El broker Héctor Martínez Sosa y su esposa y ex secretaria privada de Alberto Fernández María Cantero, dejaron este jueves sendos escritos ante el juez federal Julián Ercolini y se negaron a responder preguntas al cumplir con la citación a declaración indagatoria en la causa que los investiga por delitos en la gestión de pólizas de seguro para organismos públicos. 

“Con Alberto Fernández tenía un vínculo de amistad”, dijo Martínez Sosa a la prensa al retirarse de los tribunales federales de Retiro.

El broker llegó poco antes de las 10 al juzgado federal 11 que lleva el caso y, ante el juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo, se negó a responder preguntas y dejó un escrito con anexos de documentación, informaron fuentes judiciales.

Poco después, a las 12, fue el turno de su esposa María Cantero, la ex secretaria privada del ex presidente, quien en un breve paso por el cuarto piso de tribunales también se limitó a dejar un escrito sin hacer declaraciones ni responder preguntas.

En su caso, fue de su teléfono celular secuestrado en la causa que se extrajeron conversaciones vía WhatsApp que complicaron su situación, la de su marido y también la del ex presidente.

En uno de esos intercambios el matrimonio hablaba de “un negocio en Cancillería” que corría riesgo de “acabarse”. Ella de inmediato le escribió al entonces presidente sobre el tema y él respondió “ya me ocupo”.

Al ser indagado ayer en la causa, Fernández sí aceptó hablar y responder preguntas de su abogada defensora Mariana Barbitta y, respecto a ese chat, dijo que aludía a que iba a averiguar si había “algún tipo de irregularidad”.

Según la acusación, con la firma de un decreto que dispuso que todas las dependencias públicas debían contratar a través de “Nación Seguros SA”, se abrió la puerta a la intermediación de “brokers” innecesaria además de un “direccionamiento irregular” en esas contrataciones entre 2019 y 2023. Se calcula que habría cobrado con su empresa 360 millones de pesos en comisiones pero esta cifra aumenta si se comprueba que usó otras compañías vinculadas a su persona.

A los acusados se les imputa “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ´NACIÓN SEGUROS S.A.´”.

Este miércoles, Fernández negó las acusaciones ante el magistrado, presentó un escrito con su versión de los hechos y sólo respondió preguntas de su abogada, Mariana Barbitta.

“Fue una audiencia tensa al principio”, dijo la penalista a la prensa al término de la declaración de Fernández, quien dejó el edificio de los tribunales federales de Retiro resguardado por su custodia oficial. La tensión, explicó Barbitta, fue en el marco del planteo de Fernández para que el juez Ercolini se aparte del expediente.

Fernández inició la audiencia de indagatoria planteándole al juez del caso que se maneja con arbitrariedad y que debe apartarse de la causa. “No está ante un juez imparcial, no le garantiza seguridad y tranquilidad”, dijo la abogada a la salida de los tribunales.

El expresidente fue indagado en el marco del expediente por la supuesta contratación de pólizas de seguros para organismos públicos a través del broker Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria privada. Fernández está imputado por los supuestos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

El expresidente es acusado de supuestamente haber intervenido “en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros”. Estos hechos habrían ocurrido “en forma coordinada y funcional”, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

La acusación es “infundada, falsa y arbitraria”, dijo la abogada del expresidente. “Fernández no benefició a nadie y el decreto que firmó impedía la intermediación” en la contratación de seguros, afirmó la penalista.

Según la abogada “hubo direccionamiento político” en la decisión de la Justicia de investigar el caso. “Este acto de indagatoria es nulo”, dijo la defensa.

Como presidente, Fernández firmó un decreto que obligaba a los organismos del Estado a contratar pólizas a la empresa de seguros del Banco Nación, Nación Seguros. Fue una decisión política, no judiciable, según dijo Fernández al juez este miércoles.

En las contrataciones de algunos organismos aparecieron brokers o intermediarios en las contrataciones que cobraron millonarias comisiones. Uno de ellos fue Martínez Sosa, esposo de la secretaria privada de Fernández, María Cantero.

“El decreto es jurídicamente impecable y legítimo”, dijo Barbitta ante los medios. “El objetivo del decreto fue cortar la cartelización. Tiene antecedentes con YPF y otros organismos, con el propósito de limitar la posibilidad de que las divisas salieran al exterior”, al contratar a empresas de capitales extranjeros.

Fernández dedicó parte de su escrito a explicar cómo son los procesos de contratación de seguros y que el decreto no posibilitó la intermediación de broker.El juzgado estableció que, presuntamente, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora ´Nación Seguros”, detalla el llamado a indagatoria.

Ercolini sostuvo que se utilizaron “empresas coaseguradoras” y que la maniobra “habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”. Además de Fernández, también deben declarar ante el juez Martínez Sosa y su esposa, María Cantero; además de otros dos brokers, Pablo Torres García y Oscar Castello.

De acuerdo con el juzgado, Fernández y Martínez Sosa eran también amigos. Los “uniría una íntima y añeja amistad”, sostuvo en un dictamen. “Habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja (Martínez Sosa y Cantero) para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes”, advirtió el juez en el llamado a indagatoria.

Los chats que comprometen al empresario amigo de Alberto Fernández

El juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo accedieron meses atrás a los chats de WhatsApp de Cantero y Pagliano, que fueron difundidos en parte a través de Infobae y Clarín, pero faltaba revisar computadoras y pendrives secuestrados, escudriñar sobre las relaciones entre los brokers de seguros y los organismos públicos, para después llamar a declaración indagatoria a los acusados, algo que sucedió esta última semana de noviembre.

Los chats vienen a ratificar que, tal como publicó en abril pasado elDiarioAR, 63% de los $3.453 millones facturados por intermediarios en los contratos de seguros de firmas estatales entre 2020 y 2024 fue para el universo de compañías y aliados de Martínez Sosa, el empresario que conoció a Fernández hace 30 años, cuando el expresidente era superintendente de Seguros del gobierno de Carlos Menem. En ese entonces, Fernández contrató a su esposa como secretaria.

Hace 15 años, Martínez Sosa, uno de los principales brokers de la Argentina, le prestó US$20.000 a Fernández, que acababa de abandonar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y nunca se los devolvió. El exjefe de Estado también vive de prestado desde 2008 en el departamento de Puerto Madero que un año antes había comprado otro amigo suyo, el empresario publicitario y exsecretario de Medios de Néstor Kirchner Enrique “Pepe” Albistur, esposo de la diputada Victoria Tolosa Paz.

Si bien en la lista de brokers que intermediaron en los contratos de Nación Seguros con organismos estatales entre 2020 y 2024 (ver arriba), que elaboró el gobierno de Javier Milei a pedido de Ercolini y Rívolo, el broker más beneficiado fue Bachellier SA, de Osvaldo Tórtola, en un chat de Pagliano con un director de Nación Seguros, Gustavo García Argibay, se advierte que es socio de Martínez Sosa, cuya empresa está segunda en ese listado. En una conversación de 2020, García Argibay le envió una nota de la entonces subsecretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Seguridad, Ana Flamarique, en la que se designa a Bachellier como productora de seguros de esa cartera. Después, comentan:

García Argibay: –Muchachos, esta es la designación que nos va a llegar a favor de Héctor (por Martínez Sosa) para las cuentas de las distintas fuerzas de seguridad.

Pagliano: –Excelente. ¿Bachellier labura con Héctor?

García Argibay: –Sip, es el Ruso Tórtora.

En 2021, García Argibay mantuvo otra conversación sobre el entonces vicepresidente del Banco Nación, Matías Tombolini, el que después se hiciera su fama por administrar las autorizaciones para importar como secretario de Comercio.

García Argibay: –Hablé con Tombo. Después llamame y te cuento.

Pagliano: –OK. ¿Podés hablar?

García Argibay: –No puede con su genioooooo.

Pagliano: –Y sí, veremos cómo sigue.

García Argibay: –¡¡¡Vamos bien!!! No puede quedar acentado (sic) y menos grabado. Que no sabemos qué pasa en la compañía.

Pagliano: –Seguro.

García Argibay: –¡¡Gracias!! Ese es mi presi...

En 2022, Pagliano le envió una captura de pantalla de un mensaje que recibió: “¿Cómo está, señor Pagliano? Sólo a modo de aviso. Un director de su empresa (Gustavo García Argibay) estaría realizando negociaciones incompatibles con su función: reuniones e intercambios improcedentes con aseguradoras. Lo dicho se comunicará oportunamente a la Oficina Anticorrupción para que analicen las pruebas en nuestro poder. Aún será anónima la presunción descripta para preservar a actores del ámbito asegurador”.

Pagano: –Obviamente lo bloqueé.

García Argibay: –La verdad, estoy tranquilo. No me mandé ninguna cagada –le contestó quien un año después le sugirió que en la memoria de Nación Seguros corrigiera un párrafo que calificaba a la empresa como “destacado referente en cuanto a coberturas, tarifas y comisiones” y le propuso decir “coberturas y condiciones comerciales”. Las palabras “tarifas y comisiones”, con las que cobran los intermediarios, le sonaba mal.

Más nombres en el listado

En el séptimo puesto del listado de brokers que facturaron del Estado figuró Bri Brokers SA, de Agustín Beraldi. Pero en los chats de Pagliano en 2022 con el entonces gerente comercial con el sector público de Nación Seguros, Mauro Tanos, se vinculó esta firma con Martínez Sosa.

Pagliano: –¿Corredores Viales la tiene Martínez Sosa?

Tanos: –La tiene Martínez Sosa, sí. No directamente porque la tiene Bri Brokers como productor y el organizador de Bri Brokers es Martínez Sosa. Así que sí, es Martínez Sosa, técnicamente son ellos.

Los organizadores son una figura del negocio asegurador que reúne a diversos productores de seguros. Martínez Sosa es un organizador. Además, en su página web reconoce que su grupo incluye a Salim, la firma que aparece vigésima en el ranking de intermediarios de contratos de Nación Seguros con el Estado en la era del Frente de Todos.

En 2023, llaman la atención otros diálogos de Tanos con Pagliano. Un día el gerente le dijo: “Habría que alquilar un departamento o una oficina, qué se yo, ¿o lo hacemos en el Banco Nación, en el Banco Provincia? Obviamente adentro de la compañía no puede ser porque depende de quién venga no quiero estar... no quiero. Yo no sé si voy a participar de esto. Pero, bueno, no estaría bueno estar adentro de Nación Seguros. Y si no, hay que alquilar un departamento”.

¿En qué medida Martínez Sosa ganó tantos contratos en el anterior gobierno gracias a las gestiones de su amigo presidente? Eso es lo que está investigándose. Para empezar, no se trata de un Lázaro Báez que ascendió de la nada. Es un empresario con mucha trayectoria en el sector y con negocios con gobiernos de todos los colores, incluida la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en los chats de Cantero y Pagliano, queda demostrado que la entonces secretaria presidencial se movió y mucho aprovechando su cargo para facilitarle contactos a su marido y así obtener nuevos contratos, mientras que el entonces jefe de Estado intervino al menos en una oportunidad para ayudarla. Así lo cuenta este diálogo entre Cantero y su marido en 2023:

Martínez Sosa: –Buen día, ingresó en Provincia ART una carta de designación de Cancillería a favor de NET Broker.

