El Juzgado Federal de Pehuajó resolvió hacer lugar a la medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que patrocina a vecinos de barrios populares y suspendió los efectos y aplicación de los artículos 1,4,5 y 8 del Decreto Nº 312/2025 que disponen la liquidación de la totalidad del patrimonio que compone el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

De esta manera, el gobierno de Javier Milei solo podrá disponer de los fondos para garantizar la continuidad de las obras y las políticas de integración urbana, y no para otros fines como pretendía.

Además, el juez multó al actual subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, al pago de $200.000 por día de demora en el cumplimiento de lo exigido por la Justicia: que presente un plan de urbanización de barrios populares y continuidad de la política paralizada.

Pareja es uno de los integrantes de la mesa política de la administración libertaria, con un gran vínculo con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. 

Desde el inicio de su gestión, el gobierno de Milei buscó distintas formas de hacerse del dinero que componía el Fondo de Integración Socio Urbana, que recibía fondos del impuesto país y del aporte extraordinario a las grandes fortunas, entre otros ingresos, y estaban destinados a la realización de obras de infraestructura en los barrios populares de Argentina, para garantizar el acceso a servicios básicos como agua, luz, gas, cloacas, pavimentos, etc.

Un año atrás, el gobierno comenzó con una campaña de desprestigio y estigmatización contra la política pública y las cooperativas de trabajadores que ejecutaban algunas de las obras, tal como lo establecía la ley. Pero las auditorías sobre la gestión del FISU dieron bien, no se registraron irregularidades ni malversación.

Es por eso que hace una semana, el gobierno decidió simplemente eliminar el Fondo, sin especificar para qué se utilizará ese dinero que ya estaba asignado a la finalización de más de 700 obras que el gobierno decidió frenar.

Son más de 5 millones de familias que viven en los 6.467 barrios populares de Argentina y necesitan de esas obras para tener acceso a servicios básicos y para, entre otras cosas, no inundarse, como se vio el último fin de semana.

El FISU, que era administrado por el Ministerio de Capital Humano, tenía por objetivo financiar proyectos de integración socio urbana para barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) para crear lotes con servicios. 

Luego de que el Gobierno nacional decidiera eliminar el Fondo de Inversión Social Urbano (FISU), que administran organizaciones sociales en barrios populares, los curas villeros emitieron un fuerte comunicado contra esa decisión. La nota se titula “No al recorte en políticas públicas en villas, asentamientos y barrios populares” y lleva la firma de más de 50 sacerdotes que se desempeñan en barrios de emergencia.

En la difusión advirtieron que la medida significa “un retroceso que genera mayor exclusión y, por lo tanto, inseguridad y desintegración social” y destacaron las políticas públicas que en los últimos años permitieron que “muchos vecinos pudieran lograr mejor acceso a cloacas, agua, luz, escuela, salita y centros comunitarios”, mientras que “otros pudieron ampliar y mejorar sus humildes casas”.

“No es bueno desenchufar el Estado de las villas y asentamientos. Es un golpe muy duro bajar este financiamiento que beneficia a más de 5 millones de vecinos, entre los cuales la mayoría son menores”, afirmaron. Además, advirtieron que “la intervención del Estado en los más de 5000 barrios populares de todo el país no puede decaer. Bajar el presupuesto de la FISU (Fondo de Integración Socio-Urbana) sería volver para atrás”. 

“No podemos tolerar semejante retroceso que genera mayor exclusión y, por lo tanto, inseguridad y desintegración social. Prácticamente es la única política pública que apunta al núcleo duro de la pobreza”, insistieron. En ese marco, le pidieron al Gobierno que “se revise lo que haga falta para que la Integración Socio-Urbana sea una realidad cada vez más efectiva”.

El Fisu fue creado durante la administración de Alberto Fernández y destinaba al distrito un porcentaje de recursos coparticipables adicionales que la ciudad de Buenos Aires recibía por el traspaso de la Policía Federal.

Días atrás, sacerdotes de villas y barrios populares de distintos puntos del país habían manifestado su “gran preocupación por la actual situación social” que la atribuyeron a “el aumento desmedido de precios”, “el creciente desempleo” y “la precarización laboral”.

