La salida de Leandro Massaccesi del Ministerio de Capital Humano no solo expuso las tensiones internas en la gestión de Sandra Pettovello, sino que también quedó atravesada por el fuerte descargo público del ahora exfuncionario, quien buscó despegarse de cualquier irregularidad tras su desplazamiento.

Leandro Massaccesi fue obligado a presentar su renuncia indeclinable luego de que se conociera su participación en una nómina de créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios públicos. En su caso, el préstamo —por un monto cercano a los 420 millones de pesos— generó ruido político dentro de una cartera que sostiene una línea estricta de austeridad y bajo perfil.

Sin embargo, lejos de aceptar cuestionamientos, el exjefe de Gabinete salió a defenderse con firmeza. “No cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella”, afirmó en un mensaje difundido en redes sociales, donde también detalló las condiciones del crédito que gestionó junto a su pareja.

En esa línea, remarcó que todo el proceso fue transparente: “La gestión fue completamente vía web, adjuntando toda la documentación requerida”, sostuvo, al tiempo que buscó reforzar la idea de responsabilidad financiera al tratarse de un compromiso a largo plazo. “Es un crédito que asumimos a 30 años y que vamos a honrar”, agregó.

El abogado rionegrino también planteó un argumento de fondo al vincular su situación con la de cualquier ciudadano. “Que quienes tenemos responsabilidades públicas accedamos a las mismas herramientas que cualquier argentino, cumpliendo las reglas, no constituye un ilícito”, expresó, en un intento por correr el eje del debate hacia la igualdad de acceso.

Pese a su defensa, en el entorno de Pettovello consideraron que el problema no radicó en la legalidad del crédito, sino en el impacto político de la decisión. Según trascendió, la ministra tomó conocimiento del caso a partir de su difusión en redes sociales y cuestionó que Leandro Massaccesi no hubiera evaluado previamente el costo institucional de la operación.

La cartera de Capital Humano sostiene una política de “tolerancia cero” frente a cualquier conducta que pueda ser interpretada como un privilegio. En ese marco, la toma de un crédito millonario por parte de un funcionario de alto rango fue leída como incompatible con el mensaje de ajuste y esfuerzo que el Gobierno busca transmitir en el actual contexto económico.

La decisión de desplazarlo se tomó el viernes por la noche y fue ejecutada con rapidez, en línea con antecedentes dentro del ministerio, donde ya se habían producido salidas por situaciones consideradas sensibles desde el punto de vista ético.

El caso, además, se inscribe en un clima de creciente presión política. Desde la oposición ya se impulsaron pedidos de investigación en el Congreso sobre los créditos otorgados a funcionarios y legisladores, en una lista que incluye montos incluso superiores a los 500 millones de pesos.

En ese contexto, Leandro Massaccesi cerró su descargo con un tono más personal y reflexivo: “Lamento el desenlace intempestivo de esta situación. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi dos años”, señaló.

Su salida no solo deja una vacante clave en el Ministerio de Capital Humano, sino que también vuelve a poner en evidencia el delicado equilibrio entre legalidad, ética pública y percepción social en la gestión de los funcionarios.

Con información de medios y agencia Noticias Argentinas

JIB

El Ministerio de Capital Humano anunció que apelará el fallo que suspendió de manera provisoria artículos clave de la reforma laboral, luego de la resolución dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 en el marco de una causa impulsada por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT).

Según el comunicado oficial, la cartera a cargo de Sandra Pettovello, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, buscará revertir la decisión judicial que frenó la aplicación de parte de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral. En ese sentido, ratificó su “firme compromiso” con la norma y adelantó que agotará “todas las instancias judiciales necesarias” para garantizar su vigencia.

Desde el Gobierno defendieron la reforma al sostener que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso y que constituye una herramienta central para la generación de empleo formal, la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de la seguridad jurídica. Además, cuestionaron a quienes impulsaron la demanda judicial, al señalar que responden a “intereses corporativos y sectoriales” que buscan obstaculizar los cambios.

El fallo que motivó la reacción oficial fue firmado por el juez laboral Raúl Ojeda, quien resolvió hacer lugar a una medida cautelar presentada por la CGT y suspender provisoriamente más de 80 artículos de la ley.

En su resolución, el magistrado advirtió sobre una posible “afectación de derechos constitucionales” y el riesgo de un “perjuicio inminente” para los trabajadores, lo que justificó la decisión de frenar la aplicación de los cambios hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

La presentación sindical fue impulsada por el triunvirato de la central obrera, integrado por Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, quienes cuestionaron la constitucionalidad de distintos puntos de la reforma.

Por el momento, la suspensión tiene carácter provisorio y se mantendrá vigente hasta que la Justicia avance en el análisis de fondo sobre la validez de la ley. Mientras tanto, continúan en vigor los convenios colectivos de trabajo, uno de los ejes centrales del planteo sindical.

El conflicto judicial abre un nuevo frente en torno a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y anticipa una disputa que podría escalar en las próximas instancias judiciales.

CRM

El Ministerio de Capital Humano informó que el programa Volver al Trabajo finalizará el mes próximo y comunicó que el 9 de abril será el último día en el que los beneficiarios “recibirán el pago de la última asignación”.

Asimismo, la cartera de Sandra Pettovello señaló que las personas inscriptas en el programa fueron notificadas por correo electrónico y por la aplicación Mi Argentina: “Quienes manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral”, agregaron. 

Hasta marzo de este año, Volver al Trabajo llegaba a más de 900 mil personas; a partir de mayo, estos planes sociales serían reconvertidos en capacitaciones laborales certificadas y los pagos directos serían los que finalizarán.

Este programa tenía como objetivo “desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales” de las personas para ayudarlos a alcanzar “un nivel de empleabilidad inicial real” y mejorar sus oportunidades de inserción laboral. 

Este beneficio se llevaba a cabo a través de la participación de actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia en el desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.

Con información de la agencia NA

El Gobierno nacional anunció que sancionará a la empresa FATE luego de constatar que no pagó los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero durante la vigencia de la conciliación obligatoria en el conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

La medida fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello. Según se explicó, la decisión se tomó por el incumplimiento de la empresa respecto del pago a los trabajadores mientras rige la instancia conciliatoria.

En paralelo, el Gobierno resolvió extender la conciliación obligatoria, cuyo vencimiento estaba previsto para el 11 de marzo de 2026, por un plazo adicional de cinco días. La prórroga busca mantener abiertas las negociaciones entre la compañía y el gremio con el objetivo de encontrar una salida al conflicto laboral.

Desde la cartera laboral detallaron que se abrió un sumario administrativo contra la firma tras verificar que no se abonaron los sueldos de la segunda mitad de febrero, situación que, según el Ejecutivo, implica una violación de la conciliación obligatoria que había sido dictada previamente.

