En un viaje del presidente de EE.UU. en el Air Force One, una periodista le pregunta sobre la designación de Antifa como organización terrorista. “¿De qué medio sos?”, inquiere él. NPR (National Public Radio), dice ella, tras lo cual Trump pregunta burlón a su secretaria de prensa: “¿Todavía están aquí?”. La periodista insiste en su pregunta sobre Antifa. Él sonríe: “¿Tienen algo que ver con tu medio?”. 

El desprecio de Trump por el periodismo forma parte de su marca personal, pero no es una característica singular. La extrema derecha encuentra en los medios de comunicación en general –y los públicos en particular– un enemigo al que combatir con todas las estrategias posibles: desde el ataque y la descalificación verbal hasta los castigos económicos, de la censura ejercida a través de leyes y órganos de control a la apropiación de esos medios públicos para convertirlos en simples canales de difusión de su discurso.

“Por su apego a la tradición, a principios religiosos, al statu quo, los partidos de derechas se han colocado contra los ámbitos capaces de instalar la duda, el cuestionamiento y la crítica”, explica Micaela Cuesta, coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina). Entre estos enemigos históricos –la intelectualidad, la ciencia, el arte– emerge la figura de los comunicadores, “la referencia más visible en la tarea de objetar injusticias, ofrecer alternativas y habilitar otros puntos de vista”, señala Cuesta.

No es casualidad que figuras como Javier Milei, Viktor Orbán, Giorgia Meloni, Marine Le Pen o el propio Santiago Abascal en España pongan a la prensa constantemente en la diana: “Atacarla supone, por un lado, deslegitimar a uno de los agentes clave en la democratización de los saberes y, por otro, disciplinar a todo aquel que ose disputar sentidos que pongan en riesgo sus valores”, resume la experta.

¿Y por qué poner el foco en los medios públicos? “Porque es una forma de sembrar la desorientación, la falta de referencias, el descreimiento en el valor epistémico de la opinión pública”, dice Cuesta. Y de reconocer la información como un derecho. “La ultraderecha, aliada hoy de un ecosistema tecnológico hipermediatizado, ofrece argumentos simples, chivos expiatorios, narrativas conspiranoicas…”, todo lo contrario de lo que representan los medios de comunicación entendidos como un servicio público. 

Si los ataques a la prensa vienen de lejos, lo que cambió es la ferocidad de la agresión, que desoye las limitaciones y equilibrios del juego democrático. Además, las nuevas derechas radicales no solo operan –muy eficientemente– a nivel local, sino que tienen una proyección globalista, como muestra el reciente caso de la BBC, que sufrió la dimisión de sus dos líderes editoriales después de las críticas de la Casa Blanca a una información relacionada con el asalto al Capitolio y el papel de Donald Trump ese día. 

Reino Unido: ataque a un referente periodístico

El de la BBC es un caso único por su alcance internacional y sus detalladas reglas sobre autonomía e imparcialidad: es el medio en que más confía el público en el Reino Unido y en Estados Unidos.  

Su papel en la vida pública es tal que hasta las voces de la extrema derecha dependen de la radiotelevisión pública. Nigel Farage, el líder del partido de extrema derecha Reform, es uno de los políticos más entrevistados pese a su mínima representación parlamentaria, e incluso era tertuliano habitual de la cadena. Ahora Farage apoya los ataques de Trump y hace campaña contra el canon que pagan los televidentes a la BBC para su financiación. 

El Partido Conservador no se atrevió a una propuesta tan explícita, pero empujó las críticas en la Cámara de los Comunes y dentro de la propia corporación pública por lo que llama sesgos de izquierdas en la cobertura de la guerra de Gaza, los derechos trans, la historia del colonialismo o las elecciones de Estados Unidos. 

Trump frente a los “monstruos”

Son “monstruos”, son la “izquierda radical” que “tanto daño hizo” a Estados Unidos. Así hablaba el presidente de EE.UU., Donald Trump, de la televisión y la radio públicas, PBS y NPR, al poco de regresar a la Casa Blanca. Y no solo eso. Además de los insultos, Trump llegó con un recorte de 1.100 millones de dólares que dejó a ambas empresas en mínimos y amenazando la existencia de 330 emisoras asociadas locales de PBS y 246 de NPR. 

Además, Trump ordenó grandes recortes a Voice of America, la veterana emisora de radio, símbolo de la Segunda Guerra Mundial que se mantuvo durante la Guerra Fría para trasladar los mensajes de EEUU. En marzo, firmó un decreto que instaba a la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales a reducir sus “funciones legales y el personal asociado al mínimo indispensable por ley”. Un día después, Voice of America dejó de emitir por primera vez en 83 años y suspendió temporalmente a casi todos sus empleados a tiempo completo.

Milei, privatizaciones y las 'fuerzas del cielo'

La motosierra de Javier Milei se activó contra la prensa pública ni bien llegó a la Casa Rosada. El primer mensaje fue contundente: cerrar la agencia pública de noticias argentina, Télam, fundada en 1945 y la más importante de América latina. Más de 300 despidos y un mantra: “La gente no odia lo suficiente a los periodistas”. Los comunicadores se convirtieron en una fijación para el presidente. “Milei tiene una especie de ejército en el mundo digital a las órdenes de Santiago Caputo (una de las personas con más influencia en el mandatario). Hay una parte más orgánica dentro de la Casa de Gobierno, pero lo más fuerte es la parte inorgánica, lo que ellos llaman 'las fuerzas del cielo', que son diferentes tuiteros, el streaming Carajo y también el señalado como 'documentalista' de Milei, Santiago Oría, que se dedican a escrachar a ciertos periodistas”, explica María O'Donnell, conductora de uno de los programas de radio más escuchados y blanco frecuente de estas campañas de desprestigio, muchas veces alimentadas con vídeos falsos creados con IA.

En cuanto a la televisión y la radio públicas, su destino desde el principio fue la privatización, dificultada hasta ahora por la falta de mayorías de La Libertad Avanza en el Congreso, pero que puede tomar un nuevo impulso a partir de la victoria en las pasadas legislativas. Los trabajadores de estos entes públicos se quejan del congelamiento de sus salarios y de censura. A cambio, nutre con la publicidad oficial que tanto denostó en campaña a medios ultras como La Derecha Diario, del español Javier Negre. En septiembre el presidente se indignó con su entonces portavoz y hoy jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por permitir que se emitiera un programa sobre el derecho al aborto en el canal público. Adorni compaginaba su puesto con un programa de Youtube en el que se encargaba de desmentir supuestas fake news de la oposición.

Italia y su ‘Telemeloni’

Desde que la ultraderechista Giorgia Meloni asumió el poder en 2022, asociaciones periodísticas denuncian la creciente intromisión de su ejecutivo sobre la RAI, en una pugna para obtener mayor influencia ideológica sobre la radiotelevisión pública. ‘Telemeloni’ es el término que hoy usan muchos críticos para referirse a la cadena. 

Este año Italia bajó tres puestos en el informe sobre libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, y la injerencia política sobre los medios públicos es una de las causas.

Periodistas de RAI hicieron un día de huelga tras cancelarse la retransmisión de un monólogo antifascista del escritor Antonio Scurati

El principal sindicato de periodistas del canal, Usigrai, acusó al Ejecutivo de usar la cadena como “megáfono” o correa de transmisión de las posturas del Gobierno. Y también de acallar voces críticas o incluso censurar contenidos por cuestiones ideológicas. En 2024, gran parte de periodistas de RAI hicieron un día de huelga tras cancelarse la retransmisión de un monólogo antifascista del escritor Antonio Scurati para el día de conmemoración de la liberación del fascismo. 

El mes pasado estalló una bomba en el coche del periodista de investigación Sigfrido Ranucci. El director del programa Report, de la RAI, llevaba tiempo denunciando intentos de deslegitimación con duras críticas públicas, querellas judiciales o la reducción de tiempo de emisión de uno de los pocos espacios que indaga sobre corrupción, mafia o escándalos que implican al poder político.

Francia: la tele pública en la diana

En Francia, una información publicada por un medio de extrema derecha llamado L’Incorrect sirvió de disparador para una nueva campaña del entramado mediático del millonario Vincent Bolloré contra la radio y la televisión pública, a las que tacha de “ideologizadas” y “woke”.

En concreto, se trataba de un video en el que se veía a los periodistas de opinión Thomas Legrand y Patrick Cohen, colaboradores habituales en France TV y en la matinal de la radio France Inter, en un restaurante comiendo con dirigentes del Partido Socialista. El periódico JDD, la radio Europe 1 y, sobre todo, la cadena de televisión CNEWS llenaron horas de antena y publicaron decenas de artículos. El presentador estrella de CNEWS, Pascal Praud, reivindicó las críticas como parte de una “batalla cultural”.

Marine Le Pen y su partido aprovecharon para reiterar su propuesta de desmantelar el ente público: “Su privatización permitiría a los franceses ahorrar 4.000 millones de euros al año”, lanzó la líder de Agrupación Nacional.

Su principal aliado en la Asamblea, Éric Ciotti, impulsó una comisión de investigación parlamentaria “sobre la neutralidad, el funcionamiento y la financiación del sector audiovisual público”, que comenzará en los próximos días.

Alemania: Alice contra el cánon

Los medios públicos también fueron uno de los blancos de la ultraderechista Alternativa para Alemania, a la que los sondeos de intención de voto sitúan ahora como primera fuerza. Algunos de sus dirigentes utilizan el término Staatsfunk (radiodifusión estatal) para sugerir que son órganos de propaganda del gobierno y los partidos tradicionales.

La líder ultra Alice Weidel acusó a las televisiones ARD y ZDF de sesgo contra su partido. “Son campañas mediáticas con dinero de los contribuyentes alemanes contra AfD”, afirmó tras los malos resultados en las elecciones en Brandeburgo, el año pasado. Lo dijo, irónicamente, en una entrevista con ARD. 

Pero los ataques no se ciñen al plano discursivo. Una de las propuestas centrales del partido ultra es la eliminación del canon (que se conoce como Rundfunkbeitrag) que debe pagar cada vivienda para financiar el servicio público de radiotelevisión –actualmente de 18,36 euros al mes–. “Este aparato, estrechamente vinculado a los partidos establecidos en términos estructurales, personales y financieros, utiliza este poder de forma selectiva para influir en la opinión pública, llegando incluso a la manipulación (...) Debe reformarse profundamente, racionalizarse y desideologizarse”, reza el programa.

Polonia: la herencia ultra que no se borra

Los medios públicos se convirtieron en uno de los primeros objetivos del partido polaco Ley y Justicia (PiS) nada más llegar al poder. En 2016 se aprobó una ley que otorgó al Gobierno el control sobre la radio y la televisión públicas, y se creó el Consejo Nacional de Medios (RMN), que se sumó al ya existente organismo regulador de los medios (Consejo Nacional de Radiodifusión, KRRiT), que a su vez se llenó de fieles al partido ultraconservador. 

La televisión pública TVP tradicionalmente se había inclinado hacia el partido en el poder, pero el PiS fue mucho más allá. Los informativos actuaron como altavoces del Gobierno, en ocasiones de manera descarada. Años después, un presentador llegó a disculparse con las personas LGTBI por el papel “vergonzoso” del canal en la difusión de “palabras de odio” contra el colectivo. 

La huella del control ultra era tal que en 2023 el primer ministro liberal Donald Tusk puso en marcha una –también criticada– “limpieza”. Y acaba de presentar un proyecto de ley para “garantizar la despolitización de los medios públicos”. Pero la realidad es que, dos años después del cambio de Gobierno, el KRRiT continúa alineado con el ultraderechista PiS. 

Hungría: compra medios y controlarás la información

Los 15 años en el poder del primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán transformaron el panorama mediático húngaro: según Reporteros Sin Fronteras, gracias a maniobras políticas y económicas, y a la compra por parte de oligarcas con vínculos con el partido gobernante Fidesz, este controla el 80% de los medios. Así puede “moldear el discurso” y ejercer “presión sobre los medios no alineados con el Gobierno”, dice en su último informe el Instituto Reuters. 

Poco después de que Fidesz llegara al poder en 2010, aprobó una legislación que recayó en un nuevo organismo de control: el Consejo de Medios, nombrado por un Parlamento de mayoría ultra. Se fusionaron todos los medios públicos en una sola corporación, con numerosos despidos –incluidas purgas de periodistas críticos–. 

El resultado es una auténtica maquinaria propagandística gubernamental. Por ejemplo, antes de la victoria del Fidesz en las elecciones de 2018, periodistas de MTVA contaron cómo la cadena se centró en noticias negativas e incluso mentiras sobre refugiados e inmigrantes, vinculándolos con la delincuencia y el terrorismo, en línea con la retórica xenófoba del Gobierno. 

El gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, aprobó un paquete de recortes que retira más de US$1.000 millones en financiación federal a la Radio Pública Nacional (NPR) y el Servicio Público de Radiodifusión (PBS), las principales cadenas estatales de noticias y programación educativa de ese país. La medida afectará directamente a más de 1.500 radios y televisoras locales, muchas de ellas en zonas rurales, pequeñas localidades y comunidades indígenas, que podrían verse forzadas a cerrar o reducir drásticamente sus operaciones. Todo parecido con la Argentina de La Libertad Avanza no es pura coincidencia: es ideología.