“Nos preocupa la atención de la emergencia alimentaria de hoy, mañana y el próximo mes, lo mismo que los precios de los medicamentos, los alquileres precarios en nuestros barrios, la garrafa y tantos aumentos sin freno, cosa que no sucede con los salarios y los ingresos”, señaló el comunicado, en el que agregaron que “hace falta una fuerte política alimentaria y habitacional en estos tiempos, sobre todo en nuestros barrios que tienen una población mayoritariamente infantil”, señalaron e informaron que están “abriendo varios comedores de emergencia que se suman a los ya existentes, porque para muchos es muy difícil el acceso al pan de cada día”.

El avance sobre los fondos se implementó este lunes, a través del Decreto 193/2024, publicado en el Boletín Oficial. Consiste en un recorte del 9% al 0,3% de recaudación del Impuesto PAÍS destinado al FISU.

En esta nueva respuesta de los curas villeros a la políticas del Gobierno, el comunicado agrega: “Antiguamente, las villas no figuraban en los mapas. Aparecían como ”espacios verdes“. En un momento dado, la sociedad ”se desayunó“ con la existencia de las villas. Se habló de erradicación, luego de urbanización, hasta que se instaló bastante el concepto de integración urbana. 

Con idas y venidas se fueron dando pasos en este sentido. Gracias al relevamiento que nos permitió llegar al RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) muchos lugares históricamente ninguneados por la sociedad y por el Estado empezaron a ser tenidos en cuenta con más profundidad“.

MM con información de la agencia NA.

El Gobierno nacional dispuso la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, que había sido creado durante la administración de Alberto Fernández y destinaba al distrito un porcentaje de recursos coparticipables adicionales que la ciudad de Buenos Aires recibía por el traspaso de la Policía Federal.

La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el decreto 192/2024, se justificó debido que aquella decisión adoptada durante la pandemia “afectó los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas”.

En los considerandos, el Ejecutivo advierte que “ningún Gobierno Nacional ha recibido una herencia institucional, económica y social tan crítica como la que recibió la actual administración, por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas”.

En ese marco, añade que “entre otras medidas y con el fin de solucionar la enorme cantidad de problemas derivados de la herencia que la administración saliente dejó a todos los argentinos, es necesario efectuar un ajuste fiscal en el Sector Público Nacional de cinco puntos del PBI y, al mismo tiempo, resolver la situación de los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina, los que son responsables de los diez puntos de su déficit”.

“En consecuencia, no hay solución alternativa a un urgente ajuste fiscal que ordene las cuentas públicas, siendo ello una condición indispensable para la estabilización macroeconómica que requiere nuestro país”, remarca luego.

Asimismo, el decreto afirma que “la situación fiscal de las provincias y de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires ha sido menos restrictiva a costa de las transferencias discrecionales que ha realizado el Gobierno Nacional”.

“En tal sentido, el mencionado Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, afectó los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas, por lo que resulta necesario derogar el artículo 4° del Decreto N° 735 del 9 de septiembre de 2020”, concluye la normativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Semanas atrás, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, elevó un reclamo formal al ministro Caputo por el retraso en el envío de fondos a la provincia que superan los 15.000 millones de pesos y solicitó rediscutir una nueva ley de coparticipación, al sostener que “la provincia es discriminada y castigada desde hace décadas en el reparto de recursos”.

Recorte al FISU

En otro decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno anunció la modificación del Impuesto PAIS, creado en 2020 por Alberto Fernández.

El decreto 193/2024 firmado por Milei, su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, ordenó modificar la asignación de fondos correspondientes al 30% de lo recaudado por el mencionado tributo, de manera tal que el más afectado resultó el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), la herramienta fiduciaria utilizada por el gobierno de Unión por la Patria para la urbanización de barrios populares.

De este modo, el FISU, que hasta ahora recibía la tercera parte de ese 30%, ahora verá reducido su financiamiento al mínimo y sólo recibirá un 1%.

