La Casa Rosada amaneció este jueves semivacía. El paro general de la CGT se hizo sentir desde temprano en los pasillos y en las oficinas, mientras funcionarios y empleados llegaban de manera escalonada a Balcarce 50. La escena reflejaba el clima político de la jornada: una huelga de alto acatamiento, el oficialismo jugando una sesión decisiva en Diputados por la reforma laboral y Javier Milei en Washington, siguiendo a distancia el pulso de una disputa que atraviesa de lleno al frente interno.

En el Gobierno buscaron relativizar el impacto de la medida. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a cuestionar a la conducción sindical y atribuyó el alcance del paro a la paralización del transporte público. “El paro es bastante perverso, porque si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de trabajar, no podés hacerlo”, sostuvo, y definió la medida como “parte del pasado”. También advirtió sobre el costo económico de la jornada: “Hoy probablemente tengamos una pérdida de 600 millones de dólares”. En los despachos oficiales, sin embargo, reconocían que la adhesión de los gremios del transporte había condicionado la dinámica del día y amplificado el efecto político de la protesta.

El oficialismo monitoreó el comportamiento sindical en un clima de creciente tensión debido al conflicto abierto tras el cierre de Fate. Las presiones previas no surtieron efecto: las intimaciones a la UTA y a La Fraternidad, acompañadas de advertencias sobre posibles sanciones, no modificaron el nivel de adhesión a la medida de fuerza. En la Casa Rosada reconocían que la parálisis del transporte amplificó el impacto político de la jornada en un momento especialmente sensible para el Ejecutivo.

Con el paro en desarrollo, el foco oficial estaba puesto en el Congreso. Desde las 14, la Cámara de Diputados inició el tratamiento de la reforma laboral, cuya votación se espera para la madrugada. En el oficialismo sostienen que cuentan con los votos necesarios, aunque admiten que el poroteo sigue ajustado. El ministro del Interior, Diego Santilli, sigue de cerca el debate, coordinando con Martín Menem y Gabriel Bornoroni el armado de la mayoría simple para la votación de un proyecto cuyo objetivo, según el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), es impulsar el empleo privado formal y reducir la informalidad.

Antes de partir hacia Estados Unidos, Milei fijó una línea política clara: no habrá nuevas concesiones en el articulado. Con el punto sobre licencias médicas ya hecho a un lado, el Ejecutivo considera que el margen de negociación está agotado y que los cambios sustanciales ya fueron realizados tras el paso del proyecto por el Senado.

Mientras tanto, la agenda internacional del Presidente se superpone con ese escenario. En Washington, durante la sesión inaugural de la Junta de Paz impulsado por Donald Trump, Milei anunció que Argentina pondrá a disposición a los Cascos Blancos para colaborar en la reconstrucción de Gaza. “Creemos en una diplomacia que asume riesgos para alcanzar la paz”, indicó el Presidente. Y sostuvo que “la Argentina participa de este Consejo con la convicción de que la paz exige decisión política y una arquitectura institucional capaz de sostener soluciones reales en el tiempo”.

Por su parte, Trump dedicó palabras especialmente elogiosas a Milei ante los líderes presentes. El mandatario estadounidense recordó el respaldo que le brindó durante la campaña de 2025 y destacó su victoria electoral. “¿Dónde está el presidente Milei? Le di mi apoyo. No se supone que deba apoyar a la gente, pero apoyo a la gente que me gusta”, afirmó Trump, antes de subrayar que el líder libertario “iba un poco por detrás en las encuestas, pero terminó ganando en forma aplastante”. El gesto fue leído en la comitiva argentina como una señal política de alineamiento y respaldo internacional en medio de una jornada compleja en el frente interno.

En la Casa Rosada confían en que la virtual aprobación de la reforma laboral marcará un hito histórico de cara al inicio de sesiones ordinarias, el próximo 1° de marzo. Si el proyecto obtiene luz verde, el oficialismo buscará exhibir control. Milei emprenderá esta noche el regreso desde la Base Andrews y mañana por la mañana estará nuevamente en Buenos Aires, con el saldo político de la jornada ya definido.

PL/MG

El cuarto paro general convocado por la CGT contra el gobierno de Javier Milei tiene a la reforma laboral en el centro de la atención, a punto de votarse en la Cámara de Diputados. La medida de fuerza se siente de manera transversal en distintos sectores productivos y de servicios. “El acatamiento es importantísimo”, afirmó el cosecretario general de la central obrera, Jorge Sola, quien destacó que desde las 22 de ayer los turnos fabriles nocturnos comenzaron a detener tareas.

Para el dirigente, la medida expresa un “enorme rechazo a la destrucción del tejido productivo” y advirtió que el cierre de la empresa de neumáticos Fate es “la punta del iceberg” de lo que podría generar la ley libertaria, en el marco de una caída de 300.000 puestos de trabajo formales desde la asunción de Milei.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió en defensa de la postura oficial y cuestionó la medida de fuerza: “Es bastante perverso, porque en definitiva, si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de ir a trabajar, no podés hacerlo”, dijo en una entrevista.

En el marco de la huelga, la Cámara de Diputados se apresta a iniciar desde las 14 la votación del proyecto de reforma laboral. El oficialismo busca aprobar las modificaciones en el sistema de relaciones laborales que, según la oposición y la CGT, reducen derechos adquiridos y flexibilizan condiciones de trabajo. Para blindar la sesión, el Gobierno llegó a un acuerdo con aliados y gobernadores cercanos, mientras valló las inmediaciones del Congreso con un inédito despliegue de fuerzas policiales.

La protesta tuvo un impacto visible en accesos estratégicos a CABA durante la mañana. Trabajadores de Fate, docentes nucleados en CTERA y organizaciones sociales realizaron un corte en la Autopista Panamericana, a la altura de Virreyes y el ramal Tigre, donde intervino la Gendarmería para exigir la liberación de carriles. En paralelo, agrupaciones de izquierda bloquearon la Autopista Buenos Aires–La Plata con la intención de movilizar luego hacia el Congreso.

También se registraron momentos de tensión en el Puente Pueyrredón, en Avellaneda, donde la Policía Federal y la Gendarmería impidieron que organizaciones sociales concretaran un corte total. El operativo incluyó efectivos motorizados para bloquear el avance de las columnas.

Uno de los datos más sensibles de la jornada fue la paralización completa de los aeropuertos y puertos del país. Aerolíneas Argentinas canceló para hoy casi 300 vuelos y todos los sindicatos portuarios pararon las terminales de carga general, cerealeras y pesqueras en todo el territorio.

La medida alcanza también a amplios gremios del transporte y servicios. Los servicios de trenes, subtes y la mayoría de los colectivos se encuentran paralizados. Sin embargo, en el AMBA el acatamiento en las líneas de colectivos no es total por un sector disidente de la UTA: el Grupo DOTA decidió no plegarse a la medida de fuerza y mantiene operativas a decenas de líneas que circulan con su cronograma habitual.

Desde la conducción cegetista defendieron la adhesión de los choferes de colectivos y remarcaron que cada sindicato tiene “derecho a expresarse”, en un contexto donde el funcionamiento del transporte público suele ser determinante para medir el alcance real de un paro. La central sostuvo que el respaldo refleja una “unidad de concepción” frente a la reforma en debate en el Congreso.

Según Sola, la protesta busca poner en el centro la discusión sobre el empleo formal, el poder adquisitivo y el endeudamiento de las familias. “La única herramienta que tienen los trabajadores es expresarse a través de un paro como el de hoy”, afirmó.

Con 12 movilizaciones previas y cuatro paros nacionales desde el inicio de la gestión libertaria, la CGT volvió a escalar el conflicto con el Ejecutivo en una jornada que combina alto impacto productivo, fuerte despliegue de seguridad y protestas en los principales accesos a la Ciudad mientras se debate y vota una de las reformas más controvertidas de los últimos años.

MC

El Gobierno refuerza su mano dura represiva a instancias de la huelga de la CGT contra la reforma laboral y busca restringir el trabajo de cobertura periodística. El Ministerio de Seguridad Nacional creó un protocolo para supuestamente “preservar la integridad física de periodistas” que trabajen este jueves: armó un espacio específico en las afueras del Congreso para la prensa que cubrirá la posible sesión en la Cámara de Diputados y la movilización popular. El anuncio motivó sendas denuncias del sindicato de prensa y de ATE contra la cartera de Alejandra Monteoliva por “amenazas”.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y el secretario general de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano, consideran un intento de amedrentamiento y restricción al derecho a la protesta y a la libertad de prensa, de cara a la movilización prevista frente al Congreso contra la reforma laboral. Este miércoles el Congreso ya apareció todo vallado en sus alrededores: las fuerzas de seguridad crearon una “zona estéril” sobre la avenida Entre Ríos para separar posibles manifestantes del edificio legislativo.

La semana pasada, el 11 de febrero, el operativo de las fuerzas federales en las inmediaciones del Congreso de la Nación contó con 800 efectivos. Hubo 24 detenciones (todas luego liberadas) y 562 personas heridas, según una reconstrucción del Mapa de la Policía.

