El Gobierno publicó este viernes el decreto 950/2024, mediante el cual autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a vender inmuebles públicos considerados “ociosos” o sin destino operativo. En la Casa Rosada lo presentan como una medida de eficiencia administrativa. Sin embargo, la ubicación estratégica de algunas propiedades invita a pensar en posibles negocios inmobiliarios y, además, la sola enajenación de estos bienes pone en evidencia el retiro del Estado de espacios donde antes operaba y prestaba servicios a los ciudadanos, que para eso pagan sus impuestos.

El decreto, publicado este viernes en el Boletín Oficial, permite a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) llevar a cabo la venta de estas propiedades y tiene como objetivo reducir gastos de mantenimiento y generar ingresos a través de activos subutilizados.

Según el decreto, la venta de inmuebles ociosos permitirá un “mejor funcionamiento de la administración pública” y ayudará a enfrentar la crisis económica. No obstante, esta justificación omite un aspecto fundamental: muchos de estos inmuebles fueron y en algunos casos siguen siendo centros de actividades y servicios del Estado. La medida se presenta como una acción para optimizar recursos pero la venta de estos inmuebles podría señalar una renuncia a la función del Estado en determinadas áreas y la transición hacia una mayor dependencia del sector privado, pero sin que hasta ahora el gobierno de Milei haya cumplido la promesa de bajar impuestos. 

El texto del decreto cita antecedentes desde 2016, con sucesivos intentos de venta y desafectación de inmuebles que no llegaron a concretarse, y excluye del proceso de venta a los establecimientos militares y a inmuebles ubicados fuera del país.

El decreto incluye un anexo con el detalle de todas las propiedades del Estado que el gobierno de Milei quiere vender: son 309 y están ubicadas en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires; Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Tucumán. Se trata de 17 de los 24 distritos del país.

Los cinco inmuebles de mayor superficie que figuran en el listado oficial son los siguientes:

1. Mendoza, Malargüe: Campo Potreros de Cordillera, con una superficie aproximada de 130,927,163.43 m².

2. Mendoza, San Carlos: Estancia de Llaucha, con una superficie de 51,068,095.40 m².

3. Corrientes, Capital: Sección Rural 1 - Campo de Instrucción Santa Catalina, con aproximadamente 813,855.74 m².

4. Corrientes, Curuzú Cuatiá: Ex Batallón Logístico N° 3, con una superficie de 970,992.00 m².

5. Santa Cruz, Punta Loyola: Ruta de acceso a Complejo Ferroportuario, con 150,000.00 m².

Si bien la resolución incluye un anexo detallado, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, indicó que el total de inmuebles a enajenar alcanza la cifra de 1.200, es decir cuatro veces más que el listado publicado este viernes. “Se van a subastar más de 400 inmuebles y se van a poner a la venta otras 800 propiedades con el único objetivo de reducir gastos innecesarios del Estado. Se estima que estos inmuebles tienen un valor total de US$800 millones”, señaló el vocero de Milei.

Los inmuebles de los que el Estado se desprenderá incluyen propiedades en diversos puntos de todo el país, entre las que hay casas, edificios y terrenos sin construcciones.

Entre los inmuebles a la venta está la sede central en Buenos Aires del Ministerio de las Mujeres, que disolvió Milei, valorada en US$12,5 millones, y la del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Argentina (INTA), que será relocalizado. Se trata, en este último caso, de un terreno de 919 metros cuadrados ubicado en avenida Cerviño 3101, en el barrio porteño de Palermo, una de las zonas más ricas del país. Allí funciona también la empresa capitales mixtos Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A (INTeA).

Las primeras subastas de edificios públicos se harán antes de finales de este año.

La medida se inscribe en las políticas de severo ajuste que el Gobierno lleva adelante para achicar el Estado y lograr el equilibrio en las cuentas públicas. En el decreto se alega que, en función de las medidas para dar mayor eficiencia, “se impone la necesidad de impulsar la venta de inmuebles pertenecientes al Estado nacional que resultan innecesarios para su gestión”.

Según el Gobierno, “mantener ociosos” los inmuebles considerados “innecesarios para la gestión” del Estado “genera costos y gastos que deben evitarse, por lo que corresponde impulsar los procedimientos para su enajenación”.

Como parte de su política para achicar el peso del Estado, Milei también impulsa la privatización de varias empresas estatales o controladas por el Estado nacional.