Qué dice el decreto sobre el Fondo PAIS

“La asignación específica del treinta por ciento (30 %) establecida en el inciso b) del artículo 42 de la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y sus modificaciones será distribuida de la siguiente manera:

a. Al FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (FISU), creado por el Decreto N° 819 del 5 de diciembre de 2019 en el marco de la Ley N° 27.453 de Régimen de Regulación Dominial para la Integración Socio Urbana y sus modificatorias, para el financiamiento de obras de vivienda social: el uno por ciento (1 %).

b. A obras de infraestructura económica: el noventa y cuatro por ciento (94 %).

c. Al fomento del turismo nacional: el cinco por ciento (5 %)“.

El reclamo del CELS y organizaciones sociales

Las organizaciones Techo Argentina, Hábitat para la Humanidad, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) reclamaron días atrás, antes de la publicación de decreto que reduce los fondos para el FISU a su mínima expresión, la continuidad de las políticas de integración sociourbana de barrios populares y plantearon que “es fundamental sostener e incluso ampliar” el financiamiento de esos programas porque, “de lo contrario, solo se agravará la situación de un amplio sector de la población que vive en condiciones de alta vulnerabilidad”.

Así lo expresaron a través de un comunicado de prensa conjunto en el que destacaron además el “amplio consenso” que esta política de Estado tiene en todo el arco político, tras recordar que fue una iniciativa surgida durante la gestión presidencial de Mauricio Macri a la que luego se le dio continuidad y se profundizó durante el Gobierno de Alberto Fernández.

“El Fondo para la Integración Socio Urbana es la fuente de financiamiento de una política de Estado que trascendió a dos gestiones, tuvo amplio consenso en el Congreso de la Nación para su creación a través de la Ley 27.453 y ha tenido reconocimientos de organismos locales e internacionales. Su desfinanciamiento pone en riesgo el desarrollo de políticas públicas destinadas a más de 5 millones personas en el país”, advirtieron las cuatro organizaciones de la sociedad civil en un comunicado difundido en las últimas horas, cuando ya se sabía que el Gobierno iba a apuntar contra esos recursos.

En este sentido, plantearon que “es fundamental sostener e incluso ampliar el financiamiento de estas políticas públicas” y señalaron que, “de lo contrario, sólo se agravará la situación de un amplio sector de la población que vive en condiciones de alta vulnerabilidad”.

De esta forma, hicieron referencia a la decisión del Gobierno de eliminar fondos fiduciarios por US$ 2.000 millones con el objetivo de avanzar “contra todas las cajas de la política”.

“Desde hace siete años existe una política de Estado dirigida a mejorar las condiciones de vida de las millones de personas que viven en los barrios populares. Fue impulsada por organizaciones sociales, adoptada por las gestiones del presidente Mauricio Macri y del presidente Alberto Fernández y tuvo siempre un amplio consenso de gran parte del arco de partidos políticos. Con ACIJ, Techo y Hábitat para la Humanidad Argentina planteamos que esta política de integración socio urbana debe sostenerse”, afirmaron Techo Argentina, Hábitat para la Humanidad, el CELS y ACIJ.

En este sentido, recordaron que, en 2016, durante la gestión Macri, un grupo de organizaciones sociales, civiles y eclesiásticas realizaron “el primer relevamiento de barrios populares de la Argentina que posteriormente obtuvo el nombre de Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap)”.

Ese registro -agregaron- fue actualizado en el 2022 y el 2023 con cifras que indican la existencia de al menos 6.467 villas y asentamientos en todo el país en las que viven unas 5 millones de personas.

En 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, el Congreso Nacional respaldó este proceso a través de la aprobación por unanimidad de la ley 27.453 que creó el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, que tiene como objetivo “garantizar los derechos de las personas que viven en los barrios incluidos en el Renabap”

Esa ley oficializó “el registro de barrios populares y los declara de utilidad pública y sujetos a expropiación y dispone de un fideicomiso para financiar todas las actividades necesarias para llevar a cabo la integración socio urbana”.

Cuáles son los objetivos del FISU

Con información de agencias.