El comunicado de Monteoliva se conoció este martes y anunció “medidas de seguridad para la prensa” en el Congreso entre los días 18, 19 y 20 de febrero. El Gobierno anunció que se estableció una zona exclusiva para el estacionamiento de móviles periodísticos y se recomendó a periodistas y camarógrafos “evitar posicionarse entre eventuales focos violentos y el personal de las Fuerzas de Seguridad”, bajo advertencia de que hacerlo podría implicar una “autopuesta en peligro”. 

El ministerio abre el paraguas a un año de la represión que hirió a Pablo Grillo, cuando una granada de gas lacrimógeno de Gendarmería impactó en su cabeza mientras registraba fotografías de una protesta de los jubilados. “Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán”, reza el comunicado de Seguridad Nacional.

Para SiPreBA, esas disposiciones “limitan el ejercicio de la libertad de expresión” y buscan “promover la desmovilización con amenazas de represión”. En un comunicado, el sindicato sostuvo que las condiciones impuestas a trabajadores y trabajadoras de prensa son “incompatibles con las convenciones de derechos humanos” y que el Gobierno “traslada la obligación estatal de protección de la protesta y de quienes trabajamos en su registro y cobertura”.

La organización también cuestionó el argumento de la “autopuesta en peligro” y lo vinculó con antecedentes recientes. Señaló que la actual ministra utiliza “la misma estrategia” que su antecesora Patricia Bullrich cuando, tras la represión en una manifestación, intentó responsabilizar a Grillo por las heridas gravísimas que sufrió: “Disparó bien”, llegó a decir la actual senadora sobre el accionar del gendarme Héctor Guerrero. “La Justicia, dos veces, señaló lo contrario”, recordó el sindicato a partir del procesamiento en primera instancia y en cámara federal del cabo de Gendarmería.

La cantidad de periodistas, reporteros gráficos y trabajadores de prensa agredidos por fuerzas de seguridad durante coberturas de manifestaciones aumentó un 66% en 2025 respecto del año anterior, según el último Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina, presentado en diciembre pasado. Por su lado, Amnistía Internacional denunció un grave deterioro de la libertad de expresión y de reunión en el país y cuantificó más de 2.500 personas heridas durante manifestaciones y un aumento sostenido de la represión estatal.

Por su lado, ATE intimó este miércoles vía carta documento a Monteoliva para que “se abstenga de reprimir y criminalizar la protesta”. También exigió a la ministra que “garantice la integridad de trabajadoras y trabajadores de prensa y manifestantes”. “No podemos naturalizar que no te dejen protestar. Que se atenga a la Constitución, la ley y los fallos judiciales vigentes”, sostuvo “Tano” Catalano.

La CGT convocó a la huelga para este jueves si finalmente el oficialismo confirma la sesión, pero no llamó a una movilización. La central obrera espera que el paro general sea lo suficientemente contundente, sobre todo en el transporte. Sí habrá movilizaciones y actos por fuera de la convocatoria gremial. La izquierda y los gremios combativos harán un acto al mediodía en las inmediaciones del Congreso. Y la UTEP hará un paro activo en distintos puntos del país, con ollas populares y cortes.

MC

La CGT ratificó este miércoles un paro general de 24 horas para cuando la Cámara de Diputados vote la reforma laboral del Gobierno. La central obrera anunció su medida de fuerza horas antes a que se discuta en un plenario de comisiones el proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado. Será el cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei.

La sesión aún no está confirmada pero las intenciones del oficialismo es que ocurra este jueves 19 de febrero. La huelga de la CGT ocurrirá el día efectivo en que haya sesión parlamentaria, desde las 0 horas hasta las 23.59. No habrá movilización.

“Cuando se trate esta ley va a hacer un paro de 24 horas sin que haya ninguna actividad que lleve adelante su función”, aseguró el triunviro Jorge Sola en la conferencia de prensa de la CGT en su sede de Azopardo. “La Argentina se paralizará de punta a punta”, completó.

El jefe cegetista cuestionó tres ejes de la reforma laboral: “Afecta los derechos individuales, debilita los derechos colectivos y hay una gran transferencia de recursos económicos desde el sector de los trabajadores al sector de los empleadores de 6.000 millones de dólares anuales”.

La medida de fuerza gremial afectará principalmente el transporte, ya que no habrá colectivos, trenes y aviones, además de un sinfin de servicios.

“Esta CGT no está en contra de una modernización laboral pero no se tienen que perder derechos”, apuntó Sola, del gremio del vidrio. En la conferencia estuvieron también los otros dos co-secretarios generales Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros). Además se mostraron Héctor Daer (Sanidad), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Juan Carlos Schmid (CATT) y Maia Volcovinsky, entre otros.

La conferencia estuvo marcada por el cierre de la planta de Fate, que se conoció esta mañana. La CGT transmitió su “solidaridad” con los 920 trabajadores afectados. Sola le dio dimensión a la noticia: “Se pierden 400 puestos por día y en dos años cerraron 21.000 pymes. Las familias no llegan a fin de mes, hay crecimiento de la informalidad y hace ocho meses que la inflación no para de crecer”, denunció uno de los jefes de la central.

MC

Los gremios más combativos lograron torcer el brazo de la cúpula directiva de la CGT que este lunes convocó a un paro general sin movilización para el día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral. Aunque todavía no hay una fecha exacta, esto podría ocurrir el próximo jueves. La medida cuenta con un apoyo clave, la adhesión de todos los gremios del transporte.

La decisión fue anunciada luego de una reunión virtual este mediodía entre los cotitulares de la central obrera Octavio Argüello, de Camioneros; Jorge Sola, del sindicato del Seguro; y Cristian Jerónimo, de Empleados del vidrio.

La medida llega luego de una fuerte crisis interna desatada por la actitud de la dirigencia cegetista que se resistía a llamar a un paro para rechazar la reforma laboral, frente a las posiciones más duras de los gremios de base y las organizaciones sociales que reclamaban medidas más duras para enfrentar el proyecto del oficialismo que ya cuenta con media sanción del Senado.

Aunque no habrá una movilización de manera orgánica, cada sindicato podrá convocar a marchar de manera individual. Para este miércoles a las 11, la CGT llamó a una conferencia de prensa en la sede de Azopardo para ampliar más detalles.

Este domingo, Jerónimo había anticipado que “estaban dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”.

Los puntos más cuestionados del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno son las modificaciones en las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho a huelga y las vacaciones, mientras que también generó críticas el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales.

Por su parte, el secretario general del Centro de Patrones Fluviales, Mariano Moreno, advirtió que la reforma laboral excluye a los marinos de la ley de Contrato de Trabajo. “Si no luchamos hoy para que esto no salga, vamos a terminar precarizados y trabajando por un sueldo de miseria”, sentenció.

“Al personal embarcado no le dejan ni el 14 bis”, dijo el dirigente, al graficar que el artículo 2° de la reforma excluye de forma explícita al personal embarcado en su inciso (g) y los pone en igualdad de condiciones que las personas privadas de su libertad. Esto significa que ya ni siquiera se cuenta con los derechos más básicos que protegen al trabajador“.

“Antes, si había un conflicto no previsto en el contrato de ajuste, se invocaba la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) para proteger al marinero o capitán. Con esta reforma, se asume que el régimen de navegación es autónomo. Esto debilita la protección general porque la Ley de Navegación es de carácter comercial y administrativo, y no tiene la carga de justicia social y protección al trabajador que tiene un Convenio Colectivo de Trabajo o lo mínimo que garantiza la LCT”, detalló. 

Con información de Noticias Argentinas.

“No nos importa el paro, es un día normal”. La frase cayó como una descarga en los pasillos de la Casa Rosada mientras, del otro lado de las rejas, buena parte del país funcionaba a media máquina. Con escuelas cerradas, oficinas públicas semivacías y hospitales atendiendo solo urgencias, el gobierno de Javier Milei respondió con sobreactuación de normalidad al tercer paro general convocado por la CGT: reunión de Gabinete, foto de unidad y un mensaje directo a los gremios. “Hoy se trabaja”.

La central obrera volvió a manifestarse este jueves, aunque sin movilización callejera —la marcha fue ayer, al Congreso—. Así y todo, el efecto se sintió. Hubo colectivos —la UTA no adhirió—, pero el resto de los servicios públicos funcionó con restricciones. Mientras tanto, en Balcarce 50 eligieron mostrar orden, agenda institucional y respaldo político. A las 9.30, Milei reunió a sus ministros en el Salón Eva Perón y se tomó la foto que quería: rodeado de su tropa, mientras la calle estaba en silencio relativo.

“No sólo es un día normal”, dijo uno de los funcionarios presentes, “sino que estamos a las puertas de una nueva etapa”. Con eso se refería al inminente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a una promesa que volvió a circular en voz baja: levantar el cepo cambiario “entre julio y agosto”, con un sistema de flotación administrada “al estilo Uruguay, Paraguay o Perú”.

