El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció este viernes el cierre de 13 programas “ideológicos” que habían sido promovidos por el extinto Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades durante el Gobierno de Alberto Fernández.

“Eliminamos 13 programas ideológicos creados por el kirchnerismo, financiados por todos los argentinos, entre los que se encontraba el insólito ‘MenstruAR’”, indicó el jefe de la cartera judicial. 

Según Cúneo Libarona, “eliminar estos despilfarros absurdos le ahorrarán más de $6.000 millones de pesos por año a los argentinos de bien”. 

“Ninguno de los 13 programas, creados entre 2020 y 2023, contaba con evidencia contrastable de impacto real, criterios de evaluación o control de resultados”, agregó.

A través del Programa MenstruAR se entregaban copas menstruales a municipios de todo el país para garantizar el acceso igualitario de las personas menstruantes a insumos de gestión menstrual. 

Además, se promovía el cuidado del ambiental a través de la utilización de productos sustentables como toallitas reutilizables, copas menstruales, entre otras.

“El cierre de estos programas ideológicos se encuadra en el compromiso que asumimos junto al Presidente Javier Milei de achicar el Estado, reducir el gasto público y dar más libertad a los argentinos”, celebró Cúneo Libarona.

Los 13 programas que dejaron de funcionar son:

•⁠ ⁠PROGRAMA NACIONAL MENSTRUAR

•⁠ ⁠REGISTRO NACIONAL DE PROMOTORAS Y PROMOTORES TERRITORIALES DE GÉNERO Y DIVERSIDAD A NIVEL COMUNITARIO

•⁠ ⁠PROGRAMA NACIONAL ARTICULAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

•⁠ ⁠PROGRAMA NACIONAL GENERAR

•⁠ ⁠PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA DISPOSITIVOS TERRITORIALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS EN CONTEXTO DE VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO

•⁠ ⁠PROGRAMA NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNEROS EN EL TRABAJO, EL EMPLEO Y LA PRODUCCIÓN IGUALAR

•⁠ ⁠PROGRAMA PRODUCIR

•⁠ ⁠PROGRAMA NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO E IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD EN EL DESARROLLO RURAL ‘SEMBRAR IGUALDAD’

•⁠ ⁠PROGRAMA PARA EL APOYO URGENTE Y LA ASISTENCIA INTEGRAL INMEDIATA ANTE CASOS DE VIOLENCIAS EXTREMAS POR MOTIVOS DE GÉNERO

•⁠ ⁠PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A DERECHOS PARA PERSONAS TRAVESTIS, TRANSEXUALES Y TRANSGÉNERO

•⁠ ⁠PROGRAMA ESCUELAS POPULARES DE FORMACIÓN EN GÉNERO Y DIVERSIDAD ́MACACHAS Y REMEDIOS ́

•⁠ ⁠PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD PARA EL SECTOR PRIVADO ‘FORMAR IGUALDAD’

•⁠ ⁠PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA EN MATERIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

Con información de agencias.

IG

En el marco de una restructuración del organigrama que busca ahorrar dinero y “desmalezar” las distintas áreas, el gobierno porteño decidió convertir la Subsecretaría de la Mujer en una dirección general.  

“Redefinimos la estructura en GCBA. La Subsecretaría de la Mujer pasa a rango de Dirección General y sigue en Vicejefatura a cargo de Clara Muzzio”, explicaron fuentes del Gobierno de la Ciudad a elDiarioAR, y aseguraron que el cambio de estructura no implica la pérdida de ninguna de las funciones que tenía a cargo de la subsecretaría. 

Hasta ahora la Subsecretaría de la Mujer estaba a cargo de la politóloga Carolina Barone, quien también encabeza el área de mujeres en el PRO y defiende las principales demandas de los feminismos. Todo indica que Barone no seguirá en su cargo, pero el área –ya reconvertida en dirección– se mantendrá bajo la órbita de Muzzio, que si bien es vicejefa del Gobierno porteño en el último tiempo demostró un especial interés por los temas de género, aunque desde una perspectiva conservadora, entremezclados con mensajes religiosos y una preocupación por la baja de la natalidad. 

El día de la asunción del presidente estadounidense Donald Trump, por ejemplo, la vicejefa de Gobierno compartió una imagen del mandatario con un fragmento textual de su discurso: “Hay sólo dos géneros: femenino y masculino”. Tras recibir críticas, insistió en su argumento, aunque aclaró que reflejaba su posición personal sobre el tema y no una declaración oficial del gobierno: “Acompaño la afirmación de que los seres humanos son de sexo masculino o femenino: XX-XY”. 

A Muzzio también la preocupan los tratamientos médicos destinados a personas transgénero y también comentó que recibió a padres que expresaban “preocupación por contenidos que estaban recibiendo sus hijos en el contexto de ESI” como paso previo a una revisión de los contenidos educativos disponibles y la eliminación de algunos de ellos. Además, impulsó una nueva normativa en la Ciudad de Buenos Aires que permitirá “registrar a los no nacidos con nombre completo”. 

La baja de rango de la Subsecretaría de la Mujer forma parte de una decisión comunicada hace algunas semanas que apunta a ahorrar $13.000 millones. Se trata de una “reducción de la estructura política del Gobierno” que incluye modificar 19 entes, unidades y secretarías. “Once se suprimen, cuatro se fusionan y se reducen los cargos directivos de cuatro empresas del Estado porteño”. 

“Analizamos eficiencias y revisamos área por área, ministerio por ministerio. Queremos seguir desmalezando. La duplicación o superposición de roles y funciones es un costo que vamos a eliminar”, detalló Jorge Macri.

En la comunicación de la medida se puso como ejemplo la eliminación de la Unidad de Proyectos Especiales Parque de la Innovación, la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico y el Ente Parque de la Innovación y se explicó que la Unidad de Proyectos Especiales Urbanización Barrio Padre Carlos Mugica pasaría a ser una dirección general dentro del Ministerio de Desarrollo Humano. Nada se mencionó sobre la Subsecretaría de la Mujer. 

MT

El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, prometió “detener la locura transgénero” cuando sea el primer día de su mandato, al tiempo que renovó sus dichos contra los cárteles mexicanos y de retomar el control del Canal de Panamá.

“Firmaré órdenes ejecutivas para acabar con la mutilación sexual infantil, sacar a los transgénero del ejército y de nuestras escuelas primarias y secundarias”, afirmó Trump en un acto para jóvenes conservadores en Phoenix, Arizona.

