Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), agrupados en la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA), realizan este viernes, desde las 10, clases públicas frente a Casa Rosada y montan una feria de ciencias en Plaza de Mayo, en reclamo de la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, que dispone un aumento del 50% en los salarios docentes y no docentes, equivalente a la diferencia entre la inflación y los incrementos otorgados desde diciembre de 2023.

La secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, señaló que los salarios “están en los mínimos históricos” y que, por ese motivo, los docentes “renuncian o buscan completar sus ingresos” con otros empleos, lo que afecta el funcionamiento de las clases.

“Desde el 21 de octubre del año pasado, cuando se promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno se encuentra en una situación de completa ilegalidad y acumula 167 días de incumplimiento. La docencia universitaria trabaja con salarios que perdieron un 35% de su poder adquisitivo. De cada tres días trabajados, nos pagan dos; por eso el éxodo docente es tan masivo”, señaló Carboni en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. 

Dicha Ley de Financiamiento Universitario, votada en cuatro oportunidades por el Congreso Nacional, “dos veces antes del veto presidencial y otras dos para su ratificación”, fue nuevamente autorizada por ambas cámaras en las sesiones en las que se trató el Presupuesto Nacional 2026.

Asimismo, la semana pasada, además, el Poder Ejecutivo Nacional recibió un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que confirmó la sentencia de primera instancia que ordenó su aplicación inmediata.

Dentro de las clases públicas que se desarrollarán este viernes, habrá una serie de charlas y una feria de ciencias que se llevará a cabo junto a ATE Conicet, en una jornada de lucha “en defensa de la ciencia, la tecnología y la universidad”.

Por último, confirmaron que continuarán hasta este sábado con cese de actividades en cada unidad académica, con el epicentro en el Ciclo Básico Común (CBC), que se iniciaba esta semana.

El comunicado de AGD-UBA

“Mientras transcurría la tercera semana de paro (la segunda de carácter nacional) y en medio de las clases magistrales en una de las propiedades de Adorni, salió un nuevo fallo en favor de la aplicación de la Ley de financiamiento universitario por parte de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Un fallo que fue posible también producto de las medidas de fuerza en reclamo de la aplicación de la ley y, consecuentemente, del presupuesto universitario y aumento salarial.

Esta semana –Del 6 al 11 de abril– y con el inicio de clases del Ciclo Básico Común, continuamos con la medida de fuerza porque, aún cuando la justicia nos da la razón, el gobierno sigue sin aplicar la ley. Además, insiste con la presentación de una modificación a la ley que, como eje central, busca mantener los salarios a la baja.

El gobierno bate el parche con el equilibrio en las cuentas públicas como excusa para no aplicar una ley cuyo costo es previsible y no genera ningún desmán en materia fiscal. Recordemos que en el presupuesto 2026, el capítulo XI, dedicado a las universidades, se mantuvo. Lo hace en medio de un mar de denuncias de corrupción y posible enriquecimiento ilícito de funcionarios de alto rango, de descubrimientos sobre sus conexiones con el caso Libra, de créditos del Banco Nación con condiciones preferenciales otorgados a sus funcionarios.

Las presiones contra las medidas de fuerza no son pocas. Tanto desde el gobierno nacional, como de las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –los rectores de las universidades nacionales– y de la UBA, aprovechan cada oportunidad para convocar a tener las aulas abiertas, aún a costo de nuestra propia salud y economía doméstica, en suma de nuestras condiciones de vida. Todos se preocupan por el éxodo docente, pero llaman a los trabajadores a no hacer olas. En ese mismo sentido, en la misma semana que festejabamos el fallo, la UBA amenazaba con descuentos a la docencia de los preuniversitarios. Todos en el mismo tren.

Para desactivar el reclamo, el gobierno nacional acaba de otorgar de manera unilateral un aumento del 6,7% (2,5 % en enero, 2,2% en febrero y 2% en marzo) y sus respectivos retroactivos. “Aumentos” por debajo de la inflación de esos respectivos meses –lo que acentúa la baja salarial–, y tan miserable que en el caso de quienes cobran garantía salarial, ni siquiera lo sintieron. Con ese insignificante aumento, el gobierno nacional debe al día de hoy a cada docente y no docente universitario un 48,8% , casi como si no hubiéramos cobrado 11 meses de trabajo. Por eso, la asamblea de AGD UBA resolvió continuar con las medidas de fuerza, con paros y acciones, por un paro por tiempo indeterminado.

Porque seguimos defendiendo la Universidad y exigiendo la aplicación de la Ley de financiamiento universitario, coronamos la semana de lucha en la Plaza de Mayo, con clases públicas que se desarrollarán desde las 10 hs hasta las 17 hs junto a organismos de ciencia y tecnología y abiertas a toda la docencia y estudiantes que quieran participar“.

Con información de NA.

Las universidades nacionales convocaron a un paro de 72 horas que comenzará este miércoles con el objetivo de visibilizar el reclamo que llevan adelante, desde hace semanas, para que el Gobierno Nacional aplique la Ley de Financiamiento sancionada el pasado 21 de octubre en el Congreso.

Varios gremios docentes aseguraron que la gestión del presidente Javier Milei debe llevar a cabo el cumplimiento “efectivo” de la Ley de Presupuesto Universitario con el fin de lograr “la recomposición salarial” docente y “en la defensa de la educación pública”.

Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA) aseguró que, hasta el momento, los salarios “no fueron recompuestos” y lamentó que, a pesar de haberse realizado una tercera marcha federal, no lograron que el Presidente “quiera cumplir con la ley”.

“Plata hay. Hay que dejar de decir que no hay plata porque este Gobierno decidió el desfinanciamiento de las universidades nacionales y públicas y dejó de destinar plata a los pagos de la deuda. Debemos continuar con la profundización en las protestas contra la reforma laboral y el plan que tiene esta gestión que es contra la universidad pública, contra los hospitales públicos y contra los derechos laborales”, indicó en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD – UBA), Ileana Celoto también dialogó con Noticias Argentinas y sostuvo que esta medida, además de exigir la aplicación de una ley que establece un aumento salarial, pretende “frenar el vaciamiento” de la educación pública

“La ley debe aplicarse, sin más demora, no solamente porque es ley sino porque es anticonstitucional no hacerlo. Cada día que pasa se profundiza el vaciamiento de la universidad pública. Hoy, de acuerdo a lo que estipuló la ley, a nosotros nos deben un 44% de aumento. Ya es una deuda, no es un reclamo”, sentenció.

Asimismo, Celoto detalló que las bajas remuneraciones están provocando una crisis en el personal universitario y que “no pueden sostener más” las tareas que deben llevar adelante con los sueldos que perciben: “En muchos casos están por debajo de la línea de pobreza”, añadió.

Además, explicó que esta situación se traduce en “pedidos de cambio de dedicación”, es decir, de reducción de horas en las tareas, y alertó sobre las consecuencias a largo plazo de esta problemática porque “se están vaciando” los equipos de trabajo.

“Estamos defendiendo la universidad pública, para que no quede como una cáscara vacía con equipos que ya no pueden llevar adelante las tareas para los cuales estuvieron designados,” indicó.

Por último, la diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT /IS) y docente de la facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Mercedes de Mendieta, enfatizó en la crítica situación económica de los trabajadores universitarios y calificó a las remuneraciones que perciben como “salarios de miseria”.

“Un docente que ingresa y que está siendo ayudante de primera, trabaja 10 horas por semana y cobra 2.000 pesos la hora. Además, hay cientos de compañeros que están ad honorem y que no cobran salarios”, declaró a Noticias Argentinas.

Para cerrar, sostuvo que la universidad argentina se mantiene gracias al “esfuerzo tremendo de los docentes, no docentes y de los estudiantes”, quienes resisten a un “ajuste histórico” que persigue la privatización indirecta del sistema.

Finalmente, acusó a la gestión de Milei y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, de “incumplir de manera completamente ilegal una ley que fue votada por ambas Cámaras” y que “se conquistó con la movilización de la comunidad educativa”.

“Llamamos a toda la sociedad a que nos apoye. Hay que luchar contra la impunidad de un Gobierno ultraderechista y sus cómplices que no quieren aplicar una ley conquistada y necesaria para el desarrollo del país”, sentenció la diputada.

