Las lágrimas aparecieron antes que las explicaciones. Este martes, en la vereda de las oficinas del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), sobre la calle Rivadavia casi Santa Fe, en pleno centro de Posadas, un grupo de trabajadores se quedó parado en silencio, algunos llorando, otros mirando el piso. Acababan de ser despedidos. No hubo reunión ni aviso previo: a varios les llegó un correo electrónico. A otros, un mensaje seco, administrativo. Casi ninguno quiso hablar con la prensa. El ajuste llegó un día antes de fin de año.

Según pudo saber elDiarioAR de fuentes directas, son más de 20 las desvinculaciones en el INYM, un organismo que atraviesa una reconfiguración profunda desde la llegada de Javier Milei al poder. La decisión sorprendió por el momento elegido y por el contraste con lo ocurrido días antes: el Directorio había avanzado con una suba del valor de la estampilla yerbatera —la tasa de fiscalización que financia al Instituto— con el argumento de reforzar la recaudación. Aun así, el recorte de personal se ejecutó sin transición ni explicaciones públicas.

Los despidos se produjeron apenas semanas después de la Resolución 146/2025, que terminó de adecuar el funcionamiento del INYM al nuevo marco normativo nacional. Esa resolución fue la traducción administrativa de un proceso iniciado con el DNU 70/2023 y profundizado por el Decreto 812/2025, que recortaron de manera sustancial las funciones históricas del organismo. El Instituto dejó de intervenir en la fijación de precios, en el ordenamiento del stock y en la regulación de la producción, y pasó a concentrarse en tareas formales de control, trazabilidad y certificación de calidad.

Durante más de dos décadas, el INYM había funcionado no solo como un regulador económico, sino también como un amortiguador político y social en la principal economía regional de Misiones. Su rol permitía canalizar conflictos, contener crisis cíclicas y ofrecer una instancia de negociación entre productores, industria, provincias y Nación. La pérdida de esas atribuciones redefinió su lugar en la cadena yerbatera y, con ello, su estructura interna. Áreas que antes tenían un papel activo en el seguimiento del mercado quedaron virtualmente desactivadas, y el ajuste de personal aparece ahora como una consecuencia directa de ese vaciamiento funcional.

Silencio y miedo

Puertas adentro, el impacto fue inmediato. Entre los trabajadores que permanecen en el organismo se instaló un clima de temor e incertidumbre. El método de comunicación, sin instancia previa de diálogo, funcionó como un mensaje disciplinador. El silencio posterior no fue casual: varios empleados evitaron hablar con la prensa por miedo a nuevas represalias o a quedar marcados en una estructura que se achica y se reordena bajo nuevas reglas. En un organismo históricamente atravesado por tensiones políticas y sectoriales, el ajuste introdujo un elemento nuevo: la sensación de que nadie está a salvo.

El contexto en el que se producen los despidos es particularmente sensible. La crisis yerbatera atraviesa su momento más crítico: los precios de la hoja verde no cubren los costos de producción, las cooperativas acumulan deudas y algunas ya suspendieron pagos, y la cadena productiva se concentra cada vez más en pocos actores con poder de compra. En paralelo, los productores sostienen protestas prolongadas y los tareferos sobreviven con ingresos atrasados y condiciones laborales precarias, sin un organismo con capacidad real para intervenir y equilibrar el mercado.

A mediados de diciembre, la nueva conducción del INYM quedó formalizada con la designación de Rodrigo Correa como presidente, tras casi dos años de acefalía. Contador público y dirigente de La Libertad Avanza, su llegada fue interpretada en el sector como el cierre de una etapa de transición y el inicio de una gestión alineada sin matices con la agenda libertaria de reducción del Estado y desregulación. En ese marco, el recorte de personal aparece como una de las primeras decisiones concretas de orden interno.

“En el marco de la normativa vigente, vamos a trabajar en la modernización del Instituto y también en armonizar esas normas; en un proceso de desburocratización que facilite la actividad de los operadores del sector yerbatero”, explicó Correa a través de un comunicado difundido este martes.

En ese sentido, el presidente del Directorio destacó que, al mismo tiempo, se apuntará a desarrollar controles más eficientes, que velen por la calidad del producto en los distintos eslabones de la cadena yerbatera donde tiene competencia el INYM. “Queremos mejorar todo aquello que pueda entorpecer la actividad, pero sin comprometer los estándares de calidad”, remarcó.

