El gendarme Héctor Guerrero, acusado de dispararle una granada de gas lacrimógeno en la cabeza al fotógrafo Pablo Grillo el pasado 12 de marzo, se presentó voluntariamente este lunes en la causa como posible “imputado” y designó como sus defensores a Claudio Pedro Nuncija y Martín Luis Sarubbi. Según denunciaron desde el Cels, se trata de una estrrategia para poder acceder a los detalles de la investigación. Pero lo que más llama la atención es que ambos abogados fueron provistos por el propio Ministerio de Seguridad y tienen un largo historial de defensas resonantes: Desde uno de los implicados en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, hasta los tres policías condenados por el homicidio de Lucas González o la representación de miembros de Revolución Federal, la agrupación de ultraderecha cuyos miembros fueron vinculados con el atentado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Además, Sarubbi no solo defiende policías en causas de gatillo fácil, sino que también los asesora. En una imagen de su cuenta de Instagram, se lo ve a él con integrantes de la dirección de Operaciones Espaciales de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria). Allí, el letrado acababa de dar una charla “sobre las causas de justificación en el accionar de las fuerzas de seguridad”.

Mientras el fotoperiodista se recupera lentamente en el Hospital Ramos Mejía, la causa a cargo de la jueza federal María Servini comenzó a moverse.

Desde Revolución Federal hasta Santiago Maldonado

Martín Sarubbi es un abogado penalista que, según su cuenta en la red LinkedIn, trabaja desde el 2021 en la Dirección General de Víctimas de la secretaría de justicia, en la ciudad de Buenos Aires. Entre sus funciones, la dirección diseña “herramientas con el objeto de asistir a las víctimas de delitos, así como a sus familiares, atendiendo a sus necesidades de protección y asesoramiento”. Sin embargo, y aunque el letrado no detalle sus funciones en la justicia porteña, Sarubbi no se hizo mediáticamente conocido por defender –precisamente– a las “victimas”. 

Antes de representar al gendarme que dejó al fotógrafo Pablo Grillo al borde de la muerte, y quien hoy se recupera favorablemente, Sarubbi defendió ─junto a otro abogado─, a tres policías porteños que fueron condenados a cada perpetua en 2023 por el homicidio de Lucas González, de 17 años. Durante el juicio, el penalista protagonizó una escena singular: en la primera jornada de alegatos, mientras Gregorio Dalbón –abogado de la familia de González– esgrimía sus argumentos, Sarubbi se levantó de la sala y se retiro del juzgado. Los tres efectivos imputados quedaron solos en el banquillo. Por esa actitud fue sancionado por el Tribunal Oral Criminal 25.

En 2021, el mismo año que el crimen de González, Sarubbi también defendió a otro policía. Se trató del oficial bonaerense Facundo Amendolara, de 29 años por entonces, quien le disparó al cantante Santiago Moreno Charpentier, “Chano”, ex líder de la banda Tan Biónica. En aquella ocasión, Chano sufrió un brote psicótico e intentó agredir a Amendolara con un cuchillo. Este respondió con un disparo, hiriendo gravemente al cantante. Sarubbi alegó “legitima defensa” y el efectivo fue sobreseído finalmente, aunque la defensa del cantante decidió no apelar el fallo.

En 2023, el abogado volvió al ruedo en su defensa acérrima del “gatillo fácil”, cuando representó a Sergio Daniel Mamonte, un oficial bonaerense acusado de asesinar de un disparo a Alexis Nahuel López, de 20 años. Sarubbi alegó que la victima empuñaba un arma blanca y tenía intenciones de agredir a Mamonte durante una pelea callejera con otros jóvenes en la localidad de Berazategui. El policía fue finalmente declarado “no culpable” por el tribunal. El último día del juicio, el abogado estuvo acompañado por el ex efectivo Luis Chocobar, condenado a prisión en suspenso por matar a un ladrón en el barrio La Boca en un caso que generó gran debate sobre el rol de las fuerzas de seguridad.

Los abogados tienen un largo historial de defensas resonantes: Desde uno de los implicados en la muerte de Santiago Maldonado, hasta los tres policías condenados por el homicidio de Lucas González, el agente que disparó a Chano Carpentier y miembros de Revolución Federal.

El penalista, sin embargo, también participó de otro tipo de causas. La más llamativa es su vínculo con la agrupación de ultraderecha “Revolución Federal”, investigada por la justicia por “incitación a la violencia pública” e investigada por sus vínculos con el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kichner. Sarubbi representó a Sabrina Basile, integrante de Revolución Federal, y procesada en 2022 junto a Jonatan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa. El juez federal, Marcelo Martínez De Giorgi, los consideró responsables de formar una agrupación que busca “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, un delito que tiene una pena de hasta ocho años de prisión. 