IG

En La Cava, villa de San Isidro donde vive desde que nació, hace 49 años, Fernanda Miño recibe a elDiarioAR. Después de andar por varios pasillos –asfaltados por una de las obras que coordinó al frente de la Secretaria de Integración Socio Urbana (SISU)– se llega a una reja y se entra a una casa que está casi en penumbras. “En la villa estamos todos colgados de la luz porque no llega Edenor, pero yo trato de ahorrar igual”, cuenta Miño. Ella y su referente político, Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quedaron en el centro de la polémica la última semana por informes que el Gobierno filtró a algunos medios de comunicación sobre gastos presuntamente escandalosos y obras inconclusas de la SISU con los millonarios recursos del Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana (FISU), uno de los que podría integrar la lista de los que el Gobierno eliminará.

El FISU se nutre parcialmente del impuesto PAÍS, cuya recaudación se catapultó con el nuevo gobierno a partir de la devaluación y el aumento de la alícuota. El sucesor de Miño con rango de subsecretario, el libertario Sebastián Pareja, sostiene que por ahora no ha encontrado ninguna irregularidad y que si Javier Milei quiere, continuará con la política de urbanización de villas que inició el gobierno anterior.

—¿Quién del Gobierno está impulsando las acusaciones en su contra, que apuntan más bien a Grabois, mientras Pareja niega desfalcos?

—En los mismos medios, a la mañana dicen que somos todos ladrones y que hay corrupción y a la tarde salen a decir que está todo bien. A nosotros no nos llama la atención. Se están disputando el impuesto PAIS, que aumentó respecto a los años anteriores por la devaluación (es un porcentaje sobre los gastos en dólares). Por eso quieren demonizar el FISU para sacarlo rápidamente y que no tenga todas las auditorías que durante estos cuatro años de gestión tuvimos. Quieren usarlo para otros fines que no es la de integrar los barrios populares. Y quieren tapar la situación actual que está pasando el pueblo pobre, el pueblo trabajador: el aumento indiscriminado de los servicios, de los alimentos, esto de no tener paritarias, de un caos social porque no hay una atención directa. Entonces hay que taparlo con operetas, con peleas con artistas y parece que todos los días es un enemigo distinto. Nosotros sabemos la gestión que hicimos. Fue transparente, siempre estuvieron los datos abiertos para quien quisiera verlos. Vengan a ver qué van a encontrar acá: un montón de personas comprometidas, militantes, que hemos trabajado con todos los colores políticos en todo el país para mejorar la calidad de vida de las familias más pobres de la Argentina.

Para Miño, el Gobierno busca “instalar que Juan Grabois es el que manejaba los fondos, cuando él nunca fue funcionario”. “Sí acompañó los nombramientos y la política de los barrios, sí somos cercanos y acompañé su postulación a presidente”, aclara. Además, cree que las hostilidades pudieron haber escalado porque “es el único de la oposición que hoy tomó la voz de lo que viene pasando”.

—La SISU nació con el gobierno de Macri, que comienza en diciembre de 2019. La acusan de haber contratado a 600 personas ¿es así?

—Fuimos aumentando el personal porque una cosa es hacer pequeñas obras en Buenos Aires o esporádicamente en algunos lugares y otra, terminar con 1.400 obras en todas las provincias. O sea que esos 600 estaban repartidos en un país tan grande como en el nuestro.

—Pareja dijo que él los había reducido a 450, pero como parte del ajuste del Gobierno y que incluso algunos los había recontratado porque se dio cuenta que era los necesitaba.

—Sí, hay trabajadores súpervaliosos. Administrativos, arquitectos, ingenieros, gente que se necesita para hacer las obras que hicimos nosotros, que fueron muchas, aunque falta un montón. Sabemos que hay 6.400 barrios y nosotros llegamos a 1.400. 

—¿Los empleados eran todos militantes del MTE?

—No, aunque sí había algunos militantes. Yo era la secretaria y soy militante del MTE. Lo que hicimos nosotros tiene que ver con el lugar donde caminamos, donde militamos. Yo no iba a poner un puñado de ingenieros agrónomos a hacer trabajo en el barrio porque tienen otra tarea. Los que mejor conocen los barrios son los militantes de esos barrios. Y muchos simpatizaban con Juan o con otras organizaciones sociales, pero de ahí a que sean todos...