Sin embargo, la paradoja atraviesa todo el proceso. Mientras el Gobierno nacional celebra la desregulación del mercado yerbatero y el INYM pierde capacidad para ordenar la actividad, el organismo no solo sostiene sino que aumenta su esquema de recaudación a través de la estampilla. El ajuste no pasó por los ingresos, sino por las personas. Para los trabajadores despedidos, el mensaje fue claro: el nuevo instituto será más chico, con menos funciones y menor presencia territorial.

El recorte también tiene una lectura política más amplia. Los despidos en Posadas funcionan como una señal directa del Gobierno nacional hacia Misiones y hacia el conjunto de las economías regionales: la desregulación no es solo un cambio de reglas de mercado, sino una redefinición del rol del Estado, incluso en territorios donde históricamente cumplió una función de contención social. En un organismo que nació en 2002 tras una rebelión agraria, el ajuste ejecutado en silencio, por correo electrónico y en la antesala de fin de año, marca un punto de no retorno. No solo se achica una planta de trabajadores: se consolida un modelo en el que la mediación desaparece y el costo del reordenamiento cae, una vez más, sobre los eslabones más débiles.

PL/CRM

La reciente Resolución 146/2025 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) no es solo una decisión administrativa: es la confirmación de que el organismo ingresó en una nueva fase política. Con la derogación y modificación de normas que durante más de veinte años estructuraron la actividad yerbatera, el Instituto terminó de alinearse con el mandato de desregulación impuesto desde la Casa Rosada y abandonó definitivamente cualquier pretensión de ordenar el mercado. El proceso había comenzado con el DNU 70/2023 y se profundizó con el Decreto 812/2025. Ahora, con resoluciones propias, el INYM ejecuta esa hoja de ruta desde adentro.

El mensaje es inequívoco: el Estado se retira como árbitro. Ya no hay precios sostén, ni regulación del stock, ni herramientas para intervenir cuando la oferta se desborda y los precios se derrumban. En nombre de la “modernización” y la “protección del carácter competitivo de la industria”, el Instituto se repliega a funciones técnicas —como la calidad, la trazabilidad y salubridad— y deja el resto en manos del mercado. El concepto que había justificado su creación en 2002, el de equilibrar fuerzas entre miles de pequeños productores y un puñado de grandes compradores, quedó explícitamente fuera del nuevo marco legal.

La resolución fue adoptada por el Directorio del INYM, ahora encabezado por Rodrigo Correa, dirigente de La Libertad Avanza designado tras casi dos años de acefalía. Con su llegada, el organismo dejó de flotar en una zona gris y pasó a ejecutar, sin ambigüedades, la política nacional para las economías regionales. La revisión normativa, que deberá completarse en un plazo de 30 días, no es una corrección marginal: es una depuración ideológica del rol del Instituto.

Las decisiones más sensibles tienen un fuerte contenido simbólico. La eliminación de la veda de cosecha de octubre y noviembre —una herramienta histórica para regular volúmenes y cuidar la brotación de la planta— marca el abandono explícito de cualquier política de ordenamiento productivo. Lo mismo ocurre con la flexibilización del régimen de infracciones y sanciones: menos controles, menos castigos, más responsabilidad individual. El nuevo INYM ya no corrige ni compensa, apenas observa, registra y certifica.

Es que, más allá de su impacto sectorial, el caso del INYM vuelve a exponer una lógica que el Gobierno nacional viene aplicando de manera sistemática: no derogar organismos creados por ley, sino vaciarlos de contenido mediante decretos y resoluciones reglamentarias. El Instituto sigue existiendo formalmente, pero sin capacidad para cumplir el objeto para el que fue creado. No hay eliminación jurídica, sino desposesión funcional. Una figura cada vez más frecuente en la arquitectura libertaria del Estado, que evita el costo político y parlamentario de cerrar entes, pero logra el mismo resultado práctico: instituciones que sobreviven como cascarones administrativos.

Antecedentes y paradojas

Lejos de tratarse de un experimento inédito, la desregulación del mercado yerbatero remite a un esquema ya conocido por el sector. Durante los años noventa, la ausencia de precios sostén y de mecanismos de ordenamiento derivó en sobreoferta, derrumbe de valores y concentración en pocas manos. Los ganadores de aquel proceso no fueron abstractos: grandes molinos y grupos concentrados que hoy vuelven a operar con ventaja en un mercado sin árbitro.

Pero mientras el Instituto se achica en poder, se fortalece en recursos. Según pudo saber elDiarioAR, en su primera reunión de Directorio, Correa impulsó una suba del 28% de la estampilla yerbatera y avanzó en un presupuesto proyectado cercano a los 8.500 millones de pesos. La paradoja es evidente: un organismo que ya no puede fijar precios ni intervenir en el mercado refuerza su caja en medio de una crisis profunda del sector. La decisión deberá ser convalidada por la Secretaría de Agricultura, pero el gesto político ya quedó claro.