También prometió “mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos”. “Será política oficial del gobierno de los Estados Unidos que sólo haya dos géneros, masculino y femenino”, añadió.

Trump echa así leña al fuego en un debate que sacudió la política estadounidense en los últimos años.

Los estados controlados por demócratas y republicanos se movieron en direcciones opuestas en políticas transgénero como el tratamiento médico y qué libros sobre el tema están permitidos en las bibliotecas públicas o escolares.

Una “nueva era” se avecina con su vuelta a la Casa Blanca, aseguró el propio Trump, entre las promesas que adelantó para su segundo mandato.

“El 20 de enero, Estados Unidos pasará para siempre la página de cuatro largos y horribles años de fracaso, incompetencia y decadencia nacional, e inauguraremos una nueva era de paz, prosperidad y grandeza nacional”, declaró Trump, en referencia a su toma de posesión.

Cárteles mexicanos “terroristas”

En su intervención en la conferencia AmericaFest, en uno de los estados más disputados en los que ganó las elecciones de noviembre, el magnate anunció que designará “a los cárteles (mexicanos) como organizaciones terroristas extranjeras”.

“Vamos a hacerlo inmediatamente”, aseveró durante su mitin, según una crónica del sitio RFI.

Trump revivió una iniciativa que ya había barajado durante su anterior mandato (2017-2021), pero que archivó a pedido del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien aceptó cooperar en seguridad.

La actual mandataria, y primera mujer en el poder en México, Claudia Sheinbaum, rechaza la posibilidad de que las mafias mexicanas sean designadas como terroristas bajo el argumento de evitar una incursión extranjera que atente contra la soberanía del país.

“Nosotros colaboramos, coordinamos, trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar. México es un país libre, soberano, independiente y no aceptamos injerencismos en nuestro país”, advirtió Sheinbaum este domingo durante una visita al estado de Sinaloa, que sufre una escalada de violencia criminal desde septiembre.

Asimismo reiteró que ni bien asuma el poder lanzará “la mayor operación de deportación (de migrantes) en la historia de los Estados Unidos”.

Entre el rosario de promesas que adelantó el domingo sobre su segundo mandato, Trump se comprometió a “poner fin” a los conflictos en Ucrania y Oriente Medio.

“Pondré fin a la guerra en Ucrania. Detendré el caos en Oriente Medio y evitaré, lo prometo, la Tercera Guerra Mundial. Puedo proclamar con orgullo que la edad de oro de Estados Unidos ha llegado”, definió.

Con información de agencias.

IG

Scania Argentina celebró la graduación de la sexta edición de “Conductoras”, el programa de capacitación intensiva que forma a mujeres para ingresar al sector de transporte de carga y que ya cuenta con 72 egresadas. Nacida originalmente en Argentina, la exitosa iniciativa trascendió fronteras y ya fue replicada en otros mercados de Latinoamérica y Europa.

A la fecha, más de 150 mujeres han sido capacitadas en la región de Américas, con 50 egresadas en México, 24 en Perú y 11 en Chile, y está próximo a replicarse en Colombia. Asimismo, el programa que busca reducir la brecha de género en un sector históricamente masculinizado también llegó a Europa, con la primera edición de “Conductoras” llevada a cabo en Ucrania en 2023.

La ceremonia de entrega de diplomas que se llevó a cabo en Argentina contó con la presencia de familiares de las nuevas egresadas, directivos de Scania, FPT y FADEEAC, así como transportistas, dadores de carga y representantes de YPF y Cervecería y Maltería Quilmes, empresas que apoyan el programa como sponsors. Las 12 nuevas conductoras provienen de distintos puntos del país, incluyendo CABA, Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Neuquén, Salta y Río Negro.

“En el sector del transporte, un equipo diverso no solo mejora la toma de decisiones, sino que también potencia la eficiencia y la innovación, contribuyendo a lograr mayores resultados y enfrentar los retos de la industria con una visión más amplia y creativa”, señaló Oscar Jaern, CEO de Scania Argentina, y agregó: “Es fundamental para nosotros impulsar iniciativas que promuevan la diversidad, la equidad y la inclusión a través de la formación profesional, que abre la posibilidad a una salida laboral digna”.

Actualmente, menos del 1% de las licencias de transporte de carga en Argentina pertenecen a mujeres, y en 2021 se reportó un 8,6% de puestos de conducción sin cubrir, reflejando la alta demanda de profesionales calificados en el sector.

JM

Maribel Rodríguez se puso en contacto con la persona indicada en la frontera, en la ciudad boliviana de Yacuiba. Le dieron el paquete y la promesa: 700 dólares. “Tenía que adosarlo a mi panza”, recordó. Decía que sí a todo, era la primera vez que hacía algo parecido. Nunca había estado en una situación así. 

Emprendió viaje desde Salvador Mazza, provincia de Salta, frontera seca con Yacuiba, con destino a Córdoba, acompañada de un kilo de cocaína y de su hijita. A cada paso la consumían un poco más los nervios y la culpa.

En Jujuy, un operativo protocolar de Gendarmería frenó el micro. La requisaron: 998 gramos de cocaína. Quedó detenida y la imputaron por transporte de cocaína, un delito penado con entre cuatro y 15 años de cárcel.

Pero paradójicamente fue absuelta. Mario Juárez Almaraz, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, la exculpó. El magistrado acogió los fundamentos de la defensa pública: el contexto en el que vivían ella y sus hijos no le había dejado otra opción que transportar la cocaína. Algo que en el derecho penal se conoce como “estado de necesidad justificante o exculpante”.

La imputada había sufrido una salvaje violencia de género durante seis años. No tenía el secundario completo, tampoco había accedido al mercado laboral formal. Sus ingresos eran mínimos, ni ella ni sus hijos gozaban de cobertura médica.

Pero el gran detonante para la absolución fue otro: la malformación congénita de su hija en la mano izquierda. Cuando Maribel la llevó al Hospital Materno Infantil de Salta, los médicos le advirtieron que cuanto más se postergara la cirugía, menos posibilidades tenía la niña de recuperar la mano.

“El accionar de Rodríguez estuvo justificado porque, con aquel, intentó darle calidad de vida a su hija y la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la posicionó frente al delito como única alternativa posible”, concluyó el juez Juárez Almaraz en su fallo absolutorio.