Con información de la agencia EFE

Empresas de Eduardo Constantini, de la familia Rocca y de otros empresarios vinculados al macrismo —como los compradores de la constructora Caputo— hicieron muy buenos negocios inmobiliarios con los bienes del Estado Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, que subastó propiedades públicas por debajo del precio oficial y de mercado. Así surge de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que también determinó que Cambiemos transfirió inmuebles al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en presunto perjuicio contra las arcas nacionales.

El documento se aprobó este miércoles en el Colegio de Auditores de la Nación y será remitido a la comisión revisora de cuentas del Congreso para su análisis y a la Justicia federal, donde ya existe una investigación en curso, según pudo corroborar elDiarioAR de fuentes judiciales. El informe completo fue publicitado este jueves por la noche y se centró en una auditoría de la gestión de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) entre 2016 y 2019.

Este organismo autárquico que funciona desde 2012 bajo la órbita de la jefatura de Gabinete y cuya función es gestionar los bienes del Estado Nacional, en especial, lo referido a alquileres, ventas y traspasos de terrenos y propiedades. Entonces, estaba a cargo de Ramón Lanús, actualmente candidato a intendente de San Isidro por Juntos por el Cambio y aliado de la candidata presidencial Patricia Bullrich.

La AGN detectó que la gestión de Cambiemos “vendió inmuebles a particulares por debajo de su valor de mercado, no destinó terrenos para la implementación de planes de vivienda social y no cumplió con la legislación vigente”, dijo el organismo auditor en un comunicado.

La empresa Consultatio Argentina SAU, de Eduardo Costantini —dueño del MALBA— adquirió terrenos en subastas por los que pagó unos US$140,3 millones entre 2016 y 2017 pero que estaban tasados en US$171,4 millones, de acuerdo con el Tribunal de Tasación de la Nación, consignó el informe de la AGN. 

El Estado Nacional dejó de percibir más de US$30 millones, el 17,5% del valor de las propiedades, que la desarrolladora inmobiliaria se ahorró, en el marco de un proyecto privado para la construcción de torres de oficinas en Catalinas Norte II, en Puerto Madero, entre otros. En los tres casos, Consultatio competía en la subasta con otras dos empresas que terminarían adquiriendo parcelas del mismo terreno (TGLT y Fideicomiso BAP) y que en ciertas oportunidades no se presentaban a la subasta u ofertan justo por debajo de Consultatio. elDiarioAR se comunicó con voceros de Costantini para conocer su versión de los hechos, pero hasta el momento no recibió respuesta.

Otra de las empresas mencionadas por la AGN es la también desarrolladora inmobiliaria TGLT, actualmente denominada GCDI, que en 2018 adquirió la constructora Caputo, entonces propiedad de Nicolás Caputo, “hermano del alma” y exsocio del entonces presidente Mauricio Macri. En octubre de 2017, TGLT adquirió al Estado Nacional una parcela en Catalinas Norte II por US$40,5 millones, cuando el terreno estaba tasado oficialmente en US$53,4 millones, casi US$13 millones más. En la compañía no respondieron las consultas de este medio hasta el momento.

Santa María SAIF es una empresa financiera de la familia Rocca, los dueños de la multinacional ítalo-argentina Techint. En junio de 2019, seis meses antes de que Cambiemos dejara el poder, la AABE le vendió una parcela de Catalinas Norte II por US$40,5 millones, el US$4,4 millones menos de lo que valía según el Tribunal de Tasación de la Nación, que fijó el valor del inmueble en US$44,9 millones. Hubo un solo oferente en el proceso de subasta. La respuesta de Techint ante la consulta fue que la compañía no haría comentarios.

Hay más casos similares resaltados por el informe de AGN, como los de Fideicomiso BAP, filial del Fondo de Inversión EMS Capital, que pagó dos parcelas en Catalinas Norte II US$48,1 millones, US$8,3 millones menos de lo que estaban tasadas. Fue en 2018. Fueron dos subastas y en ambas el ganador compitió con una segunda empresa que desistió de presentarse en ambas oportunidades.

En mayo de 2019, otra empresa inmobiliaria, Arkinver SA, de la desarrolladora ABV, pagó US$18 millones por un terreno en Las Cañitas cuando el inmueble había sido tasado en US$19,1 millones. La situación se repite con el Fideicomiso para la vivienda y Fideicomiso Vías de Ocampo, donde terminó invirtiendo Gustavo Arribas, entonces jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Macri, como reveló elDiarioAR en septiembre de 2022.