La contradicción atraviesa también al propio oficialismo nacional. Mientras el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró públicamente el vaciamiento regulatorio del INYM y prometió eliminar la estampilla como símbolo del fin del intervencionismo, el organismo conducido por un dirigente libertario hace exactamente lo contrario: mantiene el tributo y lo aumenta. Un Estado que se retira del mercado, pero no de la caja.

El impacto social de ese reordenamiento empezó a materializarse con crudeza en el territorio. La Cooperativa Yerbatera Andresito Ltda., una de las entidades más emblemáticas del norte misionero, declaró formalmente una crisis financiera y suspendió los pagos a sus productores asociados. La decisión afectó de manera directa a unas 130 familias que entregan hoja verde a la cooperativa y encendió alarmas en Comandante Andresito, un municipio cuya economía gira casi exclusivamente en torno a la actividad yerbatera. El comunicado oficial habló, de manera elíptica, de la “situación económica actual”, pero evitó mencionar que el derrumbe de precios y la desregulación del mercado explican buena parte del colapso financiero.

Consecuencias

El caso Andresito funciona como síntoma. Desde la quita de los precios sostén, el valor de la hoja verde cayó más de un 50%, los tareferos cobran valores de subsistencia y el consumo interno se retrae. Sin mecanismos de ordenamiento, el ajuste se distribuye de manera regresiva a lo largo de la cadena: lo absorben primero los productores chicos, luego las cooperativas y, finalmente, los trabajadores rurales.

“Durante dos décadas, el INYM no solo funcionó como una herramienta económica, sino también como un dispositivo político de contención”, señalan fuentes del sector consultadas por elDiarioAR. En ese sentido, explican que “su rol como fijador de precios y regulador del mercado permitía canalizar conflictos, amortiguar crisis” y ofrecer una instancia de negociación entre productores, industria, provincias y Nación. Al perder esas atribuciones, explican, no solo desaparece un regulador: se rompe una mediación. Sin un INYM con poder real, la bronca ya no tiene a dónde ir.

Ese quiebre institucional, sin embargo, no encuentra un correlato inmediato en el plano electoral. En los principales municipios yerbateros de Misiones, La Libertad Avanza obtuvo triunfos contundentes en 2025. El espacio que impulsó la desregulación fue respaldado electoralmente en los territorios más afectados por ella. Una paradoja: el costo político de la crisis yerbatera es bajo para el Gobierno nacional.

En ese escenario, el INYM deja de ser un instrumento de equilibrio para convertirse en una pieza de administración del nuevo orden libertario. Sin capacidad para fijar precios, ordenar la producción o amortiguar crisis, pero con una recaudación en alza y un presupuesto millonario, el organismo pasa a cumplir un rol funcional a la lógica del poder central. La experiencia de Andresito expone el límite de ese esquema y anticipa un dilema que empieza a recorrer la política: si el mercado manda y el Estado cobra, ¿quién asume el costo cuando la economía regional entra en colapso?

PL/MG

Javier Milei avanzó otro casillero en su cruzada contra los organismos estatales con capacidad regulatoria. La semana pasada, a través del decreto 812, modificó el marco vigente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y lo dejó sin atribuciones para intervenir en precios, volúmenes de producción o competencia dentro del mercado yerbatero. Nacido en 2002 tras la mayor protesta agraria en la historia de Misiones, el organismo fue despojado de su última herramienta política: la facultad, ya sea directa o indirecta, para equilibrar la relación entre miles de pequeños productores y un puñado de grandes industrias molineras.

Pero la letra jurídica del decreto es apenas la superficie. Lo que está en juego es una pulseada política que arrancó con el DNU 70/23 y que va de Misiones a Buenos Aires, con el mandamás Carlos Rovira como protagonista silencioso y el sector yerbatero como campo de batalla. Milei nunca designó un presidente para el INYM desde su llegada al poder y el organismo está acéfalo desde el 10 de diciembre de 2023. Una señal que en Posadas leyeron como deliberada: la Casa Rosada prefirió desactivarlo por inanición antes que intervenirlo frontalmente.