Con información de Noticias Argentinas.

IG

La suerte está echada en ambas iniciativas, según detallan fuentes legislativas, por lo que la Casa Rosada deberá promulgar ambas leyes y aceptar las insistencias del Poder Legislativo, que se contabilizarán para Balcarce 50 como otra derrota.

El Senado sesiona desde las 10 para rechazar los vetos presidenciales a los proyectos de financiamiento universitario y de declaración de emergencia en pediatría, con foco en el Hospital Garrahan.

Si bien el gobierno de Javier Milei retomó hace dos semanas la “rosca política” con el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, y pese a que sumó múltiples fotos con dialoguistas que acompañaron al oficialismo durante 2024, no le alcanzará para detener el rechazo de los vetos.

La suerte está echada en ambas iniciativas, según detallan fuentes legislativas, por lo que la Casa Rosada deberá promulgar ambas leyes y aceptar las insistencias del Poder Legislativo, que se contabilizarán para Balcarce 50 como otra derrota.

A finales de agosto, la Cámara alta había aprobado ambos proyectos por abrumadora mayoría: el que actualiza fondos para las universidades nacionales cosechó 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, mientras que la emergencia en pediatría obtuvo 62 votos afirmativos y ocho negativos.

El temario, que se definió en una reunión de Labor Parlamentaria, incluirá la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, y dos tratados internacionales.

También, el cuerpo intentará darle media sanción al Programa Alerta Sofía, creado en el año 2019 por el Ministerio de Seguridad bajo la gestión de la actual titular de la cartera, Patricia Bullrich, con el objetivo de difundir de manera urgente desapariciones de menores.

Será la primera prueba de fuego de Javier Milei desde que perdió las elecciones bonaerenses. Este miércoles, a partir de las 13, la Cámara de Diputados sesionará para voltear los vetos a la ley de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario.

Afuera, en las calles, organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales movilizarán junto a las columnas del peronismo, el radicalismo y la izquierda en una tercera edición de la marcha federal universitaria con un solo objetivo: ejercer presión social para torcer la voluntad de los diputados indecisos que el presidente logró convencer a base de ATN y alianzas electorales.

La sesión en vivo

El presidente Javier Milei anunció este lunes que el Presupuesto 2026 “asigna 4,8 billones de pesos a las universidades, un aumento del gasto en jubilaciones de un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación”. Sin embargo, las autoridades de la UBA manifestaron en las últimas horas, mediante un comunicado en su página oficial, un enérgico rechazo a la propuesta del mandatario, al tiempo que mantienen su plan de lucha, con la marcha federal este miércoles mientras sesiona el Congreso, y con un apagón para este martes desde las 20 contra los vetos presidenciales a las Leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en el Hospital Garrahan.

“Luego de dos años de no contar con un presupuesto aprobado, con prórrogas desactualizadas; y tras registrar en 2025 la inversión más baja de los últimos 20 años para educación superior, el proyecto presentado para 2026 consolida todos los recortes aplicados en el último año y medio y amenaza con llevar al sistema universitario a un nivel de deterioro sin precedentes”, explicaron en el comunicado.

Y detallaron:

“La partida prevista para 2026 no contempla:

Asimismo, desde la UBA advirtieron que, medida en relación al PBI, “la inversión proyectada para 2026 mantiene el piso histórico alcanzado en 2025 y vuelve a ubicarse por debajo del 0,5% del PBI”.

Y cerraron el comunicados con un pedido a diputados y senadores: “Más que nunca, resulta imprescindible que el Congreso de la Nación ratifique la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar la continuidad y el funcionamiento de las universidades públicas en 2026”.

Medidas de emergencia

La UBA anunció una serie de disposiciones destinadas a reducir su gasto operativo, en línea con el anuncio realizado la semana pasada por el rector Ricardo Gelpi durante la conferencia de prensa en la que advirtió que la Universidad funcionará en “estado crítico”. En este marco, se dispusieron las siguientes medidas:

Las medidas previamente mencionadas resultan complementarias de otras que la Universidad viene realizando en algunos casos hace años: plan de reducción de alquiler de edificios; inversión en programas de medición y racionalización del consumo de energía eléctrica, gas y agua; readecuación e incorporación de tecnologías en materia de seguridad en los edificios de la Universidad; convenios con otras áreas del sector público para complementar, potenciar y generar sinergia de la inversión pública en diferentes organismos.

Marcha al Congreso

Mientras la convocatoria a una sesión especial de Diputados para tratar los vetos del Poder Ejecutivo a las leyes de Emergencia Sanitaria en Pediatría y Financiamiento Universitario quedó confirmada por la Secretaría Parlamentaria de la Cámara baja para el miércoles a las 13, estudiantes y docentes comenzaron este lunes con clases abiertas una semana con foco puesto en la marcha del 17 en rechazo a la decisión del Ejecutivo de no acatar las normas sancionadas por el Congreso.

Las actividades comenzaron este lunes a las 9 con una clase pública en las escalinatas de la facultad, encabezada por el decano Leandro Vergara. “El Congreso va a reunirse el 17 para ver si el veto se sostiene o si se apoya la Ley, que funciona de alguna manera como un paliativo. El deterioro se va a notar con el tiempo”, advirtió en rueda de prensa.

Para Vergara, “no es que mañana va a caer la educación argentina, pero va a ir entrando en una pendiente resbaladiza cuyo fondo es desconocido. Ahora, por ejemplo, está pasando que hay docentes de todas las facultades que se ven en la imposibilidad de seguir dando esa tarea, perdiendo de esa manera excelencia en la docencia”, detalló, al tiempo que remarcó que la única expectativa que tienen autoridades, docentes y estudiantes para la sesión del miércoles en el Congreso es “el rechazo del veto presidencial”.

“Nosotros confiamos que los legisladores que sancionan una ley por mayoría, una ley que es transversal, que atraviesa casi todas las fuerzas políticas, puedan sostener sus votos para insistir con la ley”, sostuvo el decano de Derecho.

La nueva Marcha Federal Universitaria se convocó para el miércoles a las 17 frente al Congreso, será en conjunto con los trabajadores del Hospital Garrahan y se replicará también en varios puntos del país. En tanto, las medidas de fuerza comenzaron la semana pasada con más de 40 clases públicas que se dictaron en Plaza de Mayo.

“Estado crítico”

La Universidad de Buenos Aires pasará a funcionar “en estado crítico para terminar el año”, así lo anunció días atrás el rector, Ricardo Gelpi, luego de conocerse el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Educativo.

De acuerdo a Gelpi, “la educación pública universitaria constituye un orgullo para la sociedad argentina” y “con la falta de actualización de gastos de funcionamiento, vamos a empezar con un plan de restricción de gastos operativos. La UBA va a funcionar en un estado crítico para poder terminar el año”, advirtió.

Tras la confirmación vía Boletín Oficial del veto a la Ley de Financiamiento Educativo –que sancionó el Senado el 22 de agosto pasado con 58 votos afirmativos y 10 negativos–, las autoridades de las universidades nacionales, nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), brindaron el pasado jueves una conferencia de prensa para reclamar por el futuro de la educación, la salud y la ciencia y pedirle al Congreso “que sostenga esta ley”.

Para el rector de la UBA, “sin educación, sin salud y sin ciencia no hay desarrollo posible, no hay futuro para el país”. “La falta de una ley genera un vacío normativo por el cual las universidades nacionales desconocen su presupuesto anual y se torna imposible el planeamiento correcto y eficiente de sus múltiples actividades académicas, de investigación, de salud y de extensión”, detalló el catedrático.

En su discurso frente a los medios, el rrector de la UBA apeló a “la sensibilidad de nuestro pueblo para que continúe acompañando este reclamo y a las y los legisladores para que mediante su voto rechacen el veto presidencial y sostengan la ley de financiamiento de la educación universitaria y la composición del salario docente y no docente”.

Por su parte, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, dijo que los miembros de las comunidades educativas estaban “muy preocupados por la situación que atravesamos. Teníamos la esperanza de que se pudiera recapacitar en un contexto tan delicado del país”, reflexionó.