Después ella le replicó ese mensaje a su jefe.

Fernández: –Ya me ocupo –le contestó a ella.

Cantero: –La Cámpora está armando y ponen a cualquiera –lo alertó.

La secretaria se lo reportó después a su marido.

Cantero: –Acabo de decirle a Alberto lo de Cancillería. No te preocupes. Está todo bien con Santi (en alusión al excanciller Santiago Cafiero), aunque no lo quieras.

Martínez Sosa: –Es un forro.

Pero a los pocos días se arregló el problema.

Cantero: –¿Lo de Cancillería salió bien?

Martínez Sosa: –Sí, sí.

La bronca venía de 2021, cuando el excanciller era jefe de Gabinete y entonces el empresario le pasó a su esposa una nota del portal Minuto de Cierre que se titulaba: “Cafiero firmó la preferencia con Provincia ART y le pone un límite a Martínez Sosa”. “¿Seguro que no querés que le diga al jefe?”, le preguntó entonces ella a su marido y después lo llamó a Cafiero, según sus chats.

Otra vez en 2023, la secretaria le envió a Fernández un link de una nota de Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna que comentaba lo siguiente: “En una de las inauguraciones en que ocupa su tiempo, Alberto disparó en forma explícita contra Cristina. 'Le dedicó una serenata diciendo que él no entrega obra pública a los amigos ni tiene amigos empresarios. Desde el Instituto Patria le contestaban, también en media lengua: 'Obra pública no, contratos de seguros'. ¿Hablan de un tal Martínez Sosa? Habladurías', sentenció un maestro de la insidia”, se refería a su colega Carlos Pagni. Después, el Perro continuaba: “Héctor Martínez Sosa es un broker de seguros casado con la secretaria histórica de Alberto Fernández, María Cantero (no es rosarina). La versión que hizo circular Pagni no proviene del Instituto Patria sino de un competidor que perdió algunos negocios sabrosos”.

Cantero: –Se equivoca Verbitsky. Estoy furiosa. El competidor se llama Castello (N. de la R.: Castello Mercuri figura tercera en el ranking de contrataciones del Estado en la era Fernández) y cobra 25%, en lugar de 5%, porque tiene que repartir en el Instituto Patria. Lo metió (Amado) Boudou, socio de Iesi, y quien tiene más cuentas públicas.

Fernández: –Deberías decirle a Héctor que haga público eso.

Cantero: –Sí, hace rato que este señor hace estas cosas. No quiero que lo afecte.

Fernández: –Que haga un comunicado y explique lo que deba explicar. Quedarse callado va a dar lugar a que hablen también y digan cualquier cosa. Que aclare con urgencia la verdad. Yo no tengo nada que ver con sus negocios.

Cantero: –Eso ya lo sé. Lo único que no quiero es que algo afecte a Hecky (apodo de su marido) ahora. Lo va a aclarar, tranqui. A él lo perjudica más: le están sacando cuentas.

Fernández: –Él debe decir hace cuántos años está como broker del Estado y cuántas cuentas perdió en este tiempo en manos de otros competidores.

Cantero: –Sí, él no tiene tantas cuentas, jefe. No te preocupes. Él sabe defenderse. Hace 53 años tiene la empresa. Se defiende solo.

Fernández: –Pero que lo haga y lo deje en ridículo a la mierda de Verbitsky.

Intermediación y amiguismo

Pese a los dichos de su esposa, a partir del decreto que concentró las pólizas del Estado en Nación Seguros, Martínez Sosa acaparó casi dos de cada tres pesos facturados en la intermediación. En la fiscalía de Rivolo consideran que la decisión en sí de darle todo el negocio a Nación Seguros es de orden político, no cuestionable jurídicamente. Otros gobiernos como el actual prefieren que todo pase a ganancia privada. Incluso, el fiscal ha averiguado que era razonable que la aseguradora estatal contratara intermediarios, a pesar de tener cautivos a todos los organismos públicos, y les pagara una comisión, dada su estructura insuficiente para confeccionar tantas pólizas disímiles. Lo que está en observación es si la selección de los brokers fue por amiguismo y si eran necesarios en todos los casos. Por ejemplo, hay dudas de que lo fueran para asegurar los créditos que otorgaba la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a los jubilados, pues en el gobierno de Mauricio Macri este organismo se autoaseguraba y no recurría a terceros.

Un mes antes de que se publicara el decreto de 2021 a favor de la aseguradora estatal, este constaba de un artículo 3 que establecía que “en caso de que la complejidad o volumen de los riesgos a asegurar amerite la participación de la figura de un productor asesor de seguros, el titular de la unidad operativa de contrataciones comunicará por nota a Nación Seguros dicha decisión”. Así consta en un chat de Pagliano con quien era el jefe de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), Roberto Gilbert. Cuando se publicó el decreto, el presidente de Nación Seguros celebró con Gilbert que finalmente no se hablara de si ameritaba o no la figura del intermediario:

Pagliano: –Le sacaron el artículo 3 de productores.

Gilbert: –Jajajaj. Mejor. Lo decidís vos. ¿Qué más? Excelente.

Días después, Gilbert le envió un borrador para reglamentar el decreto.

Pagliano: –Para vos, ¿puede haber productores, a pesar de los considerandos? –apuntaba a que en el texto se hablaba de “racionalizar los gastos” y de que Nación Seguros contaba con una “estructura financiera y técnica administrativa suficiente”.

Gilbert: –Yo no veo nada que lo impida. Lo que no está expresamente prohibido se podría hacer.

Pagliano: –Che, Roberto. Ahora que lo estaba leyendo con más detenimiento, en el primer punto cuando dice “Se trata de una medida que tiende, entre otros fines, a racionalizar el gasto del Estado en pos de contribuir a un mejor resultado de las cuentas fiscales. Es por ello que se incorpora las denominadas contrataciones directas interadministrativas”... Esa palabra “directa”, ¿no me va a complicar más con el tema de los productores, que ya bastante lío tengo acá adentro? No sé. Entiendo lo que quiere decir, que es la contratación sin licitación, pero queda ahí dando vuelta, boyando, para que alguno empiece a armar quilombo.

Gilbert: –No, ahí lo que está aclarando es el procedimiento. ¿Entendés? Es para dejar claro que no tenés que llamar a nada. Es una directa interadministrativa. Lo que se ahorra en costos. ¿Qué es? Todo el proceso licitatorio, que tiene un costo de personal, de tiempo. Eso es lo que está aclarando, pero no tiene nada que ver con poner productores o no.

Es curioso que entre Fernández y Pagliano sólo hablaron por Whatsapp cuando él lo nombró en 2020 al frente de Nación Seguros y después sólo tras cuatro años cuando estalló el escándalo a partir de una nota de Clarín sobre los seguros de la Anses. En ese momento, el expresidente le mandó el link del artículo:

Pagliano: –Hola, Alberto. Esa era una póliza que tuvo Nación cuando yo no estaba (hasta 2018). Dio pérdida. Entonces se fue, no hicieron más póliza, la autoaseguraron. Después volvieron con el mismo precio, le dijimos que no porque daba pérdida. Después se hace una nueva póliza para todos los créditos. Como era enorme, Anses armó un coaseguro, que es lícito, está dentro de la ley (se refirió a que Nación Seguros ofreció la cobertura junto a otras aseguradoras privadas dado que el monto a cubrir era enorme).

Fernández: –¿Por qué volvieron a asegurar el riesgo si lo habían dejado por ruinoso?

El entonces presidente de Nación Seguros explicó que se ajustaron los costos de los seguros, sobre todo teniendo en cuanta la mayor tasa de mortalidad de quienes tomaban créditos de la Anses tras la pandemia. Este organismo estaba a cargo de la camporista Fernanda Raverta.

Fernández: –¿Quiénes son los coaseguradores? ¿Los definió Anses?

Pagliano: –Life, Sancor (Seguros), San Cristóbal, San Germán. En la primera anualidad estaba Boston, en lugar de San Cristóbal.

Fernández: –¿Quiénes son San Germán? -preguntó pese a que en los chats de Cantero se cuenta que en su gobierno él recibió su representante, el extenista Gastón Gaudio.

Pagliano: –Una compañía de vida. No recuerdo cómo se llamaba.

Fernández: –¿Las comisiones cómo se determinaban?

Pagliano: –Nación, en cuentas del Estado, tenía aprobado máximo 10%. Supongo que cuando (en Clarín) hablan del 17%, no era así. Le están sumando que nosotros a las coaseguradoras, como todo el mercado hace, le cobro un fee de pilotaje por los gastos administrativos. Y si a eso le sumamos el IVA, puede llegar al 17.

Fernández: –Sólo quería preguntarte si el seguro de Gendarmería venía de antes y si antes no lo tenía Nación, ¿quién lo tenía?

El contrato de esa fuerza de seguridad es uno de los más voluminosos del caso, junto con el de la Anses. En los chats de Cantero con su esposo se comenta primero el interés de Martínez Sosa por firmar con ese organismo y después se repite una y otra vez que él visitaba esa dependencia y entablaba una estrecha relación con su entonces jefe, Andrés Severino, al que incluso le llevó un regalo. Severino le mandó otro obsequio a Cantero, según su Whatsapp. Martínez Sosa también frecuentaba la Quinta de Olivos, incluso en cuarentena –en algún chat su esposa le sugiere que no registre su entrada– y le llevó un par de presentes a su amigo jefe de Estado: un cuadro de Juan Domingo y Eva Perón y corbatas, según consta también en los mensajes de su esposa.

Pero volvamos al diálogo del exjefe de Estado con Pagliano sobre el contrato de Gendarmería.

Pagliano: –Estaba con Nación, pero ahora pregunto desde cuándo.

Fernández: –También averiguá cuántos productores y asesores trabajan con cuentas públicas.

Pagliano: –Ahí lo averiguo. Escúchame. Hay algo que no lo dije nunca porque no quiero armar más quilombo, pero en Nación a Martínez Sosa, cuando yo llegué, no lo quería nadie. Había otros. Y había una figura, que me costó dos años hacerla desaparecer porque no me daban pelota y se llamaba master. Con master metían ahí los que dicen que cobran cero comisión y no aparecían en el frente de póliza, pero les pagaban. En alguna creo que estaba Martínez Sosa también. Pero te lo digo a vos, no sé si vale la pena armar más quilombo. Porque cuando hablan de cero comisión, ¿quién no va a cobrar por su laburo? No van a regalar el laburo. Y hay cantidad de productores que estaban en la intermediación.

Fernández: ¿Y sabés de empresas privadas que aseguraban al Estado antes de nuestro decreto?

Pagliano: -En principio, Provincia, Experta, La Caja, Sancor eran las principales. El decreto se propone porque se estaban llevando las cuentas de Nación, entre ellos, Martínez Sosa, porque en cualquiera de estas empresas (aseguradoras privadas) le pagaban más comisiones. Yo te digo cuánto pagaba Fadea (Fábrica Argentina de Aviones) a Marsh (broker), que lo colocaba en La Caja, Sancor: las cauciones, 35%. La pelea que tuvimos con la gente de Marsh porque le pagábamos 10% era impresionante. 35% para llevar un papel de un lado al otro, ¡que me dejen de joder! Y en la póliza de vida (de Anses) más allá si lo hacían bien, mal o regular, hay que hacer las encuestas, mantener las nóminas, mantener los domicilios, mantener los beneficiarios del seguro, es un laburo. Una caución es llevar un papel.