La posición que tomó en los últimos días el gobernador Hugo Passalacqua intentó equilibrar la tensión política: marcó públicamente su rechazo por el riesgo de mayor concentración, pero evitó volverlo un conflicto mayor con Nación. “Nuestra prioridad es cuidar a toda la familia yerbatera”, escribió. A través de las redes sociales, Passalacqua advirtió que “solo un mercado equilibrado garantiza que todos puedan vivir de su trabajo”. Y remató: “Nos sentimos en la obligación de reiterar nuestro llamado de atención sobre los riesgos de mayor concentración en el sector”.

La medida llegó después de un año electoral en el que el Frente Renovador de la Concordia, la fuerza política que gobierna la provincia desde hace dos décadas, hizo campaña con un discurso crítico hacia las políticas nacionales, con el exgobernador Oscar Herrera Ahuad como principal candidato. La respuesta en las urnas fue categórica: La Libertad Avanza le ganó por siete puntos y dejó definitivamente a Rovira frente a un nuevo escenario político.

Los últimos dos años estuvieron signados por los sucesivos giros pragmáticos que caracterizan al conductor del espacio: si en diciembre de 2023 el exgobernador había anunciado la creación de un Instituto Misionero de la Yerba Mate para “defender la rentabilidad de los pequeños productores”, pocos meses después desactivó la confrontación, bajó la intensidad de las críticas y se alineó con el discurso de colaboración con la Casa Rosada. “Ir a la Corte no alcanza, no sirve”, dijo Rovira en una reunión privada, en abril de 2024, donde pidió pasar “de la queja a la acción”. Desde entonces, optó por evitar la bandera anti-Milei en el tema yerbatero y concentrarse en iniciativas de innovación provincial.

Hoy, Herrera Ahuad, ya sin centralidad electoral y tras haber sido derrotado en su propio territorio, también giró la lectura hacia una lógica de mandato popular. “Los misioneros eligieron otra cosa”, admitió tras la elección nacional, justificando su mesura. En el debate sobre la reforma laboral aplicó el mismo criterio: “Tengo que escuchar a la mayoría”. La Renovación, como también se conoce al oficialismo misionero, terminó admitiendo que la agenda libertaria cuenta hoy con un aval electoral directo de su propia base.

Voces cruzadas

El nuevo decreto reabre tensiones entre los distintos actores. Para la Casa Rosada, el INYM fue durante años un instrumento de “cartelización estatal”. “Por años se usó un ente público para cartelizar un mercado competitivo”, escribió en X Federico Sturzenegger, cerebro de la desregulación y uno de los impulsores de la medida. La propuesta del ministro es reconvertir al Instituto en un organismo de certificación de calidad y promoción, similar al INV en la industria vitivinícola.

En esa línea, fuentes del INYM señalaron que el nuevo decreto tiene “cero consecuencias” prácticas y que “no afecta en nada” la operatividad del Instituto, porque la pérdida de la potestad para fijar precios ya había sido dispuesta en diciembre de 2023 con el DNU 70/23. El 812/25, remarcan, solo modifica o anula artículos del decreto reglamentario y “ratifica una decisión previa”. Desde la Secretaría de Agricultura coincidieron en esa interpretación: el rol del INYM seguirá enfocado en “promoción y control de calidad” y no en intervención económica, en línea con el artículo 42 de la Constitución y la agenda de desregulación.

En el territorio, la lectura es opuesta. Para Jonás Peterson, de Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, el decreto “profundiza el daño que ya había hecho el DNU 70/23” consolidando el vaciamiento del organismo. En diálogo con elDiarioAR, el productor, que hasta abril de 2024 ocupó un cargo en el INYM, habla de “mucha bronca” porque, según afirma, la nueva norma “elimina por completo todo el capítulo de fijación de precios”, pero además le quita al instituto la capacidad de intervenir cuando hay desbalances en el mercado. “No sólo no puede fijar valores: tampoco puede generar herramientas para equilibrar oferta y demanda”, sostiene.

Peterson también cuestiona que el decreto “prohíbe generar calendario de cosecha” —el mecanismo usado durante dos décadas para evitar sobreproducción y cuidar los yerbales— y advierte que limita la posibilidad de “controlar la calidad de la yerba mate importada”. El resultado, afirma, será un impacto directo sobre los pequeños colonos: “A la larga nos va a ocasionar un daño enorme”. El fantasma que sobrevuela a los colonos es conocido: en los 90, sin regulación ni precios sostén, la sobreoferta de hoja verde licuó márgenes, aparecieron cheques sin fondo y desaparecieron industrias históricas.