Según la autoridad de la universidad rosarina, “el Presidente de la Nación tenía la oportunidad de corregir errores, de promulgar una ley que para su aplicación requería una inversión del 0,14% del PBI, absolutamente marginal y sin comprometer al Estado garantizaba condiciones mínimas para llegar a fin de año funcionando con normalidad. Necesitamos que el Congreso sostenga esta ley”, pidió.

La conferencia de prensa se llevó a cabo en el Consejo Superior del Rectorado de la UBA y estuvo encabezada por su máxima autoridad, Ricardo Gelpi; el presidente del CIN, Oscar Alpa; y el vicerrector del CIN, Franco Bartolacci.

El reclamo de las universidades nacionales

A fines de agosto, en la provincia de Santa Fe, en el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), las rectoras y los rectores de las universidades nacionales manifestaron, ante la posibilidad de un veto presidencial de la Ley N° 27.795 (que se confirmó en la madrugada de este jueves), “aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso de la Nación y que expresa la voluntad de las y los representantes del pueblo argentino, no solo expresamos nuestro más enérgico rechazo, sino que, de ser así, nos movilizaremos para solicitar al Congreso la inmediata ratificación de la norma”.

Los fundamentos del rechazo al veto presidencial

Mientras la convocatoria a una sesión especial de Diputados para tratar los vetos del Poder Ejecutivo a las leyes de Emergencia Sanitaria en Pediatría y Financiamiento Universitario quedó confirmada por la Secretaría Parlamentaria de la Cámara baja para el miércoles a las 13, estudiantes y docentes comenzaron este lunes con clases abiertas una semana con foco puesto en la marcha del 17 en rechazo a la decisión del Ejecutivo de no acatar las normas sancionadas por el Congreso.

Las actividades comenzaron a las 9 con una clase pública en las escalinatas de la facultad, encabezada por el decano Leandro Vergara. “El Congreso va a reunirse el 17 para ver si el veto se sostiene o si se apoya la Ley, que funciona de alguna manera como un paliativo. El deterioro se va a notar con el tiempo”, advirtió en rueda de prensa.

Para Vergara, “no es que mañana va a caer la educación argentina, pero va a ir entrando en una pendiente resbaladiza cuyo fondo es desconocido. Ahora, por ejemplo, está pasando que hay docentes de todas las facultades que se ven en la imposibilidad de seguir dando esa tarea, perdiendo de esa manera excelencia en la docencia”, detalló, al tiempo que remarcó que la única expectativa que tienen autoridades, docentes y estudiantes para la sesión del miércoles en el Congreso es “el rechazo del veto presidencial”.

“Nosotros confiamos que los legisladores que sancionan una ley por mayoría, una ley que es transversal, que atraviesa casi todas las fuerzas políticas, puedan sostener sus votos para insistir con la ley”, sostuvo el decano de Derecho.

La nueva Marcha Federal Universitaria se convocó para el miércoles a las 17 frente al Congreso, será en conjunto con los trabajadores del Hospital Garrahan y se replicará también en varios puntos del país. En tanto, las medidas de fuerza comenzaron la semana pasada con más de 40 clases públicas que se dictaron en Plaza de Mayo.

El Consejo Interuniversitario Nacional, junto al Hospital Garrahan

Las autoridades máximas del Consejo Interuniversitario Nacional, el presidente Oscar Alpa y el vicepresidente Franco Bartolacci, dialogaron días atrás con los profesionales del Hospital Garrahan sobre la tercera Marcha Federal Universitaria que llevarán a cabo, de manera conjunta, el próximo miércoles 17.

La confirmación de esta nueva movilización tuvo lugar en el encuentro que mantuvieron el viernes pasado, donde acordaron manifestarse el mismo día en que la Cámara de Diputados trate los vetos a las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, ambas normas anuladas por el Ejecutivo Nacional.

Quienes también se hicieron presentes en esa reunión fueron el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, y el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho; ambos detallaron cuál es la situación presupuestaria actual del sistema universitario y qué medidas consideran que se deberán tomar en lo sucesivo, además de la Marcha Federal.

Por su parte, la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan, licenciada Norma Lezana, declaró que el presidente Javier Milei “abrió una caja de Pandora” el mismo momento en que decidió vetar esas leyes.

“El pueblo ya lo vetó en las urnas y ahora, con estos atropellos autoritarios contra la salud y la universidad pública, lo único que hace es volver a provocar una reacción. El Presidente es enemigo de las infancias, de la salud pública y de la universidad”, aseguró.

Ambas instituciones manifestaron que, ante este contexto, “responderán unificados” debido a que continúan sosteniendo el mismo reclamo masivo que realizan hace meses: “El Garrahan y la universidad pública son una sola causa”, concluyó Lezana.

Gremios docentes se preparan para la marcha

El secretario general de la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN), Daniel Ricci, afirmó que los docentes mantienen un “fuerte compromiso” por sostener la calidad de la educación, pero advirtió que la situación salarial sigue siendo “crítica” y “alarmante”. “El año pasado perdimos más del 50% del poder adquisitivo frente a la inflación, y este año, con aumentos del 1% mensual, seguimos perdiendo frente a una inflación mucho mayor”, expresó.

Desde la Federación Argentina del Personal Nodocente de las Universidades (FADUN) remarcaron que “continuarán con la lucha en unidad” para defender la universidad pública y gratuita, a la que consideran “un derecho humano fundamental” y “un pilar esencial” para el desarrollo del país.

En la misma línea, la dirigenta estudiantil y miembro de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Pilar Barbas, indicó que los estudiantes “continuarán acompañando la lucha de la docencia y no docencia”, que llevan varias semanas de paro para visibilizar el contexto que atraviesan.

“El veto decretado por Javier Milei ratifica el desprecio del Gobierno a nuestra universidad pública. Ya se están convocando asambleas en todas las facultades porque hay que profundizar las medidas con clases públicas, cortes y ocupaciones de las facultades para preparar una gran tercera marcha federal cuando se trate el veto en diputados”, concluyó.

La convocatoria a la sesión en Diputados

La convocatoria a una sesión especial de Diputados, convocada por los bloques de la oposición para el próximo miércoles, para tratar los vetos del Poder Ejecutivo a leyes como la Emergencia Sanitaria en Pediatría y la de Financiamiento de la educación universitaria, entre otras, quedó confirmada hoy por la Secretaría Parlamentaria de la Cámara baja.

Mediante una nota formal firmada por el secretario Parlamentario, Adrián Pagan, se fijó la sesión especial para el miércoles 17 de septiembre a las 13 horas, en respuesta al pedido elevado por el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y otros diputados de diferentes bancadas.

La convocatoria incluye entre los temas a tratar un pedido de informes para la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, para que respondan sobre los audios difundidos en diversos medios de comunicación “que los vinculan con presuntos cobros de coimas en el ámbito de la ANDIS”.

También se incluye el tratamiento de un proyecto de ley en revisión por el cual “se modifica la ley 26.122 de Regimen Legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes”.

Asimismo, la Cámara baja está habilitada para tratar ese día la creación en el ámbito de Diputados de una “Comisión Especial Investigadora sobre los hechos relacionados con la comercialización y/o utilización en el sistema de salud del fentanilo contaminado y sus consecuencias”.

Se incluye, además, la creación, en el ámbito de la Comisión de Acción Social y Salud Publica Cámara baja, de una “Comisión Investigadora que permita determinar las responsabilidades de la ANMAT en la venta de fentanilo contaminado”.

Entre un listado que abarca una veintena de iniciativas, la convocatoria incluye también la creación de una Comisión Especial Bicameral Investigadora de Fentanilo, en el caso del medicamento contaminado que causó hasta ahora 96 muertes en distintos puntos del país.

Además, la Cámara baja debatirá proyectos que introducen modificaciones en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y un Programa Nacional de prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, entre otras iniciativas.

Con información de agencias.

IG

Javier Milei empezó a cumplir este miércoles con su amenaza de vetar las leyes que la oposición logró sancionar en el Congreso. Primero, sobre el filo del plazo constitucional, envió en la tarde de este miércoles al Parlamento la comunicación formal del rechazo a la Ley de Financiamiento Universitario, que contemplaba aumentos para gastos de funcionamiento, becas y salarios docentes. Más tarde, se publicó el rechazo del Ejecutivo a la Ley de Emergencia Pediátrica, con el argumento de la necesidad de preservar el “equilibrio fiscal” y evitar lo que la administración libertaria considera un “aumento desmedido e irresponsable del gasto público”.