Fernández: -Igual, desde nuestro decreto todos los contratos se hicieron sin intermediarios –afirmó desde una total ignorancia.

Pagliano: -Cuando salió el decreto se hizo una reunión de directorio o de comité ejecutivo donde no se aceptaba ni intermediarios. Se ofrecía todo en directo. Pero si el organismo (que quería asegurarse) pedía tener un asesor productor, porque a veces no tienen oficina de seguros, lo nombraban y se le pagaba tope 10%. Así funcionaba. No es un intermediario que viene a hacer negocios valijeando. Era un tipo que lo necesitaban por eso. Es bastante complejo el tema de las cauciones y de los seguros.

Más tarde, ese mismo día, le mandó un audio:

Pagliano: –Hola, Alberto. Mira, encontré esto que tenía acá en el teléfono que le había mandado una vez a (la presidenta del Banco Nación de 2022 a 2023, Silvina) Batakis para presentar en el banco. Si te fijás, 2019 es el último ejercicio de la gestión anterior, todo a moneda constante (actualizado por inflación), a junio de 2023 la facturación fue más o menos siempre igual, pero los gastos de producción siempre estuvieron por debajo de 2019 y los gastos de explotación también. Todos los indicadores los hemos mejorado. Que sigan diciendo pelotudeces, porque la realidad es que si no era Martínez Sosa o qué se yo, Tórtora, no sé, serían otros o no sé quiénes eran.

Pagliano y Martínez Sosa mantenían un diálogo usual. Los chats comienzan en 2020 cuando el futuro funcionario se desayuna sobre su nombramiento a partir de un comentario del empresario

Martínez Sosa: –Me confirman que asumís el lunes.

Pagliano: –No sabía que el lunes era el día.

Martínez Sosa: –Tomalo con pinzas porque, si bien Alberto me contó hace bastante tiempo que quería que vos asumieras esa función, hoy hablé con él por otros temas y me dijo que me juntara con vos para empezar a hacer cosas y darte una mano en lo que pueda.

A partir de entonces se reiteran de vez en cuando los chats entre ambos en los años siguientes, dentro de lo normal en la relación de una aseguradora y un broker de su tamaño. Pero en 2023, al mismo tiempo que Verbitsky publicaba aquella nota, el diputado radical Martín Tetaz elevaba un pedido de informes sobre gastos sospechosos de directivos del Banco Nación en el que también preguntaba sobre los intermediarios de Nación Seguros. Entonces, el gerente Tanos le escribió a Pagliano.

Tanos: –A las cuatro y media me junto con Osvaldo Tórtora (el socio de Martínez Sosa en Bachellier). Me pidió reunirnos por el tema este de lo de mi pedido de informes.

Pagliano: –Mostrale la nota que salió de Verbitsky pegándole a este boludo de... ¿cómo es? Martínez Sosa. Y decile, ¿qué se yo? Si tiene una cuenta privada, le metemos una comisión buena y podemos ir compensando esto de alguna forma.

En octubre pasado, dos meses antes de terminar el gobierno, Pagliano manifestó a Tanos su fastidio con el empresario amigo del presidente.

Pagliano: –Siguen emitiendo pólizas como master, a pesar de que desde el inicio de la gestión debería estar prohibido –advierte y adjunta una lista de contratos con Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria, Ministerio de Seguridad, Cancillería y Corredores Viales–. Parecería que es todo Martinez Sosa. Dejémonos de joder con este tipo. Si sigue así, vamos a terminar con un problema. Saquen todo a la mierda los masters y emitan la póliza con el producto en el frente de póliza. Si se enoja, que se enoje.

Quien tenía mala imagen de Martínez Sosa es el hermano de Fernández, Pablo Galíndez, hijo de distinto padre y misma madre. El expresidente lo colocó en 2021 como ejecutivo senior de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Antes, en marzo de 2020, Galíndez reaccionó a un artículo de Periódico de Tribuna sobre las visitas del empresario a Fernández en el inicio de la cuarentena. “MS es un pirata”, se refería al amigo de su hermano por las siglas de su apellido. Al mes siguiente, fue Pagliano quien lo llamó por las iniciales de su nombre completo cuando le comentó que el hombre de negocios le había escrito al jefe de Estado para evitar que Sebastián Díaz Bancalari asumiera como vicepresidente de Nación Seguros.

Pagliano: –Mientras pueda, trato de no llamarlo a HMS.

Galíndez: –No creo que Alberto le dé bola –respondió y efectivamente Díaz Bancalari asumió en el cargo.

En 2021, el portal Minuto de Cierre publicó una nota titulada “Martínez Sosa, el amigo del presidente que cosecha amigos y rechazos en la Casa Rosada” y Pagliano se la mandó al hermano de Fernández. “Es un HDP”, lo descalificó otra vez Galíndez.

El rol de Cantero

Quien hacía lo imposible por Martínez Sosa era su esposa. Queda expuesto en sus chats con el “Jefe”, como tenía agendado a Fernández. Por un lado, le recordaba cada vez que “Hecky” le escribía a él y le pedía con insistencia que le respondiera. “Atendelo con amor”, le pidió en una oportunidad al Presidente antes de recibirlo. En 2023, Fernández le pasó a ella una copia del pedido de informes de Tetaz, que preguntaba si Martínez Sosa se había quedado con la cuenta de Gendarmería a cambio de una comisión que era del 20% en 2020 pero debió reducir después al 10%.

En las conversaciones de Cantero con su esposo es donde queda en evidencia que, como dijo Fernández, ella se “extralimitó” pidiendo contratos. Marido y mujer conversaban sobre los organismos a los que la empresa familiar pretendía asegurar y ella hacía los contactos con los funcionarios pertinentes para vincularlos con él. Así se mencionaba a la Armada, con insistencia a Fabricaciones Militares –Cantero le cuenta que le habló al entonces ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien después le pregunta a ella cómo le fue a su cónyuge con esa empresa; más tarde lo encaró por el mismo tema a su sucesor, Jorge Taiana, mientras este esperaba ver a Fernández–, el Ministerio de Educación o la Casa de la Moneda –ella consultó a Cafiero cuando era jefe de Gabinete–. Hablaban de contactar a quien era vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, a los ministros del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, de Agricultura, Julián Domínguez, al de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas –que se excusó porque estaba aislado por contacto estrecho de Covid–, al de Obras Públicas, Gabriel Katopodis –“me dice Kato que lo de Corredores Viales ya está”, le cuenta ella en una conversación–, al de Seguridad, Aníbal Fernández –“lo de Aníbal salió bien”, le informa ella–, y al de Economía, Sergio Massa, al secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, al de Culto, Guillermo Olivieri, a la de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, y a Rossi otra vez cuando este pasó a jefe de Gabinete –le preguntó por el Correo Argentino–. En 2022, ella lo consultó: “Me olvidé de preguntarte si llegás a juntar el dinero para los compañeros de la oficina”. “Veo”, le contestó y a la hora y media le mandó una foto con fajos de billetes de $1.000, que entonces valían mucho más que ahora. El dólar blue cotizaba a $289, no a $1.310 como ahora.

Cuando estalló el escándalo por la nota de Clarín en febrero pasado, marido y mujer lo comentaron por Whatsapp.

Cantero: –Espero que a Alberto no se le ocurra llamarme.

Martínez Sosa: –Tranquila Mery. Alberto en esto no tiene nada que ver. Lo están operando a través mío.

Después sobrevino una nota de La Nación.

Martínez Sosa: –Dijo que vos hacías llamadas para conseguir clientes para mí.

Cantero: -Sí –se limitó a responder–. Pero después de la denuncia en tribunales Alberto puede salir a decir cualquier cosa. Es probable que te saquen las designaciones, ¿no? –se preocupó ella por el ingreso familiar.

Martínez Sosa: –Eso es otro cuento, mi amor.

Cantero: –Cristian) Ritondo va a estar con Jonatan Viale. Decile que te defienda de las barbaridades que están diciendo –se refiere al jefe del bloque de diputados del PRO, que sabe aceitar vínculos con todo tipo de personaje.

A los pocos días, habló Fernández por radio, pero a su amigo empresario no le gustó.

Martínez Sosa: –En este momento, el boludo en La Red AM910 –le informó y después le pasó el audio del expresidente declarando que si ella llamaba a funcionarios para conseguir contratos, “se extralimitó”.

Cantero: –Me duele el corazón.

Más tarde.

Cantero: –Ahora en TN dicen que yo llamaba a los municipios –cuenta quien en sus chats efectivamente los contactaba, al igual que a provincias.

Martínez Sosa: –No escuches más, mi amor.

Cantero: –No escucho, me lo mandan. Hablan de comisiones exageradas.

Martínez Sosa: –Mi amor. Todo eso se va a demostrar que no es así.

Ya en 2020, pocos días antes del lanzamiento de elDiarioAR, este cronista intentó contactar por mail a Martínez Sosa porque ya en los círculos de empresarios se comentaba que la secretaria del presidente los llamaba para conseguir contratos para su marido. Entonces, Cantero le avisó a quien era entonces vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, que también asesoraba al empresario, según los chats.

Cantero: –¿Tuviste noticias de Juan Pablo? Me dijo que no está con (Reynaldo) Sietecase ese pibe –se equivocó Biondi sobre este periodista, porque no era un “pibe” pero sí trabajaba en el programa radial del periodista rosarino.

Martínez Sosa:–El tipo mandó un mail a nuestra casilla de prensa pidiendo una reunión conmigo.

Nunca contestó.

El expresidente Alberto Fernández fue indagado este miércoles por el juez federal Julián Ercolini en la causa por supuesto fraude al Estado a través de brokers de Nación Seguros. El exmandatario negó las acusaciones ante el magistrado, presentó un escrito con su versión de los hechos y sólo respondió preguntas de su abogada, Mariana Barbitta.

“Fue una audiencia tensa al principio”, dijo la penalista a la prensa al término de la declaración de Fernández, quien dejó el edificio de los tribunales federales de Retiro resguardado por su custodia oficial. La tensión, explicó Barbitta, fue en el marco del planteo de Fernández para que el juez Ercolini se aparte del expediente.

Fernández inició la audiencia de indagatoria planteándole al juez del caso que se maneja con arbitrariedad y que debe apartarse de la causa. “No está ante un juez imparcial, no le garantiza seguridad y tranquilidad”, dijo la abogada a la salida de los tribunales.

Fernández fue indagado en el marco del expediente por la supuesta contratación de pólizas de seguros para organismos públicos a través del broker Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria privada. Fernández está imputado por los supuestos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

El expresidente es acusado de supuestamente haber intervenido “en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros”. Estos hechos habrían ocurrido “en forma coordinada y funcional”, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

La acusación es “infundada, falsa y arbitraria”, dijo la abogada del expresidente. “Fernández no benefició a nadie y el decreto que firmó impedía la intermediación” en la contratación de seguros, afirmó la penalista.

