apuesta su salvación a quienes han sido, hasta ahora, sus más fieles aliados.

La bancada radical en el Senado se encuentra en crisis. Atravesada por una fuerte disputa interna respecto a cómo responder institucionalmente a la designación por decreto de García-Mansilla y Lijo, el radicalismo ensaya una coreografía muy similar al episodio de la comisión investigadora para el caso $LIBRA; un escándalo que fracturó al bloque y expuso, como ninguna otra votación, el alineamiento automático de los gobernadores radicales con el gobierno libertario. 

Primero, la presión para avanzar de los radicales más opositores, como Pablo Blanco y Martín Lousteau, y la respuesta evasiva de los más amigables con el Gobierno, como Eduardo Vischi o Mariana Juri. Eso se observó la semana pasada, luego del operativo de pinzas orquestado junto al kirchnerismo para dictaminar el pliego de García-Mansilla y dejarlo preparado para tratarlo en el recinto. Esta estrategia respondía a la necesidad de la oposición de regularizar la situación del pliego —que, a diferencia del de Lijo, nunca consiguió las firmas necesarias— para poder rechazarlo con solo 25 votos. Sin dictamen, la oposición debía tratarlo “sobre tablas” y ahí ya necesitaba los dos tercios del recinto: un número imposible de conseguir. 

Al momento de estampar la firma en el dictamen de rechazo, sin embargo, solo estaba Lousteau. Los otros radicales integrantes de la comisión de Acuerdos, como Juri (Mendoza) o Vischi (Corrientes), pidieron tiempo para pensarlo y conversarlo con sus gobernadores. Frente a la indecisión, Lousteau terminó firmando un dictamen de rechazo con Guadalupe Tagliaferri (PRO) y, en paralelo, lo mismo hicieron los siete senadores peronistas con un dictamen propio. Estaban las nueves firmas —la mitad más uno de los integrantes— para llevar el tema al recinto, pero surgió un problema: Victoria Villarruel no reconocía la firma de José Mayans bajo el argumento de que no había estado presente en la audiencia en la que García-Mansilla expuso en el Senado. 

La discusión era técnica, pero dilataba la posibilidad de convocar una sesión. Por lo que la apuesta era esperar a que otro senador radical, Carolina Losada o Maximiliano Abad, firmase para allanar el camino. Pero, el fin de semana, se desarrolló el segundo paso de la danza: el silencio elocuente de los más críticos —Losada, Abad— y las excusas de los más concesivos con el Gobierno.

Quienes responden a los gobernadores empezaron a poner el foco en el kirchnerismo, acusándolo de no estar dispuesto a voltear el pliego de Lijo. “El que tiene la llave es el kirchnerismo, pero son ellos los que no convocan”, explicaba un senador radical norteño, buscando hacer foco en el respaldo de los gobernadores peronistas a la candidatura de Lijo. El temor era que Cristina Fernández de Kirchner estuviera negociando para ampliar la Corte Suprema con la amenaza de voltear los pliegos y que, a último momento, se negase a votar en contra de Lijo. 

La excusa, sin embargo, tuvo poco vuelo interno. “Están mintiendo. Usan ese argumento para no firmar, pero no firman por otros motivos”, admitía, por lo bajo, un senador radical. ¿Cuál era el motivo? El respaldo de los gobernadores Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, Leandro Zdero y Maximiliano Pullaro, todos de la UCR, al Gobierno nacional. Se consolidaba, así, el tercer paso que, en el caso de la comisión investigadora por el criptogate, anticipó la votación negativa del bloque radical.

Los motivos son varios y difieren de provincia a provincia, tal como ya contó elDiarioAR. Algunas están más atadas de manos que otras, como el caso de Chaco, que atraviesa una fuerte crisis económica y el año pasado se salvó del default solo gracias a una intervención del Gobierno nacional. Zdero depende de la Nación para sobrevivir, y no solo por la precaria situación fiscal: el temor de que el peronismo, liderado por “Coqui” Capitanich, retome el control de la provincia es una realidad muy cercana a menos de dos meses de las elecciones locales. 

Los senadores que responden a los gobernadores no anticiparon aún su postura, sin embargo. Lo harán el martes a la tarde, cuando el bloque se reúna en el tercer piso del Senado. “Que los defensores de la República expliquen por qué cambian de opinión”, provoca un dirigente radical de peso, apuntando los cañones contra Losada, quien se había manifestado en contra de la designación por decreto pero se negó a firmar el pliego de rechazo de García-Mansilla.

La incógnita, sin embargo, es lo que hará Maximiliano Abad. El senador bonaerense suele articular con Lousteau en el recinto y fue uno de los que más se enojó con Vischi, jefe de bloque de la bancada, cuando votó en contra de la creación de la comisión investigadora. Ahora, sin embargo, guarda silencio, y algunos compañeros de bloque sospechan que su negativa a colaborar con el rechazo de los pliegos está vinculada al armado electoral de la Provincia de Buenos Aires. Abad viene trabajando junto a Cristian Ritondo (PRO) para cerrar una alianza en PBA y, si bien el expresidente de la UCR bonaerense piensa más en una reedición de Cambiemos, en el PRO descuentan que el armado derivará en un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. 

El panorama se aclarará este martes por la tarde, cuando el bloque se reúna y se defina convocar o no una sesión para rechazar los pliegos. El peronismo, hasta entonces, aguarda satisfecho: la pelota ahora está en la cancha del radicalismo. Necesita que una parte de la UCR acompañe con el quórum porque el kirchnerismo desconfía del accionar de los gobernadores: los mandatarios provinciales tienen mucho poder de fuego en el Senado y podrían arrastrar hasta una docena de ausencias.

 “Para voltear a Mansilla estamos todos, pero muchos quieren a Lijo. Piden que lo dejemos, que es buen tipo. Pero ese no puede ser el argumento”, masculla un dirigente peronista que dialoga con los gobernadores. Y finaliza: “Lijo podrá ser nuestro, pero infringió la ley”.

MC/JJD

En la Casa Rosada se mueven como si ya tuvieran el número para suspender las PASO para 2025. Sus aliados se miran entre sí por encima del hombro, sorprendidos ante la posibilidad de que el Gobierno esté negociando con sus votos cuando aún ni ellos consensuaron una postura. Hay dos opciones, especulan: o el peronismo está decidido a allanarle el camino a los libertarios o, en cambio, el oficialismo sospecha que el acuerdo con los gobernadores es tan sólido que le permitirá sortear los pruritos electorales de la UCR y el pichettismo. 

El triángulo de hierro libertario navega confiado en medio de la incertidumbre opositora. Poco después de una cumbre entre Karina Milei, Lule Menem, Martín Menem y Lisandro Catalán en Casa Rosada, el Gobierno se encargó de hacer llegar un nuevo borrador de proyecto para la reunión de comisión del martes. Solo tenía dos artículos: la suspensión de las PASO para 2025 y la facultad del Ejecutivo para reorganizar el calendario electoral a piacere. Sin intermediar un mensaje previo —casi no hubo contacto durante el fin de semana—, el Ejecutivo anunciaba así que estaba dispuesto a ceder a su idea de eliminar las PASO.

Los radicalismos y el pichettismo de Encuentro Federal observaban con sorpresa. El lunes fue un día de zooms y reuniones y negociaciones furiosas a la espera de acordar una postura interna dentro de los bloques, pero culminaron cerca del fracaso: ninguna bancada tiene una postura unánime respecto a la suspensión de las PASO. Por eso se convocó a un cuarto intermedio para ordenar la discusión. 

En la mayoría de los bloques predominaba cierto coqueteo con la idea de suspender. En Encuentro Federal, la inmensa mayoría acompañaba la idea. En la UCR de De Loredo había una mitad que, empujada por el quinteto radical libertario liderado por Mariano Campero, amagaba con darle al Gobierno su voto. A pesar de ir en contra de su propia supervivencia, ya que la supresión de las PASO, saben, dejará la lapicera en manos de Karina y nadie más. “Todavía creen que no los van a cagar”, ironizan desde el radicalismo que rompió con el bloque y se fue a armar Democracia Para Siempre.

Democracia, mientras tanto, sufre la misma división interna, aunque por motivos distintos. Los diputados de provincias chicas, como Formosa, quieren PASO para armar frentes con otros partidos. Los diputados del AMBA, en cambio, prefieren eliminarlas. Temen que las primarias, en donde suponen que saldrán cuartos, generen un efecto ballotage para la elección general que les termine licuando los votos. 

Ninguno definió aún qué hará este martes a las 14, cuando se reúna el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Los más críticos al Gobierno aprovechan el impulso de la marcha antifascista del sábado para endurecer postura. “Recién mandaron un borrador, que es un mamarracho. No quieren tratar el Presupuesto. Los tipos hacen los que les canta cuando vienen de un fin de semana en donde la sociedad estuvo en la calle diciendo otra cosa. Que bajen un cambio”, mascullaba ayer un diputado de Encuentro Federal que analizaba, como otros compañeros de bloque, no firmar ningún dictamen para obligar a dilatar la discusión.

Imperturbable ante los reclamos opositores, sin embargo, la Casa Rosada decidió profundizar. Mientras que las bancadas de la exoposición dialoguista —cuyo voto LLA necesita— se negaban a adelantarle un poroteo a Gabriel Bornoroni, jefe de bloque libertario, el oficialismo aceleró y decidió convocar formalmente a una sesión para el jueves. En un gesto de confianza excesiva, el Gobierno anticipaba así que creía ya tener los 129 votos para suspender las PASO.