La decisión no sorprende: el propio Milei había ratificado en su búnker electoral que el rumbo económico no se negocia, incluso tras la derrota frente al peronismo. Desde la Casa Rosada dejaron trascender que el veto será total también para la coparticipación automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

En los fundamentos del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el Poder Ejecutivo sostiene que la ley aprobada por el Congreso carece de una fuente de financiamiento concreta y suficiente. Señala que el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera exige que toda norma que disponga gastos especifique los recursos para solventarlos, algo que –según el decreto– no se cumple en este caso. Para la Casa Rosada, la norma aprobada por el Parlamento se limita a ordenar readecuaciones de partidas y a mencionar ingresos por encima de lo presupuestado, pero sin identificar qué rubros se verían afectados ni cómo se cubriría el déficit si esos recursos no alcanzan.

El Ejecutivo detalla además que la implementación de la ley implicaría un costo adicional de más de un billón de pesos en 2025, producto de la actualización de partidas, aumentos salariales para docentes y no docentes, y recomposición de becas estudiantiles. Advierte que semejante erogación generaría un “desequilibrio fiscal” que presionaría sobre la inflación y afectaría especialmente a los sectores más vulnerables.

En esa línea, el decreto argumenta que promulgar la ley pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica, forzando emisión monetaria para cubrir gastos sin respaldo. “La economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”, afirma el texto. El Gobierno insiste en que el debate sobre mayores recursos para las universidades debe darse en el marco de la discusión integral del Presupuesto 2026, que se enviará al Congreso el 15 de septiembre.

Los argumentos del veto a la Emergencia en el Garrahan

El Decreto que veta la Ley de Emergencia Pediátrica en el Garrahan lleva la firma del Presidente y de todo el gabinete nacional. Sus fundamentos son contundentes:

“Nuevamente, el Congreso pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal”, concluyen los fundamentos.

Tensión con gobernadores y estrategia política

Los vetos a la Ley Universitaria y la Ley del Garrahan se producen en un momento delicado para el Gobierno. Tras los 13 puntos de diferencia que le sacó Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, la Casa Rosada busca reorganizar su estrategia política:

Sin embargo, los gobernadores, que esperan gestos “en serio” y “negociación”, se sienten “fuertes” con su alianza de Provincias Unidas. La posibilidad de que Milei vete también la ley de ATN genera incertidumbre y dificulta un encuentro fructífero. El Presidente busca evitar nuevos fracasos en el Congreso, pero mantiene su intransigencia frente a iniciativas con costo fiscal, una postura que genera “ruidos internos” en la gestión sobre la necesidad de mostrar mayor flexibilidad. “No nos moveremos ni un milímetro del programa económico: equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado y, en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando”, reafirmó Milei en X.

Congreso en alerta

En Diputados, la oposición ya impulsa una sesión especial para el miércoles 17, donde se planifica insistir con la ley universitaria y la del Garrahan. En paralelo, el Senado acordó sesionar el jueves 18 con una agenda amplia, que podría incluir también la insistencia sobre los ATN, una vez que se confirme el veto presidencial.

El procedimiento requiere dos tercios de los votos en ambas cámaras. La semana pasada, el Congreso ya había volteado el primer veto de Milei, el de la emergencia en discapacidad, lo que envalentonó a la oposición. “No vamos a esperar, vamos a avanzar”, adelantó un diputado opositor clave.

Gobernadores enfrentados

El proyecto de coparticipación de los ATN, que hoy la Nación reparte discrecionalmente, también se encuentra en la mira. Para la Casa Rosada, la medida representaría un golpe político, aunque equivalga apenas al 0,03% del PBI. Gobernadores de Provincias Unidas ya preparan una cumbre en Córdoba para responder con una foto de unidad. “Es insólito que el primer contacto con el flamante ministro del Interior sea para comunicarnos un veto”, se quejó un dirigente provincial.

La pulseada sigue

Mientras el oficialismo promete “propuestas superadoras” y la oposición afila la estrategia para insistir, la pulseada recién comienza. Lo que está en juego no es sólo el financiamiento de universidades, la salud pediátrica y los fondos provinciales: también se mide la capacidad de Milei de sostener su programa de ajuste frente a un Congreso que ya demostró que puede desafiarlo.

JJD

La oposición en la Cámara de Diputados le propinó este miércoles una de las derrotas parlamentarias más duras al gobierno de Javier Milei, al unirse para imponer su agenda y ganar las 12 votaciones clave que se realizaron durante una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada.

La jornada estuvo marcada por la tensión y los fuertes cruces, pero el resultado fue contundente: el oficialismo no pudo frenar la aprobación de dos leyes de alto impacto social, el rechazo a cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y el emplazamiento a comisiones para tratar otros cinco temas sensibles.

Dos leyes con media sanción

Cinco DNU rechazados

La Cámara baja también rechazó cinco decretos clave de la reforma del Estado impulsada por Milei:

Cinco temas forzados a comisión

Además, la oposición logró emplazar a las comisiones para que traten de forma obligatoria los siguientes temas:

Con información de agencias.

IG

La mendocina Lourdes Arrieta, ex LLA y ahora del bloque Fuerzas del Cielo, y las dos diputadas nacionales sanjuaninas del bloque Producción y Trabajo, Nancy Picón Martínez y María de los Ángeles Moreno, sembraron más dudas en el oficialismo y confirmaron que votarán por la insistencia a la ley de financiamiento universitario, en una decisión que le da esperanzas a la oposición en relación a poder revertir el veto presidencial a la norma sancionada por ambas cámaras del Congreso.

Lourdes Arrieta confirmó al tomar la palabra en la sesión que arrancó pasadas las 11 que votará en contra del veto. “No es un discurso para oídos sensibles”, anticipó la legisladora que protagonizó meses atrás la crisis en el bloque de LLA tras la visita a represores en la cárcel de Ezeiza y que terminó con su salida obligada de las huestes libertarias. “Lo público no es tan público cuando tenés que trabajar en McDonalds o Rappi para pagar tus estudios”, argumentó la diputada del bloque liberal Fuerzas del Cielo. Y agregó: “Acá no se trata de financiar las universidades públicas, si no de si la plata va realmente va al estudiante, que estudia en el piso o que va a baños hacinados. ¿Va para ellos o para los rectores que son amigos del poder?”, se preguntó.

“Quiero reafirmar mi compromiso hacia los estudiantes, hacia los argentinos de bien que nunca van a poder estudiar en la universidad pública. Con la polenta que compran financian la universidad pública, pero también la SIDE y los trolls”, apuntó Arrieta a sus excompañeros del oficialismo. La legisladora, expulsada del bloque de la Libertad Avanza, les pidió “perdón a los argentinos porque el dinero no está siendo bien administrado” y que haya un debate sobre las auditorías.

A su turno, la sanjuanina Nancy Picón Martínez, dijo saber “que hay que hacer un ajuste, que es necesario y que este presidente le dijo a cada uno de los argentinos en campaña. Pero el ajuste no podemos hacerlo con la educación. Podemos hacerlo desde cualquier otro sector, pero no desde la educación que es el futuro del país”, argumentó la legisladora sanjuanina.

“El voto de San Juan va a ser a favor de la educación pública y las universidades”, ratificó Picón Martínez, incluyendo también a su compañera de bloque María de los Ángeles Moreno.

Según expresó, no se puede “haber votado la esencialidad educativa y ahora dejar sin fondos a esa esencialidad”.

“Soy alumna e hija de la Universidad Nacional de San Juan. Fui docente de esa universidad y puedo decir que soy madre del doctor que se recibió en la universidad pública”, finalizó.

La Cámara de Diputados sesiona para tratar el veto dictado por el Poder Ejecutivo Nacional a la ley de financiamiento de las universidades públicas nacionales, que la mayoría de los bloques opositores rechazan y buscan alcanzar los dos tercios de los votos para poder insistir con la norma aprobada por el Congreso Nacional.

La sesión especial impulsada por Unión por la Patria, la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica se inició a las 11.18 con la presencia de 144 legisladores, y se estima que se prolongará por tres o cuatro horas.