Ante la disyuntiva, Maribel eligió el mal menor. ¿Transportar un kilo de cocaína o que tal vez su hija nunca pudiera recuperar la funcionalidad de la mano? El inciso tercero del artículo 34 del Código Penal de Argentina estipula que no habrá castigo para quien cometa un mal con el fin de evitar otro mayor. 

Maribel recuperó la libertad, mas no la calma. El fiscal federal subrogante Sebastián Gabriel Jure apeló la absolución. El 10 de diciembre de 2019 el caso recayó en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. Los magistrados Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Juan Carlos Gemignani dieron vuelta el veredicto. 

En esta segunda instancia y ya en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el tribunal falló por mayoría a favor de la postura del fiscal Jure, y los jueces decidieron mayoritariamente condenar a Maribel Rodríguez por el delito de transporte de cocaína. 

Por lo general, las reclutan señoras conocidas de un conocido. O directamente ni las conocen y las cruzan en la calle para ofrecer el trabajo. Cuando las detienen no saben nada, ni quién las contrató ni de dónde sale la droga.

Matías Gutiérrez Perea. — Coordinador de las unidades del Ministerio Público de la Defensa en Salta y Jujuy.

El Ministerio Público Fiscal esgrimió que, si bien la acusada había sido víctima de violencia de género, no recibía agresiones al momento de cometer el delito porque la relación con el padre de sus hijos había terminado meses atrás. Argumentó también que existen hospitales públicos donde podría haber tratado la malformación. Y que la nena no se encontraba en una situación de vida o muerte que justificara la urgencia de conseguir dinero a cualquier costo.

Ante la condena, llegó también la apelación de la defensa. Otra sala de la Cámara Federal de Casación Penal, la Sala II, anuló la condena y ordenó que un juez volviera a revisar el caso y le pusiera punto final. 

Así fue que el expediente llegó a las manos de Ángela Ester Ledesma, jueza de Casación, quien volvió a absolver de culpa y cargo a Maribel Rodríguez el 5 de marzo de 2021. La jueza desarmó los fundamentos del fiscal Jure. “Desconocer la situación de necesidad que primó sobre Maribel Rodríguez implica caer en una mirada sesgada del caso, carente de toda perspectiva de género, propia de las estructuras androcéntricas”, se lee en el fallo.

Según la jueza, el fiscal Jure había omitido que para atenderse en el hospital infantil de Salta, Maribel y su hija tenían un viaje de 14 horas ida y vuelta. Les era imposible sostener económicamente la operación que podría costar hasta 4.500 dólares más la estadía de la internación. Si bien Maribel no era golpeada por su ahora ex pareja al momento del delito, seguía sufriendo violencia económica y psicológica, argumentó Ledesma.

La causa contra Maribel pasó por las manos de cinco jueces. Tres concluyeron que no correspondía condenarla. 

Después de la última sentencia, Maribel recuperó las riendas de su vida. Ya alejada de los vaivenes de los tribunales, conoció a su actual pareja y fue mamá por tercera vez. Sigue viviendo en Salvador Mazza, a pasos de la frontera que le enseñó cómo funciona la saña injusta con el último eslabón del tráfico de cocaína, las mujeres más necesitadas son piezas tan importantes como descartables para el crimen organizado. 

Maribel no logró juntar el dinero para tratar a Zamira, que está en segundo grado y tiene una maestra especial que la ayuda a adaptarse y mejorar todo lo posible la funcionalidad de su mano izquierda. 

Un negocio redondo para los narcos

Bolivia y Argentina comparten 742 kilómetros de frontera. Buena parte del contrabando pasa por ahí, incluidos los pequeños cargamentos de entre uno y ocho kilos de cocaína en el cuerpo de las mujeres.

Cada semana son detenidas unas diez mujeres, que la prensa y la policía llaman “mulas” o “bagayeras” y que viajan desde los pasos de frontera de Salta y Jujuy, según el Ministerio Público de la Defensa.

El crimen organizado mueve la cocaína con mujeres porque es una opción económica y segura. Cada una recibe un pago de entre US$600 y US$1.000 por viaje, posiblemente mucho menos que lo que costaría garantizar la logística a través de una cadena de coimas a quienes tienen a cargo los controles, coinciden actores de la Justicia.

El accionar de Rodríguez estuvo justificado porque, con aquel, intentó darle calidad de vida a su hija y la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la posicionó frente al delito como única alternativa posible.

Juez Juárez Almaraz.

Ser “mula”, recordó Maribel al teléfono, “era algo que pagaba bien”. Después de que Maribel le contara los habituales episodios de violencia a una “amiga”, después de que se mostrara dispuesta a todo para conseguir el dinero que le devolviera la funcionalidad de la mano a su hija, le llegó la propuesta para juntar mucho dinero en poco tiempo. 

Que la cocaína cruce fronteras en el cuerpo de las mujeres es un método seguro para el capitalista. Las organizaciones “buscan personas con necesidades a quienes les sea imposible decir que no. Y esa persona casi nunca conoce quién la contrató”, dijo Eduardo Villalba, titular de la Unidad Fiscal Federal de Salta. “En una causa que tuve en Jujuy, había una persona que buscaba mujeres que tuvieran familiares enfermos”, explicó Villalba. 

A los tribunales fronterizos llegan “muchas mujeres de Bolivia, de comunidades aborígenes inclusive, algunas sólo hablan quechua, vienen de situaciones de vulnerabilidad de toda naturaleza. Las captan y las mandan para acá”, dijo Matías Gutiérrez Perea, coordinador de las unidades del Ministerio Público de la Defensa en Salta y Jujuy.

Jefas de familia, jóvenes, sin antecedentes, víctimas de violencia de género, sin estudios completos ni posibilidades de salida laboral. Casi todas las mujeres que resultan detenidas por contrabandear cocaína son representadas por un defensor público ante la Justicia. “Por lo general, las reclutan señoras conocidas de un conocido. O directamente ni las conocen y las cruzan en la calle para ofrecer el trabajo. Cuando las detienen no saben nada, ni quién las contrató ni de dónde sale la droga”, relató Gutiérrez Perea, quien, como defensor de oficio, representó a Maribel Rodríguez ante el Tribunal de Jujuy en el que la absolvieron en primera instancia. 

Desconocer la situación de necesidad que primó sobre Maribel Rodríguez implica caer en una mirada sesgada del caso, carente de toda perspectiva de género, propia de las estructuras androcéntricas.

Fallo judicial.

“Nadie transporta droga para comprarse un celular nuevo. Todos los casos se explican por necesidades que no se pueden solventar por el camino legal”, sintetizó Gutiérrez Perea.

