El iceberg sigue sin asomar en la superficie. El equipo de fiscales que investiga los crímenes de trabajadores en Rosario imputó a 16 personas en la causa, pero todavía no identificó a los autores de los homicidios ni a quienes dieron las órdenes. La sospecha, como desde el principio, es que se trató de una reacción a las condiciones de detención de los presos de alto perfil y a su exhibición en situaciones humillantes.

Uno de los detenidos fue imputado como partícipe necesario en el crimen del taxista Sergio Celentano, porque el viaje que terminó en emboscada fue pedido desde una línea de teléfono a su nombre. Otras once personas cayeron en una casa –descripta como “aguantadero”– donde se secuestró una moto y ropas parecidas a las que llevaban los asesinos del chofer Marcos Daiola, y están acusadas de encubrimiento agravado. El resto afronta cargos por tenencia de armas y por intentar coimear a la policía.

Según se reveló en la audiencia, el asesinato de Daiola fue precedido por otro ataque en el mismo sector de la zona oeste contra otro chofer del transporte urbano. Poco antes de la medianoche del jueves 7, dos hombres que iban en una moto Honda Twister de color blanca se acercaron a un coche de la línea 122 y realizaron varios disparos desde la puerta y desde el frente del colectivo, sin alcanzar a herir al conductor.

Una moto del mismo modelo y color reapareció al caer de la tarde del mismo jueves en otro ataque. El que iba de acompañante subió a un trolebús de la línea k en la esquina de Mendoza y Guatemala y una cuadra después extrajo un arma y baleó a Daiola en la cabeza. El chofer falleció dos días después. Las cámaras de vigilancia de la zona orientaron a los fiscales hasta una casa de Nicaragua al 2200, donde fue secuestrada la moto.

“No podemos determinar la existencia de un plan para que los crímenes se hayan producido al mismo tiempo, pero pueden tener el mismo origen”, dijo el fiscal Patricio Saldutti ante la prensa. “En el último tiempo hubo una serie de movimientos, tanto en cárceles federales como provinciales, que han generado estos hechos violentos”, agregó sin mayores precisiones sobre las restricciones impuestas a referentes de bandas para recibir visitas.

Los presos de alto perfil pueden recibir hasta dos visitas por semana, cada una de media hora, y solo de familiares directos. Los visitantes pasan a través de escáneres corporales que pueden detectar celulares –también se contempla la posibilidad de inspecciones con perros para detectar drogas– y ven a los reclusos en un locutorio, a través de un blindex. El ministro de Seguridad Pablo Cococcioni había advertido que esas visitas se espaciarían por quincena o por mes antes de que se desataran los crímenes.

Los reclusos tampoco pueden recibir paquetes con comida y entre ellos Ramón Machuca –conocido como el Monchi Cantero– denunció que el gobierno santafesino también redujo la cantidad de dinero que puede llevarle su familia para aprovisionarse en la cantina de la cárcel de Piñero. Machuca es un miembro de Los Monos conocido por las entrevistas que concedió a Rolando Graña cuando estaba prófugo y por haber tenido contactos con el falso abogado y espía Marcelo D’Alessio.

La sospecha de los orígenes de la violencia lleva a las cárceles pero hasta ahora no surge un vínculo entre los imputados y los presos. Los crímenes de Celentano y el taxista Héctor Figueroa y una balacera en la que se hizo tiro al blanco contra el frente de la comisaría 15ª fueron perpetrados con la misma arma, una pistola 9 milímetros, y con balas entregadas a la policía de Santa Fe en 2021. El dato es todavía un hilo suelto, aunque coincide con otro episodio: el tiroteo contra un colectivo de la línea 130, el 22 de enero, en el que también se dispararon balas de la policía y que fue acompañado de un mensaje que mencionaba a Pullaro.

El tiratiros, según el fiscal Pablo Socca, fue enviado en esa ocasión por Emiliano Avejera, preso de alto perfil en la cárcel de Piñero, y el mensaje buscó escrachar a Yamil Azum, detenido a su vez en Coronda por narcomenudeo y otros delitos. El nombre de Pullaro fue un anzuelo para llamar la atención de la prensa y engañar a los fiscales que investigan amenazas contra el gobernador.

Saldutti aseguró ayer que “hay medidas en curso” por el crimen del playero Bruno Bussanich. Hubo dos sospechosos pero ningún indicio en su contra y quedaron en libertad. La recompensa ofrecida por el gobierno provincial, con el rostro del asesino como fue registrado por una cámara de vigilancia, tampoco dio resultado hasta el momento.

