Entre los interesados en que avance la causa judicial por una de los mayores contaminaciones de la explotación de Vaca Muerta crece la preocupación por las versiones que corren ese ámbito de que en las próximas horas el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén, expuesto a diversas presiones del poder político y económico, le otorgue la probation a los responsables del caso y les evite ir a juicio oral.

La Sala Penal del TSJ neuquino a cargo de la causa está integrada por Alfredo Elosu Larumbe y Soledad Gennari.

La causa fue iniciada a partir de una denuncia presentada en 2020 por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAAA). Investiga la acumulación ilegal sin tratamiento de más de 300.000 metros cúbicos de residuos peligrosos provenientes de la explotación petrolera y gasífera de fracking en instalaciones de la empresa Comarsa, ubicadas en el Parque Industrial Neuquén Oeste. Los acusados son su dueño, Juan Manuel Luis, y dos ex directivos, Héctor Basilotta y Federico Ponce. Aquellos residuos fueron derivados de los pozos no convencionales explotados con fractura hidráulica –los convencionales no generan tantos desperdicios– por las petroleras que explotaban en aquel tiempo Vaca Muerta: YPF, Pan American Energy (PAE), Shell, ExxonMobil, Tecpetrol, Pampa Energía, Vista Energía y Pluspetrol. Pero la responsable ante los tribunales es Comarsa.

La causa tiene dos vertientes: una en la que se analiza la contaminación y otra que abrieron las defensas de los acusados para evitar el juicio con una probation. En marzo pasado, un juez de garantías, Lucas Yancarelli, hizo lugar al pedido de los empresarios. Según su resolución, dos de los imputados sólo deberían sanear en el término de un año los residuos petroleros sin tratar y un plazo de tres años remediar el subsuelo, que, según los informes de la fiscalía, se encuentran también contaminados. Además deberían hacer una donación a un hospital público, abstenerse del consumo de estupefacientes, no abusar del consumo de alcohol ni cometer nuevos delitos. El otro acusado sólo debía donar $10 millones a la Dirección de Medio Ambiente de la provincia.

El fiscal de Delitos Ambientales neuquino Maximiliano Breide Obeid, la AAAA y la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, con el acompañamiento del Instituto Comparado en Ciencias Penales y Sociales y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), apelaron. En abril, un tribunal de impugnación revocó por mayoría la resolución de Yancarelli con el argumento de que la probation dejaría sobreseídos a Luis, Basilotta y Ponce, de que el fiscal, que lleva adelante la acción penal, se había opuesto y por tratarse de un “posible daño ambiental que puede afectar a la población actual de Neuquén y a las generaciones futuras”.

La semana pasada se hizo una audiencia de ampliación de argumentos ante el TSJ, que tiene plazo hasta el 5 de noviembre próximo para resolver, según una vocera del tribunal. “Aún no hay fallo”, agregó. Ese “aún” genera dudas entre los que temen que pronto Elosu Larumbe y Gennari ratifiquen la sentencia e Yancarelli, den la probation a los empresarios y los libren del juicio.

Los denunciantes temen que el “lobby petrolero” derive en un fallo “a favor de los poderosos y contra los derechos humanos y ambientales” que consagre la “impunidad”. Si hay probation, no habría juicio en el que se expongan ante la sociedad las pruebas acumuladas durante seis años de investigación judicial, ni condena ni pena. El pasado día 18, el juez que investiga la contaminación de Comarsa, Juan Manuel Kees, rechazó el sobreseimiento de los acusados y ordenó que el caso se eleve a juicio oral. Ahora todo queda supeditado al pedido de probation que analiza el máximo tribunal neuquino y que eventualmente podrá apelarse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hasta el obispo de Neuquén, Fernando Croxatto, se metió en la disputa con un comunicado este jueves titulado: “Por una justicia de cara a la comunidad, por un mensaje claro por el cuidado de la casa común”, tomando estas dos palabras últimas del léxico del anterior papa Francisco. “Hoy la Justicia neuquina se encuentra ante una encrucijada ética decisiva: permitir que los hechos investigados sean debatidos de cara a la sociedad en un juicio oral y público, donde se determinen las responsabilidades penales de los delitos corporativos que se han investigado durante años y se garantice el derecho de la ciudadanía a saber la verdad, o bien, tomar el atajo que implica habilitar vías alternativas como la probation, que diluyen las responsabilidades individuales y empresariales, cerrando el debate público y dejando una profunda herida de desamparo en las comunidades afectadas”. No es la primera vez que la Iglesia neuquina alza la voz contra la contaminación del fracking, así como en la última dictadura fue de las pocas jerarquías eclesiásticas que se opuso al terrorismo de Estado, con el obispo Jaime de Nevares a la cabeza.

