El expresidente Alberto Fernández enfrenta un nuevo caso judicial que lo ubica por primera vez en el centro de una supuesta maniobra de corrupción para el presunto enriquecimiento de su círculo de allegados. 

El exmandatario no afrontaba un escándalo desde la filtración de la fotografía que expuso la celebración del cumpleaños de su mujer, Fabiola Yañez, durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19. Esta vez, se lo acusa de participar en una supuesta defraudación a la Administración pública por la contratación de seguros en el Estado Nacional a través de intermediarios o brokers que cobraban comisiones extraordinarias. 

El caso salió a la luz cuando el ahora extitular de la Anses, Osvaldo Giordano, nombrado y expulsado por Javier Milei,denunció que por un decreto de Fernández la Administración pública quedó obligada a contratar los servicios y pólizas de Nación Seguros, una empresa del Banco Nación, que generó un negocio cautivo para el grupo económico y para un sector de brokers o intermediarios. Los dichos de Giordano fueron luego ampliados en una publicación de Clarín y diversos artículos de La Nación. Estas son cinco claves para entender el caso.

¿De qué se acusa a Alberto Fernández?

El expresidente está imputado en al menos una causa que acumula tres denuncias por el caso de los brokers de seguros. La base de las acusaciones en su contra es la firma del decreto 823 de diciembre de 2021. En dicha norma, Fernández ordenó que todas las dependencias del Estado contrataran a Nación Seguros SA para asegurar los bienes del Estado. 

El decreto tiene varias observaciones pero, además, es analizado como la norma que sentó las bases para la contratación de brokers o intermediarios vinculados directamente al ex mandatario.  

También están siendo investigados Alberto Pagliano, expresidente del Nación Seguros y amigo de Fernández; el exdirector general de operaciones del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la ANSeS, Federico D'Angelo Campos; y los privados involucrado.

La denuncia de Juan Manuel López y Paula Oliveto (Coalición Cívica) planteó que el decretó no permitió la realización de licitación públicas que fomenten la competencia y transparencia de esas contrataciones y que a partir de la normativa se consolidó un monopolio en el sector de seguros estatales que habría facilitado la intervención de reasegurados privados y “brokers” en operaciones “poco transparentes”.

Las comisiones son otro punto central del caso: en la ANSeS, un broker vinculado a Fernández resultó beneficiado con una comisión del 17%, que sería tres veces mayor a la del mercado. Las ganancias por comisiones se habrían estimado en los $300 millones mensuales y $20.000 millones anuales, de acuerdo con otra de las denuncias, presentadas por la abogada Silvina Martínez.

Ante la denuncia, Fernández dijo que el decreto de 2021 tuvo la intención de terminar con la intermediación, que establecía que la contratación debía hacerse de manera directa, para así terminar –aseguró Fernández– con el sistema que se implementó durante el gobierno de Mauricio Macri, el cual, a su entender, dio lugar a “muchos negocios”.

Además, Fernández aseguró que “nunca” habló sobre su rol como broker en el Estado con el intermediario más cercano a su entorno, Héctor Martínez Sosa.

¿Qué dice el decreto 823/21?

Fernández estableció que todas las dependencias del Estado Nacional debían contratar las pólizas de seguros que requieran a través de Nación Seguros SA “en todas las ramas en las que esa institución opera”. El decreto no establece la obligatoriedad de contratar intermediarios entre la aseguradora y el Estado, pero tampoco lo prohíbe.

El objetivo, según la norma, era que el Estado asegurara sus numerosos bienes e intereses que integran el patrimonio nacional con una compañía del propio Estado. “Resulta una obligación ineludible proteger dichos bienes e intereses mediante la contratación de los seguros que otorguen la correspondiente cobertura a los efectos de transferir o mitigar los riesgos a los que se encuentran expuestos”, dice el decreto.

Entre los considerandos de la norma, el entonces presidente estableció la obligatoriedad de contratar el seguro con el banco estatal para “racionalizar los gastos del Estado contribuyendo al mejor comportamiento de las cuentas fiscales” y apeló a un “razonamiento elemental”, que sugiere que el Estado Nacional contrate con sus propios organismos“.

El decreto lleva además las firmas del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, y del entonces jefe de Gabinete, Juan Manzur.

En el texto, Fernández también insta al Poder Legislativo Nacional y al Poder Judicial de la Nación a seguir el mismo camino que el Ejecutivo.

¿Quiénes son los brokers denunciados?

Héctor Martínez Sosa es el principal nexo entre Fernández y el caso. Es el esposo de María Cantero, la histórica secretaria privada del expresidente.

La Justicia también investiga al intermediario Pablo Torres García y a Carlos Alberto Soria, entre otros.

En el caso de la ANSeS, también se denunció a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros SA y a TG Broker SA.

¿Quién debía controlar las contrataciones de los seguros?

De acuerdo con el decreto de Fernández, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) era el organismo que debía controlar el cumplimiento del decreto y las gestiones en torno al mismo. 

¿Qué investiga la Justicia?

Existen al menos cuatro denuncias. Tres de ellas se acumularon en un único expediente, a cargo del juez Julián Ercolini. Dicha causa incluye los principales casos contra el expresidente Fernández. 

Una cuarta denuncia fue presentada por la cartera de Patricia Bullrich contra el exministro de Seguridad Aníbal Fernández por la contratación del broker Martínez Sosa y la productora de seguros Bachellier SA en septiembre de 2020, 20 días después de la asunción del exfuncionario.

Las denuncias son por los supuestos delitos de defraudación a la Administración pública, asociación ilícita e incumplimiento de deberes de funcionario público, entre otros.

ED/MG