Para blindar el veto presidencial, el oficialismo y otros bloques afines como el PRO deben superar el tercio de los votos.

Con información de agencias.

IG

Horas después de la masiva marcha llevada a cabo este miércoles en el Congreso en apoyo a la Universidad Pública, el presidente Javier Milei ratificó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Quedó oficializado este jueves a primera hora en el Boletín Oficial.

El decreto indica que “el proyecto de ley sancionado por el H. CONGRESO DE LA NACIÓN es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”, y que “dar cumplimiento a la medida sancionada por el H. CONGRESO DE LA NACIÓN dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la REPÚBLICA ARGENTINA, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo.” 

Además, asegura que “que el proyecto de ley en análisis no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente.”

El miércoles, la Oficina del Presidente informó en redes sociales que Milei iba a vetar “el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria especifica y atente contra el equilibrio fiscal”.

El comunicado añadió: "Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025”.

“El Gobierno reafirma su compromiso con las Universidades Nacionales, al igual que con la defensa del esfuerzo que cada uno de los argentinos viene realizando desde diciembre para alcanzar el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica”, indicó el texto de la Oficina del Presidente en X.

La Casa Rosada había manifestado que la postura respecto a la ley que buscaba asegurar pisos mínimos de financiamiento de la educación pública superior tendría la misma determinación que la adoptada con el proyecto que buscaba aumentar las jubilaciones: ser vetada.

De todas maneras, el Gobierno iba a analizar los efectos generados por la masiva marcha al Congreso que involucró a diferentes integrantes de la sociedad, incluso a muchos de los votantes de Milei.

La Casa Rosada le atribuyó motivaciones políticas, al remarcar la participación de los dirigentes de la oposición.

“El Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente. Esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política”, precisó.

Por último, señaló: “Esta administración no cederá ante el espectáculo mediático, los proyectos de ley irresponsables, ni la manipulación de causas nobles con fines partidarios. El objetivo del Gobierno es claro: terminar con el modelo empobrecedor de los últimos 100 años y volver a hacer a la Argentina grande otra vez”.

“¡Hay que darle tiempo a Milei! Okey: 9…8…7…6…5…”, Jorge sostenía un cartel hecho por él mismo en medio de la plaza para reclamar por la universidad pública. “Vine en abril, pero como es sordo, hay que venir de vuelta”, advirtió contra el presidente, Javier Milei, cuando las inmediaciones del Congreso están desbordadas hasta en las calles aledañas por la marcha federal universitaria.

Alumnos, docentes y rectores se movilizaron en defensa de la universidad pública en las principales ciudades del país, en lo que fue un evento masivo con epicentro en la Plaza del Congreso. Los manifestantes lograron repetir la foto del pasado 23 de abril, cuando las calles desbordaron de personas en defensa de la universidad pública. Aun así, el Presidente tiene previsto firmar en las próximas horas veto de la Ley de Financiamiento Universitario, que busca recomponer el presupuesto de las casas de estudio que dependen del Estado.

El ruido de la marcha fueron cánticos contra la Casa Rosada, alentados con bombos y redoblantes. “A ver, a ver, quién dirige la batuta, si les estudiantes, o el Gobierno y la yuta, yuta…”, fue uno de los latiguillos de la tarde. En la protesta además se conseguían pañuelos azules en favor de la universidad, remeras de la UBA y sticker con el slogan “yo defiendo la educación pública”.

La protesta de cara al Palacio Legislativo fue multipartidaria y multisectorial. Banderas de centros de estudiantes, de sindicatos docentes y no docentes, se mezclaron en la plaza con la CGT y el gremio de la economía popular UTEP, la izquierda, el radicalismo y el peronismo. También el cruce generacional fue transversal: estudiantes y docentes conviven con jubilados, familias con niños y personas en soledad, como Jorge.

Distintas organizaciones sociales, gremiales y políticas confluirán hoy en el centro porteño y en las principales ciudades del país en una nueva marcha universitaria que se intuye masiva, aunque sus organizadores albergan dudas de que alcance los altísimos niveles de concurrencia de la realizada el pasado 25 de abril.

La consigna que los unirá en las calles es la defensa de la educación pública ante el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, cuya fecha límite es el 3 de octubre —justo un día después de la marcha—, cuando vence el plazo legal. 

El objetivo es reeditar la foto de la masiva marcha federal del 25 de abril, que aglutinó a sectores muy diversos y le generó a Milei una derrota política inesperada.

Para ello, en las distintas manifestaciones que tendrán lugar por todo el territorio del país sumarán fuerzas sectores no habitualmente coincidentes, en un arco que va desde la UCR y la Coalición Cívica hasta la izquierda, pasando por las distintas vertientes del peronismo, que depusieron momentáneamente sus cuitas internas para aportar a una demostración de fuerza potente que aseste un nuevo golpe a la administración conducida por Javier Milei.

Una convocatoria diversa y federal

Ayer, Cristina Kirchner llamó a los jóvenes a sumarse a la manifestación, “en defensa no solamente del presente, sino también del futuro”. Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que será parte de la marcha, al igual que La Cámpora de Máximo Kirchner. 

También se movilizarán los distintos sectores de la izquierda y la fracción del radicalismo que responde a Martín Lousteau. De hecho, la Mesa Nacional de la UCR ratificó en los últimos días la suspensión del partido a los radicales que se fotografiaron con el Presidente y cambiaron su voto tras el veto a la movilidad jubilatoria.

Ayer, diputados y senadores de la UCR, Hacemos, Coalición Cívica, Partido Socialista, entre otros partidos, convocaron en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación a una conferencia de prensa para anunciar su adhesión a la Marcha en defensa de la Universidad pública de este miércoles.

Según difundió la Federación Nacional de Docentes Universitarixs (CONADU), se realizarán actos y movilizaciones en casi 50 ciudades de todo el país.

El Gobierno, entre el veto y una campaña de deslegitimación

Ante el volumen que viene adquiriendo la manifestación, el jueves pasado la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, convocó de apuro a los gremios para ofrecerles un 5,8% adicional en octubre, un porcentaje presentado como “histórico” y “sin precedentes”. Los sindicatos lo rechazaron por “insuficiente”. Según sus cálculos, acumulan una pérdida de poder adquisitivo de entre 35% y 55% en lo que va del año.

Luego del rechazo de los gremios docentes y asumiendo la evidencia de la imposibilidad de desactivar la manifestación, el ministerio conducido por Pettovello activo una campaña de desacreditación de los postulados de las organizaciones docentes y estudiantiles.

Desde comienzos de esta semana, el organismo difundió entre los medios de comunicación una serie de comunicados y “kits” estadísticos que intentan demostrar la “mala administración” del sistema universitario argentino, además de afirmar que los sueldos docentes “están muy por encima de la canasta básica”.

El comunicado difundido ayer por Capital Humano, titulado “Estamos a favor de la educación universitaria”, afirma entre otras cosas, que: “Los docentes de dedicación exclusiva perciben cerca de $1,4 millones mensuales, mientras que los no docentes con antigüedad cobran alrededor de $1 millón, ambos salarios muy por encima de la Canasta Básica Total (CBT) de $300.000 para un adulto equivalente”. Y amplía: “Esto significa que no existe pobreza entre estos sectores”.

El comunicado de Capital Humano está acompañado por otro documento titulado “Universidades”, en el que el equipo de Pettovello detalla comparativas académicas con otros países de la región, en las que la Argentina sale mal parada, pese a que instituciones como la UBA figuran año tras año en el tope de los rankings de excelencia a nivel regional.

En tanto, en relación a la polémica sobre la cantidad de alumnos no registrados que abrió el secretario de Educación, Carlos Torrendell, al decir que las universidades “inventan” alumnos para cobrar fondos, Álvarez señaló que una revisión de los datos del sistema de información universitaria reveló que alrededor de 600.000 alumnos no tienen registros de materias cursadas. “Son alumnos que figuran como alumnos, pero cuando pedís datos de la materia, tienen cero datos cargados”, precisó.