AR/MG

La Unidad Fiscal de Delitos Ambientales de Neuquén acusó formalmente este jueves a dos empresarios y un ejecutivo por la contaminación provocada por el basurero petrolero de la compañía Comarsa (Compañía De Saneamiento y Recuperación de Materiales Sociedad Anónima). Los cargos fueron formulados por el fiscal Maximiliano Breide Obeid en una audiencia pública en la capital de la provincia, durante la cual el juez de Garantías ordenó embargar a los acusados y les prohibió la salida del país, como había solicitado la fiscalía especializada.

El basurero petrolero es una planta que acumula residuos producidos por las empresas de hidrocarburos que operan en Vaca Muerta, principalmente YPF. La planta se montó en las afueras de la ciudad de Neuquén y vecina a poblaciones. 

Los empresarios están acusados del delito de contaminación peligrosa para la salud pública y administración fraudulenta, ya que simularon ganancias por la realización de tratamientos que finalmente no se concretaron. El juez aceptó declarar el caso como complejo y otorgó un año más de investigación al caso, que está en etapa de instrucción.

El fracking genera desechos o residuos. Son lodos de perforación, es decir, barro y sedimentos que se extraen cuando se fractura la roca. También contienen petróleo y químicos que se utilizan para fracturar, además de metales pesados (mercurio, cromo, plomo, cadmio, arsénico, entre otros) y materiales radiactivos de origen natural (uranio, radio torio y radón), de acuerdo con un informe del Observatorio Petrolero Sur (Opsur), basado en información oficial obtenida por el diputado provincial Andres Blanco (PTS-FIT) en enero de 2021.

El tratamiento de estas sustancias contaminantes se realiza en plantas privadas, como la de Comarsa. Los lodos son quemados en hornos para disminuir el contenido de hidrocarburo. 

La fiscalía estableció que se necesitarían más de 10.000 camiones para trasladar el lodo y resto de residuos peligrosos que Comarsa no trató y abandonó. Remediar el pasivo ambiental que generó la empresa costaría más de US$7 millones a la provincia. Por esa razón, el fiscal solicitó embargar por esa suma a los acusados.

El caso

El primer basurero de Comarsa quedó abandonado. Está bordeado por muros de concreto. El frente de la planta se ve en buen estado pero es muy fácil llegar a la parte de atrás, donde los muros de concreto están caídos y cualquier persona puede ingresar a las montañas de residuos sólidos, como informó elDiarioAR en mayo último.

“No existe evidencia que indique que esta tierra con restos de hidrocarburos representen un riesgo para la salud y el ambiente, siempre que estén confinados en espacios debidamente acondicionados para tal fin como se encuentran en nuestra planta, emplazada en un parque industrial destinado para tal fin”, afirmó Comarsa ante la consulta de elDiarioAR en mayo último. Sin embargo, la fiscalía ambiental determinó lo contrario: esos lodos y residuos “contienen componentes altamente tóxicos”, aseguró el fiscal durante la audiencia. 

Los acusados son el presidente de Comarsa, accionista mayoritario, controlante y principal beneficiario de los dividendos de la compañía; un director suplente de la empresa que tenía capacidad de decisión al menos hasta enero de 2021 y controlaba la empresa y a sus empleados; y quien ejerció como gerente entre 2013 y 2016, responsable técnico y a cargo de los contratos con YPF, principal cliente de Comarsa.

En el último allanamiento realizado por la fiscalía se constató que la empresa no está haciendo nada, no está tratando los residuos.