Conclusiones

Sólo en el análisis de estos diez inmuebles se determinó que el Estado Nacional recibió US$62 millones menos de lo que podría haber cobrado a los privados. Pero el universo auditado es mayor. La auditoría señaló que se llevaron a cabo 71 procesos de venta que resultaron en 82 adjudicaciones por un total de US$842,4 millones y el 77,2% de las operaciones se concentró en la ciudad de Buenos Aires.

“En el 100% de los expedientes analizados, se observó la falta de mecanismos utilizados por la AABE para determinar el precio base de las subastas, y en el 56% de los casos se adjudicó a un menor valor que el establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación”, informó la AGN. 

“El principio de subastas —agregó el organismo— se vio vulnerado, ya que se constató una baja participación de oferentes sin que la AABE tomara acciones al respecto. En el 58,8% de los casos no hubo puja entre oferentes, lo que impidió obtener el mayor precio que esté dispuesto a pagar el mercado”.

Voceros de Lanús, titular de la AABE durante el gobierno de Macri y la gestión de Marcos Peña como jefe de Gabinete, criticaron el informe de la AGN y respondieron a elDiarioAR que los precios de tasación y de adjudicación eran diferentes porque el primero “es el precio que se fija para las ventas directas por lo que no aplica para el procedimiento de subasta; y el valor adjudicado es el valor que surge del procedimiento del acto de subasta”. Estas subastas se basan en ofertas que efectúan los oferentes, es decir, los privados.

“En una primera instancia se hacían mediante la presencia de un martillero del Banco Ciudad y ante escribano público y desde la aprobación de la plataforma SUBAST.AR mediante la misma”, respondieron. “Lo importante es que el valor adjudicado no sea menor al precio base de subasta, en la mayoría de los casos se superan”, agregaron.

La Ciudad

El gobierno de Rodríguez Larreta también fue ampliamente beneficiado con una modalidad distinta a la subasta, denominada “dación en pago”, afirmó la AGN. Se trata de “un instrumento distinto a la venta y alquiler de inmuebles, sin encontrarse habilitada”, que “se utilizó a partir de enero de 2019 transfiriendo inmuebles por US$169,9 millones al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contrariando el marco normativo vigente ya que esta modalidad fue factible recién en octubre de 2019”, informó el organismo auditor. Este mecanismo de transferencia de inmuebles se realizó para cancelar deudas o afrontar compromisos de asistencia económico financiera.

La Ley Federal de Responsabilidad Fiscal prohíbe la donación o venta de activos fijos durante los últimos 6 meses de fin de mandato presidencial —período electoral—, sostuvo la AGN, y aún así, dijo, “la AABE transfirió inmuebles en concepto de dación en pago al Gobierno de la CABA por US$148,2 millones” durante ese periodo.

Desde la gestión de Rodríguez Larreta, afirmaron a elDiarioAR: “No hay nada irregular entre las observaciones presentadas. Todos los hechos que aparecen en el informe tienen entre 4 y 8 años de antigüedad y en todo este tiempo no hubo ninguna imputación, y mucho menos procesamiento judicial al respecto. Y ya son varias las causas que los fiscales y jueces cerraron por inexistencia de delito”.

Sin embargo, existe una investigación en pleno curso en la fiscalía federal número 10, a cargo de la fiscal Paloma Ochoa, que se encuentra recopilando pruebas para determinar si la subasta de estos inmuebles implicó delitos contra la Administración púbica y un acuerdo espurio con los privados.

“Hay errores y  tergiversaciones, se refieren a cuestiones puramente procedimentales sin hacer ninguna denuncia y por supuesto hay una intencionalidad electoral en la elección del momento para publicarlo”, respondió el gobierno de Rodrígez Larreta sobre el informe de la AGN, impulsado por el auditor Juan Ignacio Forlón. “Todo lo que se hizo fue en forma transparente y legal, siguiendo todos los procedimientos establecidos que son complejísimos y están pensados para cuidar el patrimonio del Estado”, afirmó la Ciudad.

Nota: este artículo se corrigió el 13 de octubre a las 10:09. Donde decía 13% debía decir US$13 millones y donde decía 4,4% debía decir US$4,4 millones.

ED/JJD