En el norte de la Patagonia, hay una ciudad llamada General Fernández Oro. Se ubica exactamente al oeste del departamento de General Roca, provincia de Río Negro, donde reina la fruticultura del Alto Valle, campos de manzanas, peras, duraznos y ciruelas. Allí, donde en 2017 el pueblo se rebeló contra el fracking, sobre la calle Mitre 1500, una construcción rompe el esquema de General Fernández Oro. Rodeada de casas humildes, calles de tierra y algunas chacras, hay un amplio terreno con tanques de almacenamiento, camiones y un gran depósito. Es la sede de una empresa, Quinpe SRL, dedicada a vender químicos a petroleras como YPF y Petrobras. 

Detrás de Quinpe SRL hay una funcionaria pública: la ingeniera Dina Lina Migani (72), actual secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, responsable de controlar a empresas petroleras y su impacto en el medioambiente. 

La compañía fue fundada por Migani en 2000 y gerenciada por ella y su esposo, Félix Eduardo Aun, geólogo. Actualmente la empresa está, en parte, a nombre de sus tres hijos —María Antonina, Silvio y Félix Eduardo (h)—. Sin embargo, la mayor parte de las acciones fueron vendidas en 2019 al grupo Macri, según estableció elDiarioAR en esta investigación conjunta con Climate Tracker.

Quinpe SRL comercializa químicos que las petroleras utilizan para la extracción de petróleo convencional y no convencional, es decir, para el fracking en Vaca Muerta, el mayor yacimiento de hidrocarburos no convencionales del país y uno de los más importantes del mundo. Esta es una apuesta de Argentina cuestionada por ambientalistas, ya que va en detrimento de los compromisos asumidos por Argentina para mitigar la crisis climática.

La empresa creada por Migani y su rol como funcionaria no podrían estar en veredas más opuestas. Además, mientras la compañía ocupa un rol en la industria fósil, la autoridad debería encargarse de impulsar la transición energética justa, una iniciativa que va en detrimento del negocio de su familia. No obstante, la funcionaria logró durante la última década sostenerse en el cargo de secretaria de Ambiente y Cambio Climático mientras su familia hace negocios con las petroleras a las que la funcionaria debe fiscalizar y controlar, además de analizar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que estas empresas presentan cada vez que pretenden intervenir con obras y proyectos hidrocarburíferos en la región.

elDiarioAR y Climate Tracker se comunicaron durante semanas con voceros de Migani para obtener su versión, pero no obtuvieron respuesta. Tampoco fue posible comunicarse con la sede de Quinpe, ya que el único número de contacto se encuentra fuera de servicio. Los documentos analizados en este reportaje surgen del Boletín Oficial de la Nación y de Río Negro y de los balances presentados por una de las compañías del grupo Macri ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

Socios con poder

En abril de 2019, Migani llevaba más de cuatro años como secretaria de Ambiente y Cambio Climático. Había asumido en septiembre de 2014, durante el segundo mandato de Alberto Weretilneck como gobernador de la provincia, quien es su padrino político, de acuerdo con personas que la conocen. 

Ese mes, su familia se asoció a los Macri. Entonces, además de presidente, Mauricio Macri era aliado de Weretilneck. Los tres hijos de Migani vendieron el 90% de las acciones de Quinpe SRL a dos compañías: Virtual Gasnet International SAU y Sideco Americana. Ambas pertenecen a la familia del expresidente y son gerenciadas por Leonardo Maffioli, el hombre de extrema confianza de Macri. 

Los flamantes socios informaron que las empresas de los Macri pagaron US$1.000.000 a la familia Migani por las acciones de Quinpe SRL, según una publicación de la compañía en el boletín oficial de Río Negro del 3 de octubre de 2019, seis meses después de la transacción. 

Quinpe es una empresa próspera. Sólo en ese año, tuvo ingresos por ventas por casi $331 millones, equivalente a más de US$5,5 millones al valor del cambio oficial de diciembre de ese año. Así se lee en el balance presentado por el grupo Macri en 2020 ante la IGJ. Este balance es el más reciente presentado ante el organismo.

elDiarioAR y Climate Tracker se comunicaron con el grupo Macri para conocer su posición sobre el posible conflicto de interés de sus socios. Desde Socma (Sociedades Macri) respondieron que adquirieron las acciones de la compañía en el marco del interés del grupo en el sector energético, en el que vienen expandiendo su participación en los últimos años.

Entre los clientes de Quinpe SRL no sólo se encuentran YPF y Petrobras. La lista continúa con las empresas Skanska, TGS, General Electric, Halliburton Argentina, Weatherford Argentina, Schlumberger Argentina, Exterran, Nalco, Contrera Hermanos, Baker Hughes Argentina y Medanito, entre otras, según el sitio web de Quinpe SRL. 

Empresa tabú

En 2000, Migani fue socia fundadora, accionista del 80% de la empresa y gerenta. Fue también encargada del “sistema de gestión integral de la Calidad, Seguridad y Ambiente de la empresa”, desde su creación hasta 2013, dice la funcionaria en el único currículum vitae público disponible en la web, en el que no consignó que fundó y dirigió la compañía química. Este medio intentó acceder a las declaraciones juradas de la funcionaria, pero en Río Negro estos documentos son confidenciales. 