De momento, sin embargo, solo cuenta con el apoyo del PRO y algunas fuerzas provinciales. Los radicalismos y el pichettismo, en cambio, optaron por convocar a un cuarto intermedio. Divididos e inseguros, se niegan a mostrar las cartas. Se miran por encima del hombro, a la espera que el otro defina una posición. 

Los radicales —que son aliados del Gobierno pero necesitan que haya PASO para que Karina no los deje de lado— esperan que Democracia bloquee el proyecto. Los pichettistas quieren ver qué definen los gobernadores, que ayer cuestionaban al Gobierno por no haber cumplido con los acuerdos previos pero que podrían cambiar de opinión cinco minutos antes de la sesión. No sería la primera vez.

Y todos, absolutamente todos, están a la espera de lo que haga el peronismo. 

La incógnita peronista

No hay una postura unánime en el peronismo sobre qué hacer con las PASO. Están las provincias del Norte, que vienen reclamando desde hace años para eliminar las PASO porque los gobernadores o jefes de los PJ locales desean mayor discrecionalidad para cerrar las listas. Hay algunos, como los catamarqueños que responden a Raúl Jalil, que acompañarán la suspensión. Pero hay otros, como los formoseños de Gildo Insfrán o los riojanos de Ricardo Quintela, que están atentos a lo que defina la mayoría del bloque. “Ninguno quiere quedar pegado votando con el oficialismo. Y menos después de la marcha del sábado”, confiesa un diputado norteño.

Párrafo aparte es la disputa bonaerense. Cristina Fernández de Kirchner se reunió con decenas de dirigentes en las últimas semanas, indecisa respecto de la conveniencia de suspender o no las PASO. Sin primarias, ella tendría todo el control del cierre de listas. Pero eliminarlas le daría vía libre a Axel Kicillof a desdoblar las PASO bonaerenses, lo que escindiría la campaña nacional de la provincial y dejaría al gobernador con el terreno allanado para desarrollar un oficialismo provincial que lo tenga como único lider. Y un kicillofismo bonaerense no es otra cosa que el paso previo para el desarrollo de un kicillofismo nacional.

El cristinismo se encuentra, entonces, en una disyuntiva. La decisión que tome, que impactará sobre la mayoría del bloque, definirá si el peronismo continúa unido o se rompe en la Provincia de Buenos Aires, que es donde mejor mide. 

No definirán una posición hasta último momento. Mientras el oficialismo hacía circular la convocatoria para la sesión del jueves, el bloque de Unión por la Patria estaba reunido en el tercer piso de la Cámara de Diputados, que es donde están las oficinas del jefe de bancada, el santafesino Germán Martínez. Comenzó a las siete de la tarde y se extendió hasta altas horas de la noche. 

Los distintos sectores presentaron sus posturas. Había algunos, como los massistas, que recordaron la posición histórica del partido, el Frente Renovador, respecto de la eliminación de las PASO. Y si bien la mayoría coincidía en que no había que dar quórum el jueves, la decisión final sobre lo que harán ese día es, todavía, una incógnita. 

Y mientras se mantenga una incógnita ni pichettistas ni radicales díscolos se jugarán a salvar al Gobierno. Todos están esperando que sea el otro quien lo haga y no los obligue a votar contra su propia supervivencia. Pero el peronismo no adelanta postura y los diputados están expectantes, como vaqueros que no se deciden a desenfundar el arma hasta que el contrincante mueva primero un dedo.

MC/JJD

Dirigentes radicales cercanos al oficialismo organizan un acto en respaldo del gobierno de Javier Milei para fines de febrero, como una forma de tomar postura en la campaña de cara a las elecciones legislativas.

El diputado Mariano Campero, que integra el sector de los “radicales con peluca”, reveló que dicha actividad se está preparando junto a los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri.

Campero, junto al cordobés Luis Picat, el misionero Martín Arjol, el neuquino Pablo Cervi y el correntino liberal José Tounier se encuentran a cargo de la organziación y son los que radicales que ayudaron al oficialismo a impedir que la oposición juntara los dos tercios de los votos en la Cámara baja para insistir en la mejora jubilatoria y el financiamiento universitario, vetados por Milei.

“Estamos organizando un acto este Movimiento Nacional, porque entendemos que debemos apoyar a este Gobierno” que está “logrando mejorar la economía y salir de la crisis”, sostuvo Campero a la agencia Noticias Argentinas.

Señaló que el objetivo es “hacer una buena elección y darle” a Milei el “blindaje parlamentario que necesita para que cuente con la mayoría” para tener las herramientas necesarias para instrumentar su plan de Gobierno.

Campero recordó que ese grupo de cinco legisladores de la UCR ayudó al Gobierno a mantener los vetos de las leyes y planteó que ahora “es necesario dar un paso adelante para que tenga una mayoría parlamentaria”.

Dijo que la meta es “ganarle al kircherismo y por eso es clave hay que hacer una buena elección” en octubre.

Suspender o eliminar las PASO

Sobre las PASO, el diputado nacional por Tucumán consideró una “posición acertada del Gobierno eliminar o suspender” esa instancia para las elecciones legislativas que se realizarán el 26 de octubre.

“Hay que suspenderlas las PASO en este contexto económico, ya que si bien se han hecho muchas reformas y estamos mejorando, necesitamos que los cambios lleguen al bolsillo de los argentinos, con lo cual no se pueden usar esos recursos” para las primarias, añadió. “Es en este contexto de crisis social no podemos darnos el lujo de gastar esos millonarios recursos que se pueden asignar a otros fines como las universidades y para las jubilaciones”, agregó, pese a haber votado a favor del veto de esas iniciativas.

El diputado radical con “peluca” sostuvo que si en este “momento fuéramos un país próspero y rico podríamos destinar ese dinero a las PASO, que es un buen mecanismo democrático, pero hoy no se puede hacer”. Y recordó que en Tucumán los partidos políticos “no tienen” recursos del Estado para poder financiar una campaña electoral.

JJD, con información de NA.

Disciplinamiento de las mujeres, retorno a la cultura del silencio, intimidación a víctimas, testigos, investigadores y peritos. El proyecto de ley para penalizar las falsas denuncias por violencia de género apunta a profundizar obstáculos para el acceso a la Justicia, repone prejuicios que naturalizaron la violencia y preanuncia nuevos ataques contra las mujeres y las diversidades, según analizan las especialistas convocadas por elDiarioAR.

La iniciativa fue presentada por los senadores Carolina Losada, del radicalismo, y Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, y propone sustituir el artículo 245 del Capítulo II del Código Penal, que contempla el delito de la falsa denuncia, por otro que impone prisión de uno a tres años y considera agravante únicamente a las falsas denuncias de violencia de género, que serían castigadas con penas de tres a seis años de prisión sin posibilidad de excarcelación.

“El objetivo es desalentar las denuncias y que el sistema de Justicia desconozca estos hechos”, advierte Ileana Arduino, especialista en derecho penal, seguridad y políticas de género. La abogada agrega que “el proyecto tiene sustento en el estereotipo de las mujeres mentirosas, el de las mujeres que exageran, el de las arpías vengativas; es decir, todos los estereotipos con los que las mujeres lidian cuando denuncian alguna forma de agresión contra ellas o contra quienes ellas cuidan”.

El proyecto tiene sustento en el estereotipo de las mujeres mentirosas, el de las mujeres que exageran, el de las arpías vengativas; es decir, todos los estereotipos con los que las mujeres lidian cuando denuncian alguna forma de agresión contra ellas o contra quienes ellas cuidan

Ileana Arduino — especialista en derecho penal, seguridad y políticas de género

“Lo que falta es disciplinar y aleccionar a las mujeres. Como si ahora nos dijeran: no les vamos a creer y si no lo prueban vamos a pensar que fue mentira. Esto muestra un desprecio hacia las mujeres y un desconocimiento profundo del problema social que está detrás”, destaca a su vez Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

Las falsas denuncias constituyen un argumento central en las acciones contra el feminismo, subraya Arduino: “Son parte del kit de la reacción conservadora antiderechos en el mundo entero. No tienen sustento fáctico o estadístico que demuestren la existencia de un problema significativo. Eso sin considerar la particular inutilidad de las reformas al Código Penal para resolver los conflictos. Puede haber casos, por supuesto, pero la ley tiene instrumentos para resolverlos: la falsa denuncia es delito desde que la Argentina tiene Código Penal”.

Esto muestra un desprecio hacia las mujeres y un desconocimiento profundo del problema social que está detrás

Natalia Gherardi — directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)

El Senado fue escenario el 20 de noviembre de una jornada sobre las falsas denuncias donde el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó un escrito en apoyo del proyecto de ley. La senadora Losada citó una estadística sobre femicidios e invocó “al verdadero feminismo”, que diferenció del “hembrismo” y luego en declaraciones radiales del “hembrismo kirchnerista”.

Según el razonamiento de la legisladora radical por Santa Fe, las falsas denuncias serían aquello que afecta la credibilidad de las mujeres y el proyecto también contempla penas de uno a cuatro años de prisión para el testigo, el perito y el intérprete “que negare o callare la verdad en todo o en parte”.

“Una falsa denuncia no tiene nada que ver con la imposibilidad de probar un hecho –señala Ileana Arduino—. Tampoco, con que un proceso se cierre sin una condena, lo que suele pasar cuando se agota el tiempo para investigar o porque las propias víctimas desertan, agobiadas por el proceso de victimización o por las prácticas del propio sistema de justicia. Lo que hay, en muchos casos, es que la intervención judicial no pone fin al conflicto y no esclarece lo que sucedió”.