El Presidente llegó a la Casa Rosada a las 8.52, escoltado por un operativo de seguridad que incluyó cortes momentáneos sobre la avenida Alem. En el primer piso lo esperaban sus funcionarios. Esta vez, sin la otrora “mesa chica” —Karina Milei, Patricia Bullrich y Luis Caputo— sino con un formato ampliado, que incluyó, entre otros, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Salud, Mario Lugones; el canciller, Gerardo Werthein; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor todoterreno Santiago Caputo y el vocero presidencial Manuel Adorni.

Fue Adorni, justamente, uno de los blancos del paro de este jueves. De manera provocadora, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había advertido en las últimas horas que la medida tendría “alta adhesión incluso en áreas sensibles del Gobierno como la Vocería Presidencial”. Rodolfo Aguiar, su secretario general, fue al hueso: “Hasta los empleados nuevos designados por Adorni abandonaron sus puestos y se plegaron a la medida de fuerza”.

El vocero-candidato no se quedó callado. En su canal de WhatsApp, definió la medida como “uno de los últimos coletazos de quienes viven de la extorsión y el apriete”, acusó a la CGT de defender “los negocios de la casta sindical kirchnerista” y denunció que “dejan al trabajador sin tren ni subte mientras ellos se mueven en autos importados”. También estimó que el paro tuvo un costo de 880 millones de dólares y lo comparó con la inacción gremial durante la gestión de Alberto Fernández.

Las palabras de Adorni vinieron acompañadas de otras, esperables: “Por supuesto que se descontará la jornada laboral al que no trabaje”, filtró una fuente oficial. Aunque no hubo notificaciones formales ni a UPCN ni a ATE, la decisión busca disciplinar. En el paro anterior, de mayo de 2024, el Ejecutivo había prometido lo mismo. Algunos gremialistas aseguran que los descuentos no se aplicaron del todo. Esta vez, juran en Balcarce 50, será diferente.

Lo cierto es que el acatamiento fue contundente en muchas dependencias estatales, aunque sin manifestaciones masivas. En la Casa Rosada interpretaron todo como un acto de campaña. “Es un paro político”, repiten hace semanas, por lo que Milei ni siquiera consideró iniciar gestiones para frenarlo. Apenas Francos tanteó a Gerardo Martínez, de la UOCRA. No hubo avances. Lo que sí hubo esta semana fue una confirmación importante: la visita a Buenos Aires del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Llegará en los próximos días. El mensaje es claro: mientras la CGT paraliza, el Gobierno alimenta su vínculo con Washington.

En paralelo, desde los despachos oficiales, se defiende el rumbo económico sin medias tintas. “Imaginate si tuviéramos déficit, estaríamos con inflación y hechos miércoles”, graficó un funcionario cercano a Milei. En su mirada, la Argentina está bien posicionada para enfrentar turbulencias externas. “El problema no son los shocks de afuera, son los degenerados fiscales de adentro”, resumió ante la consulta de elDiarioAR.

En Balcarce 50 no parece haber lugar para la pausa ni para la autocrítica. El paro fue leído como un gesto más de la vieja política, al que había que responder con orden, agenda y señales de poder. La Casa Rosada eligió seguir adelante, sin diálogo y sin desvíos. Este viernes, el directorio del FMI podría aprobar el nuevo programa con la Argentina y confirmar el monto del primer tramo del desembolso. Para el Gobierno, la verdadera respuesta al paro llegará entonces: no en la calle, sino en dólares.

PL/JJD

En pleno paro de la Confederación General de los Trabajadores (CGT), el vocero presidencial, Manuel Adorni, definió la medida como “uno de los últimos coletazos de quienes viven de la extorsión y el apriete”.

“Si te amenazan para obligarte a parar, hacé la denuncia al 134”, sostuvo a través de su canal de WhatsApp, y añadió: “Este es el paro de la casta sindical kirchnerista de los Moyano, que por tercera vez dejan sin trabajar a millones de argentinos”.

Para el funcionario, los sindicalistas “dejan al trabajador sin tren ni subte mientas ellos se mueven en autos importados”, y planteó además que “hablan de ‘justicia social’ y viven en los barrios privados más caros”. 

“Están atrincherados en el poder político-sindical, enquistados en el nido de la casta”, denunció, y completó: “El avance de la libertad implica el fin de sus negocios y, como los animales salvajes cuando están acorralados, contraatacan para sobrevivir”.

El candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza señaló que la CGT no tolera que “los trabajadores salgan adelante por su propia cuenta, sin ellos”, y elogió el programa económico del Gobierno. 

“Mientras el salario promedio de diciembre de 2023 fue de 300 dólares, el de enero de 2025 fue de 1.100 dólares”, destacó, y sumó: “Es un paro que persigue intereses políticos y nada tiene que ver con los trabajadores”.

Por su parte, cuestionó la decisión de la central de convocar al tercer paro frente a la administración libertaria, en comparación a la nula actividad ante la gestión de Alberto Fernández.

“Eligieron no parar cuando había un presidente que acumulaba 1.020% de inflación en su gestión y sumergía al 57% de los argentinos a la pobreza, pero sí lo hacen contra el presidente que pulverizó la inflación y que sacó a 10 millones de argentinos de la pobreza”, sostuvo. 

Por último, aseguró que la medida tiene un costo de 880 millones de dólares, e insistió en que se trata de “uno de los últimos coletazos de quienes viven de la extorsión y el apriete”. 

Denuncias registradas en el marco del paro

Desde el Ministerio de Seguridad revelaron que registraron 92 denuncias relativas al paro, de 832 llamadas recibidas por la Coordinación de Denuncias de la línea 134. 

Según reveló, se tomó en cuenta el lapso entre las 12 del día 9 de abril y las 12 del 10, donde se detectaron 79 llamadas en las que se expusieron amenazas por la asistencia a la huelga, y que aportaron datos específicos. 

La Unidad Gabinete de Asesores brindó asesoramiento a 13 de las personas que se comunicaron.

Con información de la agencia NA

Héctor Daer, cosecretario de la Confederación General del Trabajo (GCT), aseguró hoy que el paro general fue un “éxito rotundo” y felicitó “a todos los trabajadores que dedicieron acompañar el llamado a la huelga”.

“Queremos felicitar a todos los trabajadores que en el día de hoy pararon sus actividades para demostrar que el movimiento obrero lleva adelante una agenda clara para que se cambien las políticas de ingresos”, sostuvo en conferencia de prensa.

“Este gobierno está llevando adelante un ajuste profundo que está recayendo sobre las economías regionales, sobre la obra pública y en especial el sector de los jubilados”, agregó.

“Queremos felicitar a todas las organizaciones que concurrieron ayer a la plaza de los dos Congresos armando una marcha multitudinaria en apoyo a un reclamo justo que tiene que ver con la actualización de los haberes de jubilados y jubiladas”, añadió. “Ese reclamo fue parte de esta jornada de 36 horas de lucha”.

A su vez, el sindicalista se despegó de los incidentes registrados en algunos colectivos que funcionaron con normalidad por la conciliación obligatoria que acató la UTA.

“Nada tienen que ver con los trabajadores ni con las organizaciones sindicales”, dijo sobre esos ataques a pedradas que sufrieron algunas formaciones y que algunas lecturas lo asociaron a represalias contra la UTA de parte de otros sectores de la central obrera.

El sindicalista advirtió además que la campaña publicitaria montada por el Gobierno contra el paro de la CGT es un “mecanismo muy complicado que fue utilizado cuando se perdió la democracia”.

“Cuando se perdió la democracia fueron utilizados esos mismos medios maniqueos”, señaló al referirse a los eslóganes contra el paro que el Gobierno emitió por altoparlantes en las estaciones de trenes.

Daer también respondió el comunicado crítico del Gobierno que aludió al paro de “la casta sindical”: “Quiero descartar la palabra casta que no tiene nada que ver con este país, acá somos todos iguales ante la ley. En Argentina no hay división por castas pero sí podríamos dividir entre oligarquía y trabajadores”, sostuvo.

Y sobre el accionar de la Casa Rosada, agregó: “Cuanta presión hicieron sobre tantos sectores, nos vendían que había lugares en que no iban a parar”.

También, reiteró que el motivo de la huelga nacional fue la “caída de los ingresos y el ajuste profundo que esta recayendo sobre las economías regionales y la obra pública”.

Además de Daer, participaron de la conferencia sus pares del triunvirato, Carlos Acuña y Octavio Arguello, y otros referentes como Andrés Rodríguez, Sergio Romero y Cristian Jerónimo.

CRM

Con la decisión de la UTA de no sumarse al paro general convocado por la CGT para este jueves y los colectivos en la calle, mientras que el resto de los gremios del transporte (trenes, subtes, taxis, aviones) sí se plegaron, la medida de fuerza tuvo acatamientos dispares, con actividades en las que la huelga se siente con fuerza y otras que funcionan con normalidad.

