En una entrevista en pleno Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, antes de hablarle a los empresarios de ideología de género, el presidente Javier Milei ofreció una entrevista con la agencia Bloomberg para hablar de economía, la materia en la que pretende ganar el Nobel, y explicó que la actual negociación en Buenos Aires entre su ministro del área, Luis Caputo, y una misión recién llegada del Fondo Monetario Internacional (FMI) para conseguir un nuevo crédito por al menos US$11.000 millones “no va a incrementar la deuda total”. ¿Por qué? Porque con ese dinero el Tesoro cancelará deuda que mantiene con el Banco Central. Es cierto que la llamada deuda bruta no aumentará, se mantendrá igual. Pero nada dice el jefe de Estado de que se elevará la deuda neta, es decir, la que mantiene la Argentina por fuera de las organizaciones intraestatales, es decir, con organismos internacionales como el FMI, con el Club de París (conjunto de países desarrollados) y con bonistas tanto del mercado doméstico como del internacional.

Y no es lo mismo cualquier acreedor: el propio Estado o el Fondo, al hay que girarles divisas al exterior, abonarle más intereses y exige políticas a cambio. Tampoco es lo mismo para la hoja de balance del Central, que viene en vías de saneamiento y que se beneficiaría si le saldan este pasivo.

“El Presidente dice que es un problema de stocks, que si el Gobierno toma más deuda en dólares y con eso recompra deuda gubernamental en pesos que tiene el Banco Central deuda pública total no aumenta y todo queda igual, ¡es mentira!”, advierte uno de los economistas más prestigiosos de la Argentina en asuntos cambiarios, que prefiere el anonimato en tiempos de trolls en redes sociales. Otros colegas reaccionan con nombre y apellido.

Nicolás Gadano, economista jefe de Empiria Consultores, aclara que primero debe concretarse el préstamo y su destino, pero si se usa para cancelar las letras intransferibles que emitió el Tesoro cuando tomó reservas del Central, “efectivamente la deuda bruta del Tesoro seguirá igual, caen las letras, o sea deuda intra sector público, por un aumento del endeudamiento con el Fondo”. El impacto, según Gadano, sería “desde el lado del Central una mejora fuerte de la calidad de su activo porque una cosas es tener unas letras que valen poco y no tienen mercado”. “El Tesoro se endeuda para capitalizar el Banco Central”, destaca. “Después hay que ver qué hace el Central con esos dólares”, aclara. Desde el punto de vista del Tesoro, “por las letras sólo se pagaba una partecita del interés, pero nunca se pagó, es un registro contable, mientras que la deuda con el Fondo hay que pagarla y tiene intereses más altos”, admite el exgerente general del Banco Central en el gobierno de Mauricio Macri.

“Es un aumento de la deuda de argentina de US$ 11.000 millones, lo que no se tomó de la deuda FMI/Macri (préstamo de 2018), que era de 55.000 millones y sólo se tomó por 44.000 millones”, aclara el consultor Orlando Ferreres, exviceministro de Economía del gobierno de Carlos Menem, pese a que se confiesa admirador de Milei. “Después cómo se use se verá”, abre la interrogación.

Desde la otra orilla ideológica, el economista jefe del banco Credicoop, Alfredo García, arranca alertando que la deuda del Tesoro con la autoridad monetaria “no es un monto de gran significatividad como para justificar el endeudamiento buscado”. “Según los últimos datos oficiales conocidos, las tenencias de bonos soberanos en dólares en poder del Banco Central llegan a US$2.500 millones. Es una parte menor de los montos en dólares en el exterior que se pretenden obtener, pero además se está cambiando deuda intra sector público, fácilmente refinanciable, por deuda con organismos internacionales y/o acreedores privados externos”, se refiere García a otra opción que Milei no descartó en la entrevista con Bloomberg. “No sólo se configura un empeoramiento de parte de la deuda ya existente, sino que implicará, en los montos procurados, un claro aumento de la deuda externa, que además, en el caso del Fondo, posee gravosas condicionalidades”, recuerda el economista del Credicoop. En concreto, el FMI suele pedir ajuste fiscal, aunque en el caso de Milei está dispuesto a cortar más de lo reclamado; mayores tasas de interés, un tipo de cambio flexible –no como el actual–, flexibilización laboral y una reforma que pode aún más las jubilaciones.

“Se reemplaza una deuda intra sector público, que no es deuda real sino un asiento contable entre reparticiones del Estado, por lo tanto refinanciable eternamente sin costo”, advierte Andrés Asiain, director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Y se lo sustituye “por una deuda externa con organismos internacionales, que implica comprometerse a pagar en dólares que se van del país, lo que compromete el futuro equilibrio externo y puede implicar presiones cambiarias, endeudándose con un organismo internacional, donde prima el interés de EE UU, que suele condicionar el refinanciamiento a condicionamientos en la política económica y alineamientos geopolíticos”, fulmina Asiain, columnista dominical del diario Página/12. En el directorio del FMI hay un país con poder de veto, EE UU, mientras que los demás socios con más votos son Japón, China, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, en ese orden.

“No es lo mismo tener deuda con el FMI que con el Banco Central”; se suma Pedro Gaite, de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE). “Las letras intransferibles no tienen mayor importancia, no rinden intereses, es un más un mecanismo de traspaso de dólares del Banco Central al Tesoro. Endeudarse con el FMI para cancelar estas letras en términos de composición de la deuda es muy perjudicial”, concluye Gaite.

En el mundo de las consultoras aparecen matices. Claudio Caprarulo, director de Analytica, observa que “un nuevo préstamo con el FMI implica un aumento del endeudamiento neto, en este caso en moneda extranjera y con un organismo multilateral”. “Hay que ver cuáles son los condicionamientos que pide el organismo, pero es una buena noticia que el Gobierno consiga dólares para avanzar en desarmar el cepo cambiario y regularizar el mercado de cambios. En un contexto en el que no tenés moneda y tenés muy limitada tu capacidad de emisión, la deuda intra sector público es relevante. Pero lo más relevante es que estás haciendo un acuerdo con el FMI y lógicamente debés ocuparte de generar las condiciones para garantizar que la carga de la deuda externa no sea un condicionante al crecimiento y en particular, retomar el dinamismo del mercado interno”, matiza Caprarulo.