Para Gherardi, “el ministro de Justicia asume que la violencia de género no existe pero defiende un proyecto que específicamente habla de la violencia de género. ”¿En qué quedamos?“, se pregunta.

Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio Dupuy, y Andrea Guacci, presentada como referente del “frente de mujeres contra las falsas denuncias”, expusieron en la jornada en el Senado. También participó Fernanda Deluca, esposa del docente santafesino Juan Trigatti, recientemente absuelto en un juicio donde se lo acusó por abusos sexuales contra cinco niñas de una escuela que depende del Arzobispado de Santa Fe. Trigatti fue defendido por el abogado Marcos Barceló, quien dice especializarse en “falsas denuncias de género y sexuales” y sostiene que “la ideología de género ha permeado a todos los poderes judiciales del país”.

Otra barrera en la Justicia

“Una de las mejores cosas que logramos en el último tiempo fue romper silencios –afirma Ileana Arduino—. En lugar de amplificar la conversación, de buscar respuestas para las violencias naturalizadas, se quiere promover una herramienta de amedrentamiento y terror que impida enunciar. Es posible que encuentren operadores del Poder Judicial cómplices, como ocurre cuando ante la denuncia de un hecho el proceso penal se vuelve en contra de las personas que denunciaron”.

Arduino es coautora con Julián Alfie y Celeste Pousa de “El laberinto de la desinformación en el sistema penal y la violencia de género”, publicación disponible en la web del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Inecip. El documento denuncia la falta de información sobre las respuestas del sistema judicial y de los organismos públicos a las denuncias de violencia de género: “No existe un sistema de registro de la información que permita tomar decisiones estratégicas en la gestión de este tipo de conflictos y mucho menos pensar en políticas públicas orientadas para dar mejores respuestas a las víctimas”.

Gherardi sostiene que la “intencionalidad de disciplinamiento” puede concretarse al margen del proyecto: “Para que una mujer denuncie un hecho de violencia tiene que convencerse de que hay alguien para escucharla y tomar en serio su preocupación, su situación específica. Si el mensaje oficial es que las mujeres mienten y que se agravarán las penas, ante la duda o la falta de confianza en el sistema, el efecto disuasorio puede existir ahora sin que cambie ninguna ley”.

“La credibilidad de las mujeres está siempre a prueba –sigue Arduino—, pero cala profundo el discurso de que las condenas son automáticas y de que la Justicia está dada vuelta en perjuicio de los hombres. Ese planteo supone que el feminismo generó un desequilibrio en una sociedad organizada donde las violencias no ocurrían. En realidad lo que hubo fue una visibilización mayor de lo que hasta hace nada estaba asquerosamente tapado en el ámbito familiar, vecinal, de las organizaciones políticas y culturales”.

También, gremiales, como expone una reciente condena contra el Sindicato de la Sanidad, liderado por el cosecretario general de central obrera peronista, la CGT, Héctor Daer, por hechos de abuso sexual denunciados por una empleada.

Según una investigación del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el activismo antifeminista es de práctica en recusaciones de jueces y juezas. El documento “Herramientas para el acceso a la Justicia con igualdad” señala el cuestionamiento creciente a la perspectiva de género en resoluciones judiciales: el activismo en temas de violencia de género, la asistencia a reuniones o participación en paneles sobre la problemática y hasta los recordatorios de víctimas en los juzgados son tachados como “tendencias ideológicas” que afectarían a la defensa en juicio y al debido proceso.

“Lo que están cuestionando es que jueces y juezas cumplan con el mandato de la Constitución y de los tratados internacionales. Juzgar con perspectiva de género quiere decir considerar los hechos, analizar las pruebas, interpretar el Derecho sin estereotipos ni prejuicios contra las mujeres. La perspectiva de género trata de garantizar la imparcialidad judicial, no quiere decir que las mujeres no tengan que presentar pruebas ni que un hombre esté condenado desde el principio”, dice Gherardi.

El eventual avance de este proyecto no solo pone en jaque el acceso a la Justicia sino que también profundiza la deslegitimación de las mujeres como sujetas de derecho. Al atacar la credibilidad de las denuncias, se reabre una brecha de silencio y miedo que ya había costado demasiado cerrar. La verdadera amenaza no es la denuncia falsa sino el silenciamiento sistemático de quienes se atreven a denunciar la violencia enfrentando un sistema que parece no querer escucharlas.

OA/JJD

El presidente Javier Milei criticó a Raúl Alfonsín el marco del Día de la Recuperación de la Democracia, a 41 años del triunfo electoral del radical que dio fin a última dictadura, ante el círculo rojo empresario nucleado en el aniversario 47 de la Fundación Mediterránea. “En pocos lugares juego tan de local como acá”, planteó el jefe de Estado.

Luego de realizar un repaso de la situación económica heredada, el mandatario aseguró que el radical “huyó del poder seis meses antes”, y aseguró que su gestión recibió indicadores sociales “peores que los que había en diciembre de 2001″.

“Previa caída de la convertibilidad y el golpe de Estado impulsado por (Eduardo) Duhalde y (Raúl) Alfonsín, que paradójicamente a Alfonsín lo muestran como el padre de la democracia, siendo que fue partidario de un golpe de Estado”, precisó. 

En la misma línea, afirmó: “Pesificarle la deuda a Clarín hizo mostrarlo como un héroe”.

Por su parte, volvió a tomar distancia de los apoyos de su vicepresidenta Victoria Villarruel al catalogar de “espantoso” al gobierno de la expresidenta María Estela Martínez de Perón, luego de que la titular del Senado la homenajeara en la cámara que presidente. 

Desde Córdoba, el mandatario planteó que la gestión de se extendió desde el fallecimiento de Juan Domingo Perón, el 1 de julio de 1974 hasta el golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, implico “la triple A y el decreto de aniquilamiento y aberraciones adicionales”.

También, planteó que además “en el medio, sextuplicó la tasa de inflación y multiplicó por cinco la cantidad de pobres”.

DM con información de agencia NA

El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) esta noche finalmente se partidó en dos. Fue horas después de que el presidente de la bancada, el cordobés Rodrigo de Loredo, apareciera en una foto durante una reunión con otros correligionarios suyos y libertarios colegas de la Cámara, con el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, en la Casa Rosada.

La ruptura del bloque radical era algo que se veía venir: el espacio no logra aunar consensos sobre si deben acompañar al gobierno de Javier Milei o ser oposición. Entre los más afines a colaborar con la gestión libertaria están, justamente, De Loredo y otros diputados que responden a gobernadores, como al mendocino Alfredo Cornejo, un hombre fuerte dentro del partido, que ya presidió en dos oportunidades.

En la vereda de enfrente están los líberos, quienes en su mayoría no responden a gobernadores y entonces disponen de un mayor margen para ser críticos con el Gobierno y rechazar su agenda legislativa. Estos fueron, precisamente, los que se fueron.

Son 12: el correntino Manuel Aguirre, la entrerriana Marcela Antola, el formoseño Fernando Carbajal, las representantes de la Ciudad de Buenos Aires Carla Carrizo y Mariela Coletta, la pampeana Marcela Coli, la santafesina Melina Giorgi, los bonaerenses Pablo Juliano, Facundo Manes y Danya Tavela, el chaqueño Juan Carlos Polini y el jujeño Jorge Rizzotti.

“Decidimos crear un nuevo bloque legislativo para ser coherentes con el mandato de nuestros votantes y con nuestra identidad. Hoy el presidente del bloque y un grupo de diputados radicales decidieron sumarse como aliados al oficialismo. A esto le debemos sumar la votación de aquellos diputados que ratificaron los vetos presidenciales contra el financiamiento universitario y contra el aumento a los jubilados, quedando como único camino construir una nueva alternativa. Tenemos el compromiso inquebrantable con la educación pública, los jubilados, el federalismo, el trabajo, las Pymes y e desarrollo de nuestro país. Construir el país que nos merecemos los argentinos es nuestro objetivo”, dice el comunicado que firmaron los 12 rebeldes, que tienen como referentes al propio Manes y al senador Martín Lousteau, que además es el presidente del partido, y está enfrentado con De Loredo —quien en su momento inclusive integró la facción interna Evolución— y con Cornejo.

El presidente del nuevo bloque radical, que al cierre de esta edición aún no tenía nombre, es el bonaerense Juliano, que responde a Facundo Manes.

En el bloque oficial de la UCR, entonces, quedaron 21: De Loredo, el misionero Martín Arjol, la bonaerense Karina Banfi, el santafesino Mario Barletta, el entrerriano Atilio Benedetti, la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, el tucumano Mariano Campero, la cordobesa Soledad Carrizo, el neuquino Pablo Cervi, el mendocino Julio Cobos, el catamarqueño Francisco Monti, el mendocino Lisandro Nieri, el cordobés Luis Albino Picat, el chaqueño Gerardo Cipolini, el bonaerense Fabio José Quetglas, la santacruceña Roxana Reyes, el tucumano Roberto Sánchez, la jujeña Natalia Sarapura, el porteño Martín Tetaz, el correntino José Federico Tournier y la mendocina Pamela Verasay.

Campero, Picat, Arjol, Cervi y Tournier son los “radicales con peluca”, como los bautizó la prensa por haber concurrido a la invitación del presidente Milei y formar parte del escudo legislativo que logró impedir que la Cámara de Diputados rechace sus vetos a la mejora en las jubilaciones y al financiamiento de las universidades públicas. Los cinco se quedan en el bloque oficial de la UCR, donde también, sin embargo, permanecerán otros radicales que no están del todo cerca del Gobierno, como Cobos y Tetaz.