Según Patricia Harrison, presidenta de la CPB (Corporación de Radiodifusión Pública), el recorte será “devastador” para el acceso a información confiable y a recursos educativos, especialmente en lugares donde los medios públicos son la única fuente local de noticias y servicios de emergencia.

El impacto no será solo financiero: más de 100 emisoras pequeñas podrían dejar de emitir, según un análisis de Public Media Company. Además, millones de familias perderán el acceso gratuito a contenidos educativos, culturales y de servicio público, que incluyen desde documentales hasta alertas climáticas o programas infantiles como Sesame Street.

La decisión se enmarca en una ofensiva más amplia del trumpismo contra instituciones culturales, científicas y universitarias. Además del desfinanciamiento a NPR y PBS, Trump ordenó el desmantelamiento de la Voz de América, una histórica emisora de propaganda exterior, y busca cerrar otras agencias como el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas o el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson.

El argumento de fondo es ideológico: para el trumpismo, los medios públicos son herramientas de la izquierda “radical” y deben ser reemplazados por productos comunicacionales que respondan a las reglas del mercado.

Una lógica similar atraviesa la política comunicacional del presidente de nuestro país, Javier Milei, quien en marzo de 2024 anunció el cierre de la agencia de noticias Télam, creada en 1945, con 760 empleados y una red de 27 corresponsalías en todo el país. El argumento fue calcado: Télam sería un “aparato de propaganda kirchnerista” y, por tanto, no debía seguir financiándose con fondos públicos.

En la madrugada posterior al anuncio, la sede fue vallada por la policía y los trabajadores recibieron un mail de “dispensa laboral”. Desde entonces, la página web dejó de funcionar, el archivo fue desactivado y el portal permanece con un cartel que dice “en reconstrucción”.

Desde que Milei asumió la presidencia, los medios públicos argentinos atraviesan un proceso de vaciamiento y reestructuración profunda. Aunque Télam fue directamente cerrada, la Televisión Pública y Radio Nacional no corrieron mejor suerte, aunque sus páginas web y redes sociales fueron silenciadas en mayo de 2024 bajo el pretexto de una “reorganización”, y los contenidos informativos críticos se redujeron drásticamente. Además, el Gobierno convirtió a RTA en una sociedad anónima y mantiene bajo control directo todos los medios estatales, con despidos, retiros voluntarios y amenazas de cierre.

El Ejecutivo impulsa una reconversión ideológica de estos espacios, utilizando la TV Pública, por ejemplo, para emitir contenidos de corte libertario como los dibujos animados Tuttle Twins, que promueven ideas anarcocapitalistas y cuestionan la universidad pública, los subsidios y los impuestos. Esta reorientación se enmarca en la autodenominada “guerra cultural” del oficialismo. Diversas organizaciones de periodistas y derechos humanos han denunciado una estrategia de censura encubierta, que busca disciplinar el discurso público y eliminar voces disidentes en los medios del Estado.

“No hay ninguna crítica al Gobierno, todo está censurado”, denunció Lorena Tapia Garzón, delegada de la Televisión Pública en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). La trabajadora advirtió que el ataque de Milei a los medios estatales no es solo económico, sino también ideológico y represivo: “Nos están censurando. Hoy no hay espacio para la crítica al Gobierno en la Televisión Pública. Y lo mismo ocurrió con la agencia Télam, que fue silenciada”. Tapia Garzón también relató las protestas recientes en Radio Nacional, donde los sueldos están por debajo de la canasta de indigencia, y denunció que el vaciamiento de las 49 emisoras nacionales responde a un objetivo político: impedir que se cuente lo que ocurre fuera de Buenos Aires.

Desde otro frente sindical, Natalia González, secretaria general de Aatrac Telecom-B, sostuvo que los trabajadores del Correo Argentino y de Radio Nacional viven un presente “triste y angustiante”, tras décadas dedicadas al servicio público. “Nos tratan como si fuéramos descartables. En el Correo ya despidieron a más de seis mil personas y cerraron sucursales en provincias y pueblos pequeños, dejando comunidades enteras sin acceso a un servicio esencial”, señaló. Para González, el ataque a las empresas públicas también busca quebrar la conexión entre los ciudadanos y el territorio, debilitando la soberanía nacional: “Cuando llega algo, llega por el correo. Cuando se escucha algo, es por la radio. Y eso lo están destruyendo”.

Denuncian adoctrinamiento pero divulgan su propia doctrina con dinero de los impuestos

La transformación de Paka Paka, el canal infantil estatal, es un síntoma de esta nueva etapa: el Gobierno eliminó programas como Zamba, que promovían una mirada progresista de la historia nacional (aunque sí con sesgo partidario kirchnerista), y los reemplazó por Tuttle Twins, una serie estadounidense cuyos protagonistas aprenden de Adam Smith, Hayek y Milton Friedman que “los impuestos son robo” y “el Estado es el problema”.

Mientras tanto, los trabajadores de los medios públicos protestan por los recortes y denuncian la desaparición de coberturas clave, como la información desde zonas alejadas del país o la provisión gratuita de alertas de emergencia. Algo similar ocurre en Estados Unidos, donde las estaciones comunitarias podrían quedar en silencio si no logran autofinanciarse.

Pese a los matices entre ambos países, el patrón se repite: gobiernos conservadores que identifican a los medios públicos como enemigos ideológicos, los estigmatizan como propagandísticos y los vacían de contenido, personal y financiamiento. En su lugar, imponen una lógica de mercado y contenidos afines a su narrativa política, en nombre de la libertad.

Es curioso: denuncian el adoctrinamiento pero usan el poder del Estado para imponer su propia ideología. Y mientras critican el gasto, ignoran el valor democrático de garantizar información plural, federal y accesible para toda la población. En nombre de achicar el Estado, restringen el derecho a una comunicación plural y democrática, dejando en pie solo los discursos que les convienen. Y lo hacen, irónicamente, desde los propios medios públicos que pretenden silenciar.

JJD, con información de EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que busca desmantelar siete agencias federales, entre ellas la que supervisa la matriz del medio de comunicación financiado por el Gobierno, la Voz de América (VOA), y otros medios subvencionados por EE.UU. en todo el mundo.

Además de la Voz de América, la Agencia para los medios globales financia Radio Europa Libre/Radio Libertad y Radio libre Asia.La organización tiene un presupuesto anual aproximado de 270 millones de dólares, cuenta con más de 2.000 empleados, emite en 49 idiomas y tiene una audiencia semanal estimada de más de 361 millones de personas, de acuerdo con el diario The New York Times.

No obstante, Trump ha sido muy crítico con esta agencia desde su primer mandato (2017-2021). Las otras agencias a las que Trump ordenó reducir son el Servicio Federal de Mediación y Conciliación, que se centra en prevenir y resolver conflictos laborales; el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson; el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas; el Consejo Interinstitucional de EE.UU. para las Personas sin Hogar; el Fondo de Instituciones Financieras para el Desarrollo Comunitario y la Agencia de Desarrollo de Empresas Minoritarias.

En la orden ejecutiva, el mandatario ordenó a los directores de las agencias que eliminaran todas las funciones que no estén legalmente establecidas y reducir “el desempeño de sus funciones estatutarias y el personal asociado al mínimo requerido por la ley”.“Esta orden continúa la reducción de los elementos de la burocracia federal que el presidente ha determinado que son innecesarios”, anota el edicto, publicado a última hora del viernes.

El director de la VOA, Michael Abramowitz, lamentó este sábado que esté siendo “silenciada” la historia de su institución.

Manuel Adorni, en su rol como encargado de los medios públicos, anunció que habrá cambios en los contenidos de Paka Paka y otros canales estatales. En la conferencia de prensa regular que brinda en la Casa Rosada, el vocero de Javier Milei celebró lo que describió como la “liberación” de Zamba, el personaje insignia del canal infantil, al que vinculó con una narrativa ideológica sesgada.

“¿Con respecto a la otra pregunta que me hacías, Paka Paka, liberamos a Zamba, ¿viste? Lo hicimos libre a Zamba. No, a ver, con respecto a Paka Paka, Zamba y toda la catarata de noticias del fin de semana [...] todo el contenido que estaba, que tenía una fuerte ideología o que estaba muy sesgado por cuestiones de izquierda o que son kirchneristas, ha sido apartado. Dejamos, si se quiere, el contenido más neutral”, afirmó el funcionario.

Pese a la declamada pretensión de neutralidad de Adorni, en el oficialismo otros referentes sostienen que hay que dar un giro ideológico hacia el liberalismo en los contenidos. El Gordo Dan, como se conoce al simpatizante libertario Daniel Parisini, dijo que “hay que usar las ametralladoras del enemigo” y afirmó que se deben usar los medios públicos para la difusión de las ideas libertarias. “Todo el aparato de comunicación no tiene que ser destruido, no hay que cerrar la TV Pública, no hay que cerrar Paka Paka; hay que usar a Zamba […] no tiene que dejar de existir”, planteó.

El Gordo Dan es un creador de contenido digital conocido principalmente por su estilo de humor irreverente y satírico en redes sociales como YouTube y Twitch. Su contenido suele abordar temas de política, actualidad y cultura popular, utilizando un tono humorístico y sarcástico que le ha ganado una base de seguidores fieles.

Reordenamiento

Adorni dejó claro que los cambios no se detendrán ahí, señalando que todos los medios públicos están en la mira de su proceso de “reordenamiento”, lo que implica una reestructuración que podría afectar la diversidad y pluralidad de contenidos que han caracterizado a estas plataformas.

“Por supuesto que todos los medios públicos, que dependen, como ustedes bien saben de mí, entran en un proceso de reordenamiento, en todas sus empresas y en todos sus canales, que va a llevar tiempo”, advirtió Adorni, subrayando que bajo su dirección las reformas serán “mucho más drásticas”. Sostuvo que “son empresas que tienen mucho déficit, tienen mucho costo para todos”.

“Vamos a hacer un reordenamiento mucho más profundo para que todo, mientras que sigan, por supuesto, operativos, tengan el mejor desempeño posible”, concluyó, sin aclarar los detalles de lo que este desempeño implicará en términos de contenido y autonomía editorial.

Las medidas anunciadas por Adorni marcan un nuevo capítulo en la ya larga historia de la tensión entre el Estado y los medios públicos en Argentina, y dejan en el aire la pregunta sobre si esta “liberación” de Zamba es, en realidad, un avance o un retroceso para la diversidad en el conjunto de la televisión pública.

JJD

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó hoy que la agencia de noticias Télam “ha dejado de existir”, luego de meses de incertidumbre respecto del futuro de la empresa estatal, fundada en abril de 1945. 

“Télam tal como la conocimos ha dejado de existir”, publicó Adorni en sus redes sociales, junto con un una foto donde se puede ver el texto que dispone la transformación de la agencia en una nueva sociedad del Estado nacional. 

“Instrúyese a los representantes del ESTADO NACIONAL para que en la Asamblea General Extraordinaria de TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO, a realizarse el día 28 de junio de 2024, den cumplimiento a lo establecido precedentemente y arbitren las medidas que correspondan para la transformación de la empresa y aprobación del estatuto de la nueva sociedad”, dice el texto difundido este sábado en redes sociales por el portavoz del presidente Javier Milei.

Si bien se aguarda a que la medida sea publicada en el boletín oficial para conocer más detalles, de acuerdo a trascendidos periodísticos, la nueva sociedad del Estado podría dejar de ser una agencia de noticias y cambiar su nombre a APESA. 

En tanto, el director de Comunicación Digital del gobierno de Milei, Juan Carreira, quien es reconocido en X como “Juan Doe”, salió a celebrar la medida. “Se terminó la agencia fascista de noticias que atormentó a los medios de comunicación por más de 50 años. Chau Télam. No vuelvas nunca más”, manifestó en redes sociales. 

La agencia Télam fue, hasta la llegada del Gobierno liberal, una empresa estatal que se dedicó a la producción y difusión de información de interés general, abarcando diversos ámbitos como la política, economía, cultura, deportes, entre otros.

DM con información de agencia NA

El plan de privatizaciones del presidente Javier Milei recibió en las últimas horas un golpe letal al revelarse que el bloque Hacemos Coalición Federal que lidera Miguel Pichetto no avalará la inclusión dentro de ese paquete de Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio Televisión Argentina (RTA) en el marco de la discusión de la ley de Bases que se votará el próximo jueves en la Cámara de Diputados.

Además, se conoció que la postura de Rodrigo de Loredo de acompañar esas tres privatizaciones no era tan representativa como parecía al interior del bloque radical, donde conviven posturas contradictorias entre sí, repartidas prácticamente en mitades.

Al avizorar un escenario adverso, el Gobierno habría aceptado ceder en el capítulo de las privatizaciones y habría acordado con los bloques dialoguistas firmar un dictamen unificado aceptando la totalidad de los cambios aplicados por el Senado en la ley Bases.

Si el Gobierno, en cambio, decidiera junto al PRO insistir con esas privatizaciones, la decisión final pasaría a quedar en manos de Unión por la Patria. 

En ese hipotético escenario, el bloque que lidera Germán Martínez se encontraría sin quererlo en una disyuntiva moral, en un callejón sin salida, dado que, para evitar la entrega de Aerolíneas, el Correo y los medios públicos no le quedaría otro remedio, paradójicamente, que apoyar las privatizaciones de otras empresas como Aysa, Nucleoléctrica, Corredores Viales, Belgrano Cargas, SOFSE, YCRT, Energía Argentina, Intercargo.