“No se genera nueva deuda dado que hay un traspaso de acreedor. Ahora bien, si nos fijamos en la deuda consolidada neta, es decir, descontando los pasivos intra sector público, la nueva obligación sí se contabiliza como un mayor endeudamiento real con el exterior, dado que la deuda con el Central no figura en este cálculo”, apunta Francisco Ritorto, de la consultora ACM. Sin embargo, valora que “el balance del Central mejora: al recomprar las letras, el Tesoro le inyecta dólares, que incrementarían sus reservas internacionales netas y otorga mayor respaldo para sostener el tipo de cambio”.

Daniel Marx, director ejecutivo de Quantum Finanzas y exsecretario de Finanzas del gobierno de Fernando de la Rúa, coincide en señalar que la deuda bruta se mantiene igual, pero la neta con terceros se eleva, pero agrega otro factor al análisis de cómo Milei presenta el asunto: “Una motivación importante de ponerlo así es evitar llevar el acuerdo con el Fondo al Congreso, tomando las atribuciones e interpretaciones de la ley de administración financiera, que se modificó por la ley Bases. Al interpretar que no se trata de nuevo endeudamiento, no tendría que ir al Congreso y así se evitaría el debate sobre las autorizaciones pertinentes”.

AR/MG

Con Martín Guzmán al frente del Palacio de Hacienda, el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos, PJ) reestructuró la deuda y esta semana el país tiene que pagar una gran cantidad de plata: US$4.700 millones. De ese monto, US$2.901 millones corresponden a capital, es decir el dinero que se pidió prestado, y US$1.800 millones, a intereses, o sea el costo de pedir prestado ese dinero. El gobierno de Javier Milei hará frente a ese pago usando los dólares que compró con el superávit fiscal alcanzado el año pasado gracias al ajuste, “el más grande de la historia”, del que se jacta textualmente el presidente de la Nación.

Los pagos van a reducir las reservas del Banco Central pero al mercado financiero se le atribuye optimismo porque el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, hizo saber que usará el dinero que ahorró, que en rigor de verdad esta administración lo consiguió a base de duros recortes, por ejemplo en los haberes de los jubilados y en el presupuesto para Educación. En total, hay US$6.009 millones en el BCRA, que conduce Santiago Bausili, y casi US$1.000 millones en un banco en Estados Unidos (el Bank of New York Mellon, BONY): suficiente dinero para pagar este vencimiento y otro de julio próximo.

El BCRA obtuvo, además, un préstamo de US$1.000 millones a una tasa de interés del 8,8% anual, lo que contribuye a tener más dinero disponible para afrontar los pagos de la deuda. La noticia fue celebrada porque significó, para la actual gestión, el regreso del país al mercado del capitales.

El gobierno de La Libertad Avanza cree que los acreedores usarán parte del pago de este jueve para comprar más deuda argentina. Esto podría hacer que los precios de los bonos suban y que el riesgo país (una medida de la confianza en la economía del país) baje. Actualmente se encuentra por debajo de los 600 puntos, un nivel que no tenía desde hacía casi siete años.

El vencimiento de US$4.700 millones corresponde a los bonos Globales, que son títulos emitidos bajo ley extranjera, y Bonares, bajo ley local.

Los Bonos Globales (Global Bonds) son títulos de deuda emitidos por la Argentina como parte de su reestructuración de deuda externa en 2020. Fueron ofrecidos a los acreedores para canjear deuda en default desde 2018. La emisión se formalizó el 4 de septiembre de 2020, luego de que el gobierno argentino llegara a un acuerdo con bonistas internacionales bajo la Ley de Nueva York y la Ley Argentina.

Los Bonares (o Bonos en Pesos Ajustados por CER o tipo de cambio), a su vez, son títulos de deuda emitidos por el Estado argentino emitidos principalmente durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019) para cubrir déficits fiscales y refinanciar vencimientos de deuda. Los nombres suelen incluir la referencia al año de vencimiento, como Bonar 2024 o Bonar 2030.

El pago de este importante vencimiento se concretará este viernes. En el mercado esperan que el Tesoro cumpla sin inconvenientes con esta obligación, en medio de un mayor optimismo de los inversores hacia la Argentina, que se palpa en la baja del riesgo país.

Se espera que el indicador de riesgo país elaborado por el JP Morgan registre una nueva baja durante la semana, al mismo tiempo que es posible que haya un movimiento en los bonos soberanos de corto plazo, que continúan abaratándose, como reflejo de una renovada confianza del mercado en la capacidad del Gobierno para cumplir con sus compromisos a pesar de las reservas netas negativas (que están en alrededor de US$6.000 millones).

JJD

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este viernes una esperada reforma en su política de cargos y sobrecargos, que reducirá significativamente el costo de los préstamos para sus países miembros. Entre los principales beneficiarios se encuentra la Argentina, cuya deuda con el organismo ha sido fuertemente gravada por sobrecargos desde que el país recurrió al FMI en 2018.

Según el comunicado oficial del FMI, las medidas aprobadas reducirán en un 36% los costos de financiamiento, lo que equivale a un ahorro global de aproximadamente US$1.200 millones anuales. Este alivio es especialmente significativo para países como la Argentina, que han enfrentado sobrecargos debido al tamaño y la duración de su deuda con el Fondo.

La reforma incluye tres cambios clave: la reducción del margen sobre la tasa de interés del Derecho Especial de Giro (DEG), el incremento del umbral a partir del cual se aplican los sobrecargos basados en niveles de deuda, y la reducción de la tasa para los sobrecargos basados en el tiempo que un país lleva endeudado. Estos ajustes, que entrarán en vigor el 1 de noviembre de 2024, buscan aliviar la carga financiera sin comprometer la capacidad del FMI de asistir a los países en crisis.