El bloque oficial de la UCR, aunque menguado, seguirá siendo la cuarta minoría de la Cámara baja después de la primera minoría, que es Unión por la Patria, con 99 integrantes; la segunda, La Libertad Avanza, con 39; y la tercera, el PRO, con 37. Como quinta minoría quedará el bloque Encuentro Federal, que preside Miguel Pichetto; con 16 miembros, y después, en el sexto lugar, seguirá este nuevo bloque de radicales críticos del gobierno de Milei, con sus 12 integrantes.

JJD

El senador nacional Martín Lousteau, presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), encabezó esta tarde la columna del radicalismo en la marcha federal universitaria, con la leyenda “Universidad pública siempre”. “Lamentablemente se lleva a cabo una nueva marcha universitaria y eso significa que la universidad pública está en riesgo”, afirmó el legislador nacional, en diálogo con elDiarioAR.

A la altura del cruce entre la avenida Callao y la calle Bartolomé Mitre, donde se posicionó la columna principal de la UCR, Lousteau, que hoy está sindicado como uno de los principales rivales del oficialismo, al que los libertarios acusan de aliarse con el kirchnerismo, analizó el significado de que el presidente Javier Milei vete la ley de Financiamiento Universitario que aprobó el Congreso. “La relación entre el Gobierno y la comunidad universitaria está deteriorada”, sostuvo el senador y concluyó con que “la defensa de la universidad pública es considerada más importante que las implicaciones electorales del conflicto actual”.

Lousteau estuvo acompañado por dirigentes, exfuncionarios y actuales legisladores de la UCR; entre ellos, el exsenador por Formosa Luis Petcoff Naidenoff; el actual vicepresidente de la UCR; el senador Pablo Blanco; el exministro y extitular de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Federico Storani; y el diputado Martín Tetaz.

Además, durante la marcha, se sumó la diputada socialista Margarita Stolbizer, hoy integrante de Encuentro Federal de Miguel Ángel Pichetto, de origen radical.

MCD/JJD

En medio de tensiones internas dentro de la Unión Cívica Radical (UCR), el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, volvió a mandar este viernes un mensaje al interior del radicalismo e insistió en que la agenda de reformas económicas que impulsa el gobierno de Javier Milei debe ser apoyada por su partido. En ese marco, cuestionó a los dirigentes que prefieren el statu quo y “los discursos fáciles”.

“Necesitamos dirigentes políticos que quieran asumir el riesgo de esos cambios, pero la mayoría de esos dirigentes tiene una propensión a mantener todo como está y a los discursos fáciles, sin ningún tipo de conflictos. Van a lugares comunes, a los discursos vacíos, y al final no lideran nada, ningún cambio, ninguna transformación”, dijo Cornejo, en lo que pareció ser una alusión directa al presidente del Comité Radical, Martín Lousteau.

En una declaración realizada durante un acto en Agrelo, Mendoza, en la bodega WHT, donde se instaló una pieza de cuatro toneladas e intervenida artítiscamente del Muro de Berlín, Cornejo no dejó lugar a dudas sobre la necesidad “urgente”, según sostuvo, de aplicar cambios profundos en el país. “La Argentina necesita esas reformas económicas y las necesita cuanto antes”, sostuvo.

“Más de uno nos muestra los progresos de varios países asiáticos, de varios países totalitarios. Nosotros necesitamos esas reformas pero en democracia, y en democracia se requiere mucho más esfuerzo. Vemos cómo progresa China y crece sustantivamente, pero es un totalitarismo. En democracia se requiere convencer a las mayorías populares de que los cambios deben hacerse y eso es un tema trabajoso”, aseveró. Cornejo se declaró “convencido” de que deben producirse esas reformas e instó a la dirigencia política a “convencer a la gente de esas reformas”.

El gobernador, uno de los radicales más cercanos a la Casa Rosada y en particular a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió esta semana a marcar abiertamente sus diferencias con la conducción del partido: Martín Lousteau, en el Comité Nacional, y Gastón Manes, en la Convención Nacional. La decisión de la convención de suspender a los diputados de la UCR que apoyaron a La Libertad Avanza en su bloqueo a los dos tercios necesarios para rechazar el veto de Milei a la mejora jubilatoria fue cuestioonada con dureza por algunos dirigentes radicales, que pidieron rever esa decisión; entre ellos, el más vehemente fue Cornejo.

El gobernador, que ya fue presidente del partido en dos oportunidades, expresó que dentro del radicalismo existen “dos posiciones nítidas”: “Un conjunto de dirigentes que creemos que hay que apoyar al gobierno en el saneamiento de la economía, que no se puede esperar cuatro años y que hay que aceptar la voluntad popular de cambio, y hay un sector que en realidad tiene la conducción partidaria formal, con Lousteau y Manes, que tienen una posición pública totalmente distinta. Creen que esto está mal hecho, que está colapsando la economía y muchas veces votan separados de los bloques, a menudo junto al kirchnerismo”, desarrolló.

En ese marco hizo hincapié en las divisiones dentro del partido al señalar que, pese a las votaciones en contra de la mayoría, “los diputados que responden a Manes y a Lousteau han votado en contra de lo que la mayoría del bloque votó en la Ley de Bases y el paquete fiscal, y no fueron suspendidos ni expulsados”. En tono irónico, apuntó que “de 13 senadores, 12 votaron a favor de la ley bases, y solo Lousteau votó en contra. Habría que echarlo con el agravante de que es el presidente formal del radicalismo”.

Cornejo fue más allá, afirmando que esas decisiones no reflejan el sentir de la mayoría del radicalismo. Según él, existe “un grupo minoritario” que controla el aparato partidario, mientras que “los simpatizantes están apoyando el rumbo general del país, como lo manifestaron en el balotaje de 2023. De cada 10, 9 y pico votaron a favor de Milei”, argumentó. Para Cornejo, la conducción actual no representa el sentir de los simpatizantes del radicalismo, quienes respaldan el camino de las reformas que propone el gobierno.

El mandatario provincial concluyó que estas dos posiciones en conflicto dentro de la UCR están dañando la imagen del partido. “Son explícitas de cómo pararse ante esta nueva realidad. Una cosa es lo que dice la conducción formal, y otra es lo que la mayoría de los gobernadores, diputados y legisladores no oficialistas están apoyando en cuanto a los cambios estructurales”, finalizó.

JJD

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, cuestionó este martes la decisión que tomó la dirección de la Unión Cívica Radical de suspender a los diputados del espacio que votaron a favor del veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria, y cargó contra el presidente del radicalismo, Martín Lousteau.

“Expulsarlos y suspenderlos es tan ridículo que va a dejar al radicalismo en una posición de ínfima minoría, con correlatos electorales pésimos. Es una decisión tonta, arbitraria, injusta y de doble vara”, definió en declaraciones a radio Mitre. 

Sus dichos llegaron luego de que la Mesa Directiva de la Convención Nacional de la UCR resolviera suspender preventivamente la afiliación partidaria de los cuatro diputados nacionales que representando al radicalismo cambiaron su voto y respaldaron el veto presidencial a la ley que actualizaba los haberes de los jubilados.

Según expuso Cornejo, se trata de una resolución “irracional” por lo que criticó con dureza a la dirección del espacio y abonó a la interna al precisar que hay dos posturas contrapuestas. 

“Hay dos posiciones nítidas: un conjunto de dirigentes que creemos que hay que apoyar al Gobierno en el saneamiento de la economía, que no se puede esperar cuatro años y que hay que aceptar la voluntad popular de cambio, y hay un sector que en realidad tiene la conducción partidaria formal, (Martín) Lousteau, (Facundo) Manes, que conducen los órganos formales y que tienen una posición pública totalmente distinta. Creen que esto está mal hecho, que está colapsando la economía y votan separados de los bloques y muchas de las veces votan con el kirchnerismo”, desarrolló.

Asimismo, remarcó: “Son dos posiciones en confrontación, que le hacen daño a la imagen del partido, pero son explicitas de cómo pararse a esta nueva posición”.

“Si es por votar distinto al bloque, la historia de estos últimos meses, los diputados que responden a Manes y a Losteau han votado en contra de lo que la mayoría del bloque votó en la Ley Bases, el paquete fiscal y no fueron suspendidos ni expulsados. De 13 senadores, 12 votaron a favor de la ley bases, y solo Lousteau votó en contra. Habría que echarlo con el agravante de que es el presidente formal del radicalismo”, ironizó.

Por su parte, aseguró que “esas decisiones no se comprenden” y las atribuyó a “un grupo minoritario” del espacio. “Una cosa es el aparato partidario, y otra los simpatizantes que están apoyando el rumbo general del país. Lo manifestó en el balotaje de 2023. De cada 10, 9 y pico votaron a favor de Milei”, argumentó el mandatario provincia. 

“Es una conducción que no representa a la mayoría de los simpatizantes. Cómo lee el país al dirigente del radicalismo, como lo dice la conducción formal o la mayoría de los gobernadores, los diputados y legisladores que no son oficialistas, no participan del gobierno, pero acompañan la linea gruesa de los cambios que se están proponiendo”, concluyó. 

Tras la publicación de la resolución de la Mesa Directiva, Cornejo expresó a través de sus redes sociales: “La política de mayorías populares no es para sectas, ni se hace con purgas. La UCR no es una agrupación universitaria, es un partido nacional”.