En 2004 Migani cedió sus acciones y éstas quedaron a nombre de sus tres hijos, quienes entonces tenían poco más de 20 años. En otro documento de 2016 su esposo ocupaba la gerencia de la compañía mientras Migani ejercía como funcionaria. 

Félix Eduardo Aun también fue accionista de la empresa Química del Valle SRL. En otras dos compañías, Patagonia Infinita SRL y Procesos Patagónicos SRL, figuraba como accionista junto a Migani entre 2004 y 2009. Las tres se dedicaban al negocio químico.

A Migani no le gusta hablar de Quinpe. “Somos una empresa que venimos de abajo y hemos generado trabajo en (la ciudad General) Fernández Oro”, dijo la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro en agosto de 2019 al periodista Maximiliano Goldschmidt, en una entrevista para la revista Cítrica. 

En aquel encuentro, Migani estaba enojada. Ser interrogada sobre sus conflictos de intereses no estaba en sus planes cuando aceptó la entrevista. Ante la pregunta sobre Quinpe, el clima ameno se calentó rápidamente como un incendio en un pozo petrolero. 

“¡Hagan periodismo de investigación! ¡Son unos chantas! ¡Me engañaron, váyanse de mi casa!”, respondió ante la primera mención a la empresa.

Migani se encontraba en su living, rodeada de paredes rojas y blancas, junto a su esposo. Pese a que el enojo no se le pasó, decidió retomar la entrevista segundos después de echar al equipo de Cítrica: “Yo te voy a contestar, ¿qué querés saber de Quinpe?”, los desafió. 

“Yo no tengo hoy nada que ver con Quinpe, y si tienen algo que pedirme, denuncien y averigüen. Yo no tengo nada que ver. Yo soy una funcionaria que trabajo haciendo cumplir la ley. Mis hijos son los dueños de Quinpe, que tienen una venta de productos químicos y está controlada por la Secretaría de Ambiente como cualquier otra empresa. Y no quiero hablar de Quinpe”, respondió Migani.

En 2014, cuando se supo que Weretilneck la nombraría secretaria de Ambiente, la exsenadora Magdalena Odarda y la legisladora y ex defensora del Pueblo Ana Piccinini denunciaron a Migani por la incompatibilidad de su designación. 

“¿Cuál es la incompatibilidad de funciones?”, cuestionó Migani durante la entrevista con Cítrica. “Sería incompatibilidad si la empresa le vendiera a la provincia productos químicos. Pero Quinpe no trabaja con la provincia. Y la Secretaría de Ambiente controla a Quinpe como a cualquier otra empresa. Es más, yo no la controlo, no soy la encargada de eso”.

La Ley de Ética Pública de Río Negro establece que los funcionarios no pueden “recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones o franquicias” del “Estado provincial o municipios”. 

Quinpe tiene entre sus clientes a cinco municipios de la vecina provincia de Neuquén, donde está Vaca Muerta. 

La normativa determina también que los funcionarios de la provincia tampoco pueden “mantener vinculaciones que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por el organismo en que se encuentre prestando servicio”, un punto de la ley que pone en duda la legalidad de Migani en el cargo cuando la empresa de su familia mantiene como clientes a petroleras como YPF. 

Actualmente, la empresa se encuentra tramitando la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) del oleoducto Vaca Muerta Sur y su terminal portuaria en Punta Colorada, en el golfo San Matías.

Una mujer polémica

La relación de Migani con la industria petrolera es conocida en la provincia y su influencia —explican quienes la conocen— proviene de dos pilares fuertemente arraigados en Río Negro: el respaldo de la industria petrolera y el apoyo de su padrino político, el exgobernador y gobernador electo, Weretilneck. Este último la nombró secretaria de Ambiente en 2014 y aseguró su permanencia en el cargo durante el gobierno de Arabela Carreras (2019-2023). elDiarioAR se comunicó con voceros del rionegrino para conocer su versión de los hechos, pero no obtuvo respuesta hasta el momento.

“Una de las principales características que tiene la gestión de Migani es ocultar la información pública ambiental y no permitir su acceso”, explicó Martín Álvarez, investigador del Observatorio Petrolero Sur y quien dedicó parte de su trabajo de los últimos años a exponer el accionar de la funcionaria y las petroleras. Uno de los casos que expuso fue la falta de control de Migani sobre los impactos de la empresa de arenas de fracking NRG en la localidad de Allen, epicentro del fracking en la provincia, donde mujeres de distintos barrios se organizaron ante la invasión de camiones de arenas de sílice, un cancerígeno.

El investigador también cuestionó que la Secretaria desconozca cómo funciona el sistema de sanción a las empresas por incumplimientos ambientales. “Cuando le consultamos respondió que no tenía idea, que su tarea se limitaba a imponer multas y que no era su responsabilidad comprobar si se pagaban. Esa definición deja a las claras que el organismo de aplicación en realidad no tiene como motor el cuidado del ambiente sino que tiene como interés de fondo el cuidado de la actividad petrolera”, aseguró Álvarez. 

