Cinco provincias con actividad minera y seis grandes mineras. Ese puñado de intereses fue clave para la reforma de la Ley de Glaciares que este jueves a la madrugada concretó el Gobierno en la Cámara de Diputados. El proyecto modifica el régimen de protección vigente desde 2010 y habilita condiciones para el desarrollo de inversiones por miles de millones de dólares en la cordillera de los Andes.

El cambio central que introduce la reforma es en la definición de qué se protege. La ley vigente hasta ahora establecía una tutela amplia sobre glaciares y ambiente periglacial, sin distinción. El nuevo esquema limita esa protección a los cuerpos de hielo que demuestren una “función hídrica efectiva”, delegando en las provincias la potestad de determinar qué queda alcanzado y qué no. En la práctica, implica pasar de una protección general a una protección condicionada, con un cambio en los criterios técnicos y en la autoridad que define las áreas vedadas a la actividad minera.

San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza aparecen como los principales impulsores territoriales de la iniciativa. Del lado empresario, el mapa se concentra en BHP, Glencore, Barrick Mining, Lundin Mining, Rio Tinto y McEwen Copper, con participaciones cruzadas y financiamiento común. El presidente de la Cámara Argentina de Industrias Mineras, Roberto Cacciola, afirmó ante el Congreso que el 75% de los proyectos cupríferos del país necesitan que “el tema glaciares se resuelva”. La frase condensa el interés en juego y ordena el debate.

El impulso a la reforma fue construido durante años por las provincias con actividad minera. La Mesa del Litio, creada en 2021 por Catamarca, Salta y Jujuy, y la Mesa del Cobre, conformada en 2024 con San Juan y Mendoza, funcionaron como espacios de articulación política. Los fundamentos del proyecto reconocen ese origen y el reclamo de los gobernadores para que cada provincia tenga mayor margen de decisión sobre qué áreas proteger.

Ese alineamiento territorial quedó expuesto en el plenario de comisiones de Diputados que firmó el dictamen este martes en un clima de fuerte tensión. La propia lista de expositores funcionó como una radiografía del mapa político detrás de la reforma. Participaron, de manera presencial, el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso; la ministra de Minería de esa provincia, Teresita Regalado; el ministro de Minería de Jujuy, José Gómez; la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre; el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea; el ministro de Producción sanjuanino, Gustavo Fernández; el secretario de Gestión Ambiental de esa provincia, Roberto Moreno; el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; el subsecretario de Ambiente nacional, Fernando Brom; el subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Thiem; y el subsecretario de Política Minera, Federico Caeiro. De forma remota expusieron el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; el secretario de Minería de Salta, Gustavo Carrizo; el coordinador de esa área, Juan José Martínez; el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable salteño, Alejandro Aldazabal; y el coordinador de esa cartera, Sebastián Varela.

La nómina exhibe una fuerte presencia de funcionarios de provincias mineras y áreas productivas vinculadas al sector, con escasa participación de distritos sin proyectos en cartera. Ese sesgo fue parte de las críticas durante el debate. Desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá sostuvo: “Las mineras y los funcionarios a sueldo de las mineras son los que han tomado por asalto este plenario de comisiones”. La diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria, agregó que la reforma no había sido consensuada en el Consejo Federal de Medio Ambiente ni con todas las provincias.

Del lado de los respaldos, el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego defendió el desarrollo de la actividad y afirmó: “La minería y el ambiente van de la mano, es el mundo que viene y sin minería no va a haber futuro”. La discusión volvió a mostrar una lógica que ya había atravesado el Senado: más que por pertenencia partidaria, las posiciones se ordenaron por intereses territoriales vinculados a los proyectos.

En ese contexto, la figura del secretario de Minería, Luis Lucero, quedó en el centro de la discusión. Horas antes del plenario fue denunciado penalmente por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas por presunto conflicto de intereses, en base a su trayectoria previa como abogado de empresas mineras en el estudio Marval O’Farrell Mairal. Según la presentación, el funcionario había sido formalmente excusado de intervenir en decisiones vinculadas a proyectos como El Pachón y Agua Rica–Alumbrera, pero esa excusación “no fue efectiva” y habría participado en iniciativas orientadas a flexibilizar la Ley de Glaciares. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó la presencia del secretario de Minería y advirtió: “No está participando como un mero actor del Poder Ejecutivo, asesoró a una o más de decenas de empresas mineras”.

El interés empresarial

La reforma de la Ley 26.639 se inserta en un esquema más amplio de incentivos a la inversión minera. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) garantiza estabilidad fiscal por 30 años, beneficios impositivos y acceso a arbitrajes internacionales. A eso se suman la eliminación de retenciones a productos mineros y acuerdos sobre minerales críticos. En ese contexto, la modificación de la ley apunta a remover un límite específico: la protección de glaciares y ambiente periglacial en zonas donde se ubican varios de los proyectos en cartera.

Recién en ese marco aparece el detalle de los desarrollos concretos. San Juan concentra el eje más dinámico. Allí opera Veladero, de Barrick Mining, con antecedentes de al menos cinco derrames de solución cianurada desde 2015; El Pachón, controlado por Glencore, con una inversión proyectada de 9.500 millones de dólares; y Los Azules, de McEwen Copper, aprobado dentro del RIGI con una inversión estimada en 2.700 millones.

Este último proyecto cuenta con declaración de impacto ambiental aprobada bajo la normativa vigente de la Ley de Glaciares y fue diseñado en ese marco. Según la empresa, su factibilidad “está completamente compatible con la ley como está”, aunque su CEO, Michael Meding, sostuvo ante elDiarioAR que “una mejora en las definiciones de la ley de glaciares […] te mejora la financiabilidad de proyectos porque sacás incertidumbre”.

El proyecto Vicuña, el joint venture entre BHP y Lundin Mining que integra Filo del Sol y Josemaría, prevé inversiones cercanas a los 18.000 millones de dólares. Desde la compañía aseguran que el desarrollo no requiere una modificación de la ley para avanzar, aunque respaldan la reforma como sector. En Catamarca, el proyecto MARA —también bajo control de Glencore— se apoya sobre la infraestructura de Minera Alumbrera y registra antecedentes judiciales por violaciones a la normativa ambiental vigente.

Los accionistas de Vicuña Corp fueron recibidos por Javier Milei en Casa Rosada nueve días antes de la votación en el Senado, donde el proyecto obtuvo media sanción el 26 de febrero con 40 votos a favor. En la foto se mostraron Jack Lundin, CEO de Lundin Mining y miembro del directorio de Vicuña; Carlos Ramírez, vicepresidente en BHP y presidente del directorio de Vicuña; Ron Hochstein, CEO y José Luis Morea, Country Director en la Argentina.

Las posiciones empresariales convergen en un punto: no plantean la reforma como condición excluyente para avanzar, pero sí como un mecanismo para reducir incertidumbre regulatoria. El CEO de Glencore en Argentina, Martín Pérez de Solay, sostuvo que en el área de El Pachón hay glaciares que “no tienen función hídrica contundente”. En la misma línea, Meding planteó que “hay que entender cuál es la contribución de un glaciar o de un glaciar de escombro al sistema hídrico”.

El nivel más profundo del mapa aparece al observar la estructura del capital. El informe “Los ganadores del deshielo”, del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, identifica una presencia transversal de los fondos BlackRock y Vanguard en las principales mineras. BlackRock posee el 5,6% de BHP y el 7,3% de Glencore, mientras que Vanguard controla alrededor del 5,36% de BHP. El documento lo sintetiza: “Los principales beneficiarios de esta reforma comparten accionistas comunes, entre ellos los grandes fondos de inversión globales”.

El mismo informe describe el cambio que introduce la reforma en términos precisos: “Se reemplaza la protección general de glaciares y ambiente periglacial por un esquema condicionado a la demostración de su funcionalidad hídrica”. Y agrega: “Se invierte la carga de la prueba: ya no son las actividades las que deben demostrar que no afectan, sino que el glaciar debe probar que merece protección”. También advierte que “la fijación de umbrales mínimos excluye glaciares de pequeñas dimensiones que cumplen un rol clave en el sistema hídrico andino”.

En ese marco, concluye que “la reforma habilita el avance de proyectos mineros que actualmente se encuentran limitados por la legislación vigente”. Más de 85 constitucionalistas advirtieron que estos cambios podrían implicar un retroceso en materia de protección ambiental en relación con el artículo 41 de la Constitución Nacional.

*Con la colaboración de Alejandro Rebossio

MC

Que la Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos, haya bajado 0,5 puntos porcentuales, al rango de 4,75% a 5%, la tasa de interés de referencia significa que ya no está preocupada por la inflación, como desde el estallido de la guerra de Ucrania en 2022, sino que ahora la preocupación gira hacia el enfriamiento excesivo de la primera economía mundial. Cuando baja la tasa en Estados Unidos, se deprecia el dólar en el mundo, fluyen capitales buscando mejores rendimientos en mercados emergentes, como la Argentina, que en este momento no tiene acceso al crédito privado internacional pero podría volver a lograrlo si el presidente Javier Milei continúa con el ajuste que le gusta a los inversores y además se anima de una vez a liberar el cepo cambiario.

Un descenso de la tasa estadounidense, que abarata su moneda, también suele impulsar los valores de las commodities (materias primas), que cotizan en esa divisa, lo que favorece a países que exportan granos, petróleo y minerales como la Argentina. Sin embargo, los precios de los productos básicos no están en su mejor momento, en parte por la amenaza de recesión de Estados Unidos y en parte porque la segunda economía mundial, China, también corre el mismo riesgo.

“La baja de tasas de la Fed debería ser bueno para la Argentina si (a) Estados Unidos no entra en recesión, y (b) recortan tasas porque se normaliza la inflación”, analiza Alberto Ades, director general del fondo NWI Management. “En ciclos de ese tipo (de tasas bajas), el dólar se deprecia y cuando se deprecia el dólar, suben las commodities en dólares, siempre que no tengas una recesión global. O sea, con nosotros semipegados al dólar, debería ser un viento de cola positivo”, opina Ades, economista argentino en Nueva York.

Otro colega suyo en Wall Street coincide: “Lo de la Fed es positivo”. No obstante, “hay otros factores mundiales que son negativos para la Argentina: la soja cayó 21% en lo que va del año”. De todos modos, este analista no ve a las materias primas “tan hundidas” en términos históricos y muestra el cuadro adjunto sobre el índice del Fondo Monetario Internacional (FMI) que las aglutina.

“Si te fijas, el índice muestra que está mucho más arriba que cuando dejó [Mauricio] Macri su gobierno (en 2019). Además, la Fed baja la tasa para evitar una recesión. Si lo hace bien, y la evita, es su trabajo... y por eso bajó la tasa 50 puntos. Al final, que la Fed haya controlado la inflación y que Estados Unidos se vea encaminado a un soft landing (suave ralentización de su economía), es bueno para emergentes. Pero es cierto que pasan otras cosas en el mundo”, admite el observador de la Gran Manzana.

Jorge Viñas, investigador de economía internacional de la Universidad del Salvador, analizó el martes último, en una mesa redonda de la institución de la que participó este cronista de elDiarioAR, que llegó por fin la hora tan esperada en que la Fed comenzaría a revertir la suba de tasas que había decidido para enfrentar el alza inflacionaria de hace dos años.

“Baja de la inflación y problemas de crecimiento impulsan cambio en el ciclo global de tasas de interés”, señaló Viñas, en referencia a que primero fue el Banco Central Europeo (BCE) el que empezó a desandar el alza del costo del dinero. “La Fed se apresta a comenzar el ciclo de baja de tasas, preocupada por el empleo, a pesar de que la inflación no llegó al 2%”, anticipaba Rivas el día anterior a la noticia. “El BCE bajó la tasa de política monetaria en 60 puntos, a 3,65%, tras revisar a la baja las proyecciones de crecimiento para 2025”, recordó.

Y no sólo inquieta la actividad de Estados Unidos y Europa sino también la de China. “China no despega. La crisis del sector inmobiliario sigue afectando a la demanda agregada y hay dudas respecto a la meta de crecimiento de 5%. La inflación se mantiene demasiado baja y la deflación amenaza”, advirtió Rivas.

Y, como se sabe, la baja generalizada de precios es una señal negativa de la economía, indica hundimiento de la actividad. En ese contexto, “la debilidad de la demanda global presiona a la baja los precios de commodities, que ya han dejado atrás la suba por la guerra en Ucrania”, alertó Rivas. Así como el gigante asiático impulsó la suba de la soja y otros productos agrícolas, el petróleo y los minerales a principios de siglo, el hecho de que haya dejado de crecer a tasas chinas y pase a caminar lento afecta a la Argentina, sobre todo en tiempos de escasez de reservas en el Banco Central.