“Esta decisión está mal. Le pido a las autoridades del partido que asuman la tarea de conducir, no que sean la voz de una facción”, completó. 

No pasó ni un día desde que Javier Milei presentó su primer presupuesto general como presidente de la Nación y ya hasta los aliados salieron a marcarle la cancha al Poder Ejecutivo. El bloque de diputados del PRO le reclamó al Gobierno que se incluyan los fondos de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires en el Presupuesto 2025. Y legisladores radicales encendieron la alarma por el presupuesto para las universidades nacionales se le propuso al Congreso en la ley de leyes.

El jefe de la bancada amarilla de Diputados, Cristian Ritondo, le transmitió la posición firme de esa fuerza sobre la coparticipación para la Capital Federal al secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, en el transcurso de una reunión que legisladores oficialistas y de bloques aliados tuvieron en el Congreso.

Guberman mantuvo un encuentro en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Ritondo y otros tres diputados del PRO: Silvana Guidici, Luciano Laspina y Germana Figueroa Casas. El presidente del bloque señaló que es “una cuestión clave” para el partido que lidera Mauricio Macri que se incluyan en el Presupuesto 2025 los fondos que le corresponden a la Ciudad, como lo estableció la Corte Suprema de Justicia.

El Gobierno incluyó en el Presupuesto solo un 1,4% de coparticipación para el distrito porteño y no el 2,95% que estableció la Corte Suprema de Justicia. “Para nosotros es fundamental cumplir con el fallo de la Corte Suprema en cuanto a la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires”, resaltó Ritondo y señaló que espera que en la reunión que mantendrá el miércoles el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con el ministro de Economía, Luis Caputo, que fueron convocados por la Corte Suprema, se alcance una solución al respecto.

El legislador también indicó que hablarán con los gobernadores del PRO, Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, e Ignacio Torres, de Chubut, para determinar si se están cumpliendo con las demandas de esas provincias.

Ritondo condicionó el apoyo del PRO al primer presupuesto de Milei a que se cumpla con el fallo de la Corte favorable a la Ciudad.

Conflicto en puerta

El Gobierno decidió mantener la suspensión del Fondo de Incentivo Docente y asignó a las universidades nacionales casi la mitad de los recursos que habían solicitado, según se desprende del proyecto de Presupuesto presentado por el presidente Javier Milei.

El oficialismo asignó a las altas casas de estudios $3,8 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) está pidiendo para funcionar $7,2 billones.

A eso se suma que se mantiene la suspensión del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) que rige desde enero y que provocó quejas de la oposición de la Cámara de Diputados, que buscó, aunque todavía sin éxito por diferencias en los bloques opositores, sancionar una ley para restituir el Fonid.

La decisión de otorgar la mitad de los fondos que piden los rectores profundizará el conflicto no solo con los docentes y estudiantes, sino con los bloques aliados de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, a los que el oficialismo necesita para aprobar la ley de gastos y recursos.

La resolución del Gobierno sucede pocos días después de que el Senado haya convertido en ley un proyecto para ampliar para este año el presupuesto universitario, que tiene un impacto fiscal de $738.000 millones y que Milei anticipó que será vetado.

Ahora, el Gobierno contempla para el próximo año otorgar $3,8 billones que, a juicio de la oposición, no alcanzarán para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales.

En Twitter, el diputado radical Julio Cobos dijo que Milei “señaló que el Estado debe asegurar la estabilidad macroeconómica y el imperio de la ley, incluyendo seguridad, justicia y defensa, el resto lo resuelve el mercado”. Y se preguntó: “¿Y la salud y la educación? Gobernar es administrar prioridades y la educación no es prioritaria”.

El mendocino sostuvo que del proyecto de Presupuesto 2025 “se desprende que los fondos estimados para las universidades públicas se encuentran lejos de lo necesario para el normal funcionamiento” y que “mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional estimó $7,2 billones, el proyecto establece $3,8 billones, es decir casi la mitad”.

También se quejó que se mantenga la “suspensión del artículo 9° de la Ley de Financiamiento Educativo que garantizaba el financiamiento del sistema; aspirando a una inversión consolidada (Estado nacional, Provincias y CABA) del 6% del PBI”.

El Gobierno formalizó el domingo último que destinará el 5,7% del Presupuesto Nacional al sistema educativo, donde se incluyen los fondos para las universidades, el Plan de Alfabetización Nacional, el Programa Progresar y la atención de comedores escolares.

El presidente de la UCR, Martín Lousteau, se refirió a la presentación del Presupuesto 2025 y dijo que “queda claro que el déficit cero se conseguirá a costa de más pobreza, exclusión y desempleo”; que “sigue la regla de ajuste para la clase media (más peso de Ganancias a trabajadores y monotributo) y alivio fiscal para los ricos (cae el peso de Bienes Personales)” y que “la educación continúa sin estar en la agenda de prioridades del Gobierno” porque “el presupuesto del área caerá en 2025 y hay un ataque explícito a la autonomía de las universidades nacionales”.

“¿Y alguna reparación para los jubilados? Bien gracias”, agregó en un posteo en Twitter y completó: “Pasamos de un enfoque que esperaba que todo lo resolviera al Estado a uno que libera todo a la suerte del mercado. Las dos recetas resultaron fracasadas. Los argentinos necesitan menos dogmatismos y más respuestas a sus problemas reales y urgentes”.

JJD, con información de NA

En menos de 24 horas el radicalismo rasgó sus vestiduras y se sobregiró políticamente dos veces. Así como en Diputados sufrió ayer una sangría de ochos diputados que fueron funcionales al Gobierno para avalar el veto al aumento para los jubilados, en el Senado la UCR acompañó la moción del kirchnerismo-peronismo para que se vuelva a incluir en el debate de la sesión de este jueves el DNU de financiamiento de la SIDE. Ese acuerdo opositor da por descontado que el decreto 656/24 de los $100.000 millones sería volteado por la Cámara alta durante la madrugada, siempre y cuando se mantenga el quórum reglamentario. 

Las volteretas del partido centenario en el Congreso tuvo en realidad como escenario simbólico la Casa Rosada. Javier Milei, en uso de su nueva piel de político pragmático, se puso al frente de la mesa que armó para blindar su endeble estructura parlamentaria. Así activo debajo suyo una serie de hilos que salieron a la luz esta semana ante las distintas votaciones clave. Se mostró con los diputados radicales conversos el martes y ayer con el jefe del espacio en el Senado.

A Balcarce 50 fue Eduardo Vischi, jefe de la bancada radical y espada del gobernador Gustavo Valdés. Luego de Unión por la Patria, que tiene 33 bancas, el radicalismo es la segunda minoría, con 13 senadores. En la foto con Milei, Vischi aparece con los demás jefes de los bloques dialoguistas de la Cámara alta, como Luis Juez del PRO, Juan Carlos Romero de Cambio Federal y Camau Espínola de Unidad Federal. 

En esa cumbre el Gobierno buscó convencer a los aliados de que se quite de la orden de la sesión de este jueves el DNU de la SIDE. La alternativa fue pedir una sesión secreta, en la que pudiera exponer Bullrich, el ministro de Defensa, Luis Petri, y el titular de la agencia de inteligencia, Sergio Neiffert, sobre cómo se están gastando los $100.000 millones. Si había acuerdo de dos tercios del hemiciclo, esa reunión se habría llevado a puertas cerradas, con el compromiso de que cada participante guardaría absoluto silencio público. 

Con esa moneda en el aire, Victoria Villarruel convocó a una reunión de Labor Parlamentaria por la tarde para ajustar los detalles de la sesión de este jueves. Volvieron a verse las caras los libertarios y aliados, y se sumaron los peronistas que claramente no habían ido a la Rosada: José Mayans y Juliana Di Tullio. La vice impuso que en el plan de la sesión finalmente se quitara el DNU, pero no fue firmado por UP ni por la UCR.

Es que el jefe de bloque no tiene preponderancia sobre toda la bancada, sobre todo por la presencia en el bloque del titular del partido, Martín Lousteau, cada vez más opositor a Milei y ahora cabeza de la bicameral de Inteligencia. Vischi sometió la cuestión de quitar el DNU del temario en una votación interna y rápidamente cosechó 9 votos en contra. A favor solo se mostró él, su par correntino, Victor Zimmermann, que integra además la bicameral de Tratamiento Legislativo que no discutió el DNU en el plazo reglamentario de los diez primeros días tras su publicación, y la mendocina Mariana Juri.

Sin aval partidario, el jefe de la bancada no tuvo otra alternativa este jueves que darse vuelta y terminar acompañando al kirchnerismo cuando Mayans propuso que vuelva a incorporarse el DNU en el temario. El radicalismo había quedado en una situación incómoda porque necesita de los votos del peronismo para imponer la sanción a la ley que busca garantizar el financiamiento universitario, otra bandera histórica de la UCR y que Milei también amenazó con vetar. Pero la fuerza ya estaba golpeada por la sangría que sufrió en Diputados.

Es que lo ocurrió en la Cámara baja está conectado con la realidad partidaria en el Senado. El dique que armó el oficialismo en Diputados para que la oposición no consiga los dos tercios con los que podía insistir con el aumento jubilatorio contó con la ayuda de al menos ocho radicales: allí están los que votaron explícitamente a favor del Gobierno, pero también se cuentan las sugestivas ausencias de último momento. En el primer grupo aparece Mariano Campero a la cabeza, y lo completan Martín Arjol, Luis Picat, Federico Tournier y Pablo Cervi. Justo al momento de la votación se ausentaron Roxana Reyes y Gerardo Cipolini. Y el lunes ya había renunciado Pedro Galimberti para aceptar un cargo ejecutivo. Todos ellos en junio, durante la media sanción, habían votado por la ley jubilatoria. 