Entre las defensas de Sarubbi también figura Ximena de Tezanos Pinto, la vecina del piso de arriba de Cristina Kirchner, quien había sido investigada por sus vínculos con los miembros de Revolución Federal.

Además de Sarubbi, representa al gendarme Guerrero, Claudio Pedro Nuncija. La información que pudo comprobar este medio es que figura como personal de Gendarmería en el escalafón de justicia como “segundo comandante”. Además, según su cuenta de LinkedIn, trabaja en el Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Fue, además, uno de los abogados del gendarme Emmanuel Echazú, implicado junto a otros efectivos en la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

La imputación “voluntaria” 

“Con el ingreso voluntario del gendarme en la causa, sus abogados ya tienen acceso a los movimientos del expediente”, explica Agustina Lloret, abogada del CELS y una de las querellantes en la causa de Grillo en representación de su familia. “Lo que Guerrero centralmente intenta con esto es acceder a la causa como imputado y hacer un seguimiento con su defensa”, agrega la abogada. 

Respecto a la designación de Sarubbi y Nuncija como abogados del único imputado hasta ahora, Lloret no se sorprende por sus antecedentes. “Patricia Bullrich siempre impulsa ese patrocinio gratuito para los imputados de su fuerza. Y es muy común que abogados que estuvieron en otros casos de violencia institucional, participen de otros”, señala la integrante del CELS. 

Entre las medidas de pruebas que la querella ya solicitó no solo se encuentran las que apuntan a Guerrero –como el acceso a su legajo personal–, sino que también se puso el foco en otros protagonistas del operativo, como el jefe del destacamento móvil 6, Héctor Ferreira y del jefe del Comando Región I, Marcelo Porra Melconian, entre otras autoridades y fuerzas involucradas que participaron el 12 de marzo. 

“Esto nos permite saber cuáles fueron las órdenes que se le dieron a los efectivos que concretamente desplegaron conductas ilícitas en la protesta, desde el uso desproporcionado de granadas de gas hasta escopetas largas”, puntualiza Lloret.  

Este sábado, en la plaza de Remedios de Escalada, donde Pablo se crio, se realizará un festival solidario en su honor. 

FLD/MG

La Cámara de Casación porteña anuló el juicio oral y público contra el policía Luis Chocobar y ordenó realizar uno nuevo.

La decisión se dio a conocer luego de que el agente pida la “baja voluntaria” de la Policía Bonaerense. 

El nuevo juicio no tiene fecha fijada  ni tampoco estimativa, pero difícilmente se celebre a lo largo de 2024.

El máximo tribunal penal local consideró que la sentencia es autocontradictoria, que no fundamentó adecuadamente en qué se basó la condena ni tampoco probó cuál fue la conducta de Chocobar en el momento en el que se produjo la muerte de Pablo Kukoc.

El tribunal resaltó la “autocontradicción que supone pasar a hablar de una tanda entera de cuatro disparos dirigidos a la integridad de Kukoc y efectuados de forma excesiva, innecesaria y desproporcionada; para luego mencionar que sólo un disparo de esa última tanda condensa tales cualidades negativas”.

“Y ello –añade la sentencia, de 166 páginas- porque, desde una primera versión fáctica, Chocobar disparó una primera tanda como reacción a un presunto giro corporal de Kukoc, para luego disparar otros cuatro al sólo fin de cesar su huida; mientras que en la segunda versión, seis del total de siete disparos fueron motivados por aquel giro”.

“Esta cámara debe juzgar el acierto o desacierto de los jueces del tribunal oral en reputar o desechar como dolosa la conducta del imputado” Chocobar, subrayaron los jueces Horacio Días y Eugenio Sarrabayrouse.

“No se sabe lo que los magistrados estimaron sobre el punto, porque lo cierto es que –entre las muchas referencias de dudoso alcance– pareciera ser unánime solamente la idea de que no hubo intención homicida, decidir sobre la materia implicaría sustraerse a competencias propias del tribunal de juicio”, advirtieron.

“Y el problema se agrava porque el examen de la imputación dolosa de la conducta era un problema relevante para los planteos expuestos por las partes en sus alegatos, lo cual constituye una transgresión al deber genérico de resolver en forma válida las cuestiones sometidas a conocimiento del tribunal oral”, insistieron.

La Casación resolvió apartar a los jueces que juzgaron y condenaron a Chocobar por homicidio en exceso del cumplimiento de un deber a una pena de dos años de prisión en suspenso.