El proceso que condujo a esta reforma no fue sencillo. Desde 2020, el tema de los sobrecargos ganó relevancia gracias a la gestión del exministro de Economía argentino Martín Guzmán y el Premio Nobel Joseph Stiglitz, quienes lograron apoyo internacional para modificar las políticas del Fondo. El presidente de Brasil, actual líder del G20, también fue una figura clave en la presión por esta reforma.

La Argentina, al ser uno de los países que más paga en sobrecargos, recibirá un alivio financiero considerable. Los cálculos indican que, a partir de la implementación de las nuevas medidas, podría ahorrar millones de dólares anuales en intereses, lo que permitiría destinar esos fondos a otras áreas críticas de la economía.

A pesar de la reducción sustancial, los sobrecargos siguen siendo una parte esencial del esquema del FMI, ya que contribuyen a la intermediación de los préstamos y a la acumulación de reservas. Sin embargo, las críticas hacia esta política se han mantenido en los últimos años. Economistas como Stiglitz han argumentado que los sobrecargos castigan desproporcionadamente a los países más vulnerables y aumentan los costos en tiempos de crisis, lo que empeora los problemas de deuda en lugar de resolverlos.

Con esta reforma, el FMI busca equilibrar la necesidad de un manejo responsable de los riesgos financieros con un alivio efectivo para los países que más lo necesitan. En un contexto global marcado por altas tasas de interés y tensiones económicas, la decisión representa un paso importante hacia un sistema de financiamiento más equitativo.

Para Argentina, este cambio no solo supone un alivio inmediato en su abultada deuda con el FMI, sino también una oportunidad para reestructurar su economía en un contexto internacional más favorable.

Según estimaciones previas a la decisión del Fondo de este viernes, la Argentina podría ahorrarse el pago de hasta US$12.000 millones.

JJD

El Gobierno flexibilizó este lunes las condiciones para hacer canjes de deuda soberana, permitiendo que, en caso de llevar adelante una operación de ese tipo, el Tesoro pueda entregar títulos en moneda argentina a cambio de bonos emitidos en moneda extranjera.

El cambio quedó plasmado en un decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Javier Milei, y publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Hasta ahora, en caso de querer hacer un canje de deuda, el Tesoro solo podía entregar a los acreedores títulos nominados en la misma moneda de los bonos a canjear.

“Dispónese que las futuras suscripciones de instrumentos de deuda pública, independientemente de su moneda de pago, se puedan realizar con instrumentos de deuda pública cualquiera sea su moneda de pago. Los precios de los instrumentos serán fijados teniendo en cuenta los valores existentes en los mercados”, indica el decreto.

Este cambio fue leído por algunos analistas de mercado y economistas como una posible intención del Gobierno de llamar a un canje de títulos públicos con vistas a los fuertes vencimientos de bonos en dólares que Argentina debe afrontar en 2025, por unos US$8.000 millones.

“El Gobierno se cansó de decir que tenía los dólares para pagar la deuda, pero al final del día está claro que no puede resolver el frente externo: se queda sin dólares y las condiciones no mejoran para acceder a los mercados. Quiere renegociar sin ningún tipo de exigencia”, señaló este lunes en un informe el Centro de Economía Política Argentina, que además advirtió de que el decreto habilita al Gobierno a hacer un canje sin la necesidad de contar con un aval del Congreso.

Según la Fundación Capital, el proyecto de Presupuesto 2025 recientemente presentado por el Gobierno da “pocas definiciones” sobre la deuda en dólares y sus fuentes de financiación, por lo que, en un contexto de escasas reservas monetarias, “la deuda en moneda extranjera se presenta como el desafío” con vistas al próximo año.

“Con vencimientos de títulos Bonar y Global por unos US$5.800 millones solo de capital (a lo que se adiciona vencimientos de intereses por US$3.000 millones), los compromisos en moneda extranjera se perciben importantes en un marco de escasez de divisas y mercados internacionales virtualmente cerrados”, afirmó este lunes la Fundación Capital en un informe.

Quien también se sumó a la discusión fue la expresidenta Cristina Kirchner, quien cuestionó al ministro Luis Caputo al preguntarle a través de la red social X “cuál es la urgencia del DNU cuando la modificación central en materia de endeudamiento ya está sometida a consideración del Congreso en el proyecto de presupuesto que con tanta pompa y tan poca audiencia presentó Milei”.

Asimismo, la exmandataria se preguntó: “¿Qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda? ¿Volver a incendiar el país en la hoguera de la deuda como hizo con Macri y el FMI? ¿Ni siquiera con un ajuste desalmado e inhumano el ministro Caputo de Milei puede pagar la deuda que el ministro Caputo de Macri generó?”.

Según Fernández de Kirchner, el decreto 846/2024, “a través del cual se eliminan los requisitos que el Poder Ejecutivo y su Ministro de Economía deben cumplir en el caso de que quieran canjear o reestructurar la deuda pública” implica que “para canjear o reestructurar deuda existente deberían mejorar monto, tasa o plazo (de acuerdo a la interpretación de la norma, debe existir mejora en dos de las tres condiciones)”.

El DNU

EFE.

IG

La deuda en situación de pago normal ascendió a US$455.935 millones en agosto, lo que representó un aumento de US$6.318 millones de julio, informó la secretaría de Finanzas. Cuando asumió Javier Milei la presidencia, en diciembre del 2023, la deuda en situación normal de pago alcanzaba a US$ 368.225 millones. A esa cifra se le agregaron los compromisos con los exportadores que dejó el gobierno de Alberto Fernández, y el traspaso de la deuda que mantenía el Banco Central con los bancos.

En este marco, la deuda entre diciembre y agosto se incrementó en US$ 87.710, a un promedio de US$ 7.309 millones por mes, hasta alcanzar al 75% del Producto Bruto Interno (PBI).

