Desde el año pasado, la Justicia investiga la venta de dólares oficiales autorizada por el Banco Central a casas de cambio que después los vendían al blue en el mercado ilegal para ayudar así a las autoridades del Ministerio de Economía, que entonces encabezaba Sergio Massa, a calmar la cotización paralela. Eran las llamadas “manos amigas”, de las que tanto se hablaba, pero cuya existencia los funcionarios siempre negaban. No sólo ayudaban al gobierno de entonces sino que de paso hacían un negocio millonario vendiendo al triple del valor al que compraban. Entre esas casas estaba la de Elías Piccirillo, que estuvo casado con la modelo Jésica Cirio, tras divorciarse del polémico exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde. Piccirillo, hoy bajo arresto domiciliario, era dueño de la financiera ARG Exchange, que también estaba vinculado a negocios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Pero en la causa del dólar blue Piccirillo no está solo: a partir de escuchas a su teléfono que aportó un expolicía arrepentido, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi allanaron a cinco funcionarios de línea del Banco Central sospechados de aportarle las divisas al cambista. Los cinco también fueron sumariados por el presidente del Central, Santiago Bausili. Se llaman Romina García, Diego Volcic, Analía Jaime, Fabián Violante y María Valeria Fernández. Pero esta última se acercó a elDiarioAR para negar la acusación y sostener que fue confundida por una contadora, como ella, que también se llama Valeria Fernández y que trabajaría para Piccirillo. Altos funcionarios de la actual cúpula del banco y también de los de la gestión anterior admiten que podría tratarse efectivamente de una confusión con una colega homónima.

De licencia médica tras 16 operaciones de columna, y a poco de someterse a la decimoséptima cirugía, María Valeria Fernández, inspectora jefa de supervisión de entidades financieras del Central ofrece su versión de los hechos. El pasado 29 de diciembre, un mes después de su última operación: “Era un lunes, a las 06, me costaba muchísimo moverme, vivo en un departamento de dos ambientes, y atendí el portero eléctrico. Me dijeron que tenían para leerme una orden. Tardé un poco en cambiarme porque tengo movimientos lentos. Volvieron a insistir con el timbre”, recuerda.

–Sí, sí, estoy bajando– les respondió por el portero.

En la planta baja vio “muchísimas caras”, rememora. “En ese momento no entendía nada. Una era una mujer policía de la Ciudad de Buenos Aires. Comenzó a leer una orden de allanamiento... Hasta que no pasó la página segunda no me di cuenta que podía llegar a estar vinculado con algo de mi trabajo. Dijo que iba a secuestrar toda documentación que se vinculara con las entidades financieras de titularidad de Piccirillo. Y nombró una serie de casas de cambio.”

–Pero yo no estoy hace dos años trabajando– les contestó.

“En los 30 años que llevo en la superintendencia de entidades financieras y cambiarias, nunca he trabajado en supervisión de casas de cambio”, aclara en esta entrevista. “Desde 2019 que yo tenía a cargo la supervisión del Banco Galicia. Nada que ver.”

Pero los policías llegaron preguntando por su nombre, con su número de DNI y su domicilio. “Cuando llega ese momento te toma por sorpresa, porque en las semanas finales del año pasado se empezó a hablar de de esta causa. Yo de eso estaba enterada por la tele, de escuchar parcialmente un noticiero u otro. Había escuchado de otras dos personas que las conozco de vista. Una de ellas sí trabajó en supervisión de entidades financieras, pero hace muchísimos años atrás. Las conozco de vista... yo desde la pandemia que no he podido volver a pisar el Banco Central”, se volvió a referir a sus problemas de salud. Desde 2020 a 2023 trabajó de forma virtual, hasta que entró en licencia médica.

“Fue tal la sorpresa que cuando me estaban leyendo me descompensé, aparentemente me desmayé”, continúa Fernández. “Cuando me desperté lo único que yo le preguntaba es cómo caí, si me golpeé la columna. Me levantaron y me siguieron hablando.”

–Vamos adentro de tu casa –le dijo la policía–. Te sigo leyendo.