El conflicto se da en medio de la decisión de la empresa de anunciar el cierre de su planta y el despido de más de 900 trabajadores, lo que generó una fuerte reacción del sindicato del sector.

En ese contexto, el SUTNA impulsa además un proyecto en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para declarar de “utilidad pública” la producción de la planta de neumáticos de FATE. La iniciativa busca garantizar la continuidad de la actividad y plantea que el gobierno bonaerense pueda hacerse cargo temporalmente de la compañía.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei volvió a referirse al tema durante su participación en el Argentina Week en Nueva York. Desde allí cuestionó al titular del grupo Techint, Paolo Rocca, y al dueño de FATE, Javier Madanes Quintanilla, a quienes calificó como “empresarios prebendarios”.

La conciliación obligatoria es una herramienta que suspende medidas de fuerza mientras se desarrollan negociaciones entre las partes y establece obligaciones tanto para la empresa como para el sindicato. En este caso, el Gobierno sostiene que la compañía no respetó esas condiciones.

En cuanto a la sanción, el Ministerio de Capital Humano indicó que el monto de la multa dependerá de la gravedad de la falta y de la cantidad de trabajadores perjudicados. De acuerdo con el régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por la Ley 25.212, las penalidades pueden ir del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada empleado afectado.

Con información de medios

JIB

La Corte Suprema desestimó este jueves por “inadmisible” un recurso del Estado Nacional contra un fallo que había ordenado al Ministerio de Capital Humano elaborar un plan de distribución de alimentos destinados a comedores comunitarios.

El caso llegó al máximo tribunal mediante una queja presentada por Leila Gianni, entonces subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio de Rodolfo Barra, en la que se buscaba dejar sin efecto la decisión de los tribunales de Comodoro Py por considerar que implicaba una intromisión judicial sobre facultades exclusivas del Poder Ejecutivo.

La controversia se había originado en la suspensión de la entrega de alimentos en comedores de todo el país, en el marco del “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”. El dirigente social Juan Grabois impulsó una denuncia penal y otra causa contenciosa, mientras que reportes periodísticos señalaban la existencia de un stock cercano a los cinco millones de kilos almacenados en Villa Martelli y Tafí Viejo, incluida leche próxima a vencer.

Así fue el caso

La fiscal Paloma Ochoa había reclamado medidas y pidió que los alimentos fueran distribuidos en comedores oficiales. El juez federal Sebastián Casanello sostuvo que el destino de los productos era facultad del Ejecutivo, pero ordenó elaborar un plan de distribución acorde a tipo, cantidad, vencimiento y población destinataria, y solicitó un detalle del stock en 72 horas.

Leila Gianni apeló mientras cuestionaba públicamente la intervención judicial. En la audiencia ante la Cámara Federal se registraron fuertes cruces que llevaron al tribunal a pedir sanciones tanto para Grabois como para Gianni. Los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico confirmaron la cautelar y remarcaron que el Ministerio pudo pedir una prórroga, pero optó por cuestionar la “intromisión” judicial a través de nuevos recursos.

El Ministerio de Capital Humano recurrió luego a la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó la presentación. Finalmente, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron la queja por inadmisible con fundamento en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El Ministerio de Capital Humano intervino en el caso de un colegio de Banfield, el Bertrand Russell, lo que derivó en la suspensión de un docente, luego de que se difundieran audios en los que se lo escucha insultar a estudiantes de quinto año y expresar comentarios políticos en el aula.

El hecho fue denunciado públicamente por la periodista María Julia Oliván, quien compartió el material en redes sociales. En los audios, grabados por uno de los alumnos, se oye al profesor —docente de Lengua y Literatura— dirigirse a los jóvenes con expresiones como “tarados” e “idiotas” y criticar al actual Gobierno.

El caso generó amplia repercusión en redes sociales y reacciones encontradas. Mientras el Gobierno destacó la decisión como un mensaje contra el adoctrinamiento político en las aulas, distintos usuarios y referentes del ámbito educativo advirtieron sobre la necesidad de preservar el debido proceso antes de aplicar sanciones.

El docente señaló que los alumnos “no toman contacto con nada que tenga que ver con la realidad y además viven en una burbuja”. Los acusó de “indiferencia frente al sufrimiento social, que es extremo”. “Porque buena parte de la gente puede haber elegido esta opción, pero buena parte de esa gente no va a poder mandar a sus hijos a la universidad, probablemente no va a acceder a la salud y va a morir en un hospital público ultra desfinanciado”.

“Tal vez dentro de algunos años vean, qué se yo, que el hijo de la sirvienta se murió de cáncer en un hospital que no tiene financiamiento. Tal vez vean que los hijos de las sirvientas no van a la universidad como van a ir ustedes. Tal vez se den cuenta lo idiotas que son de acá a un tiempo”, añadió. 

De acuerdo con la versión difundida, el episodio se habría originado por una broma en el aula: los alumnos colocaron una imagen de José Luis Espert, el diputado de LLA que tuvo que renunciar a su candidatura en la Provincia de Buenos Aires por supuestos vínculos con el narcotráfico, en uno de los monitores. Tras el hecho, el docente reaccionó con insultos y comentarios políticos sobre las consecuencias del actual gobierno.

A partir de la denuncia, el Ministerio de Capital Humano intervino a través de la Secretaría de Educación. “La educación debe ser un espacio de libertad, respeto y aprendizaje, no de adoctrinamiento”, señalaron desde la cartera encabezada por Sandra Pettovello.

La ministra publicó un mensaje en la red social X en el que confirmó la medida: “A raíz de la situación reflejada en este video, en el que familiares de alumnos del Colegio Beltrán (sic) Russell de Banfield informaron a las autoridades del establecimiento sobre hechos de adoctrinamiento por parte de un docente, el Ministerio de Capital Humano tomó intervención y el colegio decidió suspender al profesor involucrado”.

CRM

Gélida. Esa es la imagen actual del polo central de Conin en Mendoza, el centro modelo contra la desnutrición infantil fundada por el médico pediatra Abel Albino. El lugar se quedó sin actividad a causa de un cese en el pago de salarios que en junio cumplirá tres meses. “El hospital está sin pacientes, pero el personal de cocina, enfermería y limpieza sigue yendo porque no hay ningún papel que diga que tenemos que dejar de ir”, cuenta a elDiarioAR Lorena, una enfermera que espera por su pago mientras trabaja a contraturno en un hospital.

La situación es atípica e inesperada. Un año atrás, el Ministerio de Capital Humano nombraba a Conin como una fundación ejemplar y elegía la sede mendocina para el reparto de 69.000 kilos de leche. Fue personal del Ejército, dependiente de la cartera de Defensa que comanda el ministro mendocino Luis Petri, el que se ocupó de la logística. Por aquel entonces, elDiarioAR recorrió las instalaciones del lugar. Era todo movimiento: cocineras revolviendo ollas copiosas sobre hornallas, madres alfabetizándose mientras sus hijos permanecían en la guardería y consultorios atiborrados de familias por consultas odontológicas, de audiología, psicopedagogía y pediatría. También había personal de mantenimiento haciendo trabajos externos.