Las voces que pudieron escucharse en las calles a través de las consultas de los medios de comunicación, mostraron también reacciones dispares, con gente que acuerda con la protesta de los gremios que representan a los trabajadores y considera “grave” la realidad salarial, pero con la “imposibilidad” de plegarse al paro por la necesidad de no perder la jornada laboral (o por temor a represalias de la patronal), y quienes se manifestaron en concordancia con el pensamiento del gobierno de Javier Milei y en contra de la dirigencia sindical.

Durante la jornada, en algunos sectores se vieron largas filas en las paradas de colectivos, único transporte público que desde el sindicato que los nuclea, la Unión tranviarios automotor (UTA), decidió continuar con el acatamiento de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo el pasado 27 de marzo y que está vigente hasta este viernes, con el objetivo de no trabar las negociaciones salariales en curso, además de los conflictos internos y las diferencias que existen entres las conducciones sindicales.

Si bien Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la Confederación General del Trabajo (CGT), afirmó que el paro “está siendo importante” y que desde varios sindicatos informaron que “hay un ausentismo muy grande” en la mayoría de los gremios adheridos, y que se vieron las estaciones de trenes y subtes desiertas, la calle tuvo movimiento, los comercios abrieron y trabajadores de distintos rubros no se plegaron a la medida de fuerza.

En tanto, en otros sectores, como los ferrocarriles, los subtes, los trabajadores aeronáuticos, camioneros, los servicios marítimos, la recolección de residuos, muchas oficinas públicas, los correos, los bancos estatales y las escuelas y universidades públicas, el acatamiento fue total.

En otros, como las insituciones educativas o bancos privados, las industrias, fábricas o los comercios, la situación fue dispar, atada a la posibilidad de trasladarse a los lugares de trabajo y a la decisión personal de adherir o no a la medida de la CGT.

La situación en el interior del país también es dispar, dependiendo de las actividades principales de cada distrito y la posibilidad de trasladarse a sus puestos de trabajo en medios de transporte.

Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la Confederación General del Trabajo (CGT) afirmó que “el paro está siendo importante” y que desde varios sindicatos informaron que “hay un ausentismo muy grande” en la mayoría de los gremios adheridos.

El sindicalista, secretario general de UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), explicó que la media surge porque “la gente la está pasando mal”, debido al plan de ajuste llevado adelante por la gestión del presidente Javier Milei, que se vino incrementando desde su asunción, en diciembre de 2023.

“Es la convicción de la gente lo que está pasando. Hay una reacción de descontento, donde no les alcanza para llegar a fin de mes. La gente se da cuenta. Ya es objetivo: en 2025 bajó el consumo y estamos viendo que todos los salarios de todas las actividades están deteriorados”, manifestó Rodríguez en declaraciones a Radio Rivadavia.

Por otra parte, y en referencia a las medidas que toman ciertos empleadores y empresas con respecto a los trabajadores que se adhirieron al paro, sostuvo que “es lamentable que les descuenten el día” porque “hay un derecho legal” que los ampara. Asimismo, indicó que “el paro se está notando” y que es importante “para hacer cambiar la política”.

Con respecto a la relación que tiene la CGT con el Gobierno Nacional, manifestaron que “las pocas veces” que los llamaron para una mesa de diálogo, “fueron con propuestas”, pero no recibieron “ninguna respuesta” a las inquietudes planteadas por la central; además justificaron el tiempo que esperaron para proponer un paro general.

“No nos quedamos quietos en ninguna situación. En otros momentos, tuvimos más oportunidad de negociación y ahora no y pareciera que la decisión de la CGT fue acertada. La idea es que, si el Gobierno tiene un sentido de generar una situación positiva, debería buscar un encuentro, una salida consensuada. Sería lo lógico”, señaló el secretario adjunto.

En otro orden, diferenció esta gestión con la del ex presidente Alberto Fernández debido a que había “otras condiciones” porque vivimos “dos años en cuarentena por la pandemia” y “la preocupación del país” estaba enfocada en otra prioridad.

“Hay 6 millones de empleados en actividad privada y 3 en la pública. En ese núcleo, estamos notando que la gran mayoría está acatando la medida de fuerza. Tanto el gobierno anterior como el de (Mauricio) Macri, fracasaron en el tema del subsidio, tendrían que haber generado una política de empleo. Este Gobierno está haciendo lo mismo pero peor porque está echando gente”, concluyó.

ATE: “Este gobierno solo entiende el lenguaje de la fuerza”

Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, consideró que en la medida de fuerza llevada a cabo por las centrales obreras, “hay total responsabilidad de la Casa Rosada”. “Los trabajadores no queremos parar, es la última instancia. Este gobierno no tiene al diálogo entre sus herramientas de gestión, solo entienden el lenguaje de la fuerza y yo ahora me entusiasmo, porque casi nos doblaban el brazo, pero empezamos a recuperarnos”, analizó.

Según Aguiar, desde la asociación que nuclea a los trabajadores del Estado, “no defendemos vagos, defendemos trabajadores que se esfuerzan todos los días y dan su vida para garantizar el funcionamiento del Estado”.

“Cada vez que se destruye un puesto de trabajo en el Estado se desmantela una política pública y se pierde un derecho. Desmantelaron el Servicio Meteorológico Nacional y no pudieron predecir la catástrofe de Bahía Blanca”, sentenció Aguiar en declaraciones a Radio La Red.

Aeroparque y Ezeiza, con 100% de acatamiento al paro

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biro, afirmó esta mañana que en su gremio hay “un 100 por ciento de acatamiento” al paro de hoy de la CGT, y anticipó que la semana próxima habrá una medida de fuerza de 12 horas del sector aeronáutico.

“En pilotos hay un 100 por ciento de acatamiento en aeroparque y en Ezeiza no va a haber actividad en toda la jornada”, expresó el gremialista en declaraciones a Radio Splendid.

Biro explicó que “un paro general es una forma de interpelar al Gobierno, es una forma de decir que necesitamos respuestas, necesitamos mesas de diálogo, alguien se los tiene que decir”.

El dirigente de los pilotos sostuvo que el Gobierno “se hace autopropagada de la crueldad con la que ejecuta las políticas públicas y lastima a los sectores más débiles”

“En la Argentina hay ‘timba’ financiera mientras la industria se está cayendo a pedazos, publican números engañosos de la inflación, cuando los combustibles, la energía y los servicios públicos vuelan por el aire y los trabajadores con empleo formal no llegan a fin de mes”, manifestó.

En alusión al paro de hoy de 24 horas expresó que el reclamo de la CGT y las dos CTA “es genuino” y subrayó su deseo de que “el paro motive a que den algún tipo de solución” a los reclamos de los trabajadores.

Puntualizó que en el sector aeronáutico hoy hay “menos flota, despidos, achicamiento, cierre de sucursales, vaciamiento”, y ahora “que da ganancias, pedimos paritarias y nos dicen que después de Semana Santa hablaremos”.

“Por eso anunciamos para el día 16 de abril, antes de semana santa, un paro total de actividades por 12 horas. No puede ser que la máxima conducción de la compañía por un lado diga que hay ganancias y por otro no corrija los salarios que vienen degradados”, aseveró.

Paro total en trenes

Agustín Special, vocero de La Fraternidad, el gremio que nuclea a los trabajadores de ferrocarriles, dijo este jueves que en lo que respecta a los trenes “el paro es total”.

Para el dirigente sindical, “la CGT al fin reaccionó y mandó a poner un freno a las políticas de este Gobierno”.

Special pidió que la huelga sea “contundente, porque la situación no está bien”, al tiempo que calificó a los mensajes que se escuchan y se ven en las pantallas de las terminales de ferrocarriles, difundidos por el Gobierno pidiendo a la población denunciar a “quienes extorsionen a los trabajadores” y llamando a “defender la República”, como “una vergüenza”. “Estamos defendiendo el salario de los trabajadores que no llegan a fin de mes. Que salga el Gobierno a querer mojar la oreja a los trabajadores me da vergüenza”, concluyó, en declaraciones a Telefe.

Con información de agencias.

IG

El puente Pueyrredón se convirtió en un foco de tensión durante el paro general de la CGT de este jueves. Un fuerte despliegue de efectivos de fuerzas federales intentaba impedir esta mañana que agrupaciones sociales se manifiesten sobre el puente que conecta el sur del conurbano bonaerense con la ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno recurrió a la Policía Federal para obturar el avance de militantes de La Dignidad sobre la calle Mitre, en Avellaneda, que buscaban profundizar con un piquete al tránsito la medida de huelga de la central obrera.

“La policía nos está amedrentando pero la convicción es estar aquí en el marco del paro general, marcando el camino para los movimientos populares. Le perdimos el miedo a la policía, a toda la política”, denunció ante los medios que tranmistían en vivo la situación del corto el referente de La Dignidad, Rafael Klejzer.