Los uniformados llamaron a la ambulancia del SAME, que llegó al rato. “Ellos comenzaron con su operativo. Eran ocho cuando entramos al departamento. Veía personas inmensas, tatuadas, desparramaban todo por todos lados del departamento. No sabía qué hacer. Yo estaba estaba descompensado todavía y no entendía nada. Revolearon el mantel. Otros dos se tiraron en el sofá, aplastando los almohadones, los pies arriba. Otro pidió café. Fue una invasión terrible. Estuvieron casi cinco horas. Inmediatamente vieron en el escritorio una Mac, la tomaron. Yo tenía otra Mac sin utilizar porque a la otra la batería se le estaba por romper. Pero no había llegado a hacer el backup. La nueva la saqué de la caja. Me decían que me loguee, pero no me iba a poder loguear porque yo no la había configurado. Igualmente la incautaron, lo mismo que el teléfono celular. Cuando sonó la alarma que yo había puesto la alarma despertador para las 8, me acerco a la mesa de luz y la mujer policía con una de las testigos me dijo que ya no lo podía tocar más. Y el tema es que yo ahí tenía todo. De repente perdí todos mis contactos, yo no tenía backup. En una nota del celular tenía las claves para acceder a todo, desde la aplicación del banco a todo.”

Fernández recuerda una de las primeras preguntas que le formularon.

–¿Tenés plata? Decinos porque te vamos a dar vuelta todo.

–Sí, les digo–, les respondió y les entregó US$9.320 que tenía ahorrados.

“Tenía algo porque yo tengo muchos gastos con lo de la columna. Y tenía una suma pequeña, pero para mí muy importante”, prosigue. “Estaba vinculada con la escritura de venta de un lote que teníamos con mis hermanos en Arrecifes porque perdimos a mi mamá hace tres años y y decidimos venderlo. La escritura estaba dentro de la Mac. Fue todo muy violento, me rompieron cosas, las revolearon.”

“Fue de tanta violencia que comencé con tratamiento psiquiátrico, psicológico, lo asocian a un trauma que es una combinación de una violación con un robo a mano armada”, cuenta la contadora. “En ese momento sólo me acordaba del celular de mi novio, que vive en Pilar. Les pedí por favor ocho veces que lo llamaran a él, pero se iban sin llamarlo. Les dije que por favor porque quedaba totalmente incomunicada. Lo llamaron durante el operativo.”

“Yo claramente sé que no tengo absolutamente nada que ver con nada de lo que suponía”, se defiende. “Se van y me niegan copia del acta de allanamiento, se van con todos mis dispositivos electrónicos y con el dinero. Cuando llega mi novio, no entendía nada tampoco. Vecinos del country donde él vive nos recomendaron un abogado penalista, Aníbal Campana. Yo no lo conocía. Le hablé y fue muy expeditivo. El mismo día me pudo dar una devolución y me dijo que indudablemente acá hubo una confusión de persona.”

“Hay solo dos audios entre las horas de audio de comunicaciones en donde nombran a una Valeria Fernández, pero yo me llamo María Valeria Fernández”, le cuenta Campana a la contadora. “En el Banco Central también hay otra María Valeria Fernández, que es abogada, y luego cuando me comunico con la abogada del banco dijo que también podría ser la contadora de quienes están siendo investigados, Piccirillo y todas sus casas de cambio. Su contadora también se llama Valeria. Creo que Valeria Eugenia Fernández”, alega la supervisora de la autoridad monetaria.

“O sea, allanaron a la persona equivocada”, argumenta. “No ha sido allanada la persona a la que tenían que ir. Pero llevamos tres meses desde el día del allanamiento y no hubo movimiento alguno en la causa. No dispusieron la apertura de los elementos electrónicos. No dieron lugar a la restitución del dinero. Mi abogado apeló a la cámara, pero la cámara negó la restitución. El juzgado no abrió el expediente y no abrió el punto de que el Banco Central, cuando presentó su descargo que dijo que esta persona no puede ser la persona que ustedes pretenden investigar porque no estaba afectado a sus funciones desde agosto de 2023 y las operaciones de estas casas de cambio que están investigando son de 2023 y 2024”, se defiende Fernández. Es decir, las operaciones sospechosas no sólo habrían ocurrido durante la presidencia de Alberto Fernández, con Massa de ministro y Miguel Pesce de jefe del Central, sino también con sus sucesores, Javier Milei, Luis Caputo y Bausili. “A las 13 me pude comunicar con un gerente principal en el Banco Central y me dijo que ellos habían sido allanados y que también le dijeron que no van a encontrar nada de esto de María Valeria Fernández, porque yo no iba presencial.”

“Hay una, una ineficiencia, una lentitud, un error tan grande, me siento como persona, como ciudadana, que me están atropellando”, razona. “De repente que te digan estás involucrada en una causa penal que se vincula con un montón de otras causas penales. Mi abogado no tiene en claro ni definido qué tipo de delito pretenden investigar, porque la causa es NN sobre averiguación de delito. Las órdenes de allanamiento han sido libradas sin ningún tipo de investigación, porque de ninguna manera podría haber estado yo entre las persona. Es una pesadilla. Frente al rechazo de la cámara a la devolución del dinero, mi abogado presentó un pedido que en un plazo perentorio dispongan las pericias de mis de mis equipos tecnológicos, como para acelerar.”