Hoy, no hay plata. Muchos debieron elegir trabajar en otro lado, esperar en sus casas o ir a fichar “por las dudas”. “Hasta el momento el hospital está cerrado,sin pacientes. Pese a eso, seguimos yendo en nuestros horarios pero nos siguen diciendo que no tienen fondos para pagarnos”, agregó Lorena.

Los vecinos no terminan de entender la profundidad del problema. El Centro de Prevención de la Desnutrición y Promoción Humana (CPP) sigue atendiendo. Allí llegan personas cuyo estado no es crítico y cada fin de semana pueden retirar un bolsón de alimentos. Lo que por ahora cerró es el hospital donde se atendían pacientes con estado de desnutrición grave y con ellos a sus madres que, en algunos casos, hasta llegaban a vivir ahí con otros hijos. Por ejemplo, una madre que tenía internado a un niño de pocos años pero también es madre de un bebé podía permanecer en el lugar con ambos mientras durara el tratamiento.

El ruido por el corte en el pago de sueldos comenzó en febrero. Llegó la fecha de cobro y la caja de ahorro de los 70 trabajadores —algunos en relación de dependencia y otros monotributistas— no recibía transferencias. Empezó la espera: que hoy, que mañana. Llegó marzo y ocurrió lo mismo. Con el transcurrir de los días los trabajadores advirtieron que lo que sucedía era más que un error, pidieron explicaciones, acudieron al Ministerio de Trabajo provincial y convocaron a huelgas pasivas. La situación excedió todos los pronósticos y fue el propio Albino el que tuvo que explicar lo que sucedía: “No puedo pagar los sueldos del personal, que es altamente calificado”, confesó.

“Necesito pedirles ayuda, ayuda mensual. Trabajamos hace 32 años tratando de quebrar la desnutrición infantil en toda la República Argentina y extendernos al resto de América Latina, cosa que ya hemos hecho. Hemos recuperado en estos años, en nuestros centros de prevención de desnutrición, a 45.500 chico”, declaró en un video difundido en redes sociales el 13 de mayo.

“Estos niños desnutridos graves para internar tienen una mortalidad elevada, del 28%. Necesitamos ayuda porque no puedo pagar los sueldos del personal que es altamente calificado. Hemos tenido que cerrar servicios: fonoaudiología, psicopedagogía, odontología porque no puedo pagar los sueldos ni puedo comprar el equipamiento que necesito. ¿Nos pueden donar lo que vale medio tanque de nafta por mes? ¿Nos pueden donar lo que vale una caja de leche de un kilo por mes?”, completó.

El personal de Conin espera una reunión este jueves con la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y el contador de la institución. Hay tantas expectativas como pesimismo en torno a las novedades que puedan revelarse. Según pudo saber elDiarioAR, Conin se reunió con el Ministerio de Capital Humano para pedir auxilio. La respuesta fue positiva aunque poco precisa. Es decir, la cartera que conduce Sandra Pettovelo confirmó que ayudará con la situación pero no detalló cómo lo hará ni cuándo.

Mientras tanto, Albino reforzó su campaña en redes sociales que, según describió fue buena aunque insuficiente. En otro video contó: “Estamos realmente conmovidos de la respuesta que hemos tenido en todo el país de muchísima gente que se suma a nuestra cruzada de combatir la desnutrición infantil en la Argentina comenzando por Mendoza. Todavía tenemos cerrado el hospital, lamentablemente, porque solamente voy a abrirlo cuando tenga asegurado el sueldo de todo el equipo de trabajo. Espero, entonces, que continúen llegando adhesiones permanentemente”.

Al menos 14 renuncias y una espera en absoluta incertidumbre

Según los trabajadores, son aproximadamente 70 los que están sin cobrar sus salarios desde febrero. Los sueldos más bajos, en promedio son de $800.000, pero en muchos casos se trata de cifras elevadas porque hay empleados que tienen hasta 16 años de antigüedad. El cálculo entre la cantidad de meses de deuda más la multiplicación de la cantidad de salarios a pagar daría como resultado una cifra exorbitante y millonaria.

El miedo de los empleados, entonces, es que la falta de pago se trate de “una estrategia” para que renuncien. De hecho ya lo hicieron al menos 14 personas: una odontóloga, una trabajadora social, una empleada de cocina y 10 médicas.

“Desde la Secretaría nos dicen que no quieren que renunciemos, pero la mayoría de las personas que trabajamos ahí pensamos que esa es la idea porque cómo puede ser que no puedan pagar los sueldos. O que nos digan si es así para buscar otra cosa y no quedarnos esperando o haciéndonos falsas ilusiones”, reclama Lorena.

La situación pone a las personas entre la espada y la pared: necesitan un ingreso y el tiempo no siempre alcanza para sumar trabajos, sobre todo en aquellos casos que también se ocupan de tareas de cuidados en sus propios hogares. “No sabemos si es verdad o no las cosas que nos dicen, pero nosotros les creemos”, agrega.

En su caso, recibe ayuda de su mamá y su papá, por eso puede continuar esperando pero advierte que no es el de la mayoría. Menciona como ejemplo lo que sucede con algunas de sus compañeras que toman medicación y no pueden comprarla por lo que se han visto obligadas a interrumpir tratamientos. También enumera la historia de algunas embarazadas que no tienen otro ingreso y con este cuadro no pueden ocuparse en armonía y con recursos de su gestación, mucho menos buscar otro trabajo. A ellas les dieron licencia. Como otro beneficio paliativo también les dan a todos, cuando se puede, bolsones de mercadería que incluyen leche, aceite, un paquete de harina, fideos, arroz y postres.

Para Lorena lo que pasa es incómodo, pero vio señales: “Empecé a trabajar hace dos años, en septiembre de 2023, y me habrán pagado dos veces de manera correcta, en tiempo y forma. Después todos los pagos fueron atrasados. A veces nos pagaban un cuarto de sueldo o la mitad de sueldo”, dice.

El polo central de Conin en Mendoza tiene 70 empleados, un hospital pediátrico con espacios para internación para los menores y sus familiares, consultorios de audiología y odontología, psicopedagogía, pediatría general, guardería, jardín de infantes, un centro formativo para adultos que quieren terminar la primaria o iniciar la secundaria y asistencia social y legal para personas violentadas o que no tienen trámites realizados como su DNI o la solicitud de una asignación. Está ubicado en el departamento de Las Heras, uno de los más humildes y con mayores tasas de inseguridad de la provincia que, además, es el más grande territorialmente. Alrededor del complejo hay asentamientos y basurales, las calles son de tierra y aunque hay en obra algunos barrios municipales, se trata de la región mendocina con menos desarrollo urbanístico.