Rivas señaló que “el nuevo esquema monetario” que implementó el gobierno de Javier Milei para bajar los dólares financieros desde julio pasado “fue eficaz para contener la brecha”. “Pero siguen las dificultades para acumular reservas, lo que pone en dudas el pago de la deuda a partir de 2025”, advirtió. En un contexto de tasas bajas a nivel mundial, se supone que la Argentina podría llegar a volver a acceder a los mercados internacionales de deuda, lo que disiparía los problemas de reservas y las dudas sobre los pasivos, pero si las commodities no repuntan, las exportaciones no reportarían las divisas necesarias.

AR/JJD

La Cordillera de los Andes es una de las regiones con mayor concentración de depósitos minerales del mundo, abarcando el sur de Perú, el norte de Chile, y noroeste y centro-oeste de Argentina. Ello incluye el cobre, un mineral de cada vez mayor demanda por la transición energética.

Mientras que Chile y Perú se han convertido en dos de los principales productores de cobre, Argentina no ha desarrollado el sector y actualmente no tiene ninguna mina en operación. La última, Bajo de la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, cerró en 2018.

El desarrollo de una mina de cobre requiere de inversiones de miles de millones de dólares que hasta ahora no han ocurrido en Argentina. Además, la industria es cuestionada por organizaciones sociales y ambientales debido al potencial de contaminación, disputas sobre el uso del agua y otros conflictos en las zonas que rodean las minas.

El desarrollo del sector del cobre en Argentina es una de las principales apuestas de la gestión del presidente Javier Milei, quien relajó la normativa medioambiental en un intento de fomentar la inversión y la extracción. Entre otras cosas, ha sugerido debilitar la Ley de Glaciares, que protege los glaciares del país, una fuente clave de agua para Argentina que podría verse afectada por posibles operaciones de extracción de cobre.

Para 2031, Argentina pasaría a convertirse en el sexto productor de cobre más importante del mundo con un promedio anual de exportación en torno a los 8.440 millones de dólares, según estimaciones de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).

Para ello, ya existen ocho proyectos en etapa de exploración avanzada. Con el desarrollo de al menos tres, la minería se convertiría en en el tercer complejo exportador argentino, sostiene Victor Delbuono, investigador en el think-tank argentino Fundar. “Esto permitiría balancear un desarrollo históricamente centrado en el sector agropecuario y dinamizar otras zonas donde existen pocas alternativas”, agrega.

El cobre en la transición energética

El cobre, un conductor eléctrico, es uno de los minerales críticos ―junto con el litio, el cobalto y el níquel, entre muchos otros― para la transición energética. Se utiliza en la fabricación de vehículos eléctricos, baterías, paneles solares, turbinas eólicas y las redes eléctricas que conectan las fuentes renovables a los hogares y las empresas.

De acuerdo con un informe de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés), la demanda del cobre se incrementaría en un 40% en las próximas dos décadas si se cumplen las metas del Acuerdo de París de limitar el aumento de temperatura en 1,5 grados centígrados.

Un auto eléctrico cuadriplica las necesidades de cobre respecto a los vehículos convencionales, mientras que la instalación prevista de energía solar supondría triplicar la demanda de cobre del sector solar. Además, las mejoras de las redes de transmisión que serán necesarias para apoyar la expansión de las energías renovables supondrían duplicar la demanda de cobre que se observa actualmente para estas infraestructuras.

En consecuencia, este escenario pone en tensión la capacidad de suministro del cobre y eleva las perspectivas de su costo. Los precios superaron los 11.000 dólares por tonelada en mayo, alcanzando máximos históricos, y se prevé que alcancen los 12.000 dólares por tonelada en 2025, según un informe de Citibank publicado en diciembre.

La producción mundial de cobre es liderada por Chile con un 24% del total en 2022, seguido por Perú y la República Democrática del Congo con un 10% cada uno. Las proyecciones de CAEM prevén que Argentina ocupe el 5% del total del total de la producción mundial en 2031.

Las proyecciones de demanda a futuro son todavía más desafiantes y calculan que, en 2050, la misma aumentará un 142%. Eso supone una producción adicional de 40 millones de toneladas, equivalente a más de siete veces del volumen total de Chile, principal productor del mundo.

“En teoría, los precios más altos deberían fomentar la aprobación de proyectos y una mayor oferta. Sin embargo, las condiciones para ejecutar proyectos son desafiantes, con obstáculos políticos, sociales y ambientales más altos que nunca”, afirma Eleni Joannides, directora de investigación de Wood Mackenzie.

El problema es que, del descubrimiento a la puesta en marcha, cada proyecto requiere, en promedio, de 16 años.

Los proyectos

El primer proyecto en entrar en producción sería Josemaría en la provincia de San Juan, que se encuentra en etapa de preconstrucción y pertenece al Grupo Lundin. La empresa estadounidense aspira a ponerlo en marcha entre 2026 y 2027, lo que, se estima, demandará entre 4 y 5 mil millones de dólares. La mina tendría una vida útil de 19 años, en los cuales se exportarían unos 1.100 millones de dólares anuales.

Otro de los proyectos que está avanzado es la mina Los Azules, de la empresa canadiense Mc Ewen Copper, también en San Juan. Aquí, la inversión requerida gira en torno a la mitad de Josemaría, a pesar de tener una expectativa de producción de 10.000 toneladas más de cobre al año y ocho años más de vida útil. Principalmente, esto se debe al uso de un método de producción menos intensivo en energía y por menores costos logísticos gracias a su ubicación.

“Estamos ubicados en un lugar estratégico, a muy pocos kilómetros de la red eléctrica y a una altitud relativamente baja comparado con el promedio de la región. Cuando entremos en producción, Los Azules podría representar alrededor del 35% del producto bruto de toda la provincia de San Juan”, indica su presidente Michael Meding.

El listado se completa con El Pachón, Filo del Sol y Altar, también en la provincia de San Juan; Taca-Taca en Salta; Mara en Catamarca; y San Jorge en Mendoza. Todos estos proyectos se encuentran en distintas fases de desarrollo.

Las dificultades económicas de Argentina y la actual incertidumbre en torno a la legislación nacional suponen un reto para el sector, según declaró a Dialogue Earth el ministro de Minería de la provincia de San Juan, Juan Pablo Perea: “Los factores macroeconómicos del país y sus políticas regulatorias deben brindar un marco de previsibilidad y competitividad para atraer las inversiones necesarias”.