“Los residuos peligrosos se iban incrementando año a año dentro del predio, la empresa cobró de sus clientes por tratamientos que nunca se realizaron y esta maniobra les permitió disimular la situación real, seguir acumulando contratos y justificar ganancias”, afirmó el fiscal. 

El basurero abandonado se ubica a unos 500 metros de barrios densamente poblados que en 2014 comenzaron a manifestarse públicamente por malos olores y el humo negro que emanaban los hornos de Comarsa. Las protestas obligaron a las autoridades a cambiar la normativa y ahora los basurales petroleros deben estar ubicados al menos a 8 kilómetros de las poblaciones.

Entonces, la empresa presentó un plan de cierre y traslado de la planta al Parque Industrial, y la provincia les dio un nuevo terreno (ya le había otorgado el primero), en mayo de 2016. Comarsa contaba con 244.000 metros cúbicos sin tratamientos y seguía sumando residuos, explicó la fiscalía.

“A la empresa se le prohibió recibir nuevos residuos pero se detectaron ingresos en al menos seis oportunidades, estando incluso clausurada”, por lo que recibió multas de la secretaría de Ambiente de Neuquén, dijo la fiscalía.

La situación siguió agravándose. Para marzo de 2018, el pasivo ambiental acumulaba 307.000 metros cúbicos de residuos sin tratamiento. La empresa no había cumplido con su propio plan. “En el último allanamiento realizado por la fiscalía se constató que la empresa no está haciendo nada, no está tratando los residuos”, afirmó el fiscal.

Aún así, los empresarios se enriquecieron. Uno de los acusados cobró dividendos por más de 2,3 millones de dólares en sólo tres años, acusó la fiscalía.

Dejaron un basural tóxico en medio de la ciudad de Neuquén y se hicieron millonarios.

Inicio

La causa fue originada por una denuncia de ONGs ambientalistas, con la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (AAdeAA) a la cabeza, que intervienen como querellantes, a pesar de que la defensa de los empresarios solicitó al juez que sean apartados del proceso judicial.

La querella adhirió a las acusaciones del fiscal. “Es muy difícil encontrar en el país condenas por delitos ambientales”, sostuvo durante la audiencia el abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén. 

“Esperamos poder vencer la impunidad ambiental que tiene todo lo que rodea a Vaca Muerta. Esta causa podría ser histórica porque podría probar judicialmente la contaminación de Vaca Muerta y destapar la complicidad entre empresas petroleras y funcionarios públicos”, dijo a elDiarioAR el abogado ambientalista Enrique Viale, uno de los impulsores de la denuncia.

El caso “es el reflejo de la improvisación y la impunidad con la que se maneja la industria petrolera en Neuquén, donde tenemos seis incidentes ambientales por día en la provincia”, afirmó otro de los abogados querellantes. “Mientras Comarsa se enriquece, los residuos quedan en la población”.

“Dejaron un basural tóxico en medio de la ciudad de Neuquén y se hicieron millonarios”, acusó el fiscalía, que relató testimonios de vecinos que contaron cómo el barro contaminado entraba en sus casas con las lluvias, cómo la contaminación que generaban los hornos hacía picar los ojos, cómo quemaban durante las noches.

Debido al elevado número de víctimas, la complejidad de las pericias que restan realizar y el hecho de que “la fiscalía considera que se trata también de un caso de delincuencia organizada”, el juez otorgó un año más de investigación.

Funcionarios 

Tanto la querella como la fiscalía advirtieron que Comarsa no podría haber actuado irregularmente sin la complicidad y falta de control de los funcionarios públicos de la provincia. “Estamos hablando de un modus operandi complejo y resta saber dónde están los otros actores. Qué pasa con los funcionarios públicos y las petroleras dueñas de esos residuos frente a esta tragedia ambiental”, sostuvo uno de los abogados querellantes de AAdeAA.

“Dibujaban balances simulando este pasivo ambiental para retirar dividendos y seguir obteniendo contratos y nadie veía nada y la montaña de residuos seguía creciendo”, agregó el letrado.

“Vamos a presentar cargos contra los funcionarios en cuanto los identifiquemos”, aseguró el fiscal. “Los imputados seguramente sean muchos más”, concluyó.

ED/MG