Según la abogada “hubo direccionamiento político” en la decisión de la Justicia de investigar el caso. “Este acto de indagatoria es nulo”, dijo la defensa.

Como presidente, Fernández firmó un decreto que obligaba a los organismos del Estado a contratar pólizas a la empresa de seguros del Banco Nación, Nación Seguros. Fue una decisión política, no judiciable, según dijo Fernández al juez este miércoles.

En las contrataciones de algunos organismos aparecieron brokers o intermediarios en las contrataciones que cobraron millonarias comisiones. Uno de ellos fue Martínez Sosa, esposo de la secretaria privada de Fernández, María Cantero.

“El decreto es jurídicamente impecable y legítimo”, dijo Barbitta ante los medios. “El objetivo del decreto fue cortar la cartelización. Tiene antecedentes con YPF y otros organismos, con el propósito de limitar la posibilidad de que las divisas salieran al exterior”, al contratas a empresas de capitales extranjeros.

Fernández dedicó parte de su escrito a explicar cómo son los procesos de contratación de seguros y que el decreto no posibilitó la intermediación de broker.

El juzgado estableció que, presuntamente, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora ´Nación Seguros ”, detalla el llamado a indagatoria.

Ercolini sostuvo que se utilizaron “empresas coaseguradoras” y que la maniobra “habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”. Además de Fernández, también deben declarar ante el juez Martínez Sosa y su esposa, María Cantero; además de otros dos brokers, Pablo Torres García y Oscar Castello.

De acuerdo con el juzgado, Fernández y Martínez Sosa eran también amigos. Los “uniría una íntima y añeja amistad”, sostuvo en un dictamen. “Habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja (Martínez Sosa y Cantero) para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes”, advirtió el juez en el llamado a indagatoria.

ED/MG

El juez federal Julián Ercolini convocó hoy a indagatoria a Alberto Fernández por los presuntos hechos de corrupción que se investigan en la causa conocida como “Nación Seguros”. El llamado de la justicia al ex presidente tiene relación con los 45 contratos que el Estado firmó con Nación Seguros, donde intermediaron 25 brokers.

Fernández, que fue citado el 20 de noviembre próximo, se encuentra imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles. Junto al ex presidente, van a ser indagados Héctor Martínez Sosa, quien obtuvo el 42% de los contratos en cuestión, y su esposa, la exsecretaria presidencial María Cantero.

En la causa se indaga una presunta “estructura criminal” que abarca el decreto firmado por Fernández, 45 contratos, 25 intermediarios, millonarias, una financiera aparentemente disfrazada de cooperativa y un potencial direccionamiento de los contratos.

El juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo investigan si el amigo y prestamista de Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa, que además es el marido de la secretaria personal del expresidente, acaparó el 63% de los contratos de intermediación que selló Nación Seguros con organismos del Estado durante los cuatro años de gobierno del Frente de Todos.

Hace 15 años, Martínez Sosa, uno de los principales brokers de la Argentina, le prestó US$20.000 a Fernández, que acababa de abandonar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y éste nunca se los devolvió.

DM

El juez federal Julián Ercolini decretó el embargo preventivo de comisiones pertenecientes a la contratación de pólizas del sector público que debían cobrar el broker Héctor Martínez Sosa y otras nueve personas que actuaron como intermediarios durante el gobierno de Alberto Fernández.

En el caso de “Héctor Martínez Sosa & Cia SA”, la decisión se tomó por la suma de 105.841.439,66 pesos, según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

“Teniendo presente la modalidad económica de los delitos aquí pesquisados, existe una fundada sospecha de que los nombrados podrían llegar a disponer de estos fondos investigados, con anterioridad al dictado de una eventual sentencia en su contra”, sostuvo el magistrado en la resolución.

El juez destacó que, tal como sostuvo el fiscal del caso Carlos Rívolo, “en el supuesto caso que la firma ‘Nación Seguros S.A.’ libere y transfiera esos fondos, los mismos quedarían sin resguardo alguno” esto “ fundamenta la imposición de una medida cautelar preventiva, dado que se presenta como una medida idónea, necesaria y proporcional para sujetar los activos pasibles de decomiso -en sentido amplio- que podrían resultar producto del delito”.

“Todo esto, sin dejar de lado que el objetivo de esta medida es el poder garantizar los derechos del Estado Nacional, parte damnificada por las maniobras investigadas en estas actuaciones, y también establecer el patrimonio producido por la comisión de los delitos, a fin de impedir el aprovechamiento y administración del provecho de los mismos”, evaluó además el magistrado

Uno de los ejes de la investigación “es el pago de comisiones indebidas a productores y organizadores de seguros, pudiendo ser el dinero retenido, parte de esa maniobra investigada”, advirtió.

Se trata de comisiones de pólizas del sector público comprendidas en el Decreto 823/21 y el embargo abarcó además a “Castello Mercuri S.A.”, por 1.283.175,79 pesos; “Paris Broker de Seguros S.A.”, por la suma de $46.501,42; “Bri Brokers S.A.”, por la suma de $51.891.434,01; “Net Broker S.A.”, por la suma de $13.274.722,76 y “Service Risk S.A.”, por la suma de $255.513,31.

Ese decreto publicado en el Boletín Oficial el 2 de diciembre de 2021 dispuso que “todas las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, debían implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su función, a través de la firma ‘Nación Seguros S.A.’ -durante la gestión de Alberto Carlos Pagliano mediante un convenio interadministrativo” recordó el juez.

 “Asimismo, en aquél se estableció la posibilidad de dar participación a otras aseguradoras en forma de coaseguro. Esto habría dado lugar a que gran parte de aquellas contrataciones, sea necesario o no, contasen con la participación de intermediarios y organizadores (tanto personas físicas como jurídicas)”, agregó.

También quedaron embargadas comisiones de Emanuel Raúl Andrés Calvo, por la suma de $5.314.258,32; Laura Elena Crisafulli, por la suma de $686.922,53; Norberto Matías Garrido, por la suma $2.736.613,92 y Javier Marcelo Rodríguez Gómez, por la suma de $490.836,35.

El magistrado hizo saber a la firma “Nación Seguros S.A.” que en esta causa no pesan restricciones para que disponga de las liquidaciones “ correspondientes a las comisiones de los distintos organizadores y productores de seguros, vinculados a pólizas de clientes del sector privado y pólizas de clientes del sector público no comprendidas en el Decreto 823/2021”

Ercolini ordenó la apertura de cuentas individuales en el Banco Ciudad para que “Nación Seguros SA” transfiera los saldos sujetos a embargo y que se los invierta en plazos fijos renovables de manera automática para resguardar el valor nominal actual de los activos.

El juez había rechazado un primer planteo para embargar esas comisiones hecho por el fiscal Rívolo, pero esa decisión fue revocada por la Cámara Federal porteña que ordenó dictar una nueva resolución

La sala II del Tribunal de Apelaciones había revocado por mayoría el 6 de junio pasado la inhibición general de bienes que Ercolini había impuesto a 33 imputados en el caso, una decisión que ahora está bajo revisión de la Cámara Federal de Casación.

En base a esa primera decisión de la Cámara, el juez de primera instancia no hizo lugar luego a embargos preventivos de comisiones aún no cobradas, Rívolo apeló y en este caso se revocó esa decisión y se ordenó en agosto pasado dictar un nuevo pronunciamiento porque se entendió que se trataba de temas diferentes.

Ante ello Ercolini dispuso ahora los embargos preventivos en la causa que investiga la posible existencia de una “ una organización delictiva que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales durante la presidencia de Alberto Ángel Fernández, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora ”Nación Seguros S.A.“; como así también a la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.

CRM con información de la agencia NA

La atención pública en las últimas semanas se centró en la causa por presunta violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, pero esta se desprende de otra que sigue avanzando contra él y otros imputados por los contratos de intermediación de seguros con organismos públicos en sus cuatro años de gobierno. Entre los apuntados está su secretaria, María Cantero, su esposo, el empresario asegurador Héctor Martínez Sosa, amigo y prestamista del exjefe de Estado; y el expresidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano, cuya empresa concentró todos los contratos con entes estatales por un decreto que rigió desde 2021 hasta el mes pasado.

El juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo ya accedieron a los chats de WhatsApp de Cantero y Pagliano, que fueron difundidos en parte a través de Infobae y Clarín, pero faltan revisar computadoras y pendrives secuestrados, escudriñar sobre las relaciones entre los brokers de seguros y los organismos públicos. Después, sólo restaría que se llame a declaración indagatoria a los acusados.

Los chats vienen a ratificar que, tal como publicó en abril pasado elDiarioAR, 63% de los $3.453 millones facturados por intermediarios en los contratos de seguros de firmas estatales entre 2020 y 2024 fue para el universo de compañías y aliados de Martínez Sosa, el empresario que conoció a Fernández hace 30 años, cuando el expresidente era superintendente de Seguros del gobierno de Carlos Menem. En ese entonces, Fernández contrató a su esposa como secretaria.

Hace 15 años, Martínez Sosa, uno de los principales brokers de la Argentina, le prestó US$20.000 a Fernández, que acababa de abandonar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y nunca se los devolvió. El exjefe de Estado también vive de prestado desde 2008 en el departamento de Puerto Madero que un año antes había comprado otro amigo suyo, el empresario publicitario y exsecretario de Medios de Néstor Kirchner Enrique “Pepe” Albistur, esposo de la diputada Victoria Tolosa Paz.

Si bien en la lista de brokers que intermediaron en los contratos de Nación Seguros con organismos estatales entre 2020 y 2024 (ver arriba), que elaboró el gobierno de Javier Milei a pedido de Ercolini y Rívolo, el broker más beneficiado fue Bachellier SA, de Osvaldo Tórtola, en un chat de Pagliano con un director de Nación Seguros, Gustavo García Argibay, se advierte que es socio de Martínez Sosa, cuya empresa está segunda en ese listado. En una conversación de 2020, García Argibay le envió una nota de la entonces subsecretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Seguridad, Ana Flamarique, en la que se designa a Bachellier como productora de seguros de esa cartera. Después, comentan:

García Argibay: –Muchachos, esta es la designación que nos va a llegar a favor de Héctor (por Martínez Sosa) para las cuentas de las distintas fuerzas de seguridad.

Pagliano: –Excelente. ¿Bachellier labura con Héctor?

García Argibay: –Sip, es el Ruso Tórtora.

En 2021, García Argibay mantuvo otra conversación sobre el entonces vicepresidente del Banco Nación, Matías Tombolini, el que después se hiciera su fama por administrar las autorizaciones para importar como secretario de Comercio.

García Argibay: –Hablé con Tombo. Después llamame y te cuento.

Pagliano: –OK. ¿Podés hablar?

García Argibay: –No puede con su genioooooo.

Pagliano: –Y sí, veremos cómo sigue.

García Argibay: –¡¡¡Vamos bien!!! No puede quedar acentado (sic) y menos grabado. Que no sabemos qué pasa en la compañía.

Pagliano: –Seguro.

García Argibay: –¡¡Gracias!! Ese es mi presi...