—Y los contratos, ¿eran mayoría para las cooperativas del MTE?

—No. Primero, porque no tenemos tanta capacidad de trabajo. Es un puñado grande el MTE, pero había de todas las cooperativas, como las del Movimiento Evita. Por la ley de barrios populares, el 25% de las obras tenía que hacerse a manos de cooperativas.

—¿Y el otro 75%?

—Nosotros celebramos convenios directamente con cooperativas, con la Iglesia, sindicatos, alguna universidad y también con municipios y provincias. Y cuando llegaban los convenios con municipios y provincias había un 25% que tenía que ser absorbido por mano de obra local de las cooperativas. En el caso de Mi Pieza (un programa para que mujeres de barrios populares pudieran mejorar sus hogares), eran mujeres directamente quienes hacían el trabajo dentro de sus casas con su familia.

—¿Es cierto que sólo el 6% de las obras se finalizaron?

—No es verdad. Considerando todas las líneas de trabajo, el porcentaje de obras finalizadas es del 82,4%. Eso incluye las obras de Mi Pieza, las de integración y las de lotes. En total fueron 251.395 obras y finalizadas, 207.244. Lo del 6% es una mentira que surge de sumar los barrios con beneficiarias de Mi Pieza, que fueron más de 5.000, y las obras de integración, que fueron más de 1.200, y sobre eso calcular más de 400 obras de integración terminadas. Otras obras están en ejecución, no se terminaron porque cambió la gestión.

—Acá en su barrio hay obras de cloacas de las que, según el municipio de San Isidro, se hizo el 42%.

—Se hizo hasta que cambió el gobierno municipal y el nacional. En este caso, nosotros financiamos gran parte de las obras, las auditamos, pero no las realizamos. Las realizan los entes ejecutores. En este caso, el municipio.

—Hay vecinos que dicen que desbordan las cloacas a medio hacer, se inundan.

—Es que si la obra no terminó, todavía no se ha solucionado el problema. Desde que yo tengo uso de razón se inunda porque este lugar es un pozo. Siempre se hicieron obras con fondos nacionales. Nunca el municipio destinó fondos para mejorar estructuralmente los barrios populares de San Isidro. Esperemos que alguna vez se revierta. Pero cuando hay una una obra, hay dificultades y más si no están terminadas. La Cava tiene casi 80 años y en una gestión no se soluciona nada si las obras no se continúan.

—En el informe que filtró el Gobierno apuntan que la mayoría de las 400 obras terminadas, unas 133, son de cordón cuneta y vereda.

—Es desconocer la realidad de los barrios cuando se piensa que no son obras importantes. Pero también hay polideportivos, salones de usos múltiples, salitas no solamente de salud, sino también lugares de esparcimiento, plazas. Pero si vas a un barrio, no necesitan un sauna con jacuzzi, necesitan un cordón cuneta, una vereda, porque es el acceso que tienen muchas veces, además del asfalto. En algunos lugares pudimos hacerlo en conjunto con los gobiernos locales. En la mayoría de los barrios había calles de tierra y no había accesos. Si llovía, se quedaban ahí hasta que se secara un poco. Necesitas veredas para poder salir con carritos para salir a comprar o al colegio, al trabajo. Los barrios no necesitan una cancha de tenis, necesitan acceso para ir a trabajar, al médico, a estudiar. Te lo digo por experiencia.

—Se llegó a decir que no vivía más acá.

—Estás acá, en el living de mi casa, en el sector 20 de Junio de La Cava de San Isidro. Vivo acá hace casi 50 años. Mi familia vive acá, mis viejos ya no los tengo, pero vivíamos en El Pozo, que es un humedal. Había una laguna y un basural enfrente de mi casa. Ahí viví hasta los 20 años que nos casamos con mi esposo y me vine a vivir acá.

—El año pasado, en otra entrevista, me dijo que podría haberse mudado de acá pero quiso quedarse.