La conversión de los radicales había tomado forma siete días atrás, cuando Patricia Bullrich le avisó a Milei que tenía a ese puñado de opositores dispuestos a sumarse a las fuerzas del cielo. Esos diputados a su modo le debían lealtad política a la ministra, ya que algunos, como por ejemplo el tucumano Campero, llegaron al Congreso de la mano de Damián Arabia, el armador que tuvo Bullrich en las provincias en su campaña presidencial. Ya habían dado una muestra de mileísmo en sangre cuando votaron a favor del DNU de la SIDE en Diputados. El salto definitivo llegaba ahora justo antes de la sesión por las jubilaciones.

La mano de Bullrich en la jugada queda demostrada en que la ministra aparece en la foto del martes de Milei con el grupo de los radicales. Allí también se muestra Petri, otro dirigente de extracción radical que se sumó a LLA, luego de ser el candidato a vice de Juntos por el Cambio. Que el ministro sea oriundo de Mendoza señala otra interna latente en el radicalismo: el gobernador Alfredo Cornejo lo ve como un potencial rival en próximas elecciones en la provincia. 

En el oficialismo sí se sorprendieron porque los diputados que responden al mandatario de Mendoza –Pamela Verasay y Lisandro Nieri– finalmente acompañaron la insistencia por los jubilados, cuando se descontaba que iban a acompañar al Gobierno. “Votaron mal porque él quería conducir a los conversos y nosotros le ganamos de mano”, apuntó una voz al tanto de las negociaciones por los radicales libertarios. Por eso también se ausentaron y no terminaron jugando explícitamente Reyes y Cipolini, referenciados en Cornejo.

Para saber qué recibirán a cambio los flamantes radicales con peluca habrá que esperar, pero ya hay especulaciones. Campero justificó su voltereta al entender que la ley le hacía un agujero fiscal al Gobierno, incluso acusó al kirchnerismo, pero en las conversaciones privadas mostró aspiraciones políticas propias para alcanzar la gobernación de Tucumán. En 24 horas consiguió mucha difusión mediática gratis. 

También de Cervi hay especulaciones políticas, porque aparece como suplente de la senadora por Neuquén Lucila Crexell, quien está siendo tentada para ocupar una embajada o un cargo en un organismo multilateral. Si la legisladora deja su banca, el diputado saltaría de cámara. Además Neuquén es una de las provincias que tienen pendiente cobrar la deuda de la Nación por su caja previsional. Lo mismo ocurre con Misiones, de donde es oriundo Arjol; Córdoba, el terruño de Picat; Santa Cruz, provincia de Reyes; Chubut, de Cipolini; y Entre Ríos, donde tendrá un cargo en el gobierno el flamante renunciado Galimberti. Y también tiene deuda pendiente Corrientes, el distrito de los senadores radicales Vischi y Zimmerman. 

MC/JJD

Emiliano Yacobitti, referente de la línea Evolución en la UCR, criticó duramente a los “radicales con Peluca”, aquellos que se alinean con el gobierno de Javier Milei. “Ya existían, ahora solo se ponen en escena”, afirmó Yacobitti, y agregó que el Gobierno está captando diputados de bajo perfil para renovar sus bancas en las próximas elecciones. Pidió que aquellos que cambien su voto sean llevados a la comisión de disciplina para su expulsión del partido.

Aludió a los diputados nacionales de la UCR Mariano Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones), Luis Picat (Córdoba), Federico Tournier (Corrientes y Pablo Cervi (Neuquén), que en la tarde del martes —un día antes de la sesión convocada por la oposición para rechazar el veto de Milei a la mejora jubilatoria sancionada ley por el Congreso—, fueron recibidos por el Presidente en la Casa Rosada y tras esa reunión confirmaron que apoyarán el veto.

“No pasa solo con el radicalismo: Guillermo Francos y Daniel Scioli son peronistas con Peluca. Eran funcionarios de Cristina [Fernández de Kirchner], funcionarios de Alberto Fernández y ahora, funcionarios de este gobierno. Es más, piden el premio Nobel en Economía para Milei”, dijo Yacobitti, en una entrevista que le realizaron en el programa Sólo una vuelta más, de Todo Noticias (TN).

“El gobierno está apuntando a diputados que no tienen un gran perfil político, entonces ellos ven que pueden adoptarlos para sus listas el año que viene. Y esos diputados, que necesitan renovar, que en su mayoría van a saber que no son muy conocidos, van a intentar renovar a través de ese partido”, dijo el referente de Evolución Radical en alusión a la posibilidad de que los diputados que visitaron a Milei sean candidatos de La Libertad Avanza.

“Acá lo importante es qué hacen los partidos. En este caso la Convención Radical dijo que si votaban y que cambiaban su voto, había que ir a la comisión de disciplina para expulsarlos, como pasó, por ejemplo, con [Julio] Cobos en su momento, y los que habían hecho la Concertación Plural (con el kirchnerismo), lo que no quiere decir que después, en otro momento, puedan a volver”, dijo Yacobitti, como minimizando la eventual sanción partidaria a los que colaboran con el gobierno libertario.

En este sentido, fue consultado sobre el neuquino Cervi, uno de los radicales que recibió Milei y que es integrante de Evolución. “Acá lo que importa es qué hacen los partidos políticos con las personas que hacen esto. Bien. Pablo Cervi, si estaba en Evolución y hace esto, seguramente no va a estar más en Evolución”, afirmó.

Yacobitti, que ahora se desempeña como vicerrector de la UBA, reveló también que está dialogando con funcionarios del Gobierno para evitar que Milei vete el presupuesto universitario, en caso de que se convierta en ley esta semana, dado que busca actualizar los salarios de los docentes. “Estoy haciendo todo lo posible para que no veten el presupuesto universitario”, declaró. Entre sus interlocutores mencionó al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y al asesor estrella de Milei, Santiago Caputo.

En la misma entrevista Yacobitti desmintió las acusaciones del gobierno sobre una falta de rendición de cuentas universitaria respecto de $12.000 millones. “Es falso, el 100% de los fondos de la UBA están rendidos ante la Contaduría General de la Nación”, aseguró Yacobitti y retó al Gobierno a especificar qué fondos no han sido rendidos.

Por otro lado, Yacobitti se mostró dispuesto a votar a favor del pliego de Ariel Lijo como juez, siempre y cuando el Gobierno garantice un acuerdo para cubrir todas las vacantes en la Justicia. “Si el Gobierno se compromete a un plan integral, lo votaría”, afirmó.

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La Cámara de Diputados aprobó este martes, por 152 votos afirmativos a 81 negativos, una moción de emplazamiento a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda para que dictaminen este jueves sobre proyectos para automatizar los aumentos del presupuesto para las universidades públicas, y así que no dependan de la voluntad del gobierno de turno, y para que el jueves siguiente también se emitan dictámenes sobre el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

La reunión del pleno había sido solicitada por el radicalismo para este miércoles. Por la mañana, el vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado que el Gobierno llegó a un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para aumentar los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios en torno de un 270% para “terminar con la discusión presupuestaria”, según dijo.

Pese al apuro de la Casa Rosada por mostrar un acuerdo en este asunto, a un mes de la Marcha Federal Universitaria, que haya sido tal vez la mayor manifestación en contra del gobierno de Javier Milei, la Cámara de Diputados avanzó en su afán de sancionar una ley que automatice los ajustes presupuestarios.

Las iniciativas presentadas por la oposición declaran la emergencia presupuestaria y actualizan automáticamente las partidas de financiamiento para las universidades nacionales públicas de todo el país.

La reunión del pleno había arrancado a las 14.22, cuando se alcanzó sobradamente el quórum, con la presencia de 138 de los 129 diputados nacionales sentados en sus bancas. Y finalizó minutos antes de las 19, con un resultado desfavorable para La Libertad Avanza y su principal aliado, el PRO.

La sesión había sido pedida por el radicalismo, que sostuvo su solicitud pese al acuerdo de incremento presupuestario que alcanzó la semana pasada el gobierno de Javier Milei con la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el acuerdo que anunció este mismo miércoles el vocero Adorni con el CIN.

El anuncio del Gobierno del acuerdo alcanzado con los rectores había sembrado dudas acerca de cuál sería la determinación que tomaría la bancada presidida por Rodrigo de Loredo, que dudó hasta último momento si mantener en pie la convocatoria o suspenderla.

A partir de conversaciones en tiempo real con los rectores, que le plantearon la conveniencia de sostener la sesión hasta tanto no llegara la resolución oficial del Gobierno, el radicalismo decidió a último momento bajar al recinto.

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Javier Milei fue a Madrid a un acto del partido ultraconversador Vox, que en España es opositor, no se reunió con autoridades de ese país y llamó “corrupta” a la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Para el senador radical Maximiliano Abad, integrante de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, el mandatario argentino debe pedir disculpas institucionales, porque como jefe de Estado representa a una nación entera y no únicamente a sus intereses.

En una entrevista con los periodistas Hernán Cappiello, Juanjo Domínguez y Ariel Cohen en Radio Con Vos, el legislador nacional por la Provincia de Buenos Aires anticipó que presentará hoy un proyecto de resolución para que el Senado pida disculpas institucionales por los comentarios del Presidente y cuestionó la “gestión” legislativa del proyecto de ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, la propuesta fundacional de la gestión de La Libertad Avanza, a la que le cuestionó varios puntos, pero señaló que no podría hablar en nombre de todo el bloque UCR, que viene votando dividido las iniciativas que pasan por el Congreso.