Además, afirmó que hay denuncias sobre Quinpe por lavado inadecuado de equipos que trasladaban químicos y que eran echados al sistema de riego central, que abastece de agua a todo el Alto Valle para su producción de fruticultura. “Los trabajadores mostraron videos que tomaron de esos hechos”, recordó. 

Bajo control

El jueves 3 de agosto de 2023, Migani se encontraba reunida con personal de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, incluyendo personas de su confianza, equipos técnicos y funcionarios del gobierno provincial. Algunos de los participantes de la reunión se conectaron vía zoom. Había casi una veintena de personas en total escuchando a la funcionaria hablar sobre los preparativos de la audiencia pública que se celebraría el 17 de agosto en la localidad de Sierra Grande.

El objetivo de la audiencia pública debería ser el que plantea la ley: exponer los resultados de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) de la obra en cuestión, permitir a los ciudadanos informarse y exponer sus posiciones sobre un determinado proyecto que puede afectar el medioambiente en el que viven. En este caso, el proyecto es el oleoducto Vaca Muerta Sur para la exportación de petróleo, actualmente, la mayor apuesta de YPF, ya que le permitirá exportar este combustible fósil al mundo a partir de 2026.  

Sin embargo, Migani tenía otro objetivo, según pudo reconstruir elDiarioAR de testigos directos, quienes prefirieron mantener sus nombres en reserva. Aseguró que ella misma se encargó de ocupar los espacios destinados al público de la audiencia pública únicamente con personas que defienden a YPF. La funcionaria dijo en la reunión que no dejaría entrar periodistas que no sean afines al proyecto hidrocarburífero y precisó que la audiencia pública era una pantomima. Ya estaba todo aprobado para que la petrolera pudiera construir el oleoducto de unos 600 kilómetros y su terminal portuaria en el Golfo San Matías, afirmó. 

El oleoducto de YPF

En el golfo San Matías, rodeado por cuatro áreas naturales protegidas —entre ellas Península Valdés, en Chubut— y ubicado en la costa atlántica de Río Negro, el transporte de petróleo y gas estaba prohibido por ley hasta septiembre de 2022. Ese mes YPF logró que barrieran con una ley ambiental en la provincia e impusieran otra normativa hecha a medida de su proyecto de exportación de crudo, como revelaron elDiarioAR y Climate Tracker en octubre último. Ese crudo proviene de Vaca Muerta. 

Algunos interlocutores de Migani trataron de hacerla entrar en razón: más allá de la decisión de la funcionaria, la audiencia pública debía cumplir con algunos requisitos legales. Pero Migani fue enfática: aseguró que en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático se hace lo que ella dice que se haga, según recuerdan testigos de la reunión.

Finalmente, sólo una de sus premisas no se cumplió: si bien no se acreditó a la prensa, sí se habilitó su ingreso. Pero la audiencia fue tal como Migani la describió: la mayoría de los ambientalistas que fueron para manifestarse en contra del oleoducto se quedaron afuera. Sólo se escucharon voces a favor y la funcionaria hizo expulsar a una asambleísta. 

Negocios entre Quinpe y YPF

Hace más de un año, la funcionaria interviene en los trámites de aprobación del oleoducto Vaca Muerta Sur. Al mismo tiempo, la empresa de la familia de Migani le vende químicos a YPF para sus explotaciones hidrocarburíferas, según el sitio web de Quinpe SRL.

La empresa de Migani y su familia, en la que ahora participa también el grupo Macri, vende a las petroleras distintos tipos de ácidos y sales, monoetilenglicol y trietilenglicol. Estos dos últimos se utilizan para fracturar la roca en yacimientos como Vaca Muerta, explicó el geógrafo Javier Grosso, del Observatorio de Sismicidad Inducida.

La funcionaria aún debe informar su decisión oficialmente: si aprueba o no los tres Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) realizados por tres consultoras contratadas por la petrolera, para que ésta pueda comenzar con las obras del oleoducto. Los tres informes afirman que no habrá mayores impactos ambientales para el Golfo San Matías, en contraposición a las afirmaciones de ambientalistas y conservacionistas que trabajan en el área. El mandato de Migani vence este 10 de diciembre y su padrino político, elegido en las elecciones pasadas, deberá decidir si la confirma en el cargo, nuevamente.

“Celebro que las audiencias públicas no sean vinculantes porque en las que me ha tocado participar la mayoría de las personas son las que se anotan para exponer y para expresarse generalmente en contra del proyecto”, dijo Migani al cerrar la audiencia por el oleoducto de YPF. “Todos los ciudadanos rionegrinos, los vecinos de Sierra Grande se han expresado a favor del proyecto”, dijo. “Si las audiencias públicas fueran vinculantes, yo diría ‘está aprobado el Estudio de Impacto Ambiental’”, afirmó Migani al concluir el evento.

Nota: se corrigieron errores de tipeo el 26 de febrero de 2024.

ED/DTC

Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina.