La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) inició este miércoles 17 de diciembre un cronograma de paros escalonados que afectará los despegues de vuelos nacionales e internacionales en todo el país. La medida se mantendrá hasta fin de mes, en uno de los períodos de mayor tráfico aéreo del año, y ocurre tras el fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

El gremio reclama incumplimientos de acuerdos salariales, despidos injustificados en aeropuertos con emergencia dotacional, y la falta de respuestas a más de 60 reclamos operativos. También exige la reapertura de paritarias, revisión de trayectorias laborales y del monto por refrigerio.

“Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia total de diálogo”, denunció Atepsa en un comunicado. La organización advirtió que muchos controladores necesitan dos o tres empleos para completar sus ingresos, y que la situación ya fue expuesta en reiteradas instancias oficiales sin solución.

El Gobierno, en cambio, respondió con dureza. La Secretaría de Trabajo calificó las medidas como “ilegítimas y extorsivas” y sostuvo que el plan de lucha responde a intereses políticos y no laborales. EANA, por su parte, acusó al sindicato de “tomar de rehenes a los pasajeros” en plena época de fiestas.

El primer paro se realizó hoy entre las 8 y las 11. El cronograma seguirá así:

Las medidas afectan únicamente los despegues de aeronaves, con restricciones en autorizaciones en tierra y transmisión de planes de vuelo. Están exceptuadas las aeronaves en emergencia y los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado o búsqueda y rescate.

EANA insiste en que el acuerdo paritario de noviembre aún está vigente, y que el gremio rompió unilateralmente la mesa de negociación, incluso antes de agotar las instancias de conciliación. Aún así, se convocó una nueva audiencia para el miércoles 17 a las 10, sin impacto en la huelga ya iniciada.

El conflicto amenaza con escalar si no hay avances. Para los trabajadores del sector, la parálisis operativa no es el objetivo sino la herramienta: buscan reabrir un canal de diálogo frente a lo que describen como desidia patronal y precarización silenciosa en un servicio estratégico para el país.

JJD

“Queremos un salario que esté por encima de la línea de pobreza”, reclamó Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, en vísperas de una nueva sesión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que se reúne este miércoles 26 de noviembre a las 12.30 de forma virtual. El encuentro, convocado por el Gobierno a través de la Resolución 6/2025, tiene como objetivo fijar un aumento del sueldo mínimo, congelado desde agosto, y actualizar también las prestaciones por desempleo.

El salario mínimo actual es de $322.200, un monto que lleva cuatro meses sin cambios. En ese lapso, la inflación erosionó su poder adquisitivo de forma severa. De acuerdo con estimaciones basadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, el haber mínimo acumula una pérdida del 31,4% en términos reales respecto de noviembre de 2023, antes de la asunción del presidente Javier Milei. Incluso en la comparación interanual más reciente, contra noviembre de 2024, la caída real fue del 1,9%.

En paralelo a la sesión virtual del Consejo, las dos CTA —la Autónoma y la de los Trabajadores— convocaron a una movilización desde las 11 hacia la Secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero. Coincidirá con la marcha semanal de jubilados en las inmediaciones del Congreso, lo que anticipa una jornada de protesta con alta tensión en el centro porteño.

“La convocatoria llega tarde”, denunció Godoy, quien explicó que su central tuvo que recurrir a la Justicia para forzar al Gobierno a reactivar el Consejo, luego de tres meses de inacción. “Para nosotros el Consejo del Salario es una institución tripartita que debe funcionar a pleno y garantizar un ingreso por encima del nivel de pobreza en la Argentina”, afirmó.

En sus declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, el dirigente apuntó también contra las cámaras empresariales: “Vienen actuando en tándem con el oficialismo para seguir decidiendo por decreto el valor del salario mínimo”. Según el referente sindical, esa estrategia permite “planchar toda la economía de ingresos”, afectando también a los programas sociales y a los convenios colectivos.

El reclamo cobra mayor peso si se considera que una canasta básica de alimentos para una familia supera ampliamente los $600.000, según estimaciones privadas. Esto implica que el salario mínimo vigente no cubre ni siquiera la mitad de ese valor. Además, miles de trabajadores no registrados o con empleos informales tienen como única referencia el monto del SMVM, ya que sus ingresos no están regidos por convenios.

