FISU: una auditoría y un fuerte respaldo, sólo falta que el gobierno se entere

Estos días se conocieron los primeros resultados de la auditoría que el Gobierno encomendó a la SIGEN realizar sobre el famoso Fondo de Integración Socio Urbana, el FISU. Un proyecto diseñado e implementado por gobiernos de distinto signo político que consiste básicamente en destinar la plata que proviene de impuestos como el de las grandes fortunas a la realización de obras pequeñas, medianas y grandes, de alto impacto social, en barrios populares de todo el país. 

Los resultados sorprendieron a varios de quienes –apresurados por juzgar o apurados por pasar la motosierra– se ensañaron los últimos meses no sólo con las funcionarias a cargo de la gestión del Fondo o sus referentes políticos, sino con la propia existencia de una buena política pública. 

¿Qué les sorprendió del informe? Que la SIGEN está respaldando el trabajo realizado. El informe de auditoría no hace mención a ningún tipo de delito. No se detuvo en supuestas malversaciones ni afectación del objeto de la ley que lo creó. Hay observaciones, claro, de exclusivo orden administrativo, algunas atendibles, otras no tanto, pero lo cierto es que algo ha quedado claro: la vocación de algunos funcionarios, y de cierto periodismo que suele acompañarlo, de denunciar corrupción no tiene correlato en los hechos. 

Ya lo había expuesto en sucesivas entrevistas el actual titular de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana de la Nación, Sebastián Pareja:

 “En este poco tiempo que llevo, he hablado con algunos intendentes de distintos signos políticos y hasta ahora no he encontrado a ninguno quejándose. No he encontrado críticas. Es más, yo siempre estoy diciendo, aún a pesar de mi rol, que si no fue la única Secretaría que funcionó durante el Gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo. Porque la verdad es que lo que estoy viendo es, al momento de hoy, 1200 obras en ejecución, un presupuesto con más del 80% ejecutado”.

A esta altura resulta oportuno aclarar que, durante el tiempo de ejecución, el FISU se sometió a muchas instancias de control (auditorías de la Universidad Católica Argentina, universidades públicas, SIGEN, AGN, etc). También, se llevaron adelante políticas de integridad con la Oficina Anticorrupción, me tocó colaborar en ellas en mi carácter de subsecretario a cargo de las acciones preventivas de la Oficina Anticorrupción. También el FISU participó de diversas iniciativas de transparencia con organismos internacionales. Todas estas acciones le valieron un justo reconocimiento en la materia, tanto en Argentina como en el exterior.

Ahora bien, qué motivó a llevar adelante una feroz campaña de desinformación contra el FISU, de dónde sale el interés en difamar a las ex funcionarias que lo gestionaron? ¿Sólo se trató de un capítulo de la mala práctica de procurar deshonrar como instrumento de la disputa política o es, como piensa este servidor, del muy recurrente artilugio del gobierno de Milei de denunciar corrupción como un modo de justificar el recorte de gastos, incluso de aquellos que afectan a quienes más lo necesitan?  

Si fuera esto último, el gobierno se topó con dos problemas. El primero es lo que el propio Gobierno descubrió en estos meses de gestión: nada. En  efecto, y retomando el informe de la SIGEN sobre el FISU, vemos que se enfoca en realizar una evaluación integral de las tareas desarrolladas por dicho organismo, de la normativa con la que operó y del destino que se le dio a los fondos públicos, verifica la aplicación de la normativa vigente; la eficacia y eficiencia en los diferentes procesos operativos. Como resultado, y al igual que la mayoría de los informes de este tipo, la SIGEN hace una serie de recomendaciones en pos de mejorar los procesos de trabajo: sólo se vislumbran observaciones sobre cuestiones administrativas. Pero ninguna enuncia hechos relacionados con el destino de los fondos ni sospecha alguna sobre malversación de fondos públicos. 

El segundo: hay un amplio consenso respecto a la utilidad, necesidad y eficacia de esta política pública. Para muestra del consenso alcanza con ver la foto del acto que estos días se desarrolló en un barrio humilde de Quilmes. Allí, compartiendo una mesa con Fernanda Miño, la funcionaria responsable del FISU durante la última gestión, estuvieron el obispo auxiliar de Buenos Aires, Gustavo Carrara, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea; el obispo de Quilmes y presidente de Cáritas Argentina, Monseñor Carlos Tissera, Mario Quintana, ex vicejefe de Gabinete de Macri; Sebastián Welisiejko, ex secretario de Integración Socio-Urbana de la Nación, y Juan Maquieyra, titular de la ONG Techo y ex funcionario del PRO. 

Algunas de las conclusiones de este encuentro: es necesario que vuelva a financiarse la política de integración socio-urbana. Se trató de una política pública llevada adelante de común acuerdo con dirigentes de diverso origen ideológico para mejorar los barrios. El FISU tuvo muy buenos resultados como herramienta aplicada desde el Estado para la integración de los barrios más vulnerables. Es imperioso, cuidando todos los mecanismos que hacen a la transparencia, que el Estado esté presente en nuestros barrios, de lo contrario los entregamos al narcotráfico.

A esta altura de los acontecimientos resulta ridícula la intención del gobierno de Milei de insistir en el ataque, la descalificación, el agravio y la mentira contra el FISU y quienes fueron sus administradoras. Pero sobre todas las cosas puede significar un tiro en el pie, aún para quienes descreen de la intervención del Estado ante las desigualdades, abandonar el territorio y dejarlo en manos de las bandas dedicadas al narcotráfico y la trata de personas. Nadie sale indemne de ello.   

El autor es abogado, especializado en políticas anticorrupción. Fue subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia en la Oficina Anticorrupción.