—¿Cómo ve este nuevo conflicto diplomático con España?

—El Presidente representa a la Nación argentina. Pero viajó a España y no se reunió ni con el rey (Felipe de Borbón), ni con el gobierno español, sino con el líder de una fuerza retrógrada (en alusión a Santiago Abascal, de Vox). Tuvo una actitud provocativa y grosera, que viola la normativa del derecho internacional de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados. No sólo lesiona la histórica relación entre España y Argentina sino que afecta negativamente las relaciones con los 27 países de la Unión Europea. Yo este lunes voy a estar presentando un proyecto para que el Senado pida disculpas institucionales tanto al gobierno español como a su pueblo por los exabruptos del presidente.

—Pero ya dijo el ministro del Interior, Guillermo Francos, que si esperan una disculpa, que esperen sentados.

—Bueno, pero por eso: no las hará el presidente, las hará una de las dos cámaras del Congreso, en este caso el Senado de la Nación.

—Parece una cosa medio infantil, pero el Gobierno entiende que empezaron ellos, cuando el ministro de Transporte, Óscar Puente, dijo que Milei consumía “sustancias”.

—Bueno, pero cuando uno tiene tantos exabruptos con tantos países (en alusión a otros recientes conflictos diplomáticos con Colombia, México o China durante la gestión Milei), yo creo que siempre el problema es uno. No hay que mirar todo el tiempo al caso este de España. Venimos permanentemente teniendo exabruptos con países de la región. Esto no es un caso aislado. Y por supuesto que también si funcionarios de otro país agravian al Presidente, también hay que solicitar la disculpa pertinente. Pero a mí me parece que el caso particular del presidente Milei en España es grave. El Presidente tiene que entender que ya no se representa a sí mismo. Representa a la Argentina. Y cuando representa a Argentina y va a otro país, tiene que tener vínculos institucionales, no vínculos con fuerzas políticas, desde donde se agrede a la representación institucional de otro país. Naturalmente tiene consecuencias eso.

—¿Está avanzando el proyecto de ley Bases en el Senado? Porque el gobierno parece que tampoco demuestra demasiado interés por cerrar ningún acuerdo, ¿no?

—Hemos planteado que la ley Bases tiene asimetrías de origen que hay que corregir, y que va a haber ley Bases si se defiende el interés nacional en el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), si se producen modificaciones al blanqueo, si hay deducciones al impuesto a las Ganancias, si se restablece el monotributo social, si este gobierno a partir de recaudar más con los Bienes Personales, con la moratoria, con el impuesto a las Ganancias, no solamente va a destinar esos recursos a pagar deuda e intereses a la deuda externa sino también al financiamiento de las universidades y a recomponer las jubilaciones, que han perdido y mucho. Se les han pasado a los funcionarios del Gobierno las modificaciones a la Ley base de los distintos bloques; entre ellos, el nuestro, y estamos esperando la devolución. Recién lo escuché al ministro Franco en televisión diciendo que el día de mañana iban a empezar a hacer devolución de todas las propuestas que se han hecho de la oposición.

—Estarán esperando que venga, que venga Milei, ¿no?

—Por eso yo digo que el problema tiene que ver con la gestión de la ley. Acá no hay que echarle las culpas a la oposición, hay un problema de gestión de la ley, lo cual retrasa encontrar los puntos de acuerdo para poder avanzar, o sea, para que esta ley corrija asimetrías y el Gobierno tenga la ley. Se plantea la corrección de esas asimetrías. Son todas propuestas de sentido común.

—¿Usted puede hablar en nombre del bloque sobre todas esas críticas que le hace al proyecto de ley Bases y al paquete fiscal? Porque el radicalismo viene votando dividido, no todos piensan igual, parece.

—A ver, yo no quiero hablar en nombre de todo el bloque porque por supuesto los distintos senadores han hecho propuestas. Esas propuestas se han plasmado en un material que se le ha acercado al gobierno. Vamos a traer la devolución y vamos a ver cuáles son las propuestas de las cuales se hacen eco y de cuáles no, y a partir de ahí los distintos senadores tomarán posición con respecto a cómo van a votar.

—¿Va a haber pacto de mayo?

—Puede ser en mayo, en junio, en julio, cuando el Gobierno quiera hacerlo, lo que no puede ser es un pacto de adhesión, tiene que ser un pacto de concertación, y eso implica que el Gobierno tiene que abrirse al diálogo para poder incorporar temas que tienen que ver con la Argentina del futuro. De ninguna manera puede estar ausente de un acuerdo de futuro, desde mi perspectiva, la educación, la lucha contra el narcotráfico y la cuestión social. El ministro Francos dijo que el 25 de mayo es una fecha simbólica, que habían dicho que [el pacto] era después de la aprobación de la ley Bases. Entiendo que no va a haber pacto de 25 de mayo, pero que van a buscar otra fecha. Bueno, esa fecha tiene que ser un acuerdo de futuro, pero fundamentalmente de concertación.

JJD

Para que la economía argentina vuelva a funcionar se necesita dinero. Y ningún inversor va a querer poner sus dólares en el país si el gobierno no genera confianza. Para el diputado radical Alejandro Cacace, Javier Milei genera dudas respecto de si podrá cumplir con su plan económico y, adicionalmente, causa incertidumbre entre los invesores por las formas con que plantea sus ideas.

En una conversación telefónica con los periodistas Hernán Cappiello, Juanjo Domínguez y Ariel Cohen (Gambito de Datos, Radio Con Vos) desde Nueva Delhi, adonde fue invitado a participar de reuniones con líderes empresariales de la India, el legislador nacional por San Luis, secretario parlamentario de la UCR e integrante de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja dijo que una devaluación se vuelve inevitable como consecuencia de la alta inflación de los últimos meses y el atraso del tipo de cambio, y señaló que la corrección del déficit fiscal es un logro de Milei gracias al recorte de un tercio del poder de compra de los jubilados.

—¿Qué le preguntan de la Argentina de Milei? ¿Y usted qué le responde?

—Milei genera incertidumbre, porque es este Milei que se expresó en el foro de Davos, que busca mostrarse tan ultra, ultraliberal, ultraanarquista. Sabemos el carácter, el perfil ideológico que ese foro tiene, y ahí Milei decidió aconsejarles que no dejen que el mundo quede en la izquierda, o al menos Occidente... Todo eso, lejos de reafirmarles o darles garantías a los inversores, y hacerles sentir que viene un presidente que piensa como ellos, les provoca más bien dudas, temores, porque lo ven como muy excéntrico.

—¿Y qué les genera a ustedes, teniendo en cuenta la negociación tan difícil y trunca por la ley ómnibus y esa insólita animosidad con los radicales?

—Yo veo por dos cosas. Una, en el plano de la gestión del presupuesto: es brutal su acción en eso pero también efectiva. Dijo “vamos eliminar el déficit” y ya, de cuajo, en el primer mes no hubo más déficit. En el segundo mes, en febrero, sí ha habido un déficit financiero ligero pero mucho mejor que en otros períodos. El tema es que eso se hace, por ejemplo, a costa de la reducción, básicamente, de las jubilaciones. Entonces Milei en su discurso dice “hemos recortado a autos, choferes y empleos” pero no menciona las jubilaciones. El grueso de la reducción del déficit es porque los jubilados han perdido un tercio del poder de compra que tenían el año pasado. Entonces lo hace brutalmente, sin ningún tipo de sensibilidad social, cuando recortan los planes sociales, las jubilaciones. Pero al final lo hace y logra resolver lo fiscal. Ahora, que esa resolución de lo fiscal vaya a derivar en traer estabilidad económica no lo sé. Al momento la inflación es altísima, sigue siendo altísima, el tipo de cambio se ha arrasado muchísimo.

—Inflación en dólares, además.

—Claro, el tipo de cambio se ha atrasado muchísimo, porque se fijó casi ese régimen fijo en $800 pero hubo 50% de inflación en dos meses. Entonces, el tipo de cambio se atrasa y creo que no va a aguantar.

—¿Cómo puede ser que haya, por ejemplo, una botella de agua mineral que en cualquier supermercado acá cueste seis veces lo que cuesta en Francia por ejemplo, o tres o cuatro veces más el café, o una heladera 10 veces? Pero, además, con salarios que son mucho más bajos.

—Por un lado está la fijación del tipo de cambio con una inflación del 50% en dos meses. Por otro lado, hay muchas industrias argentinas que tienen falta de competencia con la industria extranjera, entonces pueden inflar artificialmente los precios acá porque al no entrar los productos extranjeros o entrar con aranceles muy altos, pueden terminar cobrando precios más altos que afuera. Después, también tenemos un altísimo componente impositivo dentro de casi cualquier producto. Vos vas a comprar un auto en Argentina y pagas más de impuestos que del auto mismo. En general, además, hay industrias que tienen costos muy altos en comparación a la industria extranjera. Es el caso de la industria textil. Cualquier producto textil, si lo traes de China, importado, pagando el flete y todo, vale 70% menos que comprarlo en Argentina. Son desequilibrios que la economía nuestra tiene. En sí, la política de Milei apunta a corregir esos desequilibrios, porque lo que hace es liberar los precios, pero no va a aguantar si el tipo de cambio se atrasa mucho, y va a tener que devaluar de nuevo.