Esto es así porque si Unión por la Patria, teniendo que optar entre la versión reducida de privatizaciones del Senado y la ampliada de Diputados decidiera abstenerse, muy probablemente ganaría la votación la postura de insistir en la que salió de la Cámara baja.  

Del cónclave que realizó el bloque Hacemos Coalición Federal participaron, además de Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer, Esteban Paulón, Juan Brügge y Francisco Morchio.

El compromiso de Hacemos Coalición Federal con el Gobierno llega hasta acompañar el rescate de la vuelta de Ganancias y la rebaja de Bienes Personales, dos iniciativas que se encuentran en la Ley de Medidas Fiscales.

Pero en lo que refiere a la ley Bases respetarán los términos de la sanción del Senado y no insistirán con aspectos de la media sanción de Diputados, como quería por ejemplo el PRO. 

HCF justifica su apoyo a insistir en Diputados con la restitución de Ganancias y la rebaja de Bienes Personales en el hecho de que estaban en el dictamen que se aprobó en general en el Senado, antes de que esos artículos específicos cayeran en el tratamiento en particular.

Hacemos Coalición Federal advierte al Gobierno: “Votaremos en contra de la ley Bases”

El diputado nacional de Santa Fe por Hacemos Coalición Federal, Esteban Paulón, manifestó que “le preocupa que el Gobierno, al vivir en su mundo de fantasía, le cueste tanto caer en la realidad”.

En declaraciones a Radio Colonia, sostuvo que su bloque, conformado por las legisladoras Mónica Fein y Natalia de la Sota, “están en contra” de la Ley Bases “y lo van a seguir estando, por más cambios que hagan en el Senado” y añadió que él, particularmente, “no votaría nada” que estuviese relacionado con las privatizaciones.

“Desde Hacemos Coalición Federal votamos en contra del impuesto a las ganancias y de bienes personales y, esta vez, vamos a volver a votar igual”, sostuvo.

Por otra parte, el diputado desmiente que el Gobierno no tenga “ninguna herramienta” para llevar adelante su gestión “cuando tiene el DNU” desde diciembre del año pasado, sobre todo, porque “es una herramienta muy poderosa que hizo desastre estos seis meses”.

Para finalizar, señaló que éste es un Gobierno “con un fuerte temperamento autocrático” debido a que el presidente Javier Milei “se maneja autoritariamente”.

En el día de ayer, y luego de que se liberaran los valores de los co-pagos de las Obras Sociales, desde su cuenta personal en la red social X, Paulón volvió a pronunciarse en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia instalado por Milei y aseveró que “es urgente que en Diputados deroguemos el DNU por inconstitucional y abusivo”.

Con información de agencias.

IG

“La Jefatura de Gabinete, que tiene a su cargo las empresas públicas, tomó la decisión de reestructurarse, por supuesto de la mano de su titular, Guillermo Francos, y efectivamente todas las empresas públicas van a pasar a la órbita de a quien le corresponda por una cuestión de competencias. Ergo, efectivamente, Télam, contenidos, medios públicos, etcétera, pasan a depender de Comunicación, área de la cual soy responsable”.

Con estas palabras, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que los medios públicos, como Radio Nacional y la Televisión Pública, así como la agencia de noticias Télam, pasarán a depender de él mismo.

El funcionario dijo que “el plan [del gobierno de La Libertad Avanza] sigue siendo exactamente el mismo: el de Télam es su cierre y el de los medios públicos, por supuesto, dependemos de la decisión que tenga el Congreso con respecto a ello”.

De esta manera, Adorni aludió al debate parlamentario sobre las privatizaciones del proyecto de ley de Bases que aún no está resuelto. Es que Diputados aprobó un listado que incluye la privatización de Radio y Televisión Argentina (RTA S. A.), que tiene a su cargo la operación de la Televisión Pública, de Radio Nacional, de la Unidad de Negocios de Radio Nacional y de Radiodifusión Argentina al Exterior, que depende directamente de la anterior. El Senado, en cambio, quitó esta empresa pública de la lista de privatizables que terminó sancionando la semana pasada. Ahora Diputados deberá resolver si insiste con su listado o acepta el del Senado, que también excluyó a Aerolíneas Argentinas.

“Como digo siempre, nuestra decisión es que todas las empresas públicas transiten el camino de la privatización”, insistió Adorni.

Télam pasaría a ser una agencia de publicidad

El Gobierno comunicó en el Día del Periodista que Télam adoptará un nuevo enfoque, convirtiéndose en una agencia de publicidad. Este cambio fue confirmado por fuentes de la Casa Rosada, quienes indicaron que la agencia se dedicará exclusivamente a la publicidad oficial y al reparto de pauta, abandonando su rol como agencia de noticias.

Actualmente, las instalaciones de Télam se encuentran cerradas y bajo custodia policial, impidiendo el acceso de los periodistas que trabajan para la agencia. La conducción a cargo, liderada por Javier Milei y Diego Chaher, ha dispensado a los empleados de sus funciones habituales.

Se espera que la nueva Télam tenga una plantilla reducida de menos de 100 personas y que deje de operar como agencia de noticias, centrándose exclusivamente en la publicidad. Se ha insinuado la posibilidad de cambiar su nombre a APESA, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

La asfixia a los medios de comunicación públicos en Argentina no tiene parangón en democracia. El 25 de mayo, día de la patria, los trabajadores de la agencia pública de noticias Télam vendieron locro en la puerta de su sede en la calle Bolívar. Buscaban visibilizar una lucha que lleva más de 80 días desde que el Gobierno de Javier Milei decidió apagar los contenidos de la agencia bajo el eufemismo de “reestructurar” y ordenó poner vallas en la entrada. El Ejecutivo pretende privatizar Radio Nacional y la Televisión Pública, tal como lo prevé la Ley Bases que está siendo debatida en el Senado.

Como parte del achicamiento del Estado y el ajuste fiscal, Milei dictó en febrero la intervención del sistema de medios estatales (Ente Nacional de Comunicaciones) y en marzo paralizó la actividad de Télam, la mayor agencia estatal de América latina. Este 21 de mayo dio un paso más que despertó preocupación: suspendió la publicación en las redes sociales y webs de la Televisión Pública, Radio Nacional, FM Clásica y FM Rock como parte de un supuesto plan de reorganización. “Sitio en reconstrucción”, dice el aviso que aparece en las páginas web. Los medios públicos “se encuentran en un proceso de reorganización” versa el comunicado oficial.

Organismos de derechos humanos advirtieron sobre la utilización en el comunicado de la fórmula “proceso de reorganización”, recordando que con dichos términos se conoció a la última dictadura cívico-militar. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó que la clausura de páginas web y redes de los medios públicos implica “un nuevo paso del Gobierno contra el derecho a la comunicación”. La nueva vuelta de tuerca de Milei se produjo a pocos días de la conmemoración del Día del Periodista, el 7 de junio.

“Se apaga la pluralidad”

Daniel Bello, cámara de Télam y delegado en la agencia por Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), señala que el Gobierno tumbó la web para que haya una sola voz. “El Estado debería apostar por el pluralismo, pero lo que está haciendo es silenciar otros discursos al intervenir Radio Nacional y la Televisión pública. Se apaga la pluralidad y el federalismo que cumplen todos estos medios. Se vio clarísimo con el dengue: en el pico de la enfermedad, no había campañas ni información en los medios públicos, eso acarreó consecuencias claras, como el aumento de casos y muertes. A diferencia de Télam, que el Gobierno decidió paralizar, Radio Nacional y la Televisión pública están emitiendo al aire pero con censura. Tanto el 24 de marzo y como el 8 de marzo no tuvieron coberturas”, dice, en referencia a movilizaciones que fueron multitudinarias este año: por la memoria, la verdad y la justicia a 48 años del golpe de Estado y por el Día Internacional de la Mujer. 

Bello cuenta la situación de los trabajadores de la agencia informativa. “La decisión de cerrar Télam tiene que pasar por el Congreso. El Gobierno se protege de entrar en una situación judicial, a contrapelo de lo que sucedió en 2018 con Mauricio Macri, cuando hubo 357 trabajadores despedidos que después debieron ser reincorporados por vía judicial. Yo mismo fui revinculado. En marzo éramos 770 trabajadores, y se confirmaron unos 200 retiros voluntarios, puede que sean más. No hubo despidos. Estamos cobrando el sueldo pero hay un vallado que impide que ocupemos nuestros puestos de trabajo. Nosotros mantenemos el portal somostelam.com.ar donde vamos informando lo que la agencia debería cubrir”. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en los medios públicos trabajan unas 3.500 personas en todo el país. “Mientras estén las puertas abiertas, la luz encendida y la gente trabajando –dijo el portavoz presidencial Manuel Adorni ante una pregunta de qué pasa con los medios estatales– tienen que ser lugares eficientes, transparentes y que aporten valor”. 

“Milei ocupa la escena solo”

Sin embargo, el Gobierno argentino avanza con el desguace de los medios públicos y su idea de venderlos, como parte de la Ley Bases que se está debatiendo en la Cámara Alta. Martín Becerra, profesor en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires e investigador del Conicet, explica lo complejo de esta medida. “La intención del Gobierno es privatizar Radio Nacional y la Televisión Pública pero de ahí a que pueda hacerlo hay una distancia, no es sencillo, se expone a acciones legales y además el mercado de medios está colapsado en este contexto”.

El sindicato Sipreba entregó a los senadores un documento firmado por los trabajadores para que rechacen la Ley Bases “frente al silenciamiento de la agencia Télam y el intento de privatización de la Televisión Pública y Radio Nacional”. 

Becerra aporta datos sobre la relación del Gobierno actual con los medios de comunicación en general y su estrategia comunicacional. “Milei tiene una relación conflictiva con algunos periodistas y al suspender la publicidad oficial del Gobierno nacional por un año afecta la economía de los medios alternativos. Más que un Gobierno con una estrategia bien armada de comunicación, lo que sucede es que cuenta con viento a favor de una parte de la opinión pública y de los grandes medios (Grupo Clarín y La Nación) que colaboran para que sus errores se noten menos, además de la ausencia de otros discursos en la esfera política. Milei es histriónico y ocupa la escena solo”.

MLSM/CRM

El 4 de marzo hubo un quiebre en el panorama mediático argentino. El Gobierno de Javier Milei decidió vallar la agencia pública de noticias Télam y dispensar a sus trabajadores de sus tareas, tres días después de anunciar su cierre por considerar que en las últimos décadas había sido utilizada “como agencia de propaganda kirchnerista”. Esto no solo afectó directamente a los empleados sino que cambió radicalmente la manera de informar en todos los medios nacionales que dependían en gran parte de ese insumo para funcionar. El servicio de Télam dejó de funcionar y todo su archivo dejó de estar accesible.

Desde entonces pasaron más de 80 días y aunque los trabajadores y las trabajadoras resisten con dos acampes y numerosas acciones, algunos no aguantan más y aceptan los retiros voluntarios que ofrece el interventor de medios públicos nombrado por el Gobierno, Diego Martín Chaher, aunque así cobran mucho menos de lo que les hubiera correspondido por ley en caso de despido.

El viernes pasado, Chaher solicitó a la Secretaría de Trabajo que de “trámite prioritario y urgente” al pedido de aplicar el Procedimiento Preventivo de Crisis en la agencia para “habilitar de forma inmediata” los despidos. Eso quiere decir que el régimen de retiros voluntarios que comenzó a mediados de marzo termina el 31 de mayo. Si se habilita el Procedimiento Preventivo de Crisis, podrían realizarse despidos pagando el 50 por ciento de lo que correspondería por indemnización. De todas maneras, no es tan sencillo de implementar, ya que el acuerdo se tiene que negociar con el sindicato.

La incertidumbre general respecto del rumbo del país y la puntual sobre el futuro de la agencia, que es la más grande de Latinoamérica y cumplió 79 años hace poco, configura un panorama muy difícil para todos los involucrados. El desgaste se siente, las fuerzas flaquean y las historias personales son muy variadas. En los últimos días, muchos decidieron dejar la agencia.

“La situación en Télam hoy es que estamos frente a un intento de silenciamiento y apagón informativo”, asegura Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y trabajadora de Télam. Por ley, el Gobierno no puede cerrar la agencia y por eso está ofreciendo retiros voluntario, a los que Gaudensi llama “extorsivos”. “Porque estamos en una situación violenta, con vallas en las puertas de nuestros lugares de trabajo y dispensándonos de poder trabajar”.

“Los trabajadores y trabajadoras estamos resistiendo ese intento de cierre. Estamos yendo a ver a todos los diputados y senadores, también por los intentos privatizadores y de silenciamiento que hay en el resto de los medios públicos”, explica. “Creemos que a este gobierno no le importa la libertad de expresión, no le importa la libertad en general. Y es por eso que está arremetiendo con una censura brutal contra medios plurales, federales que llegan e informan a y desde todo el territorio nacional. La realidad es que no hay ningún elemento jurídico que permita el cierre como tal de Télam. Por lo tanto, están avanzando con este intento de desguace extorsivo nunca visto en la prensa argentina en democracia”.