La deuda que se ajusta por inflación (CER) alcanzó al equivalente a US$123.633 millones, el 26,97% del total, mientras que la que mantiene el Estado Nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), es un tercio de aquella, ya que suma US$41.880 millones.

El gobierno de Javier Milei busca lograr un nuevo acuerdo con el FMI que le permita, al menos, postergar el pago de US$3.037 millones que debe abonar el año próximo, cuando enfrente compromisos por US$23.792 millones, según cifras oficiales.

Durante los últimos 12 meses, el stock de deuda bruta en situación de pago normal aumentó por el equivalente a US$62.666 millones, a un promedio de US$5.22 millones al mes, debido a la disminución de los compromisos en moneda extranjera en US$10.604 millones y al incremento de la nomina en pesos local por US$73.270 millones.

Solo en agosto, la suba del 1,41% de los compromisos a pagar se explica por el incremento de la deuda en moneda extranjera en US$1.326 millones y el aumento de los compromisos en moneda local por un monto equivalente en dólares de US$4.992 millones.

JJD, con información de NA

El de deuda es, junto con otros conceptos como don, demanda, legado o herencia, uno de esos términos que se encuentran en la intersección entre el psicoanálisis, la antropología, la sociología y la economía. No hay sociedad ni vínculo intersubjetivo que no tenga a la deuda como núcleo de los intercambios. Intercambios comerciales, familiares, simbólicos, religiosos: siempre se debe algo, y esa deuda es a la vez condición de posibilidad y obstáculo, potencia y límite. La deuda obliga, pero también habilita. 

Ariel Wilkis es licenciado y doctor en sociología y estudia los usos sociales del dinero. “Eslabón central en las narrativas sobre la integración social”, “clave reveladora de las perturbaciones colectivas”, “símbolo y método de las hecatombes sociales”, el dinero es constitutivo de los vínculos sociales. 

En su último libro, Una historia de cómo nos endeudamos (Siglo XXI, 2024), Wilkis se ocupa de un aspecto singular del dinero: el dinero que se debe, el que se adquirió en forma de préstamo o crédito. Charlamos con Wilkis en la Universidad de San Martín, donde es decano de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, sobre las funciones sociales del dinero y de la deuda. “El dinero y las deudas atraviesan todos los vínculos interpersonales, y no como un accidente, sino que el sentido de esos vínculos se pone en juego muchas veces en el modo en que el dinero es transferido, dado, guardado, devuelto o… no devuelto. A través del dinero se ponen a prueba los vínculos sociales, y, como vemos en el libro, también se pone en juego la democracia”. 

La cuestión social de la deuda

La cuestión de la deuda vertebra la historia de la Argentina: desde la deuda externa adquirida durante la dictadura hasta los acuerdos con el FMI para sostener la convertibilidad durante los años 90, pasando por la vuelta al Fondo durante el gobierno de Macri, la economía argentina ha tenido, históricamente, una necesidad permanente de crédito externo. 

Pero el libro de Wilkis pone el foco en una dimensión novedosa del endeudamiento: al desplazar la mirada desde la deuda pública hacia las deudas privadas, al detenerse en las “bajas finanzas”, el autor piensa en los efectos individuales, familiares y colectivos del endeudamiento. La tesis del libro es que la deuda es “la nueva cuestión social”. “El enlace y desenlace entre sociedad y política puede verse a partir de las mecánicas de endeudamiento de los hogares. La cuestión social, tradicionalmente estudiada desde las dinámicas del mundo del trabajo, se ha ido desplazando hacia las dinámicas de endeudamiento”, dice, y especialmente en Argentina, donde se registran altos grados de informalidad laboral. Si en algunas épocas podía pensarse a la deuda como posibilitadora de la movilidad social, en la actualidad el endeudamiento perdió toda su dimensión utópica: “las familias ya no van al mercado de crédito a buscar futuro sino que se endeudan para no caer, para no estar peor”. 

Imaginarios sociales sobre el dinero

El dinero informa las fantasías y los imaginarios sociales. El dólar, en particular, vehiculiza aspiraciones de abundancia, de exceso, pero también de estabilidad y de certidumbre. Coautor, junto con Mariana Luzzi, de El dólar. Historia de una moneda argentina (1930-2019), Wilkis se refiere al lugar del dólar en el imaginario argentino y a su posible incidencia en el ascenso de Milei: “La promesa política de la dolarización permitía proyectar un imaginario de estabilidad, la idea de que el mango que se gana con el trabajo y el esfuerzo propio no se iba a desvalorizar con la inflación. La dolarización fue una promesa que engarzó muy bien con un electorado que buscaba estabilidad y consumo para el propio bienestar, más allá de los imaginarios de abundancia. Con inflación es impensable la abundancia, solo hay deuda”. 

En un contexto de volatilidad y debilitamiento del peso, que Milei definió en plena campaña como “excremento”, el dólar es una reserva de futuro. Y no solo el dólar: también las criptomonedas, los bonos, las aplicaciones financieras, las billeteras virtuales y tantas otras modalidades nuevas de acumulación e intercambio. El dinero es, por definición, abstracto y simbólico, pero estas formas intangibles del dinero parecen establecer un vínculo todavía más abstracto con las operaciones financieras, que trastoca el sentido del dinero. “Desde una mirada sociológica, es sabido que la muy baja institucionalización de las prácticas contribuye con su naturalización”. Por la inmediatez, por baja ritualización, por la ausencia de distancia y de ruptura en que se dan las transacciones virtuales (pedir un crédito, pagar, comprar o vender) en las aplicaciones, el uso del dinero se naturaliza de forma muy inadvertida. 