Preocupaciones ambientales

Los glaciares y el ambiente periglaciar representan el 70% del agua dulce de Argentina. La Ley de Glaciares argentina estipula que el pozo ―denominado pit― creado por el proceso de voladura y excavación para la extracción de cobre no puede estar en un entorno periglaciar, es decir, una zona situada en el borde de un glaciar con suelos a menudo congelados, que actúa como regulador del agua. La ONG medioambiental Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ha denunciado que la mina a cielo abierto de Josemaría estaría incumpliendo con ese requerimiento.

“En base a la información provista por la Evaluación de Impacto Ambiental y de acuerdo a informes técnicos independientes, la mina a cielo abierto podría cortar un glaciar de escombros, y una de las escombreras estaría ubicada en un área con probabilidad de ocurrencia de permafrost (área de ambiente periglacial)”, sostuvo FARN en un comunicado.

Si bien para Perea “los glaciares no se pueden tocar” al estar protegidos por la Ley de Glaciares, la misma ya se intentó modificar, sin éxito, por el gobierno de Milei para permitir la minería en las áreas periglaciares.

La otra gran preocupación de la minería del cobre pasa por el consumo de agua. Desde FARN ponen el ejemplo de La Alumbrera, la última mina de cobre en el país, como caso testigo. “Llegó a consumir más de 25 mil millones de litros anuales. Esto equivale al 34% de lo que consumen todos los habitantes de la provincia de Catamarca. El impacto se ha reflejado a lo largo de los años con la disminución de superficies cultivadas, una menor producción agropecuaria y la pérdida de calidad de cultivos por estrés hídrico”, aseguró Leandro Gómez, el coordinador de política ambiental de la organización.

Sin embargo, desde CAEM argumentan que toda la actividad minera argentina utiliza menos del 1% del consumo total de agua de la Argentina y que, de ese total, la gran mayoría se recircula a través de circuitos cerrados. “Vamos a consumir entre 150 y 250 litros de agua por segundo. Es lo mismo que usa un viñedo promedio en San Juan que apenas le da trabajo a 20 personas”, dice Meding, presidente de Los Azules.

Por su parte, desde Josemaría señalan que se utilizarán circuitos cerrados para recircular y recuperar la mayor cantidad de agua. “Se utilizará agua subterránea como principal suministro, proveniente de campos de pozos cercanos a la planta de procesamiento”, añaden y remarcan la aprobación de su Informe de Impacto Ambiental en abril de 2022 como prueba de haber alcanzado los estándares requeridos.

Domingo Jofré, miembro de la asamblea Jáchal No Se Toca, creada en San Juan en 2015 en respuesta a un derrame de una mina de oro de la empresa Barrick Gold, agrega: “Lo más grave es el uso de enormes cantidades de agua. Hoy nuestro río Jáchal aporta tres metros cúbicos [de agua por segundo] al dique Cuesta del Viento, la misma cantidad que consumirá Josemaría. Además, el área está ubicada en un área glacial y periglacial, donde la napa freática está a un metro de profundidad”.

Crece el impulso mundial por el ‘cobre verde’

Las empresas mineras sostienen que, a partir de las exigencias ambientales que solicitan desde mercados internacionales, se está trabajando en toda la cadena de producción para exportar un mineral con una baja huella de carbono. Por eso lo denominan “cobre verde”.

“El concepto incluye un uso más eficiente del agua en la explotación del cobre, incorporar maquinarias eléctricas o camiones a hidrógeno verde para reducir las emisiones de dióxido de carbono dentro de la explotación minera y una comprensión integral para que sea un proceso virtuoso para las comunidades”, precisa Delbuono.

En la última cumbre de PDAC, el mayor evento minero a nivel mundial realizado en Toronto, el subsecretario de Desarrollo Económico y Energía del Departamento de Estado de los Estados Unidos, José Fernández, afirmó que están ofreciendo financiamiento para desarrollar este tipo de iniciativas en Argentina, bajo la condición de que las empresas certifiquen su sostenibilidad ambiental.

Del mismo modo, el embajador argentino en Alemania, Fernando Brun, indicó que hay líneas de crédito disponibles del Banco de Desarrollo Alemán (KFW) para construir líneas de alta tensión para poder llevar electricidad de fuente renovable a los distintos proyectos mineros. “El objetivo es que los minerales que demanda la transición energética, como el litio y el cobre, tengan una muy baja huella de carbono”.

Josemaría, por ejemplo, construirá una línea de alta tensión de 300 kilómetros con fondos propios para poder electrificar toda la operación que se abastecería con energía renovable y reducir al mínimo el consumo de gasoil. Del mismo modo, Los Azules espera llegar a la carbono neutralidad para 2038 a partir de la electrificación de todo transporte vehicular que se utilice.

Chile, cuya economía depende cerca del 10% del cobre, ha fijado como objetivo ser fuerte en el “cobre verde”. Codelco, la empresa estatal dedicada al cobre, dijo haber alcanzado en 2021 el 100% de trazabilidad en la producción del mineral. La empresa espera además para 2030 reducir 70% sus emisiones, 60% el consumo de agua y 65% los residuos industriales.

“Los países mineros que no sean capaces de transitar hacia ese tipo de minería podrían verse enfrentados a reducir su producción, ya que los mercados y sociedades discriminarán entre un mineral de esas características y aquel que no lo es”, sostiene un documento de 2022 del Senado chileno en el que participaron más de 150 científicos, académicos, expertos y representantes de la industria y la ciudadanía.

Es una actividad que, por definición, implica la extracción de minerales finitos. No creemos que sea posible hablar de minería ‘sustentable’ o de ‘cobre verde’

Leandro Gómez — Coordinador de política ambiental de FARN

Sin embargo, a pesar de este aparente mayor compromiso medioambiental de la industria, FARN desconfía del término “cobre verde” y lo califica de estrategia de “lavado verde” o “greenwashing”. “Siguen promoviendo una actividad que, por definición, implica la extracción de minerales finitos. No creemos que sea posible hablar de minería ‘sustentable’ o de ‘cobre verde'”, dice Gómez.

“La extracción a gran escala tiene una serie de impactos ambientales y sociales. Dependiendo de la metodología, suele consumir grandes cantidades de agua y energía”, añade Gómez. A medida que avanzan los proyectos de “cobre verde”, los ecologistas temen que puedan repetirse los problemas actuales a los que se enfrentan las comunidades que viven cerca de zonas mineras.