Estas mujeres aceptan cometer el delito confiadas en que no van a ser detenidas: es un fenómeno que existe hace décadas, según el coordinador de defensores públicos.

Las condiciones de vulnerabilidad llevan a límites mortales a estas mujeres. Algunas aceptan transportar la cocaína dentro de sus cuerpos, dosificada en cápsulas. Un envoltorio roto puede ser fatal.

Por suerte, entre 2023 y el primer trimestre de 2024 no se registraron casos en Salta y Jujuy. La metodología desapareció del radar de la Justicia después de que en 2022 ocurriera la muerte de Rosana López. Una de las 74 cápsulas que llevaba en el estómago explotó mientras viajaba en un micro a la provincia de Chaco acompañada por Jessica Nahir Figueroa, encargada de vigilar y coordinar la operación. Cuando bajaron del micro las esperaba otro miembro de la banda propietaria de la cocaína. Juntos intentaron sin éxito que expulsara las cápsulas del cuerpo y durante casi dos días la privaron de recibir atención médica. Cuando advirtieron que no tenían forma de salvar las cápsulas, arrojaron su cadáver a un costado de la ruta 26.

El 10 de mayo pasado Figueroa fue condenada a 10 años de cárcel por el transporte de la droga en el estómago de la víctima. Pero tanto ella como su colaborador resultaron absueltos del homicidio en primera instancia. Esta sentencia será revisada en Casación.

Todos los casos se explican por necesidades que no se pueden solventar por el camino legal.

Matías Gutiérrez Perea — Coordinador de las unidades del Ministerio Público de la Defensa en Salta y Jujuy.

La complejidad de la frontera

“A esta altura, nadie en esta jurisdicción aplica todo el peso de la ley a una ‘mula’. Pero es algo que sí hemos hecho años atrás”, reconoció el fiscal Eduardo Villalba. 

“Hoy no existe un fallo de una mujer donde no se cite la perspectiva de género. Hace cinco años atrás no estaba en el mapa del Poder Judicial usar esta herramienta para analizar la situación de las mujeres”, afirmó Gutiérrez Perea.

Las mujeres que participan del tráfico de cocaína tienen un panorama distinto cuando se enfrentan a los tribunales. Las argentinas pueden optar por aceptar su culpabilidad, en juicio abreviado, y ser sentenciadas sin pasar por la cárcel. La otra alternativa es ir a debate oral para conseguir la absolución, como ocurrió con Maribel. Pero la defensa debe probar el estado de necesidad justificante.

Para las imputadas extranjeras se abre un capítulo aparte, ya que, como están de paso por el país, no tienen recursos, domicilio ni familia en el lugar donde están siendo juzgadas. En un contexto de cárceles que no están preparadas para alojar mujeres, como sostiene Macarena Fernández Hofmann, coordinadora de política criminal y violencia en el encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), lo que se empezó a hacer es a flexibilizar el acuerdo entre las partes para que se desarrolle un juicio abreviado, generalmente con condenas por debajo de la mínima, y para que se proceda a decretar la expulsión anticipada de las mujeres extranjeras. El principal impedimento para esto es el artículo 64 de la Ley de Migraciones (Nº 25.871), que ordena cumplir la mitad de la pena antes de la expulsión, escollo que las defensas atacan cuando hay chicos a cargo, con el argumento de la superioridad normativa de la Convención de los Derechos del Niño y de la necesidad de reunir a las madres con sus hijos. 

Si bien las salidas para las imputadas extranjeras por transportar droga no están exenta de detractores y de críticas, existen transformaciones relevantes en el tratamiento de esas causas y de las de las argentinas. Con la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) en Salta y Jujuy, más la capacitación de los actores judiciales a través de la Ley Micaela, dos políticas que se aplicaron desde 2019, comenzó a notarse en los fallos referidos a esta temática un claro cambio de tendencias.

El trato mano a mano con las personas propulsó la modificación. “Nos cambió la óptica, ahora tenemos una Justicia con rostro. Estamos cara a cara con la imputada y el juez. Así uno se da cuenta de aquellos casos dramáticos de extrema vulnerabilidad. Yo fui fiscal 20 años con el otro sistema, y lo único que veías era el expediente. Te cambia diametralmente conocer a la persona, la audiencia le da otra sensibilidad al caso”, completó Villalba.

“Puede haber una pequeña resistencia todavía, pero ya no queda ningún juez o fiscal sin citar la perspectiva de género. Discutimos los alcances, pero hay un avance tremendo”, opinó el defensor Gutiérrez Perea.

En cuanto a Maribel Rodríguez, hay algo que, después de haber pasado por el criterio de cinco jueces y haber estado privada de la libertad en su casa durante ocho meses, hasta hoy la sorprende: “Ni los gendarmes que me detuvieron, ni el fiscal, ni nadie jamás me preguntó quién me dio la droga o si tenía algún jefe”.

*Iago Vieyra elaboró esta crónica con el acompañamiento de la Red Federal de Periodismo Judicial. La pieza forma parte de la investigación “Mujeres y microtráfico de drogas, punto ciego de la Justicia argentina” (Julio de 2024). Se trata de un proyecto de la Red apoyado por el Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas (FINND) de la Fundación Gabo y Open Society Foundations.

ED

El avance de la investigación contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por abuso sexual contra una excolaboradora del municipio va dejando esquirlas en el peronismo y tensiona nuevamente la disputa interna.

La presencia de Axel Kicillof en un acto junto al acusado un día después de conocerse el procesamiento dejó al gobernador expuesto a las viejas canciones de la política. Cinco días después se vio obligado a hablar. Pidió que actúe la justicia y señaló que él no puede saber “la situación de cada uno en su faz privada”. 

¿Qué quieren que haga? Se preguntan en La Plata, para defender el accionar del gobernador con mayor proyección nacional dentro de un peronismo que no encuentra un discurso claro de apoyo a las víctimas en estos casos.

A Kicillof le costó esta semana sobrevolar la crisis bonaerense que se autogeneró con su presencia en La Matanza, que derivó en que incluso el jueves se suspendiera un acto que tenía previsto hacer en la gobernación para inaugurar la escuela de Género, Gobierno y Comunidad. “Se cayó el techo del salón”, argumentaron sus allegados. 

Su ministra del área, Estela Díaz, esbozó una explicación de corrección jurídica para referirse al procesamiento, con un pedido de celeridad a la Justicia. Y el colectivo Actrices Argentinas les reclamó a ambos que rompieran el silencio. Los dos lo hicieron, recién después de la presión social.