El dinero del Estado

En los años kirchneristas, el gobierno estimuló el endeudamiento para el consumo y el ascenso social, favoreciendo así la expansión del mercado; el gobierno de Cambiemos, por su parte, fue promercado pero le retaceó a la población el ahorro y el consumo. Con el parate de la pandemia y la inflación creciente, se incrementaron significativamente las deudas intrafamiliares o entre conocidos, por lo que muchas familias se volvieron “morosas crónicas” y debieron aprender a gestionar deudas, bajo una lógica de esfuerzo y sacrificio. Deudas de supervivencia para “comprar tiempo”, deudas impagables, pesadas, vergonzosas, dolorosas. Como dice una entrevistada citada por Wilkis, la deuda “es una ronda, cómo te digo, un redondel”. Esas deudas, que no empujaron estallidos sociales ni se manifestaron en el espacio público, “tomaron el cuerpo y las jornadas de los endeudados”. 

¿Qué rol tuvo la ayuda del Estado en este contexto de pandemia y endeudamiento, y cómo impactó esto en el triunfo de Milei? El libro plantea una sentencia para explicar el presente: “El dinero (del Estado) no alimenta el amor (por el Estado)”. Agrega Wilkis que “hay una tesis fundamental de la sociología del dinero: las significaciones del dinero del Estado exceden al propio Estado, el dinero circula más allá y más acá de la capacidad que tiene el Estado para controlarlo, porque las memorias del dinero son plurales y exceden a las memorias estatales”. O como dice en el libro: “Distribución y reconocimiento no siempre coinciden”. Es por eso que el dinero del Estado no siempre es celebrado. 

En muchos casos, durante la pandemia la ayuda del Estado se leyó como una “tragedia biográfica” que reforzó ideas individualistas, familiaristas y en algunos casos antiestatistas o por lo menos no celebratorias del rol del estado. En ese sentido, dice Wilkis, el IFE durante la pandemia y el “plan platita” de Massa fracasaron porque se rompió la “cadena de rituales y significaciones del dinero del Estado que enlaza la vida familiar con la vida política” y esto quedó por fuera del radar del gobierno peronista. 

De la patria financiera a la convertibilidad, pasando por el kirchnerismo y llegando a la campaña de Milei, el nuevo libro de Ariel Wilkis traza una historia de la deuda para iluminar el enigma de los últimos 40 años de democracia: “las deudas son para la democracia cifra y símbolo, y –para nosotros– un método para comprender el cómo y el por qué de promesas y fracasos democráticos”.

SM/JJD

La calificadora internacional de riesgo crediticio Moody´s advirtió que la migración de los pasivos remunerados del Banco Central al Tesoro Nacional que impulsa el Gobierno nacional provocará una mayor exposición de los bancos a la deuda pública y a un mayor riesgo de liquidez.

“La nueva política hará que los bancos tengan una mayor exposición directa a la deuda pública, lo que aumentará el riesgo de liquidez, ya que los plazos de las LeFi serán más prolongados que la deuda actual del BCRA, y el riesgo crediticio, dado que la calidad crediticia de las LeFi se ve limitada por la débil calificación soberana”, señaló Moody’s en un reciente informe.

El 11 de julio el Central anunció que, a partir del 22 de julio, dejará de emitir sus títulos de deuda en moneda local y, en su lugar, utilizará la Letra Fiscal de Liquidez (LeFi) como principal instrumento para regular la liquidez del sistema bancario.

Moody’s también destacó que “los bancos podrán mitigar el riesgo crediticio y de liquidez mediante la venta de las LeFi al BCRA en cualquier momento”.

“El BCRA fijará las tasas de interés que pagarán las LeFi, lo que será clave para determinar cómo afectará las utilidades de los bancos”, alertó la entidad.

Moody’s subrayó que “el cambio de política marca un giro sustancial en la política monetaria de Argentina. Durante la última década, la deuda del banco central ha sido un componente clave de los activos de los bancos, particularmente desde 2022, en un contexto de duras condiciones monetarias en Argentina”.

“La exposición directa e indirecta de los bancos al soberano a través de las tenencias de deuda del BCRA y el gobierno es significativa, pero ha ido disminuyendo desde sus picos máximos”, evaluó la entidad.

No obstante, indicó que “los bancos ahora tienen una exposición directa más alta a deuda pública de mayor riesgo, que en junio rondaba el 30% de los activos totales, frente al 25% en abril de 2024 y el 19% en noviembre de 2023, según nuestras estimaciones y los datos del BCRA”.

El Banco Central avanza con el desarme de los pasivos remunerados y pone en marcha las LeFi

Tras la reunión del Directorio el pasado 11 de julio, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso la suspensión de la operatoria de pases pasivos a partir del 22 de julio.

Con el objetivo de eliminar la emisión endógena generada por los pasivos remunerados y da un nuevo paso en el proceso de sanear su balance, como lo había anunciado hace unas semanas en conferencia de prensa su presidente Santiago Bausili, junto al ministro de Economía, el Banco Central se apresta a instrumentar y dejar en claro la letra chica. 

“A través de la Comunicación A 8060, se definieron los aspectos técnicos y operativos de la Letra Fiscal de Liquidez (LeFi), que servirá, a partir de esa fecha, como el principal instrumento de administración de liquidez del sistema bancario”, informa el comunicado.

En el día de ayer, el Ejecutivo había publicado el decreto que autorizaba al Tesoro a emitir las nuevas Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), que se utilizarán para concluir con la migración de la deuda remunerada del BCRA al fisco. Las mismas se autorizaron por un valor de 20 billones de pesos. 

En tal sentido, el stock de pasivos remunerados que tiene el Central y pasarán a este sistema es de 14 billones de pesos. El diferencial de 6 billones de pesos, según fuentes de la autoridad monetaria, serán utilizados para esterilizar pesos que se emitan a partir de la compra de dólares del BCRA en el mercado. De esta manera, se evitaría emitir pesos como contraparte.

“Los pasivos remunerados del BCRA son el reflejo de la necesidad de esterilización del excedente de pesos emitidos para solventar el déficit fiscal acumulado durante años. La migración de los pases existentes a deuda del Tesoro Nacional, proceso que comenzó a mediados de mayo con la emisión de Letras a tasa fija por parte del Ministerio de Economía, es el último paso en la eliminación de esta fuente de emisión endógena que afecta adversamente a la programación monetaria y al proceso antiinflacionario”, explica el comunicado de la autoridad monetaria.