Desde la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Télam, el Sipreba (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) y FATPREN, los retiros voluntarios son rechazados. “Creemos que los compañeros y compañeras no deben acogerse a ese plan de retiros. Lo que ha pasado en los últimos días es que el hostigamiento, la presión, la situación violenta que vivimos por estar fuera de nuestro lugar de trabajo, por no dejarnos ingresar, hace que compañeros y compañeras tomen esas decisiones individuales. Nosotros sostenemos a partir de la lucha colectiva que la salida tiene que ser entre todos y todas. El plan de este gobierno es silenciar los medios. Por lo tanto, los trabajadores y trabajadoras debemos no solo sostenernos en nuestros lugares de trabajo, sino también garantizar la existencia de la agencia pública”.

Los trabajadores y trabajadoras de Télam llevan más de 80 días de acampe en las dos sedes de la agencia en San Telmo, en Avenida Belgrano y en Bolívar. “Ese acampe no es solamente para solicitar a las autoridades que dejen de silenciar una agencia tan prestigiosa y tan reconocida como es Télam. Es para que nos dejen ingresar a trabajar, porque eso es lo que queremos hacer, es lo que sabemos hacer. Por eso estamos informando a través del portal Somos Télam para mostrar parcialmente el trabajo que realizamos. También estamos juntando firmas para llevar atrás de las gestiones con legisladores y proyectos de ley que acompañan la lucha. Y también encarando las acciones en el marco judicial. Creemos que Télam no se puede cerrar, no se va a cerrar y manteniendo la fortaleza que tenemos en nuestras asambleas, que semana tras semana, día tras día, reafirman que estamos fuertes y que queremos seguir defendiendo colectivamente la agencia”.

El interventor Chaher, en tanto, sigue avanzando en el interior del país, tratando de cerrar corresponsalías. Lo logró con Rosario, pero otros resisten, especialmente en La Plata y Viedma, que son algunas de las más combativas

Los trabajadores de Télam, que aunque están dispensados de trabajar siguen cobrando su sueldo, prefieren no dar su nombre para esta nota por miedo a represalias.

Para M., que trabaja desde hace más de 20 años en la empresa, estos son días de mucha angustia. “Estamos aprendiendo a vivir en la incertidumbre laboral, de no saber con exactitud qué va a pasar la semana que viene. Las dispensas se renuevan semanalmente, nos llegaban primero los domingos y ahora los viernes, con lo cual cada fin de semana se renueva la angustia. También lo vivo con dolor y como una especie de duelo por los compañeros que se fueron yendo con el retiro voluntario. Aunque la agencia reabra, ya nada será igual”, asegura.

Ella personalmente no va a aceptar el retiro voluntario. “Porque me ofrecen mucho menos que lo que me correspondería con una indemnización y porque quiero que me reintegren mi función y mi lugar de trabajo que tanto amo y me apasiona hacer. Con respecto a las desvinculaciones de periodistas que se dieron en las últimas semanas, me cuesta entender las razones. Creo que sin duda ganó la campaña del miedo -con operaciones de prensa incluida- que hizo y hace el gobierno y la intervención sobre lo que puede pasar en las próximas semanas. Mucha de la gente que firma sale llorando y quebrada, lo que demuestra a mi criterio que en el fondo no quería hacerlo”.

En el futuro vislumbra que pueda quedar “una Télam achicada, tal vez con nuevo nombre y con funciones reducidas”. Pero nada será igual. “Hay secciones completas que quedaron diezmadas y corresponsalías en distintas provincias vacías, con lo que costará mucho recuperar la mirada federal de la agencia. Además, entre los que quedamos, está latente la posibilidad de que haya despidos en una nueva etapa del conflicto. Ese riesgo, ese miedo, siempre está”.

Ya durante el macrismo la agencia pasó por un intento de cierre. “La principal diferencia es básicamente que éste nos engloba a todos los trabajadores por igual. En el 2018 estaban los despedidos y los no despedidos (yo estaba en este segundo grupo). Ahora, a 80 días de conflicto desde el 1 de marzo que Milei anunció el cierre de Télam al hablar ante la asamblea legislativa, no tenemos ni un despido. Y esta intervención busca no repetir los errores en que incurrió Hernán Lombardi en el 2018 donde los despidos fueron revertidos por la justicia”.

O. también lleva más de 20 años en Télam. “La verdad que el desasosiego y la incertidumbre es muy grande. Y el temor a perder el trabajo, a dejar de hacer lo que a uno le gusta y le apasiona. Télam es mi casa. La defiendo por no solo por mi trabajo sino también y sobre todo por lo que significa, por la importancia que tiene una agencia de noticias para lograr la soberanía informativa en un país y el federalismo en un mapa de medios tan porteñocentrista”, añade.

“Uno trata de impermeabilizarse un poco para ser lo más optimista posible, pero cuesta porque se hace largo, porque semana a semana uno está esperando qué puede llegar a pasar”. Ver a muchos compañeros valiosos hastiados y con el hartazgo que genera esta situación aceptar los magros retiros voluntarios además desmoraliza. Algunos aceptaron porque consiguieron trabajos, otros por la incertidumbre, por el temor, por lo que psicológicamente les representa. Hay algunos trabajadores que están muy afectados, que debieron recurrir a psicólogos, psiquiatras, a terapia de apoyo. Hay personas bajo tratamiento médico que también decidieron irse porque se les aseguraban alguna cobertura médica por afuera. Cada caso es particular y se trata discrecionalmente.

“Más que retiros voluntarios yo los llamo autodespidos”, dice O. “Yo no lo acepto, porque lo que me ofrecen no llega a un 50% de lo que me corresponde. Así que no me voy a autodespedir. Si quieren cerrar la agencia o despedirme, que me den lo que me corresponda”.

Respecto del futuro, O. intenta ser optimista. “Mantengo la firme convicción de que la lucha sirve y de que vamos a revertir esta situación para que la agencia pueda volver a reabrir sus puertas y todos los abonados puedan recuperar el servicio que seguramente se está notando que falta en muchas redacciones y en muchos medios provinciales. Creemos que la lucha y la visibilidad que podemos lograr dentro de la sociedad nos permitan lograr la reapertura. El Gobierno ya da indicios de que no va a poder cerrar la agencia. Necesitaría una ley para eso y en ese caso quizás apuntarían a cambiarle el nombre. Veremos qué pasa, pero la idea es mantener la convicción firme de que lo vamos a revertir, como ya hicimos en el 2018, en el 2006, en el 2001, en los conflictos anteriores”.

Alelí Alegría Cuba es de las que aceptaron el retiro voluntario, pero en su caso no siente que haya sido una decisión, sino que se considera expulsada. “Yo no tomé la decisión de irme. Me siento expulsada por este plan de vaciamiento y de destrucción, y soy víctima de ese plan, por lo que yo en algún punto sí me sigo considerando como trabajadora. No siento que haya cerrado un vínculo en el que yo digo yo decido irme, sino que me siento más bien expulsada”.

“Quiero hablar particularmente porque me parece que no corresponde hablar de forma colectiva, ya que colectivamente, desde lo sindical, se eligió tomar otro camino, que es el de rechazar los retiros voluntarios. Y eso lo apoyé durante mucho tiempo y, por supuesto, apoyo a quienes siguen sosteniendo los acampes en las sedes y a los que tienen la fortaleza para poder seguir poniendo el cuerpo y la cabeza, sobre todo, porque acá juega mucho lo mental y lo psicológico”, agrega.

“Cada historia es muy singular y conozco compañeros que tal vez tomaron la decisión porque estaban muy cerca de jubilarse. O compañeros a los que la pandemia les pegó de tal forma y se enfermaron y necesitan preservarse su salud. Conozco muchísimos casos distintos que se fueron presentando y por eso cada decisión atiende a algo muy personal y muy particular que va más allá de lo colectivo y de lo que significa para nosotros y nosotras la agencia”, explica. “Más allá de la decisión que tomé, esa figura de retirarme de una lucha o retirarme de un trabajo, no me cambia lo que yo siento por la agencia y mis ideas. Particularmente tomé la decisión porque soy jefa de familia y tengo a mis dos hijos a cargo. Y creo que tenemos que elegir las batallas que queremos dar y que podemos dar”.

CRM/MG

A partir de este martes las redes sociales y webs de Radio Nacional y la Televisión Pública suspenderán su servicio informativo a la comunidad, en el marco de un plan de reorganización y reestructuración, según se informó.

“En el marco del proceso de reorganización y reestructuración de los medios públicos en general y de la empresa RTA SE en particular a los fines de unificar los criterios de distribución se instruye: 1) Encomendar el manejo de las redes de Televisión Pública, Radio Nacional, conjuntamente con todas sus emisoras, únicamente a la Gerente de Medios Digitales e Institucionales, ello hasta que se reorganice y reestructure la comunicación de la empresa”, explicaron desde el Gobierno en una nota que lleva la firma del interventor de Medios Públicos, Diego Martín Chaher.

“Se solicita que se implemente -a partir de las 00:00 horas del 21 de mayo del corriente el bloqueo de todas la redes y la página web de TVP, RN, las emisoras del interior, FM Clásica, FM Rock, FM Folclórica, y se proceda a la implementación del Escudo Nacional bajo la leyenda ”Página en reconstrucción“, dice una nota interna. 

Se agregó, además, la orden de “suspender todo tipo de transmisión y/o emisión en redes sociales de contenidos hasta que se establezcan los cambios de criterios”.

Por último, se explicó que “durante dicho período, la Gerencia de Medios Digitales e Institucionales RTA será la única autorizada a contar con las claves que permitan el acceso o levantamiento de material en dichas redes sociales, quedando sujeta a las demás instrucciones que se impartan desde la Intervención”.

Los medios nacionales están intervenidos desde el 5 de febrero por el plazo de un año. Esta medida se enmarcó en el proceso de reorganización de empresas públicas impulsado por el oficialismo. En primera instancia, las entidades afectadas por la intervención son la agencia de noticias Télam, Radio y Televisión Argentina, Contenidos Públicos y la plataforma Educ.ar.

Este movimiento se produjo en el contexto de una amplia reestructuración de empresas y organismos estatales. El proceso comenzó cuando se dispuso la transformación de las Sociedades o Empresas con participación del Estado en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades, en diciembre de 2023.

Desde el Gobierno, argumentaron que esta intervención es necesaria para acompañar las medidas implementadas en respuesta a la crisis económica, financiera, fiscal y administrativa que afecta al país. 

MM

Los gremios que nuclean a los trabajadores de los medios públicos entregaron en las últimas horas a los senadores una carta en la que expresan su rechazo a la privatización de Radio Nacional, la TV Pública y Contenidos Públicos S.E. -que incluye las señales Encuentro, Pakapaka y DeporTV- tal como está previsto en el proyecto de ley Bases que está siendo debatido en comisión en la Cámara Alta.

“Esto se suma al silenciamiento e intento de cierre de la Agencia pública de noticias y publicidad Télam, y de conjunto implica un grave atentado contra la libertad de expresión, el derecho a la información, el federalismo y la soberanía de la comunicación de nuestro país”, indica la misiva entregada este jueves.

La entrega de la carta a los legisladores, firmada -entre otros- por la secretaria general de la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren), Carla Gaudensi, y el titular del Sindicato de Prensa Buenos Aires (Sipreba), Agustín Lecchi, fue acompañada por una manifestación de los trabajadores frente al Congreso. 

Suscriben también la nota el titular de la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social y Audiovisual de la República Argentina (Cositmecos), Carlos Horacio Arreceygor; por el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SatSaid), Rubén Darío Aguilar y Julio Barrios; la secretaria General de AATRAC -Seccional Telecom B- Natalia Vanesa González, y el secretario general de la Asociación de Trabajadores de Radio Nacional, Sergio Webhe; entre otros dirigentes.

“Los medios públicos, cuya autonomía funcional proclamara la ley 26.522 con participación parlamentaria, académica y de la sociedad civil en su conducción y la existencia de un Consejo Honorario de Revisión han sido reconocidos por diversas entidades internacionales ligadas a la libertad de expresión y la cultura, incluida la CIDH en su Informe publicado en 2010”, destacaron los trabajadores en la carta. 

Asimismo, remarcaron que la importancia de los medios públicos “ha sido reconocida como una de las franjas que hacen a la pluralidad de los medios de comunicación en diversos pronunciamientos de las Relatorías y Mandatos Especiales de la Protección de Libertad de Expresión desde el año 2001, 2007, en el Informe de Regulación de Radiodifusión Plural e Incluyente de la CIDH de 2009”. 

Como ejemplo, citaron que cuando la empresa EBC fue cerrada en Brasil, el Sistema Interamericano cuestionó ese proceder como una “seria regresión de derechos” y recordaron que, por estos motivos, “la enorme mayoría de países del mundo, desde EEUU, Canadá, países de América Latina y Europa, cuentan con medios públicos fuertes, sostenidos por sus estados nacionales”.

En cuanto a la situación actual de la Televisión Pública Argentina, se explicó en la carta que cuenta con 269 repetidoras analógicas y más de 100 digitales que conectan localidades en todo el país, tiene ocho estudios de grabación y post producción, equipamiento de última generación y tecnología para grabar y para transmitir en directo, en forma simultánea. 