MM/MG

La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo ratificó este martes una sentencia que obliga al Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, a reanudar la provisión de alimentos a comedores comunitarios. Se trata de una nueva derrota judicial para el Gobierno de Javier Milei en el frente social: ya son 12 los jueces federales que cuestionaron legalmente el recorte de la asistencia alimentaria implementado por la gestión libertaria.

El fallo, que responde a un amparo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) con el respaldo del CELS y el abogado y dirigente social Juan Grabois, sostiene que el Estado no puede suspender de manera arbitraria la distribución de alimentos sin vulnerar derechos constitucionales fundamentales. La Cámara —integrada por los magistrados Sergio Gustavo Fernández, Jorge Eduardo Morán y Susana María Mellid— enfatizó la obligación estatal de garantizar el derecho a la alimentación de los sectores más vulnerables.

Pese a las reiteradas decisiones judiciales en su contra, el Ministerio sigue sin acatar plenamente los fallos. Las organizaciones denuncian que el desmantelamiento de programas sociales continúa, en medio de una creciente emergencia alimentaria.

Además, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 volvió a intimar a la cartera de Pettovello a incluir en el reparto de alimentos a 53 comedores populares más. La orden se suma a una medida anterior que había dispuesto abastecer a otros 66 espacios comunitarios, lo que eleva a más de un centenar los puntos de asistencia que deben ser reincorporados a los esquemas oficiales.

Desde la UTEP y otras organizaciones sociales aseguran que persistirán en el camino judicial frente a lo que definen como una política deliberada de desprotección social. El caso, además, ya fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

MM

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, es investigada en una denuncia por supuestos delitos con una millonaria transferencia de dinero para la compra de alimentos en el marco de un plan de lucha contra el hambre en 2024.

La denuncia había sido presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero y está a cargo del juez federal Ariel Lijo como subrogante del juzgado federal 12 y del fiscal federal Franco Picardi, informaron fuentes judiciales.

El denunciante pide investigar a la ministra por presunta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

El fiscal Picardi impulsó la investigación en febrero último y solicitó medidas de prueba a raíz de la denuncia que indica que el 8 de febrero de 2024 la ministra habría firmado una resolución para transferir 14 mil millones de pesos al programa de compras de alimentos y esta no se habría concretado.

La transferencia se habría hecho a un programa de Naciones Unidas para la compra de los alimentos, arroz, fideos y leche en polvo, según la denuncia.

Además, se indica que el Estado habría pagado una comisión del 3% por la intermediación y que la licitación no habría seguido adelante por la adquisición de un millón de unidades de cada producto.

Picardi impulsó la investigación en un dictamen firmado en febrero pasado donde pidió medidas de prueba como informes a la Jefatura de Gabinete de Ministros y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre esa transferencia y licitación.

Con información de la agencia NA

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, apeló este miércoles la decisión judicial que le prohibió dar de baja las ayudas sociales a quienes participen de manifestaciones, según había resuelto el Ministerio en 2024.

El Ministerio anunció su decisión de apelar a la medida en un comunicado en el que también respondió que “la condición de vulnerabilidad de una persona no puede servir de justificación para aceptar que esta ejerza actos de violencia o contrarios a la ley y que afectan derechos de terceros”.

En diciembre de 2023, a pocos días de iniciar su gestión como parte del Gobierno de Javier Milei, Pettovello anunció que excluiría de los programas de ayuda estatal 'Volver al Trabajo' y 'Acompañamiento Social' a aquellos beneficiarios que participen en protestas, interrumpan la circulación y participen en actos de violencia que alteren el orden público, medida que fue ratificada a través de una resolución publicada en abril de 2024.

A mediados del año pasado, sin embargo, el juez federal Martin Cormick, decidió hacer lugar a una medida cautelar presentada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) que buscaba dejar sin efecto la resolución.

“Elegimos el camino judicial porque con este Gobierno no hay diálogo”, le dijo a EFE Nicolás Caropresi, dirigente de la UTEP, quien también denunció que “se amenaza con quitar un derecho, el del salario social complementario, por ejercer otro derecho, el de la protesta”.

El juez consideró que los criterios de exclusión establecidos por el Gobierno “revisten indicios de ilegitimidad” por atentar contra el derecho a ser oído; lo que generaría un daño irreparable en las personas que atraviesan una situación de vulnerabilidad.

“Esta decisión lo único que logra es beneficiar a las mafias que extorsionan a los pobres obligándolos a ir a una marcha a cambio de un plan social”, expresó este miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni, en alusión a la decisión del juez.

El Ministerio de Capital Humano sufrió otro un traspié a finales de mayo pasado, cuando reconoció que tenía cinco millones de kilos de alimentos próximos a su vencimiento en depósitos del Estado, ante lo que la Justicia Federal ordenó su distribución, decisión que también fue apelada por la cartera hasta llegar a la Corte Suprema.

La disputa entre el Ministerio -que, entre sus innumerables tareas, está encargado de la distribución de alimentos y el pago de planes sociales- y las organizaciones sociales tiene lugar desde el inicio de la gestión de Milei, el 10 de diciembre pasado. 

MM con información de la agencia EFE.

Tras el anuncio de dos días de paro docente, el Ministerio de Capital Humano convocó para el lunes 24 a la Mesa del Salario Mínimo Docente Garantizado (SMDG), en un encuentro que se realizará a las 15 horas en la Secretaría de Trabajo.

Participarán los gremios docentes nacionales, el Consejo Federal de Educación (CFE), conformado por los ministros de Educación provinciales, y las asociaciones de escuelas privadas, que tendrán voz pero sin voto. 

La reunión se enmarca en el diálogo abierto por las secretarías de Educación y Trabajo, en un contexto de negociación salarial para el sector.

A días del comienzo del ciclo lectivo, Los gremios del sector anunciaron este mediodía dos paros nacionales de 24 horas que afectarán a 12 provincias el próximo lunes 24 de febrero y el 5 de marzo. La medida, impulsada por los sindicatos docentes de la CGT, impactará en Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis y Santa Cruz.

En paralelo, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) se encamina a anunciar su propia protesta nacional ante la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria docente.

El anuncio de las medidas de fuerza tuvo lugar en la sede de la CGT, en una conferencia de prensa encabezada por Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la central sindical y líder de la Unión Docentes Argentinos (UDA). Lo acompañaron Sara García (AMET), Fabián Felman (CEA), y dirigentes cegetistas como Octavio Argüello (Camioneros), Julio Piumato (Judiciales), Argentino Geneiro (Gastronómicos) y Horacio Otero (UOM), entre otros.

