La Cámara de Diputados debatirá este miércoles el proyecto oficialista que modifica la Ley de Zonas Frías y recorta el universo de beneficiarios del descuento en la tarifa del gas. El texto recibió dictamen de mayoría y, entre libertarios y aliados, tendría los votos para ser aprobado. Si se convierte en ley (aún falta que vaya al Senado), cerca de 3 millones de hogares perderán el beneficio automático que hoy tienen: quedarán fuera 90 distritos de la provincia de Buenos Aires, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 11 en San Juan, 8 en Santa Fe, 8 en San Luis, 8 en Salta, 6 en Mendoza, 3 en Catamarca, 3 en La Rioja y 1 en Tucumán.

El proyecto retrotrae la ampliación del régimen aprobada en 2021 a instancias del entonces diputado Máximo Kirchner, que extendió el beneficio a partir de parámetros bioambientales y llevó el número de hogares alcanzados de 950.000 a cuatro millones. La nueva norma circunscribe el beneficio automático a las zonas históricamente incluidas —Patagonia, Malargüe y la Puna— y establece que en el resto de las áreas el descuento solo aplicará para quienes acrediten vulnerabilidad económica: hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, titulares del Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) o familias con veteranos de Malvinas o personas con Certificado Único de Discapacidad.

La secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, defendió la iniciativa en comisión con el argumento de que el régimen vigente subsidia “a absolutamente todos los usuarios de una vasta región del país con independencia de su poder adquisitivo” y que ese esquema “se financia con un cargo que pagan todos los usuarios del país”. Según su presentación, el Estado destina actualmente 500.000 millones de pesos para sostener el beneficio. El Gobierno encuadra la reforma como una corrección de “distorsiones” y no como un recorte.

La oposición rechaza esa lectura. “Quieren tapar la sesión que pedimos haciéndole pagar el invierno al pueblo”, dijo la diputada Vanesa Siley. “Zona Fría es una política de soberanía energética: el recurso lo tenemos y tiene que ser aprovechado por todos los argentinos. Hay 90 distritos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Mercedes, mi ciudad natal, que se van a quedar sin este beneficio en medio de una crisis energética mundial”, señaló la legisladora.

El argumento oficialista de que el beneficio incentivó el “despilfarro” también recibió respuesta. Alejandro “Topo” Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, señaló que el consumo de gas en las nuevas zonas frías aumentó apenas un 7% entre 2021 y 2024. “Menos del 10% no puede ser catalogado de despilfarro. Al contrario, es un indicador de uso razonable y responsable por parte de las familias”, sostuvo. Rodríguez también cuestionó el argumento que circula en el entorno libertario de que Argentina consume más gas que los países nórdicos: “Lo que no dicen, porque no lo saben, es que en la matriz energética de esos países el gas no supera el 15% del total. Usan más energía que nosotros, pero el 85% o más son energías alternativas. El diseño de una matriz energética no es responsabilidad de los vecinos que consumen gas en invierno para soportar el frío.”

El recorte llega además en un contexto de ajuste tarifario severo. Desde que asumió Milei, la tarifa del gas acumuló una suba del 1.500%, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-CONICET.

Hay una paradoja política en el voto de este miércoles que vale la pena señalar. Dos de los gobernadores aliados del oficialismo que enviarán a sus legisladores a acompañar el recorte —Alfredo Cornejo, de Mendoza, y Marcelo Orrego, de San Juan— votaron a favor de la ampliación de 2021 cuando eran diputados nacionales. Lo que entonces defendieron como un beneficio para sus provincias, hoy sus bloques lo desandan bajo la lógica del alineamiento con Milei.

Intendentes y referentes del PJ bonaerense, del Frente Renovador y vecinalistas rechazaron en las últimas horas la intención de eliminar el Régimen de Zona Fría que se impulsa en el proyecto de ley “Bases” y señalaron que esa medida demuestra “desconocimiento de la diversidad de nuestro territorio”.

“¿Qué tipo de privilegio se elimina cuando hablamos de la posibilidad de acceso a un servicio esencial como es el gas a un costo accesible para nuestros compatriotas?”, se preguntaron en un comunicado, donde aseguraron que la Ley de Zona Fría que pretende eliminar el proyecto “Bases” “reconoce el derecho de los argentinos que viven en regiones con climas adversos a pagar una tarifa de gas justa y acorde a sus necesidades”.