Además, en la sede de la TV Pública se encuentra el Archivo Histórico Audiovisual del Estado Argentino, que puede ser visto de forma libre y gratuita por toda la población. 

“En la actualidad, cumple el rol de transmitir y hacer llegar de manera gratuita a toda la población eventos de interés público tales como los partidos de la selección nacional de fútbol o los festivales culturales en las diferentes provincias y regiones de la patria, que de otra manera no se transmitirían y nuestra ciudadanía estaría obligada a pagar para acceder a esos contenidos”, se destaca en el texto. 

En cuanto a Radio Nacional, se precisó que está compuesta por 49 emisoras a lo largo y ancho del territorio nacional que incluye estaciones AM, FM y onda corta en distintas localidades con programación y servicios informativos propios. 

“Esas emisoras tienen programación propia que garantiza federalismo real, construyendo identidad, aportando a las economías regionales y las problemáticas particulares de cada zona en la que se encuentra Radio Nacional”, manifestaron.

Además, se especificó que en muchos lugares del país, sin señal de internet, es “el único medio de comunicación capaz de unir comunidades”. 

Radio Nacional cuenta además con Radiodifusión Argentina al Exterior en ocho idiomas más su plataforma digital, lo que “garantiza que la información y producción local llegue a distintos lugares del mundo, con nuestra mirada”, dice la misiva. 

Por su parte, Contenidos Públicos Sociedad del Estado es la empresa estatal que conduce las señales educativas Encuentro, Pakapaka y DeporTV, tal como lo establece el artículo 102 de la Ley Nacional de Educación 26.206; y contiene también la plataforma Cont.Ar y el estudio Animar-MoCap. 

Estos medios tienen una “importante función social no comercial insustituible” y son, además, “pioneros a nivel regional en sus segmentos”. 

“La privatización, el vaciamiento o cierre de RTA SE. y de Contenidos Públicos S.E., dejaría a gran parte de la población sin la posibilidad de acceder a información, entretenimiento, contenidos educativos, deportivos y culturales de calidad, federales e inclusivos”, advierten en el texto los trabajadores.

Afirman, en tanto, que esta situación “generaría una mayor concentración de la producción y difusión de información, algo que profundizaría el desierto informativo y de contenidos, afectando la construcción de identidad y, en consecuencia, la libertad de expresión”. 

“Hoy está en vuestras manos cambiar el destino que propone el proyecto de Ley de Bases para los medios públicos. Por eso, los abajo firmantes, de los todos los sindicatos que representan las actividades de los medios públicos, expresamos el rechazo a cualquier intento de privatización y solicitamos a los senadores y senadoras de los distintos bloques que rechacen esta iniciativa”, concluye la carta entregada en el Senado. 

Fuente: somostelam.com.ar

IG

El Juzgado Contencioso Administrativo Número 10 se declaró competente en una causa por el intento de cierre de la agencia nacional de noticias Télam, e instó al Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Javier Milei a brindar informes sobre esa iniciativa a raíz de una demanda iniciada por la senadora nacional de Unión por la Patria (UxP) Juliana di Tullio. 

“El cierre de la Agencia afecta el derecho a recibir información veraz, deja al pueblo argentino vulnerable a la difusión e instalación de fakenews y desgasta nuestra institucionalidad y democracia. Télam llega a todos los rincones de nuestro país, por eso es tan importante su defensa”, señaló Di Tullio a través de un comunicado.

De esta forma, el Gobierno deberá ahora presentar información sobre su disposición a cerrar Télam en un plazo de cinco días hábiles, según lo dispuesto por esta resolución judicial.   

El Estatuto de Télam S.E establece que su liquidación sólo podrá ser resuelta por el Poder Ejecutivo Nacional, previa autorización legislativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 20.705. 

En función de esto, la legisladora señaló que “se interpreta que el Poder Ejecutivo Nacional avanza de hecho, sin ningún acto administrativo, sin reforma Estatutaria, sin ley. Hablan de libertad, pero lo único que hicieron estos tres meses fue cercenar derechos”.

“Este desguace y desregulación está presente en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, por eso el Presidente está tan interesado en que siga vigente. Y mientras eso suceda, va a avanzar con la privatización de todas las Sociedades del Estado. La inseguridad jurídica que instaura el gobierno nacional cerrando el Congreso y gobernando por decreto, nos exige a los representantes del Poder Legislativo ponerle un límite a esta autocracia”, puntualizó la senadora.

La situación actual de Télam

El Presidente anunció el pasado 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa su intención de cerrar la agencia nacional de noticias Télam.

Dos días después, los edificios de la agencia fueron vallados por efectivos y sus trabajadores dispensados de prestar “débito laboral”, según una comunicación difundida por la intervención de los medios públicos. 

Además, se anunció la puesta en marcha de un plan de retiros voluntarios, que este jueves fue extendido por 30 días más, ante la escasa adhesión que tuvo por parte del personal de la agencia. 

Desde el 4 de marzo, los trabajadores mantienen un acampe frente a las sedes que Télam tiene en Belgrano 347 y Bolívar 531, en rechazo a la medida dispuesta por el Gobierno nacional.

Los trabajadores continúan brindando un servicio informativo a través del portal “Somos Télam” y cosecharon el respaldo de numerosas agrupaciones sindicales, sociales y políticas que apoyan la continuidad de la agencia en función del valioso servicio informativo que brinda.

Recientemente, el Papa Francisco, en un video enviado desde el Vaticano respaldó la lucha que mantiene el personal de Télam para evitar que se concrete el cierre de este medio público.    

CRM con información de Somos Télam

El gobierno de Javier Milei tenía la posibilidad de elegir presidente y vicepresidente del directorio de Radio y Televisión Argentina, además de a los directores de la TV Pública y Radio Nacional, de todos los canales de Contenidos Públicos –como Encuentro, Pakapaka y Deportv–; autoridades de Télam y decenas de funcionarios de eso que llamamos “medios públicos”, pues no hace falta recordar que los medios administrados por el Estado brindan numerosas oportunidades a los gobiernos para influir en muchos de sus aspectos, desde su rumbo editorial hasta los conductores o actores que trabajan en sus programas. El Gobierno optó, sin embargo, por una figura que tiene mucho de simbólico: un interventor, como alguien que llega “de afuera” a explorar quirúrgicamente un territorio desconocido, ajeno. 

El caminito recorrido frenéticamente a nivel regulatorio fue así: el mega DNU derogó el régimen de Sociedades del Estado y las transformó en Sociedades Anónimas, la ley ómnibus fallida incluyó a todas estas empresas públicas y a muchas otras en un listado que las declaraba sujetas a ser privatizadas. En el medio, los medios pasaron a la órbita de la Jefatura de Gabinete, lo cual precedió al último paso: la intervención, a cargo de Diego Chaher, un ejecutivo histórico del Grupo América, en cuyos canales de aire y cable Milei dio sus primeros pasos como figura televisiva, gracias a la influencia de un socio minoritario del Grupo, Eduardo Eurnekian, y la persistencia de “los padres de la criatura”, como él mismo los llamó, Mauro Viale y Alejandro Fantino. Lo secunda en esta tarea Diego Marías, ex legislador porteño por el PRO, entre otros cargos.

En lugar de entender la especificidad de cada dependencia, la intervención abre una bolsa de consorcio en la que metió una agencia de noticias, un portal de recursos educativos, canales con fines educativos, culturales y deportivos, otros de actualidad y un sistema de más de 50 emisoras, entre otras cosas. La estrategia del grosso modo es coherente con el DNU de las 300 leyes derogadas o modificadas y la ley de los 600 artículos: hay que hacer un esfuerzo, realmente, para ver en Educ.ar, un portal de educación y tecnología que brinda recursos para docentes y tiene una capilaridad territorial masiva forjada en más de 20 años de existencia, algo de naturaleza similar a Télam, una agencia de noticias que tiene un creciente rol en la provisión de información e imágenes a los medios periodísticos privados. 

Los medios de comunicación intervenidos también difieren mucho entre sí. TV Pública es un canal de más de 70 años, 1.043 empleados, estudios, noticias y producción en vivo; mientras que Contenidos Públicos S.E. agrupa marcas nacidas y crecidas post internet, 245 empleados y se originó como un sistema de producción delegada en productoras externas y articulado con el sistema educativo, aunque DeporTV sumó transmisión en vivo de eventos deportivos. A fines del año 2015 dejó de ser parte del Ministerio de Educación. Eso, por dar sólo un ejemplo.

Hay particularidades institucionales significativas también. A diferencia de los canales de Contenidos Públicos, Canal 7 y Radio Nacional, como parte de RTA S.E., están gobernados por un directorio que tiene representación de las minorías parlamentarias, como describe la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual después de una larga discusión que actualizó el rol de estos medios. No es perfecto, muchas veces operó incompleto, y no puede deshacerse de una paradoja de origen: empezó a funcionar durante los gobiernos de Cristina Kirchner cuando la pantalla conoció niveles inéditos de polarización. Pero aun así, que las minorías parlamentarias formen parte de las decisiones del canal público hace ya una década y tengan acceso a la información es un avance notorio y relevante en la historia de los medios administrados por el Estado, en comparación con la opacidad total que existía antes (en serio, han pasado cosas demasiado ridículas y no hace tanto: en los 90, por ejemplo, la oposición de entonces quiso conseguir el contrato de ATC con Mauro Viale y una autoridad dijo que ventilar ese número le daba ventaja a los canales comerciales). Y, sobre todo, es un hecho que no debería ser ninguneado por una intervención. Pero el decreto que la establece menciona que los funcionarios reemplazan directorios o presidentes de directorios y que especialmente deberán cumplir con las tareas descriptas en el decreto, dando cuenta de que menosprecian lo que significa un órgano de gobernanza con participación de las oposiciones en los medios estatales. (En su declaración sobre la ilegalidad de la intervención, FATPREN también mencionó que presentó un amparo al artículo de las sociedades del Estado del decreto original que tramita el fuero Contencioso Administrativo Federal). 

A la vez, hablar de cada uno de estos medios y su rol, impacto y potencial social requiere de datos específicos de su funcionamiento, caso por caso, y un análisis que los vea como lo que son: políticas públicas sostenidas por argumentos y objetivos mensurables. Ese debería ser el horizonte para desarmar eso que viene como un bodoque. En áreas como la comunicación o la cultura, el mileismo es menos la negación de “la militancia en el Estado” que la negación de la tecnocracia, de un saber hacer estatal que se rechaza como parte de sus bases. Si el “Estado es un pedófilo”, no necesitamos expertos en pedofilia sino a sus liquidadores.

Las declaraciones recientes de Hernán Lombardi muestran la transformación de un tipo de narrativa en torno al Estado al que hoy se describe, directamente, como “incorregible”: el ahora diputado estuvo a cargo del Sistema Federal de Medios Públicos entre 2015 y 2019. Asumió entonces acusando a esos canales, especialmente la TV Pública, de propagandista y militante. Entre otras medidas, llamó a un profesional de la producción televisiva como Horacio Levin, que armó una programación y tuvo en su pantalla por un tiempo programas periodísticos plurales, hasta que esa idea original se fue desmoronando y la gestión de Lombardi quedó enmarcada en la creciente y explícita hostilidad con los sindicatos de la TV Pública –también por el despido de 354 empleados de Télam–, sin innovaciones institucionales. Ahora, en declaraciones en Splendid 990 ante el periodista Diego Schurman, fue directo: “Yo creo que hay que cerrarlos directamente. Soy un poquito más drástico”. Agregó: “Son un gasto. En Argentina no son una inversión y cada vez que los toma un gobierno de signo kirchnerista los usa como herramienta de propaganda”. Ante la pregunta de Schurman de si no hay que hacer funcionar bien algo que funciona mal, Lombardi esbozó una autocrítica que podría leérsela como una clave de época: “No, yo lo intenté. Estás hablando con alguien que lo intentó”. Y luego hizo una salvedad para las radios de frontera, que deberían quedar a salvo del cierre según su mirada.

Más allá de lo que suceda a partir de ahora con la intervención, su mera existencia y alcance parecen ser más bien la consecuencia de un ánimo de shock poco interesado en las particularidades. Pero esos detalles existen, así como las buenas prácticas estatales. Y más temprano que tarde, será momento de abrir la bolsa de consorcio y poder transmitirle a la sociedad por qué y para qué esas dependencias son parte del Estado. También, de volver a imaginar proactivamente una gobernanza para cada uno de los medios públicos en el siglo XXI.

NS/DTC

Con un nuevo DNU, el presidente Javier Milei le dio al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el control de los medios públicos, que incluye a la agencia Télam, Radio Nacional, la TV Pública y Contenidos Públicos Sociedad del Estado, que se nutre de las señales Encuentro, Paka Paka y DeporTV.

La medida fue establecida con una modificación de la Ley de Ministerios a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 110/2024, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

En la norma, se incorporó como una atribución del jefe de Gabinete “administrar y controlar los medios de difusión que se encuentran bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional y aquellas empresas del sector en las que la jurisdicción sea accionista”, así como también “entender en el lineamiento de las políticas referentes a Medios Públicos Nacionales y su instrumentación”.

Además, se le encomendó a Posse “intervenir en la definición de la estrategia de comunicación y de contenidos realizada por canales y plataformas de comunicación directa del Estado Nacional con los ciudadanos”.