El Consejo está integrado por 16 representantes de empleadores y 16 de los trabajadores, más un presidente designado por el Estado nacional. Las deliberaciones se darán en el marco de la ley 24.013, que también vincula al salario mínimo con las prestaciones por desempleo, cuyos montos mínimo y máximo serán discutidos en la Comisión específica del organismo a partir de las 10.

Además del marco constitucional y normativo local, la discusión está amparada por el Convenio 131 de la OIT, que indica que el salario mínimo debe contemplar las necesidades básicas de las familias, el desarrollo económico, la productividad y el pleno empleo. No se trata solo de un número: el SMVM define el piso de ingresos legales en Argentina y repercute en múltiples esferas sociales.

Para el sindicalismo, el debate de este miércoles es una oportunidad para volver a poner en agenda la situación crítica de los sectores más vulnerables del mercado laboral, tras un año marcado por la aceleración inflacionaria y la recesión. “Vamos a participar de la reunión virtual, pero los principales dirigentes estaremos en las calles”, advirtió Godoy, anticipando el tono de la jornada.

JJD

El salario mínimo, que hoy es de $296.832, perdió 33,5% del poder de compra desde que Javier Milei llegó al poder. ¿Importa? Hay gente dispuesta incluso a trabajar por menos que eso, afirmó en su momento el vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni. Sin embargo, por obligación legal, el Gobierno no tuvo otra que convocar para este martes al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en el que se reúnen patronales y centrales sindicales para aumentarlo. En sesiones anteriores, la Secretaría de Trabajo en la era libertaria, bajo la conducción de Julio Cordero, siempre laudó a favor de la propuesta de los empresarios.

La Argentina tiene el 14° salario mínimo más bajo de Latinoamérica, medido en dólares (US$253), en una región de 19 países. Sólo seis pagan peor: El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Cuba y Venezuela (US$1,60). A la cabeza están Costa Rica (US$725), Chile y Uruguay.

“Desde la asunción del actual gobierno, el salario mínimo ha perdido poder adquisitivo en una forma brutal”, advierte un informe del Centro de Investigación y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina (Cifra-CTA), que redactó la economista Mariana González. “En efecto, entre noviembre de 2023 y abril del año en curso, el poder de compra de este salario se redujo en más de una tercera parte. Esta reducción, sumada a la de años anteriores, implica que quede desdibujada su función como herramienta para fijar un piso salarial. En febrero de este año, el salario mínimo representó menos de una quinta parte del salario promedio registrado del sector privado.”

“A lo largo de 2024 hubo cuatro reuniones del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil”, recordó González. “En todas ellas, ante la falta de acuerdo, fue la Secretaría de Trabajo quien determinó los aumentos nominales, que fueron prácticamente equivalentes a la propuesta del sector empresario. Su última resolución, de diciembre de 2024, implicó continuar con la tendencia decreciente del salario mínimo, de modo que se perdió entre el último aumento previo a esta resolución y el mes en curso un 7% de poder adquisitivo.”

“La perdida sufrida durante este gobierno se acumula con retrocesos previos, por lo que el salario mínimo se ubicó en abril de 2025 en un nivel real que es 44,1% más bajo que en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos, y 57,3% menor que noviembre de 2015”, se refirió González al último mes de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. “Si el salario mínimo no hubiese perdido poder de compra a lo largo de este tiempo, estaría actualmente cerca de los $ 700.000. Tras este retroceso histórico el valor real del salario mínimo es inferior al vigente durante la mayor parte de la década de 1990 y en la crisis final del régimen de convertibilidad, cuando, como sucede en la actualidad, esta política se había abandonado como herramienta para determinar pisos salariales e impulsar una menor desigualdad salarial. La comparación del salario mínimo con las líneas de pobreza y de indigencia revela una situación peor que la de 2001. El salarió mínimo en la actualidad equivale a sólo el 58,1% de la canasta básica de alimentos que define la línea de indigencia para una familia tipo y poco más de una cuarta parte de la canasta de pobreza.”

Pese a que cada sindicato negocia un básico que suele estar por encima del salario mínimo, este supone una referencia clave. “El principal objetivo del SMVM (salario mínimo vital y móvil) es asegurar que los salarios no caigan por debajo de un determinado nivel, en particular para trabajadores de menor calificación, que suelen acceder a ocupaciones con remuneraciones más bajas. De este modo, contribuye además a disminuir la desigualdad en los ingresos laborales”, señala González.