El Presidente tiene tiempo hasta el mañana para vetar la norma sancionada por el Congreso, cuando vence el plazo legal para tomar esa medida. Una vez que el veto sea firmado por Milei, La Libertad Avanza se deberá enfrentar nuevamente al resto de los bloques de la oposición, para defender la decisión y evitar que se insista con la norma. Por eso, en el ámbito universitario ven a las manifestaciones de hoy, como una acción de presión al Poder Legislativo para que junte nuevamente los dos tercios y rechace el veto.

DM con información de agencias y elDiarioAR

A 24 horas de la Marcha Federal universitaria, el Gobierno redobló su apuesta y a través del portavoz presidencial, Manuel Adorni, volvió a confirmar que Javier Milei vetará la ley de Financiamiento Universitario y apuntó contra la cantidad de estudiantes que, según el funcionario, “aprobaron solo una materia” o de los cuales “no hay ninguna información”, y contra los extranjeros que utilizan la universidad pública argentina: “El 21.8% de los estudiantes de medicina es extranjero. Otro costo exorbitante que en algún momento tenemos que debatir”, argumentó.

De acuerdo a Adorni, “el gobierno no está en contra del reclamo. Estamos en contra de que el Congreso sancione leyes que no tengan partida asignada, que no puedan financiarse”, dijo en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. Y agregó: “Por eso todos los legisladores tiene que fundamentar de dónde sacan el dinero para los aumentos que proponen”.

Asimismo, confirmó que “el veto al financiamiento universitario sigue firme y seguramente esté publicado mañana”, en coincidencia con la movilización motorizada desde los gremios docentes y no docentes y con apoyo de diversos sectores sociales y políticos. El portavoz también aclaró que desde el ministerio de Seguridad “no hay ningún operativo especial porque entendemos que va a ser genuina y en paz”, pero advirtió: “Esperemos que no esté manchada por algunos personajes del tren fantasma como ocurrió en la marcha anterior”. 

Además, el vocero aseguró que los recursos destinados a las universidades públicas “se enviaron”, aunque acto seguido disparó: “Lo que falta saber en qué se utilizaron. En el caso de la UBA, el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no fueron rendidos”, sostuvo y detalló que, de los estudiantes registrados en 2022, “un total de 1.749.136 estudiantes, sólo el 40.6% es alumno regular; el 20% tenía solo una materia aprobada o ninguna; y hay un llamativo 38.4% de alumnos sobre los que no se tiene información”.

En tanto, sobre el reclamo salarial, otro de los ejes centrales de la marcha de este 2 de octubre, Adorni consideró que el ministerio de Capital Humano “hizo todos los esfuerzos para mejorar los salarios de los docentes y no docentes”. De acuerdo al portavoz, “se ofreció un incremento salarial del 6.8% por encima de la inflación y se ancló el salario de los docentes con la administración pública para que cobren en tiempo y forma”.

Con información de agencias.

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Diputados y Senadores de la UCR, Hacemos, Coalición Cívica, Partido Socialista, entre otros partidos, convocaron este martes a las 13 en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación a una conferencia de prensa para brindar sus argumentos por los que decidieron sumarse a la Marcha en defensa de la Universidad pública de este miércoles.

“Los legisladores abordarán la delicada situación que atraviesan las universidades públicas nacionales, en medio de una crisis de financiamiento que pone en riesgo su funcionamiento y el futuro del sistema educativo superior”, dice el comunicado de prensa difundido en las últimas horas.

Además, los legisladores explican que en la conferencia “se detallarán los motivos que impulsan la movilización en defensa de las universidades, convocada para el 2 de octubre, y se hará un enérgico llamado al Poder Ejecutivo para que no vete la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada por el Congreso, la cual es crucial para garantizar el sostenimiento de la educación pública de calidad”.

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El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas está lejos de apaciguarse. Después del anuncio del veto presidencial al presupuesto del sector votado en el Senado, el discurso que brindó Javier Milei el domingo a la noche en el Congreso revivió la discusión.

Según el Presupuesto 2025 anunciado por el mandatario, se les asignó a las instituciones cerca de la mitad de lo que vienen reclamando. Y como ya habían anticipado días atrás, rectores y federaciones que nuclean a docentes y no docentes amenazan con una nueva marcha para octubre.

Así buscarán presionar para que la cámara de Diputados exija volver a votar la ley de presupuesto universitario para esquivar el veto de Milei.

El Gobierno destinaría $3,8 billones a las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exije $7,2 billones.

“A la medianoche pudimos acceder a las planillas y hacer un análisis pormenorizado. Advertimos que hay una diferencia enorme y se explica, porque básicamente el Gobierno no contempla la recuperación de los salarios”, indicó Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis.

Y añadió: “No hay intención cierta de recomponer los salarios docentes y no docentes para al menos igualar la situación de pérdida frente a la inflación. La única certeza que surge de este presupuesto es que los docentes y no docentes en 2025 van a tener los mismos salarios que hoy, ni siquiera se contempla la inflación, que se estimó del 18%”.

En esa línea remarcó: “Es por eso que esta tarde (por el lunes) nos reunimos con las federaciones y decidimos que el martes que viene, tras la reunión del CIN, anunciaremos las medidas a tomar: una nueva marcha para octubre, salvo que el Gobierno tienda una diagonal que permita modificar esta situación, aunque lo vemos muy poco probable porque no vemos voluntad de dialogar”.

En lo que va del año, el Gobierno asignó actualizaciones de partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento. Vale destacar que los salarios de docentes, investigadores, directivos y personal administrativo no docente representan cerca del 85% del presupuesto universitario, mientras que los gastos de funcionamiento son un 5%.

Desde el inicio de la gestión libertaria, los gremios universitarios consideran insuficientes dichas actualizaciones que otorgó el Gobierno: un 4% en junio, un 9% para mayo, un 8% en abril, un 12% en marzo y en febrero, un 16%, seis puntos por encima de lo que marcaba la negociación vigente en ese entonces. Después, sumaron un 7% de julio.

Con información de agencias.

IG

El presidente Javier Milei confirmó hoy que aplicará un “veto total” a la ley de financiamiento universitario sancionada en las últimas horas por el Senado.

A través de un mensaje en redes sociales, el jefe de Estado dio a conocer que rechazará la norma, del mismo modo que lo había hecho con la ley que incrementaba las jubilaciones mínimas.

“VETO TOTAL”, escribió en la red social X en respuesta a un tuit del subsecretario de Política Universitarias, Alejandro Álvarez.

Esta mañana el vocero presidencial Manuel Adorni ya había adelantado esta posibilidad. “Está en discusión si vamos a vetar o no la ley. Es decisión del Presidente”, dijo.

El Senado le dio en la madrugada del viernes un duro revés a la gestión de Javier Milei al rechazar el DNU que le otorgaba fondos por $100.000 millones a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y aprobar el proyecto que actualiza y blinda el presupuesto de las universidades públicas. No obstante, la Cámara alta dio luz verde a la Boleta Única, que deberá regresar a Diputados. 

El pasado miércoles, Milei consiguió dividir a la oposición y ganó la pulseada política por el veto a la ley de aumento de las jubilaciones. El oficialismo, junto con aliados circunstanciales en Diputados, consiguió bloquear la posibilidad de que los opositores consigan dos tercios de los votos presentes para insistir con la norma que planteaba una nueva fórmula jubilatoria: el tablero marcó 153 votos en contra del veto y 77 a favor, con 8 abstenciones y 9 ausencias.

Con ese antecedente, ahora el libertario decidió seguir el mismo camino con lo que aprobaron los senadores en las últimas horas y que aumenta el presupuesto para las universidades públicas, aunque el contexto no es el mismo y, de momento, está lejos de alcanzar números favorables para que siga el mismo proceso que la reforma jubilatoria.

Ante los rumores previos al tratamiento en el Senado, días atrás, el Frente Sindical Universitario (FSU) advirtió que harán una nueva marcha federal universitaria en el caso de que Milei vete la ley.

“El Frente Sindical ratifica una vez más su voluntad de defender una universidad pública de calidad con salarios dignos; por ello, convoca al pueblo argentino a gestar una nueva marcha federal universitaria. Debemos expresar la voluntad ciudadana colectiva de mantener esta universidad como garantía de educación para la igualdad, la producción de conocimientos para atender las problemáticas de nuestro país y que sea motivo de nuestro orgullo. No hay universidad pública de calidad sin salarios dignos”, expresó el FSU en un comunicado publicado días atrás.