El jefe del operativo de la Federal, quien no se identificó públicamente, le exigió a los manifestantes que no prendan fuego neumáticos durante la protesta. “Nuestro objetivo es intentar cruzar, evidentemente no se pudo. Nos vamos a quedar acá. La política represiva de este gobierno intenta tapar el sol con las manos, pero cada vez se vive peor en la Argentina”, dijo Klejzer, que alertó sobre el despliegue de las fuerzas que conduce Patricia Bullrich en el marco de su protocolo antipiquetes: “Tememos un acto represivo”.

MC

En Balcarce 50 nadie lo admite en público, pero el paro general de la CGT de este jueves 10 de abril empezó a hacer ruido antes de que se escucharan los primeros bombos. No por el número de gremios que adhieren, sino por el momento político en que aterriza: un gobierno golpeado por su propio vértigo, sin músculo parlamentario y con señales de fatiga en la calle, justo cuando la economía dejó de ser argumento y empezó a ser problema.

La huelga será la tercera contra Javier Milei en lo que va de su mandato, pero no se parece a las anteriores. Esta vez llegó con prólogo: una movilización al Congreso que tuvo lugar ayer por la tarde, con una marea sindical y social que se encolumnó detrás del reclamo de los jubilados por un aumento de emergencia. La CGT acompañó, pero no encabezó. Se sumó a un clima de protesta que desde hace semanas viene construyéndose desde abajo, con más convicción en las calles que en las cúpulas.

Lo que en otros tiempos podía leerse como una decisión estratégica, hoy aparece más bien como una reacción inevitable. Las consignas que circularon este miércoles frente al Congreso —paritarias libres, rechazo a los despidos, defensa de la educación y la salud pública, oposición al acuerdo con el FMI, que está a punto de formalizarse— anticipan el tono de una jornada que pondrá a prueba no sólo al sindicalismo, sino también a un Gobierno que empieza a sentir que el descontento dejó de ser marginal.

La clave, en el ajedrez oficialista, estuvo en el transporte. Desde hace días, operadores del oficialismo trabajaron en silencio para desactivar la participación de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio de los colectiveros, cuyo impacto en el AMBA define buena parte del éxito o el fracaso de una huelga general. La jugada fue quirúrgica: la Secretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la UTA y las cámaras empresarias. Legalmente, el gremio no puede adherir al paro. Políticamente, se desinfla el efecto de la protesta.

El jefe de la UTA, Roberto Fernández, argumentó razones jurídicas. Pero en los pasillos gremiales y en las oficinas del Gobierno todos entienden que hay algo más: subsidios, auditorías sobre su obra social, presiones cruzadas. Su negativa a plegarse dejó expuesta una de las tensiones internas más agudas en la CGT, donde ya se oyen voces que hablan de sanciones. En las seccionales del interior, más combativas, hay intentos de ruptura. “Una cosa es el AMBA, otra el país”, dijeron en el entorno de un gremialista a elDiarioAR.

La central obrera llega al paro con grietas a la vista. No solo por la UTA. Los históricos Luis Barrionuevo (Gastronómicos) y Armando Cavalieri (Comercio) se mantuvieron al margen. Gerardo Martínez (Uocra) y Andrés Rodríguez (UPCN) se sumaron con reticencia. El camionero Hugo Moyano delegó la conducción formal en Octavio Argüello, su hombre en el triunvirato cegetista, pero luego moderó su discurso y cerró una paritaria a la baja. El impulso corrió por cuenta de Héctor Daer (Sanidad), flanqueado por Sergio Palazzo (Bancarios) y Juan Carlos Schmid, en lo que podría leerse como el comienzo de una reconfiguración del liderazgo sindical.

Pero la medida de fuerza no tendrá un impacto homogéneo. Los gremios aeronáuticos ya confirmaron su adhesión, al igual que los bancarios, los docentes, los portuarios y los camioneros. Habrá guardias mínimas en salud, administración pública paralizada, recolección de residuos interrumpida y una actividad comercial parcial, sobre todo en los barrios donde el transporte funcione. En el interior, la adhesión será más alta. Y en el AMBA, el funcionamiento de los colectivos terminará siendo el factor que incline la balanza.

Desde el vamos, el Gobierno buscó deslegitimar la protesta. En los últimos días, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló de “paro ridículo” y acusó a los gremios de defender privilegios. Pero puertas adentro, la lectura es más compleja. En las últimas semanas, emisarios oficiales buscaron abrir canales de diálogo con algunos sindicatos. No encontraron eco. “Hay diálogo, pero no hay negociación”, dijo Daer. La línea libertaria es clara: no se negocia con quienes se considera parte del problema.

Lo que se juega este jueves, sin embargo, va más allá del paro en sí. No será una paralización total. Tampoco una jornada inocua. Será una postal política, con una CGT que intenta recuperar protagonismo en medio del vacío que dejó el PJ, con una sociedad que empieza a mostrar señales de hartazgo, y con un oficialismo que ya no puede confiar en el efecto novedad para justificar cada conflicto.

Milei llegó a la Casa Rosada con la promesa de dinamitar la “casta”. Pero en esa implosión arrastra también parte del entramado social que sostenía la gobernabilidad. La calle vuelve a aparecer, no como amenaza, sino como termómetro. Y cada vez que se llena, algo se vacía en el poder.

PL

El diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, vaticinó que el acto de esta tarde frente al Congreso, convocado por las tres centrales sindicales para acompañar la habitual marcha de los miércoles de los jubilados, “va a ser multitudinario”, y se va a desarrollar en forma “pacífica”

“Va a ser una marcha multitudinaria y pacífica, porque las organizaciones vamos a garantizar que la gente pueda movilizarse en paz”, expresó Yasky en declaraciones a Radio Splendid.

Yasky dijo que la protesta de esta tarde, que se continuará mañana con un paro general de actividades de 24 horas, es la respuesta a “la crueldad de un Gobierno que toma medidas que castigan a los trabajadores, como dejarlos sin empleo, y algunos ni siquiera cobran la indemnización porque tienen contratos basura”.

“Es la crueldad en su expresión más alta”, porque “rompen contratos laborales de forma brutal e ilegal y tienen desprecio por los trabajadores”, manifestó el diputado de Unión por la Patria y aseveró que “la Argentina es hoy más desigual”.

Agregó que la marcha de esta tarde también responde a que “las condiciones económicas en Argentina hacen que sea más barato importar que producir en el país” y advirtió que “cuando eso pasa lo primero que desaparece es el empleo”.

A modo de ejemplo señaló que actualmente “la industria automotriz tiene unos 10.000 trabajadores que están suspendidos o al borde de perder el empleo”, y sostuvo que estas cifras muestran que “las cifras de disminución de la pobreza que muestra el Gobierno se contradicen con la realidad”.

Con información de agencias.

IG

La calle será el escenario. Este miércoles, desde el mediodía, columnas sindicales, movimientos sociales y la protesta ya habitual de los jubilados volverán a confluir frente al Congreso. Será el primer acto de una huelga que se estiró a 36 horas y que tendrá su punto más alto el jueves, cuando rija el tercer paro general contra Javier Milei. Pero más allá de las fechas, los nombres y los reclamos, lo que empieza a visibilizarse es otra cosa: un malestar que no encontró contención institucional y ahora desborda por los márgenes del sistema político.

No se trata del regreso triunfal de una central obrera poderosa. Al contrario: la CGT se suma a una protesta que no empezó en la sede de Azopardo, sino en las veredas de los jubilados, donde una mínima que no alcanza para lo básico fue el primer motor de la bronca. La huelga, entonces, no es obra de una dirigencia resuelta, sino la reacción inevitable ante una clase política que no supo o no quiso escuchar a tiempo.

Desde hace días, en la sede de la CGT se afina el dispositivo para que la movilización sea masiva. El jueves pasado, referentes de gremios como Sanidad, UPCN, Uocra, Camioneros, Seguros, Vidrio y Smata delinearon la logística y el recorrido: concentración en Yrigoyen y Solís, marcha hacia la Plaza de los Dos Congresos y consignas claras: paritarias libres, aumento de emergencia para los jubilados y rechazo al ajuste. La expectativa es que más de 300 mil personas participen de la jornada, que contará también con la adhesión de las dos CTA y de movimientos sociales como la Corriente Clasista y Combativa y Territorios en Lucha.

En la previa, el Gobierno nacional intentó desactivar la medida del jueves con una maniobra quirúrgica: dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de la UTA, apostando a mantener activo el transporte durante la jornada de paro. Pero el tiro puede salir por la culata. La medida no alcanza legalmente al paro general convocado por la CGT, y en el gremio de colectiveros hay tensión interna. Algunas seccionales del interior ya avisaron que podrían sumarse, incluso desoyendo la conciliación.

La discusión más áspera, sin embargo, se dio por el operativo de seguridad de hoy. Un fallo del juez porteño Roberto Gallardo dispuso que la custodia debía recaer en la Policía de la Ciudad, y que el Gobierno nacional debía abstenerse de intervenir. Pero la Casa Rosada desoyó la orden y confirmó que será Patricia Bullrich quien encabece el despliegue, con el mismo protocolo que en las protestas anteriores: vallado perimetral, fuerzas federales y ningún margen para el diálogo.