“No hay privilegios, hay un gobierno insensible a las necesidades de su pueblo. Hay un desconocimiento de la diversidad de nuestro territorio donde las bajas temperaturas se sienten durante todo el año”, aseguraron y recordaron que la norma sancionada en 2021 “reparó los estragos causados por los tarifazos del macrismo y benefició más de 4 millones de argentinos y argentinas”.

Según se detalló, el régimen propuesto por la Ley 27.637 permitió incorporar a “más de 3 millones de nuevos usuarios con tarifa diferencial de gas en las localidades con de bajas temperaturas, incluyendo cerca de un millón y medio de hogares bonaerenses”.

Los intendentes y presidentes del PJ de las localidades bonaerenses afectadas por la medida señalaron que el “polémico dictamen” de Diputados votado en el plenario de comisiones, que se tratará en el recinto el próximo miércoles, incluye la eliminación del Régimen de Zona Fría lo que “tendrá un fuerte impacto en la economía de los bonaerenses, que ya vienen perdiendo poder adquisitivo producto de la devaluación impulsada por el ministro (Luis) Caputo y la desregulación de la economía que provoca el DNU inconstitucional anunciado por Javier Milei pero escrito por el sastre de las corporaciones, Federico Sturzenegger”.

El documento explica que actualmente son 90 las localidades bonaerenses a la que “se les quita un derecho adquirido basado en la equidad y la mirada federal” y consideraron necesario “advertir el impacto negativo que esta decisión implica para los bonaerenses porque no son privilegios, se trata de un derecho adquirido que basado en la equidad garantiza el acceso a un servicio esencial”.

El documento está firmado por los intendentes Acerbo Alejandro, Alessandro Ricardo Cura, Álvarez Juan Manuel, Aristimuño Rodrigo, Barenghi Sergio, Barrera Gustavo, Bevilacqua Carlos, Bordoni Sergio, Cocconi Gustavo Rodolfo, Curutchet Ricardo Pedro, De Jesús Juan, Diz Facundo, Echarren Francisco, Farias Alfredo, Fassi Marisa, Ferraris Carlos, Fisher Alfredo Rubén, Garate Pablo, García Mauro, García Juan Pablo, García Patricio, Gelené Alberto, Gesualdi Miguel Angel, Gianini María Celia, Giordano Waldemar.

Asimismo, firmaron los jefes comunales lanantuony Sebastián, Lago Germán, Mancini Juan Luis, Marini Julio César, Marino Ricardo, Martínez “Juanci”, Moccero Ricardo, Nobre Ferreira José Augusto, Osuna Javier, Pisano Marcelo, Poletti Mauro “Mumi”, Pugnaloni Ignacio, Rocha Carlos Humberto, Santillán Marcelo, Sanzio Esteban “Tito”, Sciaini Maximiliano, Sombra Nelson, Stadnik Daniel, Succurro Ariel, Susbielles Federico, Ustárroz Juan Ignacio, Villagran Iván, Walker Sebastián, Wesner Maximiliano, Wischnivetzky Walter, Zavatarelli Jorge y Zurro Pablo.

Acompañaron la firma de los presidentes del PJ locales Alonso Constanza, Baguear Ramiro, Batista Coqui, Bero Claudia, Borthiry Emanuel, Bozzano Gervasio, Buñes Guillermo Julián, Cappelli Juan Pablo, Cavaleri Gustavo Daniel, Cerdeira Eduardo, Coppola Eduardo Jorge, Errasquin Horacio, Erreguerena Juan Pedro, Esteban Masciale, Fernández Jorge, Fernández Sol, Golia Darío, Goycochea Evangelina, Ibáñez Patricia, Iparraguirre Rogelio, Lambertt Pablo, Leinenn Bernabé, Leiva Maia, Lobos Francisco, Lupori Javier, Martín Mauricio, Mengarelli Danilo, Miranda Emir, Olano Miguel Ángel, Pellita Juan Carlos, Ralinqueo Hernán, Rivero Marcelo, Silvana Carnevale, Smith Natalia, Tisera Emilio y Uriarte Fabio.

Con información de Télam.

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