La semana terminó con un comunicado del Frente de Mujeres de La Cámpora, donde pesa Mayra Mendoza, en el que la agrupación se desmarcó de la posición del gobernador, apuntado por su presencia junto a Espinoza. “Nunca vamos a callar ante las violencias ni a encubrir abusos sexuales”, salieron a diferenciarse en el momento justo en que el silencio se convertía en una posición política.

Cerca de Kicillof siguen justificando su presencia en La Matanza para entregar 50 patrulleros como parte de la agenda de seguridad del gobernador. “Cancelarlo hubiese sido peor”, argumentó un colaborador. No los agarró desprevenidos. Sabían y eran conscientes, según lo que pudo reconstruir elDiarioAR entre sus allegados, que la presencia de Kicillof podía tener una repercusión negativa. Decidieron correr el riesgo igual. Como quien se pone solito delante de un ventilador, con un tarro de barro al frente. Hay un dato que resulta insoslayable. Espinoza se convirtió en los últimos meses en uno de los alfiles del gobernador dentro del grupo de intendentes que lo apoyan y enfrentó en varias oportunidades a Máximo Kirchner en las reuniones partidarias en las que se definía el rumbo del peronismo bonaerense. 

“Me parece que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Tendrá que ejercer su derecho a la defensa como corresponde, se tiene que respetar el debido proceso como corresponde, y la justicia tiene que determinar si efectivamente tuvo alguna culpabilidad en la materia”, respondió Carlos Bianco, jefe de asesores de Kicillof, en una entrevista radial, el jueves. En el caso de Martín Insaurralde, que era ministro del gabinete de Kicillof, sólo las fotos de aquel obsceno viaje de lujo en yate a Marbella fueron suficientes para despegarlo del gobernador. Recién después avanzó la causa. 

El peronismo quedó expuesto a sus propias contradicciones. “Somos la única provincia del país que tiene una ministra de la Mujer”, se defienden en La Plata. 

El debate interno explota por estos días en los chats de whatsapp de las mujeres del amplio abanico peronista kirchnerista. Son los espacios feministas los que están poniendo la cara, como si fueran responsables ellas de expresarse. Las estructuras partidarias comandadas por varones no tienen nada para opinar. 

Las mayores referencias hoy del peronismo quedaron expuestas por el caso Espinoza. A la presencia de Kicillof en La Matanza se sumó el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. Ese mismo día, las principales espadas legislativas quedaron atrapadas en una discusión reglamentaria, atendible. Pero el debate terminó por amontonar al peronismo del lado del acusado. Fue cuando en plena sesión, la diputada Silvia Lospennato (Pro) coló un pedido de apartamiento del reglamento para repudiar a Espinoza. Ese pedido no tenía expediente. Ni número, ni un texto. Cecilia Moreau (UP) pidió un cuarto intermedio para incorporar, junto a Mónica Macha, la presidenta de la Comisión de la Mujer, una resolución conjunta, pero Lospennato las apuró y con la complicidad del presidente del cuerpo, Martín Menem, terminó forzando una votación. El resultado fue 118 a favor de apartarse del reglamento para un repudio futuro, 85 en contra (todos de Unión por la Patria) y 9 abstenciones, entre peronistas y la izquierda.  

El malestar en la bancada de UP crece con el correr de las horas. A la astucia de Lospennato, que fueron incapaces de contrarrestar, se suma ahora cierta resistencia interna a avanzar efectivamente con la redacción de algún tipo de proyecto de resolución para manifestarse sobre la causa. “Hay un temor a que el tema tensione más la interna. Algunos piden esperar que el tema baje, pero es un silencio que aturde”, manifestó una referente feminista del espacio. “El que resquebraja nuestro espacio político es el abusador, no nosotras que queremos repudiarlo”, insisten quienes están promoviendo algún tipo de pronunciamiento. 

Fuentes con manejo del bloque dijeron a elDiarioAR que no hubo una coordinación entre lo que hizo Kicillof y el resultado de la votación parlamentaria. “Ni lo sabíamos. Acá no hay coordinación, nos agarraron en frío”, explican. 

Para el movimiento feminista integrado dentro del peronismo es cada vez más difícil instalar los temas de género. “Volvimos a ser un espacio en desarrollo”, se lamenta una diputada del principal bloque opositor.

En el medio, algunos sectores empezaron a plantar sospechas. “Eso se inscribe en una operación política, sin duda. En el caso de La Matanza tendrá que actuar la Justicia, pero se sabe que hay irregularidades. Entiendo que no hay elementos nuevos que ameriten el pedido que hizo la funcionaria judicial”, dijo Andrés Larroque, ministro y armador político de Kicillof. Por ahora fue el único que eligió ese camino.

Además de La Cámpora Mujeres, también condenó el hecho el espacio de Nuevo Encuentro Géneros y Disidencias. “El caso implica a un dirigente en la función pública y exige un esclarecimiento eficaz”, reclamaron y pidieron un “acompañamiento a la mujer denunciante”. 

Cristina Fernández de Kirchner tampoco dijo nada. Tuvo una esporádica participación en TikTok esta semana para mostrar la presentación de un libro en el Instituto Patria. Y no hubo pronunciamientos tampoco del Frente Renovador.  

MV/DTC

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) creó la Biblioteca de las mujeres, géneros y diversidad, para poner a disposición pública el archivo de la editorial del exMinisterio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que funcionó desde 2019 hasta el año pasado.

“Creemos que disponibilizar estos materiales tiene que ver con la construcción de alternativas hacia el futuro. No se puede borrar con un decreto el lenguaje inclusivo, y no se puede borrar con un decreto años de conocimiento acumulado. Hoy no están disponibles en la página del Gobierno nacional, sí lo están en la página de CLACSO”, explicó Karina Batthyány, Directora Ejecutiva de esa institución.

El propósito de esta nueva Biblioteca “consiste en impulsar transformaciones socioculturales que nos acerquen a una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias por motivos de género”, informó Clacso en un comunicado.

“En CLACSO hemos respaldado toda la producción del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creando un espacio que queremos difundir, un espacio en el que están todos los materiales disponibles y con acceso abierto, para todos, todas, en Argentina y también para la región latinoamericana y caribeña, y del mundo, con la garantía de que no van a desaparecer”, agregó Batthyány.