“Numerosas investigaciones, incluyendo varios realizadas por organismos internacionales, encuentran que esta institución contribuye a reducir la desigualdad salarial al elevar los sueldos de quienes se encuentran en el extremo inferior de la distribución”, continúa la economista.

Tanto es así que hasta la exlíder de la democracia cristina alemana Angela Merkel impulsó en 2015 la creación de salario mínimo en su país cuando lo gobernaba. Pero además constituye una referencia para los empleados en negro o no registrados por sus patrones. “Más allá de que las y los trabajadores informales suelen quedar por fuera de la legislación laboral, se ha comprobado que la evolución de sus remuneraciones está ligada a la dinámica del salario mínimo, que funciona como una señal para su determinación”, observa González.

“En conclusión, el SMVM sirve para proteger los ingresos de las y los trabajadores tanto formales como informales, contribuye a mejorar la distribución de los ingresos y, en consecuencia, al bienestar general de la sociedad”, señala la experta de la CTA. “En cambio, no se ha demostrado que tenga efectos negativos sobre el nivel de ocupación.”

El SMVM no se aplica a los trabajadores del sector rural y a los trabajadores domésticos, aunque el nuevo Régimen de Trabajo Agrario determina que la remuneración mínima de los trabajadores agrarios no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil. En el ámbito del sector público sólo se aplica a los trabajadores de la Administración Pública Nacional y de los organismos donde el Estado nacional actúe como empleador, es decir, no en el sector público provincial y municipal.

AR/MC

La Secretaría de Trabajo de la Nación dictó este miércoles la conciliación obligatoria en el conflicto del transporte automotor, tras el anuncio de medidas de fuerza por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La decisión se adoptó luego de que tres cámaras empresarias del sector solicitaran la intervención del Estado.

El comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano detalló que la medida fue impulsada por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA).

La resolución establece un período de conciliación obligatoria de 15 días, durante el cual tanto el gremio como las cámaras empresarias deberán abstenerse de aplicar sanciones o realizar medidas de fuerza.

“La conciliación tiene como objetivo garantizar la prestación del servicio público de transporte y preservar el diálogo entre las partes”, subrayó la cartera que conduce Sandra Pettovello. Además, se instó a los representantes gremiales y empresariales a retomar las negociaciones en un marco de legalidad y respeto.

Según el Gobierno, la UTA no podrá plegarse al paro de la CGT

El Gobierno advirtió este jueves que como sindicato de choferes de colectivos de la UTA deberá acatar la conciliación obligatoria que regirá hasta el 11 de abril, no podría adherir al paro general que la CGT convocó para el día anterior.

“No puede adoptar ninguna medida de fuerza por el término de 15 días, no se puede plegar al paro de la CGT”, le dijo a la Agencia Noticias Argentinas una fuente de la Secretaría de Trabajo.

En ese caso, la huelga nacional de la central obrera perdería fuerza para paralizar las actividades, ya que habría circulación de colectivos y solo quedarían afectados los trenes y, en el caso de la Ciudad, los subtes.

La situación generó todo tipo de suspicacias porque algunos no descartan que el Gobierno haya forzado a propósito el conflicto salarial con la UTA para luego dictar la conciliación con una vigencia que llegue a alcanzar la fecha del paro general de la CGT.

La lectura del Gobierno es que esto inhabilita a la UTA a parar con la CGT; no obstante, no estaba del todo claro la situación ya que la conciliación es por el conflicto salarial propio de los colectiveros, mientras que la huelga de la CGT es un paro de otra naturaleza, convocado por la central a la que el gremio está confederado.

MM con información de agencias.

El Gobierno se reúne esta tarde con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para intentar resolver el conflicto salarial y evitar el paro de colectivos anunciado para este jueves 31 de octubre. El encuentro, previsto a las 17 horas en la Secretaría de Trabajo, contará con la participación de autoridades nacionales y representantes del sindicato liderado por Roberto Fernández, y estará encabezado por el subsecretario de Trabajo, Martín Huidobro.

La UTA exige un incremento salarial del 24,7% retroactivo a los salarios de agosto, argumentando la necesidad de una actualización para enfrentar la inflación. Actualmente, el salario básico de los choferes se ubica en $1.060.000, con la expectativa de que alcance los $1.322.000 en diciembre. Por su parte, las empresas piden una actualización de las tarifas o mayores subsidios del Estado para poder cumplir con los aumentos solicitados.