En 2022, Pagliano le envió una captura de pantalla de un mensaje que recibió: “¿Cómo está, señor Pagliano? Sólo a modo de aviso. Un director de su empresa (Gustavo García Argibay) estaría realizando negociaciones incompatibles con su función: reuniones e intercambios improcedentes con aseguradoras. Lo dicho se comunicará oportunamente a la Oficina Anticorrupción para que analicen las pruebas en nuestro poder. Aún será anónima la presunción descripta para preservar a actores del ámbito asegurador”.

Pagano: –Obviamente lo bloqueé.

García Argibay: –La verdad, estoy tranquilo. No me mandé ninguna cagada –le contestó quien un año después le sugirió que en la memoria de Nación Seguros corrigiera un párrafo que calificaba a la empresa como “destacado referente en cuanto a coberturas, tarifas y comisiones” y le propuso decir “coberturas y condiciones comerciales”. Las palabras “tarifas y comisiones”, con las que cobran los intermediarios, le sonaba mal.

Más nombres en el listado

En el séptimo puesto del listado de brokers que facturaron del Estado figuró Bri Brokers SA, de Agustín Beraldi. Pero en los chats de Pagliano en 2022 con el entonces gerente comercial con el sector público de Nación Seguros, Mauro Tanos, se vinculó esta firma con Martínez Sosa.

Pagliano: –¿Corredores Viales la tiene Martínez Sosa?

Tanos: –La tiene Martínez Sosa, sí. No directamente porque la tiene Bri Brokers como productor y el organizador de Bri Brokers es Martínez Sosa. Así que sí, es Martínez Sosa, técnicamente son ellos.

Los organizadores son una figura del negocio asegurador que reúne a diversos productores de seguros. Martínez Sosa es un organizador. Además, en su página web reconoce que su grupo incluye a Salim, la firma que aparece vigésima en el ranking de intermediarios de contratos de Nación Seguros con el Estado en la era del Frente de Todos.

En 2023, llaman la atención otros diálogos de Tanos con Pagliano. Un día el gerente le dijo: “Habría que alquilar un departamento o una oficina, qué se yo, ¿o lo hacemos en el Banco Nación, en el Banco Provincia? Obviamente adentro de la compañía no puede ser porque depende de quién venga no quiero estar... no quiero. Yo no sé si voy a participar de esto. Pero, bueno, no estaría bueno estar adentro de Nación Seguros. Y si no, hay que alquilar un departamento”.

¿En qué medida Martínez Sosa ganó tantos contratos en el anterior gobierno gracias a las gestiones de su amigo presidente? Eso es lo que está investigándose. Para empezar, no se trata de un Lázaro Báez que ascendió de la nada. Es un empresario con mucha trayectoria en el sector y con negocios con gobiernos de todos los colores, incluida la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en los chats de Cantero y Pagliano, queda demostrado que la entonces secretaria presidencial se movió y mucho aprovechando su cargo para facilitarle contactos a su marido y así obtener nuevos contratos, mientras que el entonces jefe de Estado intervino al menos en una oportunidad para ayudarla. Así lo cuenta este diálogo entre Cantero y su marido en 2023:

Martínez Sosa: –Buen día, ingresó en Provincia ART una carta de designación de Cancillería a favor de NET Broker.

Después ella le replicó ese mensaje a su jefe.

Fernández: –Ya me ocupo –le contestó a ella.

Cantero: –La Cámpora está armando y ponen a cualquiera –lo alertó.

La secretaria se lo reportó después a su marido.

Cantero: –Acabo de decirle a Alberto lo de Cancillería. No te preocupes. Está todo bien con Santi (en alusión al excanciller Santiago Cafiero), aunque no lo quieras.

Martínez Sosa: –Es un forro.

Pero a los pocos días se arregló el problema.

Cantero: –¿Lo de Cancillería salió bien?

Martínez Sosa: –Sí, sí.

La bronca venía de 2021, cuando el excanciller era jefe de Gabinete y entonces el empresario le pasó a su esposa una nota del portal Minuto de Cierre que se titulaba: “Cafiero firmó la preferencia con Provincia ART y le pone un límite a Martínez Sosa”. “¿Seguro que no querés que le diga al jefe?”, le preguntó entonces ella a su marido y después lo llamó a Cafiero, según sus chats.

Otra vez en 2023, la secretaria le envió a Fernández un link de una nota de Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna que comentaba lo siguiente: “En una de las inauguraciones en que ocupa su tiempo, Alberto disparó en forma explícita contra Cristina. 'Le dedicó una serenata diciendo que él no entrega obra pública a los amigos ni tiene amigos empresarios. Desde el Instituto Patria le contestaban, también en media lengua: 'Obra pública no, contratos de seguros'. ¿Hablan de un tal Martínez Sosa? Habladurías', sentenció un maestro de la insidia”, se refería a su colega Carlos Pagni. Después, el Perro continuaba: “Héctor Martínez Sosa es un broker de seguros casado con la secretaria histórica de Alberto Fernández, María Cantero (no es rosarina). La versión que hizo circular Pagni no proviene del Instituto Patria sino de un competidor que perdió algunos negocios sabrosos”.

Cantero: –Se equivoca Verbitsky. Estoy furiosa. El competidor se llama Castello (N. de la R.: Castello Mercuri figura tercera en el ranking de contrataciones del Estado en la era Fernández) y cobra 25%, en lugar de 5%, porque tiene que repartir en el Instituto Patria. Lo metió (Amado) Boudou, socio de Iesi, y quien tiene más cuentas públicas.

Fernández: –Deberías decirle a Héctor que haga público eso.

Cantero: –Sí, hace rato que este señor hace estas cosas. No quiero que lo afecte.

Fernández: –Que haga un comunicado y explique lo que deba explicar. Quedarse callado va a dar lugar a que hablen también y digan cualquier cosa. Que aclare con urgencia la verdad. Yo no tengo nada que ver con sus negocios.

Cantero: –Eso ya lo sé. Lo único que no quiero es que algo afecte a Hecky (apodo de su marido) ahora. Lo va a aclarar, tranqui. A él lo perjudica más: le están sacando cuentas.

Fernández: –Él debe decir hace cuántos años está como broker del Estado y cuántas cuentas perdió en este tiempo en manos de otros competidores.

Cantero: –Sí, él no tiene tantas cuentas, jefe. No te preocupes. Él sabe defenderse. Hace 53 años tiene la empresa. Se defiende solo.

Fernández: –Pero que lo haga y lo deje en ridículo a la mierda de Verbitsky.

Intermediación y amiguismo

Pese a los dichos de su esposa, a partir del decreto que concentró las pólizas del Estado en Nación Seguros, Martínez Sosa acaparó casi dos de cada tres pesos facturados en la intermediación. En la fiscalía de Rivolo consideran que la decisión en sí de darle todo el negocio a Nación Seguros es de orden político, no cuestionable jurídicamente. Otros gobiernos como el actual prefieren que todo pase a ganancia privada. Incluso, el fiscal ha averiguado que era razonable que la aseguradora estatal contratara intermediarios, a pesar de tener cautivos a todos los organismo públicos, y les pagara una comisión, dada su estructura insuficiente para confeccionar tantas pólizas disímiles. Lo que está en observación es si la selección de los brokers fue por amiguismo y si eran necesarios en todos los casos. Por ejemplo, hay dudas de que lo fueran para asegurar los créditos que otorgaba la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a los jubilados, pues en el gobierno de Mauricio Macri este organismo se autoaseguraba y no recurría a terceros.

Un mes antes de que se publicara el decreto de 2021 a favor de la aseguradora estatal, este constaba de un artículo 3 que establecía que “en caso de que la complejidad o volumen de los riesgos a asegurar amerite la participación de la figura de un productor asesor de seguros, el titular de la unidad operativa de contrataciones comunicará por nota a Nación Seguros dicha decisión”. Así consta en un chat de Pagliano con quien era el jefe de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), Roberto Gilbert. Cuando se publicó el decreto, el presidente de Nación Seguros celebró con Gilbert que finalmente no se hablara de si ameritaba o no la figura del intermediario:

Pagliano: –Le sacaron el artículo 3 de productores.

Gilbert: –Jajajaj. Mejor. Lo decidís vos. ¿Qué más? Excelente.

Días después, Gilbert le envió un borrador para reglamentar el decreto.

Pagliano: –Para vos, ¿puede haber productores, a pesar de los considerandos? –apuntaba a que en el texto se hablaba de “racionalizar los gastos” y de que Nación Seguros contaba con una “estructura financiera y técnica administrativa suficiente”.

Gilbert: –Yo no veo nada que lo impida. Lo que no está expresamente prohibido se podría hacer.

Pagliano: –Che, Roberto. Ahora que lo estaba leyendo con más detenimiento, en el primer punto cuando dice “Se trata de una medida que tiende, entre otros fines, a racionalizar el gasto del Estado en pos de contribuir a un mejor resultado de las cuentas fiscales. Es por ello que se incorpora las denominadas contrataciones directas interadministrativas”... Esa palabra “directa”, ¿no me va a complicar más con el tema de los productores, que ya bastante lío tengo acá adentro? No sé. Entiendo lo que quiere decir, que es la contratación sin licitación, pero queda ahí dando vuelta, boyando, para que alguno empiece a armar quilombo.

Gilbert: –No, ahí lo que está aclarando es el procedimiento. ¿Entendés? Es para dejar claro que no tenés que llamar a nada. Es una directa interadministrativa. Lo que se ahorra en costos. ¿Qué es? Todo el proceso licitatorio, que tiene un costo de personal, de tiempo. Eso es lo que está aclarando, pero no tiene nada que ver con poner productores o no.

Es curioso que entre Fernández y Pagliano sólo hablaron por Whatsapp cuando él lo nombró en 2020 al frente de Nación Seguros y después sólo tras cuatro años cuando estalló el escándalo a partir de una nota de Clarín sobre los seguros de la Anses. En ese momento, el expresidente le mandó el link del artículo:

Pagliano: –Hola, Alberto. Esa era una póliza que tuvo Nación cuando yo no estaba (hasta 2018). Dio pérdida. Entonces se fue, no hicieron más póliza, la autoaseguraron. Después volvieron con el mismo precio, le dijimos que no porque daba pérdida. Después se hace una nueva póliza para todos los créditos. Como era enorme, Anses armó un coaseguro, que es lícito, está dentro de la ley (se refirió a que Nación Seguros ofreció la cobertura junto a otras aseguradoras privadas dado que el monto a cubrir era enorme).

Fernández: –¿Por qué volvieron a asegurar el riesgo si lo habían dejado por ruinoso?

El entonces presidente de Nación Seguros explicó que se ajustaron los costos de los seguros, sobre todo teniendo en cuanta la mayor tasa de mortalidad de quienes tomaban créditos de la Anses tras la pandemia. Este organismo estaba a cargo de la camporista Fernanda Raverta.

Fernández: –¿Quiénes son los coaseguradores? ¿Los definió Anses?

Pagliano: –Life, Sancor (Seguros), San Cristóbal, San Germán. En la primera anualidad estaba Boston, en lugar de San Cristóbal.

Fernández: –¿Quiénes son San Germán? -preguntó pese a que en los chats de Cantero se cuenta que en su gobierno él recibió su representante, el extenista Gastón Gaudio.