Al justificar el DNU, Milei señaló en el texto que el objetivo es “lograr una gestión más eficiente”, por lo que “corresponde reorganizar las tareas” a cargo del ministro coordinador y “modificar las atribuciones” del área.

Cuál es la competencia de Posse sobre los medios públicos

Con información de agencias.

IG

El vocero presidencial Manuel Adorni consideró este martes “un hecho intrascendente” la presencia este lunes de efectivos policiales frente a una de las sedes de la agencia nacional de noticias Télam y en la TV Pública y Radio Nacional.

“En principio, entiendo que fue una cuestión de que había una información de que podía haber algún episodio fuera del normal funcionamiento de la seguridad. Fue un patrullero que verificó que no había ninguna anormalidad. Fue un episodio intrascendente”, dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa matinal en Casa Rosada.

Para el portavoz, “fue una cuestión de alguna información de que podía haber algún episodio fuera del normal funcionamiento de la seguridad. Fue un patrullero y se retiró. Vimos fotos de camiones hidrantes que no coincidían con lo que estaba pasando”.

Por su parte, La secretaria General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y secretaria adjunta del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Carla Gaudensi, calificó hoy como “un amedrentamiento” la presencia de efectivos policiales frente a una de las sedes de la agencia nacional de noticias Télam y las de la TV Pública y Radio Nacional.

“Esto es un amedrentamiento. Atenta contra la libertad de expresión y el normal funcionamiento de los medios de comunicación”, sostuvo Gaudensi en declaraciones a FM La Patriada.

Una presencia de fuerzas de la Policía Federal, con efectivos, motos y un furgón, se instaló este lunes frente a la puerta de la sede de la agencia nacional de noticias Télam situada en la calle Bolívar al 500, en el barrio porteño de San Telmo.

La presencia de las fuerzas policiales fue rechazada por el SiPreBA -que también informó que hubo móviles en la TV Pública y Radio Nacional- y calificada como “sorpresiva e inexplicable” por la presidenta en funciones del directorio de la agencia nacional de noticias, Bernarda Llorente.

En un posteo en X emitido pasadas las 17.30, Llorente dijo que los policías llegaron a las puertas de la sede de Bolívar “alrededor de las 12.30” y permanecían en el lugar a la hora de la publicación de su mensaje.

Cerca de las 18, un camión tipo celular de la Policía Federal y unas cinco motos permanecían detenidos a dos metros de la puerta de entrada al edificio de la agencia.

El Sipreba difundió un comunicado bajo el título “Repudiamos presencia policial en la puerta de los medios públicos”.

“Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires expresamos nuestro rechazo ante la presencia de móviles policiales en la puerta de Télam, la TV Pública y Radio Nacional en el día de la fecha”, añade la entidad gremial.

Agrega que “este hecho sorpresivo, que no se corresponde con el clima en el que se debe trabajar en un medio de comunicación, se da en un contexto de ajuste económico sobre los trabajadores y trabajadoras y de discusión de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, que promueve el traspaso de nuestras empresas a sociedades anónimas para su posible privatización”.

“Por lo tanto, no puede dejar de leerse como una intimidación y representa una amenaza para la libertad de expresión. Los medios públicos tienen el rol de garantizar el derecho a la información, la pluralidad de voces y el federalismo, así como los temas de interés público de manera gratuita en todos los rincones de la patria. Por lo tanto defendemos su rol social y su carácter público”, sostiene la declaración.

“Esperamos -concluye- que este sea un hecho aislado, producto de una decisión desafortunada, y no signifique el intento de generar un clima de violencia hacia los trabajadores y trabajadoras que todos los días realizan sus tareas con profesionalismo y compromiso”.

En el marco del discusiones que se llevan a cabo en el plenario de comisiones de la Cámara baja sobre el proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Sergio Palazzo pidió información sobre “la suerte de los trabajadores de Diputados TV, a raíz de la disminución de la planta” y planteó “rever esa medida respecto a las desvinculaciones y a las condiciones de trabajo”, a la vez que manifestó su “preocupación por la presencia de móviles policiales ayer en los medios públicos, sujetos a privatización”.

Para Palazzo, esa situación “no ayuda en nada a tranquilizar a los trabajadores. Parecería que se querría amedrentar a los trabajadores de prensa que han visto azorados la presencia policial en esos medios”.

La conferencia de prensa del portavoz Adorni

Con información de agencias.

IG

El Gobierno nacional dispuso este jueves una modificación en la estructura organizativa de la administración pública nacional, con la transferencia de organismos de una cartera a otra, en el marco de la reforma del Estado que impulsa.

Así quedó establecido por medio del Decreto 45/2023 publicado este viernes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

En el artículo 1, se detalla la transferencia de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete a la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación (hoy a cargo de Belén Stettler), con excepción de la Dirección Nacional de Prensa y la Dirección Nacional de Comunicación Institucional y sus unidades dependientes.

En el artículo 2, se transfiere la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Jefatura de Gabinete al ministerio de Salud.

Por medio del mismo decreto, se crea en el ámbito del ministerio de Capital Humano, como organismo desconcentrado, el Instituto Nacional de Juventudes (Injuve), que tendrá el objetivo de diseñar e implementar políticas destinadas a jóvenes y presidir el funcionamiento del Consejo Federal de la Juventud conforme la Ley N° 26.227.

Entre otras cuestiones, la norma dispone que la Oficina Anticorrupción (OA), creada por el artículo 13 de la Ley N° 25.233, tendrá carácter de organismo desconcentrado del ministerio de Justicia.

Se precisa que el titular de la OA “tendrá rango y jerarquía de Secretario y dependerá funcionalmente del ministerio de Justicia” y “gozará de independencia técnica y cumplirá las funciones que le competen sin recibir instrucciones del Ministro de Justicia ni de ninguna otra autoridad superior del Poder Ejecutivo Nacional”.

Asimismo se transfiere la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a la órbita de la Jefatura de Gabinete.

También se transfiere el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Jefatura de Gabinete a la órbita del ministerio de Capital Humano.

En tanto, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, campesina e Indígena, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, a la órbita también de Capital Humano.

El detalle de las funciones y objetivos de la secretaría de Comunicación y Prensa

OBJETIVOS

1. Intervenir en la formulación, ejecución y supervisión de la política de comunicación pública del ESTADO NACIONAL.

2. Entender en la comunicación y difusión de las actividades del Sector Público Nacional y de los actos del ESTADO NACIONAL y en su relación institucional con los medios de comunicación.

3. Coordinar el diseño, la planificación, la implementación y el seguimiento de las campañas de comunicación del ESTADO NACIONAL y de la producción de sus contenidos.

4. Desarrollar la imagen institucional del ESTADO NACIONAL.

5. Entender en la planificación, ejecución y supervisión de la política de prensa y comunicación presidencial.

6. Asistir al PODER EJECUTIVO NACIONAL en la elaboración de los mensajes, discursos y declaraciones públicas, cuando se lo requiera.

7. Entender en el diseño y la elaboración de contenidos de las redes sociales del Presidente de la Nación.

8. Supervisar las tareas de vocería presidencial, comunicando las decisiones adoptadas por el Presidente de la Nación.

9. Entender, desde el aspecto comunicacional, en la confección y seguimiento de la agenda presidencial y las actividades que requieren la presencia del Presidente de la Nación, coordinando con los Ministerios y demás organismos que conforman el Sector Público Nacional y organismos vinculados con la Sociedad Civil, para su difusión.

10. Entender en la relación con los medios de comunicación nacionales e internacionales.

11. Entender en la información que se brinda sobre la gestión de gobierno a los medios de comunicación, nacionales, provinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, municipales e internacionales.

12. Participar en la obtención, análisis y sistematización de la información de las acciones de gobierno.

13. Entender en la producción, realización y emisión de Cadenas Nacionales y transmisiones de actos oficiales de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

14. Entender, en coordinación con las áreas con competencia en la materia, en lo relativo a las transmisiones presidenciales, incluyendo las tareas de producción, edición y fotografía.

15. Supervisar la elaboración de la síntesis de prensa para la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

16. Coordinar la realización de mediciones, estudios e investigaciones y el desarrollo e implementación de herramientas para la evaluación de la ejecución de las políticas de prensa y de comunicación de la actividad presidencial y del ESTADO NACIONAL.

17. Intervenir en tareas vinculadas con el manejo de los diferentes tipos de lenguaje y aspectos lingüísticos requeridos en la comunicación de la gestión del ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

18. Efectuar la planificación, coordinación y ejecución de la publicidad oficial de gestión centralizada, y coordinar y ejecutar la publicidad oficial de gestión descentralizada.

19. Entender en acciones de vinculación del ESTADO NACIONAL con la ciudadanía, en el ámbito de su competencia.

20. Fortalecer la libertad de expresión y la pluralidad cultural e informativa.

21. Participar en el cumplimiento de los objetivos de comunicación institucional en redes según plataforma y medios.

22. Entender en la formulación, ejecución y control de las políticas de comunicación social y de medios de comunicación social, en particular a la difusión de opciones educativas.

23. Administrar y controlar los medios de difusión que se encuentran en el ámbito del PODER EJECUTIVO NACIONAL y aquellas empresas del sector en las que la Jurisdicción sea accionista.

24. Entender en el lineamiento de las políticas referentes a Medios Públicos Nacionales y su instrumentación.

25. Intervenir de conformidad con las pautas y lineamientos impartidos por el Jefe de Gabinete de Ministros, en la administración y funcionamiento de RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA S.E., integrada por LS82 Canal 7, LRA Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE).

26. Intervenir, de conformidad con las pautas y lineamientos impartidos por el Jefe de Gabinete de Ministros, en la administración y el funcionamiento de TELAM S.E. y de CONTENIDOS PÚBLICOS S.E., así como en la operación, desarrollo y explotación del contenido y funcionamiento del Polo de Producción Audiovisual y de las señales integrantes de dicha sociedad.

27. Entender en la participación del ESTADO NACIONAL en TELESUR, de conformidad con las pautas y lineamientos impartidos por el Jefe de Gabinete de Ministros.

28. Ejercer la presidencia del CONSEJO ASESOR DEL SISTEMA ARGENTINO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE, pudiendo delegar dicha función en un funcionario de la Secretaría con rango no inferior a Subsecretario.

29. Entender en la administración, operación y desarrollo del Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (BACUA), sus señales, medios relacionales y conexos.

30. Coordinar mecanismos para el seguimiento y la circulación de la información de gestión de los organismos y las acciones de gobierno.

31. Intervenir, en el ámbito de su competencia, en la administración de los activos digitales del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

32. Entender en la aplicación de los tratados y convenios nacionales e internacionales, leyes y reglamentos generales relativos a la materia de su competencia.

33. Intervenir en la planificación y elaboración de contenidos gráficos, audiovisuales y digitales del ESTADO NACIONAL, impulsando el uso de herramientas tecnológicas en su producción.

34. Intervenir en lo inherente a las expresiones tecnológicas, artísticas, educativas, culturales, informativas y formativas y aquellas vinculadas a la divulgación del conocimiento que el ESTADO NACIONAL propicie difundir a través de medios audiovisuales, redes digitales, parques temáticos y otros.

35. Entender en el desarrollo de estudios, diagnósticos e informes que permitan realizar análisis para fortalecer el diseño, implementación y evaluaciones de impacto de las políticas de comunicación pública a nivel nacional.

36. Intervenir en la definición de la estrategia de comunicación y de contenidos realizada por canales y plataformas de comunicación directa del ESTADO NACIONAL con los ciudadanos: “Mi Argentina”, “argentina.gob.ar” TINA, etc., en coordinación con las áreas de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS con competencia específica en la materia.

37. Coordinar con TELAM S.E. todo lo atinente al proceso de publicidad oficial.

38. Entender en la gestión económico-financiera, patrimonial, contable, de sistemas y en la administración de los recursos humanos de la Secretaría.

39. Entender en la instrucción de los sumarios administrativos de la Secretaría.

40. Coordinar el servicio jurídico en el ámbito de su competencia.

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA SUBSECRETARÍA DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN OBJETIVOS

1. Asistir a la Secretaría en la planificación, ejecución y supervisión de la política de prensa y comunicación presidencial, así como en la elaboración de contenidos relativos a la actividad presidencial.

2. Intervenir en la planificación y diseño de la información sobre la gestión de gobierno destinada a los medios de comunicación, nacionales, provinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, municipales e internacionales.

3. Intervenir en la producción, realización y emisión de Cadenas Nacionales y transmisiones de actos oficiales de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

4. Asistir a la Secretaría, en la confección y seguimiento de la agenda presidencial y las actividades que requieran la presencia del Presidente de la Nación.

5. Supervisar la elaboración de la información que se brinda sobre la gestión de gobierno a los medios de comunicación, nacionales, provinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, municipales e internacionales.

6. Elaborar la Síntesis de Prensa para el área de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

7. Coordinar y articular las vocerías del ESTADO NACIONAL.

8. Planificar y organizar la cobertura institucional de los actos de gobierno tanto audiovisual, gráfica, fotográfica como digital.

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA OBJETIVOS

1. Asistir a la Secretaría en todo lo relativo a la organización y difusión de las actividades del Sector Público Nacional y de los actos del ESTADO NACIONAL.