Este artículo se publicó originalmente en Dialogue Earth https://dialogue.earth/es/

Detrás del litio, las promesas de divisas y progreso económico, existen millones de hectáreas de un singular ecosistema: los salares. Humedales con lagos subterráneos ubicados en las zonas más áridas del país. De ellos dependen mucho más que poblaciones humanas aledañas, la fauna y la flora local. Son captadores de dióxido de carbono, reguladores climáticos e hídricos. Sin embargo, la mayoría de ellos tiene dueños.

Argentina es uno de los cuatro productores mundiales de litio y sus derivados. Junto a Chile y Bolivia integra el “triángulo del litio”. Sólo Argentina tiene el 20,5% de las reservas mundiales de este mineral codiciado por los fabricantes de baterías para celulares, computadoras portátiles y, especialmente, autos eléctricos, la clave del norte global para cumplir con sus metas ecológicas. Sin embargo, la minería de litio reproduce las lógicas de la megamineria, de acuerdo con los expertos consultados.

En Argentina, Litica (Pluspetrol), Arcadium Lithium (Livent y Allkem), Integra Lithium (de Integra Capital), Ganfeng (y asociadas) y Río Tinto son las cinco mineras de litio que concentran la mayor cantidad de hectáreas de salares, de acuerdo a un relevamiento realizado por elDiarioAR en el marco de la iniciativa Proyecto Net Zero Argentina, un esfuerzo conjunto de Earth Journalism Network (EJN), Banco de Bosques, Claves21 y Periodistas por el Planeta.

Estas cinco empresas multinacionales tienen actualmente control –total o compartido con sus socias– casi un millón de hectáreas de salares en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. Como consecuencia, son también dueñas del agua en torno a estos salares.

El relevamiento fue realizado mediante la consulta a los reportes anuales que las propias mineras realizan para sus inversores, sitios oficiales de las provincias y las empresas, y consultas con las gobernaciones provinciales y las compañías. Se trata de un ranking en construcción, debido a la escasa información disponible y el hermetismo de la mayoría de las mineras y gobernaciones consultadas. El ranking se basa en la información que pudo ser obtenida hasta el momento.

Puesto 1

Litica es la división de litio de la petrolera multinacional Pluspetrol, propiedad de la empresaria argentina Edith Rodríguez, viuda del fundador de la compañía, Luis A. Rey. Se trata de la tercera petrolera del país, con operaciones en Vaca Muerta. Rodríguez es además la mujer más rica de Argentina y junto con su familia posee la octava fortuna del país, de acuerdo al ranking de la revista Forbes. La compañía nació en Argentina pero está radicada desde hace años en Holanda.

Litica se adjudica el control sobre 320.000 hectáreas de salares en territorio nacional, la mayor concentración de hectáreas de este ecosistema en una única compañía. Entre los humedales en los que la minera busca litio se encuentran Río Grande, Arizaro, Pocitos, Diablillos, Salinas Grandes, Guayatayoc, Palar y Pular, ubicados en las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca.

De acuerdo a un relevamiento de mercado de la minera Integra Lithium, publicado en sus últimos reportes anuales, Pluspetrol adquirió 234.500 de dichas hectáreas a la empresa LSC Lithium por US$83.500.000 en enero de 2019, a un valor de US$356 la hectárea. Esto fue en el caso de cuatro de los salares que ahora están en poder de la compañía: Pozuelos, Pastos Grandes, Río Grande y Salinas Grandes.

Uno de estos salares es el más conflictivo del país. La exploración de litio en Salinas Grandes, provincia de Jujuy, se encuentra judicializada desde 2010, cuando un bloque de 38 comunidades indígenas frenaron el avance de las mineras en el gran salar, advertidos por científicos y organizaciones ambientalistas sobre los impactos medioambientales de la extracción de litio: la amenaza a la provisión de agua dulce para los habitantes y sus animales y cultivos. Además, las comunidades desarrollan otras actividad económicas en las salinas que se ven amenazadas por la minería: el turismo comunitario y la extracción de sal para consumo y usos industriales.

Puede ser que las mineras utilicen de manera ambigua el término concesión, pero muchas veces sólo tienen permisos exploratorios.

Ivanna Guardia — Secretaria de Minería de La Rioja.

Sin embargo, Litica consiguió el aval de dos comunidades de los pueblos originarios de la zona de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc para comenzar a operar: Sauzalito y Quera y Agua Caliente, según pudo corroborar elDiarioAR con fuentes del mercado minero. La compañía no respondió en qué estado se encuentran sus proyectos en Salinas Grandes, considerada la séptima maravilla de Argentina.

Puesto 2

El segundo puesto del ranking es de Arcadium Lithium, recientemente nacida de la fusión de dos mineras de capitales extranjeros, la estadounidense Livent y la australiana Allkem. La fusión transformó a la nueva compañía en la tercera productora de litio del mundo.

Junto con otras mineras asociadas, Arcadium Lithium lidera dos proyectos en el mercado del litio argentino y opera en al menos 232.637 hectáreas de salares, de acuerdo a las cifras publicadas por Allkem. Es la segunda concentración de hectáreas de salares en el país.

Arcadium Lithium opera los únicos proyectos que producen y exportan actualmente litio y sus derivados (carbonato y cloruro de litio) en Argentina: Fénix, en el salar de Hombre Muerto, en Catamarca; y Sales de Jujuy, en el salar de Olaroz, Jujuy.

Estas mineras son propiedad de cuatro de los mayores fondos de inversión del mundo y se montaron sobre un complejo entramado de accionistas, de acuerdo a la investigación “Los dueños del litio”, del equipo periodístico Ruido y Fundeps.

“La fusión de Livent con la empresa Allkem en Arcadium Litium, que fue reciente y todavía está pendiente su aprobación por parte de la Comisión Nacional de la Competencia, genera cierta concentración en lo que es la producción de litio en el país”, afirmó a elDiarioAR Víctor Delbuono, investigador en Economía Minera, Políticas Públicas, Litio y Minerales para la transición energética (Fundar). Delbuono fue director de Economía Minera en la Secretaría de Minería Nacional.

Se ven empresas que acumulan hectáreas solicitando pedimentos mineros para luego difundir que cuentan con yacimientos de los que se puede extraer carbonato de litio de alta pureza y vender dichos proyectos a grandes empresas con capacidad de explotarlos.