Pagliano: –Una compañía de vida. No recuerdo cómo se llamaba.

Fernández: –¿Las comisiones cómo se determinaban?

Pagliano: –Nación, en cuentas del Estado, tenía aprobado máximo 10%. Supongo que cuando (en Clarín) hablan del 17%, no era así. Le están sumando que nosotros a las coaseguradoras, como todo el mercado hace, le cobro un fee de pilotaje por los gastos administrativos. Y si a eso le sumamos el IVA, puede llegar al 17.

Fernández: –Sólo quería preguntarte si el seguro de Gendarmería venía de antes y si antes no lo tenía Nación, ¿quién lo tenía?

El contrato de esa fuerza de seguridad es uno de los más voluminosos del caso, junto con el de la Anses. En los chats de Cantero con su esposo se comenta primero el interés de Martínez Sosa por firmar con ese organismo y después se repite una y otra vez que él visitaba esa dependencia y entablaba una estrecha relación con su entonces jefe, Andrés Severino, al que incluso le llevó un regalo. Severino le mandó otro obsequio a Cantero, según su Whatsapp. Martínez Sosa también frecuentaba la Quinta de Olivos, incluso en cuarentena –en algún chat su esposa le sugiere que no registre su entrada– y le llevó un par de presentes a su amigo jefe de Estado: un cuadro de Juan Domingo y Eva Perón y corbatas, según consta también en los mensajes de su esposa.

Pero volvamos al diálogo del exjefe de Estado con Pagliano sobre el contrato de Gendarmería.

Pagliano: –Estaba con Nación, pero ahora pregunto desde cuándo.

Fernández: –También averiguá cuántos productores y asesores trabajan con cuentas públicas.

Pagliano: –Ahí lo averiguo. Escúchame. Hay algo que no lo dije nunca porque no quiero armar más quilombo, pero en Nación a Martínez Sosa, cuando yo llegué, no lo quería nadie. Había otros. Y había una figura, que me costó dos años hacerla desaparecer porque no me daban pelota y se llamaba master. Con master metían ahí los que dicen que cobran cero comisión y no aparecían en el frente de póliza, pero les pagaban. En alguna creo que estaba Martínez Sosa también. Pero te lo digo a vos, no sé si vale la pena armar más quilombo. Porque cuando hablan de cero comisión, ¿quién no va a cobrar por su laburo? No van a regalar el laburo. Y hay cantidad de productores que estaban en la intermediación.

Fernández: ¿Y sabés de empresas privadas que aseguraban al Estado antes de nuestro decreto?

Pagliano: -En principio, Provincia, Experta, La Caja, Sancor eran las principales. El decreto se propone porque se estaban llevando las cuentas de Nación, entre ellos, Martínez Sosa, porque en cualquiera de estas empresas (aseguradoras privadas) le pagaban más comisiones. Yo te digo cuánto pagaba Fadea (Fábrica Argentina de Aviones) a Marsh (broker), que lo colocaba en La Caja, Sancor: las cauciones, 35%. La pelea que tuvimos con la gente de Marsh porque le pagábamos 10% era impresionante. 35% para llevar un papel de un lado al otro, ¡que me dejen de joder! Y en la póliza de vida (de Anses) más allá si lo hacían bien, mal o regular, hay que hacer las encuestas, mantener las nóminas, mantener los domicilios, mantener los beneficiarios del seguro, es un laburo. Una caución es llevar un papel.

Fernández: -Igual, desde nuestro decreto todos los contratos se hicieron sin intermediarios –afirmó desde una total ignorancia.

Pagliano: -Cuando salió el decreto se hizo una reunión de directorio o de comité ejecutivo donde no se aceptaba ni intermediarios. Se ofrecía todo en directo. Pero si el organismo (que quería asegurarse) pedía tener un asesor productor, porque a veces no tienen oficina de seguros, lo nombraban y se le pagaba tope 10%. Así funcionaba. No es un intermediario que viene a hacer negocios valijeando. Era un tipo que lo necesitaban por eso. Es bastante complejo el tema de las cauciones y de los seguros.

Más tarde, ese mismo día, le mandó un audio:

Pagliano: –Hola, Alberto. Mira, encontré esto que tenía acá en el teléfono que le había mandado una vez a (la presidenta del Banco Nación de 2022 a 2023, Silvina) Batakis para presentar en el banco. Si te fijás, 2019 es el último ejercicio de la gestión anterior, todo a moneda constante (actualizado por inflación), a junio de 2023 la facturación fue más o menos siempre igual, pero los gastos de producción siempre estuvieron por debajo de 2019 y los gastos de explotación también. Todos los indicadores los hemos mejorado. Que sigan diciendo pelotudeces, porque la realidad es que si no era Martínez Sosa o qué se yo, Tórtora, no sé, serían otros o no sé quiénes eran.

Pagliano y Martínez Sosa mantenían un diálogo usual. Los chats comienzan en 2020 cuando el futuro funcionario se desayuna sobre su nombramiento a partir de un comentario del empresario

Martínez Sosa: –Me confirman que asumís el lunes.

Pagliano: –No sabía que el lunes era el día.

Martínez Sosa: –Tomalo con pinzas porque, si bien Alberto me contó hace bastante tiempo que quería que vos asumieras esa función, hoy hablé con él por otros temas y me dijo que me juntara con vos para empezar a hacer cosas y darte una mano en lo que pueda.

A partir de entonces se reiteran de vez en cuando los chats entre ambos en los años siguientes, dentro de lo normal en la relación de una aseguradora y un broker de su tamaño. Pero en 2023, al mismo tiempo que Verbitsky publicaba aquella nota, el diputado radical Martín Tetaz elevaba un pedido de informes sobre gastos sospechosos de directivos del Banco Nación en el que también preguntaba sobre los intermediarios de Nación Seguros. Entonces, el gerente Tanos le escribió a Pagliano.

Tanos: –A las cuatro y media me junto con Osvaldo Tórtora (el socio de Martínez Sosa en Bachellier). Me pidió reunirnos por el tema este de lo de mi pedido de informes.

Pagliano: –Mostrale la nota que salió de Verbitsky pegándole a este boludo de... ¿cómo es? Martínez Sosa. Y decile, ¿qué se yo? Si tiene una cuenta privada, le metemos una comisión buena y podemos ir compensando esto de alguna forma.

En octubre pasado, dos meses antes de terminar el gobierno, Pagliano manifestó a Tanos su fastidio con el empresario amigo del presidente.

Pagliano: –Siguen emitiendo pólizas como master, a pesar de que desde el inicio de la gestión debería estar prohibido –advierte y adjunta una lista de contratos con Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria, Ministerio de Seguridad, Cancillería y Corredores Viales–. Parecería que es todo Martinez Sosa. Dejémonos de joder con este tipo. Si sigue así, vamos a terminar con un problema. Saquen todo a la mierda los masters y emitan la póliza con el producto en el frente de póliza. Si se enoja, que se enoje.

Quien tenía mala imagen de Martínez Sosa es el hermano de Fernández, Pablo Galíndez, hijo de distinto padre y misma madre. El expresidente lo colocó en 2021 como ejecutivo senior de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Antes, en marzo de 2020, Galíndez reaccionó a un artículo de Periódico de Tribuna sobre las visitas del empresario a Fernández en el inicio de la cuarentena. “MS es un pirata”, se refería al amigo de su hermano por las siglas de su apellido. Al mes siguiente, fue Pagliano quien lo llamó por las iniciales de su nombre completo cuando le comentó que el hombre de negocios le había escrito al jefe de Estado para evitar que Sebastián Díaz Bancalari asumiera como vicepresidente de Nación Seguros.

Pagliano: –Mientras pueda, trato de no llamarlo a HMS.

Galíndez: –No creo que Alberto le dé bola –respondió y efectivamente Díaz Bancalari asumió en el cargo.

En 2021, el portal Minuto de Cierre publicó una nota titulada “Martínez Sosa, el amigo del presidente que cosecha amigos y rechazos en la Casa Rosada” y Pagliano se la mandó al hermano de Fernández. “Es un HDP”, lo descalificó otra vez Galíndez.

El rol de Cantero

Quien hacía lo imposible por Martínez Sosa era su esposa. Queda expuesto en sus chats con el “Jefe”, como tenía agendado a Fernández. Por un lado, le recordaba cada vez que “Hecky” le escribía a él y le pedía con insistencia que le respondiera. “Atendelo con amor”, le pidió en una oportunidad al Presidente antes de recibirlo. En 2023, Fernández le pasó a ella una copia del pedido de informes de Tetaz, que preguntaba si Martínez Sosa se había quedado con la cuenta de Gendarmería a cambio de una comisión que era del 20% en 2020 pero debió reducir después al 10%.

En las conversaciones de Cantero con su esposo es donde queda en evidencia que, como dijo Fernández, ella se “extralimitó” pidiendo contratos. Marido y mujer conversaban sobre los organismos a los que la empresa familiar pretendía asegurar y ella hacía los contactos con los funcionarios pertinentes para vincularlos con él. Así se mencionaba a la Armada, con insistencia a Fabricaciones Militares –Cantero le cuenta que le habló al entonces ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien después le pregunta a ella cómo le fue a su cónyuge con esa empresa; más tarde lo encaró por el mismo tema a su sucesor, Jorge Taiana, mientras este esperaba ver a Fernández–, el Ministerio de Educación o la Casa de la Moneda –ella consultó a Cafiero cuando era jefe de Gabinete–. Hablaban de contactar a quien era vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, a los ministros del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, de Agricultura, Julián Domínguez, al de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas –que se excusó porque estaba aislado por contacto estrecho de Covid–, al de Obras Públicas, Gabriel Katopodis –“me dice Kato que lo de Corredores Viales ya está”, le cuenta ella en una conversación–, al de Seguridad, Aníbal Fernández –“lo de Aníbal salió bien”, le informa ella–, y al de Economía, Sergio Massa, al secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, al de Culto, Guillermo Olivieri, a la de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, y a Rossi otra vez cuando este pasó a jefe de Gabinete –le preguntó por el Correo Argentino–. En 2022, ella lo consultó: “Me olvidé de preguntarte si llegás a juntar el dinero para los compañeros de la oficina”. “Veo”, le contestó y a la hora y media le mandó una foto con fajos de billetes de $1.000, que entonces valían mucho más que ahora. El dólar blue cotizaba a $289, no a $1.310 como ahora.

Cuando estalló el escándalo por la nota de Clarín en febrero pasado, marido y mujer lo comentaron por Whatsapp.

Cantero: –Espero que a Alberto no se le ocurra llamarme.

Martínez Sosa: –Tranquila Mery. Alberto en esto no tiene nada que ver. Lo están operando a través mío.

Después sobrevino una nota de La Nación.

Martínez Sosa: –Dijo que vos hacías llamadas para conseguir clientes para mí.

Cantero: -Sí –se limitó a responder–. Pero después de la denuncia en tribunales Alberto puede salir a decir cualquier cosa. Es probable que te saquen las designaciones, ¿no? –se preocupó ella por el ingreso familiar.

Martínez Sosa: –Eso es otro cuento, mi amor.