La biblioteca, que se propone como un espacio de consulta, participación activa, cooperación y diálogo con la sociedad civil, las organizaciones sociales y el ámbito académico, está compuesta por seis colecciones.

Estas son: XYZ, con publicaciones que ofrecen conceptos básicos y lineamientos de las temáticas abordadas por el ministerio; XYZ+, con publicaciones que indagan sobre aspectos específicos, intersecciones y cruces del género y la diversidad con otros campos; y Recursos para la acción, con guías, protocolos y manuales para la implementación de programas, pautas para actuar e incidir en la agenda pública desde la perspectiva de género y diversidad.

Las otras colecciones son Ley Micaela, publicaciones destinadas al fortalecimiento de la implementación de la ley para potenciar la formación de agentes de la Administración Pública Nacional; Sala de ensayo: “escritorxs, artistas y pensadorxs contemporáneos reflexionan y ensayan discursos, preguntas y lecturas posibles sobre género, diversidad e igualdad”; y Descifrar, con datos y estadísticas de consulta dinámica y actualizada con perspectiva de género y diversidad.

El 11 de diciembre de 2023 el gobierno de Javier Milei designó a Sandra Pettovello como ministra de Capital Humano, área en la que se creó la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género luego de disolver al Ministerio de Mujeres.

Al día de hoy el sitio oficial de esa Subsecretaría, desde el 19 de febrero a cargo de Claudia Barcia, solo tiene una leyenda: “Estamos actualizando los contenidos del sitio en el marco de la implementación del Decreto 8/2023”. Y los únicos servicios que muestra son la Línea 144 y el buscador de Centros de Atención para Mujeres y LGBTI+.

CLACSO en la Feria del Libro

Fuente: somostelam.com.ar

IG

Cuando cuidamos hacemos esas tareas indispensables que posibilitan la vida de cada persona y el mantenimiento de la sociedad. Nos autocuidamos (nos alimentamos, higienizamos), cuidamos a otras personas (especialmente a quienes lo necesitan por su edad como niños, niñas y adolescentes o personas mayores), generamos las precondiciones para cuidar (preparamos alimentos, limpiamos el hogar en común) y gestionamos la vida cotidiana (coordinamos horarios, traslados, citas a centros de salud). Estas tareas históricamente fueron asumidas por las mujeres, sin remuneración y sin que se valorara mucho el tiempo y esfuerzo que conllevan, con impacto directo en su organización económica, social y política y sobre su autonomía. Así se fue conformando una injusta división sexual del trabajo (productivo y de cuidado). 

La definición del cuidado como trabajo fue parte de las contribuciones de robustas investigaciones feministas que demuestran que estas tareas producen valor económico y contribuyen directamente al producto interno bruto de los países, entre 15 y 27 puntos en América Latina. En promedio, las mujeres de la región trabajan el doble del tiempo que los varones, especialmente en tareas de cuidado, aunque no se reconocen en todo su aporte. A su vez, justamente como parte de esa injusta división sexual del trabajo, las mujeres generalmente tienen trabajos informales y precarizados, lo que genera que junto con los niños, niñas y adolescentes sean las más afectadas por la pobreza.

En promedio, las mujeres de la región trabajan el doble del tiempo que los varones, especialmente en tareas de cuidado, aunque no se reconocen en todo su aporte

El cuidado no es sólo un trabajo: el cuidado es un derecho. Históricamente, las leyes regularon las diversas prácticas de cuidado al interior de las familias pero reproduciendo sesgos de género. Un ejemplo fue la figura de la patria potestad, que en Argentina otorgaba a los varones el derecho de decidir sobre los hijos en común (elegir su nombre, definir su escolaridad, establecer el lugar de vivienda) hasta que fue modificada en 1985 para dar lugar a un derecho compartido entre ambos progenitores. Con la reforma posterior de 2015 se consolida un paradigma más igualitario en la regulación del derecho civil bajo el concepto de responsabilidad parental. 

El otro ámbito regulatorio por excelencia fue el derecho laboral y de la seguridad social. En un empleo formal, el tiempo (licencias), dinero (transferencias) e infraestructura (espacios de cuidado) también se destinan centralmente a las mujeres. En Argentina, bajo la Ley de Contrato de Trabajo los varones sólo disponen de dos días de licencias por nacimiento de hijas o hijos, menos que por mudanza o días de estudio. Los esquemas de protección social con los Programas de Transferencias Condicionadas de ingresos (PTCI) también vinculan la prestación a una posición (madre, pobre, vulnerable). Es decir, cuando existen prestaciones reconocidas, el universo de aplicación se concentra en las mujeres en su condición de madres, eludiendo las obligaciones de los varones como también las responsabilidades de otros actores a quienes corresponde proveer cuidados: el Estado, el sector privado y las organizaciones sociales y comunitarias que, junto a las familias, conforman el diamante del cuidado, como lo llama la literatura especializada.  

Buscando sortear estos límites y luego de un proceso regional de identificación de obligaciones ya existentes en Pactos y Tratados Internacionales, en enero de 2023, la República Argentina elevó una solicitud de Opinión Consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que recupera anteriores desarrollos y solicita al máximo Tribunal regional que se explaye sobre el alcance de las obligaciones de los Estados. Además, solicita que se aclare bajo qué estándares concretos debe respetarse, garantizarse y efectivizase el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo lugar a esta solicitud y habilitó un proceso de participación de lo que se conoce como “amicus curiae” (amigos y amigas del Tribunal) para que durante un plazo pudieran remitir documentos que ofrezcan argumentos, doctrina, interpretación y evidencia empírica que resulten útiles en la tarea encomendada a la Corte. 

En el mes de noviembre, la Corte recibió cerca de 130 escritos de amicus elaborados por gobiernos de la región (Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay), organismos de los ministerios públicos de varios países, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Mujeres (CIM), organismos especializados de Naciones Unidas (CEPAL; ONU-Mujeres, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), Universidades latinoamericanas y europeas, organizaciones de la sociedad civil, feministas y de derechos humanos, colegios de magistrados/as, de abogados/as y un amplio número de personas interesadas en la agenda de cuidados.  No es habitual que haya un flujo de esta magnitud de documentos elaborados para estos espacios, lo que muestra el interés que despierta esta agenda. La abrumadora mayoría sostiene la necesidad de que la Corte interprete con amplitud el derecho al cuidado como un derecho autónomo y de satisfacción inmediata por parte de los países. 