La aprobación del financiamiento universitario fue por 57 votos afirmativos, 10 negativos y una abstención. La propuesta opositora incrementa los recursos para las universidades nacionales para garantizar su funcionamiento. Ese aumento incluye una mejora salarial para los docentes y no docentes. 

Los votos positivos fueron aportados por la Unión Cívica Radical, el kirchnerismo, bloques federales y solo dos senadores del PRO. Los 10 restantes negativos fueron de los siete representantes de La Libertad Avanza y tres del PRO, que también sumó la abstención. 

La ley generará un impacto fiscal de $735.598 millones, lo que implica el 0,14% del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso. De todos modos, el Gobierno ya advirtió que podría vetar esta ley como sucedió con el aumento de las jubilaciones. 

El proyecto obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades, y fija que cada dos meses el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de las Universidades acuerdo a la inflación. 

La iniciativa aprobada por Diputados establece que el Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC. 

De acuerdo a la oficina de Presupuesto, la actualización de partidas del 2023 según el IPC es de $210.742 millones; el ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de $86.254 millones, en tanto que para salarios los fondos oscilan en los $441.600 millones.

Uno de los puntos centrales es que se aumentarán todos los meses los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones según la inflación. 

Al respecto, establece que los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional se deberán actualizar a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante ese periodo. 

Posterior a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre, los salarios deberán actualizarse en forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC. Este mecanismo de aumento salarial dejaría de tener vigencia sólo si hay un acuerdo entre docentes y autoridades de las Universidades Nacionales.

Con información de agencias.

IG

El Senado aprobó en la madrugada del viernes el proyecto de aumento presupuestario a las universidades nacionales que contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y que no tiene el aval del oficialismo, que argumenta que pone en riesgo el objetivo de alcanzar el superávit fiscal.

Fue por 57 votos afirmativos, 10 negativos y una abstención. La propuesta opositora incrementa los recursos para las Universidades nacionales para garantizar su funcionamiento. Ese aumento incluye un incremento para los docentes y no docentes. 

Los votos positivos fueron efectuados por la Unión Cívica Radical, el kirchnerismo, bloques federales y solo dos senadores del PRO. Los 10 restantes negativos fueron aportados por los siete de La Libertad Avanza, tres del PRO, que también sumó la abstención. 

Generará un impacto fiscal de $735.598 millones, lo que implica el 0,14% del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso. De todos modos, el Gobierno ya advirtió que podría vetar esta ley como sucedió con el aumento de las jubilaciones. 

El proyecto obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades, y fija que cada dos meses el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de las Universidades acuerdo a la inflación. 

La iniciativa aprobada por Diputados establece que el Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC. 

De acuerdo a la oficina de Presupuesto, la actualización de partidas del 2023 según el IPC es de $210.742 millones; el ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de $86.254 millones, en tanto que para salarios los fondos oscilan en los $441.600 millones.

Uno de los puntos centrales es que se aumentarán todos los meses los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones según la inflación. 

Al respecto, establece que los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional se deberán actualizar a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante ese periodo. 

Posterior a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre, los salarios deberán actualizarse en forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC. Este mecanismo de aumento salarial dejaría de tener vigencia sólo si hay un acuerdo entre docentes y autoridades de las Universidades Nacionales.

Con información de agencias.

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El Senado le propinó en la madrugada del viernes un duro revés al Gobierno nacional al rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia que le otorga fondos millonarios a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y aprobar el proyecto que actualiza y blinda el presupuesto de las universidades públicas. No obstante, la Cámara alta dio luz verde a la Boleta Única, que deberá regresar a Diputados. 

Con respecto al rechazo histórico al DNU que le ampliaba recursos a la SIDE por $100.000 millones, la cuenta de la red social X de la Oficina del Presidente condenó en la mañana de este viernes “el voto irresponsable de un grupo de legisladores que dejaron al Sistema de Inteligencia argentino sin recursos en un momento histórico del país”.

El primero de los cachetazos comenzó a gestarse hace varias semanas atrás y la Casa Rosada, acostumbrada a jugar al límite, recién este jueves planteó una salida a la cuestión para evitar que el decreto desembarcara en el recinto. La jugada fue propuesta por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un encuentro en Casa Rosada que encabezó el presidente Javier Milei. 

La acción consistió en pedir una sesión especial secreta con el objetivo de quitar del temario oficial el DNU de la SIDE. El pedido ingresó por la tarde al Senado y fue recibido por la vicepresidenta Victoria Villarruel que lo puso a consideración de los bloques. Con picardía, los radicales disimularon jugar en favor de Balcarce 50, pero no lo rubricaron. 

Eso permitió que quede en minoría la solicitud del Ejecutivo y que el DNU pueda ser sumado al plan de sesión que se aprobó ayer en la reunión de Labor Parlamentaria con apoyo del kirchnerismo, logrando los dos tercios necesarios para plasmar la jugada. “Los radicales se dieron vuelta”, decían oficialistas en los pasillos del Senado ayer por la tarde. 

Los que se desayunaron de la jugada en el lugar fueron dos emisarios del jefe de Gabinete, Guillermo Francos: José Rolandi, vicejefe de Gabinete Ejecutivo, y el secretario del Interior, Lisandro Catalán; y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy. Libertarios -con malicia- decían que solo vinieron a “mojar el pancito” de la “victoria” por la BUP. Ellos argumentaban que estaban solo para terminar de abrochar la ley. 

El DNU de la SIDE fue dictado el pasado 23 de julio, luego de que la cúpula del Ejecutivo decidiera la disolución de la AFI y restaurara la vieja SIDE. El decreto le dio cien mil millones de pesos de fondos reservados a la flamante secretaría que quedó en manos de Sergio Neiffert, a quien lo vinculan con Santiago Caputo, asesor principal de Milei. 

El rechazo, que se produjo pasadas las 02:15 del viernes, fue 49 votos frente a 11 positivos para mantenerlo vigente y dos abstenciones. Fue la primera vez que el Congreso rechaza un DNU.

El financiamiento educativo aprobado y la amenaza de un nuevo veto

El segundo golpe vino por el lado de las universidades. La ley no solo incrementa el presupuesto, sino que incluye una recomposición para los docentes y no docentes. Esto generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

El texto sancionado establece que el Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC. 

De acuerdo a la OPC, la actualización de partidas del 2023 según el IPC es de 210.742 millones de pesos; el ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de 86.254 millones de pesos, en tanto que para salarios los fondos oscilan en los 441.600 millones de pesos.

De todos modos, el Gobierno ya advirtió que podría vetar esta ley como sucedió con el aumento de las jubilaciones. De proceder de esa manera, el oficialismo quedará a merced de otra masiva movilización como sucedió a principios de abril. Durante el mediodía del miércoles tuvo una pequeña dosis con una manifestación de estudiantes frente al Palacio Legislativo. 

La aprobación fue por 57 votos afirmativos, 10 negativos y una abstención. La propuesta opositora incrementa los recursos para las Universidades para garantizar su funcionamiento. Para la Casa Rosada, el 0,14% atenta contra la política de déficit fiscal a la que apunta el ministro de Economía, Luis Caputo. 

Boleta Única, la victoria que se anotó el Gobierno

La aprobación del proyecto que propone implementar la Boleta Única de Papel (BUP) para las elecciones nacionales es el único poroto que se puede anotar en el Gobierno en la maratónica jornada. La votación se definió por 39 votos afirmativos y 30 negativos. En caso de convertirse en ley se implementaría desde las elecciones legislativas del año próximo.

La recuperación legislativa del proyecto de BUP se dio en medio del intento del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por eliminar las PASO, una iniciativa que no tuvo consenso y que obligó al Gobierno a conformarse con la boleta única. El proyecto tiene media sanción de Diputados desde 2022 y ahora volverá a ese cuerpo por los cambios aplicados durante el debate en Senado.

Según esta iniciativa, la Cámara Nacional Electoral (CNE) será la responsable de diseñar las BUP; mientras que las Juntas Electorales Nacionales serán las encargadas de adaptar la boleta a la oferta electoral de cada distrito. 

Adoptará el modelo mendocino, provincia donde se vota con este sistema, al igual que en Santa Fe y Córdoba, con matices en sus formatos. En tanto, el Ministerio de Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE) sería el responsable de imprimir y distribuir las boletas a lo largo y ancho del país. 