“Los primeros días de enero yo iba a volver a trabajar con jornada parcial, pero todo esto me hizo ir hacia atrás, me generó un un retroceso impresionante con otro tipo de de sintomatologías y de dolencias que no tenía antes”, cuenta. “Está previsto para abril otro quirófano para hacer los mismos procedimientos. Y ese dinero yo lo tenía de de backup porque mis gastos son muchísimos. Mi sueldo no es íntegro, sin presentismo ni bonus, porque no estoy cumpliendo funciones, y tengo esa plata para cubrir los 12 medicamentos que tomo. Le tuve que pedir a mis amigas y familiares que me dieran vuelta todo el departamento porque no podía estar.”

“Me siento vulnerada, pisoteada, ultrajada por el propio acto y por todo lo que vino después”, lamenta. “Mi vida en el día a día gira en torno de la columna, al punto de que iba a quedar en silla de ruedas. A mí me salvaron en una de las tantas cirugías los neurocirujanos, pero tengo daño crónico en los nervios hacia el lado izquierdo de mi cuerpo. Entonces dependo muchísimo de muchas rehabilitaciones, que son todas particulares. Jamás me iba a imaginar que esto me iba a suceder, que me iba a afectar de esta manera, que iba a tratar términos penales, a que un medio expusiera mi foto en la tapa un domingo. A este señor Piccirillo solamente lo he visto por televisión alguna que otra vez al hacer zapping”, se frustra Fernández. Este año la causa pasó de manos de Casanello a las de Ariel Lijo.

AR

La defensa de Cristian Graf presentó un escrito ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56 en el que reclamó su sobreseimiento definitivo en la causa por la muerte de Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años desaparecido en 1984 cuyos restos fueron hallados este año en una obra en construcción de Coghlan.

El planteo, firmado por los abogados Érica Nyczypor y Martín Díaz, sostiene que no existen pruebas que vinculen a Graf con el hallazgo de los huesos y que el fiscal Martín López Perrando “construyó un relato” para presentarlo como responsable bajo la presión social y mediática, según supo elDiarioAR de fuentes vinculadas al caso. En el escrito se incluyeron certificados escolares, antecedentes laborales y recibos de sueldo de Graf para mostrar que llevó una vida “normal” desde los años 80, además de testimonios de excompañeros que aseguraron que apenas compartió la escuela con Diego, sin tener relación cercana.

El pedido llega en un contexto de fuertes tensiones procesales. Días antes, el juez Alejandro Litvack aceptó a la familia de Diego como querellante. Javier Fernández Lima, hermano del adolescente, asumió esa representación junto con los abogados Hugo Wortman Jofré y Tomás Brady, lo que les garantiza acceso directo al expediente y la posibilidad de impulsar medidas.

Aunque el magistrado rechazó por ahora citar a indagatoria a Graf, la querella insiste en que el caso no quede impune, pese a que el crimen común ya prescribió.

Consultado por este medio, Wortman cuestionó la estrategia de la defensa de Graf sobre el pedido de sobreseimiento: “Consideramos que el pedido es improcedente en una investigación que recién comienza. Evidentemente este hombre no quiere soportar una investigación judicial y está muy apurado por cerrarla”.

Un misterio de cuatro décadas

Un adolescente de 16 años que salió de su casa el 26 de julio de 1984 y nunca regresó. Durante más de cuatro décadas, la ausencia de Diego Fernández Lima dejó una herida abierta y se convirtió en un enigma sin respuestas, como tantas desapariciones ocurridas en el pasado en nuestro país. Aquel día el joven había almorzado en su casa de Villa Urquiza, le pidió dinero a su madre para visitar a un compañero de colegio y no fue visto nunca más. Este año, una obra en construcción en Coghlan destapó el secreto enterrado: 150 huesos hallados junto a la medianera de la casa que habitaba un viejo compañero de escuela. Meses después se confirmaría que era Diego.

El padre del muchacho murió en un accidente en los años 90 convencido de que su hijo había sido captado por una secta. En 1986, la revista ¡Esto! dedicó incluso una nota a doble página sobre el caso, pero nada acercó respuestas. El tiempo pasó sin pistas firmes, y Diego quedó registrado como uno de los tantos adolescentes desaparecidos en democracia durante los 80, sin vínculo con la dictadura y en un limbo que nunca encontró resolución.