La ministra de Seguridad fue tajante: “No vamos a dejar de cuidar la sede del Gobierno federal”, dijo. Y fue por más: denunció al juez ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, por su parte, apeló el fallo, respaldó a Bullrich y se sumó al coro oficial que busca impugnar judicialmente cualquier intento de frenar el protocolo antipiquetes.

Pero la marcha va. Así lo confirmó este martes Octavio Argüello, cosecretario general de la CGT y dirigente de Camioneros: “Vamos a marchar igual, aunque haya protocolo”. Para la central obrera, el escenario está claro: si el Gobierno apuesta a la represión, será su responsabilidad. Porque lo que está en juego no es solo el derecho a manifestarse, sino el modo en que el oficialismo decide relacionarse con el conflicto social.

El Gobierno se mueve entre el desprecio discursivo y el cálculo defensivo. En los últimos días, funcionarios como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, mantuvieron contactos reservados con algunos gremialistas, buscando alguna señal de distensión. No la encontraron: el triunviro Héctor Daer apuntó el lunes contra la Casa Rosada al señalar que “hay diálogo, pero no hay negociación”.

En público, los libertarios dicen que no hay reclamo puntual, que el paro es político, que los sindicatos son parte de “la casta”. Francos llegó a calificar la medida de “ridícula” y advirtió a los gremios sobre sus consecuencias. En privado, en cambio, el análisis es menos ideológico. 

Es que el trasfondo político es cada vez más complejo para Milei. La economía da señales de fatiga, la inflación amenaza con rebotar, el dólar se recalienta, el Congreso avanza con una comisión investigadora por el caso $LIBRA y la imagen presidencial empieza a mostrar signos de desgaste. En Azopardo lo leen con claridad: lo que hasta hace meses era impensado —una huelga general de 36 horas— hoy se vuelve inevitable.

La de este miércoles no será una jornada fundacional ni un punto de quiebre. Pero sí una foto reveladora. La de un gobierno que eligió la confrontación antes que el diálogo, que responde al conflicto social con protocolos y vallados, y que empieza a enfrentarse con algo más complejo que la “casta”: la realidad. Esa que no se puede bloquear ni empujar con gases lacrimógenos, y que cada vez encuentra más voces dispuestas a ocupar la calle.

PL/JJD

En la previa del paro general del jueves, el Gobierno nacional y el de la Ciudad se cruzaron durante días por una escena que todavía no ocurrió: la movilización de este miércoles al Congreso, convocada por la CGT en el marco de la huelga de 36 horas. La discusión no fue sobre los reclamos, los cortes o los manifestantes. La disputa, más simple y reveladora, giró en torno a una pregunta clave: ¿quién se hace cargo del operativo de seguridad?

La pulseada tuvo fallos judiciales, apelaciones políticas, amenazas cruzadas y un mensaje de fondo: el oficialismo está incómodo con una calle que no puede ni controlar ni evitar. La CGT —que durante meses esquivó el conflicto frontal— se suma por primera vez a la protesta semanal de los jubilados. Pero lo hace en un clima distinto: con el dólar en alza, la inflación en rebote, el Congreso atravesado por el escándalo de la criptoestafa $LIBRA y el Gobierno cada vez más expuesto.

Fue el juez porteño Roberto Gallardo quien encendió la mecha. A partir de un amparo presentado por la CGT, la UTEP y el gremio judicial UEJN, dispuso que el operativo del miércoles quede exclusivamente a cargo de la Policía de la Ciudad. En su fallo, subrayó que la seguridad no puede ser excusa para reprimir, y que el derecho a manifestarse no depende del humor del Ministerio de Seguridad ni del contexto político. Ordenó que sea el Gobierno porteño quien garantice derechos, coordine y contenga.

Pero el fallo no se cumplirá. Este martes, desde el Gobierno nacional confirmaron que el operativo lo encabezará Patricia Bullrich, tal como viene ocurriendo desde el 10 de diciembre de 2023. Lo harán, dijeron, “con el mismo esquema” que en las marchas anteriores: un fuerte vallado perimetral, custodia de las inmediaciones del Congreso y despliegue de fuerzas federales. La ministra lo ratificó con dureza: “De ninguna manera vamos a dejar de cuidar la sede del Gobierno federal en la Ciudad, como capital de todos los argentinos”, dijo en diálogo con Radio Mitre. Y fue por más: “Le decimos a Gallardo que no se entrometa. No tiene jurisdicción para darle órdenes a las fuerzas federales”.

No fue solo una respuesta política. El Ministerio de Seguridad, a través del director de Normativa, Fernando Soto, ya había denunciado a Gallardo ante el Consejo de la Magistratura porteño por presunto mal desempeño. Lo acusan de haber invadido competencias del Ejecutivo nacional, de haber actuado con una interpretación “subjetiva y forzada” de los hechos, y de haber dictado un fallo con “sesgo ideológico”. Según el escrito, el magistrado violó la Ley de Seguridad Interior y habilitó “indebidamente la jurisdicción judicial”.

En paralelo, la Ciudad también rechazó el fallo. Jorge Macri apeló la decisión, pidió que se declare nula y elevó el caso a la Cámara Contenciosa. Dijo que “no se puede escribir desde un escritorio cómo actuar ante una manifestación” y aseguró que “vamos a garantizar la seguridad con las fuerzas federales y con la Policía de la Ciudad, como siempre”. En pocas palabras, el jefe de Gobierno reclamó protagonismo para Bullrich, cuestionó al juez y sostuvo que la Ciudad no se bajará del operativo.

En los hechos, el Gobierno nacional mantendrá el control del operativo. Desde Casa Rosada aseguran que replicarán el esquema del 19 de marzo: fuerte despliegue, vallado y ninguna negociación. En Balcarce 50 justifican la decisión: creen que la movilización, por su tamaño y composición —jubilados, sindicatos, organizaciones sociales—, puede derivar en tensiones que la Ciudad no puede manejar. No lo dicen en público, pero lo deslizan: si algo sale mal, quieren tener margen de reacción y, sobre todo, de descarga.

La CGT salió también este martes a marcar posición. Octavio Argüello, cosecretario general de la CGT y dirigente de Camioneros, fue directo: “Vamos a marchar igual, aunque haya protocolo antipiquetes”. En declaraciones a Radio Splendid, calificó de “locura” cualquier intento de impedir la protesta y cargó contra Bullrich: “No está habilitada para poner todas las fuerzas represivas que acostumbra poner, porque en la Capital hay una fuerza para actuar”.

Argüello explicó que la CGT, junto a la UTEP y el gremio judicial liderado por Julio Piumato, fue quien impulsó el recurso de amparo que originó el fallo de Gallardo. El mismo que ahora fue desoído por el Gobierno nacional y que motivó la denuncia formal del Ministerio de Seguridad. Consultado sobre Bullrich, el dirigente sindical ironizó: “Ya sabemos quién es. Me pregunto cómo puede seguir estando en un cargo. Hace 40 años que vive del Estado”.

El trasfondo de todo este choque no es solo institucional. Es político. El reclamo que moviliza a los jubilados desde hace meses sigue intacto: aumento de emergencia, medicamentos gratuitos, recomposición real de haberes. Lo nuevo es que la CGT decidió ponerle cuerpo. Y eso cambia la escala del conflicto. Ya no es una protesta persistente pero marginal. Es una movilización con peso propio.

Por eso, la disputa por el operativo de seguridad no fue un detalle. Fue el preámbulo. No se trató de quién despliega los escudos, sino de quién responde por lo que pueda llegar a pasar. Y en ese terreno, el Gobierno eligió jugar fuerte. Confirmó que Bullrich no se corre. Que el protocolo se impone sobre el diálogo. Y que, incluso con fallo en contra, va a actuar.

Porque en el fondo, el problema de Milei con la protesta del miércoles no es Gallardo, ni Jorge Macri, ni la CGT. Es la imagen. Esa que va a circular por redes y noticieros: la de una plaza colmada, un Congreso vallado y un gobierno que, en lugar de escuchar, endurece. Un gobierno que habla de orden, pero expone su debilidad. Y ese, por ahora, es un dilema que ningún operativo puede resolver.

PL/JJD

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un nuevo paro general para este jueves 10 de abril, que se extenderá por 36 horas y contará con la adhesión de varios gremios. La medida comenzará el miércoles 9 al mediodía con una movilización frente al Congreso junto a jubilados, y continuará el día siguiente con una huelga nacional de 24 horas.

El alcance del paro será amplio, con impacto en distintos sectores clave. Sin embargo, algunos servicios funcionarán con normalidad.

Transporte: sin trenes, subtes ni taxis, pero con colectivos y algunos vuelos

El gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó su adhesión al paro, aunque una conciliación obligatoria dictada a fines de marzo impide que lleven adelante una medida de fuerza antes del 11 de abril. Por esta razón, los colectivos urbanos funcionarían con normalidad durante el jueves.