A diferencia de otros gremios, la UTA no adhirió al paro general de transporte convocado por el ala dura de la CGT para este miércoles 30 de octubre, debido a una disputa interna entre Fernández y el dirigente camionero, Pablo Moyano. Sin embargo, esta protesta afecta hoy a trenes, subtes, camiones, aviones y barcos en todo el país, además de sumar a trabajadores estatales, docentes y universitarios.

El lunes, el gremio encabezado por Fernández ya había tenido una reunión en la Secretaría de Trabajo, pero sin resultados. Según sus representantes, las autoridades nacionales “no hicieron ninguna oferta”. “Los empresarios saben que nuestros salarios son utilizados para comer, para tener una vivienda digna, para asegurar la educación de nuestros hijos y todo aquello que sea necesario para vivir; sin embargo, más a pesar de ello, no hay ofrecimiento alguno”, señalaron en un acta.

Día de paro y protestas

El paro nacional de transportistas de este miércoles, que no incluyó a la UTA, excede el reclamo sectorial que aglutina desde los camioneros a los pilotos de avión, pasando por los subtes, trenes y barcos. El ajuste de Javier Milei es el motivo de fondo de la huelga, que abraza a un amplio abanico de demandas de diferentes actores: las dos CTA, los estatales, los universitarios, las organizaciones de la economía popular y los piqueteros.

“Defender la soberanía del país, representada en las rutas nacionales, los trenes, mares, ríos y cielos”, es la consigna síntesis de la Mesa del Transporte, el espacio que encabezan los camioneros Pablo Moyano y Omar Pérez, Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Omar Maturano (La Fraternidad), Juan Carlos Schmid (Industria Naval), Pablo Biró (Pilotos) y Raúl Durdos (Obreros marítimos). A ellos se plegaron en los últimos días los metrodelegados Pianelli y Néstor Segovia (Metrodelegados), Marcelo Pariente (motoqueros), Jorge García (peones de taxis), Graciela Aleñá (viales) y Roberto Coria (guincheros).

Este martes las dos ramas de la CTA adhirieron formalmente a la huelga. “Las trabajadoras y los trabajadores de la Argentina nos manifestamos en unidad para rechazar el ajuste del gobierno de Milei que, lejos de afectar a la casta, castiga a las mayorías populares con tarifazos, pérdida de poder adquisitivo, despidos, ataque generalizado a los derechos consagrados en nuestra Constitución y una brutal recesión económica que ya está generando destrucción del empleo y cierre de pequeñas y mediana empresas”, denunciaron las centrales obreras de Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy, que están en vías de reunificación. 

PL/JJD

El Gobierno que encabeza Javier Milei aseguró este lunes que mejoró los salarios durante sus primeros seis meses de gestión y pidió apoyos para la sanción de la Ley Bases. La administración libertaria destacó que “los datos oficiales de abril revelan la recuperación más significativa de los salarios reales privados de los argentinos desde el año 2009”.

 A través de un comunicado publicado por la Oficina del Presidente, remarcaron que la información se corrobora en los resultados del Panorama Mensual de Trabajo Registrado, elaborado por la Secretaría de Trabajo. 

“En este contexto, las cifras de abril evidencian un incremento del 16,1% en los salarios, mientras que la inflación se situó en un 8,8%. Esto implica que los sueldos están creciendo aproximadamente al doble de la inflación”, plantean desde el oficialismo.

En la misma línea, aclararon: “De esta manera, los argentinos comienzan a experimentar una recuperación del poder adquisitivo de sus ingresos, gracias a la desaceleración de la inflación mensual heredada del gobierno anterior, la estabilidad de precios y la eliminación del déficit fiscal, que generaba incertidumbre sobre la solvencia del Estado”.

“Estos resultados demuestran que, con un plan económico serio y un Estado que deja de ser un obstáculo para la producción y el empleo, es posible revertir años de decadencia”, subrayaron, y en sintonía con lo expuesto por el Presidente, agregaron: “La Argentina está en camino de convertirse en una potencia económica, desprendida de las ataduras del gasto público descontrolado y la intervención estatal”.

Por último, en las vísperas del tratamiento de la Ley Bases en la Cámara de Senadores, sesión prevista para el miércoles a las 10, desde el Poder Ejecutivo sostuvieron que “para acelerar este proceso de recuperación económica, es fundamental que el Congreso apruebe la Ley Bases, con el fin de liberar la fuerza productiva de los habitantes de la Nación Argentina”.