¿Qué pasó? La línea de tiempo del caso

El 20 de mayo de 2025, obreros que trabajaban en una obra en Congreso al 3.700 encontraron restos humanos enterrados junto a la medianera de una casa. La propiedad, que en algún momento había alquilado Gustavo Cerati, líder de la banda Soda Stereo, fallecido en 2014, pertenecía desde los años 80 a la familia Graf. Los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) recuperaron 150 piezas óseas esparcidas bajo tierra y determinaron que correspondían a un varón adolescente que había muerto de manera violenta, con lesiones compatibles con heridas cortantes y posteriores intentos de ocultamiento (de todas maneras, cabe aclarar que no está confirmado en las pericias que las lesiones fueran efectivamente cortantes, ya que los documentos hablan de muerte violenta y ocultamiento, pero sin especificar arma). Los huesos estaban dispersos y no conformaban un esqueleto completo, lo que reforzó la hipótesis de descuartizamiento y ocultamiento deliberado.

El 7 de agosto de 2025, los análisis genéticos confirmaron que se trataba de Diego Fernández Lima. El cotejo con familiares directos cerró una incertidumbre de 41 años. Ese mismo día, la fiscalía informó que el principal apuntado era Cristian Graf, compañero de colegio de Diego y actual habitante de la casa lindante. Graf negó todo vínculo y aseguró que “no sabe cómo llegó el cuerpo ahí”. En entrevistas con medios, repitió que tenía “la conciencia limpia” y sugirió que alguien pudo “plantarle” los restos. También rechazó que su padre —ya fallecido— tuviera algo que ver.

Las versiones no cierran con el expediente. Testigos declararon que Graf controlaba de cerca las excavaciones en su casa, incluso pidió a los obreros que no cortaran un árbol cerca de la medianera, justo donde finalmente aparecieron los huesos. Ese detalle alimentó las sospechas de encubrimiento agravado y supresión de evidencia, delitos por los que fue imputado. Además, un excompañero de ambos que vive en el exterior recordó que a Diego lo apodaban “el Gaita” y a Graf, “el Jirafa”, y declaró por Zoom sobre el vínculo entre ellos. Es decir que Graf y Fernández Lima se conocían pero no hay registros por ahora de que existiera una relación de amistad, enemistad o rivalidad. Ni odio, ni cariño, ni envidia. Simplemente se conocían por el colegio, por lo que se sabe hasta ahora.

A casi un mes de la identificación del cuerpo de Diego, el caso sigue abierto. Pese al tiempo transcurrido y las trabas legales por la prescripción del delito, la aparición de los restos en Coghlan reabrió un misterio que parecía enterrado para siempre. La familia de Diego busca que la Justicia determine qué pasó con él en 1984 y cómo su cuerpo terminó oculto en la casa de un excompañero de colegio.

JJD/MC

La jueza federal María Eugenia Capuchetti escuchará en los próximos días a dos testigos clave en la causa por la firma y destino de los fondos del acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, que tiene entre sus imputados a Luis “Toto” Caputo, futuro ministro de Economía de Javier Milei.

Los citados son dos funcionarios de la Gerencia de Control de Deuda Pública de la Auditoría General de la Nación (AGN), Santiago Cámpora y María F. Ibáñez, informaron a elDiarioAR fuentes directas del expediente. Deben declarar este miércoles 13 de diciembre y el próximo lunes 18 de diciembre. El informe había sido presentado ante el juzgado en abril último y las testimoniales se ordenaron antes de que Caputo regresara a la escena pública.

En diciembre de 2020 el fiscal federal Franco Picardi imputó a Macri, Caputo, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris (presidentes del Banco Central de la República Argentina, BCRA); a Nicolás Dujovne (ministro de Hacienda de la Nación), Gustavo Cañonero (exvicepresidente del BCRA), Verónica Rappaport (exvicepresidenta segunda del BCRA), Enrique Szewach (exdirector del BCRA) y Mauro Alessandro (subgerente general del BCRA) por su presunta participación delictiva en la firma y ejecución del acuerdo con el Fondo. Fue luego de una denuncia presentada por el gobierno de Alberto Fernández. Están imputados por los presuntos delitos de defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la Administración pública.

El préstamo otorgado a la Argentina por parte del FMI fue suscripto el 12 de junio de 2018 entre el entonces Ministerio de Hacienda y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Entonces, Caputo era aún ministro de Finanzas y asumió dos días más tarde, el 14 de junio, como presidente del Central. Ejercería el cargo hasta octubre de ese año, cuando renunció. Caputo sostuvo entonces que dejaba el cargo “por motivos personales”, pero más tarde trascendieron versiones que sostenían que debió dar un paso al costado a pedido del FMI.