Su desembarco en el hemiciclo electoral se dio gracias a que la Casa Rosada cediera a un cambio pedido por la senadora Mónica Silva (Río Negro) el casillero en blanco con la opción de votar lista completa, lo que había sido uno de los reclamos de los partidos provinciales. A su vez, sumaron los votos de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. 

De esta manera, el Gobierno evitó desbaratar el empate virtual de 36 a 36 que congeló la BUP durante meses a raíz de que el kirchnerismo se había plegado con sus 33 senadores al dictamen minoritario que había impulsado Silva, en descontento por el botón de lista completa; algo que era apoyado también por los misioneros. 

En este contexto, Milei se presentará el próximo domingo ante el pleno de la Cámara de Diputados para presentar el Presupuesto 2025. Allí dará el puntapié inicial de nueva batalla que deberá librar la Rosada ante dos cámaras legislativas que atraviesan, como nunca antes, una profunda fragmentación.

Con información de Noticas Argentinas.

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La oposición dio un paso más en su presión hacia el Gobierno y dictaminó en Diputados la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), aunque la falta de acuerdo entre los bloques impidió que haya un solo dictamen, luego de que en el recinto el emplazamiento a que la discusión se definiera hoy en comisiones tuvo el robusto respaldo de 152 votos a favor y 81 en contra. Finalmente hubo cinco proyectos distintos: el Unión por la Patria, de mayoría; de la UCR, de Hacemos Coalición Federal, de la Izquierda y, por último, del oficialismo con el PRO acompañando.

El titular de la comisión de Educación, el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro, había propuesto al inicio de la reunión conjunta con la comisión de Presupuesto un “cronograma” para postergar la discusión por dos semanas más. Pero su jugada de patear la pelota hacia adelante fracasó y fue un traspié para la Casa Rosada. “El Congreso sanciona leyes sin saber cuánto cuestan y no tiene la más mínima información de cómo se va a pagar. Es un gasto que en los papeles suena bonito pero alguien tiene que pagar”, cuestionó las iniciativas opositoras la diputada del PRO Silvia Lospennato, que hizo las veces de vocera oficialista.

La eliminación del Fonid que firmó el presidente Javier Milei recortó abruptamente el envío de partidas a las provincias para afrontar los gastos en educación. Según estadísticas oficiales, el fondo correspondía entre un 15% y un 20% del sueldo de los docentes públicos en algunos distritos. La reciente crisis en Misiones es muestra de esa dependencia. Según el oficialismo, restituir el fondo significaría entre el $1 billón y los $1,4 billones, lo que haría peligrar el preciado superavit fiscal.

“Venimos a dictaminar por una decisión política de nuestro bloque, pero también por una decisión tomada en el recinto a la cual no se puede obviar ni postergar”, expuso Germán Martínez, jefe del bloque de UxP, para defender su dictamen, que fue el que obtuvo mayor cantidad de firmas y, por lo tanto, el día que se vote en el recinto, sería el primero en ser votado. La iniciativa plantea restituir el Fonid desde el 1º de enero de 2024 y extenderlo por cinco años. 

Hubo un desacuerdo clave con el resto de los bloques opositores que impidió un dictamen conjunto. La UCR incorporó en su iniciativa la declaración de la educación como “servicio esencial”, cuestión discutida por los gremios por la imposibilidad de realizar paros. “Desde el bloque vamos a incorporar en nuestro dictamen a la educación como un servicio estratégico esencial, lo vamos a plantear sin vulnerar el derecho a huelga. Fue un proyecto colaborativo”, dijo la radical Carla Carrizo. En la misma línea, su correligionaria Danya Tavela explicó que el dictamen restablece la “vigencia de este fondo, exige la información al Ejecutivo del monto que corresponde a 2024, la deuda de los dos trimestres anteriores y la regularización de las mismas, además de que garantiza la libertad a partir de la igualdad y la educación”.  

Por HCF el diputado Esteban Paulón defendió su dictamen con distintos mecanismos de actualización: “No estamos creando un fondo para restituir el Fonid, no vamos a salir a cobrarle a alguien, estamos buscando que esos fondos que el Gobierno captura día a día sean distribuidos de acuerdo al fin para el que fue creado y tratar de corregir las inequidades que presentan los salarios docentes de todo el país”, planteó. En tanto, el proyecto del FIT propone que el fondo sea permanente, remunerativo para acceso de jubilados y que se establezca un salario mínimo para el cargo testigo de las distintas jurisdicciones. 

“El problema de Argentina es la alfabetización que ha retrocedido, el tema requiere un planteo serio y es donde tenemos que poner el foco. No nos estamos preocupando por esto. El Estado nacional no paga a los docentes porque no tiene escuelas, las provincias son responsables de este fondo”, cuestionó el libertario Santiago Santurio, que también se mostró crítico por el “costo fiscal” de la iniciativa.

Con los dictámenes firmados, la oposición tendrá el desafío de acordar una postura en común para arribar al recinto y darle media sanción a una ley que pondría en aprietos al Gobierno. Es la misma situación que corren los proyectos para garantizar el financiamiento universitario, que tuvieron dictamen la semana pasada. Hay una intención de convocar a su votación la semana próxima, pero para eso tienen que acelerarse las negociaciones entre el kirchnerismo, la UCR y los espacios federales y provinciales. Milei ya anticipó que vetaría cualquier de esas iniciativas.

MC/JJD

El Gobierno prorrogó la vigencia de un artículo de la Ley N°26.075 de Financiamiento Educativo, que establece el envío de recursos coparticipables a las provincias, a través del Decreto 231/2024, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

El documento oficial dispuso “la vigencia para el Ejercicio Fiscal 2024 del artículo 7° de la Ley N° 26.075, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9° y 11 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y sus modificatorias, teniendo en mira los fines, objetivos y metas de la política educativa nacional y asegurando el reparto automático de los recursos a los ministerios de Educación u organismos equivalentes de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los Municipios, para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación”.

La medida se da en el marco del conflictivo inicio del ciclo lectivo, con disputas del Ejecutivo con los gremios y las provincias por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el recorte del presupuesto educativo y la demora para la convocatoria a la paritaria nacional, en la que aún no se alcanzó un acuerdo.

En los considerandos, el Gobierno explicó que ante la prórroga del Presupuesto 2023 para el actual Ejercicio, “resulta necesario y urgente incorporar disposiciones complementarias a la prórroga, necesarias para garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional”.

Al mismo tiempo, la norma recordó que el artículo 7° de la Ley de Financiamiento Educativo fijaba por el plazo de 5 años “una asignación específica de recursos coparticipables con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional y de coadyuvar a la disponibilidad de los recursos previstos en dicha ley en los presupuestos de las Provincias y de la CABA”. Una vez que se venció dicho plazo, se dispusieron sucesivas prórrogas con el objetivo de asegurar el financiamiento del sector.

De acuerdo a lo que establece dicha ley, “el monto total anual de la afectación referida será equivalente al 60% del incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el Producto Interno Bruto”.

En el Decreto firmado por el presidente Javier Milei junto con todos los ministros, se argumentó que “la asignación específica de recursos coparticipables busca aumentar el nivel de inversión del presupuesto de las Provincias y de la Ciudad de Buenos Aires en educación, destinando dichos recursos al pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa”.

Asimismo, el texto oficial indica que “la dilación en la aplicación de las disposiciones del artículo 7° de la Ley N° 26.075 impide la disponibilidad de recursos para los fines antes mencionados, afectándose en forma directa la situación económica de las Provincias y de la CABA, en particular en lo que hace al financiamiento del Sistema Educativo”.

Además, al continuar fundamentando la medida, el Ejecutivo subrayó que “la situación económica y social del país requiere que se garantice la disponibilidad de fondos destinados al cumplimiento de los fines de la ley antes mencionada”.

La renovación en la vigencia de la normativa que establece el envío de fondos de Nación a las provincias se da en la previa de la reunión del Ejecutivo con los gobernadores por el Pacto de Mayo y significa un alivio para las arcas de los Estados provinciales en un contexto de recorte generalizado, que no escapa al ámbito educativo.

Con información de NA.

IG