—Usted es uno de los pocos en la oposición que propusieron la dolarización. ¿Milei está en camino a cumplir esa promesa de campaña?

—Un poco la confianza de Milei está ahí. Él habló mucho de la dolarización, pero no sé si está convencido o lo vio como una herramienta de marketing muy efectiva para la campaña. Al menos no lo está buscando instrumentar ahora. Es como si hubiera una expectativa mucho más clásica. Él está apuntando a hacer la llamada dominancia fiscal: si se resuelve lo fiscal, que es el causante de que se tenga que imprimir dinero para financiar el Estado, se termina con la inflación. Yo creo que la economía argentina tiene un problema de demanda de dinero, también. Es decir, por más que vos no emitas un peso, regules en eso muy estrictamente el Banco Central, igualmente hay un problema de confianza de la ciudadanía en nuestra moneda.

—¿Hasta dónde la UCR va a acompañar al Gobierno con la ley ómnibus que vuelve al Congreso?

—Nosotros, apenas se planteó la ley ómnibus, tuvimos una actitud colaborativa. Fue a causa nuestra, diría que, se sacó todo el tema jubilatorio. La propuesta de Milei era suspender la movilidad jubilatoria, que no hubiera ningún tipo de fórmula de movilidad y que los aumentos fueran por decreto. Y nosotros nos opusimos tenazmente a eso y eso hizo que se sacara de la ley. Ahora, hay temas que respaldamos, por ejemplo, las reformas que tienen que ver con la desregulación; reformas en ciertos sectores económicos como los hidrocarburos, que dijimos nos parece que hay que avanzar y sancionarlos, pero también hay temas donde falta discusión, que hicieron naufragar la ley en un primer momento. Estoy hablando concretamente de los temas de delegación de facultades.

—¿Qué van a hacer con los superpoderes?

—Nosotros vamos a plantear las mismas cosas que hemos planteado. Se los logró reducir a un año y que en vez de 11 emergencias fueran 6, y que fuera todo sometido a una comisión bicameral, de modo que no pudiera el Ejecutivo por sí solo prorrogarlas. El Gobierno aceptó pero hay otros puntos que subsisten. Privatizaciones, por ejemplo. Primero proponían 41 empresas que fueran privatizadas, básicamente todas las que habían encontrado. Les dijimos eso es un exceso, hay muchas de ahí que no necesitan ser privatizadas. Hay un enfoque incorrecto sobre el tema de las empresas públicas. Se habla de ineficiencia. Algunas lo son pero no es el grueso déficit. El grueso déficit de las empresas públicas se da por la política pública que tienen asociada, que es de subsidiar los servicios. Por ejemplo, Enarsa, que es de las más déficit produce y no por sus 300 empleados sino porque compra energía al exterior y después la vende más barata. Hay un mal diagnóstico la situación de las empresas, un análisis muy básico de la situación, muy dogmático, en vez de tener una mirada más pragmática sobre su análisis patrimonial, su situación, la operatividad de cosas productivas. Ahora se han dado cuenta que no pueden privatizar 41 empresas y están proponiendo menos. Habrá que analizarlo.

JJD

El VIP del aeropuerto de Corrientes. Ese será el escenario de una reunión que este lunes tendrá Javier Milei con el gobernador local, Gustavo Valdés, y su par de Chaco, Leandro Zdero, en el marco de su visita relámpago a la capital correntina para dar una charla en una fundación de ideología libertaria.

La cumbre de Milei con los gobernadores se terminó de definir en las últimas horas, supo elDiarioAR, luego de que el mandatario organizara su viaje a Corrientes por su cuenta y sin agenda oficial: fue invitado para coronar el 10º aniversario de la fundación Club de la Libertad, un think thank con el que el jefe de Estado tiene relación personal desde 2014. 

Milei confirmó el jueves pasado que viajaba a la provincia, en medio de la disputa abierta entre el Gobierno central y las jurisdicciones por el envío de fondos nacionales y luego del fracaso de la ley ómnibus. Pero nunca extendió la invitación ni a Valdés ni a Zdero, que tributan en Juntos por el Cambio y con los que no tiene necesariamente una relación política distante. 

Pero este lunes se supo que el Presidente iba a tener un mano a mano con los dos gobernadores de la región al bajar del avión. Valdés y Zdero van a recibir a Milei y a su hermana Karina –parte de la comitiva, como secretaria general de la Presidencia– a modo de recibimiento oficial. De allí caminarán hasta el VIP del aeropuerto internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro. También será de la partida el intendente local, Eduardo Tassano.

Se estima que Milei llegue a la capital correntina luego de las 18, en un avión de Aerolíneas Argentinas. Su presentación en el Club de la Libertad está agendada para las 19. Antes de su presentación dará una videoconferencia Alberto Benegas Lynch (h), a quien el Presidente considera “un prócer de las ideas de la libertad”.

La cumbre del jefe de Estado con los gobernadores genera expectativa por la disputa abierta entre la Nación y las provincias. Valdés y Zdero, con vínculos directos con la ministra Patricia Bullrich, tienen una buena relación institucional con el Gobierno. En el gobierno de Corrientes aseguraron a elDiarioAR que la provincia no atraviesa una crisis en sus cuentas públicas por el fuerte ajuste de la Casa Rosada. 

De extracción radical, la administración de Valdés recibió el 30 de enero pasado un desembolso de $1.000 millones en concepto de aportes discrecionales. Junto con Chubut, fueron las únicas dos jurisdicciones beneficiadas con ese tipo de transferencias, de acuerdo a las estimaciones que recogió la consultora Analytica. Aunque fue invitado también a participar del evento de la fundación libertaria, el gobernador correntino no irá.

La visita de Milei a la provincia –de los pocos viajes que hizo desde que asumió– ocurre un día antes de que el ministro del Interior, Guillermo Francos, participe en Salta para reunirse con el gobernador Gustavo Sáenz en el acto por el 211 aniversario de la Batalla de Salta. Esa será un cumbre con otros mandatarios peronistas, ya que también estarán presentes los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo –cuyos diputados rompieron el bloque de Unión por la Patria durante el tratamiento de la ley ómnibus–, de Catamarca, Raúl Jalil, y de Misiones, Hugo Passalaqua. También estará el vice de Jujuy, Alberto Bernis.

La Nación tiene esta semana una disputa abierta con las provincias por la proximidad del inicio de las clases. El Gobierno ya avisó que recortará las partidas del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) que se envían a las jurisdicciones y dilató la paritaria con los gremios nacionales, que sirve como marco de negociación luego para cada provincia.

Con esas situaciones en puerta, a Milei lo esperan en la capital correntina en un salón de fiestas: en el llamado Espacio Andes ya están dispuestas un millar de sillas para los socios del Club de la Libertad que asistirán a escucharlo. Afuera del lugar los organizadores dispondrán pantallas gigantes para los militantes libertarios. El Presidente no dará una masterclass, sino que tendrá una conversación con el director de la fundación, Alberto Medina Mendez. Todo será al caer la noche, luego de una jornada de calor abrazador. “Estamos incendiados”, comentaron a elDiarioAR en la organización.

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Hugo Santiago Muguerza, un destacado miembro del partido radical con amplia trayectoria en la política en la provincia Buenos Aires, fue señalado por su presunta participación en un esquema de extracción de fondos estatales mediante el uso indebido de tarjetas de débito.

Aunque su nombre aún no figura en la causa judicial que implica a Julio “Chocolate” Rigau y los hermanos Claudio y Facundo Albini, acusados de formar una asociación ilícita vinculada a la Legislatura bonaerense, la presencia de Muguerza en videos de seguridad del banco Provincia sugiere una conexión directa con las operaciones fraudulentas.

La información surgió a partir de una investigación llevada a cabo por el diario La Nación.

La fiscal Betina Lacki convocó a declarar a los propietarios de las 39 tarjetas de débito utilizadas en el esquema en busca de evidencia que pueda vincular directamente a Muguerza y sus asociados con el delito.

Este caso resaltó la práctica de utilizar “empleados fantasma” para desviar fondos del Senado bonaerense, una estrategia que permaneció oculta gracias a un extendido silencio cómplice.

Muguerza, quien evadió los intentos de contacto por parte de los investigadores y medios de comunicación, mantiene un bajo perfil desde la publicación de los hallazgos.

Las indagaciones apuntan también a Marcelo Elías, secretario administrativo del bloque Cambiemos en el Senado, como una figura clave en la asignación de las tarjetas de débito investigadas, aunque él también eludió a la prensa.

La extensa carrera política de Muguerza incluye roles en el PAMI y en la Municipalidad de La Plata, además de una activa participación en la UCR desde su juventud.

La investigación reveló que varios familiares y allegados de Muguerza se beneficiaron directamente del esquema de tarjetas de débito, lo que sugiere un entramado de corrupción bien arraigado.

Otros implicados en la trama incluyen a los hermanos Albini y miembros de la familia Licursi, quienes han sido señalados por su participación en las operaciones de retiro de efectivo.

Este escándalo generó una notable falta de acción por parte de la UCR e intensificó las disputas políticas en La Plata, destacando la necesidad de reformas significativas para abordar la corrupción.

Con el avance de la investigación judicial, se espera que surjan más detalles sobre la red de corrupción y sus operadores, lo que podría llevar a importantes revelaciones sobre las prácticas delictivas en el ámbito político de Buenos Aires.

Desde varios sectores, ante este tipo de casos, se resalta la importancia de implementar medidas de transparencia y de luchar contra la corrupción para restaurar la confianza en las instituciones públicas.

CRM con información de la agencia NA