—De hecho, sigo teniendo la posibilidad de mudarme. Pero yo acá tengo grandes amores de mi vida, no solamente mi familia. Me conocí acá con mi esposo, tengo mis hijas acá y tengo los espacios sociales que uno acompaña. Podría optar irme de acá por una cuestión hasta de seguridad, porque en el barrio hay momentos en que está muy difícil, pero yo quiero transformar esta realidad; es la que me toca, es la que por raíz tengo, es en la que me eduqué y soy la persona que soy por vivir en este espacio. Yo milité siempre acá y es algo que sigo haciendo ya sin la responsabilidad del Estado, porque la política no el único instrumento para transformar. Por ejemplo, el patio de mi casa se transformó en un espacio cultural. Que yo me vaya de mi barrio sería un fracaso para mí, personalmente.

—Se dijo también que gastaron $130 millones en viáticos.

—Si se refiere a lo que es la ley del Fondo de Integración Socio Urbana, no podemos gastar viáticos de ahí. Ese fondo es específico para obras. Por eso quieren manotear para que no vaya la plata a los pobres. Los viáticos son de los ministerios y los funcionarios viajábamos con los viáticos. Si tenías que ir a un lugar, el Ministerio de Desarrollo Social te financiaba y te sacaba los pasajes. Los auditores, nuestros propios compañeros arquitectos, tenían que ver las obras, asegurarse que estén adelantadas para continuar con los desembolsos.

—También se dijo que las casas nuevas que se hicieron acá en La Cava fueron para sus amigos, los promotores del barrio.

—Podemos llamar a ver quiénes son. En un lugar tan multitudinario como La Cava, donde hay más de 2.400 familias, con tanto hacinamiento, la idea era empezar a hacer distintas casas para deshacinar un poco y entrar los servicios. Las casas eran para las apertura de calles, no podíamos dárselas a un vecino porque era conocido o pariente.

—¿O sea que recibieron casas aquellos que vivían en viviendas derribadas para hacer calles?

—Claro, aunque muchas veces no se pudo hacer. A veces hacés diez casas para abrir una calle y el que está viviendo en la calle te dice: “Yo la necesito más que esto”. Falta espacio, es muy difícil. No hay día en que no pase acá después de las 17 el que necesita casa, aunque saben que ya no estoy en la gestión del Estado. Siguen viniendo por el paquete de arroz, el cartón de leche, la posibilidad de trabajo en la cooperativa. Es un pedido totalmente sincero ante esta situación social que estamos viviendo, pero hoy no podemos dar respuesta de ningún tipo, más allá del trabajo, de que seguimos reclamando y viendo cómo nos organizamos para hacer una olla, porque también los alimentos han dejado de estar en los comedores.

—Usted que vive acá, ¿cómo ve la situación social? Más allá del aumento de precios de alimentos y productos de higiene, la falta de ayuda a los comedores, la niña que robó útiles escolares en La Pampa, el joven que murió electrocutado en Rosario cuando intentaba robar cables, los asaltos seguidos de homicidio en el conurbano.

—Como en todos los barrios populares, tenemos muy a flor de piel todo el tema de de los chicos que eligen otros caminos porque nos faltan oportunidades de estudio, laborales. Siempre está la tentación muy a la mano. Nosotros pudimos hacer ese traspaso de los chicos de la esquina al trabajo cooperativo, con todas sus deficiencias. Porque a veces una persona entra a trabajar, lo que pide es compromiso, pero por ahí esa persona la está pasando muy mal o es de familias muy rotas. Los que hoy agarran una pala y están haciendo un pasillo, cuando esa obra desaparezca, cuando se terminen los recursos, van a tener la tentación de buscar trabajo en otro lado, en el mejor de los casos. Pero con toda esa historia y todo ese dolor, pueden volver también a la esquina. Y eso vuelve a ser un círculo totalmente vicioso de no tener y buscar lo que el Estado o la sociedad no le da.