La instrumentación del traspaso de los pasivos remunerados se realizará a través de la LeFi, emitida por el Tesoro Nacional. Esta letra capitalizará a la tasa de política monetaria informada por el BCRA. 

Fuentes del BCRA sostuvieron que esta es una medida contractiva de pesos que ayudará también en la baja de la inflación.

Sobre la negociación por los puts, otro de los temas que Milei recurrentemente afirma necesario solucionar para salir del cepo, Noticias Argentinas pudo saber que las autoridades del Central continúan trabajando con las entidades financieras en absoluta reserva para que no se filtre información que pueda empantanar las negociaciones.

EN la operatoria que está terminando de regular el Gobierno, las entidades financieras podrán adquirir diariamente la LeFi y vender total o parcialmente su tenencia al BCRA, garantizando que el mecanismo permita adecuar la liquidez a las necesidades de la economía. 

Entre las limitaciones de las LEFI, se indica que las mismas “tendrán un plazo máximo de 1 año y solo podrá ser negociada entre las entidades financieras y el BCRA”.

Entre los aspectos técnicos, el Directorio dispuso que la LeFi se operará a su valor técnico y no computará para el límite de Financiamiento al Sector Público no Financiero. 

Con la migración de los pases pasivos del BCRA, el costo financiero de este excedente de pesos comenzará a ser asumido por el Tesoro Nacional. Para ello, el Ministerio de Economía efectuará un depósito en el BCRA con el objetivo de cubrir el costo financiero que incurra el BCRA en el manejo de la liquidez con la LeFi. Es decir, la deuda sigue siendo riesgo BCRA pero los intereses los paga el Tesoro, a través del superávit fiscal.

Por último desde el organismo regulador, se afirmó que esta instrumentación es un paso más en el saneamiento del balance del BCRA y refuerza el compromiso de seguir reduciendo las fuentes de emisión que afectan adversamente la programación monetaria.

Con información de NA.

IG

El Gobierno emitió este lunes el Decreto 459/2024 que dispone una ampliación significativa en la autorización para la emisión de Letras del Tesoro y la emisión de nuevos instrumentos de Deuda Pública.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y los ministros de su gabinete, amplía en 35 billones de pesos la autorización para emitir Letras del Tesoro reembolsables durante el Ejercicio 2024.

“Que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”, fundamenta el decreto.

Esta medida que responde a “una estrategia de reducción de la emisión monetaria”, permitirá al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera cumplir con las operaciones previstas en el programa financiero vigente.

En el decreto destacan “que, en el marco de una estrategia de reducción de emisión monetaria vía rotación de Pases a Letras del Tesoro, resulta necesario realizar una adecuación del monto determinado en la normativa citada en el considerando precedente”.

Además, se autoriza a dicho órgano a emitir instrumentos de Deuda Pública hasta alcanzar un importe máximo en circulación de 30 billones de pesos. Estos instrumentos servirán para afrontar las emisiones por renovación de vencimientos durante el final del Ejercicio 2024 y cuyo vencimiento supere el ejercicio fiscal corriente, con un plazo menor a 90 días.

La medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se informará a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación.

El decreto lleva las firmas del presidente y de Nicolás Posse; Guillermo Francos, Diana Mondino, Luis Petri, Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Antonio Russo y Sandra Pettovello.

Con información de NA.

IG

En un movimiento para buscar la estabilidad financiera del país, el gobierno de Javier Milei emitió este lunes el Decreto 56/2023, autorizando una expansión significativa en la capacidad de endeudamiento del país.

Este paso se enfoca en afrontar obligaciones financieras inmediatas y garantizar los pagos.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, permite al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera emitir instrumentos de deuda pública por hasta 2 billones de pesos argentinos.

Estos fondos estarán destinados a cubrir emisiones de deuda con vencimientos en 2024, con plazos de amortización inferiores a 90 días.

Además, el decreto incrementa en 1 billón de pesos el monto autorizado para operaciones de crédito público con un plazo mínimo de amortización de 90 días, según lo estipulado en la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023.

Otro aspecto relevante del decreto 56/2023 es el incremento de 4.000 millones de pesos en los montos autorizados para atender beneficios reconocidos por leyes específicas, incluyendo las Leyes N° 24.043, 24.411, 25.192, 26.690, 27.139 y 27.179.

Esto implica un compromiso por parte del gobierno para cumplir con obligaciones legales y sociales preexistentes, incluso en tiempos de restricciones fiscales.

Con información de agencias.

IG

En una entrevista al pasar con varios periodistas, el futuro ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, subrayó que el gobierno de Javier Milei recibe “la peor herencia de la historia” y que, por ende, van a “dejar la vida para que esto salga bien”.

El expresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y exsecretario y ministro de Finanzas de la gestión de Mauricio Macri, se refirió al estado de un conjunto de variables e indicadores macroeconómicos y sociales que se han ido deteriorando durante los últimos cuatro años de gestión de Alberto Fernández. ¿Cómo son esos números?

El gobierno del Frente de Todos, en términos generales, no ha cumplido con la principal expectativa de un gobierno peronista, tal cual los mismos peronistas la señalan: mejorar la calidad de vida de los sectores populares.

Una de las variables que más ha contribuido a la erosión de los ingresos generales fue la alta inflación. En este sentido, la aceleración en el incremento generalizado de los precios durante los últimos 4 años ha sido, quizás, el indicador más icónico del fracaso de la gestión económica.

Al mes de octubre de este año, la inflación interanual —medida contra octubre 2022— alcanzó el 142,7%, el mayor índice desde septiembre de 1991, es decir previo a la Convertibilidad. A su vez, durante los primeros diez meses del 2023, el acumulado es de 120% y el último informe sobre el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el BCRA —un promedio de las consultoras que releva el organismo— ubica la inflación interanual de diciembre 2023 en torno del 185%.