El refuerzo de 450 efectivos federales y los vehículos del Ejército desplegados el jueves y los 400 agentes de la policía bonaerense que se sumaron ayer a los patrullajes no disipan el miedo ni los pedidos de custodia. Los centros de salud provinciales permanecen cerrados y los municipales redujeron su atención a un tercio. No hay atención nocturna en las estaciones de servicio locales de Rosario y tampoco en otras cuatro ciudades vecinas.

Las actividades de Semana Santa del popular padre Ignacio se harán en forma virtual por seguridad. En barrio Rucci, donde se encuentra la parroquia del sacerdote, fueron baleados transportes del Servicio Penitenciario provincial en uno de los episodios que desencadenó la saga de violencia.

Los centros de salud provinciales siguen cerrados y los municipales redujeron su atención a un tercio. Las estaciones de servicio de Rosario y otras cuatro ciudades vecinas no trabajan de noche y las misas del padre Ignacio para Pascuas serán virtuales.

Los perejiles y los poderosos

Si bien el intendente Pablo Javkin celebra que nunca como ahora los reclamos de la ciudad fueron tan escuchados desde Buenos Aires, las tensiones entre la Nación y la provincia ante la crisis persisten. El presidente Javier Milei rescató la palabra “narcosocialismo”, acuñada por Andrés Larroque en 2012 para atacar al entonces gobierno del Frente Progresista por la detención del jefe de policía Hugo Tognoli acusado de proteger a narcotraficantes. Sal en las heridas del socialismo, uno de los principales aliados de Pullaro.

Patricia Bullrich parece salir mejor parada de la situación que el gobernador de Santa Fe. La ministra de Seguridad anunció que impulsará una ley antimafia –algo que ya había adelantado en diciembre, cuando presentó en Rosario el Plan Bandera–, está imponiendo en la discusión pública y en la prensa el término narcoterrorismo y aprovechó la oportunidad para presentar el protocolo Chocobar para las fuerzas federales. Un émulo del policía porteño, el gendarme Héctor Daniel Rivas, afronta justamente ahora en Rosario un pedido de 23 años de prisión por fusilar por la espalda a un chico de 15 años que estaba desarmado y le rompió el vidrio de su auto con aparente fines de robo.

Ante “el avance global del crimen organizado de tipo mafioso”, Bullrich anunció además la creación de la Unidad Antimafia en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. El decreto invoca el Código Penal Italiano y define al crimen organizado “como el conjunto de aquellas actividades ilegales llevadas a cabo por un grupo estructurado de tres o más personas que actúan de manera concertada durante cierto tiempo”. La Unidad Antimafia desplegará “un abordaje integral y multiagencial en el combate del crimen organizado mafioso”, incluso tareas de investigaciones, con lo que en principio se superpone con la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que tiene el mismo objeto en el Ministerio Público Fiscal (https://www.mpf.gob.ar/procunar/).

Pullaro inició su gobierno en forma arrolladora con la sanción de un paquete de leyes, pero parece haber bajado varios cambios después de chocar de frente con la crisis de seguridad. Si en menos de tres meses logró la adhesión de Santa Fe a la ley de narcomenudeo, la sanción de una ley de inteligencia criminal, una modificación del Código Procesal Juvenil que avanza hacia una mayor punibilidad de los menores y otra del Ministerio Público encargado de las investigaciones, ahora impulsa una reforma del Código Procesal Penal de la provincia considerada “un giro al oscurantismo” por jueces y académicos.

El proyecto en danza se presentó en diciembre como parte del paquete que también incluyó una nueva ley de Servicio Penitenciario provincial. Impulsado por el millón de votos que lo erigió gobernador, Pullaro logró el tratamiento exprés de las normas en la Legislatura provincial pero tropezó con la oposición de jueces, abogados e incluso integrantes de su propia coalición para la reforma del Código Procesal Penal.

La controversia gira alrededor de dos aspectos: la posibilidad de que una persona pueda pasar hasta 35 días presa sin saber los motivos de su detención y el reemplazo de la audiencia imputativa –donde se formulan los cargos y se ejerce la defensa– por una notificación electrónica.

“Es un camino equivocado”, dice Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). “Santa Fe no tiene un problema de puerta giratoria. La cantidad de personas encarceladas en la provincia se duplicó en la última década y eso no afectó en nada a la criminalidad, más bien la situación se agravó y además aumentó la tasa de homicidios dolosos”, advierte el especialista a elDiarioAR.