El caso

En junio de 2018 se había habilitado un endeudamiento a 36 meses por unos U$S50.000 millones, cifra que se amplió en octubre de 2018 a US$57.000 millones. Los montos efectivamente desembolsados fueron de casi US$45.000 millones. El informe de la AGN es pieza central en la causa, ya que cuenta con el análisis de supuestas irregularidades e incumplimientos por parte de los exfuncionarios en el préstamo más importante en la historia de Argentina y del FMI. Es, además, el primer informe del organismo sobre un acuerdo con el Fondo.

“El financiamiento superó ampliamente el monto máximo definido en condiciones de acceso normal”, dijo el organismo de control. Sin embargo, “no consta en los expedientes ni se mencionan en el Acuerdo suscripto antecedentes de análisis en relación con el otorgamiento excepcional a la Argentina”.

Sobre las implicancias económicas del acuerdo, la AGN estimó que “el préstamo con el FMI representó un 8,8% en 2018 y un 14% en 2019 de la deuda directa” y el 50% de la deuda multilateral. 

Sobre Caputo, uno de los puntos centrales de su imputación es por su decisión como presidente del Banco Central de intervenir en el mercado de cambio por fuera de las subastas con fondos del préstamo, hecho que habría terminado provocando su renuncia.

En su querella, el gobierno de Fernández había resaltado que en los estatutos del propio FMI se establece la prohibición de que “los empréstitos tomados por los Estados sean utilizados para financiar la especulación financiera y la fuga de capitales especulativos; pese a lo cual el dinero del Fondo se utilizó para dicho fin”.

El Ejecutivo también estableció en su denuncia que “recién se tomaron medidas de control de cambios una vez que los grandes especuladores financieros” tenían su dinero a salvo en el exterior. 

El préstamo ingresado por el FMI “fue utilizado para el mantenimiento de una gravosa y dañina especulación financiera con fuga de capitales a tasas que promediaron el 75% en dólares con las LEBAC que luego fueron reemplazadas por las LELIQ”, aseguró el Ejecutivo. 

Irregularidades

De acuerdo con el informe de la AGN que los testigos deberán explicar ante la jueza y el fiscal, “el préstamo con el FMI no fue autorizado ni suscripto por autoridad competente de acuerdo con la normativa aplicable a la gestión del crédito público, ya que fue firmado por el Ministerio de Hacienda, que no tenía asignadas normativamente las funciones relacionadas al crédito público”.

Además, “no surge de la evidencia cuáles son las versiones definitivas del Acuerdo (existen múltiples versiones del texto, sin poder determinarse cuál es la definitiva)”.

“Dos de los desembolsos del préstamo efectuados en 2018 no fueron ingresados al presupuesto vía Decreto o Decisión Administrativa, que representa el 30% de los fondos del préstamo”, afirmaron los técnicos de la AGN.

Se observó una salida de capitales considerable y continua, alcanzando el máximo de la década.

Informe de la AGN.

“Una parte de los recursos provenientes del Acuerdo se aplicaron al pago de servicios de la deuda, gastos y honorarios”, resaltó la AGN. “Otra porción se aplicó al pago de obligaciones de comercio exterior relacionadas al mercado energético, todos ellos conceptos presupuestarios”.

“Parte del primer desembolso se mantuvo depositado en una cuenta especial en el BCRA (Cuenta de Fortalecimiento de Reservas) durante 2018 (U$S7.500 millones) hasta octubre de 2019, cuando fue aplicado también al pago de servicios de la deuda y gastos (uso presupuestario)”, surge del análisis de los expertos.

El proceso tampoco fue eficiente en relación con la rendición de cuentas y la trazabilidad del uso de los fondos, concluyó la AGN. De hecho, los técnicos afirmaron que “la trazabilidad de los fondos se informó a través de planillas en formato Excel, de operatoria manual”.

¿Qué deudas pagaron con los fondos del FMI? Se detectó que el 71% de los fondos fueron utilizados para cancelar servicios de deuda emitida entre 2016 y 2019, es decir, durante el propio gobierno de Macri.

Durante el período del acuerdo con el Fondo “se observó una salida de capitales considerable y continua, alcanzando el máximo de la década y el máximo del período de flexibilización de las regulaciones cambiarias (2016-2019)”, afirmaron los expertos de la AGN. 

¿Hizo algo el gobierno de Macri para evitar la sangría de los fondos del FMI? “La implementación de medidas para evitar la salida de capitales se dio en septiembre de 2019, una vez realizados los 5 desembolsos de los fondos del préstamo del Fondo, resultando tardía”, sostiene el informe de la AGN.

ED/DTC