Cerca de Passalcaqua insisten en que la postura frente al nuevo esquema no es pasiva. Facundo López Sartori, ministro del Agro misionero, aseguró a elDiarioAR que la provincia “va a exigir la restitución plena de todas las funciones del INYM”, al tiempo que buscará avanzar en la formalización del productor y mayor transparencia en la cadena comercial. En el gobierno provincial sostienen que el objetivo sigue siendo garantizar “un precio justo” y mantener el valor de la hoja verde “por encima de los 0,55 dólares por kilo”, una referencia que presentan como compromiso histórico con la “familia yerbatera”.

Sin embargo, lo que emerge detrás del decreto de Milei es un reacomodamiento político más amplio: la derrota electoral obligó al oficialismo misionero a recalibrar su relación con La Libertad Avanza, mientras la Casa Rosada profundiza el experimento desregulador en una economía regional estratégica. La pregunta ahora es si el mercado, que está en manos de pocos compradores y con miles de productores atomizados, puede sostenerse sin mecanismos de protección. La yerba mate vuelve a quedar atrapada entre la lógica de la libertad total y la memoria de las crisis que, hace más de 20 años, el INYM vino a contener.

PL/MG

Yerbateros anunciaron que en los próximos meses podría faltar la yerba mate ya que están en pie de guerra por el precio que se les está pagando por el producto.

Según explicaron, pretenden $390 por kilo, cifra a la que actualmente no llegan. En este contexto anticiparon un paro en la cosecha durante el verano lo que generaría desabastecimiento.

“Desde principios de año para acá venimos con la actividad desregulada, donde el productor tiene que tratar de encontrar al mejor comprador y demás. Esto hace que justamente nosotros, los pequeños y medianos productores estemos en una situación muy compleja”, explicó un productor en diálogo con el canal de noticias IP.

“Hay un tire y afloque donde termina ganando siempre el industrial que elabora el producto, no nosotros los pequeños productores que no tenemos la capacidad tampoco como para ponernos a elaborar nuestra propia materia prima y salir con una marca y un paquete al mercado”, señaló.

“Eso nos deja en una situación de vulnerabilidad muy compleja. Aparte también hay una cuestión no menor que el consumo de la yerba mate es inelástico, o sea, acá en la Argentina se viene hablando de seis kilos per cápita desde hace muchísimos años y no podemos lograr romper ese techo que se tiene, comparativamente hablando, por ejemplo, con Uruguay donde por ahí consumen 14 kilos per cápita”, añadió.

“Directamente el productor hoy está trabajando a pérdida y lo peor del caso es que, como decía hace un momento, somos más de 12.000 los pequeños y medianos productores que vivimos de la actividad”, dijo.

En este contexto, el viernes a las 18, productores yerbateros marcharán en la rotonda del kilómetro 8 de Andresito bajo el lema “Todos unidos por la yerba mate” en reclamo de “un precio justo” y “para defender la dignidad del sector productivo”. Además reclaman que el Gobierno nacional le restituya funciones al Instituto Nacional de la Yerba Mate, que dejó de regular la actividad.

MM

Un planteo de la provincia de Misiones contra el Estado Nacional por una disposición del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 llegó a la Corte Suprema, que intervendrá como instancia única por “competencia originaria”.

Misiones demandó al Estado Nacional argumentando que como consecuencia del DNU “se encontraba en peligro la atención de la salud de miles de pequeños productores yerbateros misioneros puesto que dependen de la Obra Social brindada por el Estado Provincial a través del Instituto de Previsión Social”.

Ello es así a raíz de la aplicación de un convenio celebrado en abril de 2022 entre la provincia y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

La demanda de la provincia manifiesta que “para la ejecución y financiamiento del dicho Convenio, el INYM debe aportar fondos propios, en partes iguales con su parte”.

“Con las modificaciones introducidas por el DNU 70/23 al texto de la Ley 25564 de creación del INYM, dichos fondos dejan de ser exclusivamente de propiedad del INYM y pasarán a la órbita del Estado Nacional”, advirtió la provincia de Misiones.

La Cámara Federal de Posadas ratificó dos decisiones: la competencia originaria de la Corte y el rechazo a una medida cautelar que frenara, de momento, el artículo del DNU que modificó la situación de los fondos del Instituto de la Yerba Mate.

“La demandante es la Provincia de Misiones y la demandada el Estado Nacional Argentino. En consecuencia, a la parte actora le corresponde la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la parte demandada tiene derecho al fuero federal”, sostuvieron los camaristas Mario Boldu, Mirta Tyden y Ana Lía Cáceres de Mengoni.

Además, el tribunal consideró que “no se aprecia vulneración actual al derecho a la salud” y rechazó la medida cautelar. El expediente iniciado por Misiones pasó a la Corte Suprema.

Con información de NA.

IG