“Al Gobierno le gusta más el conflicto que ponerse de acuerdo con los trabajadores”, dijo Romero, quien responsabilizó a la administración nacional por la falta de avances en la negociación salarial. “El salario inicial es de pobreza, está por debajo de la canasta básica total y es muy grave lo que está pasando en el sistema educativo argentino”, sostuvo.

El líder de UDA advirtió que el conflicto no se agotará en los paros programados si no hay respuestas oficiales: “Si no se genera un ámbito de diálogo, vamos a seguir con un plan de lucha durante todo el año”.

Además, desde la CGT alertaron sobre la crisis salarial en el sector educativo. Según sus datos, el salario mínimo docente permanece en $420.000 desde agosto del año pasado, cifra que ubica a los trabajadores del sector por debajo de la línea de indigencia.

La “guillotina” de Karina Milei se profundiza. El mismo día en que echaron a la embajadora argentina en la OEA, Sonia Cavallo, el Gobierno anunció que Mariano de los Heros dejó de ser el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y que en su lugar asumirá Fernando Bearzi, un asesor financiero que en marzo del año pasado había sido designado al frente del estratégico Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) del organismo. La salida de De los Heros fue notificada por el vocero presidencial Manuel Adorni a través de escueto mensaje en X, pero su suerte ya estaba echada desde hacía tiempo.

Según supo elDiarioAR, el funcionario nunca tuvo ni voz ni voto en la confección de los lineamientos políticos de la Anses, lugar al que había accedido en febrero del año pasado tras la caída en desgracia del cordobés Osvaldo Giordano. De perfil técnico, De los Heros supo acomodarse al día a día del organismo previsional sin entrometerse en la “rosca”, un rol que internamente comenzó a ocupar una figura de peso en el firmamento libertario: Eduardo “Lule” Menem.

Pero la salida de De los Heros tuvo una razón más coyuntural, casi inmediata. El ahora exfuncionario había afirmado en una entrevista reciente que el Ejecutivo planeaba una reforma previsional que incluiría un aumento en la edad jubilatoria. Una definición que, apenas horas después, Milei desmentiría este lunes temprano en su charla con A24. “No está en carpeta”, sentenció el mandatario, marcando un punto final a la relación con su colaborador.

Para Milei, antes de tocar el sistema jubilatorio, el país necesita resolver un problema estructural: la reforma laboral. Según el libertario, la informalidad laboral que abarca al 40% del mercado es un obstáculo insalvable para cualquier intento de reformar el esquema previsional. “Primero hay que atacar lo que dejó el kirchnerismo: su aberración de dar jubilaciones sin aportes y el vaciamiento de las AFJP para financiar proyectos inviables”, disparó.

“Lo eché [a De los Heros] porque no tenía por qué hablar de un tema que no está en agenda. ¿A título de qué?”, cuestionó Milei horas más tarde durante otra entrevista, esta vez con Radio Rivadavia. El Presidente fue contundente al afirmar que el ahora exfuncionario, a quien definió como “de segundo orden”, “voló por los aires, como correspondía”, y reiteró que la “agenda política” la determina exclusivamente él. “Si yo pasé toda mi campaña hablando de la secuencialidad de las reformas, ¿cómo a un funcionario se le va a ocurrir modificar mi agenda de reformas? ¡Me parece una falta de respeto!”, exclamó.

El episodio no solo revela el margen de error cero que Milei exige a su equipo, sino también cómo prioriza el relato sobre las urgencias. Para el mandatario, cada reforma tiene su momento en una secuencia que no admite desvíos. Encauzar la informalidad sería la ficha que primero debe mover en su tablero. Y en ese juego, De los Heros se convirtió en un peón sacrificado.

Quién es Bearzi

El nombre de Fernando Bearzi, el flamante titular de la Anses, no es nuevo en los círculos de poder económico. En 2017, su vinculación con el entonces ministro de Finanzas, Luis “Toto” Caputo, quedó expuesta a través de los documentos de los Paradise Papers, una filtración internacional que reveló la existencia de sociedades offshore en las Islas Caimán. En dichos papeles, según informó elDiarioAR, Bearzi figuraba como asesor financiero de Noctua Partners, una de las firmas vinculadas a Caputo. Aunque este episodio despertó cuestionamientos, el vínculo entre ambos no solo se mantuvo, sino que se consolidó: Bearzi agradeció públicamente al actual ministro de Economía por su confianza.

Como director del FGS, cargo al que llegó en marzo pasado, Bearzi estuvo al frente de la gestión de las acciones de Anses en algunas de las empresas más importantes del país: bancos, energéticas, laboratorios y compañías de sectores estratégicos. Este fondo, concebido como una herramienta para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional, había estado en la mira del gobierno de Milei, que inicialmente propuso su privatización en el marco de la primera versión de la ley Bases. Aunque los planes no avanzaron, la gestión de Bearzi en el FGS estuvo marcada por las tensiones entre el enfoque privatizador del Ejecutivo y la necesidad de preservar los recursos previsionales.

Ahora, como titular de la ANSES, Bearzi enfrenta un desafío mayor: administrar no solo el FGS, sino todo el sistema previsional en un contexto de alta incertidumbre económica y social. Su gestión estará bajo la lupa, no solo por su cercanía con figuras como Caputo, sino también por las decisiones que tome respecto al futuro de los recursos de los jubilados. Tampoco deberá perder de vista la dimensión política: Karina siempre vigila.

PL

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) rechazó los pedidos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del exvicepresidente Amado Boudou para volver a cobrar las jubilaciones de privilegio que antes percibían.

“Deniégase el Recurso de Reconsideración interpuesto por Cristina Kirchner por el cual se dispuso la baja de las asignaciones mensuales vitalicias de privilegio en virtud de contar con una sentencia definitiva por la comisión de un delito contra la Administración Pública”, señaló el organismo. La asignación había sido suspendida tras la ratificación de la condena por corrupción en la causa Vialidad.

La exmandataria podrá recurrir a la Justicia Federal de la Seguridad Social para pedir que le devuelvan el privilegio.

“La pensión de los expresidentes no se otorga por el buen desempeño, sino por el mérito de haber sido elegidos por el pueblo como presidentes de la Nación. El mal desempeño solo lo puede juzgar el Congreso de la Nación a través del proceso constitucional de juicio político, durante el ejercicio del mandato”, indicó en su momento Cristina Fernández en redes sociales.

El apoderado de la expresidente, Facundo Fernández Pastor, presentó en dicha ocasión un recurso administrativo de nulidad ante la Anses para recuperar la jubilación de privilegio y argumentó que la medida “viola derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional”.

En noviembre de 2024, el Gobierno dio de baja la jubilación de privilegio de Cristina Fernández de Kirchner y lo oficializó por medio del Boletín Oficial. En ese entonces, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que la medida “significa para los argentinos un ahorro de unos $21.827.624” y anunció la anulación de la pensión del expresidente Néstor Kirchner que también cobraba la expresidenta.

Desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, señalaron que “la baja no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la Justicia, sino una necesaria consecuencia por la indignidad política que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta”.

El caso de Amado Boudou

En relación a Boudou, el Gobierno le quitó la jubilación de privilegio días después de la situación de que lo hicieran con Fernández de Kirchner, en una medida que quedó ratificada en el Boletín Oficial.

“El hecho de haber sido encontrado culpable de un delito contra la administración pública en el ejercicio de su función pública, tornaba inadmisible que pudiera seguir percibiendo, de modo directo o derivado, asignaciones de privilegio de las que resultaba beneficiaria”, detalló la Anses en el documento.

Luego de conocerse esa medida, Boudou presentó un recurso administrativo para solicitar que se dé marcha atrás y recuperar la asignación, pero desde la administración volvieron a negársela y, además, le exigieron la devolución de 280 millones de pesos que cobró de la asignación.

“Deniégase el Recurso de Reconsideración interpuesto por Amado Boudou. Promuévanse las acciones correspondientes a los efectos del recupero de los fondos percibidos durante su vigencia”, precisó el organismo.

El Ministerio de Capital Humano señaló que, por medio de la administración, rechazó el recurso presentado por Boudou y confirmó que buscarán “recuperar las prestaciones percibidas indebidamente” por el exvicepresidente.

“La resolución que oportunamente revocó su asignación sostiene que este beneficio responde a un régimen excepcional y que, a diferencia de las demás prestaciones del SIPA, no tiene ningún requisito ni de edad, ni de tiempo de servicio con aportes, ni de permanencia mínima en el cargo, sino que es un privilegio que se otorga en reconocimiento al honor, al mérito y al buen desempeño de presidentes y vicepresidentes”, señaló la cartera que encabeza Pettovello.

Asimismo, añadió: “El ex vicepresidente tiene una condena firme ratificada, primero por la Cámara Federal de Casación Penal y, luego, por la Corte Suprema de Justicia, por un delito cometido en ejercicio de sus funciones como vicepresidente de la Nación”.

En ese sentido, el organismo evaluó que Boudou no cumple con el “único requisito exigido” para recibir la jubilación de privilegio: “Honorabilidad, mérito y buen desempeño”.

MM con información de la agencia NA.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Social (Anses), dio de baja la Dirección de Gestión Administrativa, que gestiona la pauta publicitaria.

“Esta decisión se encuentra en línea con el decreto impulsado por el presidente Milei al asumir y con la resolución que prorroga la suspensión de la pauta publicitaria”, informaron en un comunicado desde la cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello.

“La medida contribuye a una gestión pública más transparente, ágil, eficiente y orientada al bien común, reduciendo el sobredimensionamiento de la estructura estatal, disminuyendo el décit, transparentando el gasto y equilibrando las cuentas públicas”, explicaron.

En diciembre del año pasado, por medio de una resolución, el Poder Ejecutivo prorrogó por un año más la suspensión de las campañas oficiales de publicidad en medios de comunicación que “con carácter oneroso” realice la Administración Pública Nacional y el Banco Nación.

La medida se tomó en línea con las políticas de austeridad fiscal que se trazó la administración de Javier Milei. En los considerados de la resolución 7147/2024, se recordó que el decreto 89/23 suspendía la pauta oficial “con el doble objetivo de adecuar las estructuras y procedimientos de la administración nacional y volver más eficiente criterio de gasto público, dadas las circunstancias del país al momento del dictado del decreto”.

MM

La Justicia Federal intimó al Ministerio de Capital Humano para que incorpore a 66 comedores comunitarios en el Programa Alimentar Comunidad en un plazo de tres días hábiles, después de una medida cautelar presentada por la UTEP y el CELS.

Dentro del marco de esa medida cautelar presentada por la UTEP y el CELS en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, el tribunal notificó el jueves último a la cartera que conduce Sandra Pettovello de que debe integrar al reparto de víveres a “los 66 comedores de la Asociación Civil ´El Amanecer de los Cartoneros´ bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias”, según se informó hoy.

El juzgado manifestó además que los once restantes, debido a que la presentación de la UTEP era por 77 comedores, quedaron afuera porque, según informó Capital Humano a la Justicia, esos establecimientos no pudieron ser relevados a raíz de que “los mismos no se encontraban en funcionamiento como tales”.

Luego de que el fallo se diera a conocer, la cartera que encabeza Pettovello aseguró que “no ha incumplido ninguna orden judicial en relación al Programa Alimentar Comunidad”.

“La asociación ´El amanecer de los cartoneros , en el expediente UTEP c/ Ministerio de Capital Humano s/ amparo, solicitó la incorporación de 77 comedores al Programa Alimentar Comunidad, de los cuales 11 de ellos fueron visitados por esta cartera y se comprobó que no existían”, precisaron desde Capital Humano en un comunicado.

La cartera social manifestó que se notificó “debidamente” al juzgado sobre la inexistencia de una parte de los comedores que la asociación vinculada a la UTEP pedía incorporar.

“El día jueves 28 de noviembre el magistrado nos informó que se debía proceder a la incorporación de 66 comedores, para lo cual se dio un plazo que no se encuentra vencido. Seguiremos verificando que cada comedor exista”, sostuvieron desde la cartera nacional.

Por su parte, desde la agrupación Argentina Humana, que encabeza el dirigente social Juan Grabois, destacaron que la Justicia le dio el “ultimátum” a Capital Humano y que la cartera deberá “abastecer” a los comedores comunitarios.

Desde ese espacio político consideraron que los 77 comedores que restan incorporar son solo “una pequeña parte de los cientos de espacios comunitarios que garantizan el derecho a la alimentación de la población más vulnerable en todo el país”.

Al hacer mención al pedido de la Justicia a Capital Humano, sostuvieron que Pettovello “miente diciendo que 11 de los 77 comedores no existen”.

“La presentación que el propio ministerio hizo en la Justicia reconoce que en realidad esos 11 comedores ´no habían podido ser relevados´”, señalaron desde Argentina Humana en un comunicado. 

Y remarcaron que “son nueve los jueces federales que dan lugar al planteo jurídico realizado por la UTEP y reconocen que el accionar de Capital Humano pone en riesgo el derecho humano a la alimentación de la población”.

MM con información de la agencia NA.

La Policía de Tucumán encontró 40.000 kilos de alimentos secuestrados, que pertenecerían al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y que habrían sido enviados por Capital Humano, en el domicilio de un hombre de 39 años acusado por violencia de género; se descubrieron también anotaciones que certificarían la entrega de los productos a comedores y locales.

Según la Secretaría de Comunicación Pública de Tucumán, el jefe de la Comisaría Nro. 15, Martín Ávila, señaló que durante el allanamiento, se encontraron con mercadería “de procedencia dudosa” escondida en la casa del detenido.