Cantero: –Cristian) Ritondo va a estar con Jonatan Viale. Decile que te defienda de las barbaridades que están diciendo –se refiere al jefe del bloque de diputados del PRO, que sabe aceitar vínculos con todo tipo de personaje.

A los pocos días, habló Fernández por radio, pero a su amigo empresario no le gustó.

Martínez Sosa: –En este momento, el boludo en La Red AM910 –le informó y después le pasó el audio del expresidente declarando que si ella llamaba a funcionarios para conseguir contratos, “se extralimitó”.

Cantero: –Me duele el corazón.

Más tarde.

Cantero: –Ahora en TN dicen que yo llamaba a los municipios –cuenta quien en sus chats efectivamente los contactaba, al igual que a provincias.

Martínez Sosa: –No escuches más, mi amor.

Cantero: –No escucho, me lo mandan. Hablan de comisiones exageradas.

Martínez Sosa: –Mi amor. Todo eso se va a demostrar que no es así.

Ya en 2020, pocos días antes del lanzamiento de elDiarioAR, este cronista intentó contactar por mail a Martínez Sosa porque ya en los círculos de empresarios se comentaba que la secretaria del presidente los llamaba para conseguir contratos para su marido. Entonces, Cantero le avisó a quien era entonces vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, que también asesoraba al empresario, según los chats.

Cantero: –¿Tuviste noticias de Juan Pablo? Me dijo que no está con (Reynaldo) Sietecase ese pibe –se equivocó Biondi sobre este periodista, porque no era un “pibe” pero sí trabajaba en el programa radial del periodista rosarino.

Martínez Sosa:–El tipo mandó un mail a nuestra casilla de prensa pidiendo una reunión conmigo.

Nunca contestó.

AR/DTC

Después de que se detectaran irregularidades en contrataciones de Nación Seguros que involucran al ex presidente Alberto Fernández y al productor de seguros Héctor Martínez Sosa -esposo de su ex secretaria María Cantero- el Gobierno derogó el DNU 823/21 que abría una vía legal para que pudieran concretarse ventas de pólizas a organismos estatales con sobreprecio.

La eliminación del DNU se realizó este miércoles a través de la publicación del Decreto 747/2024 en el Boletín Oficial, en la que se retiraron todas las modificaciones anteriormente realizadas a la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Los nuevos cambios fueron impulsados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien fue designado junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como responsable de recibir e inspeccionar las documentaciones relacionadas a las contrataciones de seguros.

El artículo 1 del decreto publicado este miércoles establece: “Deróganse los Decretos Nros. 1187/12, 1189/12, 1191/12 y 823/21”. Así, quedará eliminada la obligatoriedad de contratar pólizas de seguros proveídas por el Estado. Sin embargo, desde el Gobierno revisarán los fondos que han sido destinados al pago de contratos y convenios actuales y pasados.

La Administración Nacional, las empresas y sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales en donde el Estado posea una participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias tendrán un plazo de 30 días para proveer a la Jefatura de Gabinete de la Nación y al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado la documentación requerida.

Para evitar contrataciones que pudieran ser beneficiosas para un tercero a futuro, el decreto estableció que se considerará que hubo una “ventaja, beneficio o preferencia” por parte de las organizaciones vinculadas al Estado si se detectaran criterios de selección favorables para una entidad en particular. Lo mismo ocurrirá con aquellos acuerdos que pudieran cerrarse de manera directa entre las partes, los cuales deberán ser sometido a un proceso de selección mediante licitación o concurso de tipo público o privado.

Asimismo, el decreto indica que “No se considerará que existe una ventaja, beneficio o preferencia en los contratos y convenios interadministrativos de provisión de bienes o servicios cuando el único proveedor disponible sea una jurisdicción o entidad del Sector Público Nacional”, subrayaron.

Por otro lado, se fijó un plazo para que aquellos ministerios y demás organismos que todavía tuvieran pólizas vigentes fruto de la normativa del DNU impulsado por el ex mandatario pudieran concretar las bajas de los mismos.

Todas las entidades señaladas tendrán un año para poder finalizar los acuerdos. En simultáneo, instaron a que convoquen nuevos procesos de selección que garanticen la competencia y la transparencia respecto de las postulaciones para brindar bienes y/o servicios.

En este contexto, se dispuso que la Oficina Nacional de Contrataciones sea la entidad encargada de gestionar y revisar las nuevas contrataciones que pudieran surgir a partir de haber entrado en vigencia el decreto 747/2024.

Finalmente, el decreto firmado por el presidente Javier Milei, Francos y Sturzenegger anuló además otros tres decretos promovidos durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de las normativas N° 1187/12, 1189/12 y 1191/12 que, tal como indica su nominación, fueron promulgadas en 2012. También la derogación del Decreto 1187/12 implicó la eliminación de la responsabilidad que tenía el Estado de pagar los sueldos de los empleados y contratados estatales por medio del uso de la Caja de Ahorro Común que se abrió en el Banco Nación.

Sturzenegger celebró en X

Qué decía el DNU que firmó Alberto Fernández

Con información de agencias.

IG

El fiscal federal Carlos Rivolo, que interviene en la causa Nación Seguros, solicitó este viernes al juez federal Julián Ercolini acceder al contenido de los dos teléfonos y 22 pendrives secuestrados al expresidente Alberto Fernández, de acuerdo al escrito al que accedió elDiarioAR. La decisión de Rivolo da un giro de 180 grados, ya que la Justicia no tenía planificado peritar los dispositivos por el momento, dado que así lo dispuso Ramiro González en la otra investigación que pesa sobre el expresidente, la iniciada por Fabiola Yañez por violencia de género. 

elDiarioAR reveló este jueves que los teléfonos y pendrives secuestrados el 9 de agosto último por orden del fiscal federal Ramiro González permanecen lacrados y resguardados en una caja fuerte en el quinto piso de los tribunales de Comodoro Py 2002 y que por ahora no serán peritados en el marco de la causa por presunta violencia de género iniciada por la ex primera dama Fabiola Yañez contra Fernández.

González considera que, por el momento, el secuestro de los teléfonos cumplió su misión: que cesara el supuesto hostigamiento de Fernández a Yañez y resguardar la prueba de la presunta violación de Fernández a la restricción judicial que pesa en su contra y le prohíbe acercarse físicamente a Yañez o tomar cualquier tipo de contacto con ella.

Sin embargo, existe otra causa en la que se investiga al expresidente y en la que ahora el contenido de los dispositivos secuestrados despertó interés. Se trata del expediente sobre el supuesto fraude con los seguros.

Fernández es uno de los investigados en el caso que se centra en una posible malversación de fondos públicos a través del pago por parte de organismos del Estado de cuantiosas comisiones a intermediarios de Nación Seguros. El principal señalado dentro de los brokers beneficiarios es la pareja de la secretaria de Fernández, María Cantero.

Este viernes por la mañana, Rivolo envió al juez Ercolini un oficio en el que le manifestó que cuando llegue el momento de realizarse la apertura de los dispositivos se constate la existencia de elementos que sean de interés para la causa del supuesto fraude con los seguros y se agreguen como prueba al expediente, “independientemente de los límites con los que V.S (vuestra señoría) eventualmente ordene el análisis de la información que pueda llegar a obtenerse de esos dispositivos y su posterior inclusión en el expediente mencionado y, teniendo en cuenta que las herramientas técnicas usualmente utilizadas para realizar este tipo de extracciones no admiten limitación, sino que extraen la totalidad del contenido de los dispositivos”.

elDiarioAR había consultado a fuentes de la fiscalía sobre la posibilidad de solicitar acceso a los teléfonos y pendrives de Fernández pero esa posibilidad había sido rechazada el jueves por la tarde.

ED/DTC

El juez federal Julián Ercolini le notificó hoy al expresidente Alberto Fernández que debe designar abogado defensor para que lo asista en la causa por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos a través del Banco Nación.

La notificación es sinónimo de imputación formal contra el expresidente, quien hasta ahora nunca se había presentado en el expediente pese a que estaba al tanto de la investigación, a punto tal que habló sobre ella en un reportaje. En la causa se investigan los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes y malversación de caudales públicos.

El juez Ercolini dispuso semanas atrás la inhibición general de bienes del ex mandatario. También notificar las decisiones del expediente que lo involucren para garantizarle el derecho de defensa, debido proceso y control de la prueba, a la vez que lo exhortó a que designe abogado defensor.

En otros expedientes penales, como el de la fiesta de cumpleaños de su esposa, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos en plena pandemia, Alberto Fernández fue asistido por el abogado Marcelo Sgro.

El expresidente firmó sobre el final de su mandato un decreto que obligaba a los organismos públicos a suscribir seguros de vida con el Banco Nación a través de su aseguradora, Nación Seguros.

Pese a tratarse de una relación directa entre organismos del Estado, en la investigación se determinó que intervinieron “brokers” privados a modo de intermediarios, quienes cobraron por ello comisiones que –según la imputación- estaban por encima de los valores de mercado.

MM con información de la agencia NA.

El juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo investigan si el amigo y prestamista de Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa, que además es el marido de la secretaria personal del expresidente, acaparó el 63% de los contratos de intermediación que selló Nación Seguros con organismos del Estado durante los cuatro años de gobierno del Frente de Todos. Este viernes, en una serie de allanamientos, recogieron material para intentar comprobar si los productores de seguros Bachellier, Bri Brokers y Fernando Carlos Salim en realidad trabajaban en alianza con Héctor Martínez Sosa y Cía SA, la organizadora de productores de la persona que le prestó dinero a Fernández cuando dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y nunca más se lo devolvió. La información del préstamo de dinero surge de la su declaración jurada patrimonial que presentó Fernández cuando asumió como presidente en 2019.

El juez y el fiscal cuentan con un informe que les elaboró Nación Seguros en el que se detallan todos los intermediarios que actuaron en los contratos sellados entre 2020 y 2024. Los del año actual fueron sellados por la gestión anterior de la aseguradora del Grupo Banco Nación a cargo de Alberto Pagliano. En ese reporte figuran a la cabeza de los contratos Bachellier SA, con $1,6 billones, casi la mitad de lo facturado en estos convenios (48,2% del total de $3.453 millones). Esta empresa está presidida por Osvaldo Tórtora y tiene como directores a Lucas Colonel y Mónica Elizarraga. Sin embargo, en el rubro de los brokers apuntan que Bachellier es un productor de seguros que trabaja organizado con Martínez Sosa.

En el segundo lugar del ranking aparece Héctor Martínez Sosa y Cía, con $366 millones, el 10,5% del total. Pero hay otros dos productores de la lista que trabajan organizados con el amigo, prestamista y marido de la secretaria de Fernández, según fuentes del negocio del seguro. En el séptimo puesto del listado de intermediarios contratados está Bri Brokers, que preside Agustín Beraldi y cuenta con Javier Entenza como director. Bri Brokers le facturó a Nación Seguros unos $152 millones, el 4,4% del global. El otro socio de Martínez Sosa es Salim, con $5,9 millones, el 0,2%. Este cronista contactó a Martínez Sosa para consultar su vínculo con Bachellier, Bri Brokers y Salim, pero no obtuvo respuesta.