Si bien, los precios relevados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) responden a una canasta de bienes, cada grupo de productos y servicios tiene un impacto desigual en la calidad de vida de la población. Es decir, no es lo mismo que la alta inflación esté mayoritariamente compuesta por grandes incrementos en el precio de los servicios ligados a “Restaurantes y hoteles” que a alimentos y servicios básicos. En este sentido, la inflación relacionada al segmento “Alimentos y bebidas no alcohólicas” acumula en lo que va del año un incremento del 134%, o sea 14 puntos porcentuales más que la inflación general. Esto ha traído consecuencias directas en términos de pobreza e indigencia.

Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza alcanzó el 44,7% durante el tercer trimestre del año. Por su parte, la indigencia (es decir las personas cuyos ingresos no les alcanzan ni siquiera para comer) llegó al 9,6%. En números, esto significa que hay casi 20 millones de argentinos pobres.

Si bien las mediciones de la UCA no son oficiales, sí muestran un incremento en la pobreza e indigencia respecto al mismo trimestre del año pasado y también respecto del primer semestre del año. No solo esto sino que el mismo informe muestra que el 62,9% de los niños y adolescentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

En una de sus últimas apariciones públicas, el presidente Fernández admitió tener “un enorme pesar por no haber podido resolver el problema de la pobreza”.

Cómo anduvo la actividad económica

En términos de actividad económica, la Argentina se encuentra en un período de estancamiento tendencial desde 2013. Esto quiere decir que el Producto Bruto Interno (PBI), con sus marchas y contra marchas, no ha logrado continuar con el sendero de crecimiento que se inició en 2002, con la salida de la Convertibilidad.

Según el último dato oficial disponible, durante el segundo trimestre del 2023 el PBI ha retrocedido un 2,8% respecto del mismo trimestre del año anterior. Por otro lado, en el REM de octubre los analistas proyectaron un PBI real 2% inferior al promedio de 2022.

Si bien el estancado nivel de actividad, que, a su vez, convive con un régimen de inflación elevada —estanflación— deteriora la salud de la situación macroeconómica, la tasa de desocupación no parece ser una de las variables más afectadas.

Durante el segundo trimestre de 2023, el desempleo se situó en el 6,2% de la Población Económicamente Activa (PEA), el nivel más bajo desde 2015. Sin embargo, la baja desocupación no se traduce en un incremento en el poder adquisitivo de los ingresos generales. Tal es así que, según el último índice de salarios publicado por el INDEC, durante los primeros nueve meses del año, la evolución del conjunto de salarios se ubicó alrededor de 7 puntos porcentuales por debajo de la inflación general. Si bien en los casos del sector registrado privado y público la merma oscila en torno del 3%, diferente es el caso del sector privado no registrado: su deterioro supera el 25%.

El daño sostenido del poder adquisitivo de los ingresos hizo que el salario real se encuentre en los niveles más bajos desde 2006, según un informe publicado por el Observatorio Social de la CTA.

Por otro lado, el último dato oficial de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), refleja un salario promedio, durante octubre, de $420.706, lo cual se traduce en un monto de US$494 tomando como referencia el dólar MEP promedio del mes de octubre. En diciembre de 2015 el monto superaba los US$1.000 y en diciembre de 2019 había descendido a US$826.

En términos de variables macroeconómicas, una de las situaciones más comprometedoras para el gobierno entrante está relacionada con las reservas del BCRA.

Este miércoles 6 de diciembre, las reservas internacionales brutas alcanzaron los US$21.168 millones. Sin embargo, si a estos activos se les resta el pasivo, surge lo que en la jerga económica se conoce como reservas internacionales netas, que es el verdadero poder de fuego que tiene el BCRA a la hora de intervenir en el mercado cambiario, ya sea para hacer pagos de deuda o bien para vender moneda extranjera en caso de una corrida cambiaria.

En base a diversas estimaciones privadas se calcula que el monto de reservas netas se encuentra alrededor de los -US$12.000 millones. Esto significa, básicamente, que, en términos de moneda extranjera —y oro— los pasivos superan a los activos, con lo cual, en caso de liquidación del BCRA —o cierre— habría que rescatar esos pasivos.

En términos de Deuda Pública Bruta, a partir de 2011 se cortó con un proceso de descenso que había comenzado en 2004 y, a partir de 2015, la evolución de la deuda pública fue en marcado ascenso hasta alcanzar el 88,4% del PBI durante el segundo trimestre del 2023.

La composición por acreedor de dicha deuda es la siguiente: del total, el 42,2% está en manos de agencias del Sector Público, el 29% es deuda con privados y el 16,7% es con organismos multilaterales y bilaterales. En este sentido, la deuda en moneda extranjera representa el 64,7% del PBI, cuando en 2019 representaba el 77,8%.

En el caso puntual de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) —un desembolso de US$44.500 millones durante la gestión de Macri— habrá que esperar ya que Milei aseguró en público que el acuerdo con el FMI “está caído”.

Un detalle interesante es que, durante 2018, cuando Caputo asumió como presidente del BCRA, la discusión con el FMI se centraba en la utilización de las divisas obtenidas en el stand by (crédito) para intervenir en el mercado cambiario. En este sentido el FMI fue muy riguroso en su negativa. Por este motivo, Caputo, en 2018, presentó su renuncia al frente del BCRA y el FMI accedió a renegociar los adelantos restantes durante el mes de octubre.

Por otro lado, y según el último informe de política monetaria publicado por el BCRA, la deuda por importaciones de bienes alcanza los US$43.000 millones, representando el 42% de la deuda como porcentaje de las importaciones.

La comparación con 2001 y el “vamos hacia la peor crisis económica de la historia”

En reiteradas oportunidades, Milei aseguró con su énfasis característico que “vamos hacia la peor crisis de la historia económica argentina” y que su prioridad es “evitar la hiperinflación”.

Frente a esta circunstancia es inevitable preguntarse si el país se encamina hacia un nuevo 2001 o si la situación comprende diferencias significativas. En este sentido, es importante hacer un análisis comparativo de las principales variables económicas y sociales.