Santa Fe no tiene un problema de puerta giratoria. La cantidad de personas encarceladas en la provincia se duplicó en la última década y eso no afectó en nada a la criminalidad, más bien la situación se agravó y además aumentó la tasa de homicidios dolosos

Julián Alfie — Director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip)

Alfie se reunió en diciembre con legisladores santafesinos y les advirtió sobre “una política criminal boba” en gestación con la reforma, “que llenará las cárceles de perejiles y soldaditos”. El riesgo podría incrementarse con la adhesión de Santa Fe a la ley de desfederalización de estupefacientes, o ley de narcomenudeo.

La ley de narcomenudeo se encuentra vigente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Entre Ríos, Santiago del Estero, Santa Fe y Tucumán y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un informe reciente de la Procunar afirma que la mayor cantidad de causas que se tramitan bajo esa norma son por tenencia de drogas para el consumo personal. Un punto donde los narcotraficantes no son visibles.

La Procunar también señala que el traspaso de la competencia de la Justicia Federal a la provincial “puede resultar en una fragmentación de las investigaciones”, por lo que considera indispensable “una coordinación eficaz entre ministerios públicos para intercambiar información y coordinar el avance de las investigaciones”.

“El problema no es a cuántas personas se detiene sino a quiénes se detiene –subraya Alfie–, y para eso el Ministerio Público tiene que llevar adelante una persecución estratégica, inteligente, orientada a los eslabones de los mercados criminales que puedan afectar su rentabilidad. Lamentablemente la reforma del Código propuesta en Santa Fe no va en ese camino sino por el contrario, para seguir encarcelando perejiles a mansalva o a últimos eslabones de la cadena, lo que seguramente saturará el sistema y volverá más difícil perseguir a quienes hay que perseguir si se quieren hacer las cosas bien”.

El Inecip asesoró a la provincia de Santa Fe en el proceso de reforma del sistema penal, en 2014. “La eliminación de la audiencia es una vuelta al oscurantismo del viejo sistema escrito –agrega Alfie–. Además del derecho del imputado a conocer y controvertir la acusación, afecta al derecho de la víctima a expresarse en los primeros momentos del proceso. Allí donde no hay audiencia oral y pública se compromete la transparencia y la posibilidad ciudadana de controlar los procesos penales”.

La llamada ley de fortalecimiento del Ministerio Público de la Acusación también encontró reparos y pudo ser aprobada con modificaciones. La palabra “fortalecimiento” en el enunciado de la ley “escondía ataques a la autonomía”, según Alfie. El director del Inecip recuerda que en Santa Fe existe “una ley cerrojo” por la cual “todos los fiscales de la provincia quedan a tiro de las sanciones de la Legislatura sin las garantías necesarias” y que el origen de esa ley fue “el haberse animado algunos fiscales a tocar intereses de ciertos dirigentes del Senado provincial”. Una causa sobre los subsidios que otorgaba un grupo de senadores terminó en 2017 con el legajo cerrado, la unidad de investigación disuelta y los fiscales que la integraban enviados a destinos de castigo. “Fue un mensaje claro de la política: no iba a legitimar investigaciones que tocaran sus intereses”.

El Código Procesal Juvenil dispone el cese de los juzgados de menores y que las investigaciones sean tramitadas por fiscales del sistema penal, al tiempo que determina que los menores de 18 años tengan el mismo procedimiento que los mayores con investigaciones a cargo de fiscales supervisados por jueces. “Esta ley deja a los adolescentes sin defensa especial y específica y les impone un plazo de prisión preventiva igual al de los adultos. Viola los estándares constitucionales y legales de Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley”, dijo la ex diputada provincial Matilde Bruera, una de las pocas voces que cuestionó el proyecto.

“Hace diez años que la situación es grave en Rosario –dice Alfie–. Cíclicamente vivimos la misma historia: gobiernos nacionales que envían fuerzas federales que no inciden realmente porque lo que se necesita es una política criminal seria, con una decisión política de tocar los intereses que hay que tocar para afectar la rentabilidad de los mercados criminales”.

Los nuevos organismos, leyes y protocolos se inscriben en esa historia. “Si los mercados criminales se han desplegado es porque generan una rentabilidad muy alta que beneficia a distintos sectores y no solo a los integrantes de los grupos criminales”, destaca Alfie. El iceberg podría sumergirse todavía a mayor profundidad en Santa Fe.

OA/MG