Con información de agencias.

IG

La subsecretaria de Trabajo Mariana Hortal Sueldo renunció a su cargo en medio de los despidos que dispuso el gobierno del presidente Javier Milei en esa dependencia y el resto del organismos del Estado.

La renuncia de Hortal Sueldo se suma a la de varios funcionarios que salieron del Ministerio de Capital Humano durante las últimas semanas. Hortal Sueldo había sido designada como subsecretaria el 15 de febrero pasado, para ser la segunda en el área del Omar Yasín. En ese cargo había sido desplazado con su llegada Horacio Pitrau, a quien en el Gobierno señalaron por buscar entablar negociaciones con los gremios.

Tras la salida de Yasin y la llegada de Cordero, Hortal Sueldo, de vínculos cercanos al ex ministro de Trabajo de Mauricio Macri Jorge Triaca, quedó en su cargo hasta este miércoles que se conoció su dimisión. La ahora ex subsecretaria también había tenido un paso por la ANSES durante la gestión macrista.

De acuerdo a las fuentes oficiales, su salida del área laboral se relaciona con su cercanía a Yasín, quien fue desplazado del cargo tras una polémica por aumentos de sueldos a distintos empleados públicos.

La renuncia se da en momentos en que se profundiza el conflicto de los gremios con el Gobierno nacional por los despidos que se dispusieron en distintos organismos del estado.

Este miércoles, la Secretaría de Trabajo fue la sede central del reclamo de los trabajadores agrupados en ATE, que anunciaron un nuevo paro para el próximo viernes en el marco de un plan de lucha contra los despidos.

MM con información de la agencia NA.

El presidente Javier Milei oficializó al nuevo secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, luego de haber despedido a Omar Yasín.

Se trata del abogado laboralista Julio Gabriel Cordero, vinculado a Techint y a la Unión Industrial Argentina (UIA): su nombramiento fue formalizado a través del Decreto 252/2024, publicado este viernes en el Boletín Oficial. Cordero es delegado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la parte empleadora de la Argentina y vicepresidente del Instituto Derecho Social y del Trabajo.

El letrado ya venía asesorando al Gobierno, particularmente en lo referido a la reforma laboral incluida en el DNU 70/2023.

Cordero tendrá la dura tarea de negociar con los sindicatos, quienes se encuentran en pie de guerra contra las políticas libertarias.

Su llegada al cargo, dentro de la órbita del Ministerio de Capital Humano, se da luego de que Milei cargara sobre Yasín la culpa por la polémica generada por el aumento salarial para las altas autoridades del Poder Ejecutivo, una medida que el Presidente ordenó dar marcha ante el escándalo.

Su pensamiento sobre la reducción de la jornada laboral

La salida de Yasin

El presidente Javier Milei anunció el pasado lunes que despidió de su cargo a Omar Yasin, secretario de Trabajo, tras la polémica que se desató el fin de semana después de conocerse el aumento de sueldo en cargos del Poder Ejecutivo firmado en febrero por el jefe de Estado, que publicó elDiarioAR, tras lo cual el mandatario mostró el decreto que anula los incrementos y sumó un nuevo capítulo al cruce con la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“En enero dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos de los cargos politicos. Después se llega a un acuerdo de paritarias y ahí se dispara un decreto que había enviado Cristina que señalaba que estos puestos jerárquicos no pueden ganar menos que las personas que están debajo de ellos en la estructura. Y ahi es donde se disparan los aumentos”, explicó el lunes el Presidente al canal LN+.

“El sábado envié un decreto derogando los aumentos, como ya fue depositado el mes que viene se descuenta. Al secretario de Trabajo lo he despedido por un error que no debió haber sucedido. En este momento lo están notificando”, detalló.

Asimismo, hizo eco del intercambio que protagonizó con la vicepresidenta Cristina Kirchner vía redes: “Es muy interesante, ella no se hace cargo de su decreto. Le dije que resigne su jubilación de privilegio de más de 14 millones de pesos y que vaya por la mínima”. “Lejos de darme una respuesta hizo psicología barata. Yo estoy tranquilo, la que tiene que estar nerviosa es ella que cobra dos jubilaciones de privilegio”, completó. 

El pensamiento de Cordero

Con información de agencias.

IG