Ariel Slipak — coordinador del Área de Investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

El investigador explicó que el mercado mundial del litio también es oligopólico, concentrado en un grupo de empresas canadienses, australianas, norteamericanas, la chilena SQM y la creciente participación de empresas chinas.

Allkem y Livent están en la mira de la Justicia. Las compañías rechazaron los cargos. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció a la minera Galaxy Lithium, absorbida por Allkem en 2021. Fue acusada de presunta evasión simple y evasión agravada por presentar una declaración jurada que sería “engañosa” con respecto a su explotación de litio en Catamarca.

Livent acumuló entre 2022 y 2023 causas y expedientes administrativos por dos hechos distintos: el derrame de ácido clorhídrico en la mina del Proyecto Fénix y la presunta maniobra de subfacturación en la exportación de carbonato de litio para pagar menos derechos al Estado. También mantiene conflictos con las comunidades que habitan cerca del salar que controlan. “Hace 25 años que Livent saca litio del Salar del Hombre Muerto. Cualquiera que se acerque puede constatar que las comunidades denuncian hace tiempo que la vera del río Trapiche está seca”, explicó a elDiarioAR Melisa Argento, doctora en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires) e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). También integra el grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial.

“Estamos destruyendo un ecosistema único que tiene información biológica sobre el origen de la vida. La zona de Catamarca, donde están estos estromatolitos, es considerada lo más parecido a Marte por la composición, por los climas”, aseveró la investigadora.

elDiarioAR intentó comunicarse con voceros de Livent pero no obtuvo respuesta hasta el momento.

Puesto 3: el caso de Integra Lithium

Integra Lithium es la división litífera de Integra Capital, la compañía de José Luis Manzano, propietario de una parte de Edenor, Metrogas, la petrolera Andes Energía (hoy Phoenix Global Resources), la eléctrica Andina PLC, así como del canal América, Radio La Red y El Cronista Comercial, entre otras compañías. Fue ministro de Interior del ex presidente Carlos Menem en la década de 1990.

La minera Integra Lithium informa en su último reporte anual (publicado en enero de 2024) que, además de operar 163.000 hectáreas en salares de Jujuy y Catamarca, sumó a su portfolio 333.000 hectáreas en los salares Altos Sapitos y Mascasin, en La Rioja.

La cifra de hectáreas en La Rioja ubicaría a Integra Lithium primera en el ranking de las mineras que concentran la mayor cantidad de hectáreas en salares, con 496.000 hectáreas. Sin embargo, ante la consulta de elDiarioAR, la secretaría de Minería de la provincia respondió que en el caso de La Rioja sólo se trata de un permiso de exploración que Integra Lithium comparte con la minera provincial EMSE y que la propiedad de las hectáreas es de la empresa estatal, gracias a una reforma legal realizada por la provincia.

Estamos destruyendo un ecosistema único que tiene información biológica sobre el origen de la vida.

Melisa Argento — investigadora del Conicet y de Geopolítica y Bienes Comunes y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial.

“Puede ser que las mineras utilicen de manera ambigua el término concesión, pero muchas veces sólo tienen permisos exploratorios”, explicó a elDiarioAR Ivanna Guardia, secretaria de Minería de La Rioja.

En La Rioja, el litio fue declarado recurso estratégico en diciembre de 2022, una decisión que cambió las condiciones para la exploración y explotación del mineral. 

elDiarioAR consultó sobre esta desavenencia a Integra Lithium pero la compañía prefirió no responder sobre este punto.

Integra Lithium no sólo busca litio en los salares. También, en 77.000 hectáreas de roca, de acuerdo a su último reporte anual.

Puesto 4

La empresa china Ganfeng y sus asociadas en Argentina tienen control sobre al menos 122.432 hectáreas de salares en Salta y Jujuy, de acuerdo a información publicada por la compañía, medios de comunicación y el gobierno de Salta. Sus permisos de exploración les permiten buscar litio en los salares Llullaillaco, Pozuelos, Incahuasi, Cauchari-Olaroz y Sal de la Puna.

La fusión de Livent con la empresa Allkem en Arcadium Litium, que fue reciente y todavía está pendiente su aprobación por parte de la Comisión Nacional de Competencia, genera cierta concentración en lo que es la producción de litio en el país.

Víctor Delbuono — investigador en Economía Minera, Políticas Públicas, Litio y Minerales para la transición energética (Fundar).

En julio de 2022, la minera adquirió 32.000 de esas hectáreas en los salares Pozuelo y Pastos Verdes por US$962.000.000, arrojando un valor de US$30.063 por hectárea, la cifra más alta registrada por hectárea de salar en el relevamiento de mercado realizado por Integra Lithium.

elDiarioAR se comunicó con Ganfeng y su minera local, EXAR, pero las compañías no respondieron las consultas.

Puesto 5

Río Tinto es la minera del quinto puesto del ranking, con 83.000 hectáreas en el Salar del Rincón, Salta, de acuerdo a una publicación de la cámara empresaria británica en Argentina, BritCham.

La minera adquirió las hectáreas por unos US$825.000.000, en marzo de 2022, de acuerdo a la misma publicación y a la información relevada por Integra Lithium. La hectárea en el Salar del Rincón costó US$9.940.

La compañía se preparaba en enero último para iniciar la construcción de una planta de procesamiento con capacidad de 3.000 toneladas anuales de litio, publicó Ámbito Financiero.

Acumular hectáreas

Las concesiones y permisos de exploración muestran un alto porcentaje de salares en manos extranjeras, aunque formalmente estén a nombre de empresas conformadas en Argentina. Por ejemplo, Ganfeng opera a través de EXAR, inscripta en el país. “Las mineras extranjeras generan una subsidiaria local con domicilio en Argentina, que compra la tierra, pero los verdaderos dueños son capitales extranjeros”, explicó Argento.

Argento explica también que no todos los salares son iguales. “No todos tienen el mismo nivel de concentración de litio, por ejemplo. Hay condiciones climáticas, condiciones de composición del salar y condiciones en las que se halla el litio, y cuán fácil es o no separarlo. Estas dimensiones hacen que cada salar sea diferente”, afirmó.

Además de las características del salar, hay otras variables que inciden en el precio de las hectáreas y en la factibilidad de los proyectos. “Tienen que ver con la logística, el acceso a infraestructura, si hay una ruta cerca, si hay una conexión eléctrica, el acceso a una red de alta tensión, a un gasoducto”, explicó Delbuono.