“Nos sorprendió la cantidad de mercadería que se encontraba allí. Todo estaba tapado, por lo que no se veía desde afuera. Fue un hallazgo inesperado. Se requirió la documentación de la mercadería para corroborar por qué la mercadería estaba ahí y el propietario presentó un remito de que había sido retirada del Ministerio de Desarrollo Social”, informó Ávila.

Además, indicó que al finalizar el allanamiento, secuestraron toda la documentación encontrada, incluidos “cuadernos con anotaciones de entregas a distintos comercios” que los lleva a investigar “más a fondo su origen”.

El procedimiento fue supervisado por Joaquín Girvau y Roque Yñigo, jefe y subjefe de la Policía tucumana, que se pusieron a disposición de la Fiscalía y del gobernador Osvaldo Jaldo para asegurar que el caso se resuelva.

“El mensaje del gobernador es claro: si alguien ha cometido un delito, debe responder por ello. Estamos a la espera de las indicaciones de la Fiscalía para determinar el destino final de la mercadería ”, concluyó Ávila.

Por el momento, el detenido permanece a disposición de la Fiscalía de Violencia de Género y los productos alimenticios aún está siendo evaluados por la Justicia local.

Con información de la agencia NA

El Gobierno nacional oficializó hoy un nuevo aumento del 3% para los trabajadores del Estado a través de la homologación de un acuerdo paritario alcanzado el 31 de octubre pasado, que incluye una suma fija a cobrarse en diciembre. 

El incremento fue notificado a través del decreto 1038/2024, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, en el que detalla una suba del 3% a percibirse en dos partes: la primera regirá desde el 1° de noviembre, sobre las retribuciones mensuales, normales, habituales, regulares y permanentes aprobadas vigentes al 31 de octubre. 

El aumento cubre apenas la mitad de la inflación proyectada para ambos meses, que segun la mayor parte de las consultoras y el propio Gobierno, rondará el 3% tanto en noviembre como en diciembre.

Descontando los efectos de la inflación, los salarios de los trabajadores del Estado vienen sufriendo una potente caída desde la asunción de Javier Milei. En términos interanuales, entre agosto de 2024 e igual mes del año pasado, el sector tuvo un incremento nominal del 166,6%, mientras que en ese mismo período, el IPC avanzó 236,7%.

Tomando ese período, los empleados del sector público perdieron por 70,1 puntos contra la inflación durante esos doce meses.

El mayor impacto se produjo en diciembre y enero pasados, cuando la devaluación inicial del gobierno de Milei generó un fuerte retroceso en el poder adquisitivo de los salarios estatales, que no se recuperó en el resto del año.

Los detalles del acuerdo con los gremios

El acuerdo alcanzado por la administración con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), establece además una actualización del 1% sobre los haberes de noviembre a cobrarse en diciembre. 

Por otra parte, contempla un Premio Estímulo a la Asistencia de $ 30.600 para noviembre y de $ 30.906 para diciembre, e incluye una suma fija de $30.000 a cobrarse por única vez durante el último mes del año.

“La retribución bruta mensual, normal, habitual, regular y permanente de los agentes habilitados para realizar servicios extraordinarios, con excepción de los servicios requeridos por terceros, no deberá superar el monto de $652.619 a partir del 1° de noviembre de 2024 y de $659.145, a partir del 1° de diciembre de 2024”, aclara la norma publicada en el Boletín Oficial. 

En el artículo 5° del decreto que lleva la firma del presidente Javier Milei; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, establece que los aumentos alcanzan a los trabajadores bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

También se actualizaron las remuneraciones de los Profesionales Residentes Nacionales de los establecimientos hospitalarios e institutos que dependen del Ministerio de Salud y en el Hospital de Pediatría de S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”. Los valores actualizados son: 

También detallan la actualización de los montos de la asignación de becas:

DM con información de agencia NA

“Algunos imbéciles que dicen ‘yo lo voté a Javier, no a Karina’, no entienden cómo funciona esto. Sin Karina no existiría ni La Libertad Avanza, ni la diputación, ni nada”. En el living del programa de su pareja, Amalia “Yuyito” González, Javier Milei no puede contener la emoción al hablar de su hermana. “El Jefe”, como la apoda, es una figura irremplazable en el esquema del Presidente, cuyas palabras suelen ir más allá de los meros elogios: en Karina se condensaría, para él, el espíritu mismo del Gobierno, bajo la convicción de que “sin ella nada hubiera sido posible”.

Al observar el actual organigrama del Estado, se comprende mejor el peso que tiene la actual secretaria general de la Presidencia puertas adentro del oficialismo. A través de su cargo formal, tradicionalmente clave dentro del Poder Ejecutivo, Karina —que también está al frente del armado partidario— ostenta una influencia particular en el día a día de la gestión, principalmente en áreas en las que pesa la mirada estratégica que La Libertad Avanza intenta imprimirle al rumbo del gobierno.

En ese sentido, un cambio reciente empoderó aún más a Karina Milei en el gabinete: el traslado de la Secretaría de Cultura de la órbita del Ministerio de Capital Humano a la de la Presidencia de la Nación. Se trata de una decisión que no tendría que ver con un encono particular con Sandra Pettovelo, aunque en la práctica se parece mucho a una crítica a su desempeño: el decreto establece la reestructuración del funcionamiento de la dependencia, que estará ahora organizada en siete secretarías, bajo la estricta supervisión de la propia hermana presidencial.

La medida implicó además una nueva modificación de la Ley de Ministerios, reformulada en varias ocasiones durante los once meses de gestión libertaria, con el objetivo de reorganizar el Poder Ejecutivo. Y se justificó en la necesidad de “optimizar la gestión de gobierno”, con el argumento de que “resulta conveniente suprimir las competencias asignadas al Ministerio de Capital Humano en todo lo concerniente a la cultura”. Además, el decreto subraya que “la cultura es fundamental para el desarrollo social, en tanto promueve la transmisión de valores, tradiciones y conocimientos”.

Fuentes cercanas al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, aseguraron a elDiarioAR que la expectativa de cara a 2025 es la de realizar “un trabajo conjunto con Cancillería”, con el fin de “profundizar la presencia argentina en el mercado internacional”. Sucede que en junio pasado, Karina Milei tomó la decisión de quitarle a la excanciller Diana Mondino el control de la Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, además de hacerse con “Marca País”, hasta octubre dependiente de la Secretaría de Turismo.

“El traspaso se hace porque creemos que va a ser más eficiente dependiendo de Presidencia de la Nación, porque de allí dependerá todo lo que respecta a vender a Argentina al mundo”, intentó justificar en su momento el vocero Manuel Adorni al ser consultado por la decisión publicada en el Boletín Oficial. Al frente del organismo quedó el abogado Diego Sucalesca, excompañero de teatro de Milei, quien hasta ese momento se desempeñaba como el director nacional de la Agencia Argentina de Inversiones.