El fallo hizo lugar “parcialmente” al recurso de casación interpuesto por la defensa de Chocobar; apartar al Tribunal Oral de Menores n° 2 y, en consecuencia, remitir la causa a la Oficina Judicial de esta cámara para que designe un tribunal oral en lo criminal y correccional de esta ciudad a los efectos de que, previo reenvío, realice un nuevo juicio oral para juzgar el hecho imputado a Chocobar“.

El presidente Javier Milei celebró a través de sus redes la resolución judicial que resolvió anular la condena a dos años de prisión del policía Luis Chocobar y solicitó que se realice un nuevo debate oral. 

A través de su cuenta de X, el mandatario desde Los Ángeles, Estados Unidos, planteó: “Un tiro para el lado de la justicia...”.

“Los uniformados son los buenos y los delincuentes son los malos. Aquí se termina con la doctrina zaffaroni. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, celebró luego de que el abogado del oficial, Fernando Soto, publicara que la Sala II de la Casación Nacional anuló el juicio oral por el homicidio de un ladrón en 2017 en el barrio porteño de La Boca. 

Otro de los funcionarios que se expresó en sintonía fue el ministro de Defensa, Luis Petri, quien sostuvo que se trata de “una gran noticia”, y calificó de “injusta condena” al policía que recibió en mayo de 2021 por Tribunal Oral de Menores porteño N°2.

“Siempre lo dijimos, actuó en cumplimiento del deber! Presente en el Congreso en ese momento la ‘Ley Chocobar’ para proteger a los que nos protegen! Es Justicia!”, sostuvo el radical.

CRM con información de la agencia NA

El policía Luis Chocobar, que fue condenado por un asaltante en el barrio porteño de La Boca en 2017, se presentó hoy ante la Cámara Nacional de Casación donde expuso sus argumentos para que se revoque la condena a dos años de prisión en suspenso por homicidio en exceso de legítima defensa. Lo mismo hizo la querella, que pretende que el miembro de la fuerza de seguridad sea sentenciado por homicidio doblemente agravado.

Chocobar les dijo a los jueces Horacio Días, Daniel Morín y Eugenio Sarrabayrouse, del máximo tribunal penal porteño que “no hubiese querido que muriera” Juan Pablo Kukoc, a quien le disparó cuando huía tras asaltar a un turista estadounidense, al que dejó malherido.

La querella, representada por el defensor oficial Pablo Rovatti, insistió en su acusación que esgrimió en el juicio oral: homicidio doblemente agravado por haber sido cometido cuando Kukoc huía y no representaba un peligro y por haber sido cometido por un integrante de una fuerza de seguridad.

Rovatti invocó un antecedente de 2015, el asesinato del joven Roberto Autero, a quien un tribunal condenó a tres años de prisión en suspenso por homicidio en exceso del cumplimiento del deber pero la Casación lo revocó y lo convirtió en “homicidio simple”. Ese caso todavía está a la espera de la fijación de la pena, pero con la nueva calificación.

El propio Chocobar compareció para lo que técnicamente se llama “audiencia de visu”, en la que el tribunal toma conocimiento directo con el imputado previo a adoptar una decisión sobre su situación.

Chocobar repasó su historia de vida: una situación abandónica de sus padres, la crianza con sus abuelos y su afán de superarse y de servir mediante la incorporación a la policía bonaerense.

Sus abogados, Fernando Soto y Luis Cevasco, reiteraron que Chocobar actuó adecuadamente según mandan los protocolos policiales, que no disparó a matar y que la bala que mató a Kukoc rebotó en el suelo antes de ingresar al cuerpo de la víctima.

El tribunal dispone de un plazo “ordenatorio” de 20 días hábiles para resolver si confirma, modifica o revoca la condena a dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación que pesa hoy sobre Chocobar. La Casación porteña podría confirmar; revocar y disponer una nueva condena; anular y ordenar un nuevo juicio; recalificar y devolver al tribunal oral para que fije una pena adecuada al nuevo delito. El plazo de 20 días hábiles no tiene una caducidad fatal y podría extenderse más allá de lo que estipula el Código en caso de que el tribunal así lo considere.

El Tribunal Oral de Menores número dos consideró en mayo de 2021 que el disparo que causó la muerte de Kukoc fue “innecesario y desproporcionado”.

Los jueces Fernando Arqueta, Fernando Pisano y Jorge Apolo consideraron que “Chocobar no debió efectuar ese último disparo que impactó a Kukoc en su pierna izquierda cuando se alejaba corriendo sin resultar peligroso para nadie”.

Chocobar –añadió la resolución que ahora será revisada- debió haberse abstenido de disparar “aún a riesgo de ver frustrado el arresto pretendido” del asaltante.

MM con información de la agencia NA.