No todas las mineras informan qué cantidad de hectáreas de salares tienen concesionadas o qué superficie se encuentran explorando. Las que sí lo informan tampoco hacen distinción entre áreas que efectivamente tienen concesionadas y las superficies en las que sólo poseen permisos de exploración, por lo que no pudo ser posible diferenciarlos. No informarlo “es una cuestión de marketing”, explicó una fuente del sector minero.

Existe otro fenómeno con respecto al litio y los salares. Durante años, en La Rioja muchos salares permanecieron cautivos, en poder de privados que obtenían permisos de exploración y conseguían sucesivas prórrogas pero nunca exploraban realmente el área en busca de minerales, afirmó Guardia, secretaria de Minería de la provincia.

“En la minería de litio, como en otros tipos de minería, se ven empresas que acumulan hectáreas solicitando pedimentos mineros para luego difundir que cuentan con yacimientos de los que se puede extraer carbonato de litio de alta pureza y vender dichos proyectos a grandes empresas con capacidad de explotarlos”, coincidió Ariel Slipak, coordinador del Área de Investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). “Constituye un negocio especulativo especialmente fomentado por el tipo de régimen minero de la Argentina”, explicó.

“Existen diferentes actores en Argentina. Muchas mineras canadienses y australianas son pequeñas mineras que hacen el trabajo de exploración, evalúan cuánta cantidad de litio se podría extraer, cómo se puede sacar. Luego estos permisos se venden y compran todo el tiempo”, afirmó Argento. “Con los permisos, las hectáreas cambian de manos”, agregó. Surge así un problema: “La normativa minera permite comprar y vender facilitando una lógica altamente especulativa sobre los proyectos y flexibilizando los controles y regulaciones ambientales”.

Agua y territorio

“En la minería del litio lo que más importa es el agua”, aseguró Argento. “Estos ecosistemas son humedales, captadores de dióxido de carbono, reguladores climáticos e hídricos. Su destrucción no sólo afecta a las comunidades locales sino al conjunto de la ciudadanía”, agregó la investigadora. Son, además, cuencas endorreicas, cerradas. Funcionan como una olla.

Los salares están formados también por salmueras, lagos subterráneos que se ubican debajo de las costras salinas y que son ricos en litio, potasio, magnesio, calcio, boro y otros elementos químicos, explican Argento, Slipak y Puente en un capítulo del libro La transición energética en Argentina (Siglo XXI).

Casi la totalidad de la superficie de los salares y territorios que se encuentran a la vera de los salares ha sido “pedimentado” (solicitado para exploración) en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, afirman los autores.

“Hay que desmitificar la idea de que el salar es territorio vacío. No está vacío, allí vive gente. Gente que dice hace años que en estos territorios se violan todos los derechos ambientales, sociales y humanos. Que se organiza en resistencias para enfrentarse en una profunda asimetría de poder con el capital”, destacó Argento, quien ha recorrido el territorio copado por las mineras del litio.

Aún no hay investigaciones sobre cuánta población ha sido desplazada. Pero existen testimonios de quienes han debido dejar sus tierras frente al avance de las mineras del litio. Argento ha obtenido esos testimonios de primera mano.

Ante la extensión ganada en las concesiones y permisos de exploración, la investigadora advierte que “lo que termina sucediendo es que la minera hace sus caminos, con tranqueras, que prohíben el paso de la gente que dice que es la dueña de estos territorios” y lo hacen con “el aval de las fuerzas de seguridad que las protegen”.

*Este artículo se realizó en alianza con Diálogo Chino.

Nota: se corrigió el nombre del salar Mascasin el 9 de baril a las 10:41.

ED/MG

Más de 250 organizaciones ambientalistas y sociales expresaron “profunda preocupación” y “total repudio” ante las “maniobra de lobby que están realizando las grandes mineras transnacionales” en el Congreso Nacional durante el tratamiento de la ley ómnibus. Las presiones y pedidos para que diputados de la oposición acompañen los cambios que Javier Milei quiere imponer a la Ley de Glaciares fueron informadas días atrás por elDiarioAR.

Estos cambios de la ley ómnibus buscan reformar la norma que impide la actividad minera en cuerpos de hielo de montaña. Los firmantes afirmaron que si las regresiones a la Ley de Glaciares efectivamente son aprobadas “será únicamente porque los poderes provinciales y diputados nacionales han cedido ante el lobby de las grandes mineras transnacionales”. 

“No hay otra explicación posible para ir en contra de la vida y salud de la población y de las aguas de nuestro territorio”, agregaron. “Los representantes provinciales tienen la responsabilidad histórica e institucional de demostrarle a la población que no ceden ante el lobby minero”, dijeron. “Exigimos a los diputados nacionales (de todos los partidos) que rechacen categóricamente las modificaciones a la Ley de Glaciares. La mirada vigilante de todo el país, la memoria popular y la historia política observan de cerca lo que sucede en este momento crucial”, aseguraron. 

“Hasta el miércoles, muchos de los bloques de la denominada oposición dialoguista (que dieron quórum) iban a rechazar todo el capítulo ambiental, incluidos los cambios de último momento con la Ley de Bosques. Este jueves empezaron a operar desde el gobierno de San Juan y las grandes mineras transnacionales. Entonces todo se puso en duda”, explicó a elDiarioAR el abogado Enrique Viale, de la organización Abogadxs Ambientalistas. 

Viale afirmó que el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, fue uno de los principales “lobbistas” a favor de las modificaciones que impone la ley ómnibus. También lo aseguró el diputado Esteban Paulón (Partido Socialista, Santa Fe). “La presión viene del gobernador de San Juan. Es un lobby silencioso, discreto”, dijo Paulón a elDiarioAR.

San Juan es una de las provincias mineras que cuenta con miles de glaciares de montaña, de acuerdo al inventario de la Universidad Nacional de San Juan, que coinciden con las zonas donde operan las mineras. También tienen glaciares áridos provincias como Catamarca.

“Había un acuerdo para bajar el capítulo ambiental, quitarlo de la ley ómnibus para evitar el retroceso en materia ambiental, pero hoy -por el jueves- cambió la situación”, ratificó el diputado Paulón.

En una carta abierta, las organizaciones sociales y ambientales, como Amnistía Internacional Argentina, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace, así como personalidades como Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, afirmaron que el intento de modificar regresivamente la Ley de Glaciares “es un claro ataque a la protección ambiental y a los bienes naturales estratégicos de nuestro país”. 