Desde ELA, convocamos a nivel regional y local a profesores/as de iberoamérica, investigadores/as, defensores de derechos humanos, organizaciones feministas, personas destacadas por su accionar en la defensa de los derechos, magistrados/as, integrantes de comités de monitoreo internacional y ex comisionados/as de la CIDH, entre otros, para elaborar un documento conjunto que desarrolla con solvencia jurídica los fundamentos del derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, ofreciendo elementos vinculados a la fijación de estándares de implementación, monitoreo y jurisprudencia para acompañar el proceso del máximo tribunal regional. 

Hace pocos días se llevó adelante en San José de Costa Rica una serie de audiencias para escuchar los argumentos orales de quienes participaron en el proceso como amigos del tribunal. Con la participación de 70 delegaciones, incluyendo la vicepresidenta de Colombia, Francia Marquez se llevó adelante una defensa profunda de la relevancia de los cuidados y su reconocimiento con derecho. La República Argentina, como estado solicitante, reafirmó el valor de esta consulta y la necesidad de establecer con claridad obligaciones, comprometiéndose en lo que respecta a garantizar y satisfacer el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado.

Con la escucha respetuosa y atenta de las 7 juezas y jueces que integran la Corte Interamericana, se produjo un diálogo con las delegaciones presentes, con preguntas precisas y respuestas concretas sobre la relevancia del trabajo de cuidados y su reconocimiento como derecho de cada persona. Con claridad, definimos que no estamos ante un derecho emergente sino con un derecho que fue invisibilizado por casi un siglo, pero que las demandas sociales, políticas y feministas han permitido su identificación. 

El proceso queda ahora en manos de la Corte. Cuando emita su Opinión Consultiva 31 podrá marcar un cambio de agenda a nivel regional e internacional ya que reforzará el carácter pionero que ha tenido América Latina en reconocer y obligarse respecto a los cuidados.  

Se trata de un proceso que lejos de ser estático es parte de una agenda global de cuidados que debemos fortalecer y demandar respuestas institucionales urgentes para garantizar el reconocimiento, respeto y garantías concretas para que cada persona pueda ejercer su derecho a cuidar, a ser cuidada y al autocuidado. 

La autora es investigadora CONICET especialista en cuidados y presidenta de ELA.

El mes pasado la inflación arrojó el 20%, una familia tipo necesitó $596.823 para no ser pobre, y entre $208.000 y $266.000 para criar un hijo de entre 0 y 12 años. La semana pasada el gobierno nacional anunció, de manera intempestiva aunque para sorpresa de nadie, que se iba a prohibir el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la Administración Pública Nacional. Solo unos días antes de que Manuel Adorni —el vocero del primer presidente liberal-libertario de la Argentina— anunciara esta prohibición, la UCA estimaba que la pobreza ya estaba en el 57,4%.  

En este escenario, para quienes piensan que el lenguaje inclusivo es solo la letra “e” y una flagrante violación de las reglas ortográficas de la RAE, es muy posible que esta prohibición signifique algún tipo de restauración simbólica. Una roca más en el espíritu refundacional del país. Para el gobierno, todo lo que sea ir en contra de estos caprichitos de mujeres que avanzaron con su agenda de nicho demasiado rápido le significa acumular y fidelizar en el imaginario de su núcleo duro. Por parte de las voces progresistas u abiertamente opositoras al gobierno, la primera reacción que se escuchó frente al anuncio fue esperable. El tren de pensamiento es, a grandes rasgos, el siguiente: ante los problemas económicos acuciantes, ir en contra del lenguaje y la perspectiva de género aparecen como la tapadera perfecta a los problemas reales. 

Bajo esta mirada, el razonamiento es claro: billetera mata cultura. Las condiciones materiales matan las palabras. En definitiva, todos estos problemas flotan en el limbo simbólico de la batalla cultural y lo simbólico es el lugar de lo poco importante, porque con lo simbólico no se come ni se cura. El gobierno tapa la profunda crisis social, el gobierno tribunea, el gobierno le vende espejitos de colores a sus votantes mientras profundiza el durísimo ajuste que también recae sobre esos votantes. Es difícil no estar de acuerdo con este razonamiento, pero no es el único tren al que nos gusta subirnos. 

Propongamos otra idea: cultura y billetera van juntas. Primero, porque “prohibir” la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo en la APN no es “tapar”: es una manera de decir “vamos por todo”. Se trata de un ejercicio de construcción de un “ellas” para robustecer un “nosotros”. La “e” y la “a” cayeron dentro del ajuste, pero también pueden caer la interrupción voluntaria del embarazo, la ley de paridad y toda la política de salud sexual y reproductiva. Segundo, porque la vulnerabilidad pega más fuerte entre las mujeres y para abordarla necesitás tener al menos un par de anteojos que no las ignore…Y lo que no se nombra, no existe. 

Una letra no tapa el sol, pero quizás es una parte importante del sol. Veamos algunos indicadores. Ser mujer eleva 65% la probabilidad de ser pobre, según datos de la Universidad Nacional de Córdoba para 2023. Una mujer que no posee los ingresos suficientes o directamente está desocupada, es decir, una mujer que está más lejos de la autonomía económica, es una mujer con más probabilidades de sufrir violencia de género. La violencia se asienta sobre la desigualdad y su consecuencia final son los femicidios. En ese sentido, el congelamiento de programas como el Potenciar Trabajo (congelado por lo menos hasta que la mediación de los movimientos sociales sean reemplazada por mediaciones institucionalmente “más aceptables”), cuyas beneficiarias son en 65% mujeres, es un ataque tanto a la autonomía de las mujeres como a su integridad. Lo mismo podemos decir del destino incierto del Acompañar, un programa que, aunque muy insuficiente, por primera vez reconocía el círculo interminable entre desigualdad y violencia y otorgaba un salario mínimo vital y móvil a las mujeres en situación de violencia durante 6 meses. Y por supuesto que tenemos que decir lo mismo del Registradas, el programa que aseguraba el pago del 50% del salario por convenio a las empleadas de casas particulares durante 6 meses para promover su registro, y que también se dio de baja. Esta política protegía un sector que está ilegalizado en casi un 75%. Y por último, pero no menos importante, tenemos que mencionar que las jubilaciones están sufriendo los vaivenes de la suspensión de la fórmula y la amenaza constante sobre revisar las moratorias de los últimos años. Adivinen quiénes son mayoría en la población de adultas mayores (así con “a”) que acceden a un haber previsional, gracias en parte a las moratorias de los últimos diez años y al reconocimiento de aportes por tareas de cuidado de los últimos tres años.