Yo escuchaba hace poco liberados que a través de la SISU conseguían trabajo para insertarse nuevamente en la sociedad. Se cortó. Entonces hoy esos muchachos, esas chicas están buscando recursos para hacer una olla popular en el borde de una calle. Esa es la realidad que no se ve, que a veces la falta de este trabajo del Estado hace que estas cosas vuelvan a ser terribles dentro de un barrio. En un barrio es más fácil que entre la droga que cien ladrillos para construir una casa. Esa es la realidad con la que nos enfrentamos. No solamente la falta de alimentos y que las familias tengan que elegir qué chico va a empezar el colegio y cuál no todavía porque no pueden comprarles zapatillas a los cuatro, hojas de carpeta, el cuaderno.

Las familias tienen que elegir qué chico va a empezar el colegio y cuál no todavía porque no pueden comprarles zapatillas u hojas de carpeta a los cuatro.

—¿Por qué no hay explosión social, no hay saqueos, no hay protestas masivas?

—Juan (Grabois) viene hablando de implosiones, que el pueblo pobre es manso, no organizado. Yo me voy a mis diez años, cuando trabajaba como empleada doméstica, como trabajé hasta los 20, y le preguntaba a mi mamá por qué éramos pobres. “Bueno, porque es así, porque somos pobres.” No había explicación para la pobreza. Cuando sos pobre querés laburar para salir adelante, conseguir el plato de comida, mandar a tus hijos al colegio, no hay tiempo para organizarse e ir en contra de nadie porque no tenemos los culpables, no nos han educado para eso.

Yo hice mi secundario a los 21 años y después empezó todo. La educación me abrió la cabeza. Yo viví en ese sistema de pensar solo en traer dinero a mi casa porque trabajaba en otra casa limpiando. Por eso les da temor cuando los pobres se organizan, quieren salir adelante. Apuntan, demonizan lo que hizo en el Estado un puñado de militantes que se dieron cuenta, elaboraron, lucharon y se juntaron con otros. Y el Estado estuvo ahí para darnos un lugar, entrar y transformar realidades.

—¿Recibió llamados de solidaridad por las acusaciones públicas de los últimos días?

—Primero de la familia, que es la que me hace sentir totalmente fortalecida. Después, mis hermanos. Tengo siete hermanas, y cinco viven en el barrio. Después, compañeros de la catequesis, que por ahí ni siquiera son militantes ni tienen un color político determinado y me llaman y me dicen “conocemos lo que hacés”. Gente que trabajó al lado mío y que sigue estando hoy más allá de la gestión, distintos funcionarios de las provincias donde hemos tenido trabajo en estos últimos años.

—¿El Papa la llamó?

—No conozco al Papa, conocí una vez al sacerdote (Jorge) Bergoglio en un locro.

—¿Y políticos no peronistas?

—Pablo Javkin (intendente de Rosario) me mandó mensaje. El expresidente Alberto Fernández me llamó para solidarizarse, me dijo que conocía de mi integridad y el trabajo de estos años y se ponía a disposición para lo que lo necesite. Y están todos los compañeros propios que salen a bancar públicamente y otros que no pueden hacer publicaciones porque también están marcados, pero los puedo convocar.

—¿Qué autocrítica hace de su gestión y de la general de Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa?

—Mirá, yo te puedo hablar de mi gestión. Me encantaría ser economista y entender otras cosas. A mí me toca ver la realidad, sabiendo que quedaron muchas asignaturas pendientes. Desde nuestro espacio, nos hubiese encantado llegar a más barrios. No nos dio el tiempo ni la vida para hacerlo. Había tres días por semana que no estaba en mi casa porque estaba recorriendo las provincias y viendo que haya voluntad política, que se siguieran haciendo obras en los barrios y que hubiese aportes de los propios municipios y provincias. Nosotros dejamos en una situación incómoda a la gestión siguiente: dejamos una vara muy alta con programas como Mi Pieza, con los 25.000 lotes que hicimos, el trabajo en lo cultural en muchos de los barrios, el de organización que dejamos hoy muchos de los promotores que estaban en todo el país. Ojalá que que el nuevo subsecretario esté con esa misma voluntad, con ese mismo amor por transformar lo que todavía está esperando por obras. Nos va a tener acá para darle la mano.

AR/JJD/DTC