Si bien la Convertibilidad trajo numerosos beneficios en términos de estabilización de precios, también generó diversos problemas productivos y financieros, cuyas consecuencias aún siguen vigentes.

Entre 1999 y 2001, la Argentina entró en un período de deflación de alrededor del 1% habiendo estado en 0% desde 1996. Si bien la estabilidad de precios es condición necesaria para una economía sana, no parece ser condición suficiente. 

El disciplinamiento de la inflación durante la década del 90 —que desembocó en la crisis del 2001— estuvo marcado por la convertibilidad, el uno a uno, y la apertura comercial y financiera indiscriminada. En este sentido, la imposibilidad de devaluar la moneda elimina la posibilidad de hacer correcciones cambiarias con el objetivo de preservar la competitividad de las industrias locales. Si, además, esto está acompañado de una política aperturista en términos comerciales, el ingreso de productos importados a menor costo hace que esa menor competitividad se traduzca, efectivamente, en menos ventas, menos producción y menos empleo, con sus lógicas consecuencias en términos de pobreza y calidad de vida de la población.

La tasa de desempleo alcanzó el 18,1% durante octubre de 2001 para llegar a su máximo histórico, luego del estallido de la crisis, en octubre de 2002: el 23,6%, lo cual se tradujo entonces en 3,7 millones de personas sin empleo.

Al respecto, Mariana González investigadora de FLACSO-CONICET y CIFRA-CTA comentó que “si bien hoy tenemos una situación bastante crítica en materia social, no es comparable con la crisis 2001/2022”.

“Por un lado, la desocupación en aquel momento rondaba el 20%, es decir 1 de cada 5 personas que querían trabajar no conseguían trabajo. Eso es una diferencia muy importante respecto de la situación actual en la cual. Si bien hay un problema de poder adquisitivo y persiste la informalidad en el mercado de trabajo, no hay un problema generalizado en términos de empleo. Por otro lado, incluso las remuneraciones son superiores a las que estaban vigentes en la crisis final de la convertibilidad”, sostuvo González.

Estos niveles de desocupación fueron acompañados con un sustancial incremento en la pobreza e indigencia. Durante el segundo semestre del 2001, la pobreza alcanzaba al 45,6% de la población mientras que, un año después, ese número alcanzaba el 60,1%.

Consultado sobre la situación actual, en comparación a la crisis del 2001, Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA aseguró que “en 2001 y 2002 teníamos una situación de pobreza mayor y una economía que no estaba tan recalentada con el consumo, lo que permitió una devaluación del 300% y solamente se fue un 40% a precios”.

“Después se estabilizó y por muchos años tuvimos inflación estable. Hoy no está esa ventaja ya que hay una elevada elasticidad de precios respecto del tipo de cambio, lo cual desordena aún más los precios relativos y afecta mucho a la capacidad de compra”, completó Donza.

Sostuvo que, “por otro lado, el pasar del uno a uno $3,16 por dólar, generó, automáticamente, una barrera de protección a la industria nacional —que estaba completamente deprimida por las políticas comerciales aperturistas— y una reactivación muy importante porque tenían mucha capacidad ociosa” y que “toda esa desocupación comenzó a bajar a medida que comenzaba a reactivarse la industria”.

“Por último, hoy por hoy tenemos una sociedad más golpeada, con más cicatrices. Según nuestros datos, la pobreza nunca bajó del 27%. Nosotros estimamos que un 22% es un núcleo duro de pobres en la población, con lo cual, estamos hablando de una tercera generación de pobres, algo que en 2001 no pasaba, y por ende era una sociedad más resiliente”, concluyó el investigador.

En términos de deuda pública bruta, el incremento durante el estallido de 2002 fue exponencial ya que, con la devaluación de la moneda, la deuda total escaló al 166,7% del PBI después de haber declarado el default con los acreedores privados.

En la crisis del 2001 el rol del Estado era mínimo. En este sentido, no tenía capacidad de despliegue de diversos instrumentos para la protección de los sectores desfavorecidos a través de políticas de transferencias de ingresos. La cobertura social durante la crisis de inicio de milenio era nimia en comparación a los mecanismos que rigen en la actualidad.

Al día de hoy, a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH), programas de pensiones no contributivas para adultos mayores y discapacitados, programas como el Potenciar Trabajo, el Estado cumple un rol importante a la hora de mitigar los efectos de la gran crisis económica que el país está atravesando.

IC/JJD

La deuda pública bruta del estado Nacional trepó en septiembre a US$406.603 millones, un nuevo máximo histórico, según se desprende de datos que informó el Ministerio de Economía.

En septiembre el incremento fue de US$11.226 millones, a causa del crecimiento de la deuda en moneda extranjera por US$874 millones y de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de US$10.352 millones.

En los últimos 12 meses el stock de deuda bruta en situación de pago normal aumentó US$24.268 millones, debido al incremento de la deuda en moneda extranjera en US$13.954 millones y de US$10.314 en moneda local, precisó la Secretaría de Finanzas.

Los títulos públicos suman US$288.306, las Letras del Tesoro US$5.261, Préstamos US$83.690 y los adelantos de Transitorios del BCRA totalizan US$5.066.

El 34% de la deuda en situación de pago normal es pagadero en moneda local, mientras que el 66% restante, en moneda extranjera.

Con respecto al mes anterior, la deuda en situación de pago normal aumentó en el equivalente a US$11.226 millones, representando un aumento mensual del 2,86%.

La variación se explica por el crecimiento de la deuda en moneda extranjera en US$874 millones y el aumento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de US$10.352 millones.

Los números muestran que el “financiamiento neto” que se promociona en las colocaciones que la Secretaría de Finanzas celebra semana a se traduce en un nuevo aumento de la deuda pública.

Similar concepto cabe para los préstamos que la Argentina acumuló en los últimos meses de instituciones como el BID o el Banco Mundial.

Con información de agencias.

IG