El lenguaje y la perspectiva de género no son espejitos de colores. Que quede claro: la ausencia de perspectiva de género en la política pública nos lleva a profundizar la catástrofe social que está provocando este ajuste. Mientras el gobierno le habla al núcleo duro de la galería mileísta y sus alrededores, lo que se está recortando para corregir el déficit fiscal está afectando mayoritariamente a las más vulnerables. Según un trabajo que realizó ACIJ, el gasto en lo que va de 2024, es un 33% más bajo en términos reales que el año pasado, mientras que la reducción del gasto general es del 24%. Si recortamos las políticas que promueven la autonomía económica, atienden integralmente las violencias e intentan garantizar ciudadanías más plenas, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? 

* La autora es directora de Géneros de Fundar

El Gobierno Nacional anunció hoy que se avanzará en la prohibición de la utilización del lenguaje inclusivo y “todo lo referente a la perspectiva de género” en la administración pública nacional. El vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó que ya no se podrán usar la letra e, el @ y la x. Además, agregó que se deberá “evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos”.

Durante la conferencia de prensa habitual, Adorni justificó la medida alegando que “las perspectivas de género se han utilizado como negocio de la política”. El movimiento de mujeres y diversidades rechazó la medida y advirtió sobre el retroceso cultural, social y de derechos humanos que provoca. “Tiene un implicancia concreta en términos de la posibilidad de nombrar otras identidades de género”, le dijo la referenta del colectivo Ni Una Menos Luci Cavallero a elDiarioAR.  “Ha sido una política importante en relación a que el Estado reconozca la existencia de otras identidades de género y se ponga en cuestión el universal masculino que históricamente ha invisibilizado y negado la participación de las mujeres en los espacios de poder. También la negación de una parte de la población que nunca fue nombrada ni tenida en cuenta como hacedora y como parte de este país”, agregó la socióloga.

Cavallero incluyó este anuncio dentro de la crisis que vive el país, como un intento de desviar y focalizar el malestar en el movimiento feminista. “Lo hace también con referentes sociales y sindicales, con lo cual hace que la discusión pública se centre en la estigmatización y criminalización de determinados movimientos”, agregó.

En ese sentido también se pronunció la economista Mercedes D’Alessandro, exdirectora Nacional de Economía, Igualdad y Género de la Nación , que sostuvo que es una forma de desviar la atención sobre la política económica. “Nos distraen con mil cosas. Que prohíban todas las E que quieran pero que den de comer a la gente. Es tremendo el nivel de pavada. Le dan centralidad al lenguaje inclusivo para darle de comer a sus seguidores porque no tienen logros económicos que mostrar”, declaró a este medio. 

Por su parte, la activista trans y exfuncionaria del Ministerio de Mujeres Alba Rueda denunció que la prohibición afecta el reconocimiento de ciudadanías que son diversas y atenta contra el derecho a la identidad. “No es solamente en el plano de los usos del lenguaje, tiene implicancias en el ejercicio de la ciudadanía, sobre todo cuando fueron derechos reconocidos y se quitan”,  dijo en diálogo con este diario.

En Argentina existen la Ley de Identidad de Género, del año 2012, y el Decreto 476, del 2021, que reconoce a las identidades no binarias en el documento de identidad y en el pasaporte. “Ya hay un reconocimiento de la ciudadanía que es por fuera del binarismo, ya hay una posición de Estado que se refiere a este grupo poblacional. Con este decisión, el Ejecutivo excluye a un sector de la ciudadanía de los documentos oficiales y lo que hace es seleccionar a quienes sí les reconoce los derechos”, agregó la activista.

Al ser consultado sobre las identidades que no están representadas en el género masculino, Adorni sostuvo que no es un debate que le interese al Gobierno. “El lenguaje que contempla a todos los sectores es el que utilizamos en la lengua castellana, es el español”, respondió. En este punto también hay críticas. “Lo que se pretende aniquilar es la discusión socio política argumentando desde la gramática y desde la Real Academia Española (RAE)”, afirmó la periodista especializada Norma Loto, autora del libro “La lengua no se calla” (Sudestada).

“Esta decisión no es de cotillón, implica el intento de la aniquilación de sentido y de los derechos de la otredad. Se argumenta desde la RAE y la Academia de Letras que esto apunta sobre lo gramatical, pero la RAE nunca vio por los derechos y las necesidades de reparación de las poblaciones vulnerabilizadas a lo largo de la historia. No se puede negar la evolución natural de la lengua, el lenguaje inclusivo vino con la misión de reparar y dar derecho. Es sacar el registro histórico de las luchas que muchas veces se manifiestan en palabras”, explicó Loto a este medio.

Esta no es la primera decisión regresiva que toma el gobierno de Javier Milei en cuanto al lenguaje. La semana pasada, el Ministerio de Defensa prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las Fuerzas Armadas y en todos los organismos dependientes de esa cartera. A través de una resolución, el ministro Luis Petri indicó que la utilización de términos como “generala”, “sargenta”, “soldada” o “caba” son faltas al reglamento. Algo similar sucedió en el canal Diputados TV que depende del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Una de las primeras órdenes fue “no utilizar el lenguaje inclusivo: todxs, o todas y todos, sino expresar todos”. Además, prohibió la expresión “diputados y diputadas” y en su lugar solo se puede usar el masculino.

La presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, Sandra Chaher, advirtió sobre el ataque a la libertad de expresión: “Al prohibir el lenguaje inclusivo estás prohibiendo que algunas personas se expresen libremente”.  “Es una manera autoritaria de resolver un tema que es cultural. Cuando desde el feminismo en los últimos 30 años se empezó a plantear que el lenguaje era sexista y que había una necesidad de democratizarlo, nunca se planteó como obligación. En Argentina hay resoluciones de escuelas, universidades, organismos del Estado habilitando la posibilidad de usar el lenguaje inclusivo, pero no una obligación. Es central porque a las transformaciones culturales no las podes resolver por ley”, explicó Chaher a elDiarioAr.

Esta decisión se enmarca dentro de otros retrocesos en el ejercicio de derechos como el cierre del INADI o del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, algo que el presidente Javier Milei engloba dentro de la “batalla cultural”. “Esto es una batalla cultural, es la violacion de los derechos humanos, un ataque directo a las comunidades LGBT y es fijar una posición conservadora. Es inaceptable, no se llama batalla cultural es violacion a los derechos humanos”, afirma Alba Rueda.

CDB/ MG