2. Asistir a la Secretaría en la comunicación del ESTADO NACIONAL con los medios de comunicación, nacionales y provinciales.

3. Asistir a la Secretaría en la planificación, contratación y ejecución de la publicidad oficial de gestión centralizada y la coordinación y ejecución de la publicidad oficial de gestión descentralizada.

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA SUBSECRETARÍA DE CONTENIDOS DE DIFUSIÓN OBJETIVOS

1. Asistir a la Secretaría en la ejecución y supervisión de la política y los contenidos de la comunicación pública.

2. Asistir a la Secretaría en los temas relacionados con la información pública del Gobierno Nacional.

3. Asistir a la Secretaría en la definición de los lineamientos, en temas vinculados con la información de gobierno, para asesorar a los titulares de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Pública Nacional.

4. Asistir a la Secretaría en lo relativo a la planificación y proyección de opinión pública y pedidos de información de gestión.

5. Asistir a la Secretaría en el diseño, la supervisión y el seguimiento de la producción de contenidos de comunicación del ESTADO NACIONAL.

6. Asistir a la Secretaría en las relaciones institucionales con organismos privados, estatales o de la sociedad civil que requieran información sobre los objetivos gubernamentales.

7. Intervenir en la difusión de los objetivos de gestión del ESTADO NACIONAL a fin de proyectar la imagen del país en el ámbito interno y externo.

8. Intervenir en la estrategia, planificación, elaboración y difusión de mensajes por canales de comunicación directa con los ciudadanos.

9. Asistir a la Secretaría en la definición de la estrategia de comunicación y de contenidos realizada por canales y plataformas de comunicación directa del ESTADO NACIONAL con los ciudadanos: “Mi Argentina”, “argentina.gob.ar” TINA, etc., en coordinación con las áreas de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS con competencia específica en la materia.

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA SUBSECRETARÍA DE VOCERÍA PRESIDENCIAL OBJETIVOS

1. Ejercer la vocería de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, comunicando las medidas de gobierno.

2. Efectuar las tareas de divulgación de la agenda presidencial a los medios de comunicación nacionales e internacionales.

3. Intervenir en la planificación de la comunicación digital de la actividad presidencial.

4. Desarrollar las actividades relacionadas con la producción, la difusión de actos y otros eventos que requieren la presencia del Presidente de la Nación, en coordinación con las demás dependencias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

5. Intervenir en la elaboración de contenidos y de la imagen institucional de los portales de Internet y otros canales de comunicación digital del Presidente de la Nación, en coordinación con las áreas de la Secretaría con competencia en la materia.

6. Recopilar y sistematizar información vinculada a las actividades presidenciales para su divulgación en las plataformas digitales de la Casa Rosada.

7. Colaborar en la comunicación de las actividades del Sector Público Nacional y de los actos del ESTADO NACIONAL.

8. Asistir a la Secretaría en la elaboración de contenidos de las redes sociales del Presidente de la Nación, en coordinación con las áreas con competencia en la materia.

9. Asistir al PODER EJECUTIVO NACIONAL en la elaboración de los mensajes, discursos y declaraciones públicas cuando se lo requiera.

10. Elaborar y elevar a la superioridad informes sobre el impacto de los actos presidenciales en los medios nacionales e internacionales.

Con información oficial y de agencias.

IG

La confirmación de lo que se presuponía llegó con la inmediatez de un rayo. “La TV Pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda y tiene que ser privatizada”, dijo Javier Milei  en un programa de radio de la primera mañana el día posterior al balotaje en el que fue electo presidente. “Todo lo que puede estar en manos del sector privado va a estar en el sector privado”, agregó y confirmó que también privatizará Radio Nacional y la agencia de noticias Télam. En menos de doce horas de conocidos los resultados, los y las trabajadoras de los medios públicos recibieron la noticia y ese lunes feriado fue aún mucho más duro en las redacciones y estudios de grabación. Ese día y los siguientes fueron de llanto y abrazos, pero también de organización. Se diagramaron asambleas escalonadas en cada uno de los medios públicos para debatir estrategias, pero también para generar espacios de contención ante una disputa que se prevé dura e inédita. 

“Sabíamos que un gobierno de estas características iba a venir por la soberanía informativa, pero también sabemos que la privatización no es para nada fácil. Mucho menos, en aquellos medios que están comprendidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Estamos acá y vamos a enfrentar cualquier agresión, incluso la profundización del vaciamiento que es una de las posibilidades que inició el macrismo y que ahora viene para terminar con la reducción de la planta con paritaria cero y la depreciación de los salarios para que se acepten los retiros voluntarios”, dijo Micaela Polak, delegada de Radio Nacional y secretaría de Género del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA)  en la asamblea que se hizo el martes al mediodía. La oficina del Servicio Informativo se llenó de trabajadores y trabajadoras, con una asistencia mucho mayor a las habituales: desde personas que están cerca de jubilarse y otras más jóvenes, algunas con ojos llorosos y otras con el semblante tenso. 

Simultáneamente, los otros gremios que tienen representación en la radio pública como la Asociación Argentina de Trabajadores de la Comunicaciones (AATRAC), la Asociación de Trabajadores de Radio Nacional  (ATRANA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también hicieron sus reuniones y coordinaron una asamblea general el próximo martes al mediodía. Nadie sabe cuál será la estrategia de La Libertad Avanza: concesión, privatización, desfinanciamiento o cierre total. Y ante esa incertidumbre, la respuesta es la organización previa y la unidad de los sindicatos. Se evalúan estrategias en distintos ámbitos: en la calle, en las redes sociales, en el Congreso. Pero nada está definido hasta no saber cuál será la medida del nuevo gobierno. Mientras tanto, en los tres medios se declaró el “estado de alerta y asamblea permanente”. “Acá no estamos hablando solo de nuestros puestos de trabajo, estamos hablando del rol histórico que tenemos como trabajadoras y trabajadores de defender los medios públicos. Nunca pudieron voltearlos y nosotros tenemos que estar a la altura de la historia y resguardar la soberanía informativa. Esta radio tiene 49 emisoras que conectan a todo el país, que llega a lugares recónditos a los que no llega nadie, tenemos este edificio hermoso. Todo eso vamos a defender, es el rol que nos asigna la historia”, dijo Amanda Alma, delegada de AATRAC. 

La preocupación también es por la violencia contra las y los trabajadores que hacen coberturas en la calle. En la última semana, se intensificaron las agresiones al personal de los tres medios. Pasó con grupos del Sector Audiovisual de Télam y con cronistas de la TV Pública que fueron increpados en diversas coberturas. También con trabajadores de Radio Nacional, insultados y amenazados con cascotes a pocos metros de la emisora. Estas situaciones aisladas de microviolencia se replicaron en los últimos días y fue uno de los temas de las asambleas. El alerta generó que el SIPREBA reedite talleres sobre Seguridad en cobertura de conflictos.

El miércoles al mediodía la redacción del noticiero de la TV Pública se llenó de empleados y empleadas, que parados y sentados en sillas o en el piso ocuparon cada espacio. Alrededor de 80 personas se atiborraron en el lugar. “Te insultan, protestan, te atosigan.  Esto se profundizó desde hace 3 meses y ya lo vivimos con la ley 125, en la década del 90 y con el gobierno de Macri”, contó un trabajador. Con mates de por medio, varios recordaron las luchas de años anteriores y consideraron que ahí hay una fortaleza, la convicción de un pasado al que aferrarse. Sin embargo, todos y todas saben que lo que está enfrente es algo mucho más feroz, más violento ante la protesta social. Un escenario inédito en democracia. “Lo que tenemos enfrente es el Aconcagua por eso tenemos que estar espalda con espalda”, dijo uno de los oradores. “También sabemos que las acciones colectivas nos van a llevar al triunfo. Como lo hicimos en los 90, en el 2000 y 2018, la vamos a ganar”, agregó.

El periodista y escritor Carlos Ulanovsky, que también participó en una de las asambleas, consideró que el fracaso de todo intento de cierre o privatización previa tiene que ver con que los gobiernos advierten la importancia de llegar a todo el país: Radio Nacional con 49 emisoras, Télam con corresponsalías en cada provincia y la TV Pública, el único canal que llega a lugares a los que los privados no llegan. “Desde 1955, después del derrocamiento de Perón, los militares se proponen privatizar el único canal y no lo hacen. Desde entonces a hoy, pasaron muchísimos gobiernos y muchas veces estuvo también la idea de privatizar y, sin embargo, no lo lograron. Mi hipótesis principal es que no lo lograron porque cuando ya están en el poder y empiezan a disponer de las botoneras del Estado, se dan cuenta que eso puede ser útil”, afirmó el autor del libro “Estamos en el aire” en el que se recopila la historia de la televisión argentina.

En ese lugar de casi tres hectáreas de terreno y 35.000 metros cuadrados de edificio que se construyó para el Mundial 1978 y en el que el legislador Ramiro Marra sueña con poner una torre, la asamblea de trabajadores y trabajadoras hace catarsis y, a la vez, planifica lo que se viene. “Los medios públicos somos la garantía del derecho a la información. Somos esenciales para fortalecer la democracia, la libre expresión, la diversidad, la pluralidad de las voces y la construcción de ciudadanía. Tiene que ver con la producción de contenidos informativos que no se rigen por los estándares comerciales sino por el interés público, con la información como un derecho y no como una mercancía. Es por eso que estamos en asamblea”, dijo la periodista y delegada del canal, Silvia Fernández.  

Otras de las preocupaciones es la estigmatización en los medios privados que convalida la idea de medios públicos desechables. Luego de las declaraciones de Milei, en diversos canales y diarios se hicieron informes tendientes a demostrar lo deficitario de los medios públicos y la sinrazón de su existencia. Incluso, una periodista difundió recibos de sueldo e información falsa. Publicó el recibo de una persona con una jefatura y la presentó como el sueldo promedio. “El ataque a los medios públicos genera también un clima persecutorio de violencias a sus trabajadores, esta semana lo sufrimos. Hemos sido hostigados y agredidos, hay toda una campaña del miedo en contra de esos trabajadores. Hay una campaña de prensa  y va a haber más. Le decimos a nuestros compañeros y compañeras que traten de estar tranquilos a pesar del momento malo que estamos viviendo. Tenemos una enorme historia de lucha y de organización”, le dijo a elDiarioAR Agustín Lecchi, secretario General del Sipreba.

El jueves, alrededor de 200 empleados y empleadas de Télam participaron de la asamblea. En una redacción desbordada, plantearon la incertidumbre que genera la situación actual y, a la vez, pusieron en valor el antecedente de la victoria tras revertir los 357 despidos que intentó la gestión de Hernán Lombardi al frente de la Secretaría de Medios en el año 2018. “Si es necesario nos vamos a quedar tres meses durmiendo en el edificio como lo hicimos en el macrismo”, dijeron. Además, llamaron a reeditar la discusión pública sobre la pertinencia de estos medios. “El Estado es el garante del acceso a la información local y del país en zonas geográficas donde los privados no llegan. Hay lugares donde solo llega Radio Nacional. Hay coberturas que solo las realiza Télam.. Muchas veces, mis compañeras o compañeros van a situaciones de juicio por violencia de género o violencia policial en las que solo están los medios públicos”, contó a este diario Sabino Cabrera, trabajador del Archivo Fotográfico y delegado.

Más allá de las declaraciones públicas, hasta el 10 de diciembre no se sabrá cuál será la forma de ataque a los medios públicos. Mientras tanto, se puede aplicar la máxima del estratega chino Sun Tzu en el libro “El arte de la guerra”, que miles de años después es utilizado en varias campañas electorales: tan importante como conocer al adversario es conocerse a sí mismo. En eso están los y las trabajadoras: durante las semanas que quedan hasta la asunción del nuevo gobierno, seguirán en asambleas con el objetivo de lograr unidad frente a lo que se viene. “Claro que tenemos angustia, es hora de llorar, abrazarse y juntar fuerza para la resistencia. Tenemos el espejo de una mujer de 93 años ( en referencia a Estela de Carlotto) que nos llamó a luchar después de las lágrimas y el decaimiento. Tenemos que pelear”, dijo uno de los trabajadores de la TV Pública ante el aplauso de sus compañeros y compañeras.

CDB/MG

Durante la campaña de Javier Milei, los medios públicos tuvieron mucho menos protagonismo que durante la de Mauricio Macri. En 2015, las preguntas sobre 678, Diego Gvirtz, Fútbol para Todos y la Ley de Medios eran corrientes e incluso se asomaron también con cierta recurrencia en 2019, dirigidas a Alberto Fernández.

Esa centralidad no existió en 2023 y no llama la atención. La rotación mediática de Milei en el último año tuvo como base la pantalla de La Nación+ y una red de cuentas en plataformas sociales privadas y masivas, además de que los medios públicos salieron de la agenda política más allá de algunos destellos cortos y de baja intensidad. También, hubiera implicado meterse con tecnicismos demasiado específicas de dependencias públicas que el presidente electo tal vez todavía desconoce: en definitiva, la narrativa antiestatal de Milei se materializó en una motosierra, no en un bisturí.