En contraste, los servicios de trenes y subtes estarán paralizados, al igual que los taxis, ya que el Sindicato de Peones de Taxis también se suma a la huelga.

En cuanto al transporte aéreo, se prevé una afectación parcial, con una operatividad estimada en un 45%. Entre los gremios que adhieren se encuentran la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).

Educación, salud y administración pública

La CTERA, gremio que agrupa a docentes de todo el país, tanto del ámbito público como privado, confirmó su adhesión con un Paro Nacional Docente. De esta manera, no habrá clases en muchas escuelas del país.

También se verá afectado el sistema de salud pública, ya que los gremios estatales como ATE y UPCN participarán de la medida, lo que implicará que no haya atención al público ni actividad en organismos públicos, tampoco en municipios y oficinas del Estado.

Al tratarse de una actividad esencial, en la salud pública habrá atención parcial, con menos personal del habitual, con guardias mínimas para consultas espontáneas y urgencias.

Bancos

La Asociación Bancaria anunció que no habrá atención en ninguna sucursal bancaria, ya sea pública o privada, a lo largo del país. Las únicas operaciones disponibles serán aquellas que se puedan realizar de manera online, a través del homebanking o aplicaciones móviles.

Otros servicios

NB

En la Casa Rosada las alarmas están encendidas hace rato. Pero esta semana, la sensación se volvió más espesa. Como una humedad interna que empieza a trepar por las paredes del poder, dejando manchas de desgaste y señales de descomposición política. En medio de la turbulencia en los mercados internacionales, el paro general convocado por la CGT para el jueves 10 de abril —precedido por una movilización frente al Congreso el día anterior— encuentra al gobierno de Javier Milei no sólo debilitado en su frente parlamentario, sino también aturdido en el intento de comprender un clima social que, de a poco, empieza a cambiar de temperatura.

El paro no es el primero —ya hubo otros dos durante el 2024— pero sí el más amplio en términos de adhesiones sindicales y sociales. No por la CGT en sí, que hasta hace poco se movía con pie de plomo, sino por el momento político en que se inscribe y por el malestar acumulado que busca canalizar. La imagen presidencial empieza a mostrar signos de fatiga no por la acción de una oposición tradicional, sino por una sucesión de errores propios: una política exterior errática, la estafa cripto de $LIBRA que amenaza con derivar en una comisión investigadora en Diputados, la derrota legislativa por los pliegos para la Corte Suprema. Todo envuelto en un discurso que se radicaliza mientras la economía se vuelve cada vez más incierta.

Este miércoles 9, desde el mediodía, comenzarán a concentrarse las columnas gremiales frente al Congreso. Pero la convocatoria, vale decirlo, no es exclusivamente sindical. Ese día se sumarán a la protesta que cada semana protagonizan los jubilados. Son ellos, más que cualquier otra expresión organizada, quienes mantuvieron la llama encendida de la protesta social contra el ajuste. Aún en soledad, aún bajo represión, fueron persistentes. La CGT llega después. No como protagonista, sino como acompañante de una combatividad que no nació en Azopardo, sino en las veredas donde una jubilación mínima dejó de alcanzar para comprar lo más elemental.

Por eso, más que una decisión estructural, el paro parece haber sido una reacción inevitable. Lo que empezó como una jornada de protesta de 24 horas se estiró a 36, con el agregado del miércoles por la tarde como prólogo. El Gobierno lo sabe. Y por eso movió sus fichas en las últimas semanas para intentar contener el impacto.

La clave es el transporte. En Balcarce 50 consideran que si hay colectivos, la huelga pierde fuerza. Y entonces llegó la jugada: la semana pasada, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto salarial que enfrenta a la UTA con las cámaras empresarias. Lo hizo con precisión de relojero: los diez días hábiles de vigencia cubren, por supuesto, el 10 de abril. Así, el oficialismo busca que el gremio de los colectiveros quede legalmente inhibido de sumarse a la medida.

La argumentación es discutible. Porque el paro de la CGT no tiene relación directa con el conflicto que enfrenta la UTA. Son causas diferentes. Lo que se intenta bloquear, en rigor, es la posibilidad de que el transporte público se sume a una huelga general convocada por motivos más amplios: paritarias libres, aumento de emergencia para los jubilados, defensa de la industria nacional, rechazo a la represión, y una lista larga de reclamos que, según la central obrera, reflejan el deterioro acelerado de la vida cotidiana.

Este lunes, Héctor Daer buscó despejar ambigüedades. En una declaración breve pero elocuente, el secretario general de la CGT ratificó la medida de fuerza para el 10 de abril y cargó contra la indefinición de la UTA. “Una conciliación obligatoria sectorial no imposibilita la adhesión al paro de la CGT”, remarcó en diálogo con Radio Ravadavia, al tiempo que recordó que la medida fue votada por unanimidad y dejó entrever cierta incomodidad con el rol del gremio de colectiveros.

Es que lo que en los papeles es una estrategia de contención, en la práctica podría generar fisuras. La conducción nacional de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, es renuente a confrontar con el Gobierno. En las seccionales del interior hay clima de ruptura. Algunas ya anticiparon que podrían adherir, incluso con la conciliación vigente. En el AMBA también hay tensiones. Fernández enfrenta críticas internas y, en la CGT, hay malestar creciente. “Ya son más de 80 las regionales que normalizamos en estos meses. Y en el reglamento está prevista la expulsión de un gremio. Nunca se usó. Pero siempre hay una primera vez”, se escuchó decir en los pasillos de Azopardo.

La reacción del oficialismo, mientras tanto, se mueve entre el desprecio discursivo y el cálculo defensivo. En los últimos días, funcionarios como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, mantuvieron contactos reservados con algunos gremialistas, buscando alguna señal de distensión. No la encontraron: Daer apuntó este lunes contra la Casa Rosada al señalar que “hay diálogo, pero no hay negociación”.

En público, el Gobierno dice que no hay reclamo puntual, que el paro es político, que los sindicatos son parte de “la casta”. Francos llegó a calificar la medida de “ridícula” y advirtió a los gremios sobre sus consecuencias. En privado, en cambio, el análisis es menos ideológico. Saben que esta vez no es solo la CGT. Son también las CTA, los movimientos sociales, los jubilados, la izquierda y el sector público y privado, algunos con historia, otros con bronca reciente.

El jueves no se espera una paralización total. Pero tampoco será una jornada más. Aerolíneas Argentinas ya alertó acerca de vuelos que serán afectados. La actividad bancaria será dispar. El sistema educativo funcionará a media máquina. Y en muchas provincias habrá una adhesión significativa, aunque heterogénea. En definitiva, se trata de una postal en movimiento de la disconformidad. Más un aviso que una rebelión.

Sucede que en la CGT no quieren hablar de continuidad. Tampoco de escalada. Pero saben que el clima cambió. Hace apenas unos meses, figuras como Andrés Rodríguez (UPCN) desalentaban cualquier tipo de medida de fuerza. Hoy, esos mismos dirigentes se sientan en reuniones donde se organiza la marcha que tendrá lugar este miércoles y que contará con un operativo de seguridad similar al que se desplegó durante la movilización del 19 de marzo pasado: se instalará un vallado perimetral que evitará el contacto de los manifestantes con las fuerzas de seguridad.

En este contexto, se cuela una discusión más profunda: si los sindicatos deben o no volver a ocupar un rol central en la escena política. Por ahora, lo que hacen es cubrir un vacío. Porque la oposición parlamentaria no logra articular una estrategia común, y el oficialismo parece más concentrado en agitar enemigos imaginarios que en resolver los problemas reales.

El paro no resolverá ninguno de esos dilemas. Pero es una señal. No de fortaleza gremial ni de coordinación opositora, sino de algo más crudo: el desgaste. El Gobierno podrá burlarse de los sindicatos, minimizar la protesta o insistir con que todo es parte de una conspiración. Pero cada vez que la calle se llena, algo se vacía en el poder. Y ese algo, cuando no se atiende, termina costando caro.

PL/JJD

Héctor Daer, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT, aseguró este lunes que “no hay chance de que se levante el paro” convocado para el jueves próximo, con una movilización el miércoles, y sostuvo que la medida de fuerza es necesaria porque “este plan económico cierra solo con baja de salarios”.

“La movilización va a ser importante, no tengo dudas, por la capacidad de movilización que se viene demostrando. Es un reclamo tan justo como que se atienda al sector más vulnerable”, dijo el gremialista. Y agregó: “Si el criterio para sostener este plan económico es bajar los sueldos para dejar libres a los precios, hay algo que no cierra”.

Además, mientras que desde la central obrera siguen las conversaciones con el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, para que el transporte se sume a la medida de fuerza a pesar de la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno días atrás, Daer consideró que la convocatoria “es para todas las organizaciones sindicales, incluida la UTA”. Según la CGT, “la UTA es un gremio confederado, hay que conversar en los ámbitos donde se debaten estas cosas. Lo que puedo decir es que la UTA está padeciendo parte de lo que reclamamos, que es el apriete del Gobierno a las cámaras empresariales para no aumentar el salario”, aseguró.