“La Ley de Glaciares es una pieza fundamental de legislación ambiental que busca preservar uno de los ecosistemas fundamentales para la vida y trabajo de nuestra población. Este ataque es inaceptable y evidencia la influencia desproporcionada que las grandes corporaciones mineras tienen sobre nuestra democracia, específicamente sobre los gobiernos provinciales y el Congreso Nacional”, aseguraron. 

Para los firmantes las modificaciones regresivas buscan autorizar la actividad minera en zonas actualmente protegidas, donde se encuentran glaciares y ambiente periglaciar, “permitiendo su destrucción, perjudicando gravemente el equilibrio ecológico y la calidad de vida de las comunidades que dependen de estos ecosistemas”.

Las firmas a la nota pueden consultarse aquí.

Nota: este artículo se actualizó el 5 de febrero a las 9:43.

ED

El lobby minero en la Cámara de Diputados pone en peligro a la Ley de Glaciares, informaron este jueves diputados y ambientalistas a elDiarioAR. Las presiones y pedidos en nombre del sector intentan que los diputados de los principales bloques opositores y dialoguistas aprueben las modificaciones que impulsa el gobierno de Javier Milei. Estos cambios de la ley ómnibus buscan reformar la norma que impide la actividad minera en cuerpos de hielo de montaña.

Los intereses mineros atraviesan a distintas fuerzas políticas. Los pedidos y lobby llegaron a Unión por la Patria, la UCR y Hacemos Coalición Federal, el bloque que lidera Miguel Pichetto, confirmaron cuatro fuentes directamente involucradas con la temática.

En las negociaciones con la oposición dialoguista o aliada, el gobierno de Javier Milei se mostró inamovible para cambiar las modificaciones que quiere en la Ley de Glaciares, un dato que confirmó el compromiso con las inversiones mineras por parte del Ejecutivo. Pero el Presidente no sería el único.

“Hasta el miércoles, muchos de los bloques de la denominada oposición dialoguista (que dieron quórum) iban a rechazar todo el capítulo ambiental, incluidos los cambios de último momento con la Ley de Bosques. Este jueves empezaron a operar desde el gobierno de San Juan y las grandes mineras transnacionales. Entonces todo se puso en duda”, explicó a elDiarioAR el abogado Enrique Viale, de la organización Abogadxs Ambientalistas. 

Viale afirmó que el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, fue uno de los principales “lobbistas” a favor de las modificaciones que impone la ley ómnibus. También lo aseguró el diputado Esteban Paulón (Partido Socialista, Santa Fe). “La presión viene del gobernador de San Juan. Es un lobby silencioso, discreto”, dijo Paulón a elDiarioAR.

San Juan es una de las provincias mineras que cuenta con miles de glaciares de montaña, de acuerdo al inventario de la Universidad Nacional de San Juan, que coinciden con las zonas donde operan las mineras. También tienen glaciares áridos provincias como Catamarca.

“Había un acuerdo para bajar el capítulo ambiental, quitarlo de la ley ómnibus para evitar el retroceso en materia ambiental, pero hoy -por el jueves- cambió la situación”, ratificó el diputado Paulón.

Este medio se comunicó con voceros del gobernador Orrego para conocer su versión de los hechos, pero hasta el momento no obtuvo respuesta. 

El gobernador de San Juan se encuentra actualmente en Alemania, en una conferencia sobre minería organizada por la embajada argentina en ese país. “El objetivo es presentar a los potenciales inversores la riqueza geológica del norte argentino y de la provincia de San Juan para atraer capitales de la Unión Europea en proyectos de cobre y litio”, informó el Diario de Cuyo.

Ante la consulta de elDiarioAR a un allegado, cerca de Orrego sostuvieron que no creen que el gobernador haya intervenido en Diputados a favor del lobby minero y en contra de las intenciones del bloque que integran sus diputados. Unión por la Patria no quiere que se apruebe ningún artículo de la ley ómnibus.

“El gobernador de San Juan está de gira por el exterior pero el lobby se sintió igual. Este feroz lobby tiene como destino derribar la Ley de Glaciares para que avance el proyecto Veladero en dicha provincia”, afirmó Viale. “Veladero, de la canadiense Barrick Gold, está en un proceso final y necesita expandirse debajo de glaciares y en zona periglaciar para crecer. La actual ley de Glaciares se lo prohíbe, para su protección. Por eso quieren avanzar contra esta ley”, agregó el abogado ambientalista.

La presión viene del gobernador de San Juan. Es un lobby silencioso, discreto.

Esteban Paulón — Diputado del Partido Socialista por Santa Fe.

“Las modificaciones de la ley ómnibus a la Ley de Glaciares beneficia inversiones en todas las provincias mineras y no es tan profunda la modificación que pide el Ejecutivo”, aseguró el diputado Walberto Allende (San Juan, Unión por la Patria).

¿Cómo opera el lobby? “Se comunican con distintos legisladores que luego hablan en sus bloques. El mensaje es que San Juan tiene pendiente dos grandes inversiones mineras que se pueden caer” si los diputados votan en contra del capítulo ambiental de la ley ómnibus.

“Sabemos que este tipo de inversiones no aportan ningún valor agregado a la provincia. Es importante tratar de no retroceder”, agregó Paulón.

En Alemania también se encuentra Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, y el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz. Ambos buscan inversiones mineras para sus provincias.

“También existe en Catamarca un proyecto minero denominado Mara, en una situación similar a la de Veladero. Por eso nos preocupan los votos o ausencias ‘circunstanciales’ de los diputados de San Juan y Catamarca de todos los bloques en el momento de votar el capítulo ambiental. Si se ausentan, le van a restar votos a la postura que defiende la Ley de Glaciares actual”, aseguró Viale.

Los diputados de las provincias mineras están tironeados entre los intereses de sus gobernadores y la postura de sus partidos y bloques. Es el caso de los legisladores de San Juan y Catamarca de Unión por la Patria (UxP), a quienes las modificaciones a la Ley de Glaciares incomodan: deben votar en contra de la ley ómnibus junto a su bloque pero no quieren votar en contra de la minería, una de las principales actividades económicas en dichas provincias. “A las provincias mineras no les gusta nada la Ley de Glaciares. Nos obligan a ser pobres”, dijeron desde el grupo catamarqueño de diputados. 

ED/DTC