En el mundo del seguro explican que, aunque Fernández haya dispuesto que todos los organismos del Estado contrataran a Nación Seguros, no es extraño que haya habido intermediarios porque son habituales a la hora de definir las complicadas coberturas del negocio asegurador. Agregan que ninguna empresa del sector, incluida la del Banco Nación, cuentan con suficiente personal para responder a estas exigencias. Por eso, el gobierno de Javier Milei decidió continuar utilizando brokers. Sin embargo, en el de Cristina Fernández de Kirchner, Nación Seguros no los usaba. El otro asunto que aclaran en el rubro seguros es que la empresa del Nación puso un tope del 10% en las comisiones e incluso solía cobrar 5%, es decir, valores de mercado.

Lo que llama la atención en el sector es la recurrencia de la firma estatal de contratar a Martínez Sosa y sus aliados, más allá de que este empresario haya sido importante en su rubro ya desde antes del gobierno de Fernández. No era un Lázaro Báez, que creció de la nada de la mano de los Kirchner. Pero la Justicia quiere saber si Martínez Sosa se expandió por de más con el expresidente, si fue su “Lázaro Báez”. Su esposa, María Cantero, solía llamar a compañías y organismos para que lo contrataran a su marido, según fuentes empresariales. De ahí que Fernández, cuando fue imputado por el caso, se desligó y apuntó contra “extralimitaciones” de su secretaria.

En los allanamientos del viernes también cayó en la volteada el que era hasta este sábado gerente general de Nación Seguros, Mauro Tanos, ahora imputado. Tanos era un camporista que trabajaba en la firma estatal como gerente comercial en la era albertista. En la gestión Milei lo ascendieron a gerente general. Después de su imputación de este viernes, al día siguiente fue despedido por el presidente libertario.

AR/DTC

Tras nuevos allanamientos realizados en la causa que investiga la trama millonaria de contrataciones de seguros, la Justicia Federal imputó al actual gerente general de Nación Seguros, Mauro Tanos, quien también fue allanado.

El funcionario está sospechado de ser el nexo con la firma productora de seguros San Ignacio, una de las que intermedió en la millonaria póliza de la ANSES.

Durante la administración de Alberto Fernández, Tanos se había desempeñado como gerente comercial del sector público en Nación Seguros y luego, con la llegada de Javier Milei a la Presidencia, fue ascendido a gerente general de la compañía.

También quedó imputado el actual gerente de compras de Nación Seguros, Marcos Federico Eufemio.

La documentación que obra en el expediente judicial muestra que Tanos ofició como contacto con la firma San Ignacio, una empresa que cobró millonarias comisiones por la contratación de la póliza de la ANSES.

En la serie de allanamientos ordenados por la Justicia también se incluyeron los domicilios de Brian Kelly y Hernán Marcos Bressi, presidente y director suplente de San Ignacio.

Días atrás, Alberto Fernández había salido a referirse al escándalo a través de sus redes sociales y en algunos reportajes, afectado por la destrucción de su principal caballito de batalla, la honestidad de su gestión.

Para eso, además de desmentir las versiones públicamente, levantó el teléfono y se comunicó con Milei, quien -aseguran- lo escuchó y aceptó los argumentos técnicos que ofreció ante cada una de las acciones que lo llevaron a la firma y la instrumentación del cuestionado decreto 823/21.

Con información de agencia NA.

El Ministerio de Capital Humano presentó ante el juez Julián Ercolini documentación de una póliza de seguros contratada en el 2023 por Nación Seguros en el Instituto Nacional del Teatro. Lo hizo como aporte a la investigación en la que está imputado el expresidente Alberto Fernández.

Hasta el momento se dio a conocer información sobre seguros contratados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y por el Ministerio de Seguridad a través de Nación Seguros, cuyo extitular Alberto Pagliano también está imputado. Ahora, según la documentación presentada por Capital Humano, aparece el broker Castello Mercuri.

Según consta en la incorporación aportada, el Instituto Nacional del Teatro contrató una póliza de seguro por accidentes personales. Esto apareció luego de una auditoría realizada con motivo de la investigación en curso. Mientras tanto, el juez Ercolini reúne información sobre 50 organismos que habrían contratado brokers o seguros tal cual informó Nación Seguros.

Por otro lado, hay una denuncia que tramita en otro juzgado hecha por el Ministerio de Seguridad por maniobras similares y que podría acoplarse al juzgado de Ercolini aunque ello debe dictaminarlo el fiscal Eduardo Taiano.

MM con información de la agencia NA.

El expresidente Alberto Fernández enfrenta un nuevo caso judicial que lo ubica por primera vez en el centro de una supuesta maniobra de corrupción para el presunto enriquecimiento de su círculo de allegados. 

El exmandatario no afrontaba un escándalo desde la filtración de la fotografía que expuso la celebración del cumpleaños de su mujer, Fabiola Yañez, durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19. Esta vez, se lo acusa de participar en una supuesta defraudación a la Administración pública por la contratación de seguros en el Estado Nacional a través de intermediarios o brokers que cobraban comisiones extraordinarias. 

El caso salió a la luz cuando el ahora extitular de la Anses, Osvaldo Giordano, nombrado y expulsado por Javier Milei,denunció que por un decreto de Fernández la Administración pública quedó obligada a contratar los servicios y pólizas de Nación Seguros, una empresa del Banco Nación, que generó un negocio cautivo para el grupo económico y para un sector de brokers o intermediarios. Los dichos de Giordano fueron luego ampliados en una publicación de Clarín y diversos artículos de La Nación. Estas son cinco claves para entender el caso.

¿De qué se acusa a Alberto Fernández?

El expresidente está imputado en al menos una causa que acumula tres denuncias por el caso de los brokers de seguros. La base de las acusaciones en su contra es la firma del decreto 823 de diciembre de 2021. En dicha norma, Fernández ordenó que todas las dependencias del Estado contrataran a Nación Seguros SA para asegurar los bienes del Estado. 

El decreto tiene varias observaciones pero, además, es analizado como la norma que sentó las bases para la contratación de brokers o intermediarios vinculados directamente al ex mandatario.  

También están siendo investigados Alberto Pagliano, expresidente del Nación Seguros y amigo de Fernández; el exdirector general de operaciones del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la ANSeS, Federico D'Angelo Campos; y los privados involucrado.

La denuncia de Juan Manuel López y Paula Oliveto (Coalición Cívica) planteó que el decretó no permitió la realización de licitación públicas que fomenten la competencia y transparencia de esas contrataciones y que a partir de la normativa se consolidó un monopolio en el sector de seguros estatales que habría facilitado la intervención de reasegurados privados y “brokers” en operaciones “poco transparentes”.

Las comisiones son otro punto central del caso: en la ANSeS, un broker vinculado a Fernández resultó beneficiado con una comisión del 17%, que sería tres veces mayor a la del mercado. Las ganancias por comisiones se habrían estimado en los $300 millones mensuales y $20.000 millones anuales, de acuerdo con otra de las denuncias, presentadas por la abogada Silvina Martínez.

Ante la denuncia, Fernández dijo que el decreto de 2021 tuvo la intención de terminar con la intermediación, que establecía que la contratación debía hacerse de manera directa, para así terminar –aseguró Fernández– con el sistema que se implementó durante el gobierno de Mauricio Macri, el cual, a su entender, dio lugar a “muchos negocios”.

Además, Fernández aseguró que “nunca” habló sobre su rol como broker en el Estado con el intermediario más cercano a su entorno, Héctor Martínez Sosa.

¿Qué dice el decreto 823/21?

Fernández estableció que todas las dependencias del Estado Nacional debían contratar las pólizas de seguros que requieran a través de Nación Seguros SA “en todas las ramas en las que esa institución opera”. El decreto no establece la obligatoriedad de contratar intermediarios entre la aseguradora y el Estado, pero tampoco lo prohíbe.

El objetivo, según la norma, era que el Estado asegurara sus numerosos bienes e intereses que integran el patrimonio nacional con una compañía del propio Estado. “Resulta una obligación ineludible proteger dichos bienes e intereses mediante la contratación de los seguros que otorguen la correspondiente cobertura a los efectos de transferir o mitigar los riesgos a los que se encuentran expuestos”, dice el decreto.

Entre los considerandos de la norma, el entonces presidente estableció la obligatoriedad de contratar el seguro con el banco estatal para “racionalizar los gastos del Estado contribuyendo al mejor comportamiento de las cuentas fiscales” y apeló a un “razonamiento elemental”, que sugiere que el Estado Nacional contrate con sus propios organismos“.

El decreto lleva además las firmas del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, y del entonces jefe de Gabinete, Juan Manzur.

En el texto, Fernández también insta al Poder Legislativo Nacional y al Poder Judicial de la Nación a seguir el mismo camino que el Ejecutivo.

¿Quiénes son los brokers denunciados?

Héctor Martínez Sosa es el principal nexo entre Fernández y el caso. Es el esposo de María Cantero, la histórica secretaria privada del expresidente.

La Justicia también investiga al intermediario Pablo Torres García y a Carlos Alberto Soria, entre otros.

En el caso de la ANSeS, también se denunció a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros SA y a TG Broker SA.

¿Quién debía controlar las contrataciones de los seguros?

De acuerdo con el decreto de Fernández, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) era el organismo que debía controlar el cumplimiento del decreto y las gestiones en torno al mismo. 

¿Qué investiga la Justicia?

Existen al menos cuatro denuncias. Tres de ellas se acumularon en un único expediente, a cargo del juez Julián Ercolini. Dicha causa incluye los principales casos contra el expresidente Fernández. 

Una cuarta denuncia fue presentada por la cartera de Patricia Bullrich contra el exministro de Seguridad Aníbal Fernández por la contratación del broker Martínez Sosa y la productora de seguros Bachellier SA en septiembre de 2020, 20 días después de la asunción del exfuncionario.

Las denuncias son por los supuestos delitos de defraudación a la Administración pública, asociación ilícita e incumplimiento de deberes de funcionario público, entre otros.

ED/MG

La Justicia libró 45 operativos en búsqueda de documentación en el marco de la investigación por la contratación de seguros, que los tienen como imputados al expresidente de la Nación Alberto Fernández y a otros funcionarios de su gestión.

Fueron órdenes de presentación firmadas por el juez federal Julián Ercolini sobre distintos organismos que mencionó Nación Seguros en el proceso de contratación de seguros y brokers.

La medida se da en el marco de dos causas en las que ya fue imputado el expresidente por posible malversación de fondos públicos: una por la denuncia de Capital Humano tras una auditoría realizada por el ex titular de la ANSES Alberto Giordano y otra realizada por la abogada Silvina Martínez. 

La maniobra investigada es por el decreto del año 2021 que obligaba a la adjudicación de un seguro en créditos a jubilados y pensionados que daba la ANSES. Ante un posible saldo deudor, a través de Nación Seguros se contrató brokers y compañías de seguros.

Hasta el momento, el juez Ercolini allanó la vivienda y oficinas de los brokers investigados y secuestró teléfonos, agendas, documentación y otros elementos que serán analizados. Mientras tanto, se espera que en las próximas horas se unifiquen las dos causas.

MM con información de la agencia NA.