“Una cosa es la toma de una decisión sectorial por el salario y otra es una convocatoria de la CGT para que se cambie la política sobre los ingresos”, afirmó Daer, titular del gremio de la Sanidad, en declaraciones a Radio Rivadavia.

La “caída estrepitosa” de los ingresos de trabajadores y jubilados

El sindicalista aseveró también que en los últimos meses “hubo una caída estrepitosa de los ingresos de los trabajadores y de los jubilados”, que se suma a “la liberación de los precios” y que en conjunto hacen que “la plata no alcance”.

Agregó que esto se suma a “la no actualización del bono” que cobra el sector de haberes mínimos y el cambio de la fórmula de movilidad, lo que provoca que “una caída importante en los ingresos de los jubilados, y además les han sacado los medicamentos” gratuitos que tenían. “El costo en los sectores vulnerables fue muchísimo más grande que lo que marca el INDEC. A eso se suma que cuando se protesta o moviliza hay agresiones desmedidas”, sentenció Daer.

“Desde la CGT nos planteamos un país con desarrollo y trabajo, y nos encontramos en un espiral descendente”, dijo, y a modo de ejemplo expresó: “Si se consume menos carne y menos leche, hay un indicador claro de hacia dónde se va”.

Además, el líder gremial puntualizó que el paro “fue aprobado por aclamación en el consejo directivo y lo conforman las 50 organizaciones sindicales más importantes que tiene el país”, y advirtió que la movilización del miércoles es “en apoyo a los jubilados”, que tienen un haber mínimo “absolutamente bajo”.

“El paro no es un fin en sí mismo, es abrir un debate en la sociedad sobre lo que sucede”, afirmó Daer, y explicó que la CGT quiere “discutir otra política de ingresos, y por qué se sigue insistiendo con medidas que no son apoyadas ni por la sociedad ni por el Congreso”.

La traba del Gobierno a la UTA: “No pueden adherirse al paro”

El Gobierno advirtió que como sindicato de choferes de colectivos de la UTA deberá acatar la conciliación obligatoria que regirá hasta el 11 de abril, no podría adherir al paro general que la CGT convocó para el día anterior.

“No puede adoptar ninguna medida de fuerza por el término de 15 días, no se puede plegar al paro de la CGT”, le dijo a la Agencia Noticias Argentinas una fuente de la Secretaría de Trabajo.

En ese caso, la huelga nacional de la central obrera perdería fuerza para paralizar las actividades, ya que habría circulación de colectivos, quedando afectados sólo los trenes y, en el caso de la Ciudad, los subtes.

La situación generó todo tipo de suspicacias, ya que algunos no descartan que el Gobierno haya forzado a propósito el conflicto salarial con la UTA para luego dictar la conciliación con una vigencia que llegue a alcanzar la fecha del paro general de la CGT.

La lectura del Gobierno es que esto inhabilita a la UTA a parar con la CGT. No obstante no estaba del todo claro la situación, ya que la conciliación es por el conflicto salarial propio de los colectiveros, mientras que la huelga de la CGT es un paro de otra naturaleza, más política, convocado por la central a la que el gremio está confederado. 

Esto dispararía un debate técnico, ya que la medida de fuerza de la entidad de la calle Azopardo no es por una cuestión puramente salarial, sino que abarca otros pedidos.

Algunos abogados laboralistas consideran que la conciliación no le impide al gremio adherir a una huelga general porque la misma sólo tiene efectos sobre el conflicto puntual. 

Por su parte, la UTA, liderada por Fernández, mantiene una postura de baja conflictividad con la gestión de Javier Milei, al punto de que el año pasado se bajó de un paro de todos los gremios del transporte que habían convocado la CATT y la UGATT.

Los trabajadores no docentes universitarios adhieren al paro

Los trabajadores no docentes nucleados en la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) se adherirán al paro general de 36 horas que llevará adelante la Confederación General del Trabajo (CGT).

Así lo confirmó Walter Merkis, referente de FATUN, quien mediante un comunicado sostuvo que la adhesión es “en reclamo de salarios dignos, paritarias libres y en defensa del presupuesto universitario”.

Asimismo, el gremio destacó la unidad del movimiento obrero y de los trabajadores no-docentes de las universidades en particular: “Es el camino frente al ajuste. Hay que continuar luchando en unidad, solidaridad y organización”, añadió.

En referencia a los gremios docentes, las secretarias generales Mariana Scayola, de ADEMYS, e Ileana Celotto, de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA, informaron que se presentarán junto al delegado de la Unión Ferroviaria, Rubén 'Pollo' Sobrero, y a la diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Mónica Schlottahuer, en una conferencia de prensa, que se realizará el próximo martes 8, frente al Congreso de la Nación, donde se darán detalles del plan de lucha con el que también se adherirán al del Paro General de la CGT.

Entre las resoluciones, se definió “movilizar el miércoles 9 a las 14 horas al acto de los jubilados, con una columna del sindicalismo combativo, jubilados y piqueteros, independiente de la conducción de la CGT”, para exigir que le den continuidad al paro del 10, con otro paro activo de 36hs, “para derrotar el plan motosierra de Milei y que se deje de pagar la deuda externa al FMI”.

Con información de agencias.

IG

La Confederación General del Trabajo (CGT) el ratificó el paro del próximo jueves 10 de abril. La protesta comenzará junto a la movilización de los jubilados el miércoles y se extenderá por 36hs.

La iniciativa es en rechazo a la gestión que lleva adelante el presidente Javier Milei y, puntualmente, en repudio “a la política económica, el piso a los aumentos salariales” y en defensa “al salario y los derechos de los jubilados”.

El inicio de la jornada de lucha será a las 12hs. del miércoles 9 de abril junto a todos los sindicatos nucleados en la CGT, que se movilizarán al Congreso de la Nación y participarán en la habitual marcha de los jubilados y finaliza rá el jueves 10 de abril, por la tarde.

Este paro general contra el Gobierno Nacional será el tercero desde el comienzo la asunción de Milei, en diciembre de 2023 y, en la misma línea, manifestaron que este “plan de lucha” continuará con una masiva movilización el 1° de mayo por el Día del Trabajador.

Según la CGT, en estos momentos, se encuentran trabajando “en la construcción de la medida de fuerza” y, como sucedió la semana pasada, dentro de un plenario de delegaciones regionales en la sede central de la calle Azopardo, que tuvo como objetivo “garantizar la contundencia del paro en el interior del país”.

Al evento, asistieron las 79 delegaciones regionales que “se comprometieron” a reforzar la consolidación las acciones “para lograr fuerte adhesión” a la acción de protesta contra el gobierno de Milei.

Con información de la agencia NA

Los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados buscarán debatir este martes en comisión un proyecto para terminar con el aporte obligatorio de empresarios y trabajadores a los gremios, como parte de la reforma laboral que se discute en el Congreso.

Tras haber fracasado la iniciativa de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica de avanzar con una amplia reforma sindical, ahora estas fuerzas volverán a la carga con proyectos para limitar los recursos de los gremios.

La discusión se instala nuevamente este martes en la Comisión de Legislación del Trabajo, que preside el radical Martín Tetaz, y donde se pondrán sobre la mesa cuatro proyectos que son impulsados por diputados de bloques dialoguistas.

A días del paro general que la CGT realizará el 10 de abril, los bloques cercanos al Gobierno buscan tratar los proyectos del radical “con peluca” Luis Picat; de la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli y de Gerardo Milman del PRO, además del propio Tetaz.

El proyecto de Picat propone que “las asociaciones sindicales no podrán recibir ayuda económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o extranjeros, pero no alcanza a los aportes que los empleadores efectúen en virtud de normas legales o convencionales respecto de aquellos trabajadores afiliados a la entidad gremial respectiva durante su permanencia en la misma”.

Por su parte, Tetaz propone que los gremios “no podrán recibir ayuda económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o extranjeros”.

“Tampoco podrán establecer, exigir ni imponer, aportes a los empleados de manera obligatoria”, agrega el texto.

En tanto, el proyecto de Campagnoli señala que la convención colectiva podrá contener “cláusulas que acuerden beneficios especiales en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que la suscribió”.

La CGT, en plan de lucha

La CGT convocó el pasado 20 de marzo a un paro nacional para el 10 de abril, en la que será la tercera huelga general durante el gobierno de Javier Milei.

La central obrera también definió participar de la marcha de los jubilados del miércoles 9 de abril y movilizar en conmemoración del Día del Trabajador el 1 de mayo.

“Queremos transmitirle al pueblo argentino que confirmamos los rumores sobre el paro para el 10 de abril”, dijo Héctor Daer, titular de la central obrera. “Habrá una acción sindical de 36 horas, comenzando con movilizaciones a partir del día 9 de abril al mediodía, y a partir de las 00 hs del día 10, un paro de 24 horas”.

Con información de agencias.

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