El Tribunal Oral Federal número 2 absolvió este viernes a los militares Ceferino Luis Rivero y Guillermo Ariel Ferner, acusados de integrar un circuito de corrupción en la Armada que tuvo lugar al menos durante el primer trimestre de 2011. Los fiscales Diego Luciani y José Ipohorski Lenkiewicz habían solicitado tres años y seis meses de cárcel para los acusados. 

El juicio había dado un giro durante los alegatos de mediados de septiembre, cuando la fiscalía reveló unos 80 audios que nunca habían sido analizados, en los que quedó expuesta la maniobra orquestada en la compra de alimentos para la Escuela Naval Militar, como informó en septiembre elDiarioAR.

Aún así, los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu absolvieron a los dos imputados y darán a conocer los fundamentos de su decisión el próximo 21 de noviembre. En la fiscalía, adelantaron a este medio que recurrirán la sentencia ante la Cámara Federal de Casación confiados en que podrán revertir las absoluciones en base a la contundencia de la prueba presentada durante el juicio. 

Los acusados se mostraron sonrientes y emocionados al final de la audiencia virtual, ambos vistiendo sus uniformes militares. Estaban imputados como coautores del delito de administración infiel en perjuicio de la Administración pública calculado en más de $13.000.000.

Los audios describen cómo los militares habían realizado un acuerdo con los proveedores de alimentos que eran destinados a  los cadetes de la escuela. El pacto implicaba que los privados sólo entregaban entre el 20% y 25% de la comida contratada o incluso menos, pero se pagaban la totalidad de lo acordado. El 75% o 80% de los alimentos restantes volvían a manos de los proveedores y el dinero, de los militares. Les daban espinazo a los cadetes pero ingresaban al sistema que habían comprado roast beef, literal, según surgió de uno de los audios. “Se simulaban ingresos con remitos falsos”, explicó Luciani

En los audios, los militares hablan de “peajes”, “protección”, “evitar salir en los diarios”, “aparecer en una zanja”, “negocios” y apuntan hacia arriba, aunque la causa nunca avanzó más allá. “Hay que participar a todo el mundo” y “no hay que ser demasiado ambicioso en los negocios” porque “no hay una fortuna para repartir”, dice uno de los capitanes involucrados. “Si el jefe se va al tacho, no se va solo. Si yo me voy al tacho, no me voy solo”, se escucha al decapitán Rivero en uno de los audios.

Cadena de mando

Uno de los acusados admite en los audios que “recaudaba para la corona” y proponía en la conversación ser parte del negocio a su interlocutor, que grabó en secreto las charlas y las presentó luego ante la Justicia. “No entendemos por qué (esta investigación) no avanzó sobre mandos mayores”, había dicho el fiscal Luciani durante su alegato. En los audios también hablan de otros negocios en otras áreas de la Armada de entonces en los que habrían recaudado el equivalente a un millón de dólares.

Los fiscales solicitaron entonces al tribunal que ordene la investigación de otros involucrados nombrados, entre ellos los proveedores y otros jefes de la fuerza armada, además de otros hechos descriptos en los audios. Este viernes, el tribunal aceptó ese pedido y ordenó enviar la totalidad de la prueba al Ministerio Público Fiscal, pero no consideraron suficientes las pruebas para condenar a los acusados.

Los audios habían sido aportados por un oficial de la Armada que grabó las conversaciones con los involucrados y las presentó ante la Justicia. Sin embargo, Luciani detalló que nunca habían sido analizados en la instrucción de la causa, entonces a cargo del fiscal Patricio Evers y fueron desestimados por la propia Armada en una investigación interna. 

Denuncia

La causa se inició el 29 marzo de 2011 por una denuncia del capitán de navío y director de la Escuela Naval Militar, Juan José Iglesias, ante una serie de irregularidades en el suministro de alimentos para la institución.

En la denuncia, “Iglesias señaló la existencia de remitos de recepción de mercaderías -emitidos por Ferner y suscriptos por Rivero-, correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2011, de los que surgía que se habían recibido grandes cantidades de alimentos que excedían la cantidad de consumos habituales, y cuyo ingreso y almacenamiento en la institución no pudo verificarse”, informó la fiscalía.

Rivero era entonces responsable de la División Servicios y Pañoles de la Escuela Naval Militar, un lugar descripto en los audios por el capitán Rivero como “un lugar donde podemos hacer unos pesitos”. Ferner oficiaba como jefe de la División Sistema de Aprovisionamiento Único (S.A.U.).

No entendemos por qué (esta investigación) no avanzó sobre mandos mayores.

Fiscal Diego Luciani.

Rivero también sostiene en uno de los audios que si él cae, se “lleva puesto al jefe de Departamento. El jefe de Departamento se lleva puesto al director y algún lado se corta la cadena”. “Yo pago por estar acá”, afirmó Rivero en un audio.

El acusado aseguró en un audio cuáles serían las consecuencias si las ganancias espurias no se repartían: “Me ponen un voleo en el orto”, afirmó. “Cuando me lleven puesto a mí, yo lamentablemente me llevó puesto a la DIAB -por la Dirección de Abastecimiento Naval- y alguno termina en una zanja”, dijo el capitán de Corbeta después de pedir “protección” al suboficial que lo estaba grabando en secreto y que cumplía parte de las tareas en la recepción de los alimentos. El suboficial denunció la amenazas pero éstas fueron desestimadas por la Armada y la Justicia de instrucción, sostuvo Luciani.

La DIAB tenía a su cargo la confección del menú para toda la Armada y elaboraba los pedidos de víveres para que se labraran los pliegos para las licitaciones, sostuvo la fiscalía ante el tribunal. Luego, la División S.A.U. podía recibir la mercadería en los depósitos de la Armada o directamente en los destinos asignados.

ED/MG