Lo cierto es que la decisión de mover la Secretaría de Cultura ya había sido anunciada por Cifelli en el marco de su defensa del Presupuesto 2025 ante la Cámara de Diputados, el pasado 10 de octubre. Ese día, el funcionario delineó los objetivos de su área ahora bajo la supervisión de la hermana del Presidente, al destacar que “bajo la Secretaría General de la Presidencia vamos a profundizar la presencia argentina en el mercado internacional”, colaborando estrechamente con Cancillería, la Agencia Argentina de Inversiones y Marca País.

Entre los planes, Cifelli mencionó la intención de “volver a visitar ARCOMadrid”, en una misión de apoyo a galerías y artistas argentinos para expandir sus oportunidades de negocio en el extranjero. Y aseguró que la administración avanzará en “quitar todas las trabas burocráticas” que frenan el desarrollo de las industrias culturales y que continuará “el tratamiento, modificación o eliminación de leyes fundamentales” para asegurar “la libertad de las industrias culturales”.

Es que el control de Karina Milei sobre la Marca País no es solo una herramienta de marketing, sino un componente de poder estratégico. A través de ella, el Gobierno busca controlar el relato de lo que representa Argentina en el contexto global, alineando la proyección de la imagen nacional con sus objetivos de gobierno y su enfoque ideológico. La “batalla cultural”, de la que tanto se vanagloria el Presidente, ocupa cada vez más un lugar central en la hoja de ruta libertaria.

PL/JJD

El Gobierno designó este viernes a Juan Bautista Ordoñez como secretario de Niñez, Adolescencia y Familia bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, como parte de la nueva “estructura” de esa cartera. Desde el Ejecutivo afirmaron que la gestión de Capital Humano seguirá “avanzando bajo las premisas establecidas por el presidente Javier Milei de un Estado más pequeño y mucho más eficaz”.

El desginado funcionario reemplazará a la secretaria saliente Yanina Nano Lembo, quien, según informaron desde la cartera que conduce Sandra Pettovello, “desempeñará un nuevo rol dentro de la estructura ministerial”.

Nano Lembo había quedado en el ojo de la tormenta tras la aprobación de la compra de una cafetera por 2 millones de pesos, una circunstancia que también motivó la salida de la subsecretaria de Gestión Administrativa, Constanza Cassinola, número dos de Lembo, quien a su vez había sido funcionaria del exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Asimismo, Nano Lembo fue quien decidió no aplicar la ley Lucio —que se votó en 2023 y estableció medidas de prevención y detección de la violencia contra niños, niñas y adolescentes— porque la consideró “ideologizada”. La norma fue aprobada por unanimidad, cuando Javier Milei era diputado, y después de la conmoción social por el asesinato del niño Lucio Dupuy a manos de su madre y su pareja.

El nuevo titular de Niñez viene de desempeñar funciones como Director de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Capital Humano. Asimismo, Ordoñez tiene un extenso currículum en el sector privado que incluye haber sido Country Manager de Codere, uno de los operadores de salas de juego más grandes de la provincia de Buenos Aires.

Además, se desempeñó como director ejecutivo para Argentina de la Barrick Gold Corporation, una empresa multinacional dedicada a la extracción de oro, y fue vicepresidente de comunicaciones corporativas para Sudamérica de Herbalife.

La carrera del flamante titular de Niñez incluye también un paso por la dirección de asuntos corporativos de YPF S.A.y la de comunicaciones del Grupo Roggio.

El ministerio que conduce Pettovello fue el que más cambios experimentó desde que inició el gobierno liberal el 10 de diciembre pasado, ya que cuenta con la mayor cantidad de renuncias o despidos.

Una de las salidas más relevantes tuvo lugar en el cargo que a partir de este viernes ocupará Ordoñez, cuando Pablo de la Torre fue desplazado de ese sillón por el hallazgo de toneladas de alimentos sin entregar a comedores populares.

La renuncia del funcionario había motivado que también abandonaran su cargo el exsubsecretario de Políticas Sociales del ministerio Héctor Calvente; la exsubsecretaria de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano Lucía Raskovsky; y la exsubsecretaria de Políticas Familiares de la Secretaría de la Niñez, Ana Marmora.

Además, en Capital Humano tuvieron que abandonar su cargo el ex secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Omar Yasín y quien era titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio, Fernando Szereszevky.

Pettovello había echado también a la exsubsecretaria de Relaciones del Trabajo Mariana Hortal Sueldo; el exsubsecretario de Trabajo Horacio Pitrau; el exsecretario de la Coordinación de Legales y Administrativa Maximiliano Keczeli, y el exsubsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, Gonzalo Fortín, entre otros.

MM con información de la agencia NA.

El Ministerio de Capital Humano sigue echando funcionarios. Esta vez le tocó a la Subsecretaria de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez y Familia, Constanza Cassino. La razón: compró una cafetera por $1.917.000. Pero además, el mismo electrodoméstico se puede conseguir por $1.390.000.

El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, lo confirmó hoy en sus redes al mismo tiempo que Cassino presentaba la renuncia. “En cuanto la Ministra de Capital Humano Sandra Pettovello se enteró de la situación de la compra de la cafetera le pidió la renuncia a la Subsecretaria de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez y Familia. Fin”, dijo Adorni.

En el texto de su renuncia, Cassino se limitó a informar su alejamiento: “Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de presentar mi renuncia a partir del 31 de octubre de 2024, al cargo de Subsecretaria de Gestión Administrativa de Niñez, Adolescencia y Familia de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia”.

La cafetera en cuestión es una Philips automática modelo EP 2231 por el cual Cassino pagó uno de los precios más altos que hay en el mercado. La compra se hizo el pasado 21 de octubre desde la  Secretaría de Niñez y Familia.

Cassino llevaba apenas dos meses en el área. Había asumido en agosto. Abogada de profesión, recibida en la UCA, antes había trabajado en el Ministerio de Modernización en el gobierno porteño, durante la gestión de Mauricio Macri.

El Ministerio de Capital Humano es uno de los que más renuncias acumula. En los casi once meses de gestión de Javier Milei se fueron más de 20 funcionarios de la cartera comandada por Pettovello, a quien sus cortocircuitos con el asesor estrella del Presidente, Santiago Caputo, ubican también entre los ministros más debilitados.

Entre los funcionarios que se fueron de Capital Humano están Pablo De la Torre, ex secretario de Niñez y Familia y acusado por “mal desempeño” en medio del escándálo por la demora en la entrega de alimentos; Leila Gianni, ex subsecretaria de Legal; y Ariel Romano, también integrante del equipo jurídico.