Sí aparecieron los medios públicos bajo la forma del exabrupto, casi como de costado, especialmente la TV Pública. Ramiro Marra habló privatizarla, del valor del edificio para el real estate (“Me imagino una torre de 100 metros donde está ATC, sería un re negocio”) y de la línea editorial de Pakapaka (“Un chico me dijo una vez que en Pakapaka decían que los españoles eran los malos y los argentinos los buenos”); Lilia Lemoine le dio una definición errática a una cronista de la TV Pública. Le dijo que la iban y después se desdijo: la iban a privatizar. Le sugirió que procurara “ser una buena trabajadora”.

Al día siguiente de ganar el balotaje, Milei respondió ante una pregunta de Eduardo Feinmann que iban a privatizar Radio Nacional, Télam y la TV Pública, y retomó una frase de Hernán Lombardi versión 2015, la de “Ministerio de la propaganda”, aunque sin prometer arreglarlo –como hacía el funcionario–, sino liquidarlo, inaugurando una discusión que promete sostenerse por meses y tal vez años. Por el momento, ya se activó la maquinaria multiplataforma de los señalamientos falsos, superficiales o dañinos que están lejos de querer discutir la problemática con la seriedad que demanda.

Gobierno nuevos, ideas repetidas 

No es la primera vez que un gobierno busca privatizar medios públicos. Ni en el mundo ni en Argentina. Dos casos recientes muestran que los resortes políticos, sindicales e institucionales no hacen tan fácil la decisión.

En 2019, el gobierno de Boris Johnson hizo propia una diatriba que había pululado ya antes para privatizar Channel 4 en el marco de una (otra) ofensiva conservadora contra los medios públicos. No lo consiguió, especialmente debido al fuerte rechazo que generó en la industria audiovisual. El gobierno que lo sucedió dio de baja la iniciativa aunque aprovechó la discusión que se generó a su alrededor para habilitar algunos cambios, como autorizar a que empiece a producir internamente. Otro caso es EBC, la Empresa Brasil de Comunicação, puesta en marcha en 2007 por Lula y cuya privatización fue anunciada por Jair Bolsonaro ya en su campaña con un tufillo a venganza. Antes, Michel Temer había golpeado a la empresa cambiando la ley que la había creado. Bolsonaro fue más allá. Además de sumarla a la lista de empresas a privatizar, extremó el partidismo y la censura, según denunciaron sus trabajadores. En un informe de los empleados de la EBC y del sindicato de periodistas de Rio de Janeiro, Distrito Federal y San Pablo, contabilizaron 193 horas de interrupciones a la programación de TV Brasil con eventos de gobierno entre agosto de 2021 y julio de 2022. Al asumir Lula, detuvo el proceso de privatización de esta y otras empresas públicas.

En Argentina, el propio Canal 7 tiene su historia de intentos de privatización. Muy cerca de haber sido lanzado, con la televisación del acto del 17 de octubre de 1951, Perón decidió en 1953 licitar las redes de telecomunicaciones, en parte porque la oposición criticaba la centralización facciosa de la comunicación y en parte porque podía asegurarse dueños amigos para las tres redes en cuestión. La Red B, que contenía Radio Belgrano y el flamante Canal 7, fue para Jorge Antonio, empresario del primer cordón de amistad de Perón, quien veía en esta adquisición un negocio en términos de infraestructura (promover la importación y a la vez la fabricación de televisores) y uno en términos de contenidos, como esbozó en su libro ¿Y ahora qué?: “Pensaba, con justa razón y según la experiencia universal, que debíamos montar nuestros propios equipos de publicidad, relaciones públicas y propaganda”. Su objetivo, dijo, era promover la “conciencia industrializadora”,

Mientras el canal perteneció a Antonio, en sociedad con Víctor Madanes, lo dirigieron Blackie y Cecilio Madanes. Pero con el golpe de Estado de 1955, el nuevo gobierno de facto fue directamente a buscar a Antonio. Aramburu derogó las licitaciones de los medios llevadas a cabo por el peronismo e inició una serie de causas contra el empresario por el marco de esta privatización y otros supuestos negocios espurios que tienen un lugar protagónico en ese libro de “pintoresco título”, como definió Rodolfo Walsh, llamado El libro negro de la Segunda Tiranía. 

En 1955 y de la mano de la “Revolución Libertadora”, el canal volvió a la órbita estatal para siempre. Ganas de privatizarlo no faltaron, pero tampoco sobraron. Más acá en el tiempo, el menemismo fue errático al respecto. Primero, dejó a ATC afuera de la ley de reforma del Estado. Canal 7, decían quienes defendían que siguiera estatal, sería un canal propio en medio de un nuevo mapa mediático imprevisible. Esa idea vino aparejada de un “como si”: hacer que la propuesta del canal se mostrara similar a la de los privados. Por algo el slogan que inmortalizó Gerardo Sofovich en 1991 fue Ahora También Competimos. Pero no ganó y casi todas sus figuras, desde Grondona hasta Mirtha Legrand, lo abandonaron durante los 90 para nutrir las fulgurantes pantallas privadas.

Menem habla con Mirtha Legrand en la pantalla de ATC en la pantalla de la privatización de SOMISA (Archivo Prisma - RTA)

El rumor de la privatización fue el status quo de los 90. En 1992 ATC cambió de razón social y se convirtió en una Sociedad Anónima. Por esos años, sonaba muy fuerte Televisa como interesada en adquirir un paquete accionario. Había obstáculos: el parlamentario era uno, los trabajadores otro, la Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas otro (no querían que se sumara otro canal a competir) y la ambivalencia del propio Carlos Menem, probablemente el más decisivo. 

Cuando comenzó su segundo mandato, sin embargo, el presidente promulgó un decreto para licitar la frecuencia 7 y cambiar el canal estatal al número 4, mucho menos potente. Su interventor presentó al canal en convocatoria de acreedores por el pasivo que declaraban los síndicos. Fue la jueza María Elsa Uzal, en cuyo juzgado había caído la convocatoria, la que atendió al pedido gremial para frenar la licitación y pidió avales por 100.000 pesos para habilitar una medida cautelar. Embanderado en la antiprivatización como otros miembros de la oposición al menemismo, el actor y diputado Luis Brandoni sumó su casa como garantía para conseguir el aval ante el banco, como también lo hicieron trabajadores del canal. La jueza ordenó no innovar.

En 1998 vino otro intento con renovada intensidad, en un contexto de crecimiento de holdings mediáticos. La iniciativa de privatización se peleó con festivales, cortes de calle y manifestaciones en premiaciones planificados por todos los sindicatos con representatividad en el canal –entre los que suele haber más rispideces que acuerdos–. A ellos se les sumaron reclamos por parte de gente renombrada de la cultura y pesos pesados de la Alianza. De la posibilidad certera de que se abriera una licitación –en la que Tinelli, Julio Ramos y el grupo CEI querían eventualmente participar–, un volantazo de último momento terminó en la sanción de una ley que establecía la creación de Radio y Televisión Argentina, una Sociedad del Estado.

El mercado del estado, el estado del mercado

Desde siempre, pero especialmente desde que el kirchnerismo les dio un lugar protagónico al frente de su “batalla cultural” contra el Grupo Clarín, los medios públicos representan también un símbolo y una potencial privatización no se discute desde el punto de vista de la estrategia, la viabilidad, ni se deja supeditada a un análisis serio e independiente para entender cuál es su aporte al interés público. Tampoco se habla de la muy dinámica situación de la industria audiovisual plataformizada y quiénes podrían estar interesados en adquirirlos. El tono es más bien el del desprecio y la revancha: Milei, inaugurando una “tecnocracia a ojo”, argumentó su privatización diciendo que el 75% del tiempo que se habló de La Libertad Avanza se hizo de una manera muy negativa. La privatización, como en el caso de Lemoine, se parece más una amenaza que una política pública.

En Argentina, los medios públicos son, en realidad, estatales, aunque puedan incluir programación de interés público: los presidentes del ejecutivo deciden presidente y vicepresidente del directorio de Radio y Televisión Argentina (que no incluye Télam). Y una innovación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el desfasaje para que un presidente de la Nación tenga que convivir dos años con un presidente de RTA apuntado por el presidente anterior, cerró la grieta: nunca nadie lo cumplió y todos los presidentes de RTA renunciaron apenas asumió un nuevo presidente de la Nación. 

Es, también, momento de asumir sus taras históricas: en el caso de la TV Pública, un funcionamiento interno más bien opaco y una dependencia del poder de turno que se materializa ya no solo en funcionarios sino también en programas, productoras y hasta invitados a un panel, cosa que atenta contra una credibilidad sostenible a lo largo del tiempo. Pero también es necesario que se los piense como una verdadera política pública: los medios administrados por los estados pueden ser –y muchas veces son– distintivos y estratégicos para el desarrollo, la cultura y la industria audiovisual en un contexto comunicacional fragmentado, hipercomercial y transnacional.

La TV Pública es y fue durante casi toda su historia la pantalla de programación cultural y artística de calidad que no tenía lugar en ningún otro lado, además de un semillero de productores, conductores y programas que hicieron historia, desde La noticia rebelde hasta El otro lado, Hola Susana, Fútbol de Primera, Okupas o la versión argentina de En terapia. Junto con Télam y Radio Nacional, sostienen una red comunicacional nacional con una misión federal imprescindible y la infraestructura técnica necesaria para digitalizar y salvaguardar archivo audiovisual, radial y fotográfico de enorme valor patrimonial que, hoy, con redacciones periodísticas en proceso de achicamiento, está en verdadero riesgo de extinguirse. Es fundamental emprender una agenda constructiva para pensar y defender el porvenir de los medios estatales, en contra de una privatización imprudente e impulsiva, que quiere imponer los términos del debate a todo o nada.

NS/DTC

Tras ganar con amplitud en el balotaje y sacarle a Sergio Massa más de 11 puntos de diferencia (casi 3.000.000 de votos), el presidente electo Javier Milei, comenzó bien temprano este lunes su raid mediático donde dio algunas precisiones de sus primeras medidas de Gobierno, confirmó algún que otro nombre de quiénes integrarán su Gabinete desde el 10 de diciembre y volvió a apuntar a su rival en las elecciones: “Es un irresponsable”.

Sobre el futuro de los medios públicos, Milei ratificó en declaraciones a radio Mitre lo que venía diciendo en la campaña y consideró que la TV Pública “se convirtió en un mecanismo de propaganda. No adhiero a las prácticas de tener un ministerio de Propaganda encubierto. Debe ser privatizada, igual que Radio Nacional”, disparó para dejar en claro su postura. Y agregó: “Todo lo que pueda estar en manos del sector privado lo va a estar. Télam (la agencia de noticias del Estado) también”.

Días atrás, previo al balotaje, la diputada nacional electa de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, adelantó que, en un gobierno de Javier Milei, los medios de comunicación públicos serán privatizados. Así lo indicó días atrás en la Estación Constitución del ferrocarril Roca luego de que una periodista de la Televisión Pública se acercara a consultarle por la presunta quita de subsidios al transporte que aplicaría el partido libertario si ganaba el 19 de noviembre. “Los medios públicos se van a privatizar así que procurá ser una buena trabajadora”, le advirtió Lemoine a la cronista Laura Mayocchi.

Los seguidores de La Libertad Avanza, que acompañaban a Lemoine a repartir boletas de Milei, también mostraron una actitud intimidatoria hacia los periodistas. Ante las cámaras de la Televisión Pública sostenían un cartel en el que alcanzaba a leerse “La pauta está en peligro ─Periodistas ladrones, vayan actualizando el CV”.

El mensaje tanto de los militantes como de Lemoine se alineaba a la propuesta de la plataforma electoral libertaria en la que aboga por el desfinanciamiento de los medios de comunicación públicos, algo que confirmó este mismo lunes el presidente electo.

En aquel momento, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, repudiaron los dichos de la diputada electa, que consideran demuestra un rechazo por la libertad de expresión en todos los ámbitos. “Estamos convencidos de que esto no es sólo contra los medios. Y lejos de ser un hecho aislado, demuestra que en La Libertad Avanza reside una actitud de desprecio a los trabajadores, la democracia y la libertad de expresión”, sostuvo Agustín Lecchi, secretario general de la entidad gremial.

Y agregó: “Es claro que generan un clima de violencia hacia quienes ejercen el oficio de informar, hacer preguntas y ayudar a poner ideas en debate, con sus discursos agresivos que incitan y avalan la violencia física contra trabajadores y trabajadoras de prensa”.

El dirigente gremial también había cuestionado el acuerdo de Javier Milei con Mauricio Macri, a quien acusó de haber llevado adelante ataques a medios públicos durante su gestión entre 2015 y 2019. Advirtió que el ex presidente de Juntos por el Cambio puso en marcha despidos masivos y vaciamiento de tales instituciones.

“Los trabajadores y trabajadoras de prensa de los medios públicos defendemos un sistema de medios plural y a las leyes laborales y los Derechos Humanos que son un pilar de justicia social de nuestro país”, explicó Lecchi.

La Defensoría del Público también se expresó y repudió los dichos de Lemoine. “Ante la amenaza a una trabajadora reafirmamos el rol del periodismo, los medios de comunicación y especialmente los medios públicos en la construcción de una sociedad democrática y plural”, aseguró la entidad, para la cual “el respeto a los medios públicos garantiza el derecho a la Comunicación”.

Según indicó, “el derecho a la comunicación es un bien social. La Ley establece que las actividades realizadas por los servicios de comunicación audiovisual son